Abusos laborales

Precariedad, represión sindical y condenas laborales: la cara oculta del teléfono de emergencias

Precariedad, represión sindical y condenas laborales: la cara oculta del teléfono de emergencias

Al entrar una llamada al 061 en Andalucía puede coger el teléfono V.C.V, que cobra 867,75 euros al mes. ¿Es poco o es suficiente? Él considera que es poco para un trabajo duro en el que lidia diariamente con situaciones que pueden ser de vida o muerte. La CGT, el sindicato en el que milita, considera que las condiciones de horarios, sueldo o régimen interior, entre otras, son "insoportables", en palabras de su dirigente Miguel Montenegro, que hace extensible la denuncia al 112 y Salud Responde. Para reivindicar la mejora de esas condiciones V.C.V. participa en protestas. En una de ellas, una asamblea en abril del año pasado, fue amonestado, concretamente por "permanecer en el centro de trabajo [en Málaga] fuera del horario laboral", al igual que 29 trabajadores más. El juzgado de lo social 13 de Málaga sentenció en diciembre de 2015 que se había producido una vulneración del derecho de libertad sindical, anuló la sanción impuesta a V.C.V. y condenó a la empresa –Mk Plan 21, ahora Ilunion– a pagarle 500 euros.

Ésta no o es, ni mucho menos, la única condena por hechos relacionados con el trato a los trabajadores de la principal empresa en la prestación del servicio de atención de las llamadas de emergencia en Andalucía, que es público pero está externalizado por la Junta. Según ha comprobado documentalmente infoLibre, a las sentencias se suman actas de infracción de la Inspección de Trabajo y una resolución contra la empresa de la Agencia de Protección de Datos por dar a los datos usos indebidos sin el consentimiento de los usuarios. Ilunion declinó responder a las preguntas de este periódico.

Los servicios de atención telefónica de emergencias en las líneas 061, Salud Responde y 112 son públicos, pero no los presta directamente la Junta de Andalucía (PSOE), sino empresas privadas contratadas tras procedimientos abiertos de adjudicación. En el caso del 061 y Salud Responde, ambos dependientes de la Consejería de Salud, la empresa concesionaria es Ilunion –antes Mk Plan 21–, perteneciente al Grupo Once. En el caso del 112, de la Consejería de Justicia, Ilunion cubre el servicio a nivel regional y en Andalucía occidental, mientras Qualytel lo hace en Andalucía oriental, según los datos hechos públicos por la Junta de Andalucía en su plataforma oficial de contratación.

Incumplimiento del mandato parlamentario

Diversos centros de trabajo, fundamentalmente gestionados por Ilunion, viven situaciones de conflictividad laboral. Los trabajadores han protagonizado protestas. El Parlamento de Andalucía ha recogido este malestar. La Cámara legislativa andaluza ha aprobado tres proposiciones no de ley (PNL), que se supone que deben impulsar y guiar la acción de gobierno, solicitando a la Junta de Andalucía la gestión directamente pública del servicio. El Gobierno andaluz ha incumplido estos mandatos parlamentarios.

La primera proposición no de ley parlamentaria en aprobarse fue para exigir la gestión pública del 061, de la Consejería de Salud. El texto, aprobado en diciembre de 2015, reclamaba la prestación del servicio por parte de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) a partir del 1 de enero de 2017. No obstante, el 19 de julio el Consejo de Gobierno autorizó a EPES la contratación del servicio por dos años más por un coste de 19,42 millones de euros. La PNL se quedaba en papel mojado.

En marzo de este año el Parlamento aprobó una segunda proposición no de ley para "instar" al Gobierno andaluz a atender directamente las llamadas al 112, servicio dependiente de la Consejería de Justicia. Dicho departamento se remite a una intervención parlamentaria del titular del mismo, Emilio de Llera, en la que a preguntas del diputado de Podemos Jesús Rodríguez aludía a la "imposibilidad" de dar cumplimiento con celeridad al mandado parlamentario. Los contratos se prolongarán al menos hasta el 24 de abril del año próximo, según Justicia.

La tercera PNL, instando al Gobierno andaluz a la gestión directamente pública de Salud Responde, de la Consejería de Salud, fue aprobada en junio del presente año. Exigía prestar este servicio telefónico a través de EPES desde el 30 de junio, cuando expiraba el contrato. No sirvió. El contrato ya había sido adjudicado en mayo a Ilunion Contact Center –una de las empresas con las que opera Ilunion– por 9,4 millones de euros. El contrato se firmó el 13 de julio.

Sentencias e infracciones

La empresa Ilunion (antes Mk Plan 21) acumula un largo historial de incumplimientos e irregularidades en materia laboral. Este periódico ha accedido a un total de siete actas de infracción de 2016 de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dichas actas atestiguan un amplio abanico de infracciones: "transgresión de la normativa sobre contratos de duración determinada utilizando de forma reiterada contratos eventuales para cubrir días aislados" por reducciones de jornada; falta de cobertura de excedencias y bajas por incapacidad temporal; falta de prevención de riesgos laborales; ausencia de información a los representantes legales de los trabajadores sobre las horas extraordinarias realizadas por la plantilla; prolongación más allá de lo permitido de contratos de obras y servicios...

El comportamiento de la empresa con los trabajadores ha llegado al ámbito judicial. Al menos dos jugados de lo social de Málaga obligaron en cuatro ocasiones distintas a MK Plan 21 a anular sanciones a trabajadores y condenaron a la empresa a pagarles indemnizaciones, de entre 500 y 1.200 euros, tras sendas sentencias por vulneración de la libertad sindical. La empresa vulneró el derecho de reunión y de acceso de los trabajadores a las instalaciones de la empresa para desarrollar tareas sindicales, según las sentencias.

"Vulneración de su pacífico derecho de huelga"

En diciembre de 2015, el juzgado de lo social 2 de Cádiz condenó a Ilunion Emergencias –una de las empresas de Ilunion, que también tiene Ilunion Contact Center– a retirar una sanción a una trabajadora y a indemnizarla con 625 euros por "vulneración de su pacífico derecho de huelga". Los problemas con las huelgas son recurrentes. El TSJA falló en octubre de 2015 a favor del sindicato CGT y contra los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Salud para el 061. La Consejería de Salud no respondió a las cuestiones planteadas por INFOLIBRE para este información.

CGT y CSIF habían convocado una huelga para este mismo miércoles. Los servicios mínimos fueron fijados en un 80 por ciento. "A estos trabajadores se les considera, teóricamente, dentro del convenio de telemarketing. Ahora bien, cuando se convoca una huelga, se ponen estos servicios mínimos elevados", denuncia Miguel Montenegro, de CGT, que alerta de una situación de "precariedad absoluta", de incumplimientos del convenio de telemarketing y de fraudes en la contratación. Dicho sindicato denuncia despidos y supuestas vulneraciones de la legislación laboral. Algunos trabajadores, con el apoyo de CGT, han colaborado en la elaboración de un vídeo denunciando la situación supuestamente precaria en la que se presta el servicio, y en la afección que ello tiene en la calidad del mismo.

Empresa privada, recursos públicos

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Las empresas prestatarias de estos servicios utilizan instalaciones, material y recursos públicos. "La empresa no arriesga nada. Son todo beneficios", dice Miguel Montenegro, de CGT. Los superiores son de la propia empresa y también de la consejería que corresponda. Si se estropea un ordenador, la reparación corre a cargo del erario público. Entre el 061, Salud Responde y el 112 trabajan más de 1.200 personas, según CGT y CSIF. Son mayoritariamente mujeres.

Rosa (nombre ficticio) trabaja en el 112 desde hace diez años. Hace entre 20 y 21 turnos de ocho horas al mes. Una semana "típica" puede ser de lunes a miércoles haciendo turno de mañana (de 7.00 a 15.00), el jueves descanso y de viernes a domingo haciendo turno de noche (de 23.00 a 7.00). "Trabajamos a tope en todo momento, lidiando con situaciones delicadas, con mucha presión y un régimen interno casi carcelario. No tenemos ni los cinco segundos que deberíamos entre llamada y llamada. Siempre hay cola en espera", explica Rosa. Cuando empezó a trabajar hacía 15 turnos y dos guardias al mes. Ahora hace 20 o 21. Cobra algo más de 16.000 euros brutos al año.

infoLibre se puso este miércoles en contacto por teléfono y por correo electrónico con Ilunion, tanto directamente como a través de Once, para recabar su versión sobre la situación, pero no obtuvo respuesta. La Consejería de Salud tampoco respondió a las cuestiones planteadas por este periódico.

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