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Primer paso legal de Pontevedra para anular la prórroga del Gobierno a Ence‏

Primer paso legal de Pontevedra para anular la prórroga del Gobierno a Ence‏

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La junta de gobierno del Ayuntamiento de Pontevedra ha aprobado pedir al Ministerio de Agricultura que anule la prórroga que concedió a la empresa Ence para que siga trabajando en la ría de la ciudad durante los próximos 60 años. Para ello se basan en la declaración de caducidad y en que la decisión de prorrogar  la adoptó el gobierno en funciones, "extralimitándose en sus competencias".

El requerimiento previo al recurso presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra también ha aludido a la denegación de la copia del expediente de prórroga y la ampliación del plazo de alegaciones que había solicitado la junta de gobierno local.

El Gobierno local de Pontevedra ha centrado su requerimiento en los argumentos del expediente de caducidad, tanto por el desarrollo de "actividades diferentes" a las autorizadas, como por la instalación y funcionamiento de la estación depuradora en Os Praceres, así como el emisario submarino y unas instalaciones deportivas ajenas a la finalidad del título concesional.

El Ayuntamiento sostiene que el expediente de caducidad "no es firme" en la actualidad al no haberse resuelto tampoco los recursos de reposición presentados por los colectivos ecologistas Salvemos Pontevedra y Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, a lo que se añade un recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento ante la Audiencia Nacional.

Prórroga motivada solo por el interés de la empresa

Además, el Ayuntamiento de Pontevedra ha calificado de "flagrante vulneración del principio de lealtad institucional" la negación por parte de un Gobierno "en funciones" de la copia del expediente solicitada desde la Administración local, argumentando que la resolución del procedimiento "trasciende del despacho ordinario de asuntos públicos".

"El Ministerio en funciones utiliza básicamente un bucle para motivar la prórroga", ha criticado el Ayuntamiento en su requerimiento, al respecto de lo que recuerda que se trata de una prórroga "extraordinaria" y una medida "excepcional" que, según la Administración local, "no se ampara en razones de interés general sino, única y exclusivamente, el interés de una empresa privada".

El documento enviado a al Ministerio cita el "lío inter institucional por la negativa del Gobierno en funciones de comparecer para control en el Parlamento", lo que "refuerza" el planteamiento municipal al argumentar que "el propio Gobierno estima que su actuación en este periodo está excluida del control parlamentario".

"Excede las atribuciones" de un Gobierno en funciones

El Ayuntamiento de Pontevedra ha insistido en que la prórroga "excede las atribuciones y límites competenciales" de un Gobierno en funciones y califica de "simples criterios políticos o de oportunidad" los utilizados para modificar la Ley de Costas.

El requerimiento previo advierte de que la prórroga al complejo industrial "nocivo y contaminante" de Ence es "lesiva para la integridad y adecuada conservación" de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre, además de que "obstaculiza" los objetivos de "regeneración o reposición" de la zona a su estado natural, además de "agravar el atentado paisajístico y medioambiental" atribuido a la ubicación de la fábrica.

"Un vecino de Pontevedra nacido en 1958 habrá nacido, vivido y morirá sin ver la ría libre de una ocupación privativa prorrogada, igual que muchas generaciones de pontevedreses", ha criticado el Gobierno municipal en este requerimiento, en el que reiteran que el complejo industrial "es trasladable", no así la ría de Pontevedra.

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