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El futuro de Cataluña

Los problemas para ser presidente desde la cárcel: ni móvil ni internet, llamadas limitadas y visitas semanales

El expresidente de la ANC y número dos de JxCat, Jordi Sànchez.

En los últimos días ha cobrado fuerza la opción de que el número dos de Junts per Catalunya, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, sea el candidato a president de la Generalitat. Pero, incluso aunque se confirmase que Carles Puigdemont le cederá el testigo, está por ver que Sànchez –en prisión desde el pasado 16 de octubre– reciba autorización para acudir a la sesión de investidura y, sobre todo, el margen de maniobra del que dispondría para ejercer la Presidencia desde la cárcel, donde tendría limitadas las llamadas y los encuentros y donde no dispondría de instrumentos tan básicos como el teléfono móvil o la conexión a internet.

Las negociaciones entre Junts per Catalunya y ERC han avanzado en las últimas semanas, aunque las dos principales formaciones independentistas aún discrepan sobre si el poder real debe estar en Bruselas, descansando en las manos de Puigdemont –que ocupará una presidencia simbólica–, o en Cataluña, bajo la dirección efectiva del Govern.

Habiendo asumido Puigdemont que no podrá ser elegido en el Parlament, y habiendo renunciado los independentistas a intentar cambiar la norma para permitirle la investidura a distancia, el principal candidato para suplirle es Sànchez, tal y como adelantó infoLibre el pasado 23 de diciembre. La situación del expresidente de la ANC tampoco es fácil, ya que se encuentra encarcelado preventivamente desde el pasado mes de octubre, pero por el momento goza de la totalidad de sus derechos políticos y tampoco está sujeto a ninguna suspensión del Tribunal Constitucional como la que sí pesa sobre Puigdemont. Por ello, en principio sí podría acudir al Parlament para presentarse a la investidura y someterse a una votación. La jurisprudencia está de su parte: en 1987, la justicia ya autorizó al etarra Juan Carlos Yoldi –entonces en prisión preventiva– a asistir al Parlamento Vasco como candidato de Herri Batasuna a la Lehendakaritza para presentar su programa y ser votado.

Pero aunque Sànchez recibiera el permiso del juez Pablo Llarena para someterse a la investidura y fuese elegido en esa votación, el número dos de Junts per Catalunya lo tendría francamente complicado para ejercer su cargo desde la cárcel, aunque su abogado ha asegurado que aceptaría el cargo. Obviamente, el hecho de estar en prisión impediría al dirigente reunirse con su equipo para preparar estrategias, presidir las reuniones del Govern o acudir a actos públicos, pero las limitaciones van mucho más allá y afectarían directamente a la necesaria comunicación del president con toda la estructura de mando de la Generalitat y con Puigdemont, si es que finalmente los partidos pactasen que fuera él quien tuviera el poder real en Bruselas.

Las comunicaciones y las visitas, limitadas

Sànchez, por ejemplo, no puede disponer en la cárcel de teléfono móvil porque se trata de un producto prohibido, aunque fuentes penitenciarias admiten que existe un mercado negro de terminales que son muy codiciados en prisión. Sí tiene derecho a realizar llamadas, aunque no todas las que quiera ni a los números que desee: la frecuencia máxima es de diez llamadas a la semana y estas llamadas no pueden tener "una duración superior a cinco minutos", aunque la dirección del centro puede autorizar llamadas extra en circunstancias especiales, como por ejemplo la enfermedad de un familiar. Además, Sànchez puede llamar a un máximo de diez personas, y tiene que entregar sus datos y comunicar a la dirección de la cárcel la relación que les une a ellos.

Todas las comunicaciones telefónicas se realizan desde teléfonos comunes y deben ser autorizadas por la dirección, y en todas ellas tiene que estar presente un funcionario, que no obstante no vigila ni registra el contenido de la conversación. "Salvo casos excepcionales" –que también tiene que autorizar el director de la cárcel– los reclusos no pueden recibir llamadas desde el exterior, señala Instituciones Penitenciarias. Sànchez también tiene vetado en prisión el acceso a internet, aunque no el correo tradicional, ya que puede enviar y recibir cuantas cartas quiera sin que éstas sean leídas por los funcionarios de la cárcel.

Obviamente, al no tener acceso a internet, los reclusos tampoco disponen de redes sociales. Sí pueden consultar ordenadores en bibliotecas o aulas de informática, pero se trata de terminales intervenidos donde está prohibida la conexión a redes de comunicación. Sànchez también tiene derecho a pedir un ordenador personal, aunque tendría que acreditar para ello "razones de carácter educativo o cultural" que lo hagan necesario y siempre con la salvedad de que no podría conectarse a internet. Para consultar la prensa, los reclusos tienen a su disposición al menos tres diarios: uno deportivo y dos generalistas.

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Visitas los fines de semana

Sànchez también tiene limitadas las visitas que puede recibir en prisión. Además de los vis a vis con su pareja y su familia, los reclusos tienen derecho a comunicarse con "familiares y amigos" una o dos veces a la semana, normalmente los sábados y los domingos. Estas visitas se realizan en cabinas individuales con un cristal entre el preso y los visitantes –un máximo de cuatro–, que deben ser autorizados por la dirección del centro penitenciario. "Son posibles dos visitas semanales de 20 minutos cada una, o bien una única visita a la semana por 40 minutos", según explica en su web Instituciones Penitenciarias.

Asimismo, el dirigente de Junts per Catalunya sólo podría comenzar a disfrutar de permisos de salida ordinarios si fuera condenado en firme –ahora mismo se encuentra en prisión preventiva– y hubiera cumplido al menos la cuarta parte de su pena. Para ello tendría que recibir la autorización de la Junta de Tratamiento de la prisión y del juez de vigilancia penitenciaria o del Centro Directivo.

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