maltrato animal

Una protectora de animales se planta ante un juez y logra que no devuelva un perro maltratado a su dueña

La perra Renata, en proceso de recuperación en las instalaciones de la protectora de animales Scooby.

Un viejo cliché aún sostiene que el amor a los perros es de enclenques emocionales, de gente que aniña la voz cuando llama a su chucho. Y es ese cliché el que tal vez explique casos como el protagonizado en Zamora por la perra Renata. Posible Golden Retriever aunque otros creen estar ante una mestiza de labrador y mastín, la Policía rescató de la calle esta primavera a Renata. Destrozada. Más que muy delgada. Con heridas que a tenor de las fotos dejaban ver el hueso. Comida por las pulgas y el abandono. Pero aquel hallazgo le ha cambiado la vida: porque Scooby, la protectora de animales a la que la Policía la trasladó, se negó en redondo a cumplir las dos órdenes judiciales cursadas en mayo para que la perra fuese devuelta a lo que el magistrado define en sus oficios como la "dueña acreditada". Imputada por maltrato animal y tras haber reconocido que en seis años ni pasó por un veterinario ni le puso una sola vacuna a Renata, fue esa dueña quien pidió hacerse de nuevo con ella. Pero tras personarse Scooby como acusación, el juez ha parado la entrega. Renata seguirá en las instalaciones de la sociedad protectora bajo su custodia y tratamiento. Y un veterinario ajeno a la dueña y a la asociación protectora determinará como perito independiente el origen y causa de las múltiples patologías que padece. Solo entonces el magistrado adoptará una decisión definitiva.

El primer quiebro de un caso como este, que saca a flote la relación entre humanos y animales domésticos, se produce una tarde de finales de abril. Exactamente la del día 26. La Policía local de Zamora encuentra a Renata en una calle, le hace fotos difíciles de mirar; completa un atestado demoledor –“aspecto deplorable”, se lee en una línea–, y cuando ya la ha recogido se la entrega a Scooby. Scooby es la sociedad protectora que administra la perrera municipal de esta ciudad castellano-leonesa de 61.000 habitantes ubicada junto al Duero y al frente de cuyo ayuntamiento se sitúa un alcalde de IU.

Allí, en el hospital veterinario del refugio animal, comienzan a cuidarla y curarla del hambre, de los daños acumulados durante seis años sin atención, sin vacunas. Lo de los seis años no es una especulación sino datos que constan en el atestado policial con que se originan diligencias judiciales por maltrato animal. El informe de la veterinaria de la asociación concluye que la acumulación de patologías que aplastan a la perra constituye "el signo claro e indiscutible de que no ha sido atendida de forma adecuada". Bajo esa capa sucia de descuido o abandono, y así lo enumeran el atestado policial y luego el informe veterinario, hay un posible tumor en la cabeza, un ojo de menos, la leishmaniasis que contagia un mosquito contra el que suele colocarse un collar de protección frente a sus picaduras. Y heridas descarnadas. Y garrapatas y pulgas que le recorren el cuerpo.

Una vez que Renata encuentra asilo en Scooby llega el segundo quiebro de esta historia. En sentido opuesto a la asociación hace acto de presencia Ángeles P. La Policía Local la localiza guiada por el chip de Renata. Estamos ante la "dueña acreditada". Y cuando los agentes le piden explicaciones “sobre el lamentable estado en que fue hallada”, la tal Ángeles despacha el asunto respondiendo que tiene sarna desde hace un mes. Y que igual se ha escapado de una finca localizada en la misma capital zamorana y donde la tenía alojada. En otro párrafo del atestado policial se lee esto: “Por último, indica que no le han pegado nunca, aunque reconoce cierta dejadez al no haber sido reconocida por un veterinario desde el año 2016 ni haberle puesto tampoco las correspondientes vacunas”.

El mapa de Google muestra que la calle de Zamora donde vive la propietaria legal de Renata no exhibe precisamente los trazos de una de esas zonas miserables que agrupan casas desconchadas bajo techo de uralita, charcos en el barro, grisura incluso en los días de sol radiante. La finca a la que alude la propietaria y donde según su versión tenía a Renata dista de su casa media hora andando, indica también Google aunque no hay constancia firme de que así sea. La calle donde los agentes la encontraron está a otros 30 minutos en la dirección contraria. Nadie sabe a dónde quería ir la perra. O si solo se trataba de encontrar un sitio mejor. Y seguramente nadie lo sabrá: la abogada de Ángeles P. no solo se negó a ofrecer la versión de su clienta cuando la llamó el viernes este periódico sino que colgó abruptamente el teléfono. No fue posible, por tanto, preguntarle sobre varios porqués: por qué no la ha vacunado en seis años, por qué no la llevó nunca al veterinario, por qué no puso algo de atención para averiguar si, al menos, la perra comía.

Pero lo que sí se conoce, porque hay un auto dictado el viernes por el juzgado de instrucción 4 de Zamora, son dos cosas. La primera, que Ángeles P. ya ha sido interrogada como investigada por un presunto delito de maltrato animal y que de momento mantendrá ese rango porque el juez ha rehusado archivar las diligencias. Y la segunda, que ha fracasado en su intento de recuperar a la perra mediante las dos órdenes lanzadas por el juez el 10 de mayo y el 19. Fue entonces cuando la protectora de animales se negó a cumplirlas incluso a riesgo de incurrir en desobediencia. Luego, se personó de inmediato en la causa para ejercer la acusación.

"Su personación –cuentan fuentes del Tribunal Superior de Castilla y León– fue posterior a las órdenes de devolución”. Aun así, en el aire queda por ahora una pregunta: ¿resulta imprescindible que una asociación animalista se incorpore a un caso como este para que los tribunales impidan que el maltratador –presunto– vuelva a apoderarse de un perro en las condiciones que sufría Renata? "Ya está bien –responde el presidente de Scooby, Fermín Pérez– de que, salvo raras y honrosas excepciones, ni las Fuerzas de Seguridad ni los tribunales hagan nada de oficio. Y de que tengamos que estar detrás las asociaciones protectoras. Si hay un animal maltratado eso es un delito. Y la justicia tiene que perseguirlo de oficio".

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