El PSOE y Junts intensifican la negociación sobre la amnistía para llegar a un acuerdo antes del plazo

El PSOE y Junts han decidido aislarse de todo con el fin de sacar la ley de amnistía. En unos días de máxima tensión y ruido por la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa a Carles Puigdemont por terrorismo y por las revelaciones del caso Koldo, los dos partidos trasladan su intención de que la negociación fructifique antes de que se cumpla el plazo el próximo 7 de marzo en el Congreso. 

Los dos partidos trabajan con esa intención y con la máxima compartida de que siga imperando la “máxima discreción”, como explican fuentes de las dos formaciones. Durante estos días se han producido contactos entre las dos partes y la negociación se va a intensificar en las próximas horas y días para explorar el acuerdo, aunque ninguna de las partes quiere revelar por dónde puede concretarse.

“Estamos negociando para llegar a un acuerdo”, subrayan fuentes de la cúpula de Junts, donde se traslada el ánimo de pactar con el PSOE a pesar del varapalo del Tribunal Supremo. Sobre la mesa sigue su intención de que se incorporen los delitos de terrorismo dentro de los supuestos a aplicar, a pesar de que los socialistas siguen manifestando en público que no les gusta esta opción, que puede llevar a que la norma no pase el filtro del Tribunal Constitucional y de las instancias europeas.

"Estamos convencidos al cien por cien"

En la dirección del PSOE muestran su total optimismo sobre un acuerdo: “Estamos convencidos al cien por cien de que la ley saldrá adelante, porque además es necesaria”. Y trabajan con la idea de llegar a ese pacto durante estos días: “Queremos llevar la proposición a Pleno cuanto antes”. Sostienen que habrá entendimiento entre los principales actores para la luz verde: “El PP y la ultraderecha se quedarán, otra vez, en el lado hipócrita de la historia. Si Feijóo hubiese podido, esta ley sería suya. Así lo confesó a 16 periodistas en Lugo”.

El dictamen de la ley se encuentra de nuevo en la Comisión de Justicia, donde se prorrogó el plazo para su convocatoria hasta el 7 de marzo (finalizó el primer plazo el 21 de febrero). No obstante, aunque la idea es que el pacto llegue antes de ese día, se abre también la posibilidad de que se intentara alargar ese plazo si no se materializa una entente. Fuentes de la Mesa del Congreso reconocen que se podría estudiar esa posibilidad si algún grupo lo pide.

Y esta vía tendría que abrirse en las próximas horas porque esa prórroga debería ser pedida teóricamente hasta este sábado para que la viera la Mesa en su reunión del próximo martes. “No hay precedentes”, remarcan fuentes parlamentarias, pero si eso sucede, la última palabra la tendrían los letrados para decidir si es posible. Este movimiento podría intentarse invocando el artículo 91 del reglamento de la Cámara Baja: “La Mesa de la Cámara podrá acordar la prórroga o reducción de los plazos establecidos en este Reglamento”.

La negociación volvió a vivir un nuevo sobresalto externo el jueves con la decisión del Supremo de abrir causa a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. La Sala de lo Penal se acoge a la doctrina del “terrorismo callejero” y reprocha en su auto a que “algunos políticos y medios de comunicación” sólo consideren este delito en los casos de ETA o de la yihad.

"No hubo terrorismo"

A pesar de estas consideraciones del Supremo, en el PSOE y Junts siguen defendiendo que no se puede considerar terrorismo lo que sucedió en el aeropuerto de El Prat con las protestas de Tsunami. "Conocen nuestra opinión. Nosotros creemos que en el proceso no hubo terrorismo", trasladó este viernes la portavoz del PSOE, Esther Peña, que recalcó que que el partido está “cómodo” en la redacción actual de la norma y se mantiene “firme” en su posición sobre este apartado, que ya se modificó en la anterior fase de comisión.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quiso quitarle dramatismo este viernes al nuevo paso procesal: "La decisión del Supremo es arrogarse la investigación de este fenómeno, lo que no hizo es calificar ningún hecho como terrorismo, sino, insisto, asumir la investigación de unos hechos que, como su propio auto dice, se pueden calificar en diferentes delitos". Sus palabras iban en el sentido también de no contaminar la negociación con esta decisión, consciente de que en Junts pesa mucho el vaticinio de que Puigdemont pueda acabar condenado por terrorismo, algo que en el PSOE dan por hecho que no pasará. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, recalcó desde Barcelona que "este país sabe perfectamente qué es terrorismo y qué no lo es".

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En ERC, el otro gran pilar para la ley de amnistía, se sigue presionando en público para que el PSOE y Junts lleguen a un acuerdo de manera inminente y creen que no se puede dejar más tiempo en el limbo esta proposición de ley que afectará a centenares de independentistas inmersos en procesos judiciales. Los de Esquerra no quieren grandes cambios porque consideran que está bien armada la norma y temen que una modificación pueda llevar a que la tumbe luego algún tribunal.

En Esquerra también interpretan que los implicados en el caso Tsunami (entre ellos, integrantes del partido como Marta Rovira y Ruben Wagensberg) no acabarán siendo condenados por terrorismo. "Estas acusaciones no se sostienen porque, como he dicho, no ha habido delito de terrorismo, no ha habido violencia y, además, no hay pruebas de la participación de estas personas en estos hechos”, defienden dese la dirección del partido republicano.

Mientras continúa la investigación, el PP sigue moviéndose en Europa para frenar la ley de amnistía. La portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, remitió una carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, en la que escribía: “El Supremo no tiene ninguna duda de que los hechos atribuidos a Tsunami Democràtic encajan en el delito de terrorismo, y la decisión del tribunal incluye al menos una decena de condenas por terrorismo callejero que consolidan su doctrina sobre este delito". "El auto dictado señala que existen varios indicios de la participación de Carles Puigdemont en los hechos investigados. Entre otros, se refiere a que fue informado desde el primer momento de la constitución del grupo, que se organizó para derribar el orden constitucional y desestabilizar gravemente las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos cumplir sus decisiones", recogía la misiva.