El futuro de la monarquía

PSOE y Unidas Podemos pactan su discrepancia sobre Juan Carlos I para no dañar la coalición de Gobierno

El secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, conversa con el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, al término de una reunión en la Cámara.

No habrá desencuentro en el Gobierno cuenta de la situación judicial de Juan Carlos de Borbón. PSOE y Unidas Podemos, las dos formaciones que dan soporte al Gobierno presidido por Pedro Sánchez, han pactado en esta ocasión que las posiciones enfrentadas que mantienen sobre este asunto no contaminen la unidad de acción de la coalición y se queden en sede parlamentaria.

El ex jefe del Estado, de 82 años, está siendo investigado por su supuesta implicación en el cobro de comisiones millonarias por la adjudicación a empresas españolas del AVE a la Meca. Las diligencias abiertas por la Fiscalía abren la puerta a la judicialización del caso si el ministerio público concluye que existen elementos suficientes para presentar una querella. Y si la admite el magistrado del Supremo en cuyo juzgado recaiga.

No es la primera vez que la cuestión llega al Congreso de los Diputados y de nuevo socialistas y morados harán valer sus posiciones enfrentadas en torno a las actividades económicas y fiscales del padre del rey. Esta vez Unidas Podemos no ha unido fuerzas a otros grupos de la Cámara para solicitar la creación de una comisión de investigación sobre Juan Carlos de Borbón sino que, para intentar sortear las limitaciones impuestas por los letrados de la Cámara a solicitudes anteriores que aludían expresamente al que fuera jefe del Estado, en su propuesta la formación que lidera Pablo Iglesias plantea convocar al padre del rey no para que aclare si cobró comisiones sino para hablar de “las relaciones diplomáticas y comerciales entre España” y Arabia Saudí, “su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos sobre el erario público”. A ella se han sumado Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, Más País, Compromís, el PNV, EH Bildu, la CUP y el BNG. Pero los morados no han suscrito la propuesta de esos mismos grupos en la que piden una comisión de investigaciones específica directamente dirigida a arrojar luz sobre las actividades de Juan Carlos de Borbón.

Las fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre aseguran que en este asuntos las dos formaciones saben desde el primer momento que mantienen posiciones enfrentadas. Nada hay pactado en la coalición que tenga que ver con la monarquía o con el rey emérito, de manera que los dos partidos son libres de defender de manera autónoma sus puntos de vista en el Congreso. “No va a generar problema alguno” en la coalición de Gobierno, aseguran.

Aunque no hay ninguna duda de que el PSOE y PP sumarán fuerzas para impedir la investigación, tal y como han hecho en ocasiones anteriores, Unidas Podemos ha tratado de ponerles las cosas más difíciles al evitar que la propuesta ponga al rey emérito en la diana y se fije en cambio en unos hechos que son de interés general y “van más allá de las presuntas actividades corruptas de Juan Carlos I”, subrayó el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en la rueda de prensa que ofreció en el Congreso para explicar los detalles de la iniciativa.

El texto de la petición se centra en el interés público de investigar “las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí y su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos sobre el erario público”. Pero es “evidente”, concedió Echenique, que las informaciones que se han ido dando a conocer y la investigación llevada a cabo la Fiscalía suiza sobre el padre del rey, y que ahora ha asumido la Fiscalía del Tribunal Supremo, describen hechos “de enorme gravedad”.

No se trata de “un acto de control a la Jefatura del Estado”, subrayó Echenique, porque Juan Carlos I “no ostenta en la actualidad tal condición” y porque, además, las citadas investigaciones no descartan que llevara a cabo esos posibles hechos ilícitos con posterioridad a su abdicación y, por lo tanto, tras perder su inviolabilidad, que establece el artículo 56.3 de la Constitución.

La solicitud plantea la conveniencia de plantear “las comparecencias que se consideren oportunas por parte de los grupos parlamentarios, incluidas las de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de esta comisión”.

La idea de los morados es “maximizar las probabilidades de que esta comisión, a diferencia de las que se han presentado antes, pueda ser calificada por la Mesa de la Cámara”, defendió Echenique. Lo que dejaría a PP y a PSOE sin excusas jurídicas para rechazarla y les obligaría a oponerse exclusivamente por razones políticas.

Unidas Podemos es consciente que en este asunto siguen sin contar con el apoyo del PSOE. “No es una sorpresa para nadie que tenemos posiciones diferentes en este punto. Creo que hemos sabido mantenerlas ambas fuerzas desde el respeto mutuo. Nosotros respetamos la posición del PSOE, aunque no la compartamos, y el PSOE respeta nuestra posición”, explicó.

Sin fisuras

Esta discrepancia no representa una fisura en la coalición, porque “el Gobierno está fuerte”. En parte porque “esta epidemia tan trágica y los meses que nos ha tocado vivir al poco de formarse el primer Gobierno de coalición de nuestra democracia ha supuesto un reto enorme”, destacó.

Las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que este asunto, así como otros en torno a los cuales Unidas Podemos y el PSOE mantienen posiciones irreconciliables pero que no forman parte de la acción del Gobierno ni están en la agenda de compromisos de la coalición fueron aparcados deliberadamente ya antes de la investidura y quedaron reservados al ámbito parlamentario, donde los de Iglesias y los Sánchez son libres de promover las niciativas que deseen siempre y cuando no entren en contradicción con las políticas del Ejecutivo.

La postura de Unidas Podemos y de su líder, Pablo Iglesias, que ocupa la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, ya fue utilizada en el pasado por la oposición, especialmente por PP y Vox, para tratar de dividir la coalición después de que los morados animasen caceroladas contra el rey Felipe VI después de que se conociese la fortuna de su padre en el extranjero.

La propuesta de UP pretende investigar “la existencia debpara la adjudicación de contratos en territorio nacional y en Arabia Saudí o en terceros países, su relación con el ex jefe de Estado y los efectos sobre el erario público en la actualidad”, así como “la actividad de promoción internacional de Arabia Saudí en España y su relación con el ex jefe de Estado” y “la posible existencia de quid pro quo en forma de comisiones o donaciones en especie o dinerarias entre el gobierno de Arabia Saudí y el exjefe de Estado a cambio de su mediación en la consecución de contratos o de operaciones de promoción internacional del régimen saudí9.

También tratar de arrojar luz sobre “el grado de conocimiento de dichas presuntas actividades del ex jefe de Estado por parte de las empresas y los organismos y departamentos del gobierno implicados en las mismas”, así como “los movimientos de capital, lícitos o ilícitos, relacionados con los hechos investigados”.

Con toda seguridad la comisión, aunque los letrados de la Cámara permitan su tramitación, no saldrá adelante. Bien porque la mayoría que PSOE y PP tienen en la Mesa del Congreso lo impida, bien porque aunque el órgano de gobierno de la Cámara acepte su debate en sesión plenaria está muy lejos de tener la mayoría que necesita para hacerse realidad. Ni siguiera aunque Vox la terminase apoyando, una posibilidad que su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, se negó aclarar este jueves.

La última vez que ese asunto llegó a la mes del Congreso, el pasado marzo, el PSOE se apoyó en los informes de los letrados contrarios a iniciativas de control de la monarquía.

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