Jueces de izquierdas y de derechas, de manera sistemática y prácticamente desde la llegada de la democracia, han demandado a los sucesivos Gobiernos que resuelvan el déficit de jueces por habitante que sufre España en comparación con el resto de democracias europeas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto en los próximos seis meses dar un enorme salto en esa dirección con la creación este mismo año de 500 nuevas plazas judiciales, el mayor incremento desde la aprobación de la Constitución. Sin embargo, la noticia no ha sido bien acogida por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Ministerio de Justicia propone que gran parte de las vacantes se cubran mediante convocatorias para juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia, el denominado "cuarto turno". Los vocales a propuesta del PP, sin embargo, lo rechazan y exigen a su titular, Félix Bolaños, que incremente las convocatorias de acceso por oposición, el vivero tradicional de la derecha judicial, algo que el Gobierno no puede hacer sin unos nuevos presupuestos.
El ministerio ya está trabajando con el Poder Judicial y las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas para elaborar el real decreto que creará las nuevas plazas. Fuentes del Ejecutivo aseguran a infoLibre que prevén aprobar esa norma en un plazo de seis meses, una vez que reciban los informes del órgano de gobierno de los jueces y de los Ejecutivos autonómicos. Para la cobertura de las vacantes –que irán a los tribunales más atascados que ha señalado el propio Consejo–, Justicia se enfrenta, sin embargo, a dos problemas. El primero es la aprobación de la reforma del sistema de acceso –el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal–, paralizado en el Congreso por la actual falta de apoyos parlamentarios del Ejecutivo. En caso de que se apruebe, el departamento de Bolaños prevé incorporar 480 nuevos jueces anualmente en los próximos tres años, además de iniciar un proceso de estabilización que daría entrada a unos 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes. La plantilla judicial se incrementaría, en ese caso, en 1.600 personas en el próximo trienio, teniendo en cuenta las jubilaciones que se produzcan.
El segundo problema al que se enfrenta el Ejecutivo para contratar nuevos jueces es la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Los últimos, que se aprobaron en 2023, preveían la convocatoria anual de 200 plazas y ese mismo número será el que se oferte este año en caso de que no haya nuevas cuentas. El proyecto de Presupuestos para 2026, por ahora paralizado, contempla una convocatoria de 400 puestos. Cuando se aprueben las 500 nuevas plazas judiciales, en unos meses tendrán que ser cubiertas mediante los correspondientes concursos de traslado y nombramientos discrecionales (tres corresponderán a las salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo). Los sucesivos huecos que se creen deberán ser ocupados por jueces o magistrados recién ingresados en la carrera, mediante sustituciones ordinarias (en las que un juez ve aumentado su sueldo por cubrir varias plazas) o con jueces sustitutos (en España hay alrededor de un millar que suplen las ausencias y bajas de sus compañeros de plantilla).
Magistrados que proceden de otras profesiones jurídicas
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La solución que el pasado martes propuso el Ejecutivo –a través del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo– al CGPJ fue que gran parte de las nuevas vacantes se cubran mediante magistrados correspondientes al cuarto turno, es decir, seleccionados mediante concurso de méritos de entre abogados, letrados de la administración de justicia, profesores de universidad y otras profesiones jurídicas que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial deben ocupar uno de cada cuatro puestos. El Consejo tiene la obligación legal de convocar esas plazas como mínimo cada dos años pero la incumple sistemáticamente. Mientras las plazas de juez a cubrir por oposición se sacan puntualmente cada año, la última convocatoria del cuarto turno –magistrados procedentes de otras profesiones jurídicas– es de 2023. Fuentes judiciales aseguran que, en los últimos ejercicios, el órgano de gobierno de los jueces ha dejado de cubrir por este método 307 plazas de magistrado. Si a ellas se suman las de los jueces en expectativa de destino que salen cada año de la Escuela Judicial, las 500 nuevas plazas que prevé crear el Ejecutivo quedarían prácticamente ocupadas.
Los vocales a propuesta del PP José Eduardo Martínez Mediavilla y José María Páez, ambos de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), plantearon al número dos del Ministerio este martes un método alternativo: que se incremente el número de plazas de la actual convocatoria de acceso por oposición, algo que el Ejecutivo considera que, con los Presupuestos prorrogados, no puede hacer. Es decir, que el sector conservador del CGPJ no quiere que se cubran con profesionales de reconocida competencia ya formados y procedentes de otras profesiones, sino con jueces recién ingresados y sin experiencia previa que emplean una media de cinco años de estudio exclusivamente memorístico asistidos por otro juez o fiscal que actúa como preparador (en una segunda ocupación que en muchas ocasiones les proporciona ingresos extra en negro) tras su paso por la Escuela Judicial.
Las fuentes judiciales consultadas explican que la razón por la que la derecha judicial prefiere la oposición al cuarto turno es que los seleccionados por el primer método constituyen el principal vivero de asociados para los principales colectivos conservadores (APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que sostiene que es apolítico pese a que toda la carrera, el CGPJ y gran parte del Parlamento lo sitúan a la derecha). El Consejo, que entre 2013 y 2024 estuvo dominado por los vocales de derechas, se resistió a cubrir el 25% de plazas que según la ley están reservadas para juristas. Actualmente no llegan al 10% de la plantilla total de la carrera. Los actuales vocales a propuesta del PP (10 de los 21 miembros del Consejo tras la renovación de 2024) pretenden dar ahora esa misma batalla.
Jueces de izquierdas y de derechas, de manera sistemática y prácticamente desde la llegada de la democracia, han demandado a los sucesivos Gobiernos que resuelvan el déficit de jueces por habitante que sufre España en comparación con el resto de democracias europeas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto en los próximos seis meses dar un enorme salto en esa dirección con la creación este mismo año de 500 nuevas plazas judiciales, el mayor incremento desde la aprobación de la Constitución. Sin embargo, la noticia no ha sido bien acogida por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Ministerio de Justicia propone que gran parte de las vacantes se cubran mediante convocatorias para juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia, el denominado "cuarto turno". Los vocales a propuesta del PP, sin embargo, lo rechazan y exigen a su titular, Félix Bolaños, que incremente las convocatorias de acceso por oposición, el vivero tradicional de la derecha judicial, algo que el Gobierno no puede hacer sin unos nuevos presupuestos.