Ley Transparencia

Los puntos oscuros del portal de la transparencia

El presidente y la vicepresidenta del Gobierno, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, al inicio del debate sobre el estado de la nación.

La puesta de largo es este miércoles a las 12:00 horas. A partir de ese momento, el Gobierno estrena el portal de la transparencia, una plataforma en internet que supone el grueso de la denominada ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta herramienta cumple con el articulado de la ley, aprobada hace justo ahora un año, y según el que en los 365 días siguientes a su entrada en vigor debía ponerse en marcha este portal. Afecta al ámbito de la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen todavía un año más para adecuar sus plataformas digitales a la ley y ofrecer información equivalente a la que a partir de este miércoles ofrece esta nueva página web dependiente del Ministerio de la Presidencia, en manos de Soraya Sáenz de Santamaría.

Es obvio que a partir de ahora, los ciudadanos contarán con una ventana más de información que les acerca a los contratos públicos, las subvenciones, las estructuras básicas de los departamentos del Gobierno, la legislación, datos estadísticos, listado de bienes inmuebles propiedad de la Administración General del Estado, currículums de los altos cargos... En total, fuentes de Presidencia del Gobierno cifran en 530.000 los registros documentales accesibles en el arranque de esta plataforma que irá creciendo a medida que pase el tiempo y, sobre todo, a medida que vaya recibiendo peticiones de los ciudadanos, porque uno de los servicios clave es el de servir de intermediario ante la Administración y resolver dudas sobre procedimientos en los que haya intervenido el Estado. Estas son las luces de un portal que ha costado a la Administración General del Estado 300.000 euros, un montante correspondiente a los servicios tecnológicos que se han tenido que contratar fuera. Todo lo demás se ha hecho con funcionarios y trabajadores de los diferentes departamentos ministeriales –han trabajado unas 800 personas en el último año–. "Si hubiéramos externalizado todo, el coste habría sido mucho superior, hasta diez veces más", explican en Moncloa. Pero más allá de las luces, de lo que se ha destapado con la primera ley de la transparencia que entra en vigor en España hay sombras y puntos oscuros, rincones a los que no llega la legislación.

A continuación se repasan algunos de estos puntos oscuros.

Sin apartado especial para las agendas

El denominado portal de la transparencia cuenta con los siguientes apartados: contratación, convenios, subvenciones a partidos políticos, presupuesto por ministerios, cuentas anuales, informes de fiscalización, bienes inmuebles, información estadística, resoluciones de autorización de compatibilidad de altos cargos y retribuciones de altos cargos.

Dentro de ellos, además de poderse consultar los currículums de los altos cargos de la Administración General del Estado y los organigramas de los diferentes ministerios, la plataforma redirige a las agendas del presidente del Gobierno y de los miembros de su gabinete. Unas agendas, que como es conocido, son, por lo general muy poco precisas. Sirva como ejemplo que en algunas semanas el propio Mariano Rajoy sólo incluye en su actividad semanal la asistencia a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y el Consejo de Ministros de los viernes. En Presidencia del Gobierno explican que el portal no dispones de un apartado específico de agendas de los miembros de la Administración General del Estado porque la ley no lo contempla así.

El debate llega en un momento delicado después de que se publicase que el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, había viajado de forma privada en varias ocasiones a Canarias en su etapa de senador a cargo de los presupuestos de la cámara Alta. Éste asegura que es incapaz de precisar su agenda completa de los últimos años. Con una plataforma que aglutinase este tipo de información se evitarían, en gran parte, episodios de este tipo. Lo mismo ocurre con el caso del pequeño Nicolás, pequeño Nicolásel joven que ha revolucionado a Moncloa y a un sector del PP revelando contactos con altos cargos del Gobierno.  

A nivel Congreso ya se han empezado a dar pasos en esta dirección. Pero de forma desigual. A excepción del PP, el grueso del resto de partidos se ha comprometido a desglosar la agenda de sus diputados y a concretar los gastos en viajes.

Límites a la información

Un porcentaje muy alto de los 530.000 documentos que podrán consultarse a partir de este miércoles se corresponde con el ejercicio 2014. Así lo establece la ley. Es decir, no tiene carácter retroactivo. Esto no es óbice para que todos aquellos ciudadanos que lo precisen reclamen información en poder de la Administración General del Estado de años anteriores. Igualmente pueden solicitarse datos que no se encuentren en la web. Se hace a través de un formulario de apariencia sencilla en el que se ingresa mediante el DNI electrónico o una clave que se obtiene en la propia página. Y la respuesta, que debe llegar en un mes, se traslada bien desde el portal en un buzón del usuario o por correo postal.

Desde la aprobación de la ley las asociaciones en defensa de la transparencia pública y algunos partidos de la oposición se han quejado de lo amplio del apartado de excepciones. 

El capítulo III de la ley entiende por información pública "los contenidos o documentos, cualquiera que sea el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Y fija los límites: "El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad nacional. b) La defensa. c) Las relaciones exteriores. d) La seguridad pública. e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. h) Los intereses económicos y comerciales. i) La política económica y monetaria. j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en proceso de toma de decisión. l) La protección del medio ambiente". 

Por cualquier de los puntos del listado anterior se puede denegar el acceso a una información determinada. Cualquier ciudadano que no haya recibido la información solicitada en un mes desde su solicitud puede iniciar un proceso de reclamación ante el Consejo de la Transparencia, un órgano que quedará cerrado la semana que viene. Otra de las críticas que ha recibido es el tema del silencio negativo. La ley establece lo siguiente: "Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo".       Accesos a los edificios de la Administración

Muy ligado al apartado anterior, el portal de transparencia no cotempla ofrecer información relacionada con los registros de entrada de los diferentes organismos de la Administración General del Estado. Tampoco lo facilitará si se le reclama según confirman fuentes de Presidencia del Gobierno argumentando que chocaría con la Ley de Protección de Datos.

Las mismas fuentes señalan que los edificios oficiales tienen la obligación de destruir mensualmente los registros de visitas y entradas.

Con informaciones de este tipo sería fácil desmontar o contrastar acusaciones como las del denominado pequeño Nicolás, que ha asegurado que se movía como pez en el agua por diferentes departamentos ministeriales.

Pese a este tipo de lagunas, en Moncloa están convencidos de que medidas como las que se están poniendo en práctica en los últimos años habrían servido para evitar escándalos de corrupción. "La transparencia es el mayor antídoto contra la corrupción", explican las citadas fuentes.                                          

¿Qué pasa con la Casa del Rey?

Hace más de un año,

cuando se estaban ultimando los trámites parlamentarios de la ley de transparencia, la Casa del Rey anunció que se sumaba al control de este texto. El caso Urdangarin ya había ocupado portadas de periódicos y había hecho correr ríos de tinta. Y la institución empezaba a vivir sus horas más bajas según ratificaban los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Tras mucho debate, y la sonora protesta de la izquierda parlamentaria, la ley quedó como sigue: "La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de las disposiciones de esta Ley", reza la disposición adicional sexta.

Esto implica, según las fuentes consultadas, que el portal de la Administración General del Estado sea un intermediario entre el ciudadano y la Casa del Rey, que dispone en su página web información sobre sus presupuestos. Ya cuando se anunció por el Gobierno que Zarzuela se sumaba a esta ley se fijaron unos límites: sólo afectaría a las partidas presupuestarias de los diferentes ministerios. 

A vueltas con el órgano de control

A finales de noviembre, Ester Arizmendi fue nombrada presidenta del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno. Su nombramiento no estuvo exento de polémica en tanto en cuanto depende del Ministerio de Hacienda, en manos del Partido Popular, el partido del Gobierno. ¿Puede depender del Ejecutivo la persona que ha de vigilar que el Ejecutivo facilite en tiempo y forma información que se considera que debe ser accesible a los ciudadanos? Es la pregunta que lanzaban expertos del sector.

Como respuesta, en el Gobierno mantienen que Arizmendi no tiene ninguna vinculación especial con el PP, pero sí con la Administración. Y que formó parte del gabinete del socialista Gaspar Zarrías como secretario de Estado de Política Territorial.

Esta semana tienen que cerrarse el resto de nombres de este órgano de control que, además del presidente debe estar integrado por un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

La idea inicial que manejaba el PP es que el diputado fuese de su formación y el senador del principal partido de la oposición, algo a los que los socialistas se niegan. El Gobierno, ante esta negativa, está dispuesto a que el senador sea de otra formación. Pero no a renunciar a que el diputado sea conservador.

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