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Los papeles de Bárcenas

Ruz investiga si dirigentes del PP cometieron cohecho en adjudicaciones de obra pública

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El juez que investiga la presunta contabilidad B del PP, Pablo Ruz, trata de determinar si en varias de las adjudicaciones de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, y en los ayuntamientos de Madrid y Toledo, todos ellos bajo gobiernos del PPPP, los dirigentes de esta formación política han podido cometer delitos de cohecho. El juez podría imputarles este delito o cualquier otro si consigue probar que los dirigentes del PP recibieron donaciones de empresarios que resultaron beneficiados de obra pública por cargos del mismo partido, según se desprende de un auto del 30 de julio, pero también de los Consistorios de Madrid y de Toledo.

Y para determinar el alcance de los presuntos hechos delictivos, el magistrado ha reclamado a los responsables de las constructoras OHL, Azvi, FCC, Sando y Sacyr-Vallehermoso que aporten documentación concreta sobre algunas de estas adjudicaciones, FCCSacyr-Vallehermosopuesto que podrían estar relacionadas con las donaciones delos papeles de Bárcenas. Según la querella presentada inicialmente por Izquierda Unida, Ecologistas en Acción y la Asociación Libre de Abogados (ALA), varias de estas obras públicas coincidían en el tiempo con los asientos contables de Bárcenas.

En el caso de Sacyr-Vallehermoso, el juez ha pedido a la empresa que estuvo dirigida por el empresario Luis del Rivero, imputado en el procedimiento, que identifique a los directivos o empleados de la mercantil o de su grupo de empresas que han participado en la negociación de los contratos con los ministerios de Medio Ambiente y Fomento, pero también con el Ayuntamiento de Toledo, en los ejercicios de 2003 a 2007. Esta diligencia tiene gran importancia ya que Bárcenas en su declaración llegó a dar el nombre del que fuera consejero delegado de la constructora Manuel Manrique como la persona que presuntamente le había dado 200.000 euros con destino al PP de Castilla-La Mancha. Esta entrega se habría producido a petición de la secretaria general del PP y presidenta castellanomanchega, María Dolores de Cospedal. Una vez que el juez confirme que Manrique formaba parte de la constructora, Ruz podría citarle a declarar a la Audiencia Nacional. 

Al igual que con Sacyr-Vallehermoso, el juez ha reclamado a la sociedad Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que identifique también a los directivos o empleados que han participado en la negociación de los contratos con los ministerios de Medio Ambiente y Fomento (periodo 2003-2004). Pero también como con el Ayuntamiento de Madrid (2003-2008). En este sentido, la querella de IU identifica únicamente una de las obras adjudicadas por el Consistorio de la capital de España, que es la construcción de un tramo de la Calle 30 (antigua M-30 madrileña). Los papeles de Bárcenas atribuyen al expresidente de FCC José Mayor Oreja donaciones por 160.000 euros.

La empresa OHL, del empresario Juan Miguel Villar Mir, también ha sido emplazada por el magistrado para que aporte el organigrama del grupo de empresas, identificando a los directivos de la firma entre 2004 y 2011. En este caso, el juez alarga el periodo de tiempo hasta 2011, que es el año en el que se habría producido la última donación, que supuestamente llegaron a manos del tesorero que sustituyó a Bárcenas, José Manuel Romay Beccaría, 300.000 euros de Villar Mir.

Uno de los casos concretos que ya investiga Ruz es la adjudicación por parte del Ministerio de Fomento el 22 de enero de 2004 del contrato para la construcción de las obras de la autopista de peaje Madrid-Toledo. Esta obra fue acordada por el Consejo de Ministros el 13 de febrero de 2004, un mes antes de la celebración de las Elecciones Generales del 14 de marzo de 2004, según consta en la querella inicial.

El ministro responsable de esta decisión fue Francisco Álvarez-Cascos, que según los papeles de Bárcenas percibió sobresueldosFrancisco Álvarez-Cascos. Álvarez-Cascos declarará el próximo 13 de agosto como testigo en la causa, el mismo día en el que testificará Javier Arenas. Ambos fueron citados por Ruz antes de que el Ministerio Público contestara sobre la conveniencia de esta diligencia. Al día siguiente, el 14 de agosto, será el turno de la actual secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

Autopista Madrid-Toledo

Según se refleja en los manuscritos contables de Bárcenas, Sánchez Domínguez (Sando) pagó 100.000 euros al PP el 24 de febrero de 2004. esta fecha coincide con el segundo día laborable después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el Real Decreto en el que se informaba de la adjudicación de la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Madrid-Toledo. Ese mismo día también se publicó la adjudicación de la autovía libre de peaje A-40 de Castilla-La Mancha, concesión de la que también resultó adjudicatario Sando.

Ruz también incluye hasta dos peticiones en relación a la Autopista Madrid-Toledo. El primero con destino a la empresa Azvi, que ganó el concurso en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Sando, entre otras. Y lo hace para que el representante legal de Azvi entregue al Juzgado Central de Instrucción número 5 toda la documentación sobre el proceso de adjudicación de la concesión de la autovía Madrid-Toledo, así como la totalidad de las actas de la mesa de contratación correspondientes a dicha concesión. El segundo requerimiento sobre esta autopista tiene como destino a José Luis Sánchez Domínguez, de Sando. Le encomienda que entregue toda la documentación sobre el proceso de adjudicación de la concesión, "incluyendo la totalidad de las actas de la mesa de contratación correspondiente a dicha concesión". Precisamente, el pasado 19 de julio el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para la tramitación de la norma que compensará a la sociedad concesionaria de la Autopista Madrid-Toledo en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2011.

En relación con las donaciones al PP, Ruz ha emplezado a la empresa Azvi que aporte toda la documentación en la que se reflejen las donaciones efectuadas para la realización de foros, eventos o patrocinios financiados por el grupo en los que hayan participado partidos políticos entre 2002 y 2008.

Del Rivero se querella por los papeles de Bárcenas

Declaraciones como testigos

Al margen de las constructoras, el juez ha citado a declarar como testigos al empleado de la caja del PP Antonio Ortiz y al exgerente Cristóbal Páez. Según Bárcenas, este último tuvo en su poder la contabilidad manuscrita del PP durante varios meses tras la detención de Francisco Correa. También el juez exige al PP que identifique a las personas que trabajaron como secretarios de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Otras diligencias solicitadas por Ruz están encaminadas a conocer la existencia de una comisión de infraestructuras dentro del PP, en la que habría participado el empresario Antonio Vilela Jerez.

Además, entre las decisiones del juez también se incluye la denegación de la petición de la representación legal de IU para que declare el expresidente del Gobierno José María Aznar, y también la de otras diligencias en relación al expresidente balear Jaume Matas y al excargo del Gobierno navarro Calixto Ayesa. 

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