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Gobierno de coalición

Sánchez e Iglesias activan su comisión sobre discrepancias al hilo de las primeras fricciones por el control de fronteras

Han tardado cinco semanas en llegar, pero ya están aquí. Fuentes de Unidas Podemos confirmaron a los medios su preocupación por una información del diario El País según la cual el Ministerio del Interior trabaja en un endurecimiento de la Ley de Asilo, un tema en el que la formación de Pablo Iglesias siempre ha sido muy sensible. Un malestar que hicieron extensible a las declaraciones que, desde su punto de vista, elogiaron la decisión de la justicia europea de considerar legales las devoluciones en caliente: el rechazo en frontera de cualquiera que intente entrar en España de manera irregular sin darle siquiera la oportunidad de solicitar asilo.

“Esperamos que el Ministerio del Interior aclare cuanto antes el malentendido”, indicaron las mismas fuentes, consultadas por infoLibre. “Apostar por endurecer la ley contra las personas que vienen a trabajar a nuestro país huyendo del hambre y de la guerra o elogiar sentencias que avalan la violación de sus derechos humanos no sólo es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de gobierno de coalición, es además lo contrario de lo que desean la inmensa mayoría de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos”.

Sobre este asunto, el acuerdo de coalición sobre el que descansa el programa de Gobierno se limita a decir que “se elaborará una nueva Ley de Asilo que se adapte a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales”.

Señala, sin embargo, que el Gobierno promoverá “una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas”. Y que “se modificará el sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de Protección Internacional, adaptándolo a la normativa europea y a la nueva realidad del país para hacerlo más eficiente y solidario”.

“España”, añade el pacto PSOE-Unidas Podemos, “seguirá comprometida con la atención de aquellos migrantes que llegan a nuestro país en situaciones de alta vulnerabilidad, mejorando la coordinación de todos los actores involucrados en la atención humanitaria y en la identificación de vulnerabilidades, especialmente las mujeres víctimas de trata y los menores”.

La declaración del ministro del Interior en su comparecencia ante el Congreso del pasado martes en la que aseguró que, con “respecto de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay una cuestión muy clara que viene a manifestar y manifiesta que la violencia es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales”, no ha gustado nada en Unidas Podemos.

Interior no quiso comentar este jueves el malestar en las filas de la formación morada, pero fuentes de la Moncloa consultadas por infoLibre precisaron que la información de El País sobre los planes de Marlaska para endurecer el asilo se basa en un borrador del pasado octubre, antes incluso de las elecciones de noviembre que dieron lugar al acuerdo de coalición. Las mismas fuentes no añadieron nada en relación con las devoluciones en caliente.

Las voces críticas con la sentencia han sido numerosas en las filas de Unidas Podemos, pero no ha ocurrido lo mismo en el PSOE. El Ministerio del Interior trasladó a Europa Press que el Ejecutivo respeta y acata la sentencia, “como no puede ser de otra manera”.

Por el contrario, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró el viernes que no comparte la resolución adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y añadió que España debía “estar a la altura de las exigencias de los derechos fundamentales”.

También el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, reafirmó el martes el rechazo de su organización a las devoluciones en caliente, y aseguró que en el seno del Gobierno y de la coalición “se va a trabajar” para que España cumpla los Derechos Humanos.

La comisión de coordinación

El disenso en torno a esta cuestión coincide con la activación —prevista para este jueves— de la comisión de coordinación a través de la cual los dos partidos quieren gestionar sus discrepancias y ha venido a empañar, al menos parcialmente, "el excelente balance de cordinación" y "la fluidez de relaciones" que ambas partes aseguran haber tenido desde la formación del Gobierno. 

El protocolo que PSOE y Unidas Podemos firmaron en enero, siguiendo el modelo que regula las relaciones entre el PSE y el PNV en el País Vasco, detalla herramientas, comisiones y procedimientos ideados para evitar que “las discrepancias que se produzcan” afecten a “la estabilidad del gobierno” y erosionen “la confianza de la coalición”.

El acuerdo obliga a los dos partidos a regir sus relaciones “en todo momento con diálogo, consenso, negociación y buena fe para implementar eficazmente el programa conjunto”.

Ambas partes acordaron que “el principio de diálogo y búsqueda de consenso será especialmente aplicado para el caso de discrepancia entre los socios”. “En casos excepcionales, para el caso en que los instrumentos previstos en este acuerdo no fueran suficientes para superar una discrepancia, al menos se acordará su alcance y la publicidad que los socios darán a la misma, tanto en sede parlamentaria como ante los medios de comunicación”.

La coordinación se llevará a cabo a través de dos comisiones de coordinación, una dominada por representantes del PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno y la otra formada por representantes de cada grupo parlamentario. En la primera, que han bautizado como permanente, se sentarán seis personas a propuesta de la parte socialista del Ejecutivo (dos representantes de la Presidencia de Sánchez, dos de la Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo, un representante de la Secretaria de Estado de Comunicación y otro del grupo parlamentario) y cuatro de la morada (dos de la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias, otro de su área de comunicación y un representante del grupo de Unidas Podemos).

Una comisón de diez miembros

Los representantes del PSOE serán su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra; el director de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo; su secretario general, Félix Bolaños; la directora del gabinete de Carmen Calvo, Mª Isabel Valldecabres; el subsecretario de Relaciones con las Cortes, Antonio Hidalgo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Por parte de Unidas Podemos estarán Juanma del Olmo, director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno; Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso; Julio Rodríguez, jefe de Gabinete de Iglesias, y Ione Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030.

El protocolo trata de minimizar el riesgo de discrepancia asegurando la coordinación y la difusión de las iniciativas de ambas formaciones, sobre todo en aquello que no está expresamente previsto en el acuerdo de gobierno. Sus miembros tienen como misión revisar el “funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de los objetivos, así como coordinar la acción de ambos socios, unificar criterios y consensuar posiciones políticas”.

Las normas pactadas para el funcionamiento interno de la coalición sujetan la acción del gobierno al “respeto a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico”. En particular “se cumplirá lo previsto en el artículo 98 de la Carta Magna, según el cual “el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión”.

La comisión permanente será responsable de hacer el seguimiento del pacto e impulsar su cimplimiento y pondrá en común la agenda política y del gobierno para coordinar la acción de los socios y “la respuesta a los eventos políticos que se produzcan y las iniciativas de otros actores politicos a fin de mantener la unidad de acción de la coalición”. También coordinará y programará “de forma consensuada” las acciones decomunicación de las iniciativas del programa común y solventará “las discrepancias en el gobierno en relación con el acuerdo programático”.

PSOE y Unidas Podemos han pactado también el compromiso de “mantener una estrategia de comunicación coordinada y compartida” que se acordará en la comisión permanente de seguimiento. “Los ministerios deberán comunicar con antelación suficiente a la Secretaría de Estado de Comunicación”, que depende de Sánchez y es el órgano “encargado legalmente de la coordinación de la política informativa del Gobierno”, los “principales anuncios y compromisos que se vayan a realizar. Igualmente se comunicarán estos anuncios y compromisos a los gabinetes de comunicación del PSOE y de Unidas Podemos”.

“Los ministros”, según el protocolo de coordinación, “respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos de otros ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros”.

Como en todas las materias en las que PSOE y Unidas Podemos mantienen diferencias de fondo, el apartado del acuerdo de gobierno que se ocupa del asilo y las migraciones es deliberadamente ambiguo. La formación morada ha rechazado en el pasado el modelo de fronteras asumido por el PSOE tras la moción de censura. Considera que se basa en la “militarización” y la “securitización de la política migratoria”, en vez de regirse en primer lugar por el cumplimiento de los Derechos Humanos por parte de España en esta materia.

Los de Iglesias defienden el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) que el PSOE quiere mantener, lo que motivó que los morados les acusasen en el pasado de practicar “una política racista”.

Las llamadas devoluciones en caliente —la entrega a Marruecos de inmigrantes sin respetar su derecho a solicitar asilo—, que el PSOE denunciaba cuando gobernaba el PP, pero que ha practicado en varias ocasiones desde que Sánchez llegó a la Presidencia, también alimentó la controversia con Unidas Podemos. Como el trato dado al Open Arms, el barco de rescate de náufragos en el Mediterráneo al que el Gobierno de Sánchez no sólo puso dificultades para seguir operando sino al que negó el año pasado la posibilidad de desembarcar inmigrantes en puerto español alegando que, por proximidad, deberían ser trasladados a Italia o Malta.

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