El sector de la energía solar acusa al Supremo de hacer política con su respaldo al 'impuesto al sol'

El Tribunal Supremo ha protagonizado un nuevo golpe, contundente pero no definitivo, a los opositores de lo que conocemos como impuesto al sol: el peaje de respaldo para los usuarios de una electricidad generada por instalaciones fotovoltaicas o eólicas y autoconsumida, que supone en la práctica que la electricidad que el usuario genera en su placa solar y consume su frigorífico está gravada y contribuye al mantenimiento de todo el sistema eléctrico. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) asegurando que "no tiene razón la recurrente cuando afirma que se imponen a los autoconsumidores cargos que no pagan los consumidores ordinarios". Los argumentos del tribunal se basan en considerar que "el criterio empleado" por el Real Decreto 900/2015 puede resultar "objetable" para Anpier, pero que se ajusta a derecho.

A no ser que cuente con baterías, el autoconsumidor eléctrico generalmente tiene acceso al consumo de la red eléctrica en caso de ausencia de viento o de sol. Paga, como es lógico y no es discutido, lo correspondiente a esa conexión, tanto en términos de potencia contratada como de energía consumida. El origen del debate y de la oposición está en las tasas que son relativas a la energía que genera el propio usuario y que el propio usuario consume, sin interferencias del sistema.

La factura eléctrica se divide en dos partes: potencia instalada, que es lo que todos los usuarios de la red pagan indiferentemente de lo que consuman, y la energía consumida. Este último bloque, a la vez, se divide a la vez en dos: lo relativo al precio de mercado, que los autoconsumidores no pagan si se la han generado ellos, y los costes del sistema, que los autoconsumidores pagan por cada kilowatio que consumen independientemente de su procedencia. Es lo que levanta las críticas feroces de ecologistas, asociaciones de consumidores y el lobby solar, que lo califica de "disparate". Es, aseguran, como si el Gobierno te cobrara el IVA por las peras que recoges y te comes de tu peral. O como si alguien que cuenta con bombillas LED en su casa y de un frigorífico eficiente pagara en costes del sistema lo relativo al 30% de consumo que se ahorra.

Llama la atención de las asociaciones de energía fotovoltaica que el Supremo reconoce este hecho, pero niega que se trate de una desventaja de los autoconsumidores con respecto al resto: "En efecto, no puede calificarse así el hecho de que la metodología básica aprobada por el Gobierno en dichos preceptos tenga en cuenta como uno de los factores de cálculo el total de la energía consumida", dicta la sentencia. El secretario general de Anpier, Juan Castro-Gil, asegura que su organización valora de manera “bastante negativa” el pronunciamento. "Consolida una normativa contra el sentido común y la normativa europea", se lamenta.

Asegura que la sentencia del Tribunal Supremo tiene "un contenido político que no debiera tener". Asegura que Ampier intentaba demostrar que la norma que regula el autoconsumo está técnicamente mal diseñada, pero que el Alto Tribunal se sale por peteneras y entra a criticar el uso del término impuesto al sol cuando se trata de una expresión no utilizada impuesto al sol ni una sola vez en el recurso al decreto. "Legislar disparatadamente, a veces, no es ilegal", concluye Castro-Gil. La asociación intenta anular el decreto basándose en que los criterios para fijar la cuantía exacta del peaje de respaldo no son claros y que, por tanto, generan inseguridad. El Supremo hace un análisis de la norma para concluir que "podrá considerarse que estos criterios constituyen una metodología insuficiente, pero en todo caso, no puede afirmarse que la fijación de los cargos quede a discreción de la Administración o que el sistema resulte arbitrario por su excesiva indeterminación". 

"El Supremo asume el argumento del Gobierno, que es falaz", asegura, por su parte, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso. "La sentencia nos deja un poco sorprendidos", admite, sobre todo por esa mención al término impuesto al sol. Tanto Donoso como Castro-Gil reconocen lo evidente: la expresión impuesto al sol es una manera de comunicar el problema, pero es inexacto. "Se trata de una carga injusta, no de un impuesto, porque lo recaudado no va a los Presupuestos Generales del Estado, va al sistema", explica Donoso, lo que, a su juicio, no explica por qué el TS se pronuncia sobre ello cuando no aparece en el recurso de Anpier. "El Tribunal Supremo no entra en la profundidad del tema. Está habiendo una discriminación", asegura.

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La última esperanza es Europa

Ampier indica que se tomarán unas semanas para analizar a fondo la sentencia y decidir qué camino tomar, aunque en principio descartan el recurso de amparo. Su esperanza radica en el borrador de la Directiva de Energías Renovables, a debate por la Comisión Europea. "La directiva es inaplazable y está a punto de aprobarse", explica su secretario general, que no tiene género de duda: "Esta directiva es fulminante. Son cosas que estarán terminantemente prohibidas" cuando se apruebe. El borrador, al menos por ahora, reza así: "Dada la creciente importancia del autoconsumo de electricidad renovable, es preciso establecer una definición de los autoconsumidores de energías renovables, así como un marco normativo que habilite a estos últimos para generar, almacenar, consumir y comercializar electricidad sin hacer frente a cargas desproporcionadas".

Por otro lado, UNEF está a la espera de la resolución de su propio recurso que, como explica Donoso, incluye "pruebas periciales" para intentar demostrar la injusticia del peaje de respaldo a los autoconsumidores. Aunque, dado lo que ha pasado con el recurso de Ampier, no son demasiado optimistas. Con respecto a la vía política, en UNEF son claros: "Tendremos que esperar a una mayoría parlamentaria alternativa. Esperamos que en el futuro haya un gobernante con más sentido común". No les basta que el Gobierno esté en minoría en el Congreso, como se demostró el pasado marzo. Ciudadanos se unió al PP para mantener el impuesto el sol, gracias a que el Ejecutivo vetó la propuesta de derogación argumentando que la ley privaría al Estado de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que, según sus cálculos, provocaría la consecuente reducción de los peajes. Esa fue la principal razón, porque la Constitución permite al Gobierno paralizar la tramitación parlamentaria de iniciativas que considera que alteran los presupuestos en curso. Un informe de la organización, detallado por infoLibre, calcula que el impacto fiscal no es de 162 millones, sino de 21,5 millones, utilizando los mismos datos que el Gobierno.