Los colectivos en defensa del derecho a una muerte digna fueron grandes impulsores políticos y sociales de la Ley de Eutanasia que en 2020 salió adelante en el Congreso de los Diputados por amplia mayoría absoluta. A lo largo de 2021 la norma comenzó a aplicarse y, desde entonces, estas mismas organizaciones vienen advirtiendo de diversas carencias —desde la burocracia a la formación del personal sanitario, pasando por la dilación de las solicitudes, que en el caso gallego Derecho a Morir Dignamente (DMD) Galicia atribuye fundamentalmente a la Xunta.
Con este telón de fondo el Ministerio de Sanidad acaba de actualizar los datos de aplicación de este derecho con la nueva edición del “Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir”, correspondiente a 2024. En lo relativo al territorio gallego el documento muestra que 42 personas recibieron la eutanasia en Galicia desde que la ley está en vigor y hasta el final del pasado año. Pero también que la mayor parte de los procesos iniciados al amparo de la ley concluyen sin una prestación de ayuda para morir: así sucedió en casi el 60% de los casos.
Siempre según los datos del Ministerio, de 2021 a 2024 finalizaron 98 procedimientos iniciados en Galicia conforme a la Ley de Eutanasia. Un total de 42 terminaron con una prestación de ayuda para morir a las personas que así lo pidieron, mientras que 56 concluyeron con revocaciones —renuncias a la petición—, denegaciones por parte de las comisiones médicas y éticas que valoran las solicitudes o con la muerte de la persona solicitante antes de poder acceder efectivamente a la eutanasia.
Aunque con una proporción un poco menor, este fenómeno se reprodujo en el último año analizado en detalle, 2024. En ese año finalizaron en Galicia 34 procedimientos de la Ley de Eutanasia —el cómputo total incluye solicitudes que habían sido formuladas en años previos— y la conclusión de 16 fue la ayuda a morir. Media docena de estos procesos no finalizaron con la muerte asistida de la persona enferma que lo había pedido porque renunció (revocación) y tres solicitudes fueron denegadas.
En el total estatal la proporción es similar a la gallega y el propio Ministerio evidencia que “menos de la mitad de los procesos que finalizaron en 2024 terminaron en la realización de una prestación de ayuda para morir, concretamente un 45,86%”. Un tercio “fueron un fallecimiento previo a la prestación” y un 15%, denegaciones, mientras que “la proporción de desistimientos fue menor”, algo menos de un 6%.
Especialmente significativo es, en el total de casos también en Galicia, las muertes registradas de personas que pidieron la eutanasia pero que fallecieron por otras causas antes de poder acceder al derecho. Durante 2024 fueron nueve, casi el 30% del total.
En este punto organizaciones como DMD ponen el foco en los plazos de tramitación. Según el citado informe, en el año 2024 la media de días transcurridos en Galicia entre la primera solicitud y la prestación efectiva del derecho a morir fue de 157,87 días, la más elevada del Estado. El segundo valor más alto es el de Andalucía, con 113.
El Ministerio ofrece también, no obstante, el dato mediano de los tiempos de tramitación de las solicitudes de eutanasia y pone el foco en él “por ser una medida capaz de describir la posición central del conjunto de datos sobre plazos” y estar “menos distorsionada” por casos puntuales que se dilaten más que el resto. Ese valor mediano estuvo en Galicia en 59 días durante 2024, mientras que la media estatal se situó en 62.
Los colectivos en defensa del derecho a una muerte digna fueron grandes impulsores políticos y sociales de la Ley de Eutanasia que en 2020 salió adelante en el Congreso de los Diputados por amplia mayoría absoluta. A lo largo de 2021 la norma comenzó a aplicarse y, desde entonces, estas mismas organizaciones vienen advirtiendo de diversas carencias —desde la burocracia a la formación del personal sanitario, pasando por la dilación de las solicitudes, que en el caso gallego Derecho a Morir Dignamente (DMD) Galicia atribuye fundamentalmente a la Xunta.