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Los abusos de la banca

Siete millones de fianza para cada uno de los dos empresarios detenidos en el ‘caso CAM’

El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha acordado este lunes la prisión provisional, eludible con una fianza de 7 millones de euros, para los empresarios José Salvador Baldó Llorens y de Juan Vicente Ferri Guardiola al considerar que el riesgo de fuga "es notable" al aumentar la probabilidad de que sean condenados a penas graves. Además, ambos cuentan con medios económicos en el exterior que les permitiría eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao, país que no tiene convenio de extradición con España.

El juez les acusa de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, apropiación indebida y blanqueo de capitales por sacar de forma ilegal varios millones de euros relacionados con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Además, según Bermúdez, en la causa constan "fuertes indicios de que los imputados tienen cuentas bancarias en Andorra y que podrían haber cometido delito de blanqueo de capitales".

En concreto, los dos empresarios, titulares de la sociedad Valfensal, que fue adquirida en un 30% por la caja, informaron al ex director general de la entidad levantina, Roberto López Abad, y al también directivo Daniel Gil, de su intención de adquirir una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal, "a la que poder desviar la mayor parte de los ingresos obtenidos por la explotación de los hoteles que se tenían previsto adquirir o construir", indica el auto de Bermúdez firmado este lunes.

Estructura en Antillas Holandesas

El magistrado explica que la estructura económica en las Antillas holandesas (actual Curaçao), la crearon Ferri y Baldó mediante la utilización de una sociedad pantalla y con una actividad meramente aparente, denominada denominada Jacksonport Corporation NV, "con el fin de eludir las obligaciones fiscales en España".

Gómez Bermúdez asegura que este extremo ha sido reconocido por el asesor fiscal en su declaración ante la Guardia Civil, ratificada en el juzgado, que elaboró dos informes defendiendo la legalidad de la referida estructura. "Siempre y cuando el centro de decisiones estuviera en Curaçao", isla en la que la organización disponía de una estructura "ínfima" destinada a tributar sólo el 3%, conforme a la legislación antillana". Pero estos informes sirvieron para que los directivos López Abad y Gil los utilizaran para justificar ante los órganos de decisión y control de la CAM la legalidad de la estructura societaria en la que se articulaba el Grupo Valfensal, "venciendo así toda posibilidad de resistencia por parte de los órganos de la caja". "Esta estructura solo tenía sentido para eludir las obligaciones fiscales en España, lo que requiere, a su vez, de falsedades instrumentales tanto documentales como contables", destaca el magistrado de la Audiencia Nacional.

Un vehículo para transferir dinero

Los empresarios Ferri y Baldó fueron los encargados de planificar la adquisición de la sociedad Valfensal, con el objetivo fundamental de utilizarla como vehículo a través del cual obtener la financiación necesaria por parte de la CAM, y posteriormente transferir este flujo de capital a sus sociedades participadas radicadas en el extranjero, sin que la caja obtuviera una contraprestación equilibrada.

En los nueve últimos ejercicios tributarios ambos empresarios, con la colaboración de López Abad y Gil, habrían estado eludiendo el pago de impuestos a la hacienda pública española, situando la mayor parte de los beneficios obtenidos por la explotación de estos hoteles en territorio antillano. "Jacksonport, a 31 de diciembre de 2011, presenta unos beneficios acumulados pendientes de aplicación de 30,4 millones de dólares de Estados Unidos".

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Los investigadores han podido comprobar que durante diez años la CAM no ha obtenido rentabilidad por su inversiónCAM no ha obtenido rentabilidad, y por el contrario ha desembolsado importantes sumas de dinero para Valfensal, tanto por la vía de financiación como por su propia aportación al capital social y financiación incluso de ampliaciones de los socios.

Un teléfono y un administrador

En su declaración, que se ha desarrollado este lunes en la Audiencia Nacional, ambos imputados han reconocido que Jacksonport sólo tenía en Curaçao un domicilio, un teléfono y un administrador, tal y como exige la legislación de las Antillas Holandesas. "Pero esto no es admisible para la legislación fiscal española que, con tal estructura, considera que el centro de decisión está en España y que por lo tanto tiene que tributarse en España".

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