Prisiones

Los sindicatos de funcionarios de prisiones plantean un otoño de movilizaciones por la falta de personal y las agresiones

El sindicato Acaip, de funcionarios de prisiones, en una manifestación en Sevilla.

Al igual que el sector de la seguridad privada, los funcionarios de prisiones también preparan un otoño de movilizaciones. Pretenden continuar las manifestaciones que comenzaron antes de verano y que duraron todo el periodo estival, con una agenda deslocalizada: las concentraciones se han sucedido en diferentes provincias, enfrente de distintas subdelegaciones de Gobierno. “Somos un servicio público, estamos dispuestos a dar lo que sea, pero no a que nos agredan”, denuncia Juan Figueroa, el vicepresidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), el sindicato mayoritario al frente de las protestas. Denuncian que no dan abasto. “Hay un problema de falta de personal. Desde 2010, la Administración ha seguido abriendo centros. Pero no contratan a más gente”, afirma Figueroa.

Los datos que ofrece el sindicato son contundentes. Reclaman que hay un déficit de 2.100 vacantes de funcionarios y personal laboral. Puestos que no se cubren porque la Administración no contrata. Con los centros de Ceuta y Málaga, construidos pero sin abrir, la cuenta sube a 3.000, como cifra el otro gran sindicato, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). Ello deriva en un hacinamiento en determinados centros, ya que la falta de personal ocasiona que 50 módulos en todo el territorio nacional se encuentran cerrados. Las dificultades en la gestión se traducen, concluye el sindicato, en un aumento del 15% de agresiones en los últimos años a los funcionarios (2.211 en los últimos cuatro años). No son considerados agentes de autoridad, como profesores o sanitarios tras la última reforma.

Un funcionario, de media, es agredido cada día en un centro penitenciario dependiente de Interior, argumenta Acaip. Y el daño producido no es tan obvio como pudiera parecer desde fuera. “Si el preso tiene una situación personal o familiar delicada, pues mira, lo entiendes. Pero cuando te pegan sin ninguna justificación, el daño psicológico es tremendo. Imagina qué impotencia”, explica Figueroa. El vicepresidente de la organización añade un dato para argumentar esta violencia entre rejas, esta indefensión: “No hay seguimiento de personas con problemas mentales. Estamos en una situación insostenible”. En cada centro, asegura, hay cinco o seis médicos más los aportados por cada Comunidad Autónoma. En cárceles como las de Cáceres, Soria o Santa Cruz de la Palma, no hay un solo psicólogo. Hay, además, dos centros psiquiátricos penitenciarios, uno en Sevilla y otro en Alicante, con más carácter hospitalario que penitenciario. Insuficientes, a juicio de Figueroa, cuando, según los datos que maneja el sindicato, el 25% de los reclusos tiene una enfermedad mental diagnosticada y el 40% cuenta con un tratamiento farmacológico para dolencias de carácter mental.

Instituciones Penitenciarias argumenta que el ratio de funcionarios/reclusos es de uno por cada dos. Los números, en frío, sugieren eso. Según el Anuario del Ministerio de Interior de 2016 –el último disponible–, en ese año había 51.029 presos dependientes de la Administración española. Cataluña tiene transferidas esas competencias, contando con 8.560 reclusos. Los funcionarios son 23.351. Sin embargo, no todos ellos tienen contacto directo con los presos. Los que pertenecen a esta categoría son unos 15.000, según estimaciones de Acaip. “El Ministerio utiliza los datos de manera tramposa. Es una trampa estadística. No hay un ratio real de uno por cada dos. No todos los funcionarios entran a trabajar a la vez. En el mejor caso, en el total de los centros, hay 1.800 trabajadores por esos 50.000 reclusos”, denuncia Figueroa. La cifra de presidiarios en estos centros ha bajado en picado desde 2010, cuando se alcanzó un pico de 73.929 personas (contando a Cataluña). 

“El problema número uno es la falta de funcionarios. Son matemáticas, es evidente. Pero el problema a futuro es la edad de esos funcionarios”, considera Francisco López Llamazares, de APFP. Según sus cálculos, 7.000 de esos 23.351 trabajadores cuenta con entre 50 y 60 años. Y 491 tiene más de 60 años. “En 15 años, la mitad se van”. El representante de Acaip añade, además, que uno de cada tres funcionarios de prisiones fallece antes de la edad de jubilación y otro tercio se jubila anticipadamente por problemas de salud.

Ante la inacción del Ejecutivo y la falta de interlocución, como asegura Llamazares –el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, no ha aceptado ni una de las peticiones para concertar una reunión–, ambos sindicatos plantean numerosas movilizaciones en lo que resta de 2017. Acaip ya ha protagonizado un verano movido: a las concentraciones en cada provincia se suma una acción reivindicativa de ámbito nacional que está llevando a cabo en estos días. Se llama Cada agresión, una donaciónCada agresión, una donación, y propone que los funcionarios donen sangre por cada agredido en 2016, 360 trabajadores. Ya llevan 462.

En la primera quincena de septiembre se realizarán acampadas reivindicativas en 10 provincias de España. A partir de este momento, se prevén manifestaciones cada vez más numerosas. La de la segunda quincena de septiembre, en Madrid, contará con un representante de cada centro penitenciario. A la de la primera quincena de octubre están convocados todos los representantes de Acaip. Durante la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre están en la agenda dos manifestaciones, una en Valladolid y otra en Granada, que convocan a todos los trabajadores de la mitad norte del país y de la mitad sur, respectivamente. El calendario culmina con una gran movilización, a finales de noviembre, de todos los trabajadores, en Madrid. Un grito será unánime: la petición de que dimita Ángel Yuste, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias. Su sueldo está entre los diez más altos del Gobierno. Al cierre de este reportaje, la institución que dirige no ha respondido a las preguntas de infoLibre.

El otro gran sindicato, APFP, escribió el pasado mes una carta abierta al presidente de Acaip, pidiendo unificar esfuerzos y que el calendario de movilizaciones sea compartido, ya que la mayoría de las reivindicaciones son las mismas, y en septiembre tienen planteada una manifestación con proclamas muy similares. “La única beneficiaria por la falta de unidad sindical es la Administración Penitenciaria, que es consciente de que la falta de unión del colectivo es un elemento imprescindible para poder seguir haciendo y deshaciendo lo que se les antoje”, reza el escrito.

“Queremos que la ciudadanía sea consciente de lo que está pasando, y que sea consciente de que somos un servicio público”, asegura Figueroa. Se sienten por debajo, en cuanto a trato por parte del Ministerio del Interior, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No quieren ser “el patito feo de la Administración”.

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