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Caso Pujol

¿Sirve para algo la Oficina Antifraude de Cataluña?

El expresident Jordi Pujol, este sábado en su residencia veraniega en Queralbs (Girona).

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), organismo encargado de la lucha contra la corrupción en Cataluña y que está adscrito al Parlamento catalán, se encuentra en el centro del huracán político surgido tras la confesión de Jordi Pujol.

El expresidente de la Generalitat entre 1980 y 2003 reconoció en una carta que desde el fallecimiento de su padre, Florenci Pujol i Brugat, en 1980, su mujer y sus hijos han mantenido el dinero de la supuesta herencia recibida en Andorra fuera del control del fisco español. Esta herencia, según el mismo comunicado, se regularizó después de la amnistía fiscal de Montoro pero antes de que se iniciara una investigación, por lo que la familia Pujol podría librarse del delito contra la Hacienda Pública.

Antifraude es un organismo que, pese a estar adscrito al Parlamento no mantiene ninguna dependencia orgánica de la Cámara catalana. Su director, el exjuez Daniel de Alfonso, fue nombrado por un periodo de 9 años, por lo que su mandato abarca tres legislaturas. En esta oficina, que tiene un presupuesto de 4,7 millones anuales, trabajan 47 personas. Entre ellas hay fiscales, arquitectos, secretarios de ayuntamientos y agentes policiales, todos ellos en excedencia.

Su cometido, según la ley que creó la Oficina Antifraude, es investigar las conductas fraudulentas en el sector público catalán, por lo que no puede abordar delitos privados. Solo está autorizada a actuar si existen fondos públicos, explica a infoLibre un portavoz de la oficina catalana, que niega que haya ninguna colisión con la Fiscalía. "De hecho están muy contentos con nosotros, pues nos piden pruebas periciales, ya que son conscientes de que nosotros sí tenemos los medios necesarios para hacerlas", argumentan desde la Oficina.

Manos Limpias

Un portavoz del sindicato Manos Limpias, que es el que ha presentado la querella contra el expresidente catalán Jordi Pujol Soley y contra su mujer, Marta Pujol Ferrusola, ha anunciado a este periódicosu intención de ampliar la querella de la familia Pujol, con la finalidad de incluir en la misma a los dirigentes de la Oficina Antifraude de Cataluña. Según el sindicato, este departamento miró para otro lado, especialmente cuando varios empresarios informaron de un presunto chantaje que habían sufrido de algunos dirigentes de la Generalitat.

Fuentes de Antifraude, por su parte, niegan haber recibido ninguna denuncia de empresarios relacionada con los Pujol y retan al sindicato a que muestre la documentación: "De las 715 investigaciones no hay ninguna de empresarios contra los Pujol", especifican las citadas fuentes, que solicitan el anonimato a infoLibre. De hecho, el director de Antifraude, Daniel de Alfonso, ha asegurado estar estudiando la posibilidad de ejercer acciones legales contra Manos LimpiasManos Limpias.

La única investigación sobre los Pujol

La única investigación realizada por la Oficina Antifraude de Cataluña sobre la familia Pujol se llevó a cabo tras las comparecencias de María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, los días 4, 6 y 12 de marzo de 2013. Y tras una evaluación preliminar, el director Daniel de Alfonso informó de sus pesquisas al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Pablo Ruz. Siempre según la versión de Antifraude, también suministró al juez todas las pruebas aportadas por la denunciante, entre las que se encontraba el ordenador personal de la expareja del primogénito de la familia Pujol-Ferrusola. Y ala Fiscalía AnticorrupciónFiscalía Anticorrupción le envió las conclusiones de su investigación, así como una copia de los documentos depositados por María Victoria Álvarez.

Esta versión difiere de la hecha pública por la propia exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, quien tres meses después de haber declarado ante Ruz, aseguró haber tenido acceso a información "muy peliaguda". Y la remitió a la Oficina Antifraude de Cataluña, porque su abogado le aconsejó utilizar esa vía. Sin embargo, explicó a los medios de comunicación, empezó a comprobar que esos documentos aparecían donde no debían, considerando que no habían sido entregados al juez Ruz. Este fue el motivo por el que su abogado informó al magistrado, para que reclamase esa documentación. Según esta versión, Manos Limpias les "echó una mano" en este propósito.

Caso Palau

La polémica más sonora en la que se ha visto envuelta Antifraude ha sido tras un informe relacionado con el caso Palau, por el que el juez pide siete años de cárcel para el extesorero de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) Daniel Osácar. El trabajo de la Oficina fue criticado con dureza, pues en una de las conclusiones del informe sobre la comisión de investigación del Parlament del caso se decía que "ni afirmaba ni descartaba" que Convergència Democrática de Catalunya (CDC) hubiera obtenido financiación al margen de la ley aprovechándose de la estructura del Palau de la Música.

Antifraude veía "dudas razonables" sobre los métodos a la hora de obtener fondos para la Fundación CatDem, vinculada a este partido, cuyo secretario general era Oriol Pujol, uno de los hijos del expresidente catalán, investigado en el caso ITV.

La instrucción judicial del caso Palau va mucho más allá, pues el escrito de acusación del juez da por hecha la financiación ilegal del partido de Pujol. Según el magistrado Josep María Pijuan, desde 1999, con Jordi Pujol todavía en la presidencia del Govern, y hasta los años 2008-2009, los responsables del Palau, entre ellos Félix Millet, acordaron con la empresa Ferrovial y dos cargos de CDC, Jaume Camps Rovira y el extesorero Daniel Osácar, el pago de comisiones para el partido nacionalista catalán. El juez pide 7 años de cárcel para el extesorero.

En línea con el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, el juez aseguró que en el acuerdo con Ferrovial intervinieron “otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente” sobre los cargos públicos de la Generalitat y de los Ayuntamientos comandados por CiU que debían decidir sobre las adjudicaciones. Pero estas personas no han sido identificadas.

Comisiones por obra pública

Según el relato del magistrado catalán, CDC recibió de Ferrovial Agromán, bajo el encubrimiento de donaciones, "sumas de dinero que obedecían al pago de comisiones por obra pública adjudicada a dicha constructora por el Govern de la Generalitat y por entidades públicas.

Oriol Pujol, que permanecía en su cargo de secretario general de CDC pese a la acusación del juez y del fiscal en el caso ITV, no dimitió hasta el 14 de julio pasado, apenas unos días antes de que su padre, Jordi Pujol Soley, confesara que sus familiares eran evasores fiscales.

Este escándalo también salpicó a la OAC. Según informó el diario ABC, una extrabajadora de Antifraude, concretamente Maite Masià, que ahora es la directora del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), tenía vinculaciones con el propio Oriol Pujol. Además, el presidente del consejo de administración de ICAEN es el conseller de Empresa, Felip Puig, mencionado en el último informe de la Policía Judicial (UDEF) sobre el caso de Jordi Pujol Ferrusola. El documento asegura que su hermano, Jordi Puig, era socio de los Pujol

"Las millonarias comisiones que consideramos no justificadas percibidas por Pujol Ferrusola, tienen su génesis en un negocio, mayormente involucrado con el área pública de la administración, que según medios de comunicación públicos, fue inicialmente concedido por quien en esos momentos era consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig Godes, hermano de Jordi Puig Godes, quien participa junto a Jordi Pujol Ferrusola en variopintos negocios, que dejaron pingües beneficios a ambos", especifica el informe policial, al que ha tenido acceso infoLibre.

Trama de Oriol Pujol

ABC afirmaba que la directora del Instituto Catalán de Energía "está implicada en la trama de Oriol Pujol" en las ITV. Las grabaciones de la Policía que constan en el sumario ponen de manifiesto, según el periódico, la vinculación de Maite Masià con los Pujol, pese a que no está imputada en el caso. Así, según el rotativo madrileño, Masíà fue jefa del área de Fundaciones de la Oficina Antifraude. Como tal, en 2010 colaboró en la redacción del informe que la oficina realizó sobre el caso Palau, tras acudir a las sesiones de la comisión de investigación parlamentaria.

En la Oficina Antifraude de Cataluña niegan que Masià participara en la elaboración de este informe. Además rechazan cualquier "compadreo", asegurando que el documento sobre el caso Palau fue muy crítico con la actuación de Convergència. Maite Masià, que sí es militante de CDC, completan en el departamento catalán, "era la encargada de analizar la corrupción relacionada con las universidades". Además, "no llegó a firmar ningún informe, pues apenas permaneció cinco meses en Antifraude", indican las fuentes consultadas.

Isidro Fainé

Un vistazo a la hemeroteca muestra que la Oficina Antifraude, creada en noviembre de 2008 por ley, se ha visto envuelta en otras polémicas que en el fondo cuestionaban si era un organismo útil. Una de ellas fue el archivo de una investigación contra el presidente de Caixabank, Isidro Fainé. El empresario murciano Luis del Rivero fue el autor de la denuncia en Antifraude.

La OAC concluyó en 2012 que Fainé no había cometido ninguna irregularidad al activar su fondo de pensiones en 2007, cifrado por la prensa en 20 millones de euros, cuando dejó de ser director general de La Caixa para pasar a ser el presidente.

Fuentes de Antifraude defienden que la decisión de archivar no fue de ellos, sino de la propia Fiscalía Anticorrupción en Madrid. En la OAC "tenían dudas" sobre si se podía investigar a Fainé, pues no era un cargo público, y remitieron la investigación al Ministerio Público, que acabó archivando el caso. Los hechos denunciados por Del Rivero eran similares a los incluidos en una querella anterior presentada por Manos Limpias, que ya había sido archivada y la denuncia del empresario siguió el mismo camino. 

Pero lo cierto es que, también en este caso, un asunto de trascendencia pública denunciado ante Antifraude terminó en nada.

El 3 por ciento

Con todos estos antecedentes, no es de extrañar que los partidos políticos catalanes lances críticas contra el funcionamiento de la Oficina Antifraude, que nació poco después de que el expresidente catalán, el socialista Pasqual Maragall, asegurara en el Parlament que el problema de CiU "era el 3%", en referencia al porcentaje que supuestamente cobraban como comisión ilegal por las adjudicaciones públicas. La OAC se creó con el exfiscal David Martínez Madero, una persona de gran prestigio en Cataluña, pero falleció en un viaje de trabajo y eso dejó a la institución paralizada durante meses.

El exjuez Daniel de Alfonso fue su sucesor. Entre sus logros, según explican desde la propia OAC, "está el de haber llegado a varios acuerdos con la Fiscalía". Desde entonces se le han remitido una cincuentena de casos al Ministerio Público: "Trabajamos para la Fiscalía, pues en el momento en que tenemos conocimiento de que un juez o un fiscal están investigando algo nosotros tenemos la obligación de paralizar nuestro trabajo".

Uno de los problemas que más achacan desde la oposición a Antifraude es la "falta de transparencia". Según el secretario general de Ciutadans, Matías Alonso, Antifraude es un ejemplo claro de las prácticas que se llevan a cabo en la Administración pública catalana. "Se habla de transparencia, y a la hora de pedir información te la regatean o salen por peteneras. Nosotros ya hemos tenido enfrentamientos con ellos", explica este diputado catalán.

Matías Alonso cree que el debate sobre Antifraude no está en su existencia misma, sino en la forma de funcionar: "Nosotros les achacamos cierta opacidad y falta de transparencia. Además, el director de la oficina no es un fiscal, y no debe ejercer como tal". Para este diputado autonómico, la OAC es un elemento de propaganda externa, por lo que tiene tendencia a colaborar en países "exóticos". 

En Antifraude no consideran "lógica" esta crítica, pues recuerdan que por ley tienen la prohibición expresa de identificar a los denunciados. "Los nombres de los denunciados y de los denunciantes no van a aparecer en las memorias, porque sino estaríamos infringiendo la ley", argumenta un portavoz del departamento catalán.

Alfonso "va por libre"

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En Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) también son críticos con la gestión de Antifraude. También consideran que sus conclusiones se utilizan políticamente, y al igual que Ciutadans destacan que es "poco transparente" en sus investigaciones. Y añaden que el director de la oficina, Daniel de Alfonso, a quien vinculan con el PP, "va por libre". Según ICV, si tuvieran que crear de nuevo la OAC, lo plantearían "de otra manera", apostando por la transparencia.

En Antifraude restan importancia a estas y otras críticas sobre su funcionamiento. "El 80% de los viajes los pagan las instituciones internacionales. Aunque el presidente, como cualquier persona vinculada al Parlamento, cobra 120 euros diarios en dietas si viaja al extranjero y 72 euros si lo hace dentro de España".

En cuanto al presupuesto de Antifraude, las mismas fuentes destacan que en dos años el mismo ha descendido un 18%. Además, por decisión de la dirección no se ha completado la plantilla prevista incialmente, que por ley tenía que ser de 60 trabajadores, cuando ahora mismo son 47.

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