España suspende año tras año en el índice que mide la confianza que sus ciudadanos tienen en los tribunales. La última entrega del Cuadro de indicadores de la justicia de la UE, publicada el pasado junio, deja de nuevo a nuestro país en el puesto 22 de los Veintisiete en cuanto a la independencia que la sociedad percibe en sus jueces. Ese dato, repetido año a año desde 2013, ha servido a las asociaciones judiciales conservadoras y mayoritarias en la judicatura para confirmar el mantra pesimista de la derecha política y judicial: que el Gobierno de Sánchez ataca gravemente la independencia de los tribunales. Pero las últimas encuestas publicadas muestran que son sobre todos los votantes de izquierda los que aprecian esa falta de imparcialidad de una judicatura muy mayoritariamente escorada a la derecha, una ideología política a la que la sociedad considera que favorece.
En las valoraciones sobre la independencia de los sistemas judiciales hay dos elementos tradicionalmente analizados por los organismos que supervisan nuestro sistema democrático. De un lado la independencia estructural u objetiva, es decir, si la arquitectura de nuestro Estado de derecho cuenta con todas las normas, leyes y procedimientos necesarios para garantizar esa independencia y la separación de poderes, algo que, salvo por algunas reformas puntuales, este país cumple. España nunca ha sido cuestionada por la calidad de su Estado de derecho en Europa y ni el Tribunal de Justicia de la UE ni el de Estrasburgo (TEDH) han condenado al Estado por déficits relacionados con la independencia o la separación de poderes. Año tras año, nuestro país aparece como una democracia plena en el Índice de calidad democrática de The Economist, a la altura de las mayores economías de la UE, Escandinavia, Canadá o Australia.
Si embargo, como tiene establecido el TEDH, los jueces y tribunales, y por extensión los sistemas judiciales, no solo tienen que ser imparciales y contar con todos esos mecanismos. También tienen que parecerlo. Es decir, para que todo funcione bien, los ciudadanos deben confiar en la independencia de sus jueces. Tiene que existir apariencia de imparcialidad. Pero desde que la Comisión Europea comenzó a analizar ese indicador concreto en 2013, España ha empeorado de manera clara. Mientras que en ese primer año aparecía a mitad de tabla –en el puesto 16 de entre los Veintisiete– por debajo de Alemania o Francia, pero mejor situada que Portugal o Italia, en los siguientes se instaló en el furgón de cola oscilando entre los puestos 19 y 26. Así pues, son los propios potenciales justiciables los que, año tras año, desconfían ampliamente de la independencia de sus jueces. Y culpan a la influencia política de ello.
'Lawfare'
El último en detectar esta desconfianza ciudadana en la imparcialidad ha sido el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El avance de resultados de su IV Estudio sobre la calidad democrática confirma la tendencia que Europa viene reportando desde 2014. Más de un 78% de los encuestados se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo con que la justicia sea igual para ricos y para pobres. Esa discrepancia se eleva todavía más, hasta el 88%, cuando se les pregunta si la justicia trata igual a un político que a un ciudadano corriente. El 77% cree que la justicia no siempre es imparcial en los procesos judiciales que afectan a partidos políticos. Otro de los datos reveladores para el CIS es que el 87,5% de los españoles considera insuficientes los actuales mecanismos con que el Estado cuenta para combatir la corrupción.
Dos encuestas publicadas también este lunes, la del instituto Ipsos para La Vanguardia y la de 40dB. para El País y la Cadena SER, muestran que esta sospecha mayoritaria de parcialidad de los jueces no está equitativamente distribuida. Son los ciudadanos de izquierdas los que la perciben con más intensidad. Mientras que entre los votantes de izquierda es mayoritaria la idea de que los jueces toman decisiones por sus ideas políticas, entre los del PP son más los que piensan que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales, según la encuesta del diario de Prisa. Un 65% de los participantes en el estudio, es decir, casi dos de cada tres, considera que existe lawfare en España. Ante la pregunta de si los jueces favorecen a alguna ideología concreta, un tercio (34%) cree que a la derecha y un 16% a la izquierda. Solo el 23% considera que son imparciales.
Según La Vanguardia, la percepción de que "hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia" la suscribe el 58% de los consultados, frente a un 22% que está más bien en desacuerdo con esa afirmación. Al igual que en el sondeo de El País, esa sensación es mucho mayor entre los votantes de la izquierda –el 78% de los que votan al PSOE y el 85% de los que lo hacen a Sumar–. Sin embargo, entre los votantes del PP hay un empate técnico entre los que perciben politización de la justicia y los que no (41% y 40%, respectivamente), según Ipsos.
Pese a estos datos que se confirman cada año, las asociaciones más a la derecha de la carrera judicial –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente– las más mayoritarias en su conjunto, se han opuesto de la mano del PP y Vox a cada reforma que ha tratado de sacar adelante el Gobierno por considerar que todas ellas buscan únicamente desequilibrar la balanza a favor de la izquierda. Hace ahora un año hicieron una huelga ilegal contra esas iniciativas, pero años antes, llegaron a solicitar en Europa que la Comisión sancionara a España comparándola con la Hungría de Orbán o la Polonia del PiS. En Bruselas, donde son plenamente conscientes de las prácticas de estos colectivos, no se creyeron ni una palabra.
Ni el proyecto que trata de abrir las oposiciones a juez a los aspirantes con menos ingresos, o el que intentó blindar la independencia del Ministerio Fiscal; ni el que pretendía dar la instrucción de los delitos a esa acusación pública y limitar la acción popular y que deje de ser un coladero para politización de la justicia saldrán adelante en lo que queda de legislatura. Un poder, el Judicial, que nadie ha votado, se niega a que se reparen las deficiencias que amplios sectores sociales, a derecha o izquierda, perciben en el funcionamiento de sus miembros. Puede que tengamos los mecanismos que garantizan una justicia independiente, pero algo falla si el ciudadano que acude y paga con sus impuestos ese servicio público no lo percibe.
España suspende año tras año en el índice que mide la confianza que sus ciudadanos tienen en los tribunales. La última entrega del Cuadro de indicadores de la justicia de la UE, publicada el pasado junio, deja de nuevo a nuestro país en el puesto 22 de los Veintisiete en cuanto a la independencia que la sociedad percibe en sus jueces. Ese dato, repetido año a año desde 2013, ha servido a las asociaciones judiciales conservadoras y mayoritarias en la judicatura para confirmar el mantra pesimista de la derecha política y judicial: que el Gobierno de Sánchez ataca gravemente la independencia de los tribunales. Pero las últimas encuestas publicadas muestran que son sobre todos los votantes de izquierda los que aprecian esa falta de imparcialidad de una judicatura muy mayoritariamente escorada a la derecha, una ideología política a la que la sociedad considera que favorece.