El Supremo envía a la cárcel al rapero Valtònyc por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso al rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas por el contenido de algunas de sus canciones publicadas en Internet, informa Europa Press.

Según la sentencia ahora ratificada, las canciones incluyen expresiones en apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas Grapo, ETA, y a algunos de sus miembros, así como contra el titular de la Corona y sus familiares, y contra el presidente del Circulo Balear, Jorge Campos, contra quien se dirigieron "reiteradas amenazas de muerte", como "Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear", "queremos la muerte para estos cerdos"; "llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio del Borbón, kalashnikov", "le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta".

De esta manera, el alto tribunal rechaza los argumentos del acusado, que defendió haber actuado en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y a la creación artística, y subrayó que "el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico".

Con esto, el Supremo rechaza sus argumentos al considerar que "basta con leer los hechos declarados probados" en la sentencia "para comprender la gravedad de las expresiones contenidas y su correcto encaje en los tipos penales de referencia". Además, asegura que la sentencia de instancia no "reelabora", "ni saca de contexto", las letras, nada inocuas por sí mismas, sino que lo que hace es agruparlas en la fundamentación jurídica al objeto de subsumirlas en los tipos penales atribuidos al acusado".

El Supremo señala que los mensajes del acusado no quedan amparados por la libertad de expresión o difusión de opiniones al tener "un indudable carácter laudatorio de las organizaciones terroristas GRAPO y ETA y de sus miembros" que va más allá de la "expresión de coincidencia con objetivos políticos, solidaridad con los presos o camaradería nacida de vínculos ideológicos", comportando "una alabanza, no ya de los objetivos políticos, sino de los medios violentos empleados por la citadas organizaciones terroristas y por sus miembros" y una "incitación a su reiteración".

Recurrirá la sentencia

La defensa del cantante ha anunciado que recurrirán la sentencia del Supremo ante el Constitucional porque considera que ésta es "una auténtica aberración".

El abogado de Arenas, Juan Manuel Olarieta, ha asegurado que no se esperaban la sentencia ya que "no tiene ni pies ni cabeza". "Es una autentica aberración, es la asignatura pendiente de este país, la libertad de expresión", ha manifestado.

"Inaceptable" e "injusta"

Las reacciones políticas no han dejado de producirse desde que se ha conocido la decisión del Alto Tribunal. Así, MÉS per Mallorca ha calificado este martes como "inaceptable" e "injusta" la sentencia del Supremo:

"Envía a prisión a un joven por las letras de sus canciones que podemos no compartir, pero que nunca deberían utilizarse por parte de nadie de forma interesada para ir contra el derecho a la libertad de expresión, sagrado en cualquier Estado de derecho", ha denunciado en un comunicado el portavoz parlamentario de MÉS, David Abril.

Para el diputado, resoluciones como ésta "se enmarcan en la escalada del miedo por parte de los aparatos del Estado, y ponen en entredicho los fundamentos de la democracia y el Estado de derecho".

En esta línea, ha asegurado que "los tribunales no hacen otra cosa que dar alas y acompañar las obsesiones de personajes de la extrema derecha como Jorge Campos que es quien impulsó la denuncia, y dar la espalda a la sociedad".

Además, Abril ha criticado "la insensibilidad y la inflexibilidad" de los tribunales por enviar a prisión al cantante "mientras salvan de la cárcel a condenados por corrupción como Jaume Matas o Iñaki Urdangarin". Finalmente, el partido ha manifestado su "solidaridad" con Valtonyc, recordando que la expresó hace unos días al colaborar económicamente con el concierto celebrado en el Ateneu de Felanitx.

"¿Y el señor Matas dónde está?"

En la misma línea, la consellera balear de Cultura, Participación y Deportes del Govern balear, Fanny Tur, ha hecho referencia al expresidente del Govern, Jaume Matas, tras conocerse la condena contra el rapero: "¿Y el señor Matas dónde está?", se ha preguntado..

De este modo, la consellera balear ha relacionado el caso con la situación del expresidente balear, condenado en varios procedimientos por corrupción, entre ellos el caso Nóos, el caso Ópera y otras piezas de la macrocausa del Palma Arena. Precisamente, el Tribunal Supremo revisará en vista pública la condena por el caso Nóos el próximo 21 de marzo y Matas es uno de los recurrentes.

En concreto, Matas pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que anule la sentencia de tres años y ocho meses de prisión que le impuso la Audiencia de Palma pese a reconocer que el procedimiento seguido para la organización de los Fórum Islas Baleares en 2005 y 2006 "fue profundamente incorrecto hasta el punto de constituir un delito de prevaricación", que esta parte no discute. Por su parte, la Fiscalía reclama un incremento de la condena impuesta al expresidente.

"Los corruptos esquiando y los raperos a la cárcel"

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado la condena a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que ha criticado que en la España actual los corruptos estén esquiando, mientras los raperos son enviados a prisión. "Los corruptos esquiando y los raperos a la cárcel. España, 2018" ha sido el mensaje que ha publicado.

 

"Inaudito e impropio de una democracia"

En el mismo sentido, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha tachado de "inaudito e impropio de una democracia plural" y "una vulneración de los principios internacionales sobre libertad de expresión" que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena.

"Es desconcertante ser testigo en pleno siglo XXI de algo parecido a la Inquisición. La persecución de la libertad de expresión en España está alcanzando cotas insoportables desde hace ya tiempo, pero encarcelar a un músico por las letras de sus canciones sobrepasa todo lo esperable, aparte de contravenir la legislación internacional sobre la materia", ha afirmado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.

Asimismo, Pérez Alonso ha destacado que Valtonyc va a ser el primer cantante que entre en prisión en España acusado de enaltecimiento del terrorismo. "Lo que estamos viendo es inaudito e impropio de una democracia plural: la persecución de la canción protesta", ha criticado Virginia Pérez Alonso.

Según el jurista experto en Derecho Internacional y miembro de la PDLI Joan Barata, esta confirmación de prisión del Tribunal Supremo "presenta graves incompatibilidades con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión a los que España está sujeta".

"En términos generales, la privación de libertad o incluso el uso del derecho penal para perseguir meras expresiones o ideas (libros, canciones, etc.) constituye de por sí una medida desproporcionada y por consiguiente expresamente condenada por parte de los organismos relevantes de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha subrayado Barata.

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Asimismo, Joan Barata ha argumentado que el Tribunal de Derechos Humanos tiene una jurisprudencia "muy clara y sólida (reflejada, entre otros, en un caso contra España, precisamente, por supuestas calumnias al rey), en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes, sino más bien al contrario, permitir un mayor grado de crítica e incluso ataque por tratarse de instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia".

En este sentido, Barata destaca que el uso de tipos delictivos relacionados con el terrorismo "sólo es aceptable cuando la expresión correspondiente pueda ser efectivamente ligada a una voluntad y efecto de dar lugar o provocar acciones terroristas".

"Expresiones genéricas de deseos u otra forma de provocación en este terreno, por más ofensivas y reprobables que puedan ser consideradas por determinados sectores de la población no pueden ser perseguidas sin incurrir en el riesgo de crear un ambiente de intimidación en aquellos que quieren expresar opiniones extremas, provocadoras e incluso chocantes, las cuales deben ser plenamente protegidas en el seno de una sociedad plural y democrática", ha añadido.