Tras diez meses de personaciones, escritos y recursos, el juez nº2 de Instrucción del Tribunal de Tarragona, Rubén Rus, decidió a finales de abril dar un nuevo impulso al caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos. Por un lado, solicitando abundante información bancaria que hace tiempo que debería estar ya en la investigación. Y, por otro, ordenando la primera tanda de declaraciones de los investigados. Unas comparecencias que, sin embargo, tendrán que esperar. Ya se han suspendido, según ha podido saber infoLibre, cinco de las ocho acordadas. Y hay, al menos, una sexta que también se ha pedido cancelar.
Este primer grupo de investigados formaba parte de varias gasistas involucradas en la trama: Messer Iberica, Air Liquide y Praxair –ahora Nippon Gases–. Estas tres compañías, además de Abelló, Carburos Metálicos y la patronal AFGIM, "habrían aceptado" abonar al despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro el "precio solicitado" para obtener las reformas del Impuesto Especial Eléctrico (IEE) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que "perseguían movidos por un interés económico", según resalta el instructor en su auto de imputación. Entre 2011 y 2020, según un informe reciente de la Agencia Tributaria, las gasistas pagaron a Equipo Económico 991.613,76 euros, abonos realizados "al ritmo de los hitos" producidos para la obtención del "beneficio fiscal".
Karl Andrea Hauck y Rubén Folgado, director general y director técnico de Messer, respectivamente, figuraban los primeros en la lista de declarantes. Ambos están, precisamente, en el origen del caso. La investigación parte de una serie de correos interceptados a ambos en el curso de otra causa, de los que se desprende que varias empresas del sector habían decidido contratar a Equipo Económico, despacho con acceso "directo" al Ministerio de Hacienda, para obtener una rebaja fiscal. "La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", escribe Folgado a Hauck el 5 de diciembre de 2013. Ambos, recoge el instructor, participaron en la "teleconferencia" en la que se acordó la contratación del despacho y se fijaron los "términos" de los pagos.
Los directivos tenían que haberse sentado ante el juez la pasada semana, pero la declaración se suspendió después de que ambos investigados solicitaran su aplazamiento por motivos personales. No son, sin embargo, las únicas. El instructor también ha acordado cancelar las otras tres comparecencias que estaban previstas para esta misma semana: las de Patrick Enmanuel Marcel, Teresa Rasero y Jorge Pedrazuela. Todos ellos ocuparon cargos directivos en Air Liquide: director general, presidenta del Consejo y director de Contabilidad e Impuestos, respectivamente. El magistrado les sitúa, además de en el intercambio de correos analizado, en algunas reuniones clave que se encuentran bajo la lupa.
La defensa de Marcel, Rasero y Pedrazuela había solicitado la suspensión alegando que aún no se había resuelto la batalla competencial –los investigados defienden que el caso debería estar en un juzgado de Madrid, algo que rechaza el instructor–. "La inminente resolución sobre la competencia afectaría a las declaraciones de los investigados, quienes, en caso de estimación, se verían obligados a declarar ante dos instructores", resaltaban en su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre. Y añadían: "No parece que tras ocho años de instrucción en secreto y casi un año desde que se conoció el auto de imputación [...], sin que se haya practicado ninguna declaración judicial, se acuerde la citación de seis investigados [...] en plena tramitación de la declinatoria de competencia". Días antes, habían alegado viajes de negocios o citas médicas para pedir la suspensión.
A la espera de información bancaria y mercantil
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En una línea similar se ha movido la defensa de Carlos Romero, quien fuera directivo en Praxair –ahora Nippon– y secretario general de la patronal de gases medicinales. "En este momento están sin resolver cuestiones de gran importancia para el devenir del procedimiento; entre otras, las peticiones de nulidad instadas por esta y otras defensas", alega en un escrito al que ha tenido acceso este diario, en el que su abogado pide que la declaración se practique "al final de la fase de instrucción". Romero está citado para dentro de una semana con Eduardo Gil y Jacobina Escamez, presidente de Nippon y responsable fiscal de la compañía, respectivamente. Aunque aún no hay confirmación, las fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que estas tres últimas comparecencias también acabarán canceladas.
La suspensión de las declaraciones frena de nuevo el caso Montoro, que vuelve a quedar en stand by a la espera de la resolución de recursos y de que se vayan completando las diligencias de investigación encargadas. En los últimos meses, el instructor ha pedido, por un lado, abundante documentación mercantil de las empresas investigadas, copia de las comunicaciones mantenidas entre gasistas, despacho y órganos del Ministerio de Hacienda o detalles sobre el régimen matrimonial de los investigados. Y, por otro, ha librado mandamientos a diferentes entidades financieras después de que la Agencia Tributaria advirtiese en su último informe de que la información bancaria que habían remitido en el curso de la investigación era "insuficiente".
Desde el alzamiento del secreto de sumario, la causa ha avanzado a trompicones. Entre otras cosas, por el alud de alegaciones de los investigados. En sus escritos, la fiscal Anticorrupción encargada del caso, Carmen García Cerdá, habla de "estrategias" de presentación "de forma escalonada" de recursos y escritos de adhesión a los mismos que inciden en las "peticiones de nulidad" pero con "argumentos distintos". "Todo ello está ralentizando la elevación de los recursos a la Sala", afirmaba en uno de sus informes la fiscal, quien no ha dudado en criticar las maniobras de los investigados para "cargarse la investigación".
Tras diez meses de personaciones, escritos y recursos, el juez nº2 de Instrucción del Tribunal de Tarragona, Rubén Rus, decidió a finales de abril dar un nuevo impulso al caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos. Por un lado, solicitando abundante información bancaria que hace tiempo que debería estar ya en la investigación. Y, por otro, ordenando la primera tanda de declaraciones de los investigados. Unas comparecencias que, sin embargo, tendrán que esperar. Ya se han suspendido, según ha podido saber infoLibre, cinco de las ocho acordadas. Y hay, al menos, una sexta que también se ha pedido cancelar.