Cataluña ante el 1-O
El TC da por enterrado el referéndum porque sin Sindicatura no puede haber ni votación "con garantías" ni proclamación de resultados
El Tribunal Constitucional da por enterrado el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Fuentes del Alto Tribunal aseguran a infoLibre que, después de que todos los miembros de la Sindicatura Electoral presentasen en el registro del TC escritos en los que hacen constar su renuncia a seguir ejerciendo funciones de autoridad electoral en el referéndum del 1 de octubre, ya no es posible que la votación se celebre con “garantías”, ni siquiera de acuerdo con la Ley de Referéndum que los independentistas aprobaron para que sirviese de marco legal a la consulta.
Tampoco será posible la proclamación de independencia, después de un recuento que diese la victoria al ’sí’, porque la Ley de transitoriedad aprobada también por la mayoría independentista en el Parlament establece que el organismo encargado de la proclamación de los resultados es la Sindicatura, ahora disuelta. Este órgano, razonan las fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por este periódico, era la pieza clave de la que dependía la realización del referéndum, también para la nueva legalidad creada por el Parlament, pero al mismo tiempo su “eslabón más débil”.
Los magistrados del Alto Tribunal, que llevan varios días aprobando resoluciones para invalidar el 1 de octubre, creen que su estrategia ha sido acertada. "El TC se han impuesto", resumen las fuentes consultadas.
De hecho, los miembros de la Sindicatura Electoral y dos altos cargos relacionados con el dispositivo del referéndum han sido los únicos contra los que el TC ha actuado hasta ahora de forma ejecutiva, ha actuadoimponiéndoles multas de entre 12.000 y 6.000 euros, según su grado de responsabilidad en relación con el 1 de octubre. Esta medida, que debía aplicar la Agencia Tributaria a partir de este sábado a las diez de la mañana, ha resultado ser muy efectiva a la hora de forzar la renuncia o la destitución (en el caso del numero dos de Oriol Junqueras) de las autoridades de las que dependía la organización y la celebración del referéndum.
Los quince miembros de las sindicaturas provinciales y los siete de la sindicatura central esperan ahora eludir las sanciones del TC. Técnicamente no han dado cumplimiento al mandato del Constitucional, porque no han anulado las decisiones que tomaron en el ejercicio de sus respectivos cargos, tal y como les exigió el Alto Tribunal este jueves, pero una vez que han abandonado el organismo tampoco puede tomar decisiones relacionados con el referéndum.
En el caso de los miembros de las sindicaturas, la multa se iba a ir acumulando hasta que todos ellos justificasen ante el Tribunal que habían renunciado a sus cargos “previa revocación y comunicación de todos los acuerdos adoptados y tras haber comunicado a los mismos destinatarios de las resoluciones y acuerdos que estos han quedado sin efecto”. En cuanto a los dos altos cargos de la Generalitat, las multas se irían acumulando hasta que ambos justificasen ante el TC haber revocado cualquier resolución que hubiesen dictado para la preparación, ejecución o promoción del referéndum. Eso incluía la clausura del contenido de la página destinada al mismo fin, “así como cualquier otro instrumento de difusión del referéndum en las redes sociales”, el cese de toda colaboración en la campaña institucional del referéndum y la notificación a todas las personas afectadas de las revocaciones y suspensiones que hubiesen acordado.
Transferencia de funciones
El Govern ha anunciado que las funciones de la Sindicatura electoral, establecidas por las leyes que suspendió el TC, serán transferidas ahora a observadores internacionales, académicos y entidades públicas. Lo que este viernes a última hora no había aclarado la Generalitat es en qué norma se apoyará para tomar esa medida ni qué observadores, académicos y entidades públicas se ocuparán a partir de ahora de organizar y supervisar el referéndum.
En cualquier caso, el Pleno del TC también había acordado poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para “exigir la responsabilidad penal” a los ahora dimitidos miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña. Porque el Alto Tribunal sostiene que los multados no sólo incumplieron las resoluciones del TC al designar a los miembros de las sindicaturas de demarcación (de los territorios de Arán, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona), sino también al haber decidido el tamaño de las papeletas, los plazos para la presentación de organizaciones interesadas en el referéndum o haber validado el llamado “manual de instrucciones para los representantes de la Administración y para los miembros de las mesas electorales”.
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La Sindicatura era el órgano creado por el Parlament de Cataluña para controlar la votación el 1 de octubre y velar por su buen funcionamiento, las mismas funciones que el ordenamiento jurídico español atribuye a las juntas electorales y que ejercen los jueces.
Estaba formada por cinco juristas (tres hombres y dos mujeres) nombrados a propuesta conjunta de Junts pel Sí y la CUP, las únicas formaciones que participaron en su elección en el Parlament. A ellos se sumaron posteriormente las sindicaturas territoriales (creadas en cuatro provincias y en el Valle de Arán).
Las multas impuestas por el TC derivan directamente de la reforma de 2015 de la ley que regula el TC, que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en contra del criterio de los demás partidos reforma de 2015en previsión de que la Generalitat convocase un referéndum unilateral de independencia.
