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Ley del Aborto

El TC lleva cuatro años sin debatir el recurso contra la ley del aborto y sigue sin fecha para la sentencia

Sin ninguna prisa. Los recursos del PP y del Gobierno de Navarra contra la actual Ley del Aborto, la regulación de plazos impulsada por el Gobierno socialista, no han sido siquiera estudiados por el pleno del Tribunal Constitucional en estos casi cuatro años que lleva la norma en vigor. Y no hay previsión de que se vaya a analizar próximamente. El TC se inclina por ahora, aunque no hay ninguna decisión tomada, por "esperar" a que haya un nuevo texto, según ha defendido públicamente el ponente de la sentencia, el conservador Andrés Ollero, miembro del Opus Dei, exdiputado del PP y antiabortista confeso. Si se aprueba antes la ley Gallardón, el TC podría considerar que se ha producido una "pérdida de objeto" de los recursos y no pronunciarse nunca sobre la constitucionalidad de la norma socialista.

Era 24 de febrero de 2010. El Senado aprobaba definitivamente la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una norma que, como describieron las entonces ministras de Igualdad y Sanidad, Bibiana Aído y Trinidad Jiménez, daba "más garantías de calidad y seguridad a las mujeres". La norma, que entró en vigor el 5 de julio de 2010, fue recurrida por el Grupo Parlamentario Popular y por el Ejecutivo foral de Navarra. El Alto Tribunal admitió a trámite ambas iniciativas el 30 de junio y, en un auto conocido el 14 de julio de 2010, se negó a que la norma quedara en suspenso cautelarmente, como quería el PP. Cuatro magistrados se opusieron. El parón automático de una norma se produce cuando quien impugna es el Gobierno central, en el resto de los casos es potestad del TC decidirlo. 

Desde aquella fecha, la Ley del Aborto ha ido dando vueltas por el TC sin que haya habido asomo de resolución. Primero asumió la ponencia Elisa Pérez Vera, bajo la presidencia de María Emilia Casas y, desde enero de 2011, de Pascual Sala. Los tres de signo progresista. Sala ya declaró en su momento que el fallo sobre la Ley de Plazos no sería "inmediato" porque tenían prioridad otras cuestiones (como la legalización de Sortu) y no llegaría antes de la reforma anunciada desde el primer momento por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En julio de 2012, cuando PP y PSOE pactaron los nombres de los nuevos magistrados del Alto Tribunal correspondientes al cupo del Congreso, los temas de Pérez Vera pasaron automáticamente a manos de Ollero. Un año más tarde, aterrizó en la presidencia Francisco Pérez de los Cobos, cuestionado por su militancia en el PP, al menos hasta 2011, fecha de su ingreso en la institución. Quien ocupe la jefatura no es una cuestión irrelevante: es competencia del presidente marcar la agenda, determinar los asuntos que llegan a pleno cuando hay un borrador preparado. Es él quien marca los tiempos, el que decide los ritmos. Ni la ponencia sobre la Ley del Aborto de 2010, ni la de Pérez Vera ni la de Ollero han llegado jamás al pleno del TC, según confirmaron fuentes oficiales a infoLibre. Así que "no ha empezado el debate oficialmente" en estos casi cuatro años. 

"No hay acuerdo oficial ni decisión adoptada"

"No hay acuerdo oficial ni una decisión adoptada para aparcar las deliberaciones. Por eso no podemos decir que se haya llegado a esa conclusión en base a una ley o siguiendo tal o cual criterio. No. No hay decisión alguna. Pero tampoco sabemos cuándo llegará a pleno la ponencia de Ollero", dicen taxativamente fuentes oficiales del TC después de que el pasado fin de semana se diera por hecho el aplazamiento de los debates. 

Fuentes jurídicas, no obstante, se remiten a lo dicho por el ponente en la revista Alfa y Omega –suplemento religioso del diario Abc– en una entrevista publicada el pasado 16 de enero, en la que indica que no conviene por ahora tocar el tema. "El Tribunal se encuentra en una situación muy complicada. Por una parte, cuando Pascual Sala era todavía presidente, se anuncia que se va a hacer una nueva ley. Entonces, el planteamiento –sin que hubiera un debate expreso o una votación– es que, si se ha anunciado una ley, puede dejar sin objeto el recurso. Ahora no sólo se ha anunciado la ley, sino que hay un anteproyecto. Puede parecer normal esperar. Pero, por otro lado, el tiempo pasa y hay unos bienes jurídicos y unos derechos en juego que podrían exigir pronunciarse. El tema sigue abierto. Imagino que habrá opiniones variadas, y no ha habido un debate formal o una decisión. No se ha decidido que no vaya a salir la sentencia", manifestó, unas semanas después de que el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunciara el contenido del anteproyecto de reforma, que elimina el derecho de la mujer a abortar, acaba con la legislación de plazos y reduce a dos los supuestos para interrumpir el embarazo: violación y peligro para la mujer, aunque interponiendo un verdadero calvario para las gestantes. La norma, de aprobarse tal como quiere el ministro, sería la más restrictiva de la democracia, más incluso que la ley de 1985. 

Otras fuentes del TC recordaron asimismo que hay impugnaciones pendientes de resolución desde hace diez años, y que normas también muy sensibles, como la de matrimonio homosexual, tardaron siete años en alcanzar el fallo. También se niega el argumento de que se quiera "evitar tensionar al tribunal" con un tema de alto voltaje, porque si esa fuera la razón "no se habría dado vía libre a otras cuestiones". 

Desestimación del recurso y pérdida de objeto

El Gobierno ya ha manifestado en varias ocasiones que aprobará su contrarreforma aun sin que esté lista la sentencia de la regulación de 2010. Una situación que en teoría le favorece, ya que si el Alto Tribunal validara la regulación de 2010, se quedaría sin argumentos para defender el cambio. Sin embargo, no hay que perder de vista que Rajoy dispone de un TC a su medida: de los 11 magistrados –en noviembre pasado falleció el conservador Francisco José Hernando–, seis, incluido el presidente (que tiene voto de calidad), se encuadran en el bloque conservador. Cinco, en el progresista. 

Gallardón también ha dicho que no piensa retirar la impugnación ante el TC. En puridad, como explican fuentes del Alto Tribunal, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso no podría desistir de su recurso, porque su composición (y los nombres de los que firmaron el texto contra la ley Aído) es distinta a la del grupo actual. Los gobiernos sí pueden hacerlo, al margen de su signo, porque se considera que lo presenta la institución. Cada recurrente, además, sólo podría renunciar a su respectivo recurso, y aquí había dos: el PP y Navarra. 

Distinta cuestión es la llamada "pérdida de objeto". Para determinar que un recurso decae, según relatan fuentes oficiales, tiene que estar aprobada y en vigor una nueva ley que derogue la anterior. Pero aun en ese caso, el recurso llegaría a pleno, y este tendría que estudiar si la impugnación ha perdido sentido. Es decir, que la cancelación no es automática. Porque, como advierten desde la institución, "ha sucedido ya en varias ocasiones que, pese a la existencia de una nueva norma, el TC estima que el recurso no ha decaído". 

De producirse el debate, se pronunciarían los 11 magistrados, pues no hay sobre la mesa recusaciones. Ni siquiera contra Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho, diputado del PP durante 17 años (1986-2003), que manifestó en el pasado que dejar a una madre abortar "es autorizar un acto de guerra contra su hijo" (1987) y criticó que España se hubiera convertido en el el "paraíso del turismo abortista" (2012). "Los no nacidos no han ganado para sustos", subrayó. En Alfa y Omega, hace 15 días, dejó caer que la ley de 1985 tampoco protegía al nasciturus. Si lo que se pretende, dijo, es volver a la legislación anterior, "para empezar habría que tener en cuenta la experiencia de 1985. Si con la nueva ley se intenta defender al no nacido, la experiencia dice que hay que aquilatar mucho la cuestión. Al haberse recurrido a fórmulas genéricas [para señalar los supuestos de despenalización del aborto], se ha podido frustrar ese intento". Los grupos no citaron el credo antiabortista de Ollero cuando fue examinado en la Comisión de Nombramientos del Congreso en julio de 2012. 

Llamazares: el silencio es "útil para el Gobierno"

De cualquier modo, no hay indicativos de sentencia a la vista. Este miércoles, 29 de enero, el portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, remitió una carta a Pérez de los Cobos en la que le solicita "información sobre el estado de tramitación" de los recursos contra la Ley del Aborto de 2010 y que concrete "si se puede adelantar alguna fecha previsible para el establecimiento de las correspondientes sentencias". El diputado reclama "encarecidamente" al presidente del TC que "se agilice la sentencia, con independencia de los ritmos que el Gobierno" imprima a su contrarreforma. "Sin entrar en las causas profundas del retraso que sufre la jurisprudencia constitucional –prosiguió Llamazares–, no se puede ignorar que en este caso concreto, este retraso puede ser utilizado como un instrumento de carácter claramente político”.

Para el parlamentario de IU, el retraso del fallo "podría resultar útil para el Gobierno", y para el PP, "que legisla sabiendo que la intervención del Tribunal no supondrá un cedazo efectivo que condicione su actividad normativa”.

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