Podemos traslada las diferencias con el PSOE al Congreso y tensa al grupo confederal para hacer presión

La política teje complicadas alianzas. La del PSOE y Unidas Podemos es una de ellas. Las dos formaciones gobiernan en coalición desde hace dos años, después de una negociación convulsa y una repetición electoral forzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se resistía a dejar hueco a los morados en el Gobierno. Tras las elecciones de noviembre del 2019 solo bastaron 24 horas para lograr lo que no se consiguió en los cinco meses anteriores: cerrar un acuerdo para conformar el primer gobierno de coalición de la historia.

Tras los dos primeros meses de Gobierno llegó una pandemia mundial con una gestión muy criticada por parte de la oposición, acompañada de sentencias de altos tribunales no demasiado alentadoras para el Ejecutivo. Unas elecciones en Cataluña, otras en la Comunidad de Madrid, una moción de censura fallida en Murcia, una remodelación en el Gobierno y una dimisión significativa: la de Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos.

Lo que tampoco ha faltado en estos dos años son las disputas en el seno del Ejecutivo de coalición. A veces entre ministros del propio sino, aunque más habituales han sido los choques entre socialistas y morados.El último a cuenta de la (semi)derogación reforma laboral, pilotada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que Iglesias situó como su sucesora en los próximos comicios generales. Según ha podido saber infoLibre, la dirección de la formación morada pretende rebajar la tensión en el Consejo de Ministros sin renunciar a sus banderas por lo que, en su defecto, se apoya en su actividad parlamentaria en el Congreso.

El protocolo de funcionamiento y coordinación del Gobierno de coalición, avalado por las dos formaciones tras formalizar el acuerdo de coalición, establece que cuando cualquiera de los dos grupos desee presentar Proposiciones de Ley (PL), Proposiciones no de Ley (PNL), enmiendas o iniciativas que afecten a la acción del Gobierno o a acuerdo específicos que afecten al programa pactado entre ambos, se deberá comunicar con antelación suficiente y se requerirá del acuerdo de ambas partes para su presentación. En el caso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), actualmente en tramitación, el documento señala que "los grupos parlamentarios socios no podrán presentar enmiendas sin el acuerdo previo sobre las mismas".

Podemos busca retratar al PSOE en el Congreso 

Este acuerdo, que en los primeros meses de legislatura se cumplía sin excepciones, lo que llegó a provocar una rectificación por parte del portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a raíz de una proposición relacionada con el torturador franquista Billy el Niño, se ha vuelto más "laxo" tras el paso del tiempo. Ya no se esconden las discrepancias públicas entre los socios en el Congreso en asuntos como la investigación al rey emérito Juan Carlos I, en las que el PSOE se alía con PP y Vox en la Mesa del Congreso.

A todo ello se le suma un evidente malestar con el Grupo Socialista por la decisión de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de retirar el escaño a Alberto Rodríguez, el exparlamentario canario de Unidas Podemos, pese a que el alto tribunal no le condenó a la inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

En este contexto, los morados han registrado iniciativas y leyes que no cuentan con el aval de su socio de Gobierno, como la PNL que registraron a mediados de octubre para que el Congreso (o, más bien, su socio) se posicione sobre el Concordato y los "privilegios" de la Iglesia, lo que obligará al PSOE a tomar posición. En ese sentido también destaca la proposición de ley registrada por el grupo confederal para despenalizar el consumo recreativo de marihuana y regula su venta y producción, una cuestión que el PSOE ha trasladado a una subcomisión en el Congreso, que únicamente se ciñe al uso medicinal de la planta.

Marcar perfil propio a través de las enmiendas

El plan de los morados es enmendar leyes que ha aprobado el Ejecutivo al que pertenecen y con las que no están completamente de acuerdo. Es lo que ha sucedido recientemente con la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad que se aprobó el lunes en el Consejo de Ministros. Desde el espacio confederal creen que la ley no revierte la "senda de privatización" iniciada por el Gobierno de José María Aznar y plantearán enmiendas al texto. “Nuestra posición es clara: que el PSOE acepte nuestras enmiendas”, manifestó Pablo Fernández, portavoz nacional del partido.

Fuentes de la dirección aseguran que "van a batallar" en esta cuestión y profetizan que los socios del gobierno como ERC y EH Bildu, que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, les respaldarán. "No podemos oponernos desde el Consejo de Ministros, allí las decisiones no se toman a mano alzada, se hace lo que Sánchez decide", explican. "Por eso introducir enmiendas desde el Congreso es nuestra manera de mejorar la ley", prosiguen.

Ocurre lo mismo con las enmiendas propias que han presentado al texto de la ley mordaza, entre las que incluyen la propuesta de que el Documento Nacional de Identidad (DNI) sea gratuito para los menores de edad y que la tenencia "de plantas o similares de algún tipo de sustancia, en especial de marihuana o sucedáneas" en lugares "visibles" desde la vía pública, como balcones o terrazas de domicilios particulares, no sea motivo de infracción.

Un caso similar a la Ley de Vivienda, negociada durante meses en el seno del Ejecutivo, que finalmente se saldó con un acuerdo para regular los precios para poder bajar los alquileres abusivos en zonas tensionadas en base al índice de referencia, pero únicamente de aquellos propietarios que tengan 10 inmuebles o más. Fuentes de la formación confirman a este diario que presentarán enmiendas con la intención de "mejorar" el texto. Asimismo, los morados también presentaron enmiendas a la ley de pensiones de José Luis Escrivá, aunque finalmente las acabaron retirando.

Además de todo ello, los morados también registraron 14 enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, pese a que previamente se pactaron con el PSOE. Los morados hacen especial hincapié en el aspecto fiscal y demandan acabar con la tributación cero del impuesto de patrimonio que existe en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Sin embargo, fuentes del partido ya cuentan con que este punto será vetado por el Gobierno.

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La estrategia levanta suspicacias en el espacio confederal

Esta estrategia de confrontación desde el Congreso ha provocado roces en el espacio confederal, según ha podido saber infoLibre. Mientras que Podemos, a través de Echenique, era partidario de presentar enmiendas por separado al PSOE al texto de Presupuestos, como finalmente ha ocurrido, Izquierda Unida y la pata gallega y catalana del partido no apoyaban esta decisión. “La mayor parte se van a retirar”, aseguran fuentes del grupo.

Asimismo, el hecho de que se retiraran las enmiendas al texto de pensiones se debe a que el ministerio de Trabajo, capitaneado por Díaz, aseguró que esa no era "la vía" para mejorar la ley, sino que estas cuestiones debían dirimirse "a nivel interno" en el Ejecutivo para "respetar y facilitar el diálogo social".