El Tribunal del Deporte, un órgano paritario plagado de abogados del Estado que decide el futuro de Rubiales

El caso Rubiales entra en un tenso compás de espera. Tras una semana de vorágine, que culminó con la decisión de la FIFA y la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, todos los focos se sitúan ahora sobre el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Es la palanca de la que tiró el Gobierno el pasado viernes, cuando elevó al órgano un escrito motivado en el que acusaba a Luis Rubiales de abuso de autoridad y falta de decoro. Y un paso obligatorio para que el Consejo Superior de Deportes (CSD) pueda acordar también la suspensión del exjugador al frente de la Federación Española de Fútbol hasta que este órgano, repleto de abogados del Estado, resuelva el posible expediente disciplinario.

El Tribunal Administrativo del Deporte apenas tiene diez años de vida. Nació en 2013, cuando por ley se decidió aglutinar en una misma institución las funciones que, hasta ese momento, realizaban el Comité Español de Disciplina Deportiva y la Junta de Garantías Electorales. Desde entonces, este órgano es el que se encarga de "decidir en vía administrativa y en última instancia" las "cuestiones disciplinarias deportivas" –entre otras, las relativas también al dopaje–, tramitar y resolver los "expedientes disciplinarios" o velar por el buen desarrollo de los procesos electorales en los órganos de gobierno de las federaciones deportivas.

No todo el mundo puede formar parte de esta institución, que aunque sea independiente está adscrita al Consejo Superior de Deportes. Su acceso está reservado para miembros de los cuerpos docentes universitarios, funcionarios de alto nivel, magistrados o fiscales en excedencia y abogados con más de quince años de experiencia –preferentemente, en Derecho Administrativo relacionado con el deporte–. De ahí que por sus oficinas hayan desfilado juristas que aún en la actualidad ocupan puestos de relevancia. Es el caso de Jesús Avezuela, hoy letrado del Consejo de Estado. O Enrique Arnaldo, que presidió este órgano deportivo antes de dar el salto al Tribunal Constitucional.

El peso de las federaciones

Los siete miembros que conforman el tribunal son designados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, el órgano rector del organismo dependiente del Ministerio de Cultura. Siempre, y así lo establece la propia normativa, garantizando la paridad –en la actualidad, forman parte del mismo cuatro hombres y tres mujeres–. Una decisión en la que, además, tienen un peso importante las federaciones. Así, mientras que cuatro son designados a propuesta del presidente del CSD, los otros tres se eligen de entre una lista que ponen sobre la mesa las organizaciones deportivas. Los mandatos duran seis años, sin opción a reelección. Y las renovaciones se producen parcialmente cada tres.

A pesar de la influencia que las federaciones pueden tener en el proceso, la normativa prohíbe la designación de aquellas personas que hayan tenido una vinculación estrecha con el mundo del deporte en los dos años previos. Es decir, que no pueden formar parte del tribunal quienes en los veinticuatro meses anteriores hubieran sido "miembros de los órganos de gobierno, de representación o complementarios" de las federaciones deportivas, ligas profesionales o clubes. Ni tampoco aquellos que las hayan "asesorado directa o indirectamente" o quienes "hayan prestado servicios profesionales" a deportistas que participen en competiciones o actividades deportivas de carácter oficial.

Quitando a su presidente –Francisco de Miguel Pajuelo– y a la vocal Pilar Juárez, el resto de integrantes del actual TAD son abogados del Estado. Es el caso de Eva Fernández, Alfonso Ramos de Molins, Marina Adela Porta, Guillermo de Blas y Jaime Caravaca. Este último vocal se encuentra, en estos momentos, bajo la lupa tanto de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte como de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Ambos han pedido que se aparte del procedimiento contra Rubiales. Y lo han hecho alegando que es sobrino del penalista Ramón Caravaca, a quien vinculan con la Federación Española de Fútbol y Rubiales.

Una decisión que puede ser recurrida

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Los acuerdos se adoptan por mayoría de los miembros del tribunal, para cuya válida constitución es necesaria la presencia del presidente –quien tiene voto de calidad–, el secretario y, al menos, tres de los miembros del mismo. Aunque sus decisiones son definitivas en vía administrativa, pueden ser recurridas en los tribunales por lo contencioso-administrativo. Este es el camino que siguió Ángel María Villar, antecesor de Rubiales, cuando el Tribunal del Deporte acordó su destitución como presidente de la Federación Española de Fútbol. Una resolución que confirmó primero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego el Supremo.

Durante aquella etapa, las batallas en el Tribunal Administrativo del Deporte fueron constantes. El órgano, por ejemplo, tuvo que pronunciarse sobre varias denuncias contra Villar y su vicepresidente económico por un supuesto trato de favor al Recreativo de Huelva y el Marino de Tenerife –un caso que la justicia archivó el pasado mes de mayo–. Por aquel entonces, la guerra que se montó en el órgano administrativo del deporte fue monumental.

La Liga pidió la recusación de uno de los vocales, Andreu Camps, hoy secretario general de la Federación. Y otro de ellos, Tomás González Cueto, hoy también vinculado a la RFEF, tuvo que abstenerse después de que El País desvelase que Villar había contratado los servicios de un abogado que colaboraba con el despacho para el que trabajaba Cueto. Como también hizo el entonces presidente del tribunal, Enrique Arnaldo, ya que antes de llegar al órgano había estado trabajando, según publicó en su momento El Confidencial, en el Comité Jurisdiccional de la Federación Española de Fútbol.