El TSJ de Navarra avala que se publiquen los datos de las sanciones a residencias

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra sostiene que la información sobre las sanciones a las residencias de mayores debe ser pública, puesto que el "interés público o general" prevalece sobre un supuesto perjuicio a los "intereses económicos y comerciales" de la empresa multada. Así lo acuerda en una sentencia que autoriza al Gobierno navarro a entregar los datos a un periodista de infoLibre que los solicitó en mayo de 2020.

El pleito judicial tiene su origen en un recurso presentado ante el TSJ por la residencia Beloso Alto, que pretendía impedir que la información se hiciera pública. Dicho geriátrico es propiedad del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) de Navarra, una compañía privada de seguros. El centro acumula, con diferencia, las sanciones más cuantiosas entre las residencias de la comunidad foral. De acuerdo con los datos facilitados ahora a este periódico, recibió multas que suman 96.004 euros entre 2014 y 2019, lo que supone el 48% del importe total de ese periodo en Navarra.

La consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu (PSN-PSOE), aprobó tres órdenes en julio de 2020 autorizando que se facilitase al periodista de infoLibre la información que solicitaba sobre sanciones a residencias entre 2014 y 2019, inspecciones realizadas en los geriátricos en el mismo periodo y denuncias recibidas en 2019. La Ley de Transparencia de Navarra establece que, cuando los datos solicitados afecten a terceros que se hayan opuesto a su difusión, antes de hacerlos públicos es necesario esperar a que transcurra el plazo legal para que los afectados presenten un recurso contencioso en los tribunales. Si esto ocurre, es la Justicia quien decide sobre la publicidad de la información. Eso es lo que ocurrió en este caso, ya que la empresa Beloso Alto SL presentó un recurso pidiendo la anulación de las tres órdenes forales.

Beloso Alto pretendía que se aplicase uno de los límites al derecho de acceso a la información pública: que de su divulgación pueda resultar un perjuicio para "los intereses económicos y comerciales legítimos". Algo que debería tenerse en cuenta, a su entender, "máxime cuando el acceso se daría a un periodista que va a publicar los datos que obtenga". La empresa también consideraba que divulgar la información solicitada suponía "una doble sanción" para la residencia,  al sumar ahora la publicidad de la multa a la sanción impuesta en su día por el Gobierno foral.

La Sala de lo Contencioso del TSJ navarro desestima ambos argumentos, en una sentencia fechada el pasado 20 de enero y cuya ponente fue la magistrada María Jesús Azcona Labiano, quien también preside dicho órgano judicial. Citando resoluciones del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, el TSJ señala que los límites al derecho de acceso a la información pública "deben interpretarse siempre restrictivamente" y destaca que la normativa foral establece que "el principio de transparencia debe interpretarse y aplicarse en todos los casos de forma preferente". El tribunal entiende que en la información sobre residencias de mayores existe un "interés público" que debe prevalecer sobre el supuesto perjuicio privado a los intereses económicos de una empresa, que por otra parte no se concreta en el recurso de Beloso Alto más allá de la invocación genérica de ese presunto daño.

Además, el TSJ navarro recuerda que el artículo 3 del Código Civil determina que las normas "se han de interpretar con arreglo a la realidad social en que han de ser aplicadas y la realidad social en este caso pone en evidencia una especial sensibilidad por lo que tiene que ver con un colectivo vulnerable, el de los mayores, y en lo referido al uso de servicios de residencias".

En consecuencia, el TSJ desestima el recurso contra las tres órdenes forales, que mantienen su vigencia, e impone las costas a la empresa demandante.

Los datos de sanciones en Navarra

El Gobierno foral que preside María Chivite (PSN-PSOE), tras recibir la notificación de la sentencia, facilitó la información solicitada al periodista de infoLibre. El análisis de los datos pone de manifiesto el escaso número de sanciones que se impone a las residencias y la baja cuantía de las mismas.

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En los seis años del periodo 2014 a 2019, en Navarra terminaron con multa sólo 10 expedientes sancionadores a residencias de mayores. Siete de ellos se incoaron en 2014 y 2015, con el Gobierno de Yolanda Barcina (UPN), y el importe total de las multas ascendió a 102.207 euros. En los cuatro años del Ejecutivo de Uxue Barkos (Geroa Bai) sólo se pusieron dos sanciones, en ambos casos a residencias gestionadas por ayuntamientos: 24.002 euros al centro Solidaridad en Castejón y 300 euros al geriátrico San Vicente de Paúl en Sangüesa. Durante los seis primeros meses de mandato de María Chivite se impuso una sanción de 72.002 euros a Beloso Alto, que es con diferencia la más alta aplicada en el periodo analizado. El expediente a la residencia propiedad del Igualatorio se abrió por la comisión de dos infracciones: una grave, al no prestar "a los usuarios una atención especializada e integral y continua acorde a sus necesidades", y otra muy grave, "por el uso de sujeciones físicas sin prescripción factultativa".

Si se analiza quiénes fueron las empresas gestoras que recibieron las sanciones, la cifra se reduce a siete geriátricos diferentes, ya que tres de ellos fueron multados por partida doble. Además del expediente incoado en 2019, Beloso Alto recibió otra multa de 24.002 euros en 2014. Ambas suman por tanto 96.004 euros, lo que equivale a un 48% del total impuesto a todas las residencias navarras en seis años (198.511 euros). La empresa Idea, que se encarga de la residencia Santa Zita en la localidad de San Martín de Unx, recibió dos sanciones de 12.001 euros cada una en 2014 y 2015. La Mancomunidad de San Isidro, que gestiona el geriátrico del mismo nombre en el municipio de Lumbier, fue multada dos veces en 2014: primero con 200 euros y luego con 18.000.

El cuadro de sanciones se completa con una de 24.002 euros a la residencia Tomás, Lydia y Javiera Recari, en la localidad de Cáseda, y otra de 12.001 euros al centro Amavir Argaray, en Pamplona. Ambas se tramitaron en 2014.