La UE bloquea la suspensión de patentes con un 'plan B' que no ha funcionado para el acceso global a la vacuna

6 de mayo de 2021. El Gobierno estadounidense cambia de opinión y se abre a una suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19. El movimiento ya había sido adelantado por la prensa estadounidense, que informó de que el gabinete de Joe Biden lo barajaba una vez hechos los deberes inmunitarios en casa. Aun así, pilló fuera de juego a la Unión Europea, cuya Comisión, hasta entonces, solo había manifestado duras negativas. Ursula Von der Leyen vino a decir que se lo pensarían.

A 7 de junio de 2021, un día antes de una nueva reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya se lo han pensado. Y la respuesta es no. El club comunitario ha presentado una propuesta alternativa a la de India y Sudáfrica que, según sus críticos, pone sobre la mesa soluciones que ya están habilitadas y que no funcionan para lograr el acceso global a los productos contra la pandemia. Más business as usual mientras el mundo se divide en varias velocidades: los que ya salen de la crisis sanitaria, los que lo logran a duras penas y los que tendrán SARS-CoV2 para rato. Si nada lo remedia. 

Las organizaciones que defienden la exención temporal de patentes desde que India y Sudáfrica lo propusieran en la OMC el pasado octubre de 2020 son muy críticas con la propuesta de la UE. "Contempla medidas claramente insuficientes para aumentar la producción y distribución de vacunas y demuestra una firme posición europea para impedir el consenso", critica Salud Por Derecho, que ha estado encima del proceso desde el principio. El documento orbita en torno a tres ejes. El primero, "limitar la aplicación de barreras a la exportación", que ven positivo pero que "no ataja el verdadero problema": el cuello de botella de la producción.

Si no se produce lo suficiente, no se puede mandar a otros países. Vanessa López, directora de la asociación, lo explica con números: "En 2021 se necesitan unas 12.000 millones dosis de vacunas para inmunizar al 70% de la población global. La industria dice que puede producir 10.000. Pero la semana pasada el FMI [Fondo Monetario Internacional] decía que de eso nada, que podría llegarse a 6.000. Las inoculadas no llegan a 2.000", explica. Y concluye: "Las medidas que hasta ahora no se han aplicado no son suficientes". 

La segunda y la tercera pata de la propuesta de la Unión Europea se basa en dos tipos de licencias: las voluntarias y las obligatorias. Mediante las primeras, las farmacéuticas comparten su conocimiento con otros laboratorios, guiadas por sus propios intereses comerciales y con beneficios a cambio. Mediante las segundas, un país concreto decide apropiarse de los derechos de protección intelectual del producto, urgido por sus necesidades de salud pública. Las organizaciones recuerdan que ambas opciones estaban perfectamente habilitadas, en base al derecho internacional, desde el principio de la pandemia: ¿por qué ahora iban a convertirse en la solución?

El principal acuerdo de cesión voluntaria de una licencia es el que se produjo entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford y el Serum Institute de India, uno de los gigantes de la producción de genéricos a nivel global. Relevantes, pocos más. En total se han producido unos 270 acuerdos, cifra López, pero menores: generalmente, para subcontratar partes del proceso de fabricación, no para globalizarla.

Para fomentarlas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó el mecanismo C-TAP (Plataforma de Acceso a la Tecnología de Covid-19, siglas en inglés), un espacio donde las empresas podían compartir sus conocimientos, para que los utilicen los países con menos recursos. Más de un año de pandemia después, lo ha inaugurado España a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), facilitando el manual de instrucciones de un test serológico. El gesto, muy aplaudido, evidencia el fracaso parcial de la herramienta.

El investigador en Salud Global Adrián Alonso asegura que cabe preguntarse por qué la OMS, que apoya la exención de patentes, ha publicitado mucho menos este mecanismo en comparación al fondo Covax, que busca competir con los países más ricos para comprar vacunas y repartirlas entre los países de bajos y medios ingresos y que, por ahora, no está cumpliendo sus objetivos. Para Alonso, se trata de una cuestión de independencia: Covax ha sido impulsado por la Fundación Bill & Melinda Gates, la principal donante privada del organismo internacional, que persuadió a la Universidad de Oxford para que cediera su fórmula a AstraZeneca en vez de compartirla con el mundo. 

Las licencias obligatorias pueden ser una solución in extremis. Pero expertos, investigadores y organizaciones recelan: es muy complicado ejecutarlas.in extremis El país que lo lleva a cabo se puede quedar solo, siendo más vulnerable a presiones y bloqueos comerciales. Así lo explica un informe de Médicos sin Fronteras de mayo, previo al posicionamiento de la Unión Europea. En primer lugar, las licencias obligatorias solo sirven para "abastecer el mercado nacional", según la legislación aprobada en la propia OMC: a no ser que se cambien las reglas, Sudáfrica, por ejemplo, no puede hacerse con la patente de Pfizer y comercializar una vacuna genérica en África.

Además, explica la organización internacional, existen varias trabas burocráticas que pueden alargar durante meses el proceso; y la fabricación de "productos médicos complejos", como vacunas, se necesita acceso inmediato a otros activos protegidos por la propiedad intelectual que pueden no estar incluidos en la licencia obligatoria. López añade que "habría que ir negociando licencia por licencia en cada uno de los países", un proceso no solo lento, también delicado, que podría llevar a años de denuncias cruzadas y litigios. 

El argumento del tiempo necesario para que una liberación de patentes se convierta en una mayor producción es el esgrimido ahora por las farmacéuticas y los expertos y Gobiernos que defienden sus intereses. Cuando en octubre se puso sobre la mesa la posibilidad de la exención, las razones fueron otras: se llamó a preservar la innovación, las expectativas de un "beneficio razonable" que debían tener las big pharma para lanzarse a asumir el riesgo. Ahora que se ha demostrado que las cuentas de resultados de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson reflejan mucho más que un "beneficio razonable", se ha pasado al bombardeo con la falta de margen (provocada por el bloqueo en la OMC de la iniciativa desde octubre) y la imposibilidad técnica. 

El presidente de Pfizer, Albert Boula, que no ha promovido ninguna licencia voluntaria para globalizar la producción pero que sí ha anunciado contribuciones al fondo Covax y precios especiales para los países más pobres, es uno de los más beligerantes contra la propuesta de India y Sudáfrica. El producto de Pfizer requiere 280 ingredientes y materiales que proceden de 19 países diferentes, según explicó en una carta abierta de la que se hizo eco El País. No faltan infraestructuras, sino materias primas para cocinar la vacuna. "Entidades con poca o ninguna experiencia en fabricar vacunas demandarán estas materias primas que necesitamos, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de todos", asegura. 

Las organizaciones y expertos favorables a la exención de patentes contraargumentan desde hace meses que, para que sea efectiva, hace falta aterrizar el texto de India y Sudáfrica y detallar cómo se produciría la transferencia de tecnología. Reconocen que no es una solución inmediata: no basta con saber la receta, sino que hay que saber cocinar. En todo caso, López recuerda que hay laboratorios, como los de Teva (en Israel) que han pedido licencias y que no se les han concedido. "Esas fábricas estarían dispuestas a empezar ya. Otras necesitarían un apoyo para fortalecer esa capacidad de producción y otras en la que habrá que invertir más tiempo y dinero. De lo que se trata es que podamos responder a la emergencia actual y que, por otra parte, podamos descentralizar esa producción". 

Sin embargo, previsiblemente, en la reunión de la OMC del 8 y 9 de junio no se debatirá esto sino una propuesta alternativa de la Unión Europea con tres puntos, dos de ellos ya recogidos en la legislación internacional. Las organizaciones creen que la Unión Europea lo sabe, pero que solo busca bloquear la exención temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. El propio miércoles, el Parlamento Europeo vota sobre si apoya la suspensión, pero sus decisiones no son vinculantes para la Comisión. 

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Ahora sí que sí: España apoya la suspensión 

Cuando Biden ejecutó su golpe de timón con respecto a las patentes, el Gobierno español parecía dividido: el PSOE había votado en sede parlamentaria en contra de la propuesta indosudafricana, y Unidas Podemos a favor. El Ejecutivo señaló a las horas diciendo que la iniciativa "marca el camino", pero a su vez, asegurando que "la exención sola no es suficiente para garantizar el acceso a los países en desarrollo". El país elevó una propuesta al resto de países europeos que reconocía que "el consenso" era necesario en el seno de la OMC, pero que mientras se alcanzaba, había que fomentar las licencias voluntarias y la transferencia de tecnología. 

El discurso español es solo ligeramente más favorable a la suspensión que el de la Comisión Europea. Pero Salud por Derecho está contenta con la posición del país, que además ha inaugurado el mecanismo C-TAP. En una reunión, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, les confirmó que apoyaban la propuesta. "Es verdad que en ocasiones la posición de España ha sido un poco ambivalente", reconoce López, pero celebra el posicionamiento claro que obtuvieron en privado.