Unidas Podemos se reconcilia con el PSOE para hacer frente a las consecuencias de la guerra

La guerra de Rusia contra Ucrania ha hecho saltar por los aires cualquier plan político o económico preconcebido por una Unión Europea que ya veía el inicio de la recuperación tras la pandemia. En España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido objeto de crítica tanto desde la oposición como por parte de sus aliados parlamentarios acusado de inacción ante una situación de alza de precios y falta de suministros. En medio de esta crisis, el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, temía un acercamiento del PSOE hacia el Partido Popular y reclamaba un plan de choque “ambicioso y progresista”. 

Los morados se mostraron reacios desde el primer momento a llegar a un acuerdo con la derecha que sí reclamaba el ala socialista del Gobierno. En la formación morada temían que ese pacto, impulsado a través del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, comportase la implementación de medidas económicas conservadoras, como una bajada generalizada de impuestos. “Este es un gobierno progresista y las medidas tienen que ser de izquierdas”, reclamaban fuentes de la formación. 

En este contexto y después de varias semanas de reuniones con sus homólogos europeos, Sánchez logró el compromiso de Bruselas para imponer un límite al precio del gas generador de electricidad. Un logro político que permitirá a España y Portugal esta limitación de manera "extraordinaria y temporal" al ser considerados "isla energética" y que fue celebrado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz.

Según ha detallado el propio presidente del Gobierno este lunes, el plan de respuesta español comportará una rebaja generalizada al precio de la gasolina, tope a las subidas del alquiler y la protección del empleo, entre otras medidas. Se trata de un paquete que durará hasta el 30 de junio y tendrá un impacto de unos 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y de otros 10.000 millones en créditos ICO. En total, 16.000 millones de euros.

Tanto Díaz como la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, han celebrado la puesta en marcha de este plan, que, a su juicio, va "en la buena dirección", aunque la segunda ha reclamado más "valentía" al Ejecutivo. Belarra ha pedido que se intervenga de forma decidida el mercado eléctrico, de cara a fijar de forma suficiente un precio del gas (que ha situado en los 30 euros) que fomente una bajada de las facturas y minore los "injustificables" beneficios caídos del cielo de las eléctricas.

La vicepresidenta segunda también ha incidido en este punto y ha puntualizado que Unidas Podemos sigue negociando con el PSOE para concretar la minoración de estos beneficios de la mano de Portugal y la Comisión Europea. Asimismo ha asegurado que no habrá rebajas masivas de impuestos que reclamaba la derecha. “No habrá una bajada generalizada, sino a quien más lo necesite de manera singular en materia energética", ha afirmado.

Así se cerró el acuerdo: una negociación de madrugada tras un “intenso” fin de semana

Fue Yolanda Díaz la que cerró el acuerdo con Sánchez. Lo hizo en la madrugada del domingo aunque no hubo reunión presencial: todo se ultimó por teléfono. Ambos desbloquearon el acuerdo tras un fin de semana “intenso”, según resumen fuentes de la negociación a infoLibre, en la que se involucraron el resto de ministerios de Unidas Podemos.  Esta misma mañana han sido los equipos del presidente del Gobierno y de la número tres del Ejecutivo los que han acabado de perfilar las medidas respecto al empleo y los alquileres.

El Gobierno ha vuelto a alcanzar un acuerdo ‘in extremis’, pese a que los morados entregaron hace más de dos semana el documento al PSOE con sus propuestas, algunas de las cuales se han quedado fuera, como la de establecer un impuesto excepcional a las grandes eléctricas o la de dar 300 euros a las familias con ingresos de hasta 70.000 euros para hacer frente a la subida de la luz.

Aun así, en Unidas están satisfechos con el pacto alcanzado. Han logrado establecer un límite del 2% durante tres meses a las subidas de los alquileres (hasta el 30 de junio ninguna actualización de la renta podrá superar esa cuantía), limitar el despido objetivo y facilitar que las empresas puedan acudir a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para evitar una destrucción masiva de puestos de trabajo si la situación empeora.

Además, han pactado mejorar la cuantía del ingreso mínimo vital, que aumentará un 15% y se extenderá a 600.000 familias el bono social eléctrico, que llegará, ha cifrado Sánchez, a 1,9 millones de hogares. También se ha acordado incluir una bajada de precios en el carburante, como venía reclamando el sector de los transportistas, y conceder ayudas directas, que también alcanzarán al sector primario. Todas estas medidas, ha reivindicado Belarra, tienen el “claro sello” de Unidas Podemos. 

Según la lectura que hacen en el espacio confederal “estar en el Gobierno sirve para esto”. Son las palabras de la portavoz de Podemos, Isa Serra, pero que también han replicado otros dirigentes del espacio, como Sira Rego (Izquierda Unida). “Hubiese sido imposible tener un plan de esta envergadura, un escudo social desplegado por segunda vez en una crisis en apenas dos años, si en el Gobierno no hubiese estado presente Unidas Podemos”, ha enfatizado. Estas declaraciones se producen después de varias semanas de tensión acumulada por, precisamente, la respuesta del ala socialista del Gobierno a la guerra.

El Congreso deberá validar las medidas y Belarra mira a sus socios

El Consejo de Ministros aprobará este paquete de medidas el martes, pero será el Congreso el que deberá validarlas. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mano derecha de Sánchez, ha sido el encargado de contactar telefónicamente con los portavoces de Partido Popular, Esquerra Republicana, Ciudadanos, PNV y Más País para explicar las líneas generales del real decreto ley anunciado por Sánchez.

Tanto Díaz como Belarra han indicado que esperan un apoyo mayoritario del resto de formaciones, incluido el PP, dado que a este plan es "muy difícil decirle que no". Aun así, la líder de Podemos ha insistido en que hay que mirar hacia la mayoría que hizo posible la investidura de Sánchez y ha mostrado su disposición en seguir negociando. “Esta noche no vamos a dormir mucho, sobre todo el secretario de Estado de Derechos Sociales (Nacho Álvarez)", ha asegurado Belarra.

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Los socios han valorado positivamente el acuerdo, si bien han vuelto a protestar por el modus operandi del Gobierno. “Contactar. Estrictamente eso: contactar. Hemos tenido una conversación telefónica de 5 minutos hoy lunes a la mañana. Ahora estoy informándome a través de los medios sobre lo que ha explicado el presidente en su conferencia", lamentaba Aitor Esteban (PNV) a través de Twitter. Se trata de una queja generalizada en todos los grupos. 

En ERC creen que “a priori” recoge varias de las propuestas que les hicieron llegar la pasada semana, aunque aseguran que queda por conocer la “letra pequeña” de las mismas, al igual que Más País, la formación de Íñigo Errrejón. Más críticos se muestran en el partido abertzale: “Son medidas coyunturales y temporales, que aunque puedan ir en la dirección correcta, son insuficientes y se quedan cortas: su aplicación se limita hasta el 30 de junio”, valoran fuentes de la formación.

El que podría dar la sorpresa y apoyar (o abstenerse) la votación del decreto es el principal partido de la oposición. Su actual coordinadora, Cuca Gamarra, ha indicado que la formación está abierta a "dialogar" con el Gobierno, aunque el líder in péctore, Alberto Núñez Feijóo, sigue insistiendo en que este debe estar acompañado de una baja de impuestos. "No vemos el compromiso de la bajada de impuestos que habíamos asumido en la Conferencia de Presidentes en La Palma. No está, al menos no está en la información que es conocida a través de los medios de comunicación", ha destacado.