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Caso Nóos

Urdangarin & Borbón, el juicio del año

La infanta Cristina a su llegada a su trabajo en La Caixa.

El 11 de enero de 2016 habrán transcurrido exactamente cinco años desde que la revista Diez Minutos ilustró su portada con un titular que hoy parece casi tan prehistórico como la osamenta de un Tiranosaurio Rex: “La reina, convencida de la inocencia de Iñaki”. Calado sobre una gran foto en la que Sofía de Grecia mira triste a cámara, las apuestas se pagarían hoy a millón si ese titular encontrase encaje en algún medio cuando Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se sienten en el banquillo del caso Nóos el próximo 11 de enero.

Será ese día cuando comience el que ya tiene garantizada la vitola de juicio del año. Con 500 periodistas españoles y extranjeros acreditados, el primer proceso de la historia de España que sienta en el banquillo a un miembro de la familia del rey durará al menos seis meses y, además de los 18 acusados, por él desfilarán testigos como Rodrigo Rato, Francisco Camps, Rita Barberá y José Manuel Romero, el abogado externo de Juan Carlos I que, según la confusa y luego contradictoria versión oficial, fue quien ordenó a Iñaki Urdangarin que rompiera amarras con su socio de años, Diego Torres.

Los protagonistas llegan a ese banquillo socialmente condenados por una opinión pública que fue conociendo los tejemanejes del Instituto Nóos mientras los despidos, los desahucios, los recortes agujereaban la malla del país.

Se conoció, por ejemplo, que Instituto Nóos y otra falsa ONG de la trama habían recibido a dedo seis millones públicos de Baleares, Valencia y Madrid. Y que esos seis millones habían acabado en las cuentas de los responsables de la falsa ONG.

Y que una red societaria cuyo hilo conducía a los paraísos fiscales de Luxemburgo y Belice había servido a esa misma trama nucleada en torno a Instituto Nóos para ocultar y blanquear el dinero.

Retrato de la impunidad y el despilfarro

Todo eso, y más, con el millonario palacete de Pedralbes erigido en símbolo de lo que las investigaciones iban destapando como un retrato de impunidad y despilfarro, tenía como protagonistas nada menos que a la hija y al yerno del rey.

Urdangarin y Borbón llegan además al banquillo privados del título de duques de Palma tras la formidable crisis que acabó con la abdicación de Juan Carlos I, cuyo apoyo a los negocios de su yerno revelan los correos electrónicos destapados por el antiguo socio de Urdangarin, Diego Torres.

Y llegan al banquillo, finalmente, excluidos a efectos oficiales de la familia real, cuyo perímetro se limita hoy a Felipe VI, su esposa, sus dos hijas y sus padres. La hermana del rey conserva intactos no obstante sus derechos dinásticos, lo que posee un valor más simbólico que práctico dado que es la sexta en la línea sucesoria.

A priori, es la de Cristina de Borbón la que se dibuja como figura central de un juicio donde el tribunal se enfrentará ya el 11 de enero, y en la llamada fase de cuestiones previas, a un dilema de enorme magnitud: confirmar la condición de acusada de la infanta o eximirla como pretende el fiscal Pedro Horrach, que no observa delito en sus actos. Horrach sí la considera partícipe a título lucrativo, es decir, beneficiaria del dinero evadido al fisco por Urdangarin.

Horrach intentará que el tribunal dé por bueno el paralelismo entre la infanta y el ya fallecido banquero Emilio Botín, quien se libró de una condena por fraude a Hacienda porque solo la acusación popular –es decir, no la fiscalía- le endosaba ese delito. Si el tribunal considera aplicable aquí la doctrina Botín, la hermana del rey se librará del juicio.

A la infanta solo la persigue penalmente una de las acusaciones populares, la que ejerce el colectivo Manos Limpias. La abogada que representa aquí a Manos Limpias, Virginia López Negrete, reclama para Cristina de Borbón ocho años de cárcel como cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales (2007 y 2008) que Anticorrupción atribuye a su marido.

Los principales actores jurídicos de este caso dan por hecho que las tres magistradas que componen el tribunal resolverán sobre esa cuestión –si la infanta debe o no ser juzgada- de inmediato, durante la fase preliminar del juicio. Es decir, entre el 11 de enero y el 9 de febrero, fecha en que deben comenzar las sesiones de la vista en sentido estricto con el interrogatorio de los 18 acusados. No obstante, y aunque se avizora como una hipótesis remota, el tribunal puede legalmente postergar su decisión hasta que dicte sentencia.

Si el tribunal presidido por Samantha Romero Adán y que completarán las juezas Rocío Martín –con fama de ser martillo de corruptos- y Eleonor Moyá confirma que Cristina de Borbón debe ser juzgada, le queda todavía una opción para esquivar físicamente el banquillo durante los cinco meses largos en que, a partir del 9 de febrero, se sucederán las sesiones del juicio una vez resueltas las cuestiones previas que las partes plantearán el 11 de enero.

Esa opción, considerada probable en medios jurídicos de Palma, pasa por pedir al tribunal que la exima de acudir a la vista una vez concluyan las declaraciones de los acusados y comiencen las de los testigos. Si el calendario se cumple a rajatabla, los acusados terminarán de declarar el 26 de febrero. Y la última, si es que sigue en el banquillo, será justamente Cristina de Borbón.

Casi 20 años para Urdangarin

Desde que, tras el estallido del caso en el otoño de 2011, las investigaciones comenzaron a avanzar a velocidad de vértigo y cada vez con menos posibilidades de que alguien las abortase, no han cesado de sucederse los amagos de pacto con la Fiscalía.

Pero lo único cierto es que, hasta ahora, ningún intento de acuerdo ha fraguado, más allá de los dos ya alcanzados por el fiscal Pedro Horrach con otros tantos acusados: el ex olímpico y exalto cargo balear Pepote Ballester y el antiguo contable de la trama Nóos, Marco Tejeiro. Su testimonio contribuirá, sin duda, a empeorar la posición de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y el expresidente balear Jaume Matas.

Así que, salvo que medie un acuerdo que implique una rebaja de condena previa confesión de culpa y resarcimiento de daños –es decir, previa devolución de los millones pagados a Instituto Nóos-, la Fiscalía pide penas muy altas para los dos principales acusados, Urdangarin y su antiguo socio Diego Torres, para el que reclama 16,5 años de cárcel.

Para Urdangarin, Anticorrupción pide 19,5 años de cárcel por siete delitos distintos: fraude a Hacienda, blanqueo, malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración y estafa. En la cúspide de la pirámide –presuntamente- delictiva aparecen los seis millones de euros públicos cazados a dedo en Baleares, Valencia y Madrid por Instituto Nóos y su ONG heredera (la Fundación DCIS) y el entramado societario construido en España y en paraísos fiscales como Luxemburgo y Belice y utilizado por los acusados para desviar y blanquear ese dinero.

En el caso de Urdangarin y su esposa, aparece en relieve el llamado palacete de Pedralbes, parte de cuya reforma y decoración fue abonada con fondos procedentes de la empresa Aizoon SL.

Una 'máquina de defraudar'

Participada al 50% por cada uno de los dos cónyuges y utilizada por Urdangarin para pagar menos a Hacienda, Aizoon SL constituye una de las piezas clave del caso en lo que respecta a Cristina de Borbón.

En su auto de apertura de juicio oral, el juez Castro definió Aizoon como “auténtica máquina defraudatoria”. Y en una resolución previa, aquella por la que confirmó la imputación de la infanta, el mismo Castro sostenía que, con el conocimiento y la plena conciencia de Cristina de Borbón, Aizoon había sido utilizada por el matrimonio para repartir beneficios a espaldas de Hacienda.

En realidad, que la hermana del rey ha ocupado el espacio central del tablero no es algo nuevo ni que se remonte al momento –diciembre de 2004- en que el juez Castro la incluyó en el auto de apertura de juicio oral junto con los otros 17 acusados.

La infanta ha copado el protagonismo desde que Castro decidió llamarla a declarar en calidad de imputada en la primavera de 2013. Aquella primera imputación fue suspendida “de momento” por la Audiencia de Palma con un auto que implicó una victoria pírrica para quienes, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en cabeza, habían expresado públicamente su desacuerdo con el juez. Victoria pírrica porque fue esa resolución la que ordenó a Castro investigar a la infanta por delito fiscal y blanqueo.

El juez siguió las instrucciones de la Audiencia de Palma y concluyó que, en efecto, Cristina de Borbón debía ir al banquillo como presunta cooperadora de dos de los delitos fiscales (2007 y 2008) atribuidos a su marido. Su decisión de imputarla y, luego, de incorporarla a la lista de inculpados dinamitó la relación de confianza entre Castro y el fiscal Horrach, una relación sustentada en la lucha contra la corrupción y de la que hoy no queda nada.

La infanta y Urdangarin vendieron su casa a una sociedad de Luxemburgo

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Los otros acusados del caso, desde el antiguo socio de Urdangarin, Diego Torres, al expresidente balear y antaño todopoderoso líder del PP en el archipiélago, Jaume Matas, desempeñan a priori un papel secundario en el proceso. Salvo –y nadie sabe a ciencia cierta qué posibilidades reales hay de que eso ocurra- que alguno de ellos guarde algún as en la manga.

Por ejemplo, cabe la posibilidad -aunque incierta- de que Diego Torres guarde correos inéditos cuyo contenido abunde en la dirección de los que él mismo desveló sobre el apoyo de Juan Carlos I a los negocios de su yerno, con o sin Corinna Zu Sayn Wittgenstein por medio.

Otro ejemplo: la revista Vanity Fair publicó días atrás que Jaume Matas está decidido a contar en la vista oral que Juan Carlos I le expresó el siguiente deseo: “Trata bien a mi yerno”.

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