Una veintena de jefes del Ejército obtuvieron permiso para fichar por empresas de defensa en la última década
Las compañías del sector armamentístico continúan pescando en la cúpula militar en pleno proceso de rearme. La Oficina de Conflictos de Intereses acaba de dar el visto bueno al fichaje de un teniente general del Ejército del Aire y del Espacio para ponerse al servicio de la firma Airbus. El suyo es el enésimo salto al sector privado desde lo más alto de las Fuerzas Armadas. Solo en la última década, según datos recopilados por este diario, alrededor de una veintena de altos cargos militares han recibido luz verde por parte del Gobierno para trabajar con empresas de armamento.
El teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez era hasta el pasado mes de agosto, momento en el que se publicó su cese, quien se encargaba de representar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas, ante el Comité Militar de la OTAN y el Comité Militar de la Unión Europea. Entre sus funciones, velar por los intereses españoles ante dichos órganos. Pero ahora comenzará a hacer carrera en el sector privado de la mano de la compañía aeroespacial.
El grupo, que cubre a través de sus diferentes firmas más de la mitad de las ventas del sector y en el que tienen una importante participación el Estado francés, alemán y español, ha decidido incorporarlo, según explican fuentes de la compañía a infoLibre, al Comité de Seguridad de Airbus España. "No es empleado, es miembro de este comité", completan desde la empresa.
La suya es la segunda autorización concedida en lo que va de año para dar el salto a empresas del sector de la defensa, industria que en 2023 tuvo una facturación consolidada de 13.900 millones de euros. A finales de enero, Fernando Ángel García y García de las Hijas, quien fuera jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, obtuvo luz verde de la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar con Indra, el gigante español de la ingeniería tecnológica para defensa que tiene a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como accionista mayoritario.
Los fichajes de Indra y Airbus
Indra y Airbus son dos de las compañías más atractivas para aquellos jefes de las Fuerzas Armadas que deciden dar el salto a la empresa privada. Francisco González-Espresati, antiguo jefe del Mando Aéreo de Combate, también tiene activas en estos momentos, según figura en el Portal de Transparencia, autorizaciones para asesorar a la tecnológica en el "ámbito aeroespacial" y en la "defensa", así como permiso para trabajar con la firma Integración Tecnológica Empresarial (ITE) –la que se hiciera con el mantenimiento de carros del Ejército– o con Telespazio, especializada en tecnologías satelitales. Y a Indra dio el salto también uno de sus predecesores al frente del Mando Aéreo de Combate: Eugenio Ferrer Pérez.
La firma aeronáutica, por su parte, fichó el pasado año a Fernando de la Cruz Caravaca, quien fuera segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, al que incorporó como responsable de relaciones públicas. La Oficina de Conflicto de Intereses también ha dado permiso para trabajar en Airbus a lo largo de la última década a Juan Antonio Carrasco, quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa; a César Simón, jefe del Mando Aéreo de Combate; y a Ignacio Bengoechea, antiguo segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, al que también fichó la compañía especializada en misiles SMS.
Esta última es una suerte de joint venture de las firmas armamentísticas Sener, Escribano Mechanical & Engineering, GMV e Instalaza. La primera compañía fichó en su día como consultor al que hubiera sido oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas: el exJemad Fernando Alejandre. Y para trabajar con la segunda se concedió permiso a finales de noviembre al exjefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Fernando García-González Valerio. No es, sin embargo, el único vinculado al Ministerio de Defensa que dio el salto a Escribano. Lo mismo hizo en su día quien fuera secretario de Estado de Defensa en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Agustín Conde.
El Grupo Oesía también da buena cuenta de esa segunda vida en el sector privado de los responsables militares. Para trabajar con ellos recibió autorización el año pasado el general Miguel Ángel Ballesteros, quien fuera director del Departamento de Seguridad Nacional. Y en años anteriores Eduardo Gil, antiguo segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. O su homólogo en la Armada, José Luis Urcelay. Especializado en ingeniería electrónica para los sectores de la defensa y la seguridad, este grupo cuenta entre sus marcas con Tecnobit, para cuyo asesoramiento fue autorizado en 2015 Fernando Sacristán, quien fuera jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.
De Everis a Argos pasando por Hisdesat
Urcelay también recibió en su día luz verde para desarrollar servicios de consultoría y asesoramiento en Everis, compañía de la que fue presidente el exministro de Defensa Eduardo Serra y a la que también dio el salto como asesor estratégico José Carrasco Gabaldón, que ocupó el cargo de jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. Y fichó por Maxam, del que llegó a presidir su división de defensa –Expal–, que acabaría siendo adquirida por la alemana Rheinmetall.
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No es, sin embargo, la única firma española del sector que ha terminado en manos extranjeras. Lo mismo ocurrió con Santa Bárbara Sistemas, vendida a la estadounidense General Dynamics y que fichó de director de estrategia a Miguel Comas, quien fuera jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Un mercado de la defensa en el que, cada vez más, juegan un papel clave las firmas tecnológicas. Es el caso de TRC, focalizada en ciberseguridad, a la que ha asesorado Rafael Comas, antiguo jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. O de Hisdesat, empresa operadora de satélites por la que ha mostrado un interés especial en los últimos meses Indra y para la que pidió autorización el exjefe del Mando de Personal del Ejército del Aire Pablo Castillo.
Y luego están las consultoras tecnológicas especializadas en defensa y seguridad. La Oficina de Conflictos de Intereses autorizó en plena pandemia a Salvador Delgado, jefe de Apoyo Logístico de la Armada, trabajar para Argos. Y unos meses después, a Juan Montenegro, quien fuera representante ante el Comité Militar de la OTAN, para fichar por Inetum.
