Verdades, mentiras y medias verdades sobre las vías de los políticos para desatascar una investidura 'bloqueada'

La semana del 22 de julio está muy cerca. Es la elegida por Pedro Sánchez para someterse al pleno de investidura. Cuando el presidente del Gobierno en funciones suba a la tribuna habrán pasado casi tres meses desde las elecciones generales del 28 de abril. Un periodo de tiempo en el que las posturas de los partidos poco se han movido. O han ido todavía a peor respecto a los posicionamientos iniciales. Si la noche electoral reinaba el optimismo y parecía que las negociaciones entre Partido Socialista y Unidas PodemosPartido Socialista iban a fluir con naturalidad, a día de hoy nadie  –ni siquiera en estos dos partidos– se atreve a garantizar que los españoles no vayan a tener que enfrentarse a una nueva cita electoral el 10 de noviembre, en caso de que en los dos próximos meses Sánchez no logre formar Gobierno.

En este contexto de incertidumbre, desde los dos principales partidos han desempolvado en los últimos días esbozos de iniciativas que, a juicio de los proponentes, servirían de vacuna contra el “bloqueo”. Unas implicarían reformas constitucionales; otras, según los expertos consultados, tendrían incluso difícil encaje constitucional. A todas ellas les une una cosa: no es la primera vez que los ciudadanos las escuchan. Guiones similares a este que se despliega en las últimas semanas se desarrollaron cuando a Mariano Rajoy (Partido Popular) (Partido Popular)también le costó configurar una mayoría tras las elecciones generales de diciembre de 2015 y junio de 2016. En la película, el PP y el PSOE, que tradicionalmente se han alternado en el poder en España, ponían sobre la mesa ideas para acabar con el “bloqueo” que impedía la formación de gobierno. Y una vez formado, la película terminaba con las leyes sin tocar. Con las ideas enterradas en un cajón.

En los últimos días se ha hablado de reformar el artículo 99 de la Constitución, de dar una prima de 50 escaños al partido más votado como ocurre en Grecia o, incluso, de instaurar una doble vuelta. infoLibre repasa esos anuncios y el posible alcance de los mismos de la mano de expertos en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Más allá de la letra pequeña de cada una de las propuestas, todas las fuentes consultadas dirigen el foco hacia un mismo punto: es un error buscar sólo respuestas legales a problemas políticos.

  Sánchez y la reforma del artículo 99 de la Constitución

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, entraba de lleno en el debate este jueves en una entrevista concedida a Los Desayunos de TVE. Según avanzó, "el primer acuerdo de país" que propondrá a los grupos parlamentarios será la reforma del artículo 99 de la Constitución. El líder de los socialistas no precisó más. Se limitó a decir que hay que “encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida cualquier alternativa que precisamente pueda abocar a la repetición sistemática electoral"repetición sistemática electoral".

 

El artículo 99 es el que fija el procedimiento para la investidura del presidente del Gobierno. Abarca desde el momento en que los representantes de los diferentes grupos parlamentarios acuden a la ronda de consultas convocada por el rey hasta el momento en el que, transcurridos dos meses de la primera votación de investidura sin candidato que haya logrado el apoyo de la Cámara, se convocan nuevas elecciones.

Contempla que "si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros [176 diputados], otorgare su confianza a dicho candidato, el rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple". Si no ocurre así, pueden intentarse diferentes sesiones de investidura con el límite de los dos meses desde la primera votación. Con la elección del día 22 como jornada para el arranque del pleno, si Sánchez sigue sin conseguir los apoyos, habría elecciones el 10 de noviembre.

Sánchez aseguró que la fórmula propuesta no tiene por qué ser calcada a la de los ayuntamientos, donde gobierna la lista más votada si el candidato propuesto no logra la mayoría absoluta del pleno municipal, pero consideró "evidente" la necesidad de contar con un mecanismo que permita la investidura y evite repetir los comicios por sistema.

Ernesto Pascual, profesor de Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), considera que el actual no es el momento adecuado para abrir el melón de una reforma constitucional. Un proceso que, a su juicio, requiere de tiempo y de una reflexión seria.

La idea es compartida por María Garrote de Marcos, doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, que recuerda, además, que el artículo 99 de la Constitución no ha sido un problema en casi 40 años de democracia. La cosa ha cambiado, matiza, “cuando se ha transformado el sistema de partidos”.

Esta profesora universitaria subraya que el artículo 99 es muy abierto porque se ha dejado bastante margen a los usos y las costumbres parlamentarias y constitucionales. Señala que es algo bastante frecuente en el ámbito del Derecho Constitucional. Así, recuerda Garrote de Marcos, en el citado artículo no se precisa el tiempo que tiene el rey para reunirse con las fuerzas políticas, no se les da un plazo, tampoco se dice cuándo debe el presidente del Congreso hacer la propuesta…

“Está copiado prácticamente de un artículo de la antigua Ley Fundamental de Bonn, que ahora mismo es la Constitución de Alemania, donde más o menos se viene a establecer un procedimiento parecido. Lo que pasa es que los plazos que se contemplan son mucho más cortos”, precisa.

La misma experta recuerda que en los últimos años también se ha hablado de que la propuesta de candidato, que es un acto jurídico que firma el rey y que va refrendado por el presidente del Congreso, tuviera una vigencia, una fecha de caducidad.

A juicio de Garrote de Marcos, esto podría conducir a que el candidato tuviera cierta presión “para llegar al acuerdo” y permitiría no tener que reformar el 99 de la Constitución porque podría recogerse en el Reglamento del Congreso de los Diputados. Sería, dice, un “aliciente” para el que no habría que ir a reformar la Constitución, a hacer “más rígido” algo que ha funcionado.

En el caso de tener que tocar la Carta Magna, su apuesta sería que el plazo para disolver las Cortes no fuese de dos meses después de la primera votación, sino de dos meses desde la primera propuesta del rey. Es dar un matiz a ese artículo 99. “Eso, como mucho. Pero no más”, considera. Porque recuerda que no hay que perder de vista que el proceso de investidura en España es rígido porque también es rígido el de la moción de censura. “Es muy importante que las dos partes estén equilibradas”. “Hay que pensar muy bien las instituciones. No se pueden modificar como si fueran islas”, subraya.

No es la primera vez que en el PSOE hablan de retocar el artículo 99. En febrero de 2017, ya se planteaba proponer a todos los partidos que se cambiase la Constitución para evitar un bloqueo institucional en la elección del presidente del Gobierno que solo pudiese solventarse con elecciones. La solución que estudiaban estribaba en una fórmula según la cual, si fracasaban las dos primeras votaciones –la primera exige mayoría absoluta y la segunda, simple–, ya no se podría votar "no", solamente "sí" o "abstención". Esto se haría, indicaban, reformando el 99 de la Constitución.

La propuesta ya había sido verbalizada por Antonio Hernando, portavoz parlamentario de los socialistas por aquellas fechas, en octubre de 2016, en la sesión de investidura de Mariano Rajoy. Y es un reflejo de lo que ocurre en los debates de investidura para los presidentes de Euskadi y Asturias. En ambas comunidades, además de permitirse más de un candidato, sólo existe la posibilidad de votar a favor o abstenerse.

Xavier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, considera que si se opta por un sistema que “genera una especie de automatismo”, ya sea el municipal o el que permite la elección de los presidentes de Euskadi o Asturias, el papel del rey, del jefe del Estado, “queda muy rebajado”.

Dice Arbos que mantendría esta misma opinión si en lugar de estar hablando de una monarquía parlamentaria lo estuviera haciendo de una república parlamentaria como la italiana. A su juicio, es importante que haya una persona que pueda quedar por encima de los partidos y ser capaz de, “valiéndose de esa autoridad en el sentido más genérico de la palabra”, encontrar una solución en un conflicto en el que es difícil encontrar un candidato.

Pero si tiene que elegir entre las ventajas e inconvenientes de los sistemas vascos o asturianos y la pérdida de la importancia del papel del jefe del Estado, en último término, este experto aboga por el sistema de automatismo, “no tanto por perjudicar el papel del rey como para impedir bloqueos y facilitar la estabilidad gubernamental”.

  2. Un sistema… ¿a la griega?

El PP también se ha declarado partidario de introducir elementos correctores que limiten ese "bloqueo". Pero, hasta la fecha, no miran en la misma dirección que los socialistas porque la línea roja de los conservadores es clara: no tocar la Constitución

Tras reunirse con Sánchez en el Congreso, Pablo Casado informó este martes de que había sugerido al presidente del Gobierno en funciones la posibilidad de explorar en el futuro reformas para evitar "bloqueos". Se refirió a "soluciones más pragmáticas" como la de implantar en España el modelo griego, que otorga una prima de escaños al ganador de las elecciones.

 

Según dijo, la propia Constitución prevé la posibilidad de ampliar el Congreso de 350 a 400 diputados. Este sería el margen que podría aprovecharse para la prima sin necesidad de reformar el texto constitucional. No obstante, esta opinión choca con la de varios juristas, que creen que atentaría contra la proporcionalidad del sistema consagrada en el artículo 68.

Para Ernesto Pascual, “todos los sistemas electorales tienen sus pros y sus contras”. En este sentido, apunta que lo que se está escuchando estos días básicamente implica “parchear un sistema proporcional con una prima mayoritaria”. “Un parche”, resume la propuesta de Casado.

“Estamos en un sistema multipartidista en el que lo que se necesita es un cambio de cultura política. La cultura política estatal. Porque la cultura política de los ayuntamientos ya ha sido así. En las instituciones municipales habitualmente no hay ningún problema para la gobernabilidad porque se llega a pactos”, destaca este experto de la UOC.

Garrote de Marcos ve “totalmente inconstitucional” el planteamiento inicial de Casado. “No por diseñar un sistema electoral subiendo de 350 a 400 los escaños, que se puede. Sería inconstitucional porque al final esos 50 escaños se atribuirían a la fuerza más votada y el sistema de facto sería desproporcionado. Iría contra un principio que está en la Constitución, que es el del sufragio igual”, justifica.

El tipo de Cámara que se generaría poniendo en práctica herramientas como esta sería “artificial”, según esta profesora de la Universidad Complutense de Madrid. “Todo lo que sea engordar una mayoría de manera artificial es peligrosísimo. Aparte de deslegitimar el sistema, esa mayoría puede ser tiránica cuando al final no es tan mayoría, sino una minoría que por avatares del sistema llega a ser mayoría”, añade.

En una línea similar, Arbos mantiene que con la idea que puso Casado sobre la mesa se entra “en una nueva distorsión de la proporcionalidad”.

“Distorsionar la proporcionalidad con un premio a la mayoría, que dirían en Italia, a mí me parece que no es una buena idea, sobre todo cuando el electorado español parece evolucionar ya claramente hacia preferencias que van más allá del bipartidismo”, completa. No le parece, pues, oportuno que se deje fuera del sistema a sectores importantes de la sociedad.

  3. La doble vuelta de Susana Díaz

Otra las propuestas parte de la expresidenta de Andalucía. El miércoles, en una entrevista concedida al programa Julia en la Onda (Onda Cero), Susana Díaz defendió que había llegado el momento de implantar un sistema de doble vuelta. "No nos podemos acostumbrar al bloqueo", dijo.

 

Todos los expertos consultados mantienen que esta pretensión es la más llamativa de todas las hechas en los últimos días porque supone cambiar el sistema. “Los sistemas mayoritarios favorecen el Gobierno, pero perjudican la representación de toda la sociedad”, dice Pascual.

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El profesor de la UOC cree que para comprender la magnitud de lo que se pretendería es bueno ponerse en el contexto catalán. “Si estamos diciendo que un referéndum en Cataluña en el que saliese el 51% contra el 49% no sería válido porque dividiría a la sociedad… ahora estamos pensando en un sistema mayoritario que puede dar ese resultado y dividiría a la sociedad. Si nos hemos dotado de un sistema proporcional es porque precisamente tenemos una sociedad plural y como tal sociedad plural necesitamos un sistema que represente todas las tendencias ideológicas que hay en la sociedad”, completa Pascual.

Garrote de Marcos añade que tras lo que parece proponer Díaz se esconde el planteamiento de un modelo totalmente ajeno al actual. No bastaría, dice, con una reforma de un artículo en concreto de la Constitución, sino con cambiar enteros los títulos tercero y cuarto.

Arbos no duda de que la doble vuelta facilitaría la investidura. “No tanto porque asegurara una mayoría absoluta, sino porque disminuiría muy mucho el número de partidos con representación suficiente”. Pero no cree que sea una buena idea en un momento en el que la sociedad española ya no sólo apuesta por los dos grandes partidos, sino que se decanta por otros menús políticos. “No hay que perder de vista la distorsión de la proporcionalidad”, dice.