Lo que la derecha y la ultraderecha española no gana en el juego de mayorías y minorías en el Parlamento, lo lleva directamente al Supremo. Por lo Penal. Como si sus adversarios políticos hubieran cometido un delito. La Sala Segunda del Alto Tribunal, la que lleva estas causas criminales contra miembros del Gobierno, parlamentarios y otros aforados, lleva meses avisando del atasco que estas denuncias y querellas sin ningún tipo de futuro provocan en el trabajo de los magistrados. La avalancha de este tipo de escritos obliga a que cinco magistrados deliberen sobre su admisión y a designar un ponente que se estudie cada caso y elabore una resolución que en más del 90% de los casos es de archivo. Pero sus autores, en su mayoría partidos o personajes ligados a la ultraderecha o satélites del PP, no se conforman y recurren, duplicando el trabajo del órgano.
Es lo que, en argot jurídico, se denomina "querulantes", un término que, según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, define a los "querellantes patológicos". Gente que lleva a los tribunales cualquier asunto cuando no obtiene la razón por otras vías, pese a que los órganos judiciales les cierren casi sistemáticamente el paso. En esa categoría entra, con mucha ventaja respecto de los demás, el partido de ultraderecha Vox. También lo hace un clásico que, a través de la acción popular, trata de poner la justicia al servicio de intereses espurios: el pseudosindicato ultra Manos Limpias del exfalangista Miguel Bernad. Y aparecen otros grupos afines ultrarreligiosos como Abogados Cristianos o Hazte Oír. Incluso grupos conspiracionistas, como Liberum o Iustitia Europa, o que forman parte del lobby proisraelí como ACOM.
El fenómeno ya fue denunciado en noviembre de 2024 por la magistrada progresista Ana Ferrer. La excandidata a presidir la Sala de lo Penal –que se retiró de la carrera ante el bloqueo del sector conservador– explicó en su programa de actuación con el que aspiraba a ese puesto que este tipo de causas, solo en 2023, habían crecido un 191% con 204 asuntos registrados (70 en el año anterior). En 2024, la incidencia de estos asuntos ha remitido: el número de casos contra aforados se situó el año pasado en 136, según la Memoria de la Fiscalía, presentada por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, el pasado viernes. En cualquier caso, el dato sigue duplicando a la cifra registrada en 2022. De ellas, solo el 7% (10 causas) seguían abiertas a finales del año pasado.
Se trata de un campo abonado para formaciones políticas y organizaciones de la órbita del trumpismo español. El partido de Santiago Abascal, por ejemplo, se querelló contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delgado del Gobierno en Madrid por la actuación de la policía frente a las concentraciones ultras a las puertas de la sede del PSOE tras las elecciones de 2023. También contra el presidente del Gobierno por pactar con Junts y el resto de sus socios la ley de amnistía, o contra los miembros de la Mesa del Congreso que dieron luz verde a su tramitación. Pedro Sánchez también fue objeto de querellas por presentar su libro Tierra Firme en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Junto a Hazte Oír, Vox actuó contra los magistrados del Tribunal Constitucional que en junio de ese año anularon las sentencias del caso ERE que afectaban a dos presidentes y varios consejeros socialistas de la Junta de Andalucía. O contra el presidente catalán, Salvador Illa, por supuestas irregularidades en la contratación de material sanitario contra la covid durante su anterior etapa como ministro de Sanidad.
Recortes de prensa como pruebas
Manos Limpias prefiere la denuncia a la querella. Y presentada, como otras veces en las que sí le ha dado resultado, con la única prueba de informaciones de periódicos afines a su ideología. A Sánchez lo han acusado de usurpación de funciones por el acuerdo de Gobierno con Junts sobre el perdón a los líderes independentistas. Contra el expresidente catalán Carles Puigdemont también han actuado por una serie de opiniones sobre la justicia española publicadas en su perfil de Instagram. O por la referencia al lawfare que se contenía en el acuerdo con la formación independentista. El querulante Miguel Bernad sí ha conseguido personarse como acusación popular en el caso abierto contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, un delito que el jefe de la Fiscalía niega y del que el instructor, Ángel Hurtado, no ha hallado, hasta el momento, una sola prueba.
Otra de las organizaciones que recurre a este tipo de escritos es Abogados Cristianos. Lo ha intentado contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por su informe sobre los abusos sexuales contra menores en el seno de la Iglesia. Pero también contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, por una supuesta colaboración con el Gobierno en la elaboración de la ley de amnistía. En ambos casos, la fundación ultracatólica no solo no se conformó con el archivazo a sus querellas de todo punto infundadas, sino que presentó recurso contra ellas, duplicando el trabajo de los magistrados.
Otro de los recurrentes a este tipo de escritos es el abogado ultraderechista Aitor Guisasola y su asociación Movimiento por la Regeneración Política de España. Se trata de una de las acusaciones populares admitidas por el juez de instrucción de Madrid Juan Carlos Peinado en su polémica causa contra la esposa del presidente del Gobierno. Su batalla en el Supremo contra el jefe del Ejecutivo se ha centrado, sobre todo, en la presentación de su libro, contra la que ha intentado pleitear alegando usurpación de funciones o malversación, al tratarse, en su opinión de un acto privado para el que, sostiene, se usaron fondos públicos. También participó junto a otros querulantes en la campaña judicial para culpar al Ejecutivo de la gestión de la dana de Valencia del pasado 29 de octubre.
Los negacionistas se apuntan
Los conspiracionistas antivacunas de la asociación Liberum, contrarios a las medidas sanitarias de prevención durante la pandemia de covid (como el uso obligatorio de mascarillas), han usado esta vía para querellarse contra los políticos que las adoptaron y los magistrados que las validaron. Incluso fueron contra el director general de la Organización Mundial de la Salud. Junto a Vox y otras asociaciones ultras, se querellaron contra la exministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), por defender públicamente el derecho de los niños y niñas a tener educación sexual, acusándola de un delito contra indemnidad sexual, de corrupción de menores o de provocación a la agresión de menores o a la prostitución. Contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se querellaron por revelación de secretos después de que pidiera públicamente que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), diera explicaciones sobre si el piso en el que vive se sufragó con el fraude fiscal confesado por su pareja.
Iustitia Europa, muy próxima a Liberum, se ha querellado por delito de odio contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por decir que "las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño, también puede poner en riesgo la salud". Pero como en el resto de los casos, también han intentado actuar contra el presidente del Gobierno por supuestamente destinar dinero de los presupuestos inicialmente previsto para las Fuerzas Armadas españolas a Ucrania. Iustitia Europa también está admitida como acusación popular junto a Manos Limpias en el caso Begoña Gómez, que instruye el juez Peinado.
El Supremo, como un juzgado de guardia
Además de la magistrada Ferrer, la Sala de lo Penal a la que pertenece también ha tenido ocasión de denunciar el problema en diversas resoluciones. En marzo, por ejemplo, reprochó a Manos Limpias sus continuas denuncias contra Sánchez basadas en "recortes de prensa" y acusó al sindicato ultra de actuar en "fraude de ley" y de utilizar el Supremo como "un juzgado de guardia de cualquier asunto mediático".
En junio volvió a cargar contra el supuesto colectivo que preside Miguel Bernad acusándole de tratar de abrir "una macrocausa general contra el Gobierno" con el único objetivo de acceder a "información sensible". Manos Limpias había intentado unificar en la Sala de lo Penal el caso del fiscal general, el de Ábalos y Koldo, el paso de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez por España y la investigación sobre Begoña Gómez. Sin embargo, el Alto Tribunal sigue aceptando al grupo en causas muy trascendentes como el caso Koldo o en la del fiscal general del Estado.
El Gobierno ha puesto en marcha a través de dos iniciativas –la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y una proposición de ley del PSOE– el mecanismo para racionalizar este tipo de denuncias mediante la limitación de la acción popular, una anomalía procesal que solo existe en España, pero que está reconocida en la Constitución. Se trata, precisamente, de prohibir la acción popular a los partidos políticos y evitar que se utilice, como ahora, de forma abusiva y acabar con las filtraciones interesadas de los colectivos escasamente representativos que la ejercen. Para ello, los socialistas quieren que estos grupos solo puedan actuar en la fase de juicio y no en la instrucción. Limitar este tipo de denuncias y querellas ha sido un objetivo común del PP y el PSOE en los últimos 15 años, aunque el partido de Alberto Núñez Feijóo ahora se opone a la reforma.
Mientras, estas asociaciones no dejan de pleitear sin el más mínimo rigor jurídico ante la más alta instancia penal española sin lograr resultado. Uno de sus últimos intentos, también infructuoso, fue, precisamente, intentar que el Supremo investigara a los políticos que quieren poner fin a esta situación limitando su acceso a los tribunales para este tipo de asuntos. Como más del 90% de estas querellas contra aforados, la iniciativa terminó en el cajón.
Lo que la derecha y la ultraderecha española no gana en el juego de mayorías y minorías en el Parlamento, lo lleva directamente al Supremo. Por lo Penal. Como si sus adversarios políticos hubieran cometido un delito. La Sala Segunda del Alto Tribunal, la que lleva estas causas criminales contra miembros del Gobierno, parlamentarios y otros aforados, lleva meses avisando del atasco que estas denuncias y querellas sin ningún tipo de futuro provocan en el trabajo de los magistrados. La avalancha de este tipo de escritos obliga a que cinco magistrados deliberen sobre su admisión y a designar un ponente que se estudie cada caso y elabore una resolución que en más del 90% de los casos es de archivo. Pero sus autores, en su mayoría partidos o personajes ligados a la ultraderecha o satélites del PP, no se conforman y recurren, duplicando el trabajo del órgano.