La Xunta incorpora a un banco público de tierras 77 fincas acogiéndose a una ley que el PP tildó de “comunista”
El Diario Oficial de Galicia publicó este 18 de julio un anuncio en el que la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader), dependiente de la Consellería de Medio Rural, daba cuenta del "inicio de un procedimiento de investigación de la titularidad de setenta y siete inmuebles situados en la aldea modelo de Mojón-Parada", en Cerdedo-Cotobade. Es la primera vez, explica la propia Consellería, que el Gobierno gallego emprende por esta vía un "expediente de investigación" para "aclarar la titularidad" de parcelas agrarias. En este caso, de un total de 77.
El significado político de esta acción, incluida en la Ley de Recuperación de Tierra Agraria del año 2021, no es menor. No en vano, cuando una parcela está "sujeta la este procedimiento de investigación", la Xunta la integra "transitoriamente en el Banco de Terras" para, explica Medio Rural, "poder ponerlas en producción". En este caso, para poder integrarlas dentro del proyecto de una aldea modelo (espacios en los que la Xunta incluye buenas prácticas en el sector agrario), que en este caso abarca 427 fincas de 109 titulares distintos, que suman un total de 17 hectáreas.
Explica Medio Rural que, al incluir en el Banco de Tierras las fincas de titularidad desconocida mientras el Gobierno gallego intenta localizar las personas propietarias permite "evitar tanto el propio deterioro de los predios como el riesgo ambiental que supone su situación de abandono". Y, "al tiempo, se posibilita su aprovechamiento agrario" con una medida "cautelar" que "no supone la pérdida de derechos por parte de posibles titulares". Si aparece la persona propietaria, está contemplado que la Xunta le devuelva la finca y lo que eventualmente cobrara por arrendarla.
Esta explicación no es muy diferente ofreció el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG (2005-09) y, concretamente, su conselleiro del Medio Rural, Alfredo Suárez Canal (BNG), cuando en 2007 crearon el Banco de Tierras, que incluía medidas en algunos casos menos expeditivas que la vigente Ley de Recuperación de la Tierra Agraria. El Bantegal, señalaba la Xunta gobernada por la izquierda, incluía entre sus previsiones la incorporación al "patrimonio público" de las parcelas de propiedad desconocida para ponerlas a la disposición de las explotaciones que las precisaran mediante arrendamientos que cobraba la propia Xunta.
Cuando la Ley del Banco de Tierras llegó al Parlamento, encontró la oposición frontal del PP. Los populares justificaban su no. entre otros aspectos, en que medidas como incorporar al Banco de Tierras fincas de propiedad desconocida implicaba "intervencionismo, incautación" y una "sovietización encubierta", había afirmado el entonces portavoz popular en materia rural, Roberto Castro, quien después ostentó otros cargos como subdelegado del Gobierno de Mariano Rajoy en la provincia de Ourense.
"Cuidadito con el sentido de la propiedad", había advertido Castro, que instaba al conselleiro Suárez Canal a tener en cuenta que Galicia no era un "país perteneciente al extinto Pacto de Varsovia". Si se seguía adelante con la medida, afirmaba, las consecuencias serían "gravísimas".
Al llegar las elecciones de 2009, el PP no incluyó en su programa los ataques al Banco de Tierras, salvo criticarlo por ser una entidad de la denominada Administración instrumental que consideraban superflua y prometer que, si gobernaban, fomentarían la "movilidad" de las tierras. No obstante, durante los últimos días de aquella campaña electoral, miembros del PP contribuyeron a difundir por la provincia de Ourense panfletos según los cuáles PSdeG y BNG "te iban a quitar tus tierras y dárselas a otros con la excusa de que no las trabajas". Los populares habían negado ser autores de aquella campaña de propaganda.
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Casi década y media después de aquella campaña, la casualidad y los ritmos administrativos provocan que, mientras quien fuera líder del PPdeG está ahora inmerso en la recta final de la carrera electoral del 23J, la Xunta dirigida por su sustituto, Alfonso Rueda, tramite y publicite esta medida cautelar sobre 77 fincas. En el sitio web de Agader es posible comprobar todos los detalles de las parcelas investigadas mientras la Xunta lo expone al público durante veinte días.
A continuación, explica Medio Rural, se abre un plazo de alegaciones de un mes para que las personas que se consideren afectadas puedan presentarlas y, por ejemplo, entregar documentación que acredite que las fincas son suyas. El proceso no puede durar en total más de dos años y, si a su final sigue sin estar clara la propiedad, las fincas pueden acabar definitivamente integradas en el Banco de Tierras y la Xunta y disponer de ellas, en este caso, como parte de una aldea modelo.
Texto original en gallego
