Hace un año y medio el Gobierno gallego presentó un informe, avanzado en exclusiva por Praza.gal, en el que analizó siete posibles fusiones de concellos, ante lo que el presidente Alfonso Rueda aseguró que era un simple análisis de viabilidad y que sólo impulsarían las "voluntarias". Ahora, tras años de promesas, la Xunta acaba de presentar el anteproyecto de una nueva Ley de Administración Local de Galicia y en él se atribuye la posibilidad de imponer la anexión de un concello en crisis por parte de otro que esté saneado si este último lo acepta, esto es, imponiendo la fusión al concello más débil.
La nueva ley sigue manteniendo medidas de la anterior para el "fomento" de la fusión voluntaria de municipios, con diversas ayudas económicas. Pero incorpora un nuevo artículo que faculta a la Xunta a iniciar esos procesos "cuando en un municipio el establecimiento o la prestación de los servicios mínimos resulte imposible o de muy difícil cumplimiento", para lo que establece tres requisitos que se deben dar al mismo tiempo:
-Que el concello "incumpla los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto durante los últimos cinco años".
-Que esté "en situación de reto demográfico".
-Que fuese "dispensado de la prestación de los servicios públicos de prestación obligatoria y que transcurrido el plazo máximo de duración de esa dispensa, incluida la prórroga, incumpliera su obligación de optar por una de las fórmulas de gestión asociativas" o de fusión previstas en la propia ley ahora impulsada.
Para este tipo de fusión impuesta "no será necesario acuerdo favorable" del concello en crisis sino sólo de los demás concellos afectados. Esto es, en la práctica se produciría una anexión del concello en crisis por otro concello vecino saneado.
La Xunta alega que "desconoce" el contenido del pacto secreto con Altri que firmó un conselleiro
La norma también establece que durante la tramitación de estas fusiones o anexiones "la diputación provincial correspondiente se subrogará en la prestación de los servicios mínimos necesarios".
La nueva Ley de Administración Local también contempla un nuevo sistema de financiación municipal que tendrá como principal instrumento un denominado Fondo Incondicionado Xeral en el que serán ponderadas distintas variables: la población total (42,2%), población de cero a dos años (4,2%), población de 16 a 65 años (3%), población mayor de 65 años (10,2%), dispersión calculada según las entidades singulares de población (5,1%), superficie (10,3%), pérdida poblacional en los últimos cinco años en los concellos declarados en situación de reto demográfico (5%) y el esfuerzo fiscal relativo que hace cada concello con su propia recaudación (20%).
Además de ese fondo general, habrá un Fondo Incondicionado por Gastos non Homoxéneos destinado a fomentar "inversiones en infraestructuras municipales de carácter estratégico", a concellos que asuman "cargas singulares" como conservatorios o grupos de emergencia supramunicipal, y fomentar las fusiones, mancomunidades y otras formas de cooperación.
Hace un año y medio el Gobierno gallego presentó un informe, avanzado en exclusiva por Praza.gal, en el que analizó siete posibles fusiones de concellos, ante lo que el presidente Alfonso Rueda aseguró que era un simple análisis de viabilidad y que sólo impulsarían las "voluntarias". Ahora, tras años de promesas, la Xunta acaba de presentar el anteproyecto de una nueva Ley de Administración Local de Galicia y en él se atribuye la posibilidad de imponer la anexión de un concello en crisis por parte de otro que esté saneado si este último lo acepta, esto es, imponiendo la fusión al concello más débil.