En la Comunidad de Madrid existen solo tres empresas de distribución de gas natural, que se reparten todo el territorio autonómico. Estas compañías no son las comercializadoras que facturan el gas consumido, con las que solemos tratar los clientes, y que podemos escoger libremente, sino las que explotan la red de tuberías que lleva el gas hasta cada domicilio o industria.

Dos de ellas, Madrileña Red de Gas (MRG) y Redexis, tienen importantes lazos mercantiles con el Estado chino, a través de su banco central y su Consejo de Estado. Así lo revela la investigación transnacional OpenLux, liderada por el consorcio de investigación periodística OCCRP y realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva en España.

Los expertos consultados coinciden en que, a pesar de tratarse de compañías relativamente desconocidas para el gran público, la presencia china en ellas reviste gran relevancia por tratarse de un sector clave como la energía. También señalan la "asimetría" de un modelo en el que Pekín invierte con normalidad en infraestructuras europeas mientras mantiene cerrado a la inversión extranjera su propio sector energético, considerado estratégico dentro de sus fronteras.

La propia UE está preocupada por la inversión china y estudia la posibilidad de limitarla en sectores como este porque, según advierte la Comisión Europea, las potencias están utilizando cada vez más los aranceles, las dependencias económicas y otros instrumentos comerciales para alcanzar objetivos geopolíticos. 

Entre Madrileña Red de Gas y Redexis sirven a más de 1,6 millones de puntos de suministro en nuestro país, un 19,6% de la red nacional, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La mayoría se encuentran en la Comunidad de Madrid, pero no únicamente. Redexis distribuye también en otras comunidades autónomas, como Aragón o Baleares, y MRG centra sus operaciones en Madrid, pero también sirve a algunos municipios de Castilla-La Mancha.

Los volúmenes económicos también muestran la importancia de ambas compañías. En 2025, MRG declaró una cifra neta de negocios de 139 millones de euros, que le reportó unos ingresos antes de impuestos de 109 millones. En el caso de Redexis, el volumen de negocios fue de 243 millones de euros y los ingresos antes de impuestos, de 161 millones. El músculo económico de estas energéticas lo evidencia el hecho de que ambas tienen una filial en Países Bajos destinada específicamente a la operativa financiera de la compañía.

La participación del Estado chino en MRG y Redexis se da a través de la Administración Estatal de Divisas de China (SAFE, por sus siglas en inglés), un organismo que opera bajo el paraguas del Banco Popular de China, que es el banco central del país. En el caso de Redexis también interviene el propio Consejo de Estado.

El caso de las dos distribuidoras de gas en Madrid no es una excepción. Los tentáculos de China en Europa se están extendiendo gracias a las inversiones de SAFE, que controla bienes en al menos ocho países europeos, tal y como ha revelado OpenLux. En varios de ellos se trata de activos que los expertos valoran como estratégicos, como edificios que se utilizan como sede de instituciones europeas o instalaciones energéticas, como tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas. 

La estrategia para hacerse con esos activos, o con parte de ellos, pasa por tejer entramados societarios que van desde el país europeo donde está el activo a China, tras una o varias paradas en jurisdicciones como Luxemburgo, Reino Unido o las Islas Vírgenes Británicas con varias empresas intermediarias. Es decir, la participación en las sociedades o en los activos inmobiliarios no es de SAFE u otra institución china de forma directa, sino que se canaliza a través de complejas y opacas cadenas de propiedad. 

"SAFE ha dedicado en los últimos tiempos esfuerzos considerables a enmascarar el tamaño de sus inversiones", explica Brad Setser, investigador del think tank Council on Foreign Relations y ex subsecretario adjunto del Tesoro estadounidense. "Es evidente que la agencia quiere permanecer fuera del foco".

Lo mismo sucede en el caso de MRG y Redexis. Ambas parten de una compañía en España que pertenece a otras empresas y pasa por varias jurisdicciones hasta llegar a la participación china. De hecho, ni Madrileña Red de Gas SA ni Redexis Energía SA revelan de forma directa en sus documentos financieros públicos su conexión con el régimen de Pekín, a pesar de que un tercio de la primera está controlado por SAFE y un tercio de la segunda por SAFE y el Consejo de Estado chino.

Alicia García-Herrero, investigadora sénior del centro de estudios económico Bruegel y profesora adjunta en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, explica a infoLibre que "el Banco Popular de China gestiona sus reservas internacionales de forma diversificada invirtiendo en activos estables en Europa" si bien matiza que, técnicamente, invertir en activos energéticos en España "no es el papel de un banco central", y señala que China, por su parte, no abre su propio sector energético a la inversión extranjera. 

Madrileña Red de Gas nació en 2010 después de que la extinta Comisión Nacional de la Competencia —predecesora de la actual CNMC— obligara a Gas Natural Fenosa —resultante de la compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, y más tarde renombrada como Naturgy— a desprenderse de varios de sus activos para cumplir con los requisitos exigidos para la fusión. La decisión del regulador la aprovechó entonces la firma estadounidense Morgan Stanley, que compró la recién creada distribuidora para ponerla en marcha, aumentar sus puntos de suministro y venderla cinco años después al mejor postor.

Ahí, en 2015, entró en el accionariado el fondo chino Gingko Tree Investment. Esta firma, cuyo "propietario último" es el organismo SAFE, según declara en sus cuentas anuales de 2024 en el Reino Unido, es una de las identificadas en esta investigación como parte del brazo inversor del banco central chino, y controla otros activos en Europa como el ferry que une la isla de Wight con la ciudad inglesa de Portsmouth. La propia Madrileña Red de Gas detalla en sus informes de sostenibilidad que Gingko Tree es su última compañía matriz, y la CNMC, en su informe sobre el sector gasista publicado en 2024, la identifica como dueña de un 33,75% al cierre de 2022.

Sin embargo, existe otro rastro documental que también apunta en dirección a Pekín pero lo hace por un camino distinto. Las cuentas anuales de MRG señalan a otra sociedad española, Elisandra Spain V, como propietaria de la compañía. Y es aquí donde el rastro de propiedad se bifurca según el registro que se consulte. 

Las cuentas anuales del grupo en 2024 identifican como propietaria de Elisandra Spain V a otra sociedad llamada Elisandra Spain IV, y como titular del 33,75% de las acciones de esta última, a una sociedad luxemburguesa —JCSS Mike Sàrl— que la CNMC no menciona pero que los informes de sostenibilidad de MRG asocian con Gingko Tree. Sin embargo, cuando ese rastro se sigue en el registro mercantil de Luxemburgo, la respuesta cambia. A través de otras dos mercantiles luxemburguesas, el socio único de la matriz española no es Gingko Tree, sino Okra Gee Investment Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. A pesar de ello, Okra Gee, que también controla activos energéticos en el Reino Unido, no aparece mencionada en ninguna documentación pública de Madrileña Red de Gas. 

Por otro lado, el registro caribeño no obliga a las sociedades participadas por administraciones estatales a declarar su titular real, y cuando el consorcio OpenLux solicitó formalmente esa información sobre Okra Gee y otras once sociedades caribeñas identificadas en la trama, el sistema devolvió un mensaje de error en todos los casos.

En todo caso, la conexión de Okra Gee con Pekín no es una inferencia: Wind UK Invest Limited, una sociedad participada por Okra Gee que opera tres parques eólicos en el Reino Unido, declara oficialmente en el registro mercantil británico que su "persona con control significativo" es la propia SAFE. Es decir, el mismo brazo inversor del banco central chino que MRG identifica públicamente como matriz de Gingko Tree aparece también, por otra vía documental independiente, en la cúspide del entramado que llega hasta Okra Gee.

Preguntada por infoLibre y OCCRP sobre cuál de las dos identidades corresponde realmente a la matriz última de ese 33,75% —dada la divergencia entre lo que declara en sus propios informes de sostenibilidad y lo que consta en el registro de Luxemburgo—, Madrileña Red de Gas no ha respondido. En ambas rutas, el destino es el mismo: el 33,75% de la distribuidora de gas pertenece, con varias pantallas intermedias, al brazo inversor del Banco Popular de China.

La relación entre MRG y su matriz Elisandra ya había sido objeto de un pronunciamiento del regulador español antes de esta investigación. En marzo de 2023, la CNMC obligó a Madrileña Red de Gas a recuperar 101,2 millones de euros que había transferido a Elisandra Spain V, su siguiente escalón en la cadena de propiedad. La operativa venía funcionando desde 2019 bajo la fórmula de un préstamo: MRG concedía formalmente crédito a su matriz —con un tope de mil millones de euros—, Elisandra V retiraba el dinero periódicamente y con esos fondos se pagaban los dividendos a los accionistas últimos del grupo, incluido el fondo del banco central chino. 

En la práctica, el mecanismo permitía extraer caja de la sociedad regulada española sin que en su balance figurase como reparto de beneficios. La forma de actuar de MRG incumplía la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entró en vigor en 2021, y cerró esa vía al prohibir a las gasistas reguladas conceder préstamos, garantías o avales a otras sociedades de su grupo, con el fin de proteger la solidez financiera del sistema. 

Al frente del consejo de administración de Madrileña Red de Gas, con el cargo de presidenta independiente desde noviembre de 2024, se sienta Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve. Su trayectoria previa la sitúa en el epicentro regulatorio y energético español: subdirectora de Mercados de Petróleo en la extinta Comisión Nacional de la Energía, directora general de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), y directiva en Enagás, Repsol, Unión Fenosa y BP Oil España.

En abril de 2012 fue nombrada consejera independiente de Red Eléctrica de España, —actual Redeia— la sociedad semipública que opera el sistema eléctrico nacional y que está considerada infraestructura estratégica del Estado. Desde 2013 fue además coordinadora del consejo y en enero de 2020, tras la dimisión de Jordi Sevilla como presidente, asumió transitoriamente las funciones de presidenta hasta el nombramiento de Beatriz Corredor. Su relación con Redeia terminó el 4 de junio de 2024 tras agotar el plazo máximo legal de doce años como consejera independiente. Cinco meses después, Gómez de Barreda asumió la presidencia de MRG. 

Las ramificaciones de Elisandra IV, la matriz de MRG, se extienden más allá del gas natural. Otra de sus filiales, la consultora energética Aliara Energía, participa al 33% en la joint venture Madrid Inspira Hidrógeno Verde junto con FRV —empresa española de energía solar perteneciente a un grupo saudí —y Grupo Ruiz— holding familiar dedicado al transporte por carretera—. El proyecto, que consiste en generación de energía renovable mediante hidrógeno, fue presentado en 2023 como "la palanca definitiva de descarbonización de la movilidad en la Comunidad de Madrid" y obtuvo en 2024 una subvención de 7,4 millones de euros del programa CEF AFIF, dependiente de la Comisión Europea. La ayuda europea cubría la construcción de una planta de hidrógeno en Villanueva del Pardillo y cinco estaciones de repostaje en la Comunidad de Madrid.

Desde el anuncio de la subvención han transcurrido más de dos años. Las estaciones estaban previstas para 2025. En la fecha de esta publicación no consta inicio de obras de la planta, ni comunicación pública de las ubicaciones de las estaciones, ni cronograma actualizado del proyecto. Según el último informe de sostenibilidad de MRG, publicado el pasado junio, el proyecto ha sufrido "dificultades administrativas y operativas" y ha recibido una prórroga de la Unión Europea para extender el calendario. Consultados los tres socios del consorcio y el Ministerio de Transportes —este último hasta en cinco ocasiones entre mayo y julio—, infoLibre no ha recibido ninguna respuesta sobre el estado del proyecto ni la ejecución de los fondos.

Si todos los caminos societarios de MRG llevan a Pekín, la situación de Redexis no es muy distinta. Este grupo se presenta a sí mismo como "líder en el desarrollo de infraestructuras energéticas" en España. Se trata de una compañía especializada en infraestructuras de gas natural, "al tiempo que avanza en su consolidación como operador de referencia en el ámbito de los gases renovables", como el hidrógeno verde, al igual que sucede con MRG.

Redexis cuenta con un 8,2% de cuota de mercado por puntos de suministro de gas natural en España, una cifra algo inferior a la de Madrileña Red de Gas. Eso sí, su implantación en el territorio es más variada. Mientras MRG está centrada en la Comunidad de Madrid, Redexis, según sus propios números, tiene presencia en 929 municipios de 39 provincias distintas y suma un total de 772.906 puntos de suministro y 10.498 kilómetros de redes de distribución. De hecho, Redexis solo es distribuidora de gas natural en cinco municipios de Madrid —datos muy inferiores a los de MRG y Nedgia, la tercera distribuidora de la región—. Tiene más presencia en otras comunidades, como Aragón o Baleares. Presume de contar con 250 empleados directos en España y en los últimos años ha emprendido una apuesta por impulsar plantas de biometano, instalaciones que transforman residuos orgánicos en gas 100% renovable.

La compañía ha recibido cuantiosos préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el órgano financiero más importante de la UE. En 2015, obtuvo un crédito de 160 millones de euros —en condiciones ventajosas, según describió la empresa en su informe de resultados— y en 2018, otro de 125 millones. Ambos fueron concedidos antes de producirse la entrada de capital chino en la empresa, pero siguen vigentes. A día de hoy, según la información financiera de la compañía, Redexis debe al BEI más de 210 millones de euros, a pagar en tres tandas en 2036, 2039 y 2040. 

Redexis Energía SA, la actual empresa matriz del grupo, y, por tanto, el grupo Redexis al completo, pertenece a tres propietarios distintos a partes iguales: el fondo de pensiones danés Arbejdsmarkedets Tillægspension, Chase Gas Investments —una filial de Universities Superannuation Scheme (USS), el fondo de pensiones privado más grande del Reino Unido— y Guotong Romeo Holdings Limited. Los fondos danés y británico tenían un 49,9% de Redexis hasta 2018; el otro 50,1% era de Goldman Sachs a través de su fondo de inversión GSIP.

De hecho, Goldman Sachs, que había creado Redexis en 2010 tras comprar 800 millones de activos de Endesa, era quien controlaba el grupo. Cuando decide vender la empresa, su valoración ascendía a unos 3.000 millones de euros. En ese momento, Redexis pasa de estar dirigido por Goldman Sachs en solitario —aunque hubiera otros accionistas— a estar controlado a partes iguales por los dos fondos de pensiones y Guotong Romeo Holdings Limited, que se convierte en nuevo accionista con un tercio de Redexis.

En este último accionista está la clave. Guotong Romeo Holdings Limited es una "sociedad participada por los fondos de inversión Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited", según explica Redexis. Lo que no menciona es que, una vez eliminadas todas las capas societarias, ambos fondos son propiedad del Gobierno y el sector público chino. 

Encontrar el corazón de la cebolla bajo todas las capas es una tarea intrincada: Guotong Romeo Holdings Limited es una sociedad constituida en Reino Unido que tiene como propietaria y empresa matriz a GXGT (Zhejiang) Investment Fund LLP, según consta en las cuentas anuales de ambas empresas. Por su parte, GXGT es propiedad al 49% de Carren Holdings Corporation Limited y al 51% de GXGT UK Holdings Corporation Limited. 

Carren Holdings está registrada en Hong Kong y pertenece a otra compañía del mismo país: CNIC Corporation Limited. Esta es propiedad al 90% de otra compañía hongkonesa —Compass Investment Company Limited— que, a su vez, pertenece a otra sociedad en este país —Pagoda Tree Investment Company Limited— que pertenece al 100% a SAFE. Así, tras toda la cadena de propiedad, el 90% de CNIC Corporation Limited resulta ser propiedad del Estado chino a través de SAFE. Pero tampoco se escapa el otro 10%. Esa décima parte de CNIC es propiedad de una compañía china llamada China Reform Holdings Corporation Ltd que pertenece directamente al Consejo de Estado de China, según una lista oficial de empresas propiedad del mismo. 

De nuevo, el camino acaba en el Gobierno de Pekín y, así, la parte de Guotong Romeo Holdings Limited perteneciente a CNIC Corporation Limited está totalmente controlada por el Estado chino. 

Pero no nos olvidemos del otro socio: el fondo Guoxin Guotong Fund LLT. A este le corresponde el 51% de GXGT LLP —dueña de Guotong Romeo Holdings Limited— a través de GXGT UK Holdings Corporation Limited. Esta compañía pertenece en un 99,99% a Guoxin Guotong Fund LLP, la que, a su vez, es propiedad de China Reform Holdings Corporation Limited, según la web de esta última. Y China Reform Holdings es propiedad directamente, de nuevo, del Consejo de Estado chino, que conocido también como Gobierno Popular Central, es, precisamente, el máximo órgano del poder ejecutivo del país.

La red societaria tras Redexis no es sencilla. Pero, como en el caso de MRG, un tercio de la empresa energética está en manos del Estado chino. Y no solo no se recoge en su documentación pública. Tampoco reparó en ello la CNMC en su informe del sector de 2024, en el que desentrañó el accionariado hasta llegar a Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited, los socios de Guotong Romeo Holdings Limited que reconoce Redexis. Pero no fue más allá. En cambio, sobre el tercio de Chase Gas Investments Limited el regulador sí suele destacar que está controlado de forma indirecta por el megafondo de pensiones británico USS.

Redexis y Guotong Romeo tampoco avisaron a la CNMC cuando tuvieron oportunidad en 2018. Ese año se dio la operación de salida de Goldman Sachs y la entrada del dinero chino, así que el organismo regulador evaluó que el movimiento no supusiera un problema para la concentración en el sector. El organismo estudió el caso y aprobó la operación. De hecho, aseguró que el cambio de socios no suponía "una amenaza para la competencia efectiva en los mercados afectados".

Pero lo hizo en base a la información que tenía, aportada por la propia empresa: "Guoxin Guotong Fund LLP, constituido en Hangzhou, China, en el año 2016, es una sociedad comanditaria por acciones (limited partnership) que tiene como fin la inversión en infraestructuras y energías renovables, fabricación avanzada y/o tecnologías, industrias relacionadas con el sector sanitario y productos de consumo". El organismo encargado de preservar la transparencia y el buen funcionamiento de los mercados españoles también recogió que la sociedad, según había notificado, "no está controlada por ninguna entidad". La empresa no mencionó nada sobre cómo el rastro de sus sociedades acaba en manos del Estado chino.

Lo que sí reconocieron desde Guoxin Guotong es que por aquel entonces tenían una participación minoritaria en Urbaser SA, una empresa española que se encarga de la limpieza y gestión de residuos urbanos en municipios de todo el país. Ya no mantienen esa inversión, pero para llegar a la misma también había que recorrer todo un entramado de sociedades, desde la sociedad española hasta llegar a una compañía de Guoxin Guotong en China, pasando por jurisdicciones como Hong Kong. 

infoLibre ha preguntado a Redexis por la composición de su accionariado y sus vínculos con SAFE y el Consejo de Estado chino. La empresa ha respondido asegurando que cumple con todas sus obligaciones legales y que "actualmente Guotong Romeo Holdings Limited, sociedad participada por los fondos de inversión Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited, ostenta el 33,33%" de la misma. Pero, de nuevo, omite cualquier mención a la propiedad del Estado chino tras Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited, a pesar de las preguntas directas de este medio a ese respecto. infoLibre ha hecho llegar el mismo tipo de consulta a Madrileña Red de Gas, pero esta directamente no ha contestado.

En el corazón de Bruselas, a pocas manzanas del barrio europeo, se levanta un moderno edificio de oficinas de casi 100 metros de altura —Covent Garden Building—que alberga numerosos servicios de la Comisión Europea. Otro enorme y vanguardista edificio de cristal, a diez minutos a pie de distancia, hace las veces de sede operativa de la Policía Federal belga. Ninguno de los inmuebles da ninguna pista a viandantes o trabajadores de que pertenecen en parte —en ambos casos, al 50%— a sociedades controladas por el banco central de la República Popular China.

El caso de Bruselas, el corazón de una Unión Europea (UE) cada vez más preocupada por su soberanía, es paradigmático pero está lejos de ser una anomalía. La Administración Estatal de Divisas de China (SAFE, por sus siglas en inglés), que opera como un organismo bajo el paraguas del banco central del propio país oriental, controla o participa en activos en al menos ocho Estados europeos. 

Así lo revela la investigación transnacional OpenLux, liderada por el consorcio de investigación periodística OCCRP —y realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva en España—. Además de los dos edificios institucionales en Bruselas, la lista incluye varios activos de valor estratégico como tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas, un servicio de ferry entre la isla de Wight y la costa inglesa, una operadora de fibra óptica y centros de datos en Francia o centros logísticos en Polonia. 

Las participaciones del organismo público chino varían mucho dependiendo de la inversión concreta, desde un porcentaje minoritario del 1% hasta la propiedad al completo. En cualquier caso, en ciertos sectores, como el energético, la propia UE está preocupada por la inversión china y está estudiando la posibilidad de limitarla. 

"Estas inversiones están siendo analizadas por la Unión Europea porque se considera que la presencia china en sectores estratégicos puede resultar excesiva. China, por su parte, no abre su sector energético a la inversión extranjera al considerarlo estratégico, ya que es importante evitar dependencias excesivas, como demostró el caso de Alemania con el gas ruso", explica Alicia García-Herrero, investigadora sénior del centro de estudios económico Bruegel y profesora adjunta en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, a infoLibre.

SAFE no solo está optando por el sector energético. También cuenta con activos en España o incluso con inversiones inmobiliarias en otros países europeos. La institución china tiene parte de la propiedad, por ejemplo, del histórico Grand Hotel Krasnapolsky en Ámsterdam —usado con frecuencia por la Corona neerlandesa para recepciones de Estado—, varios inmuebles residenciales en el barrio rojo de la misma ciudad, oficinas y centros comerciales en el Reino Unido o residencias universitarias en varias ciudades británicas. 

Detrás de cada uno de esos activos hay una arquitectura societaria de tres o cuatro capas registradas en Luxemburgo. Todas esas cadenas —28 sociedades en total en Luxemburgo— culminan a su vez en empresas ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción cuyo registro mercantil impide conocer al titular real en estos casos.

Son doce las sociedades identificadas en el territorio caribeño; cada una controlando una porción del conjunto, y todas ellas actuando como agentes del brazo inversor del Banco Popular de China. Esa arquitectura es la que ha permitido a Pekín adquirir infraestructuras, inmuebles y participaciones en compañías europeas sin que su nombre aparezca públicamente asociado a las inversiones.

A diferencia de otros bancos centrales, que operan con cierta autonomía respecto a sus gobiernos, el Banco Popular de China opera bajo la dirección directa del Consejo de Estado y del Partido Comunista Chino. SAFE es la agencia responsable de gestionar los 3,4 billones (millones de millones) de dólares en reservas de divisas que acumula el Estado chino —las mayores del mundo— y convertirlos en activos internacionales: deuda soberana, acciones cotizadas, inmuebles e infraestructura.

"SAFE ha dedicado en los últimos tiempos esfuerzos considerables a enmascarar el tamaño de sus inversiones. Es evidente que la agencia quiere permanecer fuera del foco", afirma Brad Setser, investigador del think tank Council on Foreign Relations y ex subsecretario adjunto del Tesoro estadounidense. En total, infoLibre y los socios de OCCRP han identificado 28 sociedades luxemburguesas utilizadas por SAFE durante los últimos 14 años para adquirir participaciones en un abanico heterogéneo de activos europeos. La mayoría de esas sociedades no habían sido públicamente vinculadas al banco central chino hasta ahora.

Junto a los dos edificios institucionales de Bruselas, los activos con mayor peso estratégico identificados por el consorcio se concentran en el sector energético, los transportes y las telecomunicaciones.

En el capítulo energético, SAFE controla el 49% de tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas, un porcentaje que la convierte en la mayor accionista del conjunto y le otorga capacidad de influencia relevante sobre la operación de esa capacidad de generación renovable en territorio británico.

En transporte, una de las sociedades caribeñas del entramado, Okra Gee Investment, posee, entre otros activos, el 10,63% del servicio de ferry que conecta la isla de Wight con la costa inglesa. Se trata de una participación minoritaria, pero simbólicamente reveladora del alcance del ecosistema inversor de SAFE: una conexión marítima cotidiana entre una isla británica de 140.000 habitantes y el puerto de Portsmouth —que linda con una de las principales bases navales del Reino Unido— figura, indirectamente, en el balance de activos del banco central chino.

En telecomunicaciones, el brazo inversor de Pekín mantiene, a través de un fondo de inversión luxemburgués, alrededor del 0,8% del capital de Vauban Infra Fibre, operadora francesa que despliega redes de banda ancha en zonas rurales y ha comenzado a operar centros de datos urbanos. Es una participación pequeña en términos porcentuales, pero se traduce en presencia en un sector de infraestructuras críticas.

El capítulo logístico se concentra en Polonia: nueve sociedades polacas utilizadas como vehículos de inversión por SAFE, a través de Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas, figuran como titulares en más de 71 asientos del registro de la propiedad polaco. Cada uno de esos asientos cubre múltiples parcelas repartidas por el país, en las que se levantan centros logísticos y almacenes explotados por gigantes como Amazon y DPD. Ocho de las nueve sociedades comparten oficina en Varsovia.

En el sector inmobiliario, además del Krasnapolsky y de los inmuebles residenciales en el barrio rojo de Ámsterdam —canalizados a través de una sociedad denominada Limba Luxco 2 Sàrl, que posee el 50% del grupo hotelero—, SAFE mantiene participaciones en un edificio corporativo de doce plantas en el oeste de Londres, en los centros comerciales Cabot Circus de Bristol y Fosse Shopping Park de Leicester, y en residencias universitarias de varias ciudades británicas.

El primer hilo del que tirar vino de una investigación previa del diario belga De Tijd, socio de la investigación OpenLux, sobre la propiedad del edificio que alberga la sede de la Policía Federal belga. Aquel trabajo desveló que una sociedad registrada en Luxemburgo y controlada, a su vez, desde las Islas Vírgenes Británicas había hecho inversiones para SAFE, incluida la adquisición de esa sede. A partir de ahí, los periodistas de OCCRP, De Tijd, Le Monde, Follow the Money, FRONTSTORY.PL/VSquare e infoLibre replicaron el ejercicio: identificaron a los accionistas y administradores de aquella sociedad y descubrieron que las mismas personas ocupaban idénticas posiciones en al menos otras 27 sociedades luxemburguesas, la mayoría con la misma dirección postal en la capital del ducado, y todas propiedad última de sociedades caribeñas.

El siguiente paso consistió en cruzar los informes anuales presentados en Luxemburgo y en el Reino Unido, donde aparecieron menciones expresas a las sociedades caribeñas como agentes fiduciarios de SAFE. Los registros mercantiles y de la propiedad de los distintos países europeos permitieron después identificar los activos concretos adquiridos por esas sociedades interpuestas. En algunos casos hubo que deshacer cadenas societarias de múltiples capas.

Aunque las Islas Vírgenes Británicas han puesto en marcha recientemente un registro de beneficiarios reales, las sociedades participadas por entidades estatales o filiales del Estado quedan exentas de aportar esa información. Cuando OCCRP y los medios socios solicitaron formalmente los datos de titularidad de doce sociedades caribeñas identificadas en la trama, el sistema devolvió un mensaje de error en todos los casos.

El Parlamento Europeo y las agencias de inteligencia comunitarias han expresado en los últimos años inquietud por los riesgos de dependencia económica, espionaje y sabotaje asociados a la presencia china en infraestructuras críticas y sectores estratégicos del club comunitario.

"Está claro que las estructuras de propiedad ambiguas u ocultas, especialmente en sectores económicos o infraestructuras estratégicas, pueden suponer un riesgo enorme", advierte Engin Eroğlu, eurodiputado alemán del partido centrista Freie Wähler. "Ya sabemos por Estados Unidos que empresas chinas, algunas de ellas de propiedad estatal, adquieren específicamente terrenos junto a instalaciones militares. Un problema similar podría surgir en Europa si no obtenemos una visión clara de este enfoque no transparente".

Mario Esteban, profesor de estudios sobre Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid, matiza que esas preocupaciones deben ser sopesadas con la necesidad de inversión china: "Tenemos que caminar por la línea fina que separa evitar la sobredependencia y demonizar toda inversión china; algunos de estos proyectos aportan valor real al país". Esteban advierte también de una tendencia general hacia la opacidad en la titularidad empresarial: "No es exclusivo de China. Hay una tendencia cada vez más generalizada hacia la opacidad por parte de los grandes inversores".

Mientras los grandes inversores procuran cubrir sus huellas, destaparlas resulta cada vez más difícil por la falta de coordinación entre los registros mercantiles europeos y el coste de acceder a la información. Una sentencia dictada en 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que restringió el acceso público a los registros de titularidad real de las sociedades con el argumento de proteger la privacidad individual, ha agravado el problema, sostiene Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network: "Debemos temer al anonimato. Es mejor para todos saber quién es propietario de los inmuebles o de las infraestructuras críticas".

La preocupación se produce además en plena rivalidad entre Estados Unidos y China, con tensiones por Taiwán, el control de los semiconductores, las tierras raras, las tecnologías verdes, las telecomunicaciones y las rutas comerciales. La propia Comisión Europea advierte de que las potencias están utilizando cada vez más los aranceles, las dependencias económicas y otros instrumentos comerciales para alcanzar objetivos geopolíticos.

Si durante décadas Europa trató las inversiones y el comercio principalmente como cuestiones económicas, la guerra de Ucrania y la dependencia alemana del gas ruso mostraron que una relación comercial puede convertirse rápidamente en una vulnerabilidad estratégica. De ahí que la UE haya adoptado la idea de "reducir riesgos" —concepto conocido como de-risking, en inglés—. En la práctica: no romper sus vínculos con China, pero sí evitar dependencias excesivas en sectores imprescindibles.

Este reportaje se ha realizado en colaboración con la AI Accountability Network del Pulitzer Center.

En el Estadio Centenario de Montevideo, feudo de la selección uruguaya —dos veces campeona del mundo—, el público desfila antes de cada partido por los torniquetes de entrada, bajo la atenta mirada de cuarenta y un cámaras de seguridad. Tras sus lentes funciona un software que escanea unas veinticinco caras por segundo y las coteja con una lista de vigilancia en manos del Ministerio del Interior, la Policía, la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes. Cuando hay coincidencia, salta una alerta en la tableta que sostiene un agente en la puerta. El software detrás de todo este proceso se escribió en Barcelona.

Su fabricante, Herta Security, ha exhibido el despliegue uruguayo como un trofeo. Su software de reconocimiento facial funciona en el Centenario desde abril de 2017 y más tarde se extendió a los otros dos grandes estadios del país —el Campeón del Siglo, campo del Peñarol, y el Gran Parque Central, campo del Nacional—, dentro de un plan que el Ministerio del Interior impulsó para dejar fuera de las gradas a los alborotadores. Preguntada por infoLibre e Investigate Europe, Herta confirmó su participación en los tres recintos, aunque puntualizó que se limitaba a aportar el software: ni operaba el sistema ni “definía las listas de vigilancia”.

La compañía presume de que su tecnología “ganó” la Copa Libertadores de 2021, el mayor torneo de clubes de Sudamérica, al escanear a los espectadores de la final de noviembre, en un operativo que el ministerio calificó de “impecable”. La violencia en los estadios, llegó a proclamar Herta, “puede ser ya cosa del pasado”.

Pero no lo era. Investigadores uruguayos acabarían describiendo 2025 como un año “marcado por la violencia en el deporte”. El 6 de julio de ese año, un policía resultó gravemente herido por una bengala lanzada desde las gradas del Centenario. Preguntada por infoLibre e Investigate Europe acerca del episodio, Herta respondió que no había tenido noticia de él y que la persona implicada “no figuraba en la lista pertinente de delincuentes conocidos”: su sistema, adujo, puede dejar fuera a los infractores fichados, pero no impedir lo que haga alguien que nunca ha sido señalado como un riesgo.

El próximo gran acto del estadio será uno de los más importantes. En junio de 2030, el Centenario acogerá el partido inaugural del Mundial, la edición del centenario de un torneo cuyo primer encuentro se disputó justo allí, en Montevideo, en 1930, y cuya organización recae conjuntamente en España, Portugal y Marruecos. Si las cámaras siguen encendidas para entonces, la afición que acuda al duelo inaugural hará lo que lleva haciendo en las gradas del Centenario desde 2017: desfilar, cara a cara, ante un sistema español de vigilancia biométrica.

Aquí, en el país donde se escribió ese software, la práctica sería casi imposible, sostiene Lorena Pérez Campillo, profesora de Derecho y experta en protección de datos de la Universidad Europea de Madrid. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva años tirando por tierra la vigilancia biométrica en los estadios españoles. Su golpe más rotundo llegó en diciembre de 2024: una multa de un millón de euros a LaLiga por exigir a los aficionados una huella dactilar o un escaneo del rostro para entrar en las gradas de animación de Primera y Segunda. La patronal, concluyó la agencia, había instalado la tecnología sin la evaluación de impacto que marca la ley. La AEPD ordenó apagar los escáneres hasta que LaLiga demostrara que eran necesarios y proporcionados. La patronal ha recurrido.

Las objeciones de la agencia iban más allá de un defecto de forma. El consentimiento de los aficionados, dictaminó la AEPD, nunca fue libre: la única alternativa era quedarse fuera del campo. Medidas menos invasivas —un abono nominativo cotejado con el DNI— habrían servido para lo mismo. Lo que la resolución no dice es quién desarrolló la tecnología hoy suspendida en España.

Herta Security nació en Barcelona en 2009 de la mano de Javier Rodríguez Saeta, un ingeniero que había trabajado en biometría en el grupo industrial alemán Bosch. La baza de su empresa fue la velocidad: al ejecutar el reconocimiento sobre los chips gráficos que hoy mueven casi toda la inteligencia artificial, Herta era capaz de aislar un rostro dentro de una imagen abarrotada en tiempo real. En 2019, Rodríguez presumía ya de más de 200 empresas asociadas en 50 países. Una huella notable para una firma que, según el Registro Mercantil, no llega a la veintena de empleados.

Su producto estrella, BioSurveillance NEXT, está pensado para las multitudes. La ficha técnica promete búsquedas en vivo contra bases de datos de hasta 100 millones de rostros, y el software sigue funcionando aunque el individuo se cubra en parte con una bufanda, una gorra o una mascarilla. Rodríguez no ha ocultado nunca para qué escenarios lo concibe. El producto, dijo a una publicación del sector, “puede aplicarse a grandes concentraciones de personas, como manifestaciones, carreras, congregaciones religiosas y aeropuertos”.

El fútbol le abrió a Herta las puertas de América Latina, donde hoy mantiene oficinas en México y Uruguay. Pero su alcance va mucho más allá de las gradas de la región. Los materiales comerciales consultados para esta investigación citan entre sus clientes un hospital en Brasil, el principal aeropuerto de Nicaragua y cuerpos policiales mexicanos. En Medellín, la policía colombiana conectó su software a ochenta cámaras de calle para cruzar a los viandantes con una lista de 19.000 personas reclamadas por la justicia. En la frontera con Venezuela, el servicio de inmigración colombiano empleó una tecnología parecida para registrar los datos biométricos de los migrantes y contrastarlos con una base de datos, un despliegue reconocido por la propia empresa. En una respuesta escrita a infoLibre e Investigate Europe, Herta confirmó despliegues en Colombia, pero no quiso identificar clientes concretos: alegó que sus “materiales de marketing históricos" pueden aludir a proyectos pasados, pilotos o "referencias heredadas”.

Los estadios, con todo, siguen siendo uno de los principales escaparates de la empresa. Y Uruguay no es el único país donde el software de Herta escanea a los hinchas. En Perú, el club Alianza Lima recurre al sistema español en su campo, el Estadio Alejandro Villanueva. Cuando renovó la seguridad del recinto y cambió dieciséis viejas cámaras analógicas por cincuenta conectadas en red, varias de las nuevas incorporaron las analíticas de reconocimiento de Herta, que cotejan a los espectadores con una base de datos criminal en tiempo real. El gerente general del club celebró la mejora: se declaró "entusiasmado por implementar el software de reconocimiento facial de Herta Security" y animó a que todos los estadios del país siguieran el ejemplo. Herta confirmó dicho despliegue; Alianza Lima no respondió a esta investigación.

En una respuesta escrita, Herta asegura que no comenta "información confidencial de clientes". La empresa desarrolla su tecnología “conforme a los principios europeos de protección de datos, sea cual sea el mercado en el que se despliegue”, y sostiene que la responsabilidad de “definir la finalidad lícita del despliegue” recae, en último término, en quien opera el sistema. “Nuestro software se suministra bajo contratos que obligan a clientes e integradores a cumplir las leyes y normativas locales”, añade. Puede rescindir esos contratos ante violaciones de derechos humanos, dice, y vigila su cumplimiento “dentro de nuestras posibilidades”.

Despliegues como los de Uruguay o Perú serían difíciles de concebir en España, y no solo por la multa a LaLiga. El obstáculo de fondo es el propio Reglamento General de Protección de Datos, apunta Pérez Campillo. Escanear a los espectadores para cruzarlos con una lista no es el control rápido que describen los clubes, argumenta, sino una identificación masiva de todo el que pasa, “por muy veloz que sea el escaneo”. Y el consentimiento no parece ser la respuesta: en la cola de un estadio “no es libre ni voluntario”, porque negarse significa perderse el partido. La única justificación que quedaría, un “interés público esencial”, exigiría una ley expresa. Y ninguna norma española, recuerda, permite a un club someter a sus aficionados a vigilancia biométrica masiva. Surge entonces, según Pérez Campillo, la pregunta de la proporcionalidad: si lo que se gana en seguridad compensa “el sacrificio de la privacidad de 50.000 ciudadanos inocentes que van a ver un partido de fútbol”.

Herta rechaza la idea de que el reconocimiento facial en los estadios sea "siempre ilegal” en Europa y apunta a Dinamarca, que lo ha autorizado en campos de fútbol bajo condiciones estrictas. Lo que defiende, dice, “no es un uso sin restricciones, sino un uso selectivo, lícito y proporcionado”.

La multa millonaria fue solo el último eslabón de una cadena de avisos. Ya en 2022, la AEPD dictaminó en un informe que los planes de la Comisión Antiviolencia para colocar controles biométricos en las entradas de las gradas de animación no encajaban con la ley de protección de datos. Al año siguiente, cuando LaLiga sacó a concurso una tecnología de reconocimiento facial, la agencia volvió a intervenir y advirtió de que primero era necesaria una evaluación de impacto; y aunque los controles biométricos pudieran resultar “útiles”, difícilmente cabía justificarlos como “necesarios”. En diciembre de 2023 ordenó a todos los clubes de las dos primeras divisiones suspender esos controles hasta que existiera una evaluación válida, una decisión que un tribunal avaló la primavera siguiente. Menos de un año después, el Osasuna fue multado con 200.000 euros por escanear rostros en sus accesos sin acreditar que la medida fuera necesaria ni proporcionada. Ni LaLiga ni Osasuna han respondido a las preguntas de infoLibre e Investigate Europe.

Sobre el papel, al otro lado del Atlántico existen protecciones parecidas a las españolas. La Unión Europea reconoce como “adecuado” el régimen uruguayo de protección de datos, lo que equivale a decir que un uruguayo goza de garantías legislativas equiparables a las europeas. Desde 2020, su ley exige una evaluación de impacto antes de tratar cualquier dato biométrico. Las cámaras de los estadios nunca pasaron ese examen: cuando se encendieron, en 2017, esa exigencia aún no existía, y el Gobierno se había limitado a aprobar la tecnología por decreto y dar cuatro meses a la asociación de fútbol para instalarla. Y cuando el Ministerio del Interior compró en 2020 una plataforma nacional de reconocimiento facial, se saltó la revisión que la ley ya imponía. La misma omisión que a LaLiga le costó un millón de euros. Una demanda de transparencia del colectivo Datysoc acabó demostrándolo, y algo más: la base de datos nunca se había registrado ante el regulador y los responsables no sabían decir para qué servía. Ni el Ministerio del Interior uruguayo ni la asociación de fútbol respondieron a las preguntas detalladas de esta investigación.

Y el Gobierno del país quiere ir más lejos. En la rendición de cuentas de este año, el Ministerio del Interior pide fondos para una nueva plataforma biométrica nacional —un “Sistema Automatizado de Identificación Biométrica”— que fusione los registros civiles y penales, con variantes para cárceles, control de fronteras y, “llegado el momento”, la verificación de personas buscadas en la vía pública. La memoria del proyecto no la describe como una compra informática, sino como “infraestructura crítica de identidad y seguridad pública”.

Las gradas han dejado sus propios damnificados. En 2017, la primera temporada del sistema, un hincha de Peñarol fue retenido en el Centenario porque las cámaras lo confundieron con un hombre de la lista de vetados. Contó después que guardias privados y policías lo golpearon antes de que se aclarara el error. DDBA, el socio de Herta que da soporte técnico al sistema, cifra la tasa de falsos positivos en el 0,015%: entre diez y veinte identificaciones erróneas por cada 150.000 rostros escaneados. Cuando salta la alerta, según la respuesta de la compañía, la persona es detenida en la entrada y se le pide la identificación. 

Cuando el Parlamento se sirvió del aparente éxito de los estadios para autorizar en 2020 la base nacional de rostros —alimentada con la foto del documento de identidad de cada adulto—, más de una veintena de organizaciones protestaron. Datysoc lo llamó un "cheque en blanco" para el Ministerio del Interior y desde entonces sostiene que hoy no hay base legal para que la policía use reconocimiento facial automatizado. Un empleado de la firma que equipó los estadios lo dijo sin rodeos: la tecnología "sustituye al humano de forma muy eficaz”. DDBA afirma justo lo contrario: “ayuda al operador y nunca lo sustituye”.

La ley peruana de protección de datos, calcada de la europea, clasifica la información biométrica como sensible y exige consentimiento expreso. Si eso convierte en ilegal un escáner como el del estadio de Alianza Lima es, de momento, una cuestión de interpretación más que una resolución publicada. Dilmar Villena, abogado del grupo de derechos digitales Hiperderecho, interptreta que la norma reserva la tecnología de reconocimiento facial en tiempo real a la policía y la fiscalía; una lectura que, a su juicio, dejaría el sistema del club fuera de la ley, aunque admite que "la fiscalización es débil". Incluso el nuevo reglamento de 2025 establece como voluntarias las evaluaciones de impacto, y los sistemas instalados antes de su aprobación —"no solo en estadios; también en colegios o en hospitales"— siguen funcionando sin escrutinio.

Hasta dónde llega esa fiscalización lo ha puesto a prueba la organización de Villena en el mismo distrito en el que está el campo del Alianza Lima. Cuando la municipalidad de La Victoria anunció cámaras de reconocimiento facial en 2019, Hiperderecho y el grupo internacional Access Now preguntaron con qué base legal. La respuesta solo llegó después de que un tribunal de transparencia obligara a darla: el distrito reconoció operar nueve de esas cámaras sin ninguna de la documentación exigida —ni protocolos, ni medidas de seguridad, ni estudios de impacto—. La denuncia terminó en una sanción por la red de cámaras, pero la cuestión biométrica quedó sin resolver: La Victoria alegó que, pese a estar instaladas y anunciadas, las cámaras nunca se habían encendido, así que no se había tratado ningún dato. Y cuando Hiperderecho señaló el reconocimiento facial en el centro de Lima, donde se celebran las mayores protestas del país, la autoridad respondió que la ley de protección de datos no se aplicaba a la ciudad. "Un vacío total", resume Villena. Además de la falta de protección legal, Villena señala también la falta de debate social al respecto, y la imposibilidad de ofrecer soluciones políticas a la violencia que no sean tecnológicas: "Está la coartada fácil del 'es por seguridad', y si te opones, estás del lado de los delincuentes".

La Unión Europea vigila el uso de estas herramientas dentro de casa. Su exportación, en cambio, no se vigila en absoluto. Nada en el derecho europeo impide a una empresa como Herta vender sus productos en países donde los ciudadanos están mucho menos protegidos por la legislación.

Es más: Europa ayudó a pagar la investigación que ha llevado al desarrollo de estos productos. Desde 2020, Herta ha recibido más de 3,3 millones de euros en fondos europeos para trabajos que incluyen el "análisis del comportamiento de multitudes" y el reconocimiento facial. El caso de uso que detallan sus propios documentos de proyecto —la identificación en tiempo real de sospechosos en espacios públicos concurridos— es precisamente el que la Agencia Española de Protección de Datos no deja de tumbar.

La Comisión Europea dejó sin responder a este medio las preguntas planteadas. Herta, por su parte, declaró que "el conocimiento adquirido en proyectos de investigación puede contribuir a la evolución general de nuestra experiencia, nuestras metodologías y nuestra hoja de ruta de producto", y negó usar "proyectos financiados por la UE para eludir los estándares legales o éticos europeos". Los fondos europeos, agregó, "no se emplean para financiar, operar ni subvencionar despliegues comerciales concretos en América Latina ni en ningún otro lugar".

La FIFA, que impone requisitos de derechos humanos a los anfitriones del Mundial, no respondió a si el sistema estará operativo durante el torneo.

En junio de 2030, si las cámaras siguen en su lugar actual, la multitud que llene el Centenario para el partido inaugural del Mundial 2030 será sometida al mismo ritual al que ha sido sometido cada visitante desde hace trece años. Los rostros de cada aficionado serán captados en el torniquete y contrastados, en tiempo real, con una lista que nunca han visto ni pueden disputar. Una forma de vigilancia de la que Europa ha decidido, en gran medida, proteger a sus propios ciudadanos, y que una empresa de Barcelona llevará al mundo en el estadio donde nació el Mundial.

La aristocracia y la nobleza históricas españolas no solo custodian palacios, títulos nobiliarios, colecciones de arte o grandes fincas. Los datos del Registro Mercantil de Luxemburgo, analizados por infoLibre en el marco de la investigación internacional OpenLux, liderada por el consorcio periodístico OCCRP y el periódico francés Le Monde, revelan que algunos de los apellidos más tradicionales de la heráldica y el dinero patrios comparten también una marcada —y muy contemporánea— predilección por los discretos vehículos financieros del Gran Ducado.

Lejos de los focos del mercado nacional, solo cuatro de estos nombres —los hermanos Cotoner Martos, Pelayo Cortina Koplowitz, la marquesa de Arriluce de Ybarra y los hermanos Fontecilla Lira— acumulan un patrimonio corporativo que supera los 480 millones de euros en activos bajo la legislación luxemburguesa, que les brinda un búnker financiero construido a base de ventajas fiscales y fórmulas de anonimato mercantil muy convenientes para el abolengo de sus títulos.

El primer bloque de la nobleza española en el registro luxemburgués apunta directamente al núcleo duro que acompañó el diseño de la España democrática y el entorno más íntimo de la jefatura del Estado. Se trata de los hermanos Nicolás, José Luis e Íñigo Cotoner Martos. Para entender el peso de este apellido hay que remontarse a su progenitor: Nicolás Cotoner y Cotoner, Marqués de Mondéjar y jefe de la Casa del Rey entre 1975 y 1990. Cotoner fue el hombre de máxima confianza de Juan Carlos I, su mentor, y en palabras del propio monarca emérito, "el padre adoptivo" que guió sus primeros y convulsos años en el trono.

Décadas después de que su padre manejara los hilos de la Zarzuela, los tres hermanos Cotoner Martos, poseedores hoy de sus propios títulos de nobleza, prefieren manejar sus fortunas desde el anonimato que ofrece el extranjero. Juntos suman 126,4 millones de euros en activos en Luxemburgo mediante una estructura transfronteriza: el dinero duerme en el Gran Ducado, pero las sociedades se controlan desde un céntrico piso de la madrileña calle de José Abascal.

Nicolás Cotoner Martos, marqués de Ariany y de Adeje, es quien maneja la mayor porción del pastel familiar. Aparece vinculado a la sociedad Convenitrade Comércio Internacional e Serviços S.à r.l., con 71,8 millones de euros en activos. Esta firma se inserta dentro de una muñeca rusa de sociedades luxemburguesas que a su vez cuelgan de una española: Convenitrade pertenece a la luxemburguesa Ketten Sarl, que a su vez depende de Keldeo Holdings Limited S.à r.l. —con otros 14,3 millones en activos y también en el Gran Ducado—. El rastro de esta última termina en la mercantil española Belgravia Holdco SL, domiciliada en el citado piso de José Abascal. 

El menor de los hermanos, José Luis Cotoner Martos, marqués de Bélgida, administra Tanebo Holdings Limited S.à r.l., un vehículo patrimonial con 27 millones de euros en su balance que a su vez controla la filial European Projects Holding. Al igual que sus hermanos, el rastro mercantil termina en el mismo bloque de José Abascal, en la firma Acolux 2017 SL, de la que es administrador único. En 2021, Cotoner fue condenado por fraude fiscal en España y aceptó una pena de prisión de año y medio, precisamente por haber simulado que residía en Luxemburgo para evitar el pago del IRPF. El benjamín de los Cotoner, que la semana pasada cumplió 73 años, era también titular de una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Seychelles llamada, irónicamente, Falsea Inc, como desveló El Confidencial en su investigación Papeles de Panamá. 

El círculo familiar lo cierra el mayor de los tres, Íñigo Cotoner Martos, que heredó el título histórico de su padre como marqués de Mondéjar. Íñigo figura como titular de Chelsindo Holdings Limited S.à r.l., una mercantil que declara activos por valor de 13,1 millones de euros y que, repitiendo el esquema de sus hermanos, está controlada desde Madrid por la sociedad Greenford Holdco SL en la misma dirección postal. 

El primogénito de los Cotoner, de 82 años de edad, saltó al foco mediático en 2016 durante el caso Nóos, que terminó con la imputación —más tarde suspendida— de la infanta Cristina por presunta apropiación indebida de fondos públicos. El líder del pseudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, declaró en una conversación filtrada por El Mundo que el rey Juan Carlos le ofreció, a través de Íñigo Cotoner, dos millones de euros para retirar la acusación contra su hija. Cotoner negó los hechos y declaró estar fuera del país en la fecha de la reunión referida por Bernad. Más allá de este episodio, el marqués de Mondéjar tiene una actividad profesional y personal difícil de seguir, exceptuando su participación en algún torneo de caza.  

El segundo gran polo financiero de la aristocracia en el Gran Ducado nos traslada a la aristocracia de los negocios del Ibex 35. El protagonista es Pelayo Luis Cortina Koplowitz, conde de San Fernando de Peñalver e hijo menor de dos de los nombres propios más poderosos de las finanzas y la construcción españolas de las últimas décadas: Alicia Koplowitz y Alberto Cortina. Pelayo es uno de los tres hijos del matrimonio, pero el que ha heredado la vocación empresarial de sus padres. Gestiona varias empresas de turismo de lujo, y según su LinkedIn, es fundador y socio gestor de la firma de inversión Ilanga Capital, cuyo consejo asesor preside su padre, Alberto Cortina. Según revela OpenLux, es Pelayo el que consta como titular real de varias de las filiales de Ilanga en Luxemburgo. Además, padre e hijo figuran juntos como titulares de la firma Cinainvest Holding Lux, que cuenta con 20,8 millones de euros en su activo.  

Cortina Koplowitz ha desplegado en Luxemburgo un imponente holding blindado bajo la marca Illanga. Lo llamativo de su caso es cómo aprovecha todo el catálogo de figuras jurídicas que el Gran Ducado pone a disposición de las grandes fortunas mundiales, combinando las tradicionales Sociétés Anonymes (S.A.) con las Sociétés en Commandite par Actions (S.C.A.) y, especialmente, la codiciada figura de las sociedades comanditarias especiales (SCSp). Esta última modalidad permite no declarar la identidad de los socios en el registro público ni presentar cuentas anuales detalladas, lo que dificulta cualquier posibilidad de fiscalizar en qué invierten o de dónde viene el dinero.

A través de esta red (que incluye Ilanga Investments Longevity S.C.A., Ilanga Investments III, Ilanga Carry SCSp o Cinainvest Holding Lux), el aristócrata e inversor mueve decenas de millones. Solo las firmas de la red Ilanga que están obligadas a presentar balances públicos declaran un activo conjunto que asciende a 159,8 millones de euros. 

El registro de Luxemburgo guarda también un hueco de honor para el dinero histórico del industrialismo vasco. Hablar de Carmen Ybarra Careaga, marquesa de Arriluce de Ybarra, es hablar de una de las grandes dinastías del País Vasco. Ybarra, de 62 años, tiene una fortuna estimada en 700 millones de euros, según Forbes, y controla un patrimonio con inversiones diversificadas que van desde el sector inmobiliario y el metalúrgico hasta los medios de comunicación, manteniendo un peso del 10% en el grupo Vocento, editor del diario ABC. Ybarra mantiene un perfil público muy bajo, sin apariciones ni entrevistas. 

Para gestionar su cartera de inversión internacional, la marquesa de Arriluce de Ybarra ha dejado a un lado las estructuras tradicionales y se ha decantado por el uso de las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) luxemburguesas, unos vehículos de inversión colectiva que disfrutan de una tributación prácticamente nula, dado que están exentos del impuesto de sociedades, el impuesto municipal y el impuesto sobre el patrimonio. Ybarra Careaga figura como titular de dos firmas en el país: Bisonte SICAV y Albatros Patrimonio SICAV, que declaran de forma conjunta un activo de 158,6 millones de euros invertidos en bolsas, bonos y fondos internacionales.

Los documentos oficiales de Albatros Patrimonio SICAV esconden un cruce de caminos empresariales: la aristócrata vizcaína comparte la gestión de sus 69,9 millones de euros con Julio Baviera. Baviera es el médico oftalmólogo que cofundó la célebre red de clínicas oftalmológicas Clínica Baviera, hoy propiedad del gigante hospitalario chino Aier Eye Hospital Group. 

El último vértice de esta investigación sobre la nobleza española en Luxemburgo lo protagonizan dos hermanos: Enrique Fontecilla Lira, marqués de Rocafuerte, y Mariano Fontecilla Lira, marqués de Montepío. Ambos comparten la propiedad de la sociedad 4F SPF Sàrl junto con otros dos hermanos, Francisco y Rodrigo Fontecilla (en total, cuatro Fontecilla: 4F); su activo declarado asciende a 36,1 millones de euros. El padre de los Fontecilla Lira es el abogado y diplomático chileno Mariano Fontecilla de Santiago Concha, marqués de Casa Concha y embajador de Chile en España de 1983 a 1985, durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

Mariano, de 75 años y el mayor de los hermanos, solicitó el pasado 1 de julio el título de marqués de Casa Concha, a raíz de una cesión de su padre —de 101 años de edad—, que aún conserva el marquesado mientras se hace efectivo el traspaso. Según su perfil de LinkedIn, la actividad laboral de Mariano Fontecilla durante los últimos 21 años ha sido la de "asesor y colaborador internacional" en la bodega familiar, Viña Concha y Toro, S.A., con sede en Chile. La huella digital de su hermano Enrique —el segundo de los cuatro— se centra más en su faceta como jugador de golf en diversos torneos amateur.

El caso de los hermanos Fontecilla es idóneo para ilustrar cómo Luxemburgo crea figuras empresariales específicas pensadas como un traje a medida para que las grandes fortunas familiares eviten pasar por la caja de Hacienda en sus países de origen. Las siglas SPF corresponden a la Société de Gestion de Patrimoine Familial (Sociedad de Gestión de Patrimonio Familiar). Estas sociedades están completamente exentas de pagar el impuesto de sociedades, el impuesto municipal o el impuesto sobre el patrimonio. Están diseñadas con el único propósito de funcionar como un holding familiar para acumular de forma pasiva acciones, participaciones, bonos o cuentas bancarias, y no pueden tener fines comerciales. Al operar bajo este régimen legal, los 36 millones de euros de los marqueses de Rocafuerte y Montepío quedan guarecidos de la presión fiscal ordinaria en España, soportando a cambio de su estancia en el Gran Ducado una tasa anual, el 0,25%, que roza lo testimonial.

infoLibre ha contactado con todos los individuos mencionados en el artículo para recabar sus comentarios, pero no ha recibido ninguna respuesta. 

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la vuelta del "chat control 1.0" —el escaneo de mensajes y correos sin cifrar que el Partido Popular Europeo (PPE) ha conseguido colar en segunda lectura— tal y como publicó infoLibre: con más eurodiputados votando en contra que a favor. Y no es la primera vez que pasa esto. 

Es la tercera votación sobre esta misma norma en cuatro meses, y las tres veces la mayoría se ha manifestado en contra de aprobarla tal y como el PPE la proponía: el pasado 11 de marzo se aprobó con condiciones —458 votos a favor y 103 en contra— que el Consejo rechazó. El 26 de marzo fue tumbada con 311 votos en contra por 228 a favor; y esta tercera vez ha vuelto a perder la votación, con 314 votos frente a 276. La diferencia es que esta vez ser mayoría no bastaba para bloquearla: al estar en segunda lectura, hacían falta 361 votos, y 314 se quedan cortos. 

Así es como una norma que el Parlamento ha rechazado, en la práctica, las tres veces que se ha votado, sale adelante de todos modos. Por el camino, el Parlamento sí ha logrado aprobar por mayoría absoluta una enmienda que excluye del escaneo el cifrado de extremo a extremo, aunque ahora le toca al Consejo aceptarla o rechazarla, en cuyo caso deberá negociar con el Parlamento.

Simone de Brouwer, asesor de políticas públicas de la plataforma European Digital Rights (EDRi) resume la paradoja del resultado: "Hoy ganan los dos bandos: sí, la derogación temporal se renueva una vez más pese a que la mayoría de los eurodiputados votó en contra, pero esa mayoría también envía una señal clara contra la vigilancia masiva a quienes negocian el marco permanente (el "chat control 2.0"), [una votación] en la que bastará con mayoría simple". El mandato del Parlamento para esa negociación —que la presidenta Metsola ha ignorado forzando esta votación en segunda lectura, según considera De Brouwer— "no queda debilitado, sino reforzado", añade.

Esta resolución permite que las plataformas tecnológicas, en su mayoría estadounidenses, monitoreen los mensajes privados que los ciudadanos europeos comparten a través de aplicaciones como Gmail o las dependientes de Meta. El pretexto es el rastreo de material delictivo pornográfico que afecte a menores, pero la realidad es que ese escaneo de mensajes va a producirse sin la autorización de ninguna instancia judicial, a pesar de que supone una flagrante vulneración del derecho a la privacidad de los usuarios, según todos los expertos consultados por infoLibre. 

El conocido como "chat control 1.0" es la antesala de su versión 2.0, cuyo texto está aún en negociación y sin acuerdo a la vista, coinciden en señalar las voces críticas. Patrick Breyer, exeurodiputado alemán de Los Verdes, argumenta que incluso esta "versión suave" crea una infraestructura técnica y legal y un precedente que normaliza el escaneo indiscriminado, y revertir estas intrusiones una vez legalizadas es complicado; la versión 1.0, aunque menos invasiva que la 2.0, también viola el derecho fundamental a la privacidad, sin proporcionalidad ni supervisión judicial; y allana el camino a la versión más avanzada. 

Miguel Recio, profesor de Derecho y protección de datos en la Universidad CEU San Pablo, lo resume con un ejemplo simple: cuando un juez autoriza intervenir comunicaciones, fija el sujeto afectado, el alcance y la duración; esto [lo aprobado este jueves] es un escaneo automático de todo el mundo, sin esa supervisión. 

El perito informático Javier Rubio Alillo lo califica como "una intromisión absoluta en la privacidad de las personas" y recuerda la opacidad de los algoritmos que usarán las empresas, mayormente estadounidenses, para revisar los contenidos en búsqueda de pornografía infantil, así como la imposibilidad de comprobar que dichos algoritmos no se estén usando para otros fines.

Solo dos de las nueve familias políticas del Parlamento han votado mayoritariamente a favor de la norma: el PPE (95%) y los socialistas del S&D (59%), pese a que su propia ponente, Birgit Sippel, había dicho públicamente que no lo apoyaría. Todos los demás grupos, de punta a punta del espectro, votaron mayoritariamente para tumbarla, desde los grupos de ultraderecha hasta La Izquierda, pasando por Los Verdes.

Populares y socialistas, sin embargo, han mostrado una vez más una sintonía muy rara de ver en España pero habitual en Bruselas, como ocurre con la política de rearme de la UE. La iniciativa ha sido impulsada por la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, y su grupo, el PPE, pero ha contado también con el apoyo mayoritario del grupo socialista. Además, según declara Patrick Meyer, el Gobierno español fue uno de los más radicales a favor de la norma durante las negociaciones del Parlamento con el Consejo, mostrándose a favor de una versión inicial que Meyer califica de "extrema", que incluía un "escaneo masivo obligatorio" y acceso a los mensajes encriptados. 

Mientras España sigue con la cabeza en el Mundial y media Europa cuenta los días para las vacaciones, el Parlamento Europeo vota el jueves 9 de julio si las grandes tecnológicas pueden escanear los mensajes privados de la ciudadanía europea en busca de contenido de abuso sexual infantil, sin orden judicial y sin sospecha previa sobre nadie. Lo llamativo no es la pregunta, sino que la Eurocámara ya respondió que no dos veces, el 11 y el 26 de marzo. Vuelve a votarse porque Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento, ha encontrado una vía procesal para forzar una tercera votación en condiciones mucho más favorables para que salga adelante.

La norma que se vota el jueves no es nueva. Es la misma derogación temporal de la directiva ePrivacy que lleva vigente, con sucesivas prórrogas, desde julio de 2021. Expiró el pasado 3 de abril, después de que el Parlamento rechazara dos veces extenderla. 

Lo que se vota el jueves se conoce como "chat control 1.0": permite a las plataformas escanear sin necesidad de autorización judicial los mensajes y correos sin cifrar de sus usuarios —lo que incluye a aplicaciones como Gmail o las dependientes de Meta— para detectar fotos de abuso infantil. Es distinto del "chat control 2.0" (CSAR), un reglamento que sí obligaría a las plataformas a escanear también las comunicaciones cifradas de extremo a extremo, como WhatsApp o Signal, y que sigue negociándose aparte, sin acuerdo a la vista. El primer texto, eso sí, no prohíbe expresamente aplicarlo a un servicio cifrado, solo obliga a no debilitar el cifrado.

La clave no está en lo que se propone, que es exactamente el mismo texto que el Parlamento ya ha rechazado dos veces, sino en el procedimiento que se ha usado para devolverlo a votación, porque cambia cuántos votos necesita cada bando para ganar.

El 11 de marzo, el Parlamento fijó su posición: prorrogar la norma hasta 2027, pero solo con autorización judicial y dejando fuera las comunicaciones cifradas. El Consejo rechazó esas condiciones, las negociaciones se rompieron, y el 26 de marzo el Parlamento cerró su posición rechazando directamente cualquier prórroga: 311 votos en contra por 228 a favor. Es decir: el Parlamento dijo que no dos veces —primero poniendo condiciones que el Consejo no aceptó, y después rechazando la prórroga sin condiciones— y la norma expiró el 3 de abril.

Ahí debería haber acabado la historia. Pero en vez de aceptar ese rechazo, el Consejo ha hecho algo inusual: adoptar su propia posición formal sobre el mismo texto, sin cambios, y devolverlo al Parlamento. Ese movimiento activa lo que se conoce como segunda lectura, y es donde reside la clave de esta repetición. En marzo bastaba con que hubiera más votos en contra que a favor entre los presentes para tumbar la norma, y así ocurrió. En segunda lectura las reglas se invierten: para bloquearla o cambiarla ahora hacen falta 361 votos, mayoría absoluta de los 720 escaños del Parlamento, mientras que para aprobarla basta con que gane el "sí" entre los presentes ese día. Dicho de otro modo: los mismos eurodiputados que tumbaron la norma en marzo podrían votar otra vez en contra y aun así no impedir que salga adelante, si no llegan a esos 361 votos.

Y ese día, el jueves, es el último pleno antes del receso de verano, cuando la asistencia de los eurodiputados cae de forma considerable. El 17 de junio, el PPE pidió a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola —también del PPE—, que reactivara el expediente. Al día siguiente, en la cumbre europea, Metsola instó a los líderes a "avanzar" con la legislación. Los Estados miembros adoptaron después esa posición sin ningún cambio respecto al texto ya rechazado. El martes, el pleno ya aprobó tramitarlo por esta vía: 331 votos a favor, 304 en contra. 

Patrick Breyer, exeurodiputado alemán en el grupo de Los Verdes y una de las voces más críticas contra el avance de esta norma en la pasada legislatura, resume a infoLibre lo insólito del caso: repetir una votación ya pasó en marzo y sobre este mismo expediente; lo inédito es que sea la propia presidenta del Parlamento quien impulse el procedimiento de la segunda lectura después de que la Cámara ya rechazara el texto. Para Simon de Brouwer, asesor de políticas públicas de la plataforma European Digital Rights (EDRi), esta decisión de Metsola constituye "ignorar abiertamente el mandato de la institución a la que representa".

Aunque la votación decide el futuro de la versión 1.0, menos agresiva que la 2.0, Breyer da tres razones por las que su aprobación plantea una perspectiva preocupante para la privacidad de las comunicaciones en Europa. En primer lugar, crearía la infraestructura legal y el precedente que normaliza el escaneo indiscriminado, y "revertir estas intrusiones una vez legalizadas es complicado". En segundo lugar, la versión 1.0, aunque menos invasiva que la 2.0, "también viola el derecho fundamental a la privacidad, y lo hace sin proporcionalidad ni supervisión judicial". Por último, allanaría el camino a la versión más avanzada "por arrastre": una vez montada la base técnica y legal, ampliarla sería solo una enmienda menor ante una opinión pública desensibilizada.

La de Breyer no es la única voz crítica sobre lo que esto supone para los derechos fundamentales de las personas. De Brouwer, de EDRi, lo explica en términos muy directos: si esto sale adelante, "significará que las empresas privadas pueden negar tu derecho a tener conversaciones digitales confidenciales; podrán, si quieren, leer cada mensaje que escribes, cada correo que envías, cada foto que compartes". Y subraya el contraste con la vigilancia policial ordinaria: para que la policía intervenga las comunicaciones de alguien, la ley exige antes una orden judicial, y un juez solo autoriza la vigilancia si está dirigida a personas concretas sospechosas de un delito grave. Aquí, en cambio, la propuesta es externalizar la vigilancia a empresas privadas —casi todas estadounidenses— sin exigirles ni sospecha previa ni garantías democráticas.

Miguel Recio, profesor de Derecho y protección de datos en la Universidad CEU San Pablo, llega a la misma conclusión desde el derecho español y europeo. Lo explica con un ejemplo simple: cuando un juez autoriza una intervención de comunicaciones, fija el supuesto, el alcance y la duración. Esta norma propone justo lo contrario, un escaneo automático y sistemático sin intervención judicial en ningún caso concreto, lo que supone una doble vulneración —secreto de las comunicaciones y protección de datos— que previsiblemente acabará recurrida ante los tribunales.

Recio añade la variante de la soberanía tecnológica: las empresas que monitorizarían las comunicaciones son casi todas estadounidenses, sin garantías claras de transparencia sobre quién accede a esa información ni sobre si puede acabar en manos de una autoridad de un tercer país. Tanto Recio como Javier Rubio Alillo, perito informático consultado también por este periódico, coinciden en algo más: nadie sabe qué buscan realmente los algoritmos que harían este trabajo, ni quién supervisa que no se usen para otra cosa.

De Brouwer añade un problema de escala que conecta con lo anterior: las empresas que hacen este escaneo voluntario deben remitir a una agencia estadounidense cada caso en el que su algoritmo detecte un posible abuso, lo que explica por qué muchos adolescentes que se envían fotos explícitas de forma consentida entre ellos acaban denunciados a Estados Unidos y después a la policía europea, que tiene que determinar a posteriori si hubo consentimiento o no, según expone EDRi. Como se escanean miles de millones de mensajes al día, incluso un margen de error mínimo se traduce en millones de falsas alarmas —el 0,01% de mil millones son ya 100.000—, que hay que revisar una por una. Policías de los Países Bajos y de Alemania, y también el FBI, ya han advertido de la avalancha de falsas alarmas que esto genera.

Un país de 660.000 habitantes y menos extenso que la provincia de Cuenca custodia 8,3 billones de euros, según la acepción española —es decir, 8,3 millones de millones—, en fondos de inversión. Es, de hecho, el mayor domicilio de fondos de Europa en cuanto a volumen de dinero, y el segundo país de la Unión Europea con más compañías de gestión de fondos, solo por detrás de Francia. La gran mayoría de empresas allí registradas está controlada por ciudadanos extranjeros. Sin embargo, ni la Agencia Tributaria española ni la Unión Europea (UE) lo consideran un paraíso fiscal. 

Este país es Luxemburgo, el Gran Ducado, cuyo entramado societario reveló en 2021 la investigación 'OpenLux' —liderada por Le Monde y OCCRP—. Entender qué revelaron los 3,3 millones de documentos de aquella investigación, realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre, exige responder antes a una pregunta: ¿cómo funcionan las empresas que se montan allí, y por qué tantas grandes fortunas y entramados internacionales eligen este rincón en el corazón de Europa para sus gestiones financieras?

La respuesta reside fundamentalmente en sus ventajas fiscales. Según explican los expertos consultados por infoLibre, el pequeño Estado europeo es especialmente beneficioso para grandes multinacionales y holdings de sociedades que operan a nivel internacional. Es decir, las empresas más grandes y más ricas. Tanto estas como las grandes fortunas gozan en Luxemburgo de diversos beneficios fiscales, especialmente para mover dinero entre sociedades de diferentes países.

En la elección del Gran Ducado también influye la opacidad que, para algunos aspectos, aún existe en su registro mercantil. Aunque Luxemburgo comparte información tribiutaria con el resto de Estados miembros de la UE y persigue activamente delitos económicos como la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, el país sigue ofreciendo cierto nivel de confidencialidad a las empresas que operan desde allí, apuntan los expertos.

En un documento técnico de la Comisión Europea de este mismo mes de junio se asegura que la planificación fiscal agresiva "sigue siendo un desafío" en Luxemburgo, ya que "distorsiona la competencia leal y pone en peligro un entorno fiscal equitativo en la UE". El análisis de la Comisión concluye que el Gran Ducado "ha adoptado medidas limitadas para abordar esta cuestión" y habla de "la necesidad de una acción más integral para garantizar un entorno fiscal justo y transparente". Es casi con las mismas palabras lo que denuncia Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón: "Hemos avanzado en el primer peldaño, que es la transparencia fiscal, pero no se ha hecho nada por combatir la agresividad fiscal".

El documento de la Comisión pone el foco especialmente en los pagos al exterior. Se trata del proceso que utiliza una empresa o filial en Luxemburgo para pagar intereses o royalties a otra compañía del grupo situada en otro país, habitualmente con una fiscalidad aún más ventajosa. Esos desembolsos se convierten en gastos deducibles, a pesar de que suelen ser gastos artificiales empleados para reducir el beneficio final de la empresa en Luxemburgo y trasladar parte de las ganancias a esa otra jurisdicción donde van a tributar menos por ellas.

Luxemburgo solo ha limitado que ese tipo de gastos no sean deducibles cuando se realizan a empresas en países de la lista negra fiscal de la Unión Europea —lo que la UE considera como 'países que no cooperan con la UE o no han cumplido plenamente sus compromisos'—, que a día de hoy solo está formada por diez Estados. Debido a ello, esta estrategia mercantil —uno de los principales beneficios fiscales que opera en Luxemburgo— puede seguir siendo utilizada con muchas otras jurisdicciones de baja tributación. Según explica Giulia Aliprandi, investigadora del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, "en términos mercantiles, Luxemburgo es muy bueno adoptando las normas europeas, pero es aún mejor encontrando huecos que les permiten sortearlas legalmente". 

La Comisión resume esa estrategia con los gastos deducibles en el informe de la siguiente forma: "El país se utiliza como canal para los flujos de capital y la optimización financiera por parte de los grupos multinacionales". Es decir, las grandes empresas multinacionales utilizan Luxemburgo para trasladar beneficios de forma artificial de unos países a otros y conseguir, así, pagar menos impuestos.

Esa forma de operar con los gastos artificiales para enviar beneficios a otro país es uno de los mecanismos tradicionales utilizados por las multinacionales para evitar pagar más impuestos. Este tipo de tretas se engloban dentro de la estrategia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), contra la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva luchando desde 2013 y a la que define como una forma de "aprovecharse de las lagunas y discrepancias en la normativa fiscal" internacional.

Otro de esos mecanismos BEPS que se llevan a cabo en Luxemburgo es el régimen de exención de dividendos y plusvalías que opera en el país. La fiscalidad del Gran Ducado permite a las empresas crear una sociedad para que ejerza como matriz y reciba los dividendos de las compañías del grupo en otros países sin volver a tributar en Luxemburgo.

Esta medida no es exclusiva de este pequeño Estado centroeuropeo, está implantada en la mayoría de países occidentales, incluso en España. "Se hace para evitar la doble imposición. Los dividendos quedan exentos porque ya han tributado los beneficios originales en el otro país. Pero en España se exige que el tipo nominal del impuesto de sociedades del país donde se generaron esos beneficios sea de, al menos, el 10%. Luxemburgo no exige ese mínimo", resume José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Si el factor de los gastos deducibles hace que el dinero fluya de Luxemburgo hacia fuera, la exención de dividendos opera de forma inversa, es decir, el dinero llega desde otros países a Luxemburgo. En cualquier caso, ambos mecanismos operan como beneficios fiscales y convierten al país en un "canal para los flujos de capital y la optimización financiera", como asegura la Comisión Europea en su reciente análisis del país. 

Esta estrategia es la que utiliza, por ejemplo, Amancio Ortega con su holding inmobiliario internacional. Tal y como ha revelado infoLibre en la primera entrega de esta investigación, muchas de las sociedades del mismo pertenecen a sus empresas luxemburguesas, lo que le permite beneficiarse de esa exención en el reparto de dividendos. 

Estos entramados de sociedades a nivel internacional utilizan Luxemburgo como un "país conducto" o intermediario que neutraliza la carga fiscal, "logrando disminuir los impuestos globales en toda la estructura del grupo empresarial", explica Giulia Aliprandi.

Todos estos factores, junto con las cifras de inversión extranjera "desproporcionadas respecto a su PIB" que atrae Luxemburgo, provocan que, en opinión de Susana Ruiz, el Gran Ducado "siga siendo un paraíso fiscal". De forma oficial, sin embargo, ya no lo es. Para España dejó de figurar en la lista de paraísos —técnicamente,"jurisdicciones no cooperativas"— en 2010, cuando entró en vigor el convenio de doble imposición y se instauró el intercambio de información. Un año antes la OCDE ya lo había sacado de su "lista gris", y en la de la UE nunca ha estado incluido porque solo evalúa a países externos a la Unión. 

Aun así, el Parlamento Europeo lo señaló en 2019 —junto a Irlanda, Países Bajos, Malta y Chipre— como un país con características propias de un paraíso fiscal. Los expertos consultados por infoLibre coinciden en denominar, a día de hoy, a los mismos países como los más atractivos de la UE a nivel fiscal para grandes fortunas tanto empresariales como familiares. 

La primera entrega de 'OpenLux' fue posible gracias a que en 2021, los titulares reales de las empresas —conocidos también como beneficiarios finales— eran públicos. Le Monde pudo extraer esos datos de las sociedades luxemburguesas de un registro abierto, sin necesidad de que se produjera una filtración. Pero esto ya no es así. 

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE cerró en noviembre de 2022 el acceso público, y hoy quien quiere consultar quién está detrás de una sociedad debe acreditar un "interés legítimo" para utilizar el registro. Pero la opacidad de Luxemburgo nunca dependió exclusivamente de la facilidad de acceso a su registro: ya cuando el acceso era libre la mitad de sus empresas no declaraba su titularidad real, como reveló 'OpenLux'.

Susana Ruiz lo resume en dos realidades que se dan a la vez: "Hay más transparencia formal porque el marco regulatorio de la UE y de la OCDE así lo exige", pero al mismo tiempo hay "una gran impunidad para seguir operando con opacidad". El problema, sostiene, "no es la falta de información teórica, porque los datos están ahí, sino que el tratamiento fiscal que reciben sigue siendo desproporcionadamente ventajoso".

Esa opacidad real tiene un instrumento estrella: la SCSp (société en commandite speciale), una figura que permite a los socios y accionistas no registrarse en el documento de constitución. Así, los verdaderos dueños de la empresa en cada momento solo constan —o deberían constar— en el registro de titularidades reales, que no es de acceso libre. Sin embargo, con esta forma de proceder es imposible establecer un histórico de los accionistas. Además, estas compañías tampoco registran sus cuentas anuales, por lo que no se puede fiscalizar su valor o su actividad.

Esta figura societaria es la elegida, por ejemplo, por Jordi Pujol Gironès, nieto del expresident de Cataluña Jordi Pujol, uno de los primeros nombres revelados por la investigación de infoLibre. Es titular al 50% de una SCSp denominada Casa de Datos, que comparte con Niccolò Belingardi Clusoni. La naturaleza de la mercantil impide rastrear su actividad e inversiones, pero Belingardi es fundador de Belfin Capital, una compañía suiza dedicada a la inversión inmobiliaria en activos de lujo, que posee varios edificios en Suiza y el norte de Italia.

Esta línea de negocio no es ajena a Pujol Gironés, que ha desarrollado parte de su carrera laboral en Blackstone, precisamente uno de los mayores fondos de inversión inmobiliaria del mundo, como informó El Confidencial. Pujol y Belingardi también tienen en común ser 'hijos de'. El primero, de Jordi Pujol Ferrusola, que no ha ocupado ningún cargo público, pero sí ha acumulado relevancia mediática a cuenta de su imputación en la Audiencia Nacional —junto a su exesposa y madre de Pujol Gironès, Mercè Gironés— por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito fiscal; y el segundo de Vittorio Belingardi, que ha ostentado importantes cargos en sociedades públicas italianas como las que gestionan el metro o el aeropuerto de Milán, los ferrocarriles estatales o el Comité de Inversiones Públicas de Lombardía.

Las leyes europeas obligan a Luxemburgo a colaborar con otros países en materia de lucha contra los delitos económicos, y la "transparencia formal" ha aumentado mucho en los últimos años, apunta Susana Ruiz. Sin embargo, en la práctica, la opacidad persiste, asegura la experta. El hecho de que el registro de titulares no permita identificar con precisión a todos los beneficiarios finales de las empresas o figuras como las SCSp dificultan enormemente la labor de las autoridades fiscales. 

Sobre el papel, la Hacienda española y el resto de agencias europeas deberían recibir de forma automática la información de todos los titulares de cuentas y fondos en Luxemburgo. Pero, "si cruzamos el volumen descomunal de sociedades y activos registrados allí con lo que realmente se declara en los países de origen, las cifras son totalmente incompatibles", señala Ruiz. 

Aunque Luxemburgo no ofrece acceso público al registro de titularidades reales de sus empresas, sino que exige cumplir determinados requisitos, no sale perdiendo respecto a España en términos de transparencia. En nuestro país el acceso a este registro tampoco es libre y también exige justificar un interés legítimo, que da acceso a datos limitados y previo registro. Además, otros datos se publican únicamente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), que tampoco tiene un buscador con toda la información en abierto.

Luxemburgo, en el caso de las sociedades que no son SCSp, permite consultar las cuentas anuales sin declarar la causa del interés ni abonar ningún coste, mientras que en España es necesario pagar una tasa para acceder a los mismos documentos, lo que en el caso de grandes entramados empresariales con muchas matrices y sociedades relacionadas, encarece y dificulta la investigación periodística, especialmente para medios independientes como infoLibre. 

Susana Ruiz coincide en el diagnóstico y en la necesidad de mejorar la transparencia del registro mercantil en España, pero matiza que, dado el volumen de transacciones e inversión que acumula Luxemburgo, supone un mayor "foco de problemas" que el resto de países. Mollinedo coincide en que, en algunos aspectos, el registro de Luxemburgo funciona en términos de transparencia mejor que el español: "En Luxemburgo el acceso para conocer quiénes son los beneficiarios últimos de manera pública es gratuito. En España, por mantener el status quo de los registradores, es necesario solicitarlo y pagar por ello".

El martes 9 de diciembre de 2025, el doctor Carlos Mur de Viu no se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla. El que fuera alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la crisis del covid estaba citado a declarar como investigado por la gestión de los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, desvelados en exclusiva por infoLibre. El plantón judicial provocó un terremoto inmediato: las acusaciones particulares de las víctimas solicitaron orden de busca y captura al alegar que el ex alto cargo de la Comunidad de Madrid se encontraba en paradero desconocido.

Tampoco se presentó el ex director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a su siguiente cita relevante, fechada justo una semana después, el martes 16 de diciembre, en una notaría de Luxemburgo. Pero allí, al menos, se había molestado en delegar. Mediante un poder firmado por Mur, una empleada de la notaría comparecía en su nombre para un fin muy distinto al de dar explicaciones a la Justicia. En el Gran Ducado buscaba formalizar la disolución de Rentados SA, una sociedad anónima familiar registrada en Luxemburgo de la que el médico, en ese momento, controlaba el 100% de las acciones.

La extinción de esta firma mercantil, ejecutada mediante una transmisión universal de patrimonio a favor de Mur —es decir, los fondos que quedaban en la empresa pasaron a pertenecerle a él, como único accionista— puso fin a un vehículo societario abierto a finales de 2011. La empresa llegó a manejar en su pasivo un préstamo de 1,5 millones de euros que durante años se distribuyó en forma de créditos a "empresas vinculadas". 

La identidad de las empresas receptoras no aparece desglosada en las cuentas públicas debido a que la legislación de Luxemburgo exime de ese nivel de detalle a las sociedades que presentan balances en formato abreviado. El desmantelamiento definitivo de la estructura se ha completado después de la mudanza del ex director general a Andorra la Vella (un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España), localidad que ya declaró como su domicilio oficial ante el notario y desde la que actualmente comparece ante el juez por videoconferencia tras haberse ampliado recientemente la investigación penal al delito de prevaricación.

Como director general de Coordinación Sociosanitaria del SERMAS, Carlos Mur de Viu firmó en marzo de 2020 los protocolos que restringieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales. Destituido por Isabel Díaz Ayuso en mayo de ese año, es el principal cargo político del Gobierno madrileño que ha sido imputado por la gestión de la pandemia. En su caso, por homicidio imprudente y denegación de auxilio, en distintas causas repartidas por diversos juzgados de la región.

El procedimiento se ha convertido en un cruce de acusaciones donde, por un lado, directores de centros y mandos intermedios han testificado que Mur redactó y ordenó por correo aplicar los criterios de exclusión. Por otro, en sus declaraciones por videoconferencia desde Andorra, Mur deriva la responsabilidad hacia arriba y sostiene que las directrices formaban parte de un plan diseñado por la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero.

La semilla de Rentados SA se plantó formalmente el 14 de diciembre de 2011. Su único accionista y fundador original fue el padre de Carlos Mur, José María Mur Bernad, líder histórico del Partido Aragonés (PAR) —por el que fue presidente de las Cortes de Aragón, diputado nacional y senador— y que eligió el Gran Ducado para registrar la mercantil el mismo año en que dejó su escaño como senador en las Cortes Generales, su último cargo público.  

La vinculación de Mur padre con los negocios inmobiliarios, sin embargo, venía de lejos y ya le había causado problemas fiscales. En los años noventa, el entonces diputado nacional tuvo que comparecer ante la Comisión del Estatuto de los Diputados en el Congreso para defender la compatibilidad de su escaño con su actividad privada como agente de la propiedad inmobiliaria y socio mayoritario en una veintena de empresas de su comunidad. En esa misma época, el Ejecutivo aragonés llegó a cifrar en unos 80 millones de pesetas un presunto fraude fiscal cometido por el político en la venta de unos terrenos en Zaragoza. El caso se originó tras una denuncia del PSOE, que criticaba el desfase entre las cantidades que Mur había escriturado y la valoración real del suelo.

Décadas después de aquella batalla política y fiscal, las cuentas anuales de su firma luxemburguesa reflejan que funcionaba sin estructura operativa alguna: nunca llegó a tener a un solo trabajador en nómina y carecía de actividad comercial directa. Pese a ello, la sociedad dispuso desde su primer ejercicio fiscal de un notable músculo financiero, registrando en su pasivo deudas con entidades de crédito a largo plazo por valor de 1,5 millones de euros.

El relevo definitivo en la propiedad de la estructura internacional luxemburguesa se produjo en el momento más delicado para el ex alto cargo del Gobierno de Ayuso. Según los datos del registro de Luxemburgo, fue el 18 de enero de 2023 cuando se formalizó el cambio de titularidad familiar en el que José María Mur cedió el total de las acciones a su hijo Carlos. Por aquellas fechas, la gestión sanitaria del facultativo ya acumulaba un goteo constante de querellas y denuncias en los juzgados por parte de los colectivos de familiares de las víctimas del covid.

A partir de ese traspaso entre padre e hijo, la contabilidad de la firma luxemburguesa pisó el acelerador para su desmantelamiento. En un movimiento paralelo al avance de las pesquisas judiciales en España, las "empresas vinculadas" devolvieron de golpe los saldos pendientes a la matriz. Con esa liquidez, la sociedad amortizó y saldó por completo la deuda histórica de 1,5 millones de euros que arrastraba en su pasivo desde su fundación, dejando el valor de la mercantil en 111.000 euros invertidos en valores bursátiles.

Para asegurar el control de la última fase de la empresa, Carlos Mur se inscribió formalmente como administrador en el consejo de administración a finales de 2024. 

Aunque las cuentas en Luxemburgo mantuvieron bajo llave la identidad de las firmas receptoras de los fondos, el rastro de las inversiones familiares en España apunta hacia el sector del ladrillo. En octubre de 2019, al ser nombrado director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur cumplimentó su correspondiente declaración de bienes ante la Comunidad de Madrid.

En aquel documento público, el facultativo no incluyó rastro de la firma de Luxemburgo —cuyas participaciones seguían en ese momento a nombre de su padre—, pero sí declaró poseer acciones por un valor de 32.000 euros en la mercantil española Valiner SL, a la que describió de su puño y letra como una "empresa inmobiliaria y promotora familiar". Esta sociedad promotora, que maneja un capital social superior al millón de euros, cuenta con María Pilar de Viu Oliván, la madre de Carlos Mur, como administradora única y controla a su vez una red de empresas dedicadas a la construcción en territorio nacional.

Los balances oficiales de Valiner SL depositados en el Registro Mercantil demuestran que, detrás de la modesta etiqueta de "empresa familiar", se esconde un mastodóntico holding patrimonial. La sociedad maneja un activo total de 16,4 millones de euros y unos fondos propios que rozan los 15,7 millones. Con apenas dos empleados en plantilla —uno de ellos la propia María Pilar de Viu—, opera como el centro financiero de un entramado que controla al 100% diversas filiales de construcción y que riega con créditos internos a más de una docena de empresas del grupo.

En el corazón de este entramado también aparece el hermano del ex alto cargo, José Ángel Mur Viu, que consta en el accionariado y ejerce actualmente como apoderado de la matriz. Su nombre arrastra un complejo historial en las crónicas de tribunales. El hermano del firmante de los Protocolos de la Vergüenza madrileños fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, tras probarse que participó en el desvío ilícito de casi 10 millones de euros pertenecientes a un gigante fotovoltaico chino mediante facturas falsas emitidas a sociedades pantalla en Países Bajos y Chequia.

La magnitud de los negocios energéticos de los Mur y sus socios llegó a salpicar a las cloacas del Estado. La multinacional asiática estafada contrató en secreto al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su grupo empresarial Cenyt, según declaró uno de sus socios, para que recuperara el dinero robado por la trama española. Una carambola de reuniones grabadas y amenazas que terminó en la Audiencia Nacional bajo el mando del juez Manuel García-Castellón, dentro del conocido como caso Villarejo. 

infoLibre ha contactado con Carlos y José María Mur para recabar su versión sobre los hechos que se detallan en este artículo. El histórico líder del PAR y exparlamentario en ambas cámaras no ha atendido a las preguntas de este periódico. Su hijo Carlos sí ha respondido para defender la legalidad de los movimientos y desvincularse de la matriz española: "En el caso de Valiner, he sido y soy completamente ajeno a su desarrollo de negocio y al detalle de su ejecución". 

Respecto a la sociedad luxemburguesa, Mur declara que asumió el control de Rentados SA tras una "sobrevenida situación personal" de su padre y que la firma estaba al corriente de sus obligaciones pero sin actividad. "Si decidí su extinción fue por la única razón de que ni tenía operativa ni la iba a tener. Dicha decisión no tuvo relación con el avance de ninguna causa", afirma.

En febrero de 2021 se publicó OpenLux, una investigación internacional que analizaba cómo las empresas de Luxemburgo facilitan el blanqueo de capitales y la evasión fiscal y destapaba cómo multitud de fortunas y poderosos se benefician de esa forma de operar. La investigación estuvo liderada por OCCRP —un consorcio de investigación periodística del que es socio infoLibre— y por el periódico francés Le Monde. En España, infoLibre se encargó del caso y reveló la identidad de multitud de ciudadanos que tenían sociedades en el Gran Ducado de Luxemburgo, caracterizado por su opacidad mercantil y sus ventajas fiscales.

Cinco años después, la historia continúa. OpenLux es una investigación a largo plazo y ahora decenas de medios a nivel internacional —coordinados otra vez por OCCRP y Le Monde— vuelven a unir sus fuerzas para revelar nuevas historias relacionadas con la opacidad financiera y las empresas y negocios radicados en Luxemburgo. infoLibre, de nuevo, es el medio encargado, en exclusiva, de la parte española.

Solo en este periódico se podrán leer en los próximos días y semanas multitud de informaciones sobre ciudadanos españoles —y de otros países— que han decidido operar desde Luxemburgo. De aristócratas o deportistas a importantes directivos y empresarios patrios. Incluso personas que han ocupado altos cargos políticos en administraciones españolas.

Uno de los nombres propios que revela esta investigación es el de Jordi Pujol Gironès, hijo de Jordi Pujol Ferrusola (Jordi Pujol junior) y de Mercè Gironès —ambos procesados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito fiscal— y nieto del expresident de Cataluña. 

Pujol Gironès aprovecha la opacidad que ofrece la figura de la sociedad comanditaria especial (SCSp, por sus siglas en francés), un tipo de mercantil luxemburguesa que no obliga a presentar cuentas anuales, lo que impide fiscalizar su actividad o inversiones. El nieto del expresident —cuyos siete hijos están acusados en el juicio aún pendiente de sentencia, pero del que él ha sido eximido por su delicada salud— ostenta el 50% de la sociedad Casa de Datos SCSp —cuya actividad se desconoce— junto a un socio italiano.

Otro caso es el de Amancio Ortega. La persona más rica de España, según la lista Forbes —y la décima del mundo en ese ránking—, tenía en 2021 dos empresas en Luxemburgo a través de las que gestionaba diversas inversiones inmobiliarias y que contaban con más de 1.000 millones de euros en activos, tal y como explicó infoLibre durante las primeras publicaciones de OpenLux.

Una de las dos empresas era Adelphi Property Sàrl, la sociedad propietaria del edificio Adelphi, un emblemático complejo de oficinas en el centro de Londres, donde tienen sede compañías como Spotify, The Economist, Condé Nast o PetroChina. Ortega compró esa sociedad y, por tanto, el edificio, al fondo buitre Blackstone en 2018. Pero Adelphi Property Sàrl ya no existe. En 2022 arrancó el proceso para disolver la empresa, que terminó finalmente en diciembre de 2024, tal y como ha podido comprobar infoLibre en el registro mercantil de Luxemburgo.

infoLibre contó ya en 2021 que las empresas de Ortega explicaban entonces que era "probable que el edificio Adelphi se traslade a una compañía del Reino Unido y se disuelva la sociedad luxemburguesa", ya que su política habitual era que los edificios pertenecieran a sociedades del país en el que se encuentran. Y así terminó sucediendo. En la liquidación de la sociedad luxemburguesa consta, precisamente, la transmisión de los activos a otra compañía, Almack Ltd, una de las sociedades en Reino Unido que forman parte del holding inmobiliario internacional del dueño de Inditex.

La otra sociedad en Luxemburgo era Hills Place Sàrl, que a finales de 2019 gestionaba algo más de 750 millones de libras esterlinas en activos, tal y como explicó este medio. Esta sociedad sigue activa en el Gran Ducado y, de hecho, ha ido aumentando su valor. Según sus cuentas de 2024 —las últimas presentadas ante el registro de Luxemburgo—, sus activos ascienden ya a más de 2.400 millones de libras (más de 2.800 millones de euros al cambio de diciembre de ese año).

Esa cifra se debe esencialmente a que la sociedad luxemburguesa ahora controla completamente a Pontegadea UK Ltd, otra de las compañías en Reino Unido del holding inmobiliario que Amancio Ortega ha ido construyendo a lo largo de los años y de forma paralela a su imperio textil.

No es la única empresa en Luxemburgo controlada por el dueño de Zara e Inditex. A día de hoy, Ortega es también el beneficiario final de otras nueve sociedades con sede allí, como Pontegadea RE Luxembourg Sàrl, Pontegadea Luxembourg Sàrl, Pontegadea Netherlands Sàrl o Pontegadea Logistics Holdings Sàrl.

La mayoría forman parte del citado grupo inmobiliario a nivel internacional. Muchas de ellas, como Pontegadea Luxembourg Sàrl o Pontegadea Logistics Holdings Sàrl, fueron creadas tras las primeras publicaciones de OpenLux hace ahora cinco años. La última en constituirse ha sido, precisamente, Pontegadea Logistics Holdings Sàrl, que se inscribió en el registro de Luxemburgo el 3 de abril de 2026.

El volumen de las inversiones inmobiliarias de Amancio Ortega ha ido creciendo en los últimos años, al igual que los activos que gestiona desde Luxemburgo. Por ejemplo, Pontegadea Luxembourg Sàrl declaró en sus cuentas de 2024 unos activos por valor de más de 7.000 millones de euros. Esto se debe a que es propietaria, a su vez, de diez sociedades del holding, repartidas entre el Gran Ducado y otros países como Estados Unidos, Italia o Irlanda. 

Entre esas compañías que dependen de Pontegadea Luxembourg Sàrl están, por ejemplo, Ponte Gadea USA Inc, Pontegadea Canada Inc o Pontegadea RE Luxembourg Sàrl. Muchas de las sociedades de Amancio Ortega comparten esa mención a Pontegadea en su denominación. Ese término es el que da nombre al grupo o holding inmobiliario que el empresario maneja a nivel internacional, con sociedades en multitud de países, como Luxemburgo, Reino Unido o España.

En total, las sociedades de las que Ortega es titular final en Luxemburgo tienen un valor, según los activos que ellas mismas declaran ante el registro del país, de más de 10.000 millones de euros —incluyendo las filiales en otros Estados que pertenecen a una empresa matriz en el Gran Ducado—. Esa cifra no incluye a ITX Luxembourg SA, la sociedad que gestiona el negocio de Inditex en el país y que no forma parte del holding inmobiliario y los otros negocios de Ortega.

10.000 millones de euros es una cifra superior al Producto Interior Bruto (PIB) de países como Mónaco o Sudán del Sur. El monto también es mayor que lo que destinan los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en España, por ejemplo, a agricultura, pesca y alimentación —8.868 millones de euros— o a fomento del empleo —8.029 millones de euros—. Si se pone en relación con el sistema de pensiones de España, 10.000 millones de euros darían para abonarlas durante unos 20 días, según la nómina de la Seguridad Social correspondiente a este mes de mayo.

Además de Amancio, su hija Sandra Ortega también posee acciones de compañías en Luxemburgo utilizadas para inversiones inmobiliarias a nivel internacional, tal y como ya explicó infoLibre en 2021. Se trata de 30 AGVH 1 Sàrl y 30 AGVH 2 SA, valoradas en 208 y 189 millones de euros, respectivamente, según los activos que declararon en 2024 ambas compañías. La hija mayor de Amancio, que al contrario que su hermana Marta, no ocupa cargo en Inditex, posee el 40,16% de ambas sociedades, y su socio principal es el ciudadano saudí Osama Hussein Al Sayed.

La investigación de infoLibre afecta, entre otros, a nombres ilustres que forman parte de la nobleza española y eligen el Gran Ducado como refugio de sus fortunas. Entre ellos, el marqués de Bélgida, José Luis Cotoner Martos, grande de España e hijo del mentor de Juan Carlos I. Cotoner fue condenado en España por fraude fiscal y posee el 100% de un holding en las afueras de Luxemburgo con más de 27 millones de euros en su activo.

Cotoner no es el único hijo de una persona cercana a Juan Carlos I, y con problemas judiciales en España, cuyo nombre consta en el registro mercantil del pequeño Estado europeo. infoLibre irá desgranando en próximas fechas las identidades de empresarios, ex altos cargos, aristócratas, deportistas y otras conocidas personalidades españolas o vinculadas a España que han escogido la opacidad de Luxemburgo o las ventajas de su régimen tributario para sus operaciones financieras. 

La investigación internacional destapa que el uso de estas redes mercantiles cruza fronteras y afecta a clanes políticos de todo el planeta. Un ejemplo revelado por OCCRP y Le Monde es el de Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo, hijo del fallecido presidente de Gabón, Omar Bongo. Mientras ejercía como director general de Presupuesto y Finanzas Públicas de su país, Andjoua inyectó millones de dólares en un imperio inmobiliario con 43 propiedades en Dubái, y operaba en paralelo dos sociedades luxemburguesas. Las autoridades del Gran Ducado han abierto una investigación judicial contra él por presunto fraude fiscal agravado, blanqueo y falsedad documental. 

En 2020 y 2021, Le Monde obtuvo información sobre los titulares reales de todas las empresas registradas en Luxemburgo y la compartió con el resto de medios que participaron en OpenLux. Cinco años después de las primeras publicaciones, varios de ellos han vuelto a unir sus fuerzas para investigar qué fue de quienes ya operaban en Luxemburgo por aquel entonces y para dar a conocer nuevos nombres e historias relacionados con los entramados societarios en el Gran Ducado.

Ya en aquel momento la investigación tuvo un gran impacto. OpenLux demostró, por ejemplo, cómo fondos sospechosos de provenir de actividades delictivas o vinculados a organizaciones criminales como la mafia italiana, la 'Ndrangheta o el crimen organizado ruso se escondían en sociedades en el Gran Ducado. La investigación también destapó que famosos y grandes fortunas utilizaban Luxemburgo para pagar menos impuestos que en sus propios países. Fue el caso de Cristiano Ronaldo, Tiger Woods o Shakira. En los próximos días y semanas, nuevos nombres.

El próximo 15 de junio la selección de Irán saltará al césped del SoFi Stadium de Los Ángeles para medirse a Nueva Zelanda en su primer partido del Mundial de fútbol. Lo hará en suelo estadounidense mientras su país y el país anfitrión, pese a un alto el fuego que nunca llegó a cuajar —”en esa zona del mundo, ‘alto el fuego’ significa disparar de forma más moderada”, declaró Trump la semana pasada—,  siguen inmersos en un conflicto bélico. 

La tregua pactada a comienzos de abril se ha descosido por completo. Solo en los últimos días, Washington y Teherán han vuelto a bombardearse —el 9 de junio ambos ejércitos lanzaron ataques aéreos después de que Irán derribara un helicóptero del Ejército estadounidense—, mientras Washington sostiene desde abril un bloqueo naval sobre los puertos iraníes y Trump advierte de que Irán “tendrá que pagar el precio” por el estancamiento de las conversaciones. 

La selección de Irán disputará toda su fase de grupos en la costa oeste de Estados Unidos, con dos citas en Los Ángeles y una en Seattle, pero mantendrá su base fuera de los Estados Unidos, en la ciudad fronteriza de Tijuana, México. Los jugadores podrán entrar, pero los aficionados, en su mayoría, no. Irán figura entre los 19 países sometidos a la prohibición total de entrada que firmó Donald Trump al tomar el cargo, que veta —con excepciones para deportistas y diplomáticos— a los nacionales de esos Estados. El propio presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, llegó a ver denegado su visado para entrar en el país anfitrión, antes de que la federación rectificara 

La ironía alcanza incluso al hombre que preside ese torneo. El pasado febrero, Gianni Infantino obtuvo la nacionalidad libanesa —la de su esposa Leena Al Ashqar— de mano del presidente del Gobierno de ese país, en una excepción a la ley nacional que no permite a las mujeres libanesas pasar la ciudadanía a sus hijos o maridos extranjeros. Líbano no está en el veto de entrada de Trump, pero sí en la lista de países cuyos ciudadanos afrontan nuevas trabas para llegar a Estados Unidos: una pausa en los visados de migración y servicios consulares limitados en Beirut. A Infantino nada de eso le afecta porque, al contrario que la mayoría de sus nuevos compatriotas, viaja con pasaporte europeo. 

El Mundial de 2026 es, antes que nada, el escenario de un entendimiento entre dos hombres que llegaron a lo más alto de sus respectivas carreras presentándose como la ruptura con el viejo orden.

Donald Trump, heredero de un imperio inmobiliario reconvertido en estrella de televisión y luego en presidente, construyó su carrera política sobre el discurso del outsider frente al orden establecido. Su trayectoria arrastra un historial judicial sin precedentes para un presidente estadounidense. En agosto de 2025, un tribunal de apelación de Nueva York anuló por excesiva la sanción de unos 500 millones de dólares del caso de fraude civil, pero mantuvo la declaración de que Trump infló su patrimonio durante años para obtener mejores condiciones de bancos y aseguradoras, así como los vetos para dirigir empresas en el estado; ambas partes recurrieron. En enero de 2025 fue sentenciado, tras ser declarado culpable de 34 delitos de falsificación de registros mercantiles, a una “absolución incondicional” que mantiene la condena sin imponer pena. Y un tribunal federal confirmó que abusó sexualmente y difamó a la escritora E. Jean Carroll en los años 90, ratificando una indemnización de cinco millones de dólares.

Gianni Infantino encarna una versión administrativa del mismo arquetipo. Abogado nacido en Suiza, hijo de emigrantes italianos, hizo carrera no en el terreno de juego —nunca ha sido futbolista— sino en los despachos: secretario general del Centro Internacional de Estudios del Deporte de Neuchâtel y, desde 2000, escalando peldaños en la UEFA, la homóloga europea de la FIFA, hasta su secretaría general. En 2016 ganó la presidencia de la FIFA sobre las ruinas del régimen de Joseph Blatter, vendiéndose como el candidato de la limpieza y la transparencia.

Como en el caso de Trump, el relato de la limpieza convive con un expediente judicial extenso. Su nombre apareció en los ‘Papeles de Panamá’: siendo director de servicios jurídicos de la UEFA, firmó en 2006 un contrato de derechos de televisión con Cross Trading, la sociedad de Hugo y Mariano Jinkis, imputados después en la trama de sobornos investigada por Estados Unidos. La policía federal suiza registró las oficinas de la UEFA en Nyon por sospechas de gestión desleal sin hallar pruebas de que Infantino cobrara ningún soborno ni mordida en aquellas operaciones. 

Más tarde, entre 2016 y 2017, ya en el máximo organismo del fútbol mundial, Infantino mantuvo reuniones no registradas con el fiscal general suizo, Michael Lauber, que investigaba la corrupción en la FIFA. Las autoridades abrieron en 2020 diligencias penales contra Infantino por abuso de cargo público, violación del secreto oficial y favorecimiento, al apreciar “indicios de conducta delictiva”; Lauber dimitió tras concluir un tribunal que había incumplido sus deberes y mentido a los investigadores. Infantino sostuvo que reunirse con el fiscal general era “perfectamente legítimo y legal”. Las diligencias se archivaron en 2023 sin hallar pruebas de delito. Esta misma semana, el expresidente de la UEFA y exestrella de la selección francesa, Michel Platini, ha demandado a Infantino por difamación y tráfico de influencias durante la candidatura que le llevó a presidir la FIFA en 2016.

Más allá de su expediente judicial, hay un gesto que retrata su relación con el cargo mejor que cualquier sentencia. Cuando la FIFA presentó en noviembre de 2024 el nuevo trofeo del Mundial de Clubes, de oro y fabricado por la lujosa firma Tiffany, el nombre de Infantino estaba grabado dos veces en él: una como “Presidente fundador, Gianni Infantino”, con su firma, y otra en una inscripción que atribuye la propia competición a su inspiración. 

El trofeo, con el nombre de Infantino inmortalizado en él antes de que nadie pudiera levantarlo, se exhibió primero en el Despacho Oval de la Casa Blanca, luego viajó hasta la Trump Tower y permaneció allí hasta la final del torneo, un trasiego que la propia empresa familiar celebró como “un trofeo icónico en una ubicación legendaria”. Durante cinco días, y como preludio de lo que viene este verano, el fútbol mundial pasó a instalarse, literalmente, dentro del patrimonio personal del presidente de Estados Unidos.

Infantino estuvo presente en la toma de posesión de Trump como presidente el 20 de enero de 2025, después de haber sido recibido ese mismo mes en Mar-a-Lago. El 7 de marzo de ese año Trump firmó en el Despacho Oval, junto a Infantino, una orden ejecutiva que crea un “grupo de trabajo” de la Casa Blanca para el Mundial 2026 que él mismo preside, con el vicepresidente J.D. Vance como número dos. Ese día, Infantino agradeció al presidente la creación del grupo “porque es importante que todos los que vengan a América se sientan seguros y bienvenidos”. Cuando Trump le preguntó si Estados Unidos podía ganar el torneo y el suizo respondió que sí, "con el público detrás", el presidente lo zanjó con un comentario revelador: “Sabe lo que hay que decir”.

En la misma comparecencia, Infantino lanzó la idea de que la FIFA promoviera una “criptomoneda de la FIFA”, uno de los negocios favoritos de Trump, que ha respaldado su propia criptomoneda, con un beneficio superior a los 500 millones de dólares. De la idea de Infantino no se ha vuelto a saber nada, pero donde sí llegó a materializarse la alianza entre ambos fue en otro de los grandes negocios de Trump, el ladrillo. En julio de 2025, la FIFA abrió una oficina en la Trump Tower de Nueva York, anunciada por Infantino en la sede de la Trump Organization, al presentar el trofeo del Mundial de clubes.

El sello del idilio llegó el 5 de diciembre de 2025. En el sorteo del Mundial, en el Kennedy Center de Washington, Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA, que el mandatario calificó de “uno de los grandes honores de mi vida”. El presidente de la FIFA llevaba meses avalando la candidatura autoimpulsada por Trump para ganar el Nobel de la Paz por su papel en el alto el fuego en Gaza. El Nobel acabó recayendo en la venezolana María Corina Machado, que a su vez se lo cedió a Trump, pero el máximo dirigente del fútbol mundial decidió que no era suficiente. 

La cercanía con el poder político no es una novedad de la era Trump, sino el método con el que Infantino ha gobernado el fútbol mundial. En 2019, apenas tres años antes de su invasión sobre Ucrania, Vladimir Putin condecoró al presidente de la FIFA con la Orden de la Amistad rusa, después de que Infantino elogiara la organización del Mundial de 2018.

Pero el episodio que mejor define su modo de defender a los anfitriones llegó en Doha. En la víspera del Mundial de Qatar 2022, ante las quejas de organizaciones sociales por el trato del país a los trabajadores de las obras del Mundial, Infantino decidió abrir la primera rueda de prensa del torneo con un monólogo de casi una hora: “Hoy me siento qatarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento trabajador migrante”, aseguró, antes de reprochar a los europeos que dieran "lecciones morales”. Más adelante en su discurso, por si había dudas, Infantino admitió ser consciente de no pertenecer a ninguno de los colectivos nombrados, pero afirmó entender perfectamente sus luchas puesto que de niño “sufrió acoso escolar por ser pelirrojo”. Ante las preguntas de los reporteros, añadió que también se sentía mujer, ya que tiene tres hijas. 

Los datos contrastan con la retórica y los sentimientos de pertenencia a diversas minorías que Infantino experimentaba el día de su rueda de prensa. Una investigación de The Guardian reveló en 2021 que más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladés y Sri Lanka habían muerto en Qatar entre 2011 —cuando le fue concedido el Mundial— y 2020. La cifra deja fuera a países como Filipinas y Kenia, desde donde también acudieron miles de trabajadores, aunque para los países incluidos contempla todas las causas de muerte y sectores laborales, no solo los relativos a las obras de los estadios. Sin embargo, los expertos consideraron “probable” que una “gran mayoría” de los fallecimientos estuviera directamente relacionada con las obras del Mundial. 

Qatar rebatió drásticamente la cifra: el comité organizador del torneo habló de tres muertes directamente vinculadas a la construcción de estadios y 37 por otras causas, aunque más tarde, su secretario general, Hassan al Thawadi, llegó a estimar entre 400 y 500 los trabajadores fallecidos en proyectos conectados con el torneo.

El patrón de blanqueamiento a los regímenes del Golfo se cerró con el premio mayor. En diciembre de 2024, la FIFA adjudicó el Mundial de 2034 a Arabia Saudí, única candidatura presentada. Un comunicado conjunto de 21 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, lo calificó de “momento de gran peligro” para los derechos humanos, y la Sport & Rights Alliance advirtió de que la FIFA había descartado sus propias políticas de derechos humanos a sabiendas del riesgo para los trabajadores y visitantes del torneo. 

Desde 2018 y hasta el Mundial de 2034, las cinco ediciones del torneo se habrán celebrado en cuatro países donde la homosexualidad —Qatar, Marruecos, Arabia Saudí— o su expresión pública —Rusia— se castiga con penas de cárcel, según datos del índice Equaldex.

Hay un momento en las crisis en el que el debate deja de ser si hay que hacer algo y pasa a ser cómo hacerlo. En materia de rearme militar, Bruselas cruzó ese umbral hace tiempo, pero la sensación en las instituciones europeas es que el cruce se ha consumado del todo en estos últimos meses. El debate comunitario, como ha podido comprobar infoLibre en un seminario sobre la materia organizado en Bruselas por el Parlamento Europeo, ya no es si Europa debe armarse, sino a qué ritmo, con qué dinero, bajo qué estructura y en detrimento de qué otras políticas.

La transformación tiene ya nombre y cifras. En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó el plan ReArm Europe —rebautizado Readiness 2030 después de que los primeros ministros de Italia y España protestaran por el nombre— para movilizar hasta 800.000 millones de euros hasta 2027 en inversión en defensa. El vehículo principal es el instrumento SAFE: hasta 150.000 millones en préstamos respaldados por el presupuesto comunitario para compras y proyectos de defensa conjuntos. Los otros 650.000 millones son “instrumentos de flexibilidad financiera” que permiten que los Estados miembros gasten más en defensa sin que compute como déficit excesivo. El rearme también ha modificado la arquitectura política de la UE, que tiene por primera vez en su historia un comisario de Defensa: el lituano Andrius Kubilius, que tomó posesión en diciembre de 2024 con el mandato de "gastar más, gastar mejor y gastar europeo."

Las implicaciones han llegado también a la industria: la alemana Rheinmetall ha pasado de producir 70.000 obuses de artillería al año en 2022 a 1,1 millones, según declaraciones de la empresa —que afirma haber superado ya la capacidad de producción de munición convencional de toda la industria estadounidense— e incluso empresas ajenas al sector, como la francesa Renault, están reconvirtiendo fábricas para fabricar armamento. Las pretensiones de la Unión Europea se centran precisamente en materia de industria militar, y pasan por agilizar los procesos de fabricación, compra y traslado de material, hasta llegar a un "mercado europeo de armas". La creación de un ejército común, de momento, no está sobre la mesa.

La pregunta que más incomoda en los pasillos del Parlamento Europeo es qué otras cosas van a dejar de financiarse para sufragar estos gastos. Fuentes de la institución apuntan que la nueva prioridad defensiva se construye en parte "creando tuberías entre fondos existentes": programas como Horizonte Europa o los fondos de cohesión están siendo flexibilizados para poder financiar proyectos de uso dual o directamente militar. Sectores como la agricultura, la investigación científica o la administración de fondos regionales ya han expresado su inquietud: según interpretan, cada euro que se dirige a defensa es un euro que no va a programas sociales como la Política Agraria Común (PAC) o el intercambio universitario Erasmus.

Ese debate se libra, además, en un Parlamento que ha elevado la defensa al rango político máximo del que dispone: además de un nuevo comisario, la antigua subcomisión de Defensa —que se reunía esporádicamente y con escaso peso— se ha convertido en una Comisión permanente de pleno derecho, la SEDE, en la legislatura actual. Es en esa comisión donde coinciden los dos eurodiputados españoles con más peso en la materia: Javier López, vicepresidente noveno del Parlamento Europeo y miembro titular de la SEDE por el PSC-PSOE, y Nicolás Pascual, coordinador del PPE en esa misma comisión, que llegó al escaño directamente desde la embajada de España ante la OTAN, donde estuvo destinado entre 2017 y 2018. Proceden de dos trayectorias distintas y dos partidos que en Madrid libran una guerra sin cuartel, pero en Bruselas comparten un diagnóstico casi idéntico sobre lo que Europa necesita hacer en materia de defensa.

"Tenemos una ventana de oportunidad reducida y poco tiempo. Necesitamos autonomía estratégica de aquí al final de la década", dice López. Pascual llega al mismo sitio desde otra dirección: "La invasión de Ucrania se dio porque nos faltó disuasión. Ha llegado el momento de sentarnos y definir una estrategia". El rearme europeo genera en Bruselas un consenso transversal difícil de encontrar en casi ningún otro asunto.

Una mayoría con matices

Pero hay una variable que Bruselas tiende a leer de forma selectiva: el apoyo popular. La burbuja de las instituciones europeas se ha lanzado al rearme político y militar tras la invasión de Ucrania y ante el creciente aislacionismo de Estados Unidos, a los que denominan comúnmente “aceleradores externos” y consideran una “llamada a despertar de un letargo”. 

Si la justificación técnica está en Moscú y Washington, la justificación política está, según ellos, en la opinión ciudadana, expresada a través de los eurobarómetros. En enero de 2026, el 52% de los ciudadanos europeos expresó confiar en que la UE refuerce su seguridad, dato que sube al 64% en España, por encima de la media. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirmó la postura española el pasado abril: el 89,5% de los encuestados cree que el mundo es más peligroso que hace diez años, el 66,6% teme una guerra global, y el 54,1% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la UE debería gastar más en defensa. 

La mayoría existe, y es clara, pero los matices importan. En primer lugar, las encuestas reflejan un apoyo mayoritario al refuerzo de las capacidades militares de la UE, pero no cuantifican económicamente ese apoyo, por lo que es difícil saber si la inversión sin precedentes —y la consiguiente bajada en otras inversiones— cuentan realmente con el apoyo popular que Bruselas da por hecho. 

En segundo lugar, esa mayoría se construye de forma muy desigual en el eje ideológico: en España, entre los ciudadanos que se sitúan en el extremo izquierdo de la escala, el rechazo al mayor gasto en defensa supera el 62%. El punto de inflexión está en el centro del espectro; a partir del 6 (siendo el 1 lo más a la izquierda y el 10 lo más a la derecha), el apoyo es abrumador. Lo que es cierto es que la tendencia histórica da la razón al frenesí militar de Bruselas, según datos del CIS analizados por Newtral, el porcentaje de españoles que consideraba el gasto en defensa "demasiado" bajó 16 puntos entre 2015 y 2024 —del 40,5% al 24,5%—, con caídas pronunciadas entre votantes tanto del PP como del PSOE. Es decir, la tolerancia al gasto ha crecido en toda la sociedad, incluyendo en la izquierda.

Lo que no ha crecido de la misma forma es la confianza en la OTAN. La UE obtiene una nota media de 6,44 sobre 10 en el CIS, bastante homogénea en todos los tramos ideológicos. La OTAN saca un 5,27, y cae a 4,4 entre los ciudadanos de izquierda. La sociedad española respalda la defensa europea, pero no necesariamente el marco atlántico que la sustenta. Y el PSOE tiene que gestionar ese matiz: su propio electorado y, sobre todo, sus socios parlamentarios de izquierda, habitan en un espacio donde el apoyo a la OTAN y al rearme es estructuralmente más débil. El marco compartido que PP y PSOE exhiben en Bruselas no se extiende a España, pero Bruselas avanza sin contemplaciones. 

Desde la cumbre de Gales de 2014, la OTAN —y especialmente los sucesivos presidentes estadounidenses, independientemente de su partido— lleva más de una década pidiendo a sus aliados que gasten al menos el 2% de su PIB en defensa. En junio de 2025, en La Haya, ese objetivo se multiplicó de golpe: los 32 aliados firmaron un compromiso de llegar al 5% del PIB para 2035. El acuerdo se divide en dos tramos: al menos el 3,5% para capacidades militares nucleares —tropas, armas, preparación para el combate— y hasta el 1,5% restante para un cajón de sastre que incluye ciberseguridad, infraestructuras críticas, resiliencia civil e industria de defensa. 

España fue el único aliado que no suscribió el texto original. El 19 de junio, días antes de la cumbre, Sánchez envió una carta a Rutte calificando el objetivo del 5% de "no solo irrazonable, sino también contraproducente", incompatible con el Estado de bienestar y capaz de generar "desaceleración económica y presiones inflacionistas". A cambio, ofrecía llegar al 2,1%. Trump respondió desde el escenario: "España es un problema". Rutte fue menos beligerante pero igual de rotundo —“Los países tienen que encontrar el dinero. No hay alternativa"— y quiso zanjar finalmente el debate declarando que "España también ha acordado los objetivos de capacidad", pero el Gobierno lo mantuvo abierto respondiendo, por boca de su portavoz, que la posición del máximo responsable de la Alianza era "una opinión."

Hoy, España ha aumentado la inversión hasta el 2,1%, superando por primera vez el umbral del 2%, la histórica exigencia de la Alianza. La OTAN parece apreciar el esfuerzo, y ha cambiado el discurso tajante por uno algo más ambigüo: por un lado sigue sosteniendo que el 5% se aprobó por unanimidad y que España no se opuso formalmente en el momento decisivo; pero por otro lado matiza que lo que se acordó no fue un porcentaje fijo sino unas “capacidades militares” —clasificadas, no públicas—  que los socios se comprometen a lograr, y el 5% de su PIB es solo el cálculo de lo que costarían. 

Fuentes de la Alianza admiten que si España es capaz de alcanzar las capacidades acordadas con una inversión menor al 5% de PIB, nadie le exigirá más gasto. En este sentido, cabe recordar que el porcentaje de PIB es una manera frecuente de medir el gasto en defensa, pero el PIB es un indicador macroeconómico que expresa la producción comercial e industrial de un país en un año, no representa su presupuesto ni su dinero disponible. Es decir, destinar un 5% del PIB a la defensa —o a cualquier otra cosa— no conlleva quedarse con el porcentaje restante para el resto de los gastos.  

La novedad de la UE asumiendo como prioridad tareas de seguridad y defensa es también una fuente de fricción con la OTAN, que lleva décadas siendo el único actor legítimo en este espacio. Ambas instituciones comparten Bruselas como sede, precisamente con el objetivo de mantener unidos y coordinados los poderes político y militar. Desde la Unión se insiste en que no hay competencia, que el refuerzo de los aliados europeos es bueno para todos. Pero algunos hechos apuntan en otra dirección.

La tensión empieza ya dentro de la propia Alianza, y parte de un desacuerdo de fondo sobre la amenaza. La OTAN describe a Moscú como "la amenaza más seria a nuestra seguridad" desde 2022 y señala que no ha habido ningún diálogo político con Rusia desde la invasión. La Administración Trump, en cambio, trata a Rusia como un "potencial socio" en la negociación sobre Ucrania. Esa divergencia enfrenta a EEUU con el resto de la Alianza, donde el bloque europeo sí mantiene una posición común frente a Rusia que la OTAN, con Estados Unidos dentro, no puede sostener con la misma cohesión. Es una de las razones por las que, según el eurodiputado Javier López, el desalineamiento transatlántico es estructural y no coyuntural: "La relación UE- Estados Unidos que había antes ya no va a volver. Nuestros intereses se han desalineado: antes la prioridad americana era contener a la URSS, ahora es China, y ahí nuestro papel es periférico. Trump pasará, pero ese desalineamiento seguirá ahí".

La propia OTAN reconoce que se ha pasado del burden sharing —compartir la carga— al burden shifting: Europa no está simplemente gastando más junto a Estados Unidos, sino asumiendo responsabilidades que Washington está dejando de ejercer. Desde la Alianza se insiste en que Estados Unidos sigue siendo imprescindible, sobre todo en materia de disuasión nuclear, y que el mayor esfuerzo europeo se hace en beneficio propio, no porque lo diga Estados Unidos. Pero las señales que llegan de Washington —la retirada de Afganistán, la ambigüedad sobre Ucrania, las presiones arancelarias e incluso militares a aliados— son las de un socio que ha redefinido sus prioridades.

Esa redefinición genera además una contradicción directa entre las dos organizaciones. Desde la OTAN se pide más confianza en Estados Unidos y menos soberanismo digital europeo. Fuentes de la Alianza denuncian el “recelo tecnológico” de la Unión y ven en la dependencia europea de la infraestructura estadounidense un factor de cohesión. Pero en la Unión Europea no se ve de la misma forma: “Nuestra dependencia de Estado Unidos en materia de infraestructura digital nunca había sido una fuente de vulnerabilidad, pero ahora sí", sostiene el parlamentario socialista Javier López, y añade: “Sin sobregesticular demasiado, debemos cambiar esta situación”.  

A todo esto se suma un conflicto estructural que la arquitectura de defensa europea no ha resuelto, sino agudizado. Turquía es miembro de la OTAN pero no de la UE, mientras Chipre es miembro de la UE pero no de la OTAN. El litigio territorial entre ambos —la isla sigue dividida desde la intervención militar turca de 1974— entorpece y a menudo imposibilita la coordinación entre las dos organizaciones desde hace décadas. El  último episodio se produjo en septiembre de 2025, cuando Turquía solicitó participar en el programa de defensa SAFE y Chipre bloqueó la solicitud. El Estado turco hace lo propio con las peticiones chipriotas a la OTAN. 

Hay un país del que nadie habla en Bruselas cuando se debate la nueva arquitectura de seguridad europea. Marruecos firmó en abril de 2026 una hoja de ruta de cooperación en defensa con Estados Unidos por diez años. El país destina el 4% de su PIB a defensa —el doble del porcentaje español— e importa el 60% de su armamento del país norteamericano. 

El acercamiento a Marruecos por parte de Estados Unidos en materia de industria armamentística —que coincide con su alejamiento de la Unión Europea y su enfrentamiento político con España—  tiene ya consecuencias directas en su política internacional: una comisión de la Cámara de Representantes describió en abril de 2026 a Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España pero "ubicadas en territorio marroquí", validando las históricas pretensiones marroquíes sobre las conocidas como “plazas de soberanía” españolas —como ha hecho también con los planes del reino alauita sobre el Sáhara—. La OTAN, por su parte, no cubre bajo su paraguas a Ceuta y Melilla, cuya defensa no está prevista por el artículo 5 del Tratado, lo que significa que una acción militar sobre las ciudades autónomas no provocaría automáticamente una respuesta de la Alianza.

Estas cuestiones, sin embargo, no parecen suscitar ninguna preocupación en las instituciones europeas, que consideran que las únicas potenciales amenazas al flanco sur provienen del Sahel: la inestabilidad, el terrorismo, los flujos migratorios y la creciente influencia rusa en el vacío dejado por Francia como potencia administradora. A pesar de ello, desde el sector diplomático de Bruselas se admite que, si bien establecer una hoja de ruta para esta región —cuyos tres países más relevantes son Burkina Faso, Malí y Níger, que han formado la Alianza de Estados del Sahel (AES)— es una prioridad para la Unión Europea en este mandato de la Comisión, no existe actualmente una postura unánime entre los países socios. Mientras tanto, Rusia aprovecha la indecisión y continúa expandiendo su influencia militar, económica y cultural en esta zona y en todo el continente africano, con el que mantiene ya un comercio por valor de 27.000 millones de dólares al año. 

La imputación de un expresidente del Gobierno exige una arquitectura jurídica sólida. No obstante, no hay que olvidar que se trata de una garantía procesal para el investigado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha construido su instrucción sobre informes policiales que trazan un exhaustivo mapa de relaciones y flujos de dinero. El sumario del ‘caso Plus Ultra’ dibuja una estructura jerarquizada en la que José Luis Rodríguez Zapatero ocuparía, según los investigadores, el vértice, secundado por su amigo el empresario Julio Martínez Martínez.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha documentado transferencias millonarias y ha reconstruido la cronología del rescate a la aerolínea, pero la vinculación directa del expresidente se sostiene, hasta el momento, sobre referencias de terceros y secuencias temporales que los investigadores interpretan como instrucciones tácitas cuyo contenido y canal no ha sido demostrado.

La propia UDEF aborda esta particularidad en el informe remitido al juez el 14 de mayo, apenas cinco días antes de registrar la oficina del expresidente en la calle Ferraz. Los agentes solicitaron la entrada y registro argumentando la necesidad de determinar “los canales de comunicación a través de los cuales José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes”, ya que en el material intervenido hasta esa fecha no existían conversaciones directas en las que el expresidente impartiera directrices a la trama. 

Lo que los informes recogen son diálogos entre terceras personas donde su figura opera como un aval en la sombra. “Nuestro pana Zapatero detrás” o “Camilo estuvo hoy con Zp” son algunos de los mensajes intercambiados por los accionistas de Plus Ultra, Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, mientras esperaban los 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

El elemento documental que más se aproxima a una comunicación directa es un mensaje recibido por Julio Martínez el 31 de julio de 2021, tras lograr que el jefe de la aviación civil venezolana autorizara dos vuelos de la aerolínea. Un contacto guardado en su agenda como “Z” le escribió: “En tiempo y forma. Exitosa gestión…”. En varios de sus informes, la UDEF atribuye el mensaje a Zapatero, pero en otro documento remitido al juez expone que el registro de su oficina es crucial para confirmar su identidad en esta conversación. El auto del magistrado incorpora el mensaje sin asignarle explícitamente la autoría. 

Si las comunicaciones directas son esquivas, el rastro del dinero documentado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en febrero de 2026 ofrece una radiografía milimétrica. Hacienda cifra en 4.079.799 euros los ingresos familiares del matrimonio Zapatero-Espinosa entre 2020 y 2025, calculando que el 61% procede de mercantiles ahora bajo la lupa del instructor. 

La consultora Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez y proveedora de Plus Ultra, transfirió 490.780 euros a las cuentas del expresidente y 239.755 euros a Whathefav, la agencia gestionada por sus hijas. A esto se suman los 352.980 euros enviados al exjefe del Ejecutivo y los 171.727 euros a Whathefav desde Gate Center, el think tank cuyo consejo asesor preside él mismo. El grupo Thinking Heads — ligado a Gate Center a través de su CEO, Daniel Romero Abreu— abonó 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a sus hijas.

El magistrado sitúa estos pagos como el posible retorno económico de las gestiones de influencia. La hipótesis policial se apoya también en el papel de Inteligencia Prospectiva, una sociedad sin actividad real conocida que, bajo la administración de los hermanos venezolanos Amaro Chacón, movió más de 2,6 millones de euros en cinco años. Esta mercantil inyectó 561.440 euros en Whathefav y 266.200 euros en Gate Center. La UDEF cuestiona la naturaleza de los trabajos realizados por la empresa de las hijas de Zapatero —en cuyas cuentas bancarias aparece como autorizado—, argumentando que sus labores de maquetación de informes poseían una “escasa entidad técnica” y podrían enmascarar una contraprestación.

Zapatero ha defendido ante la comisión del Senado que los cobros de Análisis Relevante correspondían respondían a servicios reales de consultoría, y Thinking Heads ha hecho lo mismo en un comunicado en el que afirma que los pagos al expresidente corresponden a una “prestación de servicios efectiva y acreditable”. La propia unidad policial aísla 1.569.502 euros recibidos por la familia Zapatero desde firmas como Kreab, Focus Social Research o ChinaLink Asia Holdings, vinculando estos ingresos concretos a actividades profesionales.

En una entrevista con Carlos Alsina, Zapatero aseguró el pasado marzo desconocer quiénes eran los clientes de Análisis Relevante “al no formar parte de la estructura de la empresa”. El sumario documenta que el 6 de julio de 2021 envió a Julio Martínez dos archivos con nombres y contactos de personas físicas y jurídicas. La UDEF emplea este envío para justificar la posición directiva del expresidente en el entramado, si bien el propio informe policial matiza que, con la información disponible, solo tres de las sociedades citadas mantienen vínculos contractuales probados con la sociedad.

La constitución de una sociedad offshore en Dubái, Landside Middle East FZCO, tensa aún más las inferencias de la investigación. La cronología que maneja el juez arranca el 19 de enero de 2021, cuando la sociedad alicantina Idella Consulenza Strategica firmó un contrato con Plus Ultra que le garantizaba una comisión del 1% del rescate público en caso de aprobarse, lo que equivale a 530.000 euros. Una semana después, la secretaria de Zapatero y uno de sus escoltas gestionaron una reserva a nombre de Julio en el restaurante madrileño Portonovo. Al día siguiente, el empresario recibió un correo de su interlocutor con instrucciones para abrir una empresa en Emiratos Árabes Unidos, que comenzaba así: "Siguiendo con lo conversado en el día de ayer…". No se señala que Zapatero o su secretaria estuvieran presentes en esa conversación. Pero, tal y como reveló infoLibre, ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara la inyección a la aerolínea, la sociedad quedó formalmente registrada en Dubái.

El magistrado Calama infiere de esta secuencia que las instrucciones para crear la sociedad instrumental “parten necesariamente” de Zapatero. Es una deducción fundamentada en la proximidad temporal de los hechos y en correos de terceros, no en un documento firmado o un audio intervenido al expresidente, ni en la titularidad o accionariado de la empresa de Dubái, que se desconoce. 

La arquitectura de influencias que describe el juez Calama no se limitaba a buscar los 53 millones de euros para la aerolínea. El descubrimiento fortuito del chat denominado “Danilo-España”, intervenido en octubre de 2024 en el despacho del abogado Miguel Palomero, abrió una vía paralela en la investigación. Las conversaciones exponen la presunta relación económica entre el empresario venezolano Danilo Díazgranados y un contacto identificado como “Zorro”, “Z” o “ZZZ”, que los investigadores asignan a Zapatero.

Según la Fiscalía Anticorrupción, tras la detención por falsedad documental de un hijo de Díazgranados en el aeropuerto de Barajas en mayo de 2019, la trama activó sus engranajes para limpiar el expediente policial y las bases de datos de la embajada estadounidense. El rastro documental incluye un pago de 7.000 euros en marzo de 2020 al entonces comisario jefe del aeropuerto, Jesús María Gómez Martín, quien fuera el máximo responsable policial en Barajas durante el conocido como ‘Delcygate’. Un mes después de ese pago, Díazgranados ordenó transferir 20.000 euros a Whathefav en concepto de “asesoría de mercadeo”. Para el Ministerio Público, estas transferencias hacia el entorno de Zapatero coinciden cronológicamente con la consecución de favores en España, incluyendo una supuesta intermediación ante ejecutivos de Repsol para lograr contratos de distribución en Venezuela, que la compañía niega. 

Calama ha abierto dos piezas separadas de la investigación en las que ha incluido los informes policiales que se centran en estos hechos. Las nuevas piezas son secretas y no se conoce su contenido —tampoco el de los informes— pero la secuencia, así como el hecho de que esta variante no se desarrolle en el auto del juez en el que imputa a Zapatero, apunta a que estos hechos se investigan en paralelo. 

El encaje penal de estos hechos recae sobre la figura del tráfico de influencias, un delito de mera actividad. El juez Calama recuerda que la infracción se consuma con el simple acto de intentar influir sobre un funcionario o autoridad para obtener un beneficio. No es necesario que la presión tenga éxito, ni que la resolución administrativa buscada sea injusta o ilegal.

Pese a ello, la legalidad del rescate es uno de los campos de batalla de la instrucción. El Tribunal de Cuentas auditó en septiembre de 2024 el expediente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y concluyó, basándose en informes externos, que el organismo cumplió las normas procedimentales. 

Sin embargo, un perito judicial independiente convocado en los compases iniciales de la causa apuntó a que la aerolínea ya se encontraba en situación de insolvencia antes de la pandemia, lo que la inhabilitaría para recibir la inyección. Para ocultar esas pérdidas, la compañía habría utilizado un préstamo de 6,3 millones de euros de la firma panameña Panacorp. La sospecha toma forma en un audio de diciembre de 2020 intervenido a Roberto Roselli, consejero delegado de Plus Ultra. Al comentar las dudas de la SEPI sobre esos fondos inmovilizados. El directivo aseguraba a sus socios que redactarían unos documentos para aplicar “un poco más de maquillaje” y que luego ya verían cómo lo hacían para mover el dinero.

Para la Audiencia Nacional, la legalidad de los 53 millones acaba siendo secundaria frente a la intencionalidad de las gestiones. La instrucción pasa en los próximos meses por el análisis de los correos y las agendas físicas incautadas en Ferraz 35, buscando mensajes o reuniones que transformen las deducciones en una prueba directa.

Esta búsqueda choca con un obstáculo que la propia Fiscalía Anticorrupción reconoció en su informe del 18 de mayo. Al oponerse al registro del domicilio particular de Zapatero —medida que la UDEF sí solicitaba—, el Ministerio Público argumentó que los meses de intensa cobertura mediática y la comparecencia del expresidente en el Senado habían destruido el factor sorpresa. Los investigadores asumen que ese ruido prolongado ha generado “la lógica alerta en su entorno más íntimo”, un aviso previo que, según los investigadores y la Fiscalía, podría haber dado a la presunta trama un margen temporal crucial para blindar sus comunicaciones antes de la llegada de los agentes.

*Se ha corregido el nombre de la consultora Thinking Heads, que aparecía nombrada como Talking Heads, tras el aviso de un socio.

El 24 de octubre de 2024, agentes de la Policía española registraron el despacho del abogado Miguel Palomero en Madrid a instancias de las autoridades judiciales de Francia y Suiza, que investigaban una red internacional de blanqueo de capitales. Entre el material intervenido había cinco años de conversaciones entre Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados Manglano, a quien un cable diplomático de la embajada de Estados Unidos en Caracas publicado por Wikileaks identificaba ya en 2006 como "facilitador principal" e intermediario entre el Gobierno venezolano e instituciones financieras internacionales. El chat se llamaba "Danilo España".

Lo que la Fiscalía Anticorrupción encontró en esas conversaciones no tenía que ver directamente con los 53 millones del rescate a Plus Ultra que se investigaban en paralelo. Era una trama de presuntos favores y gratificaciones en España que, según los investigadores, abarcaba desde el control de fronteras del aeropuerto de Barajas hasta contratos con Repsol en Venezuela, y que salpicaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía abrió diligencias de investigación propias en diciembre de 2025. En febrero de 2026, la jueza que instruía el asunto en Madrid, Esperanza Collazos, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional citando que el chat ponía en evidencia "actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia". 

En ese mismo auto, Collazos identificaba a Díazgranados como alguien que mantiene una relación "personal y económica" con una persona denominada en el chat como "Zorro", "Z" o "ZZZZ", identificada por los investigadores como Zapatero. La propia Audiencia Nacional, al aceptar la inhibición, describió el chat como una "cadena de favores y gratificaciones" con conversaciones relacionadas con el tránsito aeroportuario, regalos a personas con posiciones de poder y contactos de alto nivel para obtener contratos empresariales.

El episodio más explícito que recoge el chat arranca el 27 de mayo de 2019, cuando Francisco Alfonso Díazgranados Salvatierra, hijo menor de Danilo y conocido familiarmente como Kiko, fue detenido por falsedad documental en el control de fronteras de Barajas al embarcar en un vuelo a Miami. A la detención le siguieron, según la Fiscalía Anticorrupción, una serie gestiones para paralizar el procedimiento penal, que habrían implicado a autoridades en "muy altos niveles del ámbito administrativo y del judicial", y acciones paralelas para eliminar el registro de la detención de las bases de datos de la embajada estadounidense, con el fin de que Kiko pudiera seguir viajando a ese país. Los documentos de la Fiscalía infieren que la causa acabó en absolución y que la información ante las autoridades de EEUU "quedó limpia".

En el centro de esas gestiones aparece Jesús María Gómez Martín, entonces comisario del puesto fronterizo del aeropuerto de Barajas. El 4 de noviembre de 2020, Palomero escribía a Díazgranados: "La reunión de hoy del comisario ha sido muy fructífera. Parece que ayer se aclaró todo y se ha limpiado el expediente de Kiko." Díazgranados respondió que "nosotros nos portamos también con él", a lo que Palomero confirmó: "La verdad es que sí nos portamos súper súper bien."

La recompensa aparece documentada en otra conversación, de marzo de 2020. "Si te parece voy a sacar los 7.000 euros para el amigo", escribe Palomero. Cuando Díazgranados pregunta de quién se trata, la respuesta es: “Para Jesús el comisario.” Horas más tarde Palomero añade que está comiendo con él, y esa tarde Díazgranados confirma: “Siii [sic], dale lo de Jesús.” La Fiscalía aprecia en el conjunto del chat indicios de un delito continuado de cohecho. Las gratificaciones más frecuentes que describen las conversaciones son botellas de vino de alta gama que Díazgranados encargaba a Palomero para distribuir entre sus contactos, entre ellos el propio comisario, Zapatero y el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, el mismo que el juez Calama sitúa como lugarteniente principal en la trama de Plus Ultra.

Gómez Martín era el máximo responsable de la Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando tuvo lugar el escándalo conocido como Delcygate, en el que la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aterrizó en España a pesar de las sanciones europeas que se lo prohibían. El entonces ministro José Luis Ábalos, encargado de su recepción, ofreció múltiples versiones sobre lo ocurrido, desde el “saludo forzado sin pisar suelo español” hasta el “encuentro de 25 minutos”. Dos años después, en noviembre de 2022, Gómez Martín fue ascendido a jefe superior de Policía de Canarias, cargo en el que continúa. Su tarjeta de visita, con un número de teléfono manuscrito, apareció en el registro de la sede de Plus Ultra practicado por la UDEF en diciembre de 2025.

Los favores que el chat atribuye al comisario no se habrían limitado a Barajas. Según los investigadores, su control sobre el aeropuerto de Cuatro Vientos, destinado a vuelos privados, pudo haber servido para la realización de negocios de naturaleza ilícita aún por determinar, en relación con una conversación de mayo de 2021 en la que se sugieren negocios con la "mano derecha del ministro de Transportes", identificada por la Fiscalía con “toda probabilidad” como Koldo García Izaguirre. El mismo informe policial apunta que el comisario habría facilitado la llegada a España de personas del entorno de Díazgranados sorteando los controles de aduanas.

El chat recoge también transferencias de Díazgranados a sociedades del entorno de Zapatero. En abril de 2020, según los investigadores, Díazgranados ordenó a Palomero el envío de 20.000 euros a Whathefav, la agencia gestionada por las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa —"en persona te cuento de quién es", escribió el venezolano— con el concepto "asesoría de mercadeo". La Fiscalía señala que estos pagos “coinciden cronológicamente con la consecución de favores a intereses de Danilo en España”.

Entre los presuntos favores figura también la intermediación de Zapatero ante altos ejecutivos de Repsol para que Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía en Venezuela, una conducta que la Fiscalía Anticorrupción califica como posible corrupción en los negocios. A las preguntas de infoLibre, Repsol niega de manera rotunda cualquier relación comercial o de otro tipo con Danilo Díazgranados.

El 18 de mayo de 2026, el mismo día que imputó a Zapatero en la causa principal de Plus Ultra, el juez Calama formalizó la creación de dos piezas separadas de investigación a las que incorporó los informes policiales sobre esta trama. Son piezas independientes cuyo contenido no es público. Lo que sí consta es que la Audiencia Nacional las abrió con los mismos informes de la UDEF que describen la cadena de favores al comisario, los pagos a Whathefav y la presunta intermediación ante Repsol. 

Desde que el juez José Luis Calama imputó a José Luis Rodríguez Zapatero el 18 de mayo, ha circulado la idea de que el auto de 85 páginas era solo la punta del iceberg y que las pruebas de verdad estarían en el sumario. La revisión de los documentos disponibles apunta a una conclusión más matizada: lo más sustancial de lo que el juez tiene contra el expresidente ya estaba en el auto, que a su vez se apoya en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El sumario aporta más detalles sobre el funcionamiento del entramado societario investigado, pero no incorpora acusaciones nuevas de peso contra Zapatero. Lo que falta —sus comunicaciones, sus agendas, sus dispositivos— no estaba disponible porque la investigación no había accedido a ello hasta el día después de firmarse el auto.

La investigación no nació en la Audiencia Nacional. Sus raíces están en unas diligencias abiertas en 2021 ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Lo que la relanzó fueron dos peticiones de cooperación internacional llegadas en septiembre de 2024: una orden europea de investigación de la Fiscalía de Delitos Financieros de Francia y una comisión rogatoria de la Fiscalía de Ginebra, en las que aparecía Plus Ultra como presunta cliente de una organización de blanqueo. La magistrada Esperanza Collazos Chamorro, titular del Juzgado nº 15 de Madrid, envió el caso a la Audiencia Nacional en febrero de 2026 por su dimensión transnacional.

A eso se sumó el hallazgo, en el registro del despacho del abogado Miguel Palomero en octubre de 2024, de un chat denominado "Danilo-España" con conversaciones entre el venezolano Danilo Diazgranados y alguien al que la investigación identifica como Zapatero, que acabó de inclinar la balanza hacia la Audiencia Nacional.

La acusación de Calama contra Zapatero se apoya en indicios de distinta naturaleza, pero ninguno de ellos procedente de comunicaciones en las que aparezca directamente el expresidente.

Los investigadores le atribuyen haber enviado a su supuesto lugarteniente, Julio Martínez Martínez, dos archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante —la sociedad del entramado que más fondos recibió y que a su vez pagaba a Zapatero y a sus hijas— y haber convocado desde el correo de su oficina —y previa mediación de uno de sus escoltas— la reunión en el restaurante Portonovo donde, según el juez, se impartieron las instrucciones para crear una sociedad en Dubái, cuyo fin, según la investigación, era cobrar el 1% del rescate a Plus Ultra, en virtud de un contrato firmado entre la aerolínea y Julio Martínez. La empresa, como informó infoLibre en exclusiva, fue registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de la aprobación del rescate por el Consejo de Ministros— bajo uno de los dos nombres recogidos en el auto —el único permitido por la legislación dubaití—. Lo que no puede verificarse, de momento, son los titulares de esta sociedad ni, por tanto, su relación con Martínez ni con Zapatero. 

Hay también un mensaje recibido el 31 de julio de 2021 por Martínez Martínez desde un contacto guardado como "Z" en su teléfono: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...", enviado tras la aprobación de los vuelos de Plus Ultra por las autoridades venezolanas. La UDEF sí atribuye este mensaje a Zapatero, pero el juez lo recoge en el auto sin asignárselo de forma explícita.

A eso se suman los flujos financieros: los investigadores documentan 490.780 euros transferidos desde Análisis Relevante a una cuenta del matrimonio Zapatero-Espinosa, y otros 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas, en cuya cuenta bancaria consta el expresidente como firma autorizada. El resto del cuadro indiciario son referencias a su figura en conversaciones intervenidas a terceros —"nuestro pana Zapatero detrás", "lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Julio habló con ZP 11 min"— y la carta de intención de un grupo estatal chino dirigida a su oficina en octubre de 2023, incorporada a los informes policiales.

La Fiscalía Anticorrupción, en su informe del 18 de mayo, se muestra favorable a todas las medidas solicitadas por la UDEF salvo al registro del domicilio particular de Zapatero, al que se opone no por falta de indicios sino por razones de eficacia: los meses de cobertura mediática de la investigación y su comparecencia en el Senado, argumenta, habrían generado "la lógica alerta en su entorno más íntimo", restando utilidad a la medida.

Los elementos sobre Zapatero que aparecen en el sumario pero no estaban en el auto de Calama proceden del auto de inhibición de Collazos. La magistrada detalla el contenido del chat "Danilo-España": conversaciones en las que el empresario venezolano Danilo Diazgranados, estrechamente vinculado al régimen chavista, mantiene una relación económica con alguien identificado como "Zorro", "Z" o "ZZZZ" —Zapatero, según la investigación— con indicios de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios “a lo largo de varios años”. Como hecho separado, Collazos recoge que Zapatero habría influido ante altos ejecutivos de Repsol para que Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía española en Venezuela, conducta que califica indiciariamente como posible corrupción en los negocios. Ninguno de los dos elementos es desarrollado por Calama cuando el caso llega a la Audiencia Nacional.

El informe de la UDEF en la que se propone al juez autorizar los registros a —entre otros lugares— la oficina y el despacho de Zapatero, recoge que, en el momento de solicitar esas inspecciones, la investigación no había determinado "el modo y la transmisión de las instrucciones" del expresidente, y que estas podrían producirse "mediante comunicaciones electrónicas, telefónicas o a través de otros canales". Esa es la justificación que los investigadores utilizan para que se les permita buscar, entre otras cosas, "los canales de comunicación a través de los cuales José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes". Una circunstancia necesaria para la investigación porque en todo el material que tenían hasta el momento no se habían detectado apenas conversaciones directas entre el expresidente y otros investigados o implicados.

El pasado 19 de mayo los agentes practicaron cuatro registros simultáneos. En la oficina de Ferraz 35, según el acta levantada por el letrado de la Administración de Justicia, se descargaron el correo electrónico de Zapatero y los correos de su secretaria Gertrudis Alcázar, que incluían acceso a carpetas compartidas mediante VPN del PSOE. Una segunda empleada, Judith Wells, tenía en su ordenador correos corporativos del partido y acceso a un grupo compartido denominado "Portal Corporativo PSOE". 

Los agentes se llevaron también siete agendas físicas de Zapatero correspondientes a los años 2019 a 2025, siete agendas con inicial, carpetas con facturas y documentos de Análisis Relevante, Gate, Thinking Heads, ChinaLink, Kreab y Focus Social Research —empresas que según los informes policiales figuran entre los pagadores del expresidente—, dos pen drives y los teléfonos de ambas empleadas.

En la caja fuerte del despacho del jefe de gabinete se hallaron joyas que Alcázar identificó como pertenecientes a Zapatero y su esposa, cuyo valor se desconoce —a pesar de las especulaciones publicadas en algunos medios—, y que el entorno del expresidente valora entre los 30.000 y los 50.000 euros, situando su origen en “herencias y regalos”. El despacho personal de Zapatero, según el acta, no contenía nada de interés para la investigación.

En la sede de Whathefav, donde se personaron Alba y Laura Rodríguez Espinosa, los agentes recogieron facturas, contratos, nueve buzones de correo corporativo y, entre otros documentos, un contrato entre Huawei Technologies España y Whathefav fechado en octubre de 2020.

Todo el material está ahora pendiente de análisis. Mientras tanto, Zapatero tendrá ocasión de dar su versión: convocado inicialmente para el 2 de junio, su declaración como investigado ha sido aplazada al 18 de junio para darle tiempo a leer el extenso sumario.

El caso que ha llevado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero tiene una historia procesal larga y compleja. La Fiscalía Anticorrupción lo inició tras recibir comunicaciones internacionales sobre una presunta red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos en la que aparecía Plus Ultra. La querella que el colectivo ultraderechista Manos Limpias presentó en diciembre de 2025 —de siete páginas, construida sobre recortes de prensa y con errores— llegó después. La Audiencia Nacional explicó el pasado 19 de mayo que el caso acabó en ese tribunal por la dimensión internacional —con pesquisas abiertas en Francia y Suiza— que había adquirido la investigación, una secuencia que deja poco espacio al papel impulsor de la querella ultra.

El auto de 85 páginas que el juez José Luis Calama dictó el pasado 18 de mayo y que ha supuesto la imputación de Zapatero se apoya en varios pilares, como las comunicaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, los dispositivos electrónicos incautados en la operación de diciembre de 2025 o la colaboración de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). Sin embargo, la parte contable del auto se estructura a través de un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) —dependiente de la Agencia Tributaria— fechado el 25 de febrero de 2026. Este documento es el que le pone cifras exactas a la presunta trama de tráfico de influencias.

El informe analiza el entramado societario bajo control de Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino identificado por el juez como lugarteniente principal de la red y administrador único de Análisis Relevante SL, la consultora que, según el juez, actuó como nodo central de distribución de fondos. 

La ONIF concluye que Martínez Martínez controló en el periodo de 2020 a 2024 un total de 39 mercantiles, la mayoría inactivas o sin actividad económica real acreditada. Buena parte de esas empresas figuran dadas de baja en la Agencia Tributaria, no presentan declaración del Impuesto de Sociedades o tienen una cifra de negocio nula, y varias de las que sí declaran actividad carecen de empleados o acumulan retribuciones por debajo de los 10.000 euros en todo el periodo. 

Tres de ellas, sin embargo, —Afitta Capital SLU, Rentas Emeritenses SL y Zenzap SL— combinan esa aparente inactividad con movimientos bancarios significativos. La estructura, concluye el informe, no responde a una lógica empresarial real sino instrumental.

Uno de los hallazgos más llamativos es el análisis de Inteligencia Prospectiva SL —antes denominada Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada—, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. La ONIF concluye que entre 2020 y 2025 esta sociedad, cuyos ingresos declarados son nulos o inferiores a 35.000 euros anuales, movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias, una cifra que el auto califica de "absolutamente incongruente" con su actividad declarada. 

El organismo concluye que “Inteligencia Prospectiva carece de actividad económica efectiva y funciona como punto de entrada de fondos del extranjero, simulados como ampliaciones de capital, para redistribuirlos hacia otras sociedades del entramado mediante contratos ficticios de asesoría”. Los principales destinatarios: Análisis Relevante (368.258 euros), Whathefav (561.440 euros) y Gate Center (266.200 euros).

El informe de la ONIF cuantifica los flujos que parten directamente de Plus Ultra hacia el entramado. El volumen total declarado asciende a 598.910 euros, distribuidos entre tres receptoras —todas ellas sociedades de Julio Martínez Martínez—: Análisis Relevante (301.290 euros), Voli Analítica SL (141.773 euros) e Iot Domotic Europe (155.847 euros). Sin embargo, las cuentas bancarias de dos de estas mercantiles reflejan discrepancias con los importes declarados: las transferencias reales desde Plus Ultra a Voli Analítica ascendieron a 119.993 euros, y a Iot Domotic a 126.807 euros. Todas estas sociedades carecían de trabajadores en los ejercicios en que perciben los ingresos.

Los contratos que justifican formalmente esos pagos reproducen, en los tres casos suscritos entre Análisis Relevante y Plus Ultra en 2020, 2023 y 2025, un objeto prácticamente idéntico: informes mensuales sobre la situación política, económica y social del mundo, asesoramiento sobre países y organizaciones internacionales, y apoyo a la preparación de discursos. La retribución pactada oscilaba entre 5.000 y 6.000 euros mensuales más IVA. Durante su comparecencia en el Senado, Zapatero admitió haber cobrado 430.000 euros de Análisis Relevante en seis años por asesorías e informes —que en ocasiones eran “orales”—, según el expresidente. 

Los informes, según el auto, los redactaba Sergio Sánchez, propietario al 25% de Análisis Relevante. Whathefav SL —la sociedad de las hijas del expresidente— se encargaba de su maquetación y distribución, “sin aportar un valor técnico propio”, según el juez.

Más allá de los flujos directos desde la aerolínea, la ONIF analiza también los pagos que llegan al entramado desde entidades sin vinculación aparente con Plus Ultra. Dos concentran especial atención. Gate Center —think tank presidido por Daniel Romero-Abreu Kaup, también al frente de la consultora Thinking Heads, y del que Zapatero es presidente del consejo asesor— recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva y habría transferido 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav. El grupo Thinking Heads —Thinking Heads Group SL y su sucursal estadounidense Thinking Heads Americas LLC— habría abonado por su parte 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a sus hijas a través de Whathefav. 

La empresa ha emitido un comunicado aclarando que el auto no la vincula con ninguna trama delictiva y que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde 2014. Cabe señalar también que Thinking Heads actúa como agencia de conferenciantes (speakers bureau) de los también expresidentes Felipe González y José María Aznar, gestionando su contratación para eventos, conferencias corporativas y actos públicos.

Sumados todos los flujos identificados por la ONIF y recogidos en el auto, el destino final apunta al entorno del expresidente. Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. Gate Center, otros 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav. Thinking Heads, 681.318 euros adicionales a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. 

Las cuentas personales de Laura Rodríguez Espinosa habrían recibido 247.191 euros de Whathefav entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y las de Alba Rodríguez Espinosa, 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas figura como autorizado el propio expresidente. En conjunto, el auto contabiliza casi dos millones de euros canalizados hacia el entorno directo de Zapatero entre 2020 y 2025.

La ONIF no es la única fuente de Hacienda que alimenta el auto. La propia Agencia Tributaria, de la que depende la ONIF, certifica que, a fecha de febrero de 2026, no consta en España ningún pago en ejecución del contrato por el que Idella Consulenza Strategica —sociedad de Julio Martínez Martínez— pactó cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra. Esa ausencia de trazabilidad en territorio español es uno de los elementos que llevan a Calama a concluir que la sociedad offshore constituida en la zona franca del aeropuerto de Dubái ocho días después de la aprobación del rescate —cuya existencia verificaron infoLibre y OCCRP— habría sido creada para recibir ese pago fuera del alcance del fisco español. El patrón, razona el auto, encaja con las modalidades de blanqueo mediante “sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia”.

La ONIF existe desde 1998, cuando la presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la creó para coordinar los esfuerzos de la inspección tributaria frente al fraude organizado. Depende del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y su función no es perseguir el fraude fiscal menor sino actuar allí donde la complejidad societaria o la presencia de estructuras criminales organizadas lo exigen. Tiene capacidad para elaborar informes técnicos a petición de la fiscalía o de los juzgados y actuar como auxiliar de la jurisdicción penal, suministrando al proceso la radiografía financiera que los investigadores policiales no siempre pueden construir con la misma precisión. 

A diferencia de unidades investigativas de la policía o la Guardia Civil, como la UDEF o la UCO, la ONIF no ejecuta registros, ni intercepta comunicaciones ni detiene a los investigados. La unidad de la AEAT no actúa en la calle sino sobre los balances, los registros mercantiles, las declaraciones tributarias y los movimientos bancarios, explican a infoLibre fuentes jurídicas. 

Julio Martínez Martínez constituyó una sociedad en los Emiratos Árabes Unidos cuya función, según la investigación judicial en curso, era recibir fuera de España la comisión pactada a cambio de las gestiones realizadas para obtener el rescate público de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021. 

La empresa se llama Landside Middle East FZCO e infoLibre ha podido comprobar su existencia en el registro de Dubái, con la colaboración de OCCRP, consorcio de investigación periodística del que es socio este medio. Pertenece a DAFZ, la zona económica especial del aeropuerto de Dubái, y quedó registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate— con validez hasta 2041. La actividad declarada corresponde a servicios de consultoría, gestión, información y marketing.

La Dubai Airport Freezone, conocida como DAFZ, gestionada por la Dubai Airport Freezone Authority y ubicada junto al aeropuerto internacional del emirato, es una de las más de 20 “zonas especiales” que ofrecen los Emiratos Árabes a sus empresas. Entre sus ventajas se incluye la posibilidad de que la propiedad sea extranjera al 100% —sin necesidad de un socio emiratí—, la exención de impuestos corporativos, la repatriación total de beneficios y un proceso de constitución que puede completarse íntegramente de forma telemática. La DAFZ cuenta con más de 3.300 empresas registradas, a las que les exige un capital mínimo de un dírham —equivalente a algo más de 20 céntimos de euro—. Solo es necesario un accionista para la constitución, y se permite un máximo de 50.

Lo que DAFZ no ofrece, ni ningún otro registro público de Dubái, es información sobre los propietarios reales de las empresas inscritas en ella. El registro de accionistas, administradores o cuentas anuales no es público. La sigla FZCO responde a "Free Zone Company", la denominación estándar para empresas constituidas en una zona franca emiratí, diseñadas para operar internacionalmente y no en el mercado local de los Emiratos.

En los correos intervenidos por la investigación judicial, la empresa aparece referenciada de dos formas distintas: "Landside Dubai Fzco" y "Landside Middle East Fzco". El auto reproduce ambas denominaciones tal como figuran en las comunicaciones internas de la red. El nombre con el que la sociedad acabó siendo registrada es el segundo, y no es casualidad: las zonas francas emiratíes prohíben explícitamente el uso del término "Dubai" —junto a otros como "UAE", "Emirates" o nombres de la familia real— en la denominación de empresas privadas, por considerarlos términos protegidos. 

El auto del juez Calama reconstruye el origen de la sociedad a partir de los correos y mensajes intervenidos. El 19 de enero de 2021, la sociedad Idella Consulenza Strategica SL —controlada por Julio Martínez Martínez, identificado por el juez como lugarteniente principal de la red— había suscrito con Plus Ultra un contrato por el que percibiría el 1% más IVA de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate de la SEPI: con el rescate fijado en 53 millones de euros, esa comisión ascendía a 530.000 euros. 

En algún momento entre la firma del contrato y la aprobación del rescate, Zapatero convocó una reunión en el restaurante Portonovo de Madrid, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, director del Halal Trade and Marketing Centre, que se describe como un “centro de desarrollo de negocios global” centrado en la economía de productos halal. El centro está registrado en la Dubai Airport Freezone.

Al día siguiente de esta reunión, Guerrero Blanco envió a Julio Martínez Martínez la documentación para constituir la sociedad en los Emiratos, "según lo conversado ayer". El 3 de marzo, cuando el Consejo Gestor del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) ya había aprobado internamente el rescate —la supuesta trama tuvo conocimiento de esta aprobación antes de que se decidiera formalmente, según se desprende del auto—, Cristóbal Cano (gestor del entramado societario de Julio Martínez Martínez) enviaba a este un documento denominado "Landside Middle East FZCO Business Plan", un plan de negocio que preveía ganancias de tres millones de dólares en cinco años. Según el auto, esto “permite inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero”.

El Consejo de Ministros aprobó definitivamente la ayuda el 9 de marzo de 2021. La sociedad quedó constituida ocho días después, el 17 de marzo, participada al 100% por Idella Consultanza Strategica, según las comunicaciones intervenidas por la UDEF. Idella no presenta sus cuentas anuales al Registro Mercantil desde 2018 —tres años antes de la constitución de la offshore— por lo que no se puede comprobar si esta aparece en sus documentos financieros. 

De estos hechos, el juez concluye que "las instrucciones parten necesariamente" de Zapatero. Según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria recogidos en el auto con fecha de febrero de 2026, no consta que se haya efectuado en España pago alguno en ejecución del contrato con Plus Ultra. El auto señala que el patrón detectado "encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo", en particular en lo relativo a la "creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia" para impedir el rastreo de los fondos.

La noche del 2 de marzo de 2021, tres hombres cenaron en la terraza de un restaurante de Madrid para celebrar que el rescate de Plus Ultra estaba prácticamente en el bolsillo. Eran Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea; Roberto Roselli, su consejero delegado; y Julio Martínez Martínez, el empresario de Elda que salía a correr con Zapatero por El Pardo. Cuando llegó la cuenta, Martínez Martínez preguntó en el chat grupal si la SEPI aprobaba esos gastos. Roselli contestó con una frase que ahora duerme en el sumario: "Tranquilo, eso sale del 1%". Martínez Martínez cerró el debate: "Entonces, aprobado". 

Ese porcentaje correspondía al contrato que su sociedad, Idella Consulenza Strategica, había firmado con Plus Ultra semanas antes: si se materializaba la inyección pública de 53 millones de euros, él se embolsaba una comisión de 530.000 euros. Una semana después de aquella cena, el Consejo de Ministros aprobó la ayuda.

José Luis Rodríguez Zapatero no estaba en ese restaurante. El expresidente rara vez aparece en las escenas más comprometedoras. Según el juez José Luis Calama, —titular del Juzgado 4 de la Audiencia Nacional pero a cargo de esta instrucción el el número 2 tras la abstención de Ismael Moreno— su liderazgo "no se manifestaba de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas".

Sin embargo, la instrucción le sitúa indiciariamente en la cúspide de la pirámide como el "principal beneficiario final y supervisor último de la operativa". A ojos del juez, el exjefe del Ejecutivo no solo validaba presuntamente los listados de clientes de la firma matriz, Análisis Relevante SL, sino que llegó a convocar la reunión clave para diseñar una estructura offshore en Dubái, enviando a un escolta para gestionar la reserva del restaurante.

El rastro documental acumulado por la UDEF sitúa el peso de su influencia en los momentos más críticos de la pandemia. Una carta intervenida con membrete de Plus Ultra, fechada el 25 de mayo de 2020 y dirigida al vicepresidente del Banco Santander España, arrancaba sin ambages: "Siguiendo instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero, nos ponemos en contacto con usted solicitando su ayuda referente a la obtención de un crédito ICO para nuestra compañía". En los mensajes interceptados, el expresidente era "ZP", "el amigo" o "nuestro pana". Para Roberto Roselli, con quien según el auto no existía interlocución directa, la etiqueta era más explícita: "No hablo con él directo, hablo con un lacayo [sic]", le explicaba a Rodolfo Reyes Rojas, accionista venezolano de Plus Ultra. Bajo esa supuesta arquitectura de asesorías y conferencias cruzadas, la investigación judicial estima que Zapatero percibió al menos 1,5 millones de euros.

El encargado de canalizar y distribuir esa corriente financiera era Julio Martínez Martínez, apodado 'Julito'. Su detención se produjo apenas cuatro días después de ser fotografiado junto al expresidente en el monte de El Pardo. Con un control formal de hasta 39 mercantiles bajo la lupa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el auto le asigna el papel de lugarteniente principal: el engranaje que asimilaba las órdenes superiores, movía los hilos del dinero y trataba con los clientes. Su ascendencia sobre la aerolínea era tal que, en un audio de abril de 2021, un Roselli asfixiado por las deudas le afeaba un supuesto distanciamiento: "Me tienes abandonado. Claro, como ahora te la pasas en la república de nuestros amigos viajando en aviones privados, ya un pobre como yo que sale vapuleado en las noticias ya ni quieres hablar". Lo que subyacía tras el reproche, según sospecha el instructor, era una reclamación urgente de fondos.

El segundo pilar de la estructura en el exterior era Manuel Aarón Fajardo García. Hijo de un exsenador socialista por Lanzarote, su radio de acción se concentraba en Caracas. "Manuel es la pieza de ZP en Venezuela", explicaba Reyes en una conversación intervenida. Experto en análisis matemático de mercados, Fajardo ya arrastraba un historial en el país caribeño; en 2018 impulsó Interbanex, una plataforma de divisas bendecida por el Banco Central venezolano y clausurada poco después de su nacimiento. Fajardo también fundó y presidió la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE).

El día a día de la red corría a cargo de un tercer escalón puramente administrativo, ocupado por María Gertrudis Alcázar Jiménez y Cristóbal Cano Quiles. Alcázar, secretaria de la oficina de Zapatero en la madrileña calle Ferraz —objeto de entrada y registro de la UDEF este martes—, presuntamente confeccionaba la cobertura documental necesaria para justificar el tránsito de capitales. Las comunicaciones intervenidas por la UDEF la muestran en constante comunicación con Cano, el encargado de la burocracia en las empresas de 'Julito', pactando los conceptos de las facturas sobre servicios inexistentes o valorando si correspondía inflar los cobros: "Con lo que me digas el lunes te envío la firmada", contestaba Cano en un correo de marzo de 2022. Una fábrica de papel mercantil diseñada, según el juez Calama, para simular contraprestaciones comerciales legítimas.

En el extremo receptor, los mandos de Plus Ultra operaban con la misma urgencia. Julio Martínez Sola —que fundó la aerolínea en 2011 junto a Fernando González Enfedaque tras la ruidosa quiebra de Air Madrid en 2006— asumió la tarea de activar los resortes de influencia política nada más declararse el estado de alarma. A su lado, Roberto Roselli pilotaba la tesorería refiriéndose al sistema de comisiones como una "finance boutique". 

La prisa por blindar la supervivencia de una compañía que jamás había registrado beneficios —y cuyo peso en el transporte aéreo el año de su rescate correspondía a tres pasajeros de cada 10.000— unió a la trama con Rodolfo José Reyes Rojas, el accionista venezolano que espoleaba las gestiones políticas. Fue él quien planteó desde el primer momento la necesidad de "pedirle ayuda a ZP". Las conversaciones intervenidas muestran el tono crudo de esa mediación: cuando Martínez Sola asume en un mensaje que deben "entrarle" a los intermediarios asumiendo que el fin justifica los medios, Reyes Rojas responde sin tapujos: "Vamos a follar aunque sea pagando un poquitín”.

Celebrada la aprobación del rescate, el inversor lo atribuyó de inmediato a su principal activo en Madrid: "Nuestro pana Zapatero detrás". Las pesquisas reflejan, además, cómo fluía esa información privilegiada: Camilo Ibrahim Issa, empresario hispanovenezolano y entonces accionista de la compañía, recibió la confirmación de la ayuda de manos de Martínez Martínez con más de diez días de antelación respecto a la deliberación formal del Gobierno.

Para canalizar el dinero sin levantar las alarmas del sistema financiero, la organización levantó un sistema de “ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal y uso de testaferros”, según el auto. El corazón del esquema era Análisis Relevante SL, una firma sin empleados ni actividad comercial identificable que absorbió 959.799 euros entre 2020 y 2025 procedentes de los clientes de la red. La mercantil justificaba los ingresos vendiendo informes de consultoría que en realidad redactaba un tercero. El producto final era maquetado por Whathefav SL, la agencia de marketing digital y eSports fundada en 2019 por las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El auto sitúa a Whathefav como la estación final del circuito: una sociedad receptora de fondos de la red que terminaban transferidos a las cuentas personales de las hermanas, donde el propio Zapatero constaba como firma autorizada.

La vertiente internacional del patrimonio se estructuró a partir de Idella Consulenza Strategica, la sociedad que blindó el cobro del 1% del rescate aéreo y que sirvió de matriz para constituir Landside Middle East Fzco en Dubái, una filial offshore creada solo una semana después de la firma del acuerdo. Por debajo de este esquema operaban Caletón Consultores y Summer Wind, utilizadas presuntamente como empresas “instrumentales” para fragmentar los pagos y difuminar su origen. El administrador de Caletón era un ciudadano venezolano que, según la documentación intervenida, actuaba como un testaferro retribuido con 600 euros en efectivo por cada viaje a España, bajo la supervisión directa del abogado Santiago Fernández Lena. En paralelo, Summer Wind llegó a mover casi cuatro millones de euros en un solo ejercicio recurriendo a facturas emitidas a la carta: "Facturo por donde quieras", le garantizaba Martínez Martínez a la dirección de la aerolínea en una conversación pinchada.

El capital que nutría esta malla societaria procedía de un grupo de clientes corporativos con intereses muy específicos. Aldesa Construcciones, constructora española integrada en 2020 en el conglomerado estatal China Railway Construction Corporation, sancionada en Estados Unidos por sus vínculos al Ejército chino, abonó 127.000 euros a Análisis Relevante. De forma simultánea, firmó un acuerdo con Idella para la localización de negocios en España —como el macrocomplejo recreativo Hard Rock en Tarragona— fijando una comisión del 3%. 

Al preparar los borradores, Martínez Martínez ordenó explícitamente a Fernández Lena que borrara el término "comisión", un patrón que para el instructor evidencia la voluntad de enmascarar la naturaleza de los pagos mientras el holding asiático recibía adjudicaciones públicas del Gobierno por valor de 50 millones de euros.

El flanco venezolano de la financiación se sostenía a través de Inteligencia Prospectiva SL, capitaneada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, y Softgestor SL. Pese a carecer de ingresos ordinarios, desde sus cuentas salieron 380.000 euros hacia Análisis Relevante, 561.000 hacia Whathefav y 266.000 hacia el Gate Center, “lo que resulta incongruente con una cifra de negocio nula en los ejercicios 2020 y 2021”, según el auto. 

Este último nodo, el think tank fundado en 2022 por Zapatero y el presidente de la consultora Thinking Heads, Daniel Romero-Abreu Kaup, cierra el perímetro de la investigación judicial. El Gate Center operaba en la calle Velázquez, 24 de Madrid, un inmueble que conectaba a la red con ramificaciones geopolíticas bajo sospecha: allí estuvieron domiciliadas las empresas de Fangyong Du, un empresario chino al que el CNI recomendó denegar la nacionalidad por presuntos vínculos con el espionaje de Pekín, y que aportó fondos al lobby. El auto destaca un último cruce de caminos: el 11 de marzo de 2021, solo dos días después de que el Consejo de Ministros rescatara a Plus Ultra, Du cenó con el entonces ministro José Luis Ábalos y Koldo García en un céntrico restaurante madrileño, acompañados de seis prostitutas.

Dentro de este mismo esquema de relaciones, el análisis bancario del magistrado apunta a transferencias emitidas por el grupo Thinking Heads que suman 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. La empresa ha emitido un comunicado aclarando que el auto no los vincula con ninguna trama delictiva y que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde 2014. 

Florentino Pérez organizó este martes una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid para, entre otras cosas, convocar elecciones a la presidencia del club tras los fracasos deportivos de las últimas dos temporadas. Lo que no estaba en el guión —o sí— es que Pérez terminó amenazando con darse de baja de ABC “en honor a su padre”, asegurando en repetidas ocasiones que no tiene cáncer terminal, y describiendo a su posible rival en las elecciones como “ese señor que habla con acento sudamericano... bueno, mexicano, que no me salía la palabra”. 

La rueda de prensa, convocada formalmente para denunciar una campaña mediática organizada contra el club y su presidente, será recordada como una de las comparecencias más peculiares de, como mínimo, la historia del fútbol español. 

El principal blanco de sus ataques fue la prensa —llegó a protagonizar un enfrentamiento con un redactor de ABC al que señaló con nombre y apellidos— pero tampoco se libró el sector de las empresas eléctricas, al que acusó de querer apropiarse del club. 

Pero el verdadero detonante de la comparecencia, el hombre de “las eléctricas” y el “acento mexicano” —al que no llegó a referirse por el nombre como sí hizo con varios periodistas— es Enrique Riquelme Vives, empresario de 37 años. Un hombre que, en los vídeos disponibles, habla con acento perfectamente castellano.

Enrique Riquelme nació el 9 de enero de 1989 en Cox —el municipio alicantino que da nombre a su empresa—, y desde joven estuvo vinculado al mundo empresarial por los negocios familiares en la construcción y el sector inmobiliario. El vínculo familiar con el Real Madrid viene de atrás: su padre fue miembro de la junta directiva que presidió el club con Ramón Calderón a la cabeza entre 2006 y 2009.

Su carrera tomó un rumbo internacional cuando en 2010 se trasladó a Panamá para fundar el Grupo El Sol, de energía fotovoltaica. Años después, en 2014, de vuelta en España, fundó Cox Energy en Madrid. El crecimiento fue meteórico: Forbes lo incluyó en 2020 en la lista de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios, y posteriormente en la de mejores CEO de 2024. El Mundo estimaba su patrimonio, a fecha de 2025, en 460 millones de euros en acciones de su empresa. Cox Energy cotiza en la Bolsa de Madrid y la Bolsa Institucional de Valores de México, y mantiene proyectos en África, Sudamérica y el Golfo Pérsico.

En 2023, un juzgado mercantil de Sevilla adjudicó a Cox Energy los activos de Abengoa —una de las mayores quiebras de la historia empresarial española, con una deuda de aproximadamente 6.000 millones de euros—. El último gran movimiento llegó hace apenas unas semanas, cuando Cox Energy anunció la compra del 100% de los activos de Iberdrola en México por 4.200 millones de dólares.

Riquelme no es un nombre nuevo en los pasillos de Concha Espina. Ya en 2021 anunció su intención de presentarse a la presidencia del Real Madrid, aunque finalmente no formalizó su candidatura, alegando que los plazos establecidos por la Junta Directiva y la Junta Electoral hacían imposible presentar en tiempo una candidatura completa. Dejó, eso sí, una promesa en pie: volvería. 

Cinco años después, el escenario ha cambiado. A su lado aparece ahora David Mesonero, director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola y yerno de Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía desde 2006. Los dos perfiles, según diversas informaciones, habrían estado explorando una candidatura conjunta. Riquelme —que el pasado enero se dejó ver con varios pesados pesados históricos del Real Madrid en su fiesta de cumpleaños— tendría incluso un local ya alquilado en las inmediaciones del Bernabéu para usar como base de su campaña, según publica El Confidencial.

El eje Cox-Iberdrola coloca sobre la mesa una alternativa a la histórica influencia del sector constructor en el club: si Florentino Pérez ha gobernado el Real Madrid desde el poder de ACS, el mayor grupo de construcción de España, sus rivales llegan, como el propio Pérez dejó claro en su rueda de prensa, desde el sector energético. 

La candidatura exige, en todo caso, superar barreras altas. El presupuesto del Real Madrid para la temporada 2025-2026 asciende a 1.248 millones de euros, y los estatutos aprobados por Florentino obligan a cualquier candidato a avalar personalmente el 15% de esa cifra, una cantidad cercana a los 200 millones de euros, además de acreditar una antigüedad de al menos 20 años como socio del club. Está por ver si Riquelme tiene capacidad financiera para hacer frente a ese aval o si recurrirá, como denunciaba Pérez —“que se presenten a las elecciones y no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede puede avalar la candidatura”, dejó caer el presidente— a los fondos de Iberdrola.  

Que Florentino Pérez y Sánchez Galán se detestan no es ningún secreto en el Ibex 35. El enfrentamiento entre ambos se remonta a cuando Florentino Pérez intentó hacerse con Iberdrola e incluso manejó planes para fusionarla con Unión Fenosa Gas, de la que controlaba un porcentaje. 

En febrero de 2006, ACS entró en el accionariado de Iberdrola en lo que se presentó inicialmente como una operación amistosa y pactada. La sorpresa llegó cuando ACS se encontró con que Galán les negaba la entrada en el consejo de administración, con el argumento de que eran competencia. ACS llegó a invertir 8.500 millones de euros para hacerse con el 20% de Iberdrola entre 2006 y 2012, sin lograr ningún asiento en el consejo. 

La guerra no terminó ahí. El caso Villarejo revivió el enfrentamiento: los papeles del comisario jubilado apuntaron a que ejecutivos de Iberdrola habrían operado para desacreditar a Florentino Pérez, algo que derivó en una cascada de demandas cruzadas. Un juzgado mercantil de Madrid acabó condenando a ACS por competencia desleal frente a Iberdrola, ordenándose cesar en sus actos de “denigración” hacia la eléctrica. 

Ahora este pulso parece trasladarse a un nuevo escenario, tan estratégico o más que la bolsa de valores o la CNMV: el palco del estadio Santiago Bernabéu.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió este martes en el programa 'En boca de todos', de Cuatro, a las preguntas sobre el coste de su polémico viaje a México —que terminó con su regreso anticipado tras el incidente de los Premios Platino— con una pregunta retórica: "¿Pero por qué soy yo la que tiene que dar pelos y señales del dinero?". 

Lo cierto es que la ley de transparencia madrileña —aprobada en 2019 por PSOE, Podemos y Ciudadanos a pesar de la oposición del PP, que ostentaba el Gobierno pero en minoría— obliga a esa rendición de cuentas. La norma establece que los altos cargos deben hacer públicos "las dietas y gastos de viaje derivados del ejercicio de las funciones y actuaciones institucionales". 

La Comunidad de Madrid publica en su portal de transparencia un archivo con los gastos protocolarios, de dietas y de viajes de cada alto cargo. En el caso del archivo de la presidenta Ayuso, el análisis de infoLibre revela que constan 14 viajes internacionales desde enero de 2024 y que solo en cinco de ellos aparece el coste que supusieron los vuelos y/o el alojamiento. ¿Quién corrió con los gastos de desplazamiento y hoteles en el resto y cuánto costó? No se sabe.

En esos archivos, únicamente constan los viajes cuando se detalla algún tipo de gasto asociado a los mismos. En el caso de Ayuso aparecen 14 viajes internacionales porque en todos ellos pagó por la utilización de las salas de autoridades de varios aeropuertos —un total de 14.687 euros en ese periodo—, pero los conceptos de mayor cuantía —transporte, alojamiento y manutención— brillan por su ausencia. 

Los cinco con algún tipo de información extra se distribuyen entre tres viajes con detalle sobre el coste de los vuelos, uno con detalle sobre el coste del alojamiento y un quinto con detalle sobre ambos tipos de gastos.

En los otros nueve viajes únicamente aparece el coste de utilizar las salas de autoridades, sobre el resto de gastos: total opacidad. De hecho, según ha podido comprobar infoLibre, en ese mismo periodo se produjeron al menos otros dos viajes internacionales de Ayuso como presidenta que no constan en su archivo de gastos, ni por un desembolso para salas de autoridades ni por ningún otro tipo de gasto. 

En total, 11 viajes de Ayuso al extranjero en los que no se puede saber quién corrió con sus gastos de desplazamiento y alojamiento sobre un total de al menos 16 expediciones internacionales en ese tiempo.

La sala de autoridades es un espacio reservado en los aeropuertos para altos cargos del Estado que, según la normativa, solo puede utilizarse para viajes oficiales  —salvo en el caso de los miembros de la familia real, el presidente del Gobierno y los ex presidentes—. infoLibre ya informó en 2024 de que la presidenta había utilizado este espacio también en viajes de carácter privado, en verano de 2021, incumpliendo la normativa que regula su uso.

El contraste con los miembros de su propio Gobierno es llamativo. Hay varios casos en los que algunos consejeros acompañaron a Ayuso en los viajes y el portal sí recoge sus gastos en detalle.

En su expedición a Miami y Nueva York en junio de 2025, los consejeros de Economía y de Digitalización viajaron junto a la presidenta y en sus archivos de gasto constan 7.976 y 6.169 euros, respectivamente, desglosados en conceptos de locomoción, alojamiento y manutención. Mientras, en el registro de Ayuso consta un único gasto de 220 euros por el alquiler de la sala de autoridades de la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Los ejemplos continúan: cuatro meses después la presidenta se desplazó de nuevo a Estados Unidos, esta vez a Austin, donde los consejeros de Cultura y Digitalización gastaron 11.329 y 5.995 euros, respectivamente, en transporte y hoteles. La presidenta, según el portal de transparencia, solo gastó 1.449 euros por el uso de la sala de autoridades del aeropuerto. 

En el viaje a Corea del Sur de noviembre de 2024, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local declaró 7.354 euros y el consejero de Digitalización, 5.226 euros. Ayuso figura en ese mismo desplazamiento con un desembolso de solo 131 euros. De nuevo, por el uso de la sala de autoridades. 

No solo los consejeros han acompañado a Ayuso en sus expediciones a nivel internacional. Otro de los habituales en las comitivas de la presidenta es Luis Socías, director general de la Fundación Madrid por la Competitividad y de la oficina Invest in Madrid. Esta organización pública está impulsando estos viajes de la presidenta autonómica al extranjero con la intención de buscar inversiones económicas para la región, como consta en los objetivos de su plan estratégico 2023-2027.

En el archivo de gastos de representación de Socías, publicado en la web de la fundación pública que dirige, consta, por ejemplo, que desembolsó 8.126,5 euros entre locomoción, alojamiento y manutención para el viaje de Miami y Nueva York en junio de 2025. También acompañó a Ayuso, por ejemplo, a Quito en abril del año pasado. El archivo de Ayuso no recoge ningún gasto ni siquiera una mención a ese viaje. El de Socías computa un gasto de 4.039 euros en locomoción y otro de 709 en alojamiento.

Los dos viajes en los que el portal no recoge absolutamente ningún gasto bajo el nombre de Ayuso son los que realizó a Quito en abril de 2025 y a Nueva York en marzo de 2026. 

En este último caso, el del viaje a Nueva York, infoLibre solicitó formalmente información sobre su coste con una solicitud de acceso vía ley de transparencia. La Consejería de Presidencia no admitió a trámite la petición el 31 de marzo de 2026 con el argumento de que los datos "están actualmente en tramitación y serán próximamente publicados en el portal de transparencia". 

El portal ya ha actualizado el archivo de gastos de Ayuso, incluyendo la información del primer trimestre de 2026, y en él no aparece ningún gasto del viaje a Nueva York. Para ver si aparece —o no— algún gasto sobre el reciente y polémico viaje a México habrá que esperar a la actualización sobre el segundo trimestre de 2026.

infoLibre ha trasladado estas preguntas a la Comunidad de Madrid: ¿Quién pagó los gastos de vuelo, alojamiento y manutención de la presidenta en sus viajes internacionales? ¿Por qué en la mayoría de casos no se publican esos costes en el portal de transparencia, a diferencia de lo que ocurre con los consejeros que la acompañan? ¿Por qué no figura ningún gasto sobre los viajes a Nueva York y Quito? En el momento de la  publicación de esta información no ha habido respuesta. En el caso de recibirla, este medio la publicará.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid eliminó las cifras de deuda de su informe definitivo sobre los ingresos por asistencia sanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tras concluir que la información que arrojaba Nexus, el software corporativo del Gobierno regional, "no es fiable" y "no refleja la realidad". Los auditores de la propia Administración madrileña sostienen que las debilidades del programa "distorsionan las cifras de deuda pendiente de cobro" del conjunto de hospitales públicos. Es la consecuencia más visible de un sistema en el que la Comunidad lleva volcados, según consta en los contratos publicados, en torno a 122 millones de euros desde su adjudicación inicial en 2010 (más de 60 millones sólo desde que Ayuso es presidenta), y que sigue arrastrando carencias estructurales reconocidas tanto por la Intervención como por la Cámara de Cuentas.

Nexus ECCL —siglas de Económico, Contable, Contratación y Logística— es la plataforma única sobre la que la Comunidad de Madrid presupuesta, contrata, paga, factura y gestiona la logística de toda su Administración, sus organismos y, muy en particular, todo el SERMAS. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la presenta como "una de las mayores plataformas de Europa dentro del sector público". Por ella pasan, según las cifras oficiales, 9.500 usuarios diarios, un millón de transacciones al día, 1,2 millones de facturas y 2,2 millones de pagos al año.

El sistema nace del llamado "Plan Nexus" que el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, anunció en 2009 como un programa a cinco años para externalizar la informática de gestión de toda la Comunidad. La fase inicial supuso adjudicaciones por 130,4 millones de euros en cuatro años repartidas entre subproyectos: Nexus Educación, Nexus Recursos Humanos, Nexus ECCL y otros módulos auxiliares. Nexus Educación —el más conocido por su fracaso— se adjudicó a Indra y acabó cancelado tras pagar la Comunidad 5,5 millones de euros por un programa que la empresa nunca entregó, a los que hubo que añadir otros ocho millones para la plataforma que lo sustituyó, según publicó eldiario.es. 

El entonces consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, fue detenido en 2014 en el marco de la trama Púnica e investigado precisamente por su relación con Indra. La Guardia Civil solicitó a la Comunidad de Madrid varias facturas con la empresa semipública para investigar si se habían inflado artificialmente para generar dinero negro. 

En 2019, un ex alto cargo de Indra declaró en la Audiencia Nacional que Martínez le solicitó que pagara una “mordida” a un empresario investigado en la causa. El ex consejero delegado se encuentra a la espera de que se fije juicio oral —en el marco de la pieza separada número 9 de Púnica— y se enfrenta a los posibles delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación, por los cuales la Fiscalía solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación. 

Nexus ECCL, el hermano mayor del paquete y el único que sí llegó a desplegarse, se adjudicó en agosto de 2010 a Informática El Corte Inglés (IECISA) por 36 millones de euros, con la firma del propio Martínez Nicolás. Incluso la supervisión técnica del proyecto se externalizó a la consultora PwC por casi seis millones más. Desde entonces, el contrato de mantenimiento y evolución del sistema lo ha llevado siempre la misma empresa: en 2016 se renovó con IECISA por 20,23 millones con oferta única, y en 2021 lo ganó Inetum, nuevo nombre de la antigua IECISA después de que el grupo francés Gfi —propiedad a su vez de un fondo estadounidense— la adquiriera y la rebautizara en 2020. 

El contrato actual, de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, se adjudicó en dos lotes: siendo el principal de 34,29 millones con IVA para Inetum y 3,14 millones para Techedge, hoy rebautizada como Avvale. A estos importes se han sumado dos prórrogas en 2024 y 2025 por 21,65 millones y una modificación contractual aprobada en octubre de 2025 por otro millón. Con esos datos, la inversión acumulada en Nexux ECCL ronda los 122 millones de euros, sin contar las licencias del fabricante SAP —el software en que se basa la plataforma— ni los contratos auxiliares que cada hospital se ve obligado a tramitar por su cuenta.

El expediente registra un volumen de incumplimientos poco habitual. La Agencia para la Administración Digital ha publicado, entre abril de 2022 y marzo de 2026, 46 resoluciones de penalidad a Inetum, a un ritmo cercano a una penalización mensual. La última se publicó el pasado 3 de marzo.

Pese a la sucesión continua de sanciones, la agencia aprobó el 31 de octubre de 2024 una prórroga del contrato a Inetum por más de 21 millones de euros y 21 meses adicionales, hasta agosto de 2026. La continuidad del contratista —desde la implantación del sistema— no se ha visto alterada por las penalidades ni por los fallos relatados en los informes de la Comunidad. La encadenación de contratos durante la presidencia de Isabel Díaz Ayuso totaliza un gasto superior a los 60 millones de euros; es decir, que el casi la mitad de los 122 millones invertidos desde la contratación del software en 2010 ha correspondido al periodo de Ayuso.

Los problemas que describe la Intervención General afectan al núcleo del sistema. Según sus informes, a los que ha tenido acceso infoLibre vía ley de transparencia, los auditores tuvieron que retirar las cifras de deuda del informe definitivo para todos los centros porque la información de Nexus "no es fiable" y "no refleja la realidad". Las "debilidades" del software, concluyen, "distorsionan las cifras de deuda pendiente de cobro" del conjunto de hospitales del SERMAS.

El caso del Hospital Gregorio Marañón es paradigmático: solo el 18% del importe de la deuda enviada a la Dirección General de Tributos figuraba como tal en Nexus, una desviación que los auditores califican de "importancia cuantitativa" suficiente para "desvirtuar la imagen de la deuda" del conjunto del SERMAS. El propio hospital admite en sus alegaciones que el seguimiento de deudas en Nexus es de una "gran dificultad" y que la información que el programa aloja no coincide entre sus propias listas y repositorios.

El sistema, además, "carece de históricos": cuando se rectifica una factura, emite una nueva "sin enlazar con el episodio del que traen causa", lo que hace imposible visualizar con claridad el conjunto de episodios asistenciales de un paciente. La Intervención también detectó 748 facturas en las que el pago consta como realizado "antes de la emisión de la propia factura", por errores de sincronización y campos de fecha defectuosos.

Las consecuencias de la rigidez de la plataforma las detallan los propios hospitales en sus alegaciones ante la Intervención General, en las que justifican o detallan los fallos que esta les achaca. El Gregorio Marañón documentó un caso en el que "una sola factura generó 34 certificaciones de descubierto distintas" porque el sistema exige un certificado por cada línea de factura. En el Hospital de Móstoles ocurre lo mismo a la hora de notificar: el paciente recibe "una notificación escrita de providencia de apremio por cada posición de factura" en lugar de una sola por el total.

El Hospital de La Princesa describe una situación de mayor riesgo asistencial: tratamientos como diálisis o quimioterapia "no se vuelcan correctamente" desde el sistema clínico al de facturación, lo que obliga al personal administrativo a "copiar manualmente" datos como DNI y direcciones de pacientes con "mayor riesgo de error" en una información "tan importante y delicada". El SUMMA 112, por su parte, reportó que el sistema arrastra descuadres contables desde hace una década que el soporte técnico central aún no ha resuelto, y reconoció que ante una "coyuntural situación de insuficiencia presupuestaria" tuvo que traspasar facturas del módulo logístico al contable de forma manual, con la consiguiente "pérdida de la trazabilidad del proceso de conformidad".

Los hospitales también alegan errores estructurales de codificación de los gastos: el epígrafe correcto para algunos servicios de urgencias "no estaba disponible en Nexus" cuando se registró la incidencia, y el SUMMA 112 utiliza un código genérico para registrar traslados en avión medicalizado porque el sistema "no permite registrarlos correctamente". Los descuentos por volumen de compra (rappels), por su parte, están parametrizados como "menor gasto" en lugar de como ingreso, lo que supone una violación del Plan General de Contabilidad Pública. Además, el menú de anulación de facturas solo ofrece seis causas, tan genéricas que los hospitales se ven obligados a llevar "archivos Excel paralelos" para saber por qué no se cobró un dinero.

La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid de 2024, ya certificaba que las "limitaciones técnicas" históricas del sistema "persisten durante el ejercicio fiscalizado". Nexus es incapaz de gestionar correctamente operaciones básicas del inmovilizado como arrendamientos financieros, donaciones o provisiones, un problema que el órgano fiscalizador viene señalando desde 2017.

Ante esa "imposibilidad de subsanar los problemas" en la plataforma, el SERMAS ha tenido que habilitar un sistema de incidencias para que "consultores de Nexus" ejecuten manualmente las operaciones en el estándar SAP, al no estar operativas las transacciones en el programa. La Cámara también detecta falta de integración con las aplicaciones de recaudación ejecutiva y gestión tributaria, y debilidades en la "representatividad e integridad" de los saldos de existencias, hasta el punto de recomendar "revisar urgentemente" los procedimientos de registro de almacenes y "corregir las deficiencias de Nexus en relación con las altas y bajas" de inventarios. 

El círculo lo cierran los contratos auxiliares. Pese a que existe un macrocontrato de mantenimiento de la plataforma con Inetum, algunos hospitales han tenido que sufragar de su propio presupuesto refuerzos externos para poder operar Nexus. El Gregorio Marañón licitó en 2024 un contrato específico de 72.479 euros con IVA para tener "soporte técnico y apoyo en el aplicativo Nexus" en su Servicio de Contratación Administrativa, adjudicado con oferta única a la empresa AlcaláBC. El mismo hospital tiene precedentes equivalentes en 2019, 2022 y 2023 para soporte de Recursos Humanos a la plataforma Nexus. La herramienta corporativa, vendida hace década y media como un instrumento para "homogeneizar y simplificar" la gestión, obliga a los hospitales a contratar refuerzos para usarla mientras Madrid Digital sanciona mes tras mes al contratista que cobra por mantenerla.

Consultada por infoLibre sobre la continuidad del contrato pese a los fallos y limitaciones señalados por los órganos fiscalizadores y el elevado número de penalizaciones impuestas al contratista, la Agencia para la Administración Digital responde que "el sistema garantiza la integridad de los datos y de la contabilidad hospitalaria" y que "no le consta ningún problema sobre este tema". La agencia sostiene que Nexus "no almacena ni gestiona datos clínicos ni datos personales de salud" —pese a que las alegaciones de los hospitales recogen el copiado manual de DNI y direcciones de pacientes en tratamiento— y subraya que "en ningún caso las penalizaciones han supuesto impacto o riesgo en la continuidad del servicio", razón por la que "dada la criticidad del sistema Nexus, se ha optado por la prórroga contractual".

Sobre los contratos de soporte que han tenido que licitar hospitales como el Gregorio Marañón, Madrid Digital afirma que el contrato central "cubre íntegramente el mantenimiento y evolución técnica" y que las contrataciones adicionales "responden a necesidades propias de gestión y no suponen duplicidad ni solapamiento". La empresa Inetum, responsable de la mayoría de los contratos —algunos bajo su anterior denominación, IECISA—, no ha respondido a las preguntas de infoLibre.