El 9 de julio de 2022, a las cuatro y veintiún minutos de la tarde, Óscar Segovia del Pozo, empresario de administraciones de lotería y empresas de VTC, envió un mensaje a Ignacio Torán Delgado, presunto narcotraficante: "Hoy dimos el primer premio de Lotería Nacional". A lo que posteriormente añadió: "Tengo localizado (sic) varios". Al día siguiente, Torán respondió tres veces seguidas: "Quiero". "Biennnnnn". "Biennnn (sic)". Luego preguntó por la cuantía de los premios y añadió: "Quiero". A la mañana siguiente insistió: "Me informas".

No era una conversación sobre azar. Era, según los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, una transacción de blanqueo de capitales. Segovia, administrador de la sociedad Servicar 25 Transporte de Viajeros SL —una empresa de vehículos con conductor con domicilio en la calle Gamonal de Madrid—, gestionaba también varios puntos de venta de lotería en la ciudad. Ese día de julio había localizado a titulares de décimos premiados dispuestos a venderlos. Torán, el principal investigado en una causa por narcotráfico y blanqueo que hoy instruye el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, quería comprarlos: así, el dinero negro del tráfico de drogas se convertía en premios de lotería declarados ante Hacienda.

Comprar billetes de lotería premiados es uno de los métodos de blanqueo más antiguos que existen. En una trama que incluye criptomonedas, cuentas en Panamá, holdings en Delaware y plataformas bancarias en Santo Tomé y Príncipe, Segovia y Torán seguían recurriendo a este arcaico sistema. 

SELAE, la entidad pública que gestiona la lotería del Estado, confirmó a los investigadores que Segovia cobró cuatro premios del sorteo del 9 de julio de 2022, a 150.000 euros cada uno —600.000 euros en total— en un punto de venta del barrio de Vallecas, en Madrid. En noviembre de 2023 cobró cinco premios de más de 15.000 euros cada uno —75.000 euros adicionales— en otro punto de venta de Aluche. En total, 675.000 euros en premios de lotería que el informe de la UAI vincula a Torán.

Pero la lotería era solo una de las piezas del esquema de blanqueo. Otra de ellas era el negocio de los vehículos con conductor. Torán controlaba más de cincuenta vehículos matriculados a nombre de sus sociedades y explotados bajo licencias VTC a través de plataformas como Uber, Cabify y Bolt. El juez ha pedido a estas tres plataformas los registros de viajes y pagos de trece empresas VTC vinculadas a la trama entre 2020 y 2024. 

El mecanismo era sencillo: las sociedades titulares de las licencias declaraban ingresos como si procedieran de carreras reales. Aprovechando ese flujo de dinero, introducían también efectivo procedente del narcotráfico y lo hacían pasar por ingresos del negocio. De esta manera, se mezclaba el dinero lícito con el que procedía del narcotráfico. Las empresas tenían administradores formales, titulares nominales, y detrás de todos ellos, según la investigación, estaba Torán.

Segovia era el gestor de la flota y administrador de varias de las empresas de VTC, así como de distintos puntos de venta de lotería. En las conversaciones intervenidas que recoge el informe de la UAI —el mismo chat en el que aparece la conversación sobre los premios de lotería— Torán y Segovia hablan de las licencias y autorizaciones VTC "cuya explotación gestiona Óscar [Segovia]". Segovia le ofrece ampliar el negocio a Barcelona e Ibiza.

En esa misma charla, mencionan en varios momentos al “amigo de Torán". Se refieren, según el informe, a Óscar Sánchez Gil, entonces inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales —la UDEF— de la Policía Nacional. Sánchez Gil está en prisión provisional desde noviembre de 2024, procesado por tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos. Según la investigación, cobraba de la organización criminal y usaba su posición en la policía para proteger a la trama, un hecho que, según se desprende de su conversación con Torán, era conocido por Segovia. En su domicilio del municipio madrileño de Villalbilla se encontraron más de 18 millones de euros en efectivo, una parte dentro de las paredes de la casa.

En paralelo a todo esto, Servicar 25, una de las empresas de VTC administradas por Segovia, licitaba y ganaba contratos públicos por valor de millones de euros. En mayo y junio de 2020, en plena pandemia, la Comunidad de Madrid le adjudicó por procedimiento de emergencia siete contratos para el transporte de personal en vehículos de nueve plazas con conductor. Cinco de ellos correspondían al SERMAS —el Servicio Madrileño de Salud— para dar cobertura a cuarenta y cuatro centros de atención primaria durante la emergencia sanitaria del covid. En total, Madrid pagó a Servicar 25 más de 300.000 euros ese año.

Pero el contrato más relevante llegó en octubre de 2023, cuando la Corporación de Radio y Televisión Española formalizó con Servicar 25 un contrato por un valor estimado de más de 8,5 millones de euros —impuestos incluidos—. Con una duración de un año prorrogable por otro, cubría el transporte de personal de RTVE en Madrid las 24 horas del día, los 365 días del año. 

La Ley de Contratos del Sector Público prohíbe contratar con empresas cuyos administradores hayan sido condenados por, entre otros, delitos de blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. Segovia no tiene condena —la investigación es posterior a la adjudicación— pero el pliego exigía que los licitadores presentaran una declaración responsable de no incurrir en ninguna causa de prohibición para concurrir. Para acceder al contrato, Servicar 25 tuvo que firmar esa declaración.

Además de la adjudicación millonaria, RTVE también otorgó a Servicar 25 el servicio de minibuses con conductor para el Benidorm Fest 2024, por 134.213 euros, y para el Festival de Cine de San Sebastián 2024, por 34.048 euros. En total, los contratos públicos identificados con Servicar 25 entre 2020 y 2024 superan los nueve millones de euros, incluyendo los impuestos.

Torán fue detenido el 6 de noviembre de 2024. El contrato de RTVE, adjudicado en octubre de 2023, tenía vigencia de un año con posibilidad de prórroga y fue modificado en junio de 2024 para extenderse hasta noviembre de 2025, por lo que podía estar vigente en el momento de las detenciones. 

infoLibre ha preguntado a RTVE si el acuerdo continuó tras el inicio de la instrucción de la causa y las detenciones de 2025, o si por el contrario fue suspendido o rescindido. También se ha dirigido a Servicar 25 para ofrecer a la empresa y a Óscar Segovia del Pozo la posibilidad de responder a las afirmaciones contenidas en esta información. No se ha obtenido respuesta a ninguna de las dos consultas.

Almudena Sánchez Betes, que se describe en LinkedIn como directora financiera de Servicar 25, era, según el informe, "canalizadora de todas las comunicaciones" entre Torán, el abogado Mario Pestaña Sartorius, el gestor Juan Ángel Cervera y el testaferro Miguel Ángel Albaladejo en las estructuras societarias panameñas de la organización. En octubre de 2024, días antes de que estallara la causa, le preguntaba a Torán por mensaje de voz dónde quería que entregaran unas obras de arte que había adquirido recientemente. Torán le indicó que las llevaran al garaje de su chalet en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón: "Lo meto [sic] en el garaje de Montealina los cuadros, ¿vale? Y el Spiderman".

Entre los documentos hallados por los investigadores en el teléfono de Sánchez Betes —descrita en varias ocasiones por la UAI como "secretaria de Torán"— había facturas, contratos y justificantes de transferencias de numerosas empresas que controlaba la organización criminal, además de la vida laboral de Ignacio Torán, que muestra cómo, desde al menos 2021, ha sido dado de alta en varias empresas controladas por la trama. 

La denominada “secretaria” también figura como apoderada en otra empresa, Bethesda Promotions SL, controlada por Torán a través de otra intermediaria, según la investigación policial. La sociedad fue adquirida solo un día antes de la detención de Torán a Luis Miguel Trigueros —un conocido gestor de viveros de sociedades— y comparte domicilio con otras empresas propiedad de María Ernestina Paolini, titular también de varias licencias VTC e investigada en la causa como testaferro de Torán en varios inmuebles de Dubai. Paolini es pareja, según la policía, de Pierre Gutiérrez Ramírez, otro testaferro contra el que el magistrado que instruye la causa dictó el pasado 22 de abril una orden de detención internacional.

Almudena Sánchez fue detenida en noviembre de 2024 y excarcelada en abril de 2025, junto a la esposa del exjefe de la UDEF y otros colaboradores, después de que el juez no facilitara a sus defensas los elementos esenciales de la causa. En el registro de su casa la policía encontró más de 50.000 euros en efectivo. Actualmente está en libertad provisional tras un error judicial que permitió la salida de varios de los implicados en el juicio.  

Torán se encuentra en prisión provisional desde febrero de 2026. El exinspector jefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil está en la cárcel desde noviembre de 2024. Francisco de Borbón von Hardenberg —primo del rey Felipe e hijo del fallecido Duque de Sevilla—, investigado por su papel en las estructuras financieras de la organización, fue detenido en febrero de 2026 y puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros, con retirada de pasaporte y obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado. La instrucción de la causa, que el juez Francisco de Jorge lleva en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, sigue abierta.

El pasado 9 de abril, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, fue preguntada por la detención de un suboficial español en el Líbano a manos del ejército israelí. El militar había sido sacado de un convoy de la ONU "con una violencia evidente", trasladado a una aldea y retenido durante una hora, según describió después la ministra de Defensa, Margarita Robles. Muñoz respondió que no tenía suficiente información para valorarlo y que, en todo caso, una hora no era tanto: "Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, afirmó la portavoz.

Dos meses antes, en un acto organizado por elespañol.com, la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, había anunciado el compromiso de su partido de tener unas Fuerzas Armadas "dinámicas, profesionales, motivadas, formadas y cuidadas". Cuando estalló la polémica por las palabras de su portavoz, Feijóo evitó pronunciarse. Muñoz, por su parte, afirmó su compromiso con las Fuerzas Armadas, pero sin retirar ni matizar su comparación con el control de tráfico.  

En el Partido Popular, la ironía y la tendencia a restar importancia a estos incidentes, y a otros más graves, forman ya un patrón que se repite desde hace más de una década, cada vez que el agresor de los militares españoles es el ejército israelí. 

El 28 de enero de 2015, un proyectil de artillería israelí de 155 milímetros impactó contra la torre de observación en la que vigilaba el cabo Francisco Javier Soria Toledo —malagueño de 35 años, a pocas semanas de ser padre—, que murió en el acto. El bombardeo israelí fue tan intenso —con más de 118 proyectiles identificados, según el propio ministro de Defensa— que el helicóptero de evacuación no pudo aterrizar a recoger el cadáver porque los obuses seguían cayendo. Entre esa munición había, según declararon los militares españoles en el informe reservado del Estado Mayor, bombas de racimo: armas prohibidas por una convención internacional que Israel no ha suscrito.

El 14 de abril de 2015, el ministro Pedro Morenés (PP) compareció en la Comisión de Defensa del Congreso. Sin ninguna crítica ni denuncia, el popular hizo hincapié en la falta de intencionalidad israelí y destacó su disposición a aceptar una investigación conjunta. Los informes de dicha investigación —el español, el israelí y el de la ONU— se clasificaron y no se facilitaron al Congreso ni a la prensa.

En esa misma sesión, cuando el diputado socialista Diego López Garrido criticó la actuación de los artilleros israelíes, el diputado popular Vicente Ferrer Roselló respondió que quería "agradecer, en nombre del Arma de Artillería de las Fuerzas Armadas israelíes, la fe de algunos portavoces en su puntería". Y remató: "Son buenos, pero fallan." Un militar español llevaba muerto dos meses y medio y el representante del partido del Gobierno no solo lo justificaba, sino que ironizaba hablando en nombre del ejército que lo había matado. Su bancada aplaudió. 

Lo que vino después lo revelaría diez años más tarde la investigación Israel Files, publicada por infoLibre en diciembre de 2025 junto con la red European Investigative Collaborations (EIC). Los documentos internos del Ministerio de Justicia israelí muestran que el Departamento de Guerra Legal de Israel, a través del despacho Cuatrecasas, monitorizó el proceso judicial sobre la muerte del cabo y que, según sus correos internos, habría recibido de la Fiscalía de la Audiencia Nacional información sobre sus intenciones procesales antes de que fueran comunicadas al juez o a la familia, un hecho que la Fiscalía niega. La causa fue archivada en 2017. 

Once años después, el 16 de noviembre de 2025, un tanque israelí abrió fuego con su ametralladora contra una patrulla española que hacía labores de vigilancia a pie cerca de la frontera libanesa. Los proyectiles impactaron a cinco metros de los soldados, que tuvieron que tirarse al suelo y esperar 30 minutos hasta que el tanque se replegó. La ONU definió el ataque como una "grave violación" de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad. El Ministerio de Defensa lo calificó de "absolutamente inaceptable". Israel dijo que había sido un error de identificación por "malas condiciones meteorológicas". El PP no emitió ninguna declaración sobre la actuación israelí.

El 12 de enero de 2026, otros tres tanques israelíes se adentraron en territorio libanés y dispararon contra una unidad de reconocimiento española en las inmediaciones de la localidad de El Khiam. Los proyectiles cayeron a 150 y 380 metros de los soldados. Mientras se replegaban, los tanques los rastrearon con el láser de puntería. La respuesta del PP fue un escrito en el Congreso pidiendo a Robles que explicara "la utilidad de mantener nuestra presencia" en la misión, sin ninguna mención a la actuación de Israel. 

Semanas después, a finales de marzo de 2026, tres militares indonesios integrados en la brigada multinacional que España lidera en el Líbano murieron en dos ataques sucedidos en menos de 24 horas. Las investigaciones preliminares de la ONU apuntan a un proyectil de tanque israelí en el primero de los casos; el segundo, a un artefacto explosivo cuya autoría no ha sido definitivamente establecida. 

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que prestó asesoría legal a la madre del cabo Soria Toledo, califica la gestión que hizo entonces el Gobierno del PP de "bajada de pantalones lamentable". Tras los nuevos incidentes, su secretario general, Iñaki Unibaso, expresa su preocupación "ante la repetida falta de ética de Israel" y recuerda que los tres indonesios fallecidos operaban bajo mando del Ejército español.  "Israel sigue actuando con total impunidad", resume Unibaso.

De las declaraciones de Vicente Ferrer a las de Ester Muñoz ha pasado una década, varios ataques israelíes contra soldados españoles y un suboficial detenido y agredido. El PP ha usado ese tiempo para comprometerse a cuidar a las Fuerzas Armadas, presumir de estar orgulloso de sus militares y pedir reformas para mejorar sus condiciones. Lo que no ha hecho, en ninguno de estos episodios, es condenar, o al menos tomarse en serio, los ataques israelíes que las fuerzas españolas o bajo mando español reciben en el Líbano.

Vox llegó a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 como la tercera fuerza del país, con 1.670 ediles. Dos años después, el partido de Santiago Abascal ha perdido 87 concejales —uno de cada 20— que han abandonado o han sido expulsados de sus grupos municipales y hoy figuran como no adscritos en sus respectivos ayuntamientos. El porcentaje, más de un 5%, multiplica por diez el del PP y por ocho el del PSOE, según el análisis de infoLibre a partir de datos del Ministerio de Política Territorial.

Cuando un edil abandona o es expulsado del partido por cuyas listas fue elegido, la Ley de Bases de Régimen Local le impide integrarse en otro grupo y le obliga a sentarse solo, con derechos políticos y económicos reducidos. En la práctica, el no adscrito queda en tierra de nadie institucional —excluido de comisiones, sin medios del grupo— pero conserva su acta y, con ella, su voto.

El análisis de infoLibre sobre la composición actual de los ayuntamientos españoles identifica 444 concejales no adscritos en total, procedentes de todas las fuerzas políticas. El PSOE y sus federaciones autonómicas —PSdeG, PSOE-A, PSN…— acumulan 128, el mayor número en términos absolutos. El PP suma 104. Pero en términos relativos, la diferencia con Vox es abismal: PP y PSOE se mueven en porcentajes del 0,44% y el 0,62%, respectivamente, sobre sus ediles electos el 28M. Vox tiene un 5,21%.

El desglose geográfico de la descomposición interna del partido se distribuye de la siguiente manera: Castilla y León y la Comunidad de Madrid concentran cada una 14 de los 87 no adscritos de Vox, seguidas de Castilla-La Mancha con 13 y la Comunitat Valenciana con 12.

Ni el mapa ni las cifras del análisis incluyen dos casos recientes en grandes núcleos urbanos: Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid y Beatriz Sánchez del Álamo en el de Cartagena. En el caso de la capital, Ortega Smith ha sido expulsado del partido que cofundó, pero sigue actuando como portavoz en el pelno a a la espera de que se oficialice su condición de concejal no adscrito. En Cartagena, ha sido la concejal de Turismo la que ha anunciado su marcha de la formación de Abascal denunciando la "deriva" y el "trato inhumano" hacia sus miembros, pero el consistorio tampoco ha registrado aún su paso a edil no adscrita. De los casos ya consolidados, el más extremo en una capital de provincia es el de Palencia, donde Vox obtuvo tres concejales en el 28M y ha visto cómo dos de ellos pasaban a no adscritos por vías distintas, dejando al partido con un único edil que, para más inri, está a su vez expedientado.

El primero en caer fue Ricardo Carrancio, expulsado en febrero de 2024 tras ser condenado por insultar y golpear a un hombre con discapacidad. El segundo es el caso más llamativo: Sonia Lalanda, hasta entonces portavoz del grupo municipal, fue expulsada por criticar públicamente a la dirección nacional. En el pleno en el que formalizó su paso a no adscrita, Lalanda estuvo acompañada por Macarena Olona —que viajó expresamente a Palencia para el acto— y denunció las “prácticas sectarias” y la "deriva radical de extrema derecha" de Vox. El tercer concejal de Vox que queda en el Ayuntamiento, Emilio Polo, está expedientado precisamente por haber apoyado a Lalanda en su conflicto con la dirección del partido.

Valencia: crisis, readmisión y la Fiscalía Anticorrupción

El caso de Valencia ilustra hasta qué punto la inestabilidad interna de Vox puede sacudir instituciones de primer nivel. A principios de marzo de 2025 estalló el primer escándalo de presunta corrupción documentado en el partido: el hasta entonces vicealcalde y portavoz de Vox en el consistorio, Juan Manuel Badenas, quedó bajo investigación interna por el supuesto amaño de un contrato de 128.951 euros en favor de la empresa del marido de Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Vox le abrió expediente y le suspendió de militancia, lo que le dejó fuera del grupo municipal junto a su pareja, la también concejala Cecilia Herrero, que pidió la baja voluntaria del partido.

Durante diez días, ambos figuraron formalmente como concejales no adscritos, dejando al Gobierno de coalición PP-Vox de la alcaldesa María José Catalá sin mayoría. Pero el 4 de abril, Vox readmitió a los dos a cambio de que pidieran disculpas públicas, y Catalá firmó una remodelación del Ejecutivo municipal. Sin embargo, la crisis se cerró en falso: la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias sobre los contratos adjudicados durante la etapa de Badenas como concejal de Empleo.

La sombra de la corrupción también planea sobre el grupo de Vox en Collado Villalba (Madrid), donde su concejala Ana Isabel Dompablo Guerrero pasó a no adscrita en febrero de 2026 tras ser apartada por presunta malversación de fondos públicos.

El fenómeno no es exclusivo de Vox

Las desavenencias internas de los grupos municipales afectan a todas las fuerzas, aunque con distinta intensidad. Los 444 concejales no adscritos identificados por infoLibreproceden de más de 80 formaciones distintas. Entre los casos más llamativos de esta legislatura destacan tres que ilustran los distintos mecanismos del fenómeno a través de todo el espectro político: el oportunismo político con contrapartida, la desobediencia interna castigada con expulsión y el escándalo personal del cargo.

El caso más documentado de transfuguismo con recompensa es el de Fran Vázquez en Nerva (Huelva). Vázquez se presentó al 28M como candidato de Con Andalucía (IU), pero durante las negociaciones postelectorales su partido le acusó de negociar al margen, abandonó la formación y figuró como concejal no adscrito. Gracias a su voto, el PP alcanzó la alcaldía de un municipio de mayoría histórica socialista que rompía por primera vez en democracia la hegemonía del PP en Nerva.

Meses después, el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva publicó el decreto por el que Vázquez era nombrado asesor del grupo de gobierno del PP en la Diputación Provincial. El portavoz del PSOE en la Diputación lo formuló sin rodeos: "La alcaldía de Nerva tuvo un precio". El propio Vázquez negó cualquier acuerdo previo. En mayo de 2025, una moción de censura conjunta de PSOE, IU y XNerva prosperó y devolvió la alcaldía al PSOE.

Algeciras: Landaluce, apartado pero no mucho

Pero el ejemplo de mayor resonancia mediática es el del alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce. Tras catorce años al frente del consistorio, causó baja en el PP el 2 de enero de 2026 después de que el PSOE trasladara a la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso sexual —denuncia que la Fiscalía acabó archivando el mismo mes—. La dirección del PP tramitó su baja como militante para proteger la imagen del partido.

Landaluce figura como edil no adscrito pero sigue ocupando la alcaldía con el respaldo explícito del grupo municipal del PP, que mantiene su disciplina de voto. La propia portavoz de Vox en el consistorio lo denunció en pleno: "Algeciras no está gobernada por el Partido Popular, está gobernada por un tránsfuga” [Vox utiliza el término “tránsfuga”, aunque en este caso el movimiento no se corresponde con la definición de transfuguismo]. El PP, por su parte, calificó la baja de su alcalde como "la mejor estrategia para defenderse" de la denuncia. Tras el archivo de la misma, Landaluce anunció una querella por injurias contra la ya exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se refirió a él como “condenado”. Montero se retractó y achacó su declaración al “fragor” del mitin en el que participaba. 

El PSOE de Santiago, reducido a mínimos

En Santiago de Compostela, el PSOE perdió de golpe cuatro de sus seis concejales por un conflicto de disciplina de voto. En junio de 2024, el grupo municipal socialista votó a favor de una ordenanza sobre viviendas turísticas impulsada por el gobierno del BNG, contraviniendo la instrucción expresa de la dirección del partido, que les había pedido que se abstuvieran. El proceso disciplinario que siguió acabó con la expulsión del partido para Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez.

Su paso formal a no adscritos se hizo efectivo en un pleno extraordinario en mayo de 2025, dejando al PSOE de Santiago —el partido que más años ha gobernado la capital gallega en democracia— con solo dos concejales. El caso tiene cola judicial: los cuatro expulsados han demandado al partido para impugnar las resoluciones disciplinarias, y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán —que firmó las órdenes de expulsión— ha sido citado a declarar como testigo en el juicio por este caso, previsto para septiembre de 2026.

España es hoy un nodo central del narcotráfico global: punto de entrada y distribución de droga hacia el resto de Europa, refugio de capos internacionales y paraíso del blanqueo. Lo sabemos, en parte, gracias al trabajo de Víctor Méndez Sanguos, fundador y director de Narcodiario —socio editorial de infoLibre— y uno de los periodistas españoles que participó, junto a infoLibre, en NarcoFiles, la investigación internacional liderada por la red OCCRP que trazó una panorámica inédita del nuevo orden criminal global.  

En su libro Paraíso (Plaza & Janés, 2026), Méndez profundiza en este retrato del papel de España como punto en el que confluyen todas las grandes organizaciones del narcotráfico mundial. Con infoLibre, reflexiona sobre lo que el Estado podría hacer y no hace: jueces sin especializar, medios sin desplegar, blanqueo sin perseguir... Y sobre el porqué.

Su libro sitúa a España, y en particular a Marbella, como un nodo central del narcotráfico global. ¿Es así?

Marbella tiene el nombre, la fama, y es verdad: yo estuve allí reunido con mafias internacionales muy peligrosas, de las que dominan el narcotráfico. Pero no es solo Marbella: es toda la Costa del Sol, Girona, Alicante, Canarias, Baleares... Marbella tiene el nombre, pero hay muchos más sitios en toda España.

Desde mediados de la década pasada, los líderes de las grandes organizaciones también operan mucho desde Emiratos Árabes. Vieron que era un gran lugar para blanquear dinero, sobre todo en el sector inmobiliario, y allí se sienten seguros, porque hay muchas dificultades para extraditarlos. Como dice Gustavo Petro [presidente de Colombia], que tiene muy buena información sobre el tema, Colombia, Dubai y España forman los tres puntos fundamentales del negocio de la cocaína.

¿Cuáles son las consecuencias de esta presencia del narco global para la seguridad pública en España? ¿Podemos ver escenarios como el de Suecia o Países Bajos, donde ha aumentado la violencia del crimen organizado?

En cuanto a eso yo soy relativamente optimista, porque lo que vemos es que la violencia, por ahora, es un 99% entre ellos, dentro del crimen organizado. Por eso no hay concienciación del problema en España: cuando se matan entre ellos parece que no pasa nada. Y sin embargo hay muertes relacionadas con el narcotráfico prácticamente todas las semanas. 

Las grandes organizaciones no atacan a la sociedad porque llevan treinta años aquí y saben que el perfil bajo les funciona. Lo que han hecho en Holanda aquí no lo veo, de momento, aunque es cierto que las organizaciones que lo hacen allí también operan aquí. Además, cada vez hay más mafias de más distinto tipo asentadas en España. Aparecen grupos más jóvenes y más violentos, y que quizá no tienen esos códigos no escritos de proteger el negocio manteniéndose en la sombra.

En el libro usted cita dos nombres relativamente nuevos, el Cártel de los Balcanes y la ‘Mocro Mafia’, como dos de las organizaciones más potentes hoy. ¿A qué se debe este auge?

Primero hay que aclarar que son nombres periodísticos, como el propio término 'Mocro Mafia': no hay una organización única con ese nombre, sino un montón de grupos, procedentes de Marruecos y asentados en Holanda, que a veces trabajan juntos y a veces se matan entre ellos. El Cártel de los Balcanes son organizaciones procedentes de distintas regiones —Albania, Serbia, Montenegro, Croacia— que se iniciaron con formación militar en los años noventa, tras la guerra. Emigraron, algunos hacia Europa occidental, muchos hacia Sudamérica, y empezaron estableciendo negocios turbios: robos, prostitución... Después vieron que el narcotráfico era mucho más lucrativo y menos arriesgado.

Fueron muy listos. Se instalaron en Colombia y Ecuador, pero le dijeron a los mexicanos: yo trabajo aquí, pero no para Estados Unidos, sino para Europa. Por eso no hubo violencia entre ellos: el territorio quedó repartido. Lo que va para Estados Unidos es cosa de los mexicanos; lo que va para Europa, de ellos. A partir de ahí se infiltraron en la sociedad, en distintos países, incluso establecieron relaciones con personas del Gobierno y la justicia en Ecuador, por ejemplo.

¿Qué rol juega en España el Cártel de los Balcanes? 

Además de manejar plantaciones de marihuana, su papel fundamental está en la recepción de los envíos: son especialistas en entrar en los puertos, recoger los alijos —cada vez menos en grandes contenedores, sino, últimamente, muchos envíos más pequeños con GPS incorporado— y hacer el primer guardado. Tienen células itinerantes que van de puerto en puerto.

El libro describe una desigualdad de medios muy notable entre las fuerzas de seguridad y los narcos. ¿Cómo se trabaja con esa realidad?

Hay dos patas de esa desigualdad. Por un lado, los medios para interceptar alijos: pasa varias veces al año que la policía y la Guardia Civil saben que viene un barco, lo tienen controlado, pero no pueden salir porque no hay embarcaciones operativas.

La Armada tiene los barcos y los aviones —incluso para detectar narcosubmarinos— y no se utilizan. Francia los usa, Portugal los usa, Estados Unidos los usa. No es cuestión de ponerse a matar gente, como Trump, pero tenemos los medios y no los utilizamos. Es una decisión política.

Pero el factor más importante es que no se persigue el dinero. Las directrices son incautar droga, y eso está bien y es importante. Pero no se destinan medios a la lucha contra el blanqueo, contra los beneficios del narcotráfico. Y hay que entender algo: a los narcos les da exactamente igual que la droga sea ilegal o que mate. Lo hacen para ganar dinero. Si no persigues el dinero, no consigues nada, por muchos alijos que intervengas. En Galicia hay un montón de mansiones que se sabe que proceden del narcotráfico y no se atacan. Hay una legislación que invierte la carga de la prueba —la persona tiene que justificar de dónde viene un bien— y no se aplica. El resultado es que algunos narcos pasan una temporada en prisión, pero cuando salen conservan todo su patrimonio. Les vale la pena y seguirán traficando.

¿Está el sistema judicial español preparado para combatir el crimen organizado?

No. Primero, el colapso general retrasa todas las causas, no solo las de narcotráfico. Cuando llega el juicio, diez años después de la operación, el narco se queda con una pena muy reducida por dilaciones indebidas. Los abogados se encargan de que eso pase, con recursos y contrarre­cursos. Pero el problema de fondo es que en España no existen jueces especializados, cuando somos el país de Europa con más presencia del crimen organizado. Al mismo juez que le llega una pelea o un caso de alcohol al volante le cae de repente un caso de la ‘Mocro Mafia’ con ramificaciones en tres continentes. Es imposible que lo pueda asumir.

La solución es sencilla: siete u ocho juzgados específicos en puntos estratégicos del territorio, tanto para la instrucción como para la fase de juicio oral. Habría que pagarlo, claro. Pero los narcos vienen a España precisamente porque saben todo esto. En Francia, si te pillan, en dos o tres semanas hay sentencia y vas directo a la cárcel. Aquí te ponen en libertad y ya veremos. Por eso las narcolanchas no desembarcan en Francia, y tienen las mismas playas que nosotros. 

Hablemos de la infiltración en las fuerzas de seguridad. El caso del inspector jefe de la UDEF, Víctor Sanchez Gil, ¿es anecdótico o hay un patrón?

Después de 2020, con la desencriptación de Sky ECC [una plataforma de mensajería encriptada muy usada por el crimen organizado] a los policías buenos, que son la mayoría, se les abrieron los ojos: la infiltración dentro de las fuerzas de seguridad españolas es grande, mucho más de lo que la propia Policía pensaba. El puerto de Valencia es el ejemplo más claro: el jefe de la Guardia Civil del puerto estaba metido en el ajo. También hay estibadores, jefes de aduanas, gente de todos los cuerpos…

La mayoría de la Policía trabaja muy bien y no es corrupta. Pero hay un problema estructural: igual que los narcos tienen abogados muy buenos, los policías o guardias civiles corruptos también los tienen. Ya hemos visto absoluciones de agentes que evidentemente trabajaron con los narcos. Si quieres tener un contacto con acceso al sistema GATI [Grupo de Análisis y Tratamiento de Información, una base de datos policial unificada] necesitas un inspector jefe como mínimo. Hay que poner mucho dinero encima de la mesa, pero a estas organizaciones no les supone un problema hacerlo. Y hay gente que lo coge.

En España hay más crimen organizado que en países que, como dice, sí tienen jueces especializados, despliegan medios militares, persiguen el blanqueo… ¿Por qué no hacemos lo que hacen ellos?

Voluntad política. Pero no se lo achaco solo a los políticos: se lo achaco a la sociedad. Los políticos son un reflejo de lo que pide la sociedad. Hace treinta años la droga aparecía en el CIS en el número dos de preocupaciones, junto al terrorismo de ETA. Ahora no aparece ni entre las treinta primeras. La sociedad no tiene esa preocupación, la droga se ve como algo de ocio. Y si no te revierte en votos, no lo tocas.

¿Cómo se rompe ese círculo?

Es un problema de todos los ministerios, no solo de Interior o Justicia. También de Educación y de Cultura: hay que conseguir que esto deje de estar bien visto. En el sur de España tienes a tu primo que vuelve forrado con la mejor moto y el mejor coche, mientras tú trabajas por mil euros en la fábrica de turno, y la música que escuchas encumbra ese modelo. Si la sociedad lo ve normal, el político también lo ve normal. Y si el político lo ve normal, no se hacen las cosas para frenarlo: ni la represión con medios, ni la justicia con recursos. Y seguimos igual.

Los documentos de los clústeres tecnológicos de la Comunidad de Madrid que, como reveló infoLibre, destinaron 145.200 euros de fondos públicos en 2024 al despacho del exministro del PP Rafael Catalá, muestran otro extraño movimiento de fondos: algunos de los gerentes que los dirigen han cobrado de las propias entidades que gestionan, ya sea a través de empresas de su titularidad o prestando servicios remunerados a otros clústeres del mismo programa. Todo el dinero procedía de subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

La documentación examinada por este medio —las cuentas justificativas de las subvenciones nominativas correspondientes al ejercicio 2025 del Clúster de Transformación Digital y las del ejercicio 2024 de los cuatro clústeres— revela dos casos distintos pero análogos, en un entramado donde toda la actividad conocida se externaliza al 100% y no consta ningún mecanismo de control de incompatibilidades.

Olga Álvarez Anguita figura como gerente del Clúster de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Su correo de contacto oficial, publicado por la propia asociación en una nota de prensa de septiembre de 2025, pertenece al dominio de Sunte Solutions SL, empresa de la que es administradora única según el Registro Mercantil.

Las cuentas justificativas de la subvención nominativa recibida en 2025 por el Clúster de Transformación Digital —el único que ha publicado las de ese año— reflejan que Sunte Solutions SL facturó aproximadamente 29.430 euros a la asociación en concepto de servicios de gestión y coordinación. Es decir, la gerente del clúster cobró de ese mismo clúster a través de su propia empresa.

Las cuentas anuales de Sunte Solutions SL depositadas en el Registro Mercantil permiten dimensionar el alcance de ese contrato. En 2023, la empresa obtuvo un beneficio neto de 147,52 euros. En 2024, el resultado mejoró hasta los 24.766 euros. Lo facturado al clúster en 2025 supera el beneficio total de la empresa en 2024 y equivale a doscientas veces el de 2023. En ambos ejercicios, Sunte Solutions no tenía ningún empleado, según sus cuentas anuales. Las cuentas de 2025 no están disponibles.

infoLibre ha contactado con Álvarez Anguita por varias vías para saber si recibe además alguna remuneración directa como gerente, si hubo proceso competitivo para adjudicar el contrato a Sunte Solutions y si considera que existe un conflicto de interés en esta situación; pero este medio, en el momento de publicar esta información, no ha recibido respuesta.

El segundo caso tiene como protagonista a Mario Carabaño, gerente del Clúster de Internet de las Cosas. Las cuentas justificativas de los cuatro clústeres correspondientes a 2024 revelan que Carabaño cobró 42.350 euros por redactar las memorias justificativas de las otras tres asociaciones del programa: 14.520 euros del Clúster de Blockchain, 13.310 del de Inteligencia Artificial y 14.520 del de Transformación Digital. Los pagos se realizaron a su nombre y con su DNI.

En total, los tres documentos elaborados por Carabaño suman 128 páginas, —muchas de ellas de sin texto—, lo que significa que cobró a razón de 330 euros por página de memoria. El Clúster de Internet de las Cosas, del que Carabaño es gerente, encargó la memoria a una empresa externa. Contactado por varias vías, Carabaño tampoco ha respondido a las preguntas remitidas de infoLibre.

Los estatutos de los clústeres —los tres que están disponibles en la sede electrónica, todos excepto el de Transformación Digital— regulan los cargos de la Junta Directiva: presidencia, vicepresidencia y secretaría; y establecen que serán no remunerados. Sin embargo, no contienen ninguna referencia a la figura del gerente ni tampoco establecen ningún régimen de incompatibilidades para ese cargo.

Además de los pagos directos a Carabaño, las cuentas de 2025 del Clúster de Transformación Digital —el que gestiona Álvarez Anguita— reflejan un pago de 16.940 euros a Business Integration Partners (BIP), empresa en la que trabaja Carabaño. 

Como ya reveló infoLibre, los cuatro clústeres carecen de estructura propia y externalizan la totalidad de su actividad conocida, según sus cuentas justificativas. La Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, titular de los convenios y subvenciones nominativas que financian a las asociaciones, no ha respondido a las preguntas remitidas por infoLibre sobre si tiene conocimiento de estos pagos y si existen o existían controles al respecto. Tampoco lo han hecho las propias asociaciones. 

Los cuatro clústeres se constituyeron el 19 de septiembre de 2022 en reuniones simultáneas de diez minutos de duración. Desde entonces, han recibido de la Comunidad de Madrid 800.000 euros en virtud de cuatro convenios en 2024 y una cantidad equivalente en subvenciones nominativas en 2025, cuyas justificaciones aún no han sido publicadas en su integridad. Para 2026, el Gobierno de Ayuso ha incluido cuatro partidas, una por asociación, en los Presupuestos Generales y ha rebajado su asignación a 100.000 euros para cada una, 400.000 euros en total.

La oposición ha reaccionado a las informaciones publicadas por infoLibre sobre estas asociaciones. Más Madrid presentó el pasado 25 de febrero una solicitud ante la Mesa de la Asamblea para que la Cámara de Cuentas fiscalice los convenios firmados por la Comunidad de Madrid con los cuatro clústeres. La diputada Marta Lozano, autora de la iniciativa, describió el término "clústeres" como "nombre rimbombante para una asociación de toda la vida" y reclamó saber "los motivos por los que parte del dinero acabó en el bolsillo de Rafael Catalá". 

El PSOE también ha registrado, a raíz de la investigación de infoLibre, varias iniciativas para que el Gobierno regional explique qué proyectos han llevado a cabo las asociaciones y qué participación tiene la Comunidad de Madrid en ellas.

Sin embargo, la actitud de los socialistas no siempre ha sido de denuncia. Meses antes de que salieran a la luz estas informaciones, durante la tramitación de los Presupuestos autonómicos para 2026, el grupo socialista presentó cuatro enmiendas al articulado de los presupuestos —G-51, G-52, G-53 y G-54— para añadir 200.000 euros adicionales a la dotación de cada clúster. De haber prosperado, cada asociación habría pasado a recibir 300.000 euros anuales —1,2 millones en total—, el triple de lo que percibirán este año. Las enmiendas no fueron admitidas.

La desclasificación de más de 150 documentos sobre el 23-F prometía respuestas a las múltiples preguntas sobre el papel del rey Juan Carlos I en la noche más larga de la democracia española. ¿Sabía de antemano el monarca lo que iba a ocurrir? ¿Hubo conversaciones con Armada y el resto de golpistas? ¿Se echó atrás en el último momento para presentarse como garante de la incipiente democracia? ¿O fue realmente, como sostiene la versión oficial, el hombre que desde Zarzuela paró con el teléfono lo que otros habían puesto en marcha con las armas? 

Los papeles no responden. O más exactamente: responden en los dos sentidos a la vez, con un equilibrio que deja la incógnita exactamente donde estaba.

Entre los documentos más reveladores figura una carta fechada el 14 de diciembre de 1981, enviada por el secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, al director del CESID—el precursor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, Emilio Alonso Manglano. Fernández Campo adjunta el guión que sirvió de base para una reunión del rey con el presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La mayoría del guión es impecablemente constitucional: el papel del rey como árbitro, la reivindicación de su papel del 23-F, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil… Pero hay pasajes que chirrían. Entrada la reunión, el rey describe a las Fuerzas Armadas como las "vencedoras en una triste guerra civil" que “no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria” y “durante cuarenta años sirvieron a España con espíritu de sacrificio" y que se ven ahora sacudidas por la libertad de prensa y el "revanchismo de opiniones". 

También alude a "situaciones tal vez provocadas deliberada y organizadamente" en torno al Consejo de Guerra, en las que la prensa habría “irritado inadvertidamente" a las Fuerzas Armadas. Además, según el rey, en los ámbitos militares cunde la impresión de que sufren más castigos que otros sectores de la sociedad: “Nunca puede estar justificada la exclusividad o la preferencia de la sanción sobre los militares.”, denunció el monarca haciendo suyas las reivindicaciones. 

El contexto de esta intervención importa: el rey no hablaba ante el Parlamento, sino con los máximos jefes militares diez meses después del golpe. La empatía táctica hacia los mandos a los que debía retener dentro del orden constitucional es políticamente comprensible. Pero incluso en este contexto, muchos de los pasajes del documento bordean peligrosamente la justificación hacia quienes habían intentado subvertir ese mismo orden constitucional.

Otro bloque de material comprometedor para la figura del rey no viene de documentos del Estado, sino de las conversaciones intervenidas en el domicilio de la familia Tejero durante y después del golpe. Las transcripciones muestran a Carmen Díez, esposa del golpista, y a sus hijas, convencidas de que Juan Carlos I, junto con Milans del Bosch, Armada y las Capitanías Generales, estaba detrás de la operación y abandonó a su suerte al hombre que tomó el Congreso. 

"A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el Rey detrás", asegura Díez en una llamada con su madre. “Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás” le dice a su suegra una de las hijas del teniente coronel.

El valor probatorio de estas conversaciones es, en rigor, casi nulo: son las percepciones de una familia moldeadas por lo que Tejero contaba o creía. Pero contienen un elemento llamativo: la convicción de que el nombre del rey había sido utilizado para arrastrar participantes al golpe. Que eso sea cierto o una instrumentalización de su figura sin su conocimiento es una pregunta que los documentos no resuelven.

Sobre el peso que el supuesto apoyo del rey al golpe tuvo en sus participantes se pronuncia también Gil Sánchez-Valiente en comentarios recogidos en un informe de la Dirección General de la Guardia Civil fechado el 9 de junio de 1981. El capitán, que había huido a Roma dos días después del golpe, declara que el rey habría “comentado errores políticos con Armada”, y este habría convertido esas conversaciones en una "orden", transmitiendo a los participantes "la supuesta aprobación del rey", sin la cual Sánchez-Valiente afirma que no habría participado en el golpe.

El testimonio tiene limitaciones obvias: son comentarios de un fugitivo huido en el extranjero y con interés en explicar su participación. Pero Sánchez-Valiente era un protagonista directo, presente en el Congreso esa noche, aunque a su vuelta a España afirmó que había acudido “con fines represivos” y a petición del Director de la Guardia Civil, pese a que su simpatía estaba con los golpistas. 

El documento más incómodo para la Corona es una nota interior del CESID fechada el 5 de febrero de 1982, en plena fase previa al juicio oral de los participantes en el golpe. Recoge que en círculos castrenses se daba por cierto que alguien "muy importante de la Casa Real" se había entrevistado con Armada para tratar sobre "comportamientos relativos a la vista oral del proceso", y que cuando se intentó hacer lo mismo con Milans del Bosch, este exigió reunirse con "la propia persona real". 

Según la nota, el rey atendió la petición y habló de forma confidencial con el golpista, con el objetivo de que "la Corona no salga lesionada” del proceso judicial. Por lo que se desprende del documento, el CESID no afirma que la información sea cierta, sino que la recibe de una de sus antenas. Sin embargo, la nota da credibilidad a los hechos que relata y a las fuentes de las que provienen, a las que se refiere como “núcleos cualificados”.

Frente a ese bloque hay otro igualmente sólido, aunque de naturaleza diferente. Una nota del Ministerio del Interior cataloga como campaña de intoxicación los rumores que implicaban al rey, y atribuye esa campaña a los abogados defensores de los procesados y a sectores de la derecha radical, con un doble objetivo: reducir las responsabilidades penales de sus clientes y mantener "munición" contra la Corona para un eventual golpe futuro.

Más llamativo resulta, por su origen, un documento de la Dirección General de Policía sobre las reflexiones internas en el seno PCE. La nota recoge que teóricos del partido comunista —recién legalizado y con escaso entusiasmo monárquico— concluían en sus análisis internos que implicar al rey era un juego de la extrema derecha para destruir la institución democrática: "La extrema derecha quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como institución democrática." El valor de este documento reside precisamente en su origen: una fuente ideológicamente poco sospechosa de hacer favores a la Corona que descarta internamente las acusaciones. Que el PCE considerara un error táctico apoyarlas no significa obligatoriamente que pensara que el rey fuera inocente, pero sí refuerza la lectura de que parte del material acusatorio fue instrumentalizado políticamente.

Uno de los elementos más complejos de cuantos recoge la desclasificación es una serie de documentos manuscritos anónimos sobre las conspiraciones golpistas del período 1980-1982. La portada lleva fecha de noviembre de 1980, pero el conjunto incluye material posterior al 23-F —algunos fragmentos hacen referencia expresa a "errores cometidos" en esa operación— y contiene planificación detallada orientada al golpe frustrado que tuvo lugar en las elecciones del 28 de octubre de 1982.

En esos documentos, el monarca ha dejado de ser una variable a ganar o cooptar para convertirse en un objetivo a neutralizar. Le llaman "el borbón" y señalan como primer fallo del 23-F "dejar al borbón libre y tratarle como si fuese un caballero". El Palacio de la Zarzuela figura en las listas de objetivos físicos de al menos uno de los planes detallados —la llamada "Operación Halcón"— junto a las sedes de los Cuarteles Generales, los ministerios y los medios de comunicación. El mismo rey al que algunos acusan de haber respaldado el 23-F es aquel a quien los conspiradores del siguiente golpe querían neutralizar físicamente. La autoría anónima del material y la imposibilidad de verificar su origen obligan a manejarlo con cautela.

Otro bloque relevante es el que la Casa Real querría que cualquier periodista citara primero: la versión oficial y mito fundacional de la España democrática que presenta al rey como salvador del orden constitucional. Un informe del CESID presenta un relato minucioso con horas exactas y nombres concretos de los sucesos del 23 de febrero según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela. Según este documento, el rey negó a Armada la entrada en Zarzuela el día del golpe y su secretario Sabino Fernández Campo, le arrancó a Armada "su palabra de honor" de que no se dirigirá a los diputados en nombre del rey. Y a la 1:20 del 24 de febrero, el monarca llama a Milans del Bosch y le dicta seis órdenes que incluyen la frase que quedó para la historia: "Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey."

Lo que el relato de Zarzuela no cubre es el período anterior a las cinco de la tarde del día 23 —primera entrada cronológica del documento— Lo que describe a partir de ese momento es impecablemente constitucional. Lo que sucedió antes, en las semanas y meses previos, en las conversaciones entre el rey y Armada cuyo contenido exacto nadie ha podido acreditar ni desmentir del todo, sigue siendo una incógnita.

La Comunidad de Madrid destinó 800.000 euros de fondos públicos en 2024 a cuatro asociaciones que denomina "clústeres tecnológicos" —dedicadas a impulsar la inteligencia artificial, el ‘internet de las cosas’, la transformación digital y el blockchain, respectivamente— que carecen de empleados y que destinan el 20% de la subvención a pagar a un bufete de abogados vinculado al Partido Popular.

Según la documentación de ejecución presupuestaria de los convenios correspondientes al ejercicio 2024, el despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas facturó al menos 145.200 euros a las cuatro asociaciones de las que forma parte la Comunidad de Madrid. Estos importes se consignaron en concepto de “asistencia técnica” y se computaron como gasto indirecto. Uno de los tres socios del despacho es Rafael Catalá, ministro de Justicia entre 2014 y 2018 en los gobiernos de Mariano Rajoy. El hijo de Catalá, Ignacio Catalá Martínez, es actualmente diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

Los cuatro clústeres fueron constituidos como asociaciones sin ánimo de lucro en reuniones que tuvieron lugar el 19 de septiembre de 2022, según consta en sus respectivas actas fundacionales. Las cuatro reuniones se celebraron a las 12:00 horas del mismo día y terminaron a las 12:10 h, es decir, en sesiones de apenas diez minutos. Todas se llevaron a cabo a la vez y con la misma persona representando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Extrañamente, aunque las fechas y horas coinciden en las actas, en algunas consta que la reunión se celebra en Tres Cantos y en otras en Las Rozas.

Aparecen como socios fundadores la propia Comunidad de Madrid —representada por el entonces consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo Torres— y la consultora Crowe Accelera Management. El tercer socio varía: Funditec Tecnológica Advantx en los clústeres de inteligencia artificial e ‘internet de las cosas’; la Asociación Consorcio Red Alastria en el de blockchain; y Antalis Consulting Services en el de transformación digital.

Al inicio, las cuatro asociaciones compartieron domicilio provisional en el número 30 de la calle Gran Vía de Madrid, concretamente en la quinta planta, donde la Comunidad de Madrid tiene parte de sus oficinas. También establecieron una cuota mensual simbólica de 100 euros por socio.

El 28 de diciembre de 2023, la Consejería de Digitalización, dirigida por Miguel López-Valverde Argüeso, firmó cuatro convenios de colaboración, uno por cada clúster, por un importe de 200.000 euros cada uno. Los convenios fueron autorizados por acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de diciembre de 2023.

La subvención se concedió de forma directa y sin competencia “por razones de interés público y social”. Los convenios justifican esta excepcionalidad apelando a la crisis sanitaria provocada por la covid-19, pese a que los textos se firmaron casi cuatro años después del inicio de la pandemia.

Para 2025, la fórmula de las subvenciones de la Comunidad de Madrid a los clústeres pasó de ser un convenio de colaboración a una subvención nominativa. Las justificaciones de estas subvenciones, que tuvieron que ser presentadas a la Comunidad de Madrid antes del pasado 31 de diciembre, no han sido aún publicadas en la sede electrónica de los clústeres, ni remitidas a infoLibre, que ha solicitado acceder a ellas sin recibir respuesta.

Los convenios también establecían que los gastos indirectos no podían superar el 20% del importe total de la subvención, es decir, un máximo de 40.000 euros por clúster. Estos costes se definen como los gastos generales de funcionamiento de la asociación: personal, dietas, desplazamientos, energía, alquiler, limpieza y asesoría, según la literalidad de los textos.

Sin embargo, las justificaciones de las subvenciones del ejercicio 2024 revelan que la práctica totalidad de esa partida de gastos indirectos —145.200 euros en total entre las cuatro asociaciones— se destinó a un único proveedor: el despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas. El importe facturado a cada clúster fue idéntico: 36.300 euros, cantidad que equivale al 90% del tope máximo de gastos indirectos permitido por convenio. La facturación se produjo entre abril y diciembre de 2024, es decir, no durante todo el año, y se hizo a razón de aproximadamente 12.000 euros mensuales entre los cuatro clústeres.

Estos gastos no se corresponden con los gastos totales de los clústeres. Se trata de las justificaciones que se entregan a la Comunidad de Madrid y que se imputan a la subvención autonómica. Las cuentas generales, referentes a ingresos privados e independientes del Gobierno autonómico—si es que existieron—, no están disponibles en la sede electrónica. Al no estar registradas como asociaciones de utilidad pública, su publicación no es obligatoria.

No consta en la documentación de ejecución consultada gasto alguno en estructura ni personal propio de las asociaciones. Toda la actividad justificada ante la Comunidad de Madrid se distribuyó íntegramente entre proveedores externos: estudios encargados a firmas como Accenture, KPMG o Talent Hackers; promoción a través de Alcandora Publicidad y Merge Digital; y los citados gastos indirectos del despacho de Catalá. Incluso las memorias justificativas de las cuatro asociaciones fueron realizadas por un proveedor externo.

Rafael Catalá se incorporó a Carles Cuesta Abogados y Economistas en mayo de 2021 como primer socio externo del despacho, fundado por José Carles y Carlos Cuesta. Así lo publicó Confilegal en abril de 2021. En aquella entrevista, el propio Catalá definía la firma como un despacho especializado en “fusiones y adquisiciones, recuperaciones empresariales, refinanciaciones de deuda y derecho concursal”, al que calificó de “‘boutique muy prestigiosa”.

El perfil del bufete no guarda relación aparente con las necesidades de cuatro asociaciones dedicadas, sobre el papel, a la promoción de tecnologías. Los convenios definen los gastos indirectos como costes de “funcionamiento general” asociados a la administración del proyecto. La documentación de ejecución clasifica la facturación del despacho como “asistencia técnica”.

Los textos de los convenios excluyen expresamente de la subvención los gastos de “asesoría jurídica para la defensa civil, penal, administrativa o de otra índole”. Aunque esa exclusión se refiere específicamente a la asesoría para defensa, la pregunta sobre qué tipo exacto de servicios presta un despacho concursalista a cuatro asociaciones tecnológicas sin empleados no tiene respuesta conocida, al menos mientras el bufete no conteste a las preguntas remitidas por infoLibre.

Años antes de asumir la cartera de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2000 y 2002, Rafael Catalá fue subsecretario de Hacienda con Cristóbal Montoro al frente del ministerio. Tras su salida, entre 2005 y 2011, fue secretario y consejero de la multinacional de juego Codere, que pagó 679.000 euros a Equipo Económico, el despacho de Montoro, entre 2008 y 2012. La investigación judicial sobre el alcance de las maniobras del despacho para influir en la situación legal y fiscal de las empresas del juego está en curso y no se ha formulado acusación contra Catalá.

Su hermana, Raquel Catalá, tampoco figura como investigada en la causa, pero aparece citada en los informes del denominado caso Montoro por su papel como jefa de la delegación especial de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) en Madrid de 2012 a 2018. Según la propia Agencia Tributaria, le facilitó a uno de los imputados de la trama, entonces director de la Agencia, datos fiscales sobre los socios de Equipo Económico.

Tetiana Kavinova vive en la orilla este de Kiev. Su calefacción dejó de funcionar tras los ataques rusos a las centrales eléctricas de la capital a principios de enero. El agua de su casa, que durante el día está a 8 grados, sale helada y no tiene electricidad para el calefactor ni la vitrocerámica. "Cuando me despierto, deseo que sea de noche para poder dormirme y olvidar", se lamenta. "Pensaba que el inicio de la guerra fue terrible. Ahora creo que aquello era más fácil que esto". 

Su situación no es excepcional. Este invierno, el más duro desde el inicio de la invasión a gran escala, más de un millón de ucranianos han soportado semanas sin electricidad, calefacción ni agua caliente. En enero, el alcalde de Kiev pidió a los residentes que abandonasen la ciudad para aliviar la presión sobre una red eléctrica al borde del colapso. Según la misión de vigilancia de derechos humanos de la ONU, en 2025 murieron 2.514 civiles ucranianos, un 31% más que el año anterior. 

El principal responsable de esa destrucción tiene nombre: Geran-2, la versión rusa del dron iraní Shahed-136. Un aparato triangular de 3,5 metros, capaz de recorrer hasta 2.000 kilómetros con una cabeza explosiva de unos 50 kilos. Los datos de la fuerza aérea ucraniana indican que en 2025 Rusia lanzó unos 54.000 drones de largo alcance, de los que unos 32.000 eran Geran-2. Casi 3.000 al mes, a menudo centenares en una sola noche, para saturar las defensas antiaéreas y abrir paso a los misiles de crucero. "No vuelan muy rápido y por eso son detectables a larga distancia. Pero Rusia los lanza en tal volumen que algunos siempre pasan", explica un agente de un servicio de inteligencia de un país europeo consultado por esta investigación. 

Sin embargo, la responsabilidad de esta crisis no recae solo en Moscú. Una investigación internacional llevada a cabo por infoLibre junto con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el diario belga De Tijd, el ucraniano The Kyiv Independent, el colectivo alemán Paper Trail Media, el británico The Times y el irlandés Irish Times, revela que estos drones están repletos de tecnología europea. Y que esa tecnología sigue llegando a Rusia pese a cuatro años de sanciones. 

Entre las empresas europeas cuyos componentes han sido identificados dentro del Geran-2 hay una con sede en España: Pierburg S.A., filial del grupo alemán de defensa y automoción Rheinmetall, que fabrica componentes para automóviles en su planta de Abadiño (Vizcaya). La bomba de combustible eléctrica que alimenta el motor del dron lleva la marca Pierburg.

La pieza ya aparecía desde 2024 en la web War & Sanctions —de la inteligencia militar ucraniana— catalogada como alemana. Es un nuevo informe del servicio ucranniano el que la atribuye a la subsidiaria española, sin que se conozcan los motivos del cambio. Un portavoz de Rheinmetall confirma que las autoridades aduaneras alemanas informaron a la empresa en enero de 2024 de que "bombas de combustible eléctricas civiles fabricadas en julio de 2020 para el mercado de recambios de automoción habían sido enviadas a Rusia", pero asegura que la compañía no realizó esa entrega y que desconoce quién la exportó. 

Preguntada expresamente por en qué planta se fabricó la pieza —Pierburg también fabrica en Alemania y en la República Checa—, la empresa declinó dar más detalles. La subsidiaria española, Pierburg S.A. no respondió a las preguntas de infoLibre. 

Los datos de importación de la plataforma comercial Import Genius muestran además seis envíos a Rusia en 2024 de productos Pierburg con España como país de origen: válvulas de presión y sensores de oxígeno para automóviles, piezas que no figuran en la lista europea de productos sancionados y de las que no existe indicio de que guarden relación con drones. Tampoco se puede concluir que fueran enviadas directamente por Pierburg. Las piezas llegaron a distribuidores de recambios rusos a través de intermediarios en Kazajistán, Moldavia y Países Bajos. 

En el centro de la investigación hay seis documentos de la inteligencia ucraniana, obtenidos por The Kyiv Independent, que recogen los componentes hallados en los restos de varios Geran-2 derribados, ensamblados tanto en la gran fábrica de Alabuga como en la planta de Izhevsk. Del análisis se desprende que un solo Geran-2 fabricado en Alabuga contiene hasta 294 componentes extranjeros. En total, el consorcio ha identificado más de cien piezas de 19 empresas europeas con sede en ocho países: Reino Unido, Suiza, Alemania, Países Bajos, Austria, Irlanda, España y Polonia.

De los componentes cuyo año de fabricación pudo determinarse, la mayoría databan de 2023 y 2024, lo que descarta que se trate de piezas antiguas anteriores a la invasión. Los componentes europeos están presentes en prácticamente todas las partes tecnológicas del dron: el mecanismo de dirección, el motor, la antena GPS, los dispositivos de navegación por satélite, el sistema de piloto automático y la placa base principal. 

El consorcio ha rastreado, a través de la base de datos Import Genius, los productos de las marcas europeas implicadas que fueron importados por empresas rusas. En 2024 se contabilizaron 1.207 envíos, de los que más de la mitad —672— contenían productos de la lista europea de bienes de doble uso cuya exportación a Rusia está expresamente prohibida. En ningún caso los bienes llegaron directamente desde un país europeo: las rutas pasan principalmente por China y Hong Kong, y en menor medida por Turquía, Emiratos Árabes, Kirguistán o India. 

Las empresas europeas implicadas comparten un discurso común: condenan la invasión, aseguran cumplir las sanciones y no vender a Rusia, pero admiten que no pueden garantizar que sus productos no acaben allí. Algunas ni siquiera descartan que sus componentes lleguen ya montados dentro de electrodomésticos que después se desmontan para darles uso militar. Alex Prezanti, abogado internacional especializado en sanciones, describe el esfuerzo por sancionar a intermediarios como "un juego de golpear topos: puedes perseguir empresas, pero siempre vas un paso por detrás, porque pueden abrir diez nuevas cada día". 

Vladyslav Vlasiuk, comisario para la política de sanciones del Gobierno de Ucrania, describe el mecanismo: "Una empresa alemana envía algo a Turquía, de Turquía va a Hong Kong, de Hong Kong a China y de China a Rusia. Estas cadenas son extremadamente difíciles de identificar y desarticular". Para Vlasiuk, el punto débil son los propios fabricantes: "La respuesta de 'vendemos muchas piezas diminutas y no podemos controlar miles de componentes baratos' ya no sirve. Llevamos casi cuatro años", denuncia el ucraniano. 

¿Funcionan entonces las sanciones? Vlasiuk pone un ejemplo: Rusia no ha logrado aumentar la producción de misiles de crucero, estancada en unas 1.700 unidades anuales, porque no puede conseguir los componentes occidentales necesarios. Pero con los drones la historia es la opuesta: en 2025 se lanzaron más de 32.000 Geran-2, diez veces más que dos años antes.  "Usan menos tecnologías punteras y más componentes chinos, y eso es algo que han podido escalar", reconoce. La fuente del servicio de inteligencia europeo coincide: "China juega un papel importante pero discreto. Es el elefante en la habitación". 

El origen europeo no se limita a los componentes. Ivan Kirichevsky, experto en armamento del think tank Defense Express y miembro de las fuerzas armadas ucranianas, señala que el propio diseño del Shahed es "una copia directa" de Die Drohne Antiradar, un proyecto de la Alemania occidental de los años ochenta. Cuando cayó el muro de Berlín, los planos se dispersaron e Irán los aprovechó. "Incluso el motor es un clon del alemán y la electrónica prevista en el proyecto original es la misma que usa el Shahed moderno", resume. En resumen: un dron de fabricación rusa, con componentes chinos y europeos, basado en un diseño iraní creado a partir de un proyecto alemán.

A casi cuatro años de la invasión, el vigésimo paquete de sanciones de la UE se negocia en Bruselas. Preguntado por esta investigación, ​​David O’Sullivan, enviado europeo para sanciones, asegura que "no ignoraremos los casos en que nuestras sanciones sean eludidas sistemáticamente" y que la Comisión "está lista para reforzar las medidas cuando se identifiquen posibles lagunas". Pero mientras la Unión Europea promete actuar, los drones siguen cayendo. Y en el este de Kiev, Kavinova sigue pasando frío. "Cuando los técnicos reparan el daño, Rusia lanza un nuevo ataque, o se producen averías porque la red eléctrica está sobrecargada".

"Devuélveme mi país", el libro autopublicado de Alvise Pérez, ha escalado hasta el número uno de los libros más vendidos en Amazon España. El agitador digital ha alcanzado este puesto con un libro de 256 páginas que, según su descripción, desgrana "el saqueo sistemático de España" y que solo está disponible en la plataforma de Jeff Bezos, al margen de las librerías tradicionales y las grandes cadenas, por parte de las cuales el eurodiputado ultra denuncia un boicot.

Lo cierto es que solo él sabe cuántos ejemplares ha vendido. Fuentes editoriales consultadas por infoLibre reconocen no poder cuantificar las ventas necesarias para alcanzar el número uno en Amazon debido al "hermetismo total" de la plataforma sobre sus cifras reales. 

Lo que sí se sabe es que el sistema de clasificación de Amazon es alterable. Ejemplos como el de ResultSource —una empresa de marketing ya extinta que “fabricaba bestsellers” manipulando los listados de ventas— o casos en los que reseñas coordinadas han impulsado libros de pseudociencia u obras paródicas publicadas expresamente para denunciar lo manipulable del sistema, demuestran que alcanzar el top no requiere necesariamente ventas masivas, sino movilización concentrada de una comunidad activa.

"No es casualidad que el libro salga ahora", explica Guillermo Fernández Vázquez, politólogo de la Universidad Carlos III. "Un libro no se escribe de un día para otro. Esta es una decisión tomada hace cinco o seis meses, cuando Alvise había perdido completamente el foco mediático y muchos analistas daban a SALF por amortizado".

La publicación llega tras meses de escándalos que han erosionado la imagen del eurodiputado. Desde que reconoció que no está sorteando su sueldo de eurodiputado —una promesa central de su campaña— hasta la sanción del Parlamento Europeo por ocultar sus ingresos y las denuncias de sus propios eurodiputados por acoso, Alvise necesitaba una operación de reposicionamiento de cara al “año electoral de 2026”, explica el politólogo.

"La escritura del libro es la manera de volver a hablar de ti, de hacer una pequeña gira. Es intentar reflotar la marca Alvise Pérez", añade Fernández. "No creo que sea principalmente económico, porque nadie gana mucho dinero con un libro, por muy autopublicado que sea".

El contenido del libro se estructura en torno a capítulos con títulos alarmistas como "Una nación que se extingue", "El colapso de la seguridad ciudadana" o "La reconquista demográfica". "El libro no tiene nada de política, ninguna complejidad", señala Carmen Lumbierres, politóloga. "Son declaraciones de personas que se quejan y un conglomerado de discurso patriótico encendido, el mismo populismo que arrasa en toda Europa".

Lumbierres describe el discurso de Alvise como una "gota malaya" que ha ido calando "en toda esta gente que se aferra a que el Estado es malo, y le da igual que este señor sea un delincuente, porque es una impugnación al sistema". El mensaje, según la experta, conecta directamente con el trumpismo: "Somos grandes, somos una gran nación, no nos tratan como merecemos".

José Rúas, profesor de Comunicación Política en la Universidad de Vigo, señala las contradicciones del fenómeno Alvise, que “se presenta como antisistema pero vive del sistema", como ejemplifica su elección como eurodiputado en 2023. Ahora, Alvise celebra el éxito de su libro en Amazon en el mismo canal de Telegram en el que ha denunciado repetidamente a la plataforma por ser parte de la "tiranía coordinada" contra las redes sociales alternativas, o por “proporcionar datos de ciudadanos europeos a los servicios de espionaje norteamericanos”.

"El síntoma político importante es que el fenómeno Alvise sigue pasando, está vivo y sigue ocurriendo muchas veces por debajo del radar", advierte Fernández. "Sin que nos demos cuenta, Alvise vende muchos libros. Eso significa que hay un público, y es un público que solemos pasar por alto".

Las elecciones de Aragón del pasado 8 de febrero ejemplifican este patrón, señala el experto. SALF obtuvo 18.000 votos (2,74%) —triplicando a Podemos y doblando al Partido Aragonés— con los que se quedó a apenas mil votos de IU-Sumar que sí consiguió escaño. "Mucha gente se enteró de que SALF se presentaba casi ese mismo día o dos días antes", recuerda Fernández.

El resultado de Aragón, aunque insuficiente para conseguir representación, evidencia la capacidad de movilización de SALF al margen del ecosistema mediático tradicional. La formación se presentó con escasa cobertura en medios convencionales, sin apenas actos públicos de campaña y con una candidata, Cristina Falcón, prácticamente desconocida fuera de los círculos de seguidores de Alvise en Telegram.

La clave, según el politólogo, está en que la estrategia de invisibilidad mediática no le perjudica. "Precisamente que los medios no le den bola, que no le inviten, que no forme parte del ecosistema, le da gasolina para su estrategia de victimización", explica. Una estrategia que ha trasladado del plano electoral al editorial: además de los supuestos boicots de librerías y editoriales, Alvise también denuncia una campaña de “sabotaje político” a los envíos de su libro por parte del centro logístico de Barcelona. 

Incluso el trato diferenciado que recibe respecto a Vox —con quien el PP y los medios de derecha han sido más condescendientes— le permite legitimar su mensaje, señala Fernández: "Veis, yo soy el verdadero peligro. Yo no soy como Vox, soy una fuerza política no domesticada".

En agosto de 2019, el “Departamento de Guerra Legal” del Ministerio de Justicia israelí encargó a Cuatrecasas —el despacho español que, como reveló infoLibre en diciembre, llevaba años operando como asesor jurídico secreto del Estado de Israel en España— un análisis detallado sobre una pregunta concreta: ¿qué riesgos legales asume un ciudadano con pasaporte español que se alista en las Fuerzas de Defensa de Israel?

El memorando del despacho catalán, marcado como confidencial, respondió con precisión: los combatientes españoles podrían perder la nacionalidad española si la han adquirido después de nacer y, dependiendo de su actuación en combate, enfrentarse a una querella ante los tribunales españoles.

Aquella consulta, que en la investigación ‘Israel Files’ pasaba desapercibida dentro de una historia más amplia, cobra ahora una dimensión mayor. Una solicitud de información sobre los soldados de las Fuerzas de Defensa con otro pasaporte además del israelí presentada ante el propio ejército israelí por la ONG Hatzlacha y publicada por Declassified UK ha obtenido respuesta este febrero: las FDI tienen registrados 451 soldados con ciudadanía española. 

Las cifras, desglosadas por país en un anexo oficial con membrete del ejército israelí, permiten hacerse una idea de la escala del fenómeno. Las nacionalidades más representadas, con diferencia, son la estadounidense —más de 13.000 soldados con ese pasaporte, casi 1.200 de ellos con una tercera ciudadanía adicional—, la rusa (más de 5.000) y la francesa (más de 6.000). 

En el caso español, los 451 soldados con pasaporte español se dividen entre quienes tienen doble nacionalidad —la israelí más la española— que suman 372 y 79 militares que acumulan al menos tres pasaportes, uno de ellos el español. También aparece en el listado un combatiente identificado como gibraltareño. No todas las nacionalidades que aparecen en el documento se corresponden con un pasaporte válido: también figuran 11 ciudadanos de la Unión Soviética y 6 de Yugoslavia.

Como previó el Ministerio de Justicia de Israel al consultar a Cuatrecasas, el dato tiene relevancia jurídica directa. El Código Civil español y el Decreto 1344/1967 prohíben a los españoles alistarse en ejércitos extranjeros, y establecen que quienes lo hagan contra la prohibición expresa del Gobierno pueden perder la nacionalidad. Cuatrecasas explicó al ministerio israelí que esa consecuencia no afecta a todos por igual: los españoles de origen —es decir, quienes tienen la nacionalidad por nacimiento— no pueden ser privados de ella en ningún caso, según el artículo 11 de la Constitución. Pero quienes la obtuvieron por vía no originaria sí están expuestos. 

En ese grupo hay un colectivo especialmente relevante en el contexto israelí: los judíos sefardíes que se acogieron a la Ley 12/2015 —más de 72.000 el pasado mes de octubre, al cumplirse diez años de la iniciativa—, que desde ese año les permitía obtener el pasaporte español sin renunciar a su nacionalidad israelí y sin necesidad de residir en España. Para ellos, concluía el memorando, el alistamiento voluntario en las FDI podría acarrear la pérdida de la ciudadanía española.

Los ciudadanos israelíes con doble nacionalidad a menudo tienen “muy poco que ver” con su segundo país. “En muchas ocasiones ni siquiera lo han visitado, no tienen familia allí y no hablan el idioma”, explica Yossi Bartal, periodista freelance israelí y coordinador internacional de la investigación ‘Israel Files’ de la red European Investigative Collaborations (EIC). Esto aplica especialmente a los israelíes con nacionalidad española que consiguieron el pasaporte por ser descendientes de judíos sefardíes, declara Bartal.

Más allá de la nacionalidad, el informe advertía de un segundo frente: el penal. Un ciudadano español que sirve en las FDI y participa en un conflicto armado puede ser objeto de una querella en España por crímenes cometidos fuera de sus fronteras, en virtud del principio de personalidad activa recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y si los hechos son constitutivos de genocidio, crímenes contra la humanidad o terrorismo, entra en juego la jurisdicción universal —el mecanismo que, según reveló la investigación de infoLibre, el Ministerio de Justicia israelí lleva años trabajando para neutralizar en España con la ayuda del mismo despacho que firmó este informe—.

El memorando de Cuatrecasas también abordaba un tercer escenario: el de los voluntarios que colaboran con las FDI en tareas no combatientes durante periodos cortos, a través de iniciativas como el Sar-El, un programa de voluntariado temporal para que simpatizantes extranjeros de la causa sionista colaboren con las fuerzas armadas en tareas logísticas. Para ese supuesto, el despacho catalán fue tranquilizador: sin alistamiento formal, no hay implicaciones legales bajo la ley española.

El documento de Cuatrecasas, fechado el 30 de septiembre de 2019, forma parte de la filtración de más de dos millones de correos del Ministerio de Justicia israelí que sustenta la investigación Israel Files, realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC). Su existencia ilustra el tipo de trabajo que el ministerio encargaba a Cuatrecasas: no solo vigilar los avances legislativos sobre jurisdicción universal —blindando a los altos cargos militares y políticos de Israel ante las posibles consecuencias penales de sus crímenes de guerra— o gestionar las visitas de ex altos cargos israelíes a España, sino anticipar los riesgos legales concretos que podía enfrentar cualquier ciudadano con vínculos con el Estado de Israel, desde un ex primer ministro hasta un soldado con doble nacionalidad.

infoLibre ha consultado al Ministerio de Asuntos Exteriores de España si está al tanto de la situación de los 451 nacionales alistados en el ejército israelí y qué medidas se han tomado o se planean tomar al respecto, pero a fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta. 

El 11 de febrero de 2023, el llamado “Día del Honor” en Budapest derivó en enfrentamientos violentos que han desencadenado procesamientos judiciales en varios países europeos. El evento neonazi, que conmemora el intento de ruptura del asedio soviético de 1945 por parte de las tropas de Hitler y colaboracionistas húngaros, se ha convertido en el epicentro de un debate sobre los límites del antifascismo militante y las garantías procesales en la Hungría de Viktor Orbán.

A pesar de —o debido a— su carácter abiertamente ultra, el Gobierno de Orbán ha mostrado una permisividad notable con el evento. Aunque el Tribunal Supremo húngaro prohibió la marcha en 2022, la decisión fue posteriormente revertida. El “Día del Honor” atrae anualmente a miles de simpatizantes de extrema derecha de toda Europa, entre ellos miembros de organizaciones neonazis como Blood & Honour, catalogada como terrorista en varios países. 

El evento incluye una marcha de 60 kilómetros donde participantes exhiben simbología nazi y visten uniformes de las SS —proporcionados por el Museo de Historia Militar de Hungría, dependiente del Ministerio de Defensa—, una práctica que la Comisión Europea ha denunciado como incompatible con los valores fundamentales de la UE.

Las agresiones de 2023

Entre el 9 y el 11 de febrero de 2023, un grupo de activistas antifascistas procedentes de varios países europeos se movilizó para boicotear el evento neonazi. Según las autoridades húngaras, nueve personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, con lesiones que incluyeron fracturas de cráneo. Los agresores utilizaron armas como porras extensibles y martillos, según la Fiscalía húngara.

Las autoridades húngaras iniciaron una investigación que identificó a 18 sospechosos, acusados de formar parte de una organización criminal y de causar lesiones graves. El caso, conocido como “Budapest Complex”, se ha convertido en una operación de alcance europeo.

El rostro más visible del caso Budapest Complex es Ilaria Salis, una profesora italiana detenida el 11 de febrero de 2023 acusada de causar “lesiones que podrían poner en peligro la vida” de tres militantes neonazis.

El caso de Salis saltó a la opinión pública internacional en enero de 2024 cuando fue fotografiada compareciendo ante el tribunal encadenada de pies y manos, una práctica prohibida por las conocidas como “reglas Mandela” que establece la ONU para el tratamiento de reclusos.

Las imágenes provocaron una controversia internacional, con organismos como el Comité Económico y Social Europeo o la Confederación Europea de Sindicatos calificando las condiciones de detención como “degradantes e inhumanas”. Salis permaneció 15 meses en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, desde donde describió a través de cartas las celdas angostas, ratas, cucarachas y la comida podrida. En mayo de 2024 pasó a arresto domiciliario en Budapest bajo fianza de 40.000 euros, en una vista en la que el juez leyó en voz alta su dirección, que rápidamente fue divulgada por portales de extrema derecha.

Su liberación definitiva llegó en junio de 2024, tras obtener más de 175.000 votos en las elecciones europeas como candidata de Alianza Verdes e Izquierda. La inmunidad parlamentaria adquirida tras los comicios obligó a las autoridades húngaras a liberarla y permitir su regreso a Italia.

El Gobierno de Hungría solicitó posteriormente la revocación de su inmunidad, una petición que el Parlamento Europeo rechazó en octubre de 2025 por un solo voto de diferencia: 306 contra 305. El Partido Popular Europeo decidió votar a favor de los intereses de Orbán —aunque varios diputados rompieron la disciplina de voto— a pesar de que la Comisión de Asuntos Jurídicos había recomendado mantener la inmunidad tras determinar la existencia de indicios de persecución política por parte del Gobierno húngaro. 

El caso más controvertido es el de Maja T., activista antifascista de origen alemán de 24 años y género no binario. Su detención tuvo lugar en Berlín en diciembre de 2023 y su extradición a Hungría se produjo en 2024.

El Tribunal Constitucional alemán dictaminó que la extradición era ilegal pero la resolución llegó después de haberse ejecutado la orden de traslado. El tribunal se refirió expresamente a “condiciones de higiene inadecuadas, falta de acceso a agua caliente, chinches, alimentación escasa y de mala calidad, temperaturas extremas e deficiente iluminación y ventilación, violencia contra los reclusos y deficiencias en el Estado de derecho”.

Durante su detención en Hungría, Maja inició una huelga de hambre de 40 días en protesta por las condiciones carcelarias, que incluían régimen de confinamiento —debido a su género no binario, según denunció su familia—, videovigilancia las 24 horas del día, y el uso permanente de esposas fuera de la celda. Seis guardias de la prisión desnudaron a la fuerza a Maja, según su comparecencia judicial, en una experiencia que calificó de “degradante e inhumana”. El Ministerio del Interior húngaro respondió afirmando que por "su actitud y su sonrisa" se podía concluir que provocaba deliberadamente a los guardias.

El pasado 4 de febrero, Maja recibió una condena a ocho años de prisión. La Fiscalía había solicitado 24 años. Su abogado defensor describió las grabaciones de vídeo de las cámaras de seguridad como “completamente inadmisibles como prueba”, argumentando que en las imágenes Maja “pasa, se da la vuelta y abandona la escena. Ni tiene una porra, ni ataca ni golpea a nadie”. 

A pesar de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de su extradición, el Ministro del Interior alemán ha respaldado la condena, subrayando que Maja T. “pertenece a un grupo de extrema izquierda que atacó a otras personas con armas”. 

“Se produjeron lesiones corporales gravísimas. Una persona sufrió una fractura de cráneo. Eso debe llevar a una condena”, aseguró el ministro, que también defendió que no hay “nada que objetar a que el procedimiento y la posterior sentencia se hayan llevado a cabo en Hungría”. 

Alemania ha procesado a varios de sus ciudadanos por los mismos hechos. Hanna S., una estudiante de arte de 29 años, fue arrestada en Núremberg en mayo de 2024 y juzgada en Múnich en lugar de ser extraditada a Hungría.

La Fiscalía alemana inicialmente solicitó nueve años de prisión por tentativa de asesinato. El tribunal finalmente la condenó a cinco años, desestimando el cargo de tentativa de asesinato pero confirmando los cargos de pertenencia a organización criminal y lesiones graves. Su abogado argumentó que nunca se demostró su presencia en Budapest y que los análisis biométricos presentados como prueba "no estaban científicamente validados".

Las organizaciones de derechos humanos han expresado serias dudas sobre las garantías procesales en Hungría. El Tribunal de Apelación de Milán rechazó la extradición de otro activista italiano, Gabriele Marchesi citando “la falta de claridad ofrecida por Budapest sobre la situación en sus prisiones”, y la posibilidad de que recibiera un “trato degradante” y “una condena desproporcionada” si se le juzga en Hungría. Marchesi fue condenado en ausencia a siete años de prisión en el mismo juicio que Maja T. 

La diputada del Parlamento Europeo Martin Schirdewan, que visitó a Maja T. en prisión, declaró que el sistema judicial húngaro ha sido “vaciado por el Gobierno de Orbán” durante sus 15 años en el poder.

El Gobierno húngaro, por su parte, ha designado oficialmente a “Antifa” como organización terrorista, siguiendo el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos. Viktor Orbán acusó directamente a Salis de "apalear a gente pacífica en las calles de Budapest con barras de hierro" durante el debate en el Parlamento Europeo en el que solicitaba anular su inmunidad parlamentaria.

Tres años después de aquella jornada de febrero de 2023, el "Budapest Complex" sigue planteando interrogantes incómodos sobre las garantías procesales en un país miembro de la UE y sobre la capacidad de Europa para defender el estado de derecho en su propio territorio. 

Según sus páginas web, las organizaciones neonazis Légió Hungária y Blood & Honour —esta fue última ilegalizada en España en 2011 y en 2023 se detuvo a 16 integrantes de Combat 18, considerada su brazo armado— tienen previsto realizar sus actos del “Day of Honor” a lo largo de esta semana y la siguiente “en una propiedad privada de algún lugar de Hungría”.   

La Casa Blanca ha rebajado en los últimos días el tono sobre Groenlandia. Donald Trump ha descartado, al menos por ahora, el uso de la fuerza para hacerse con el control de la isla ártica, después de semanas de declaraciones amenazantes que habían disparado las alarmas en Copenhague y en varias capitales europeas. El giro retórico no elimina, sin embargo, el fondo del mensaje: para Washington, Groenlandia sigue siendo un activo estratégico de primer orden, y la soberanía danesa se sitúa en el terreno de lo negociable.

La moderación del lenguaje no borra el precedente. Por primera vez en décadas, el territorio de un aliado histórico entra de forma explícita en el radar de Estados Unidos. Aunque ahora la opción militar no parezca estar sobre la mesa, en plena escalada retórica Trump no solo no la descartó, sino que hizo varias referencias al uso de la fuerza, demostrando que cuando los intereses estratégicos se imponen, la soberanía de los socios puede convertirse en una ficha más del tablero.

El caso danés es especialmente sensible por el historial de lealtad acumulado. Dinamarca ha sido uno de los aliados más fiables de Estados Unidos en el marco de la OTAN durante las dos últimas décadas. Ha participado en misiones militares en Afganistán e Irak, donde asumió un coste humano elevado —43 bajas solo en Afganistán, más que Estados Unidos en proporción a su población— y ha mantenido una política exterior alineada con Washington. En paralelo, ha reforzado su compromiso con el gasto en defensa, como exigía Trump, y con las estructuras de la OTAN.

Ese historial convierte el episodio de Groenlandia en algo más parecido a una traición que a una fricción diplomática puntual. Desde la óptica danesa, las amenazas estadounidenses a la isla — bajo soberanía del Reino de Dinamarca, aunque con amplio autogobierno— suponen un cuestionamiento de que esa lealtad tenga algún valor estructural cuando entran en juego intereses estratégicos de primer nivel. 

Para Jacob Kirkegaard, investigador danés del think tank Bruegel en Bruselas, en última instancia el episodio de Groenlandia ha sido positivo para la Unión Europea, que ha sabido trasladar el mensaje de que la soberanía de uno de sus Estados miembros no es negociable, y la amenaza de una guerra de aranceles como medida de presión tampoco suponía una opción aceptable. “La UE ha sido más efectiva manteniendo a Trump a raya que el propio sistema político estadounidense”, declara Kirkegaard. 

Aún así, el mensaje es claro: ni el cumplimiento sobrado de compromisos militares, ni la alineación diplomática, ni el coste político asumido durante años garantizan que un aliado histórico se libre de la presión directa y las amenazas de anexión si posee un activo considerado clave por Washington. Según Kirkegaard, “Trump es capaz de cualquier cosa si necesita crear una distracción de su política doméstica”. La conclusión a sacar es que “Estados Unidos no es un aliado fiable. Ni la Unión Europea ni Dinamarca pueden confiar en la seguridad proporcionada por ellos” y deben “acelerar hacia la autonomía militar”, según el analista.

Aunque el estilo de Trump ha llevado esta lógica a primer plano, el problema no nace con su segundo mandato. La política exterior estadounidense arrastra desde hace décadas un patrón reconocible: determinadas alianzas, especialmente en contextos periféricos o asimétricos, han sido tratadas de forma instrumental. Bajo el mandato de Biden, la retirada apresurada de Afganistán en 2021 dejó a decenas de miles de colaboradores locales —intérpretes, personal civil y otros empleados vinculados a las fuerzas estadounidenses— fuera de los programas de evacuación, generando críticas incluso dentro de Estados Unidos sobre el trato dispensado a quienes habían arriesgado su integridad trabajando directamente para el país.

Sin embargo, con el segundo mandato de Trump, la diferencia no es solo de grado, sino también de forma. Su estilo ha transformado una práctica tradicionalmente gestionada con discreción diplomática en una política explícita, pública y personalista, donde la presión deja de ser implícita y se convierte en un mensaje político trasladado de forma agresiva. Bajo su presidencia, la relación con sus aliados ha adoptado una lógica cada vez más transaccional. La amenaza de retirada de apoyo, el cuestionamiento público de compromisos y la presión directa se integran en una estrategia que convierte cualquier alianza en una negociación permanente.

Esta lógica no se limita al plano militar y también se ha proyectado sobre las relaciones comerciales con aliados históricos. El Reino Unido ofrece un ejemplo paradigmático: el Brexit fue presentado por parte de sus promotores como una oportunidad para reforzar una relación privilegiada con Estados Unidos y negociar con Trump acuerdos comerciales más ventajosos. Diez años después, la salida de la Unión Europea no se ha traducido en un trato preferente por parte de Washington, que ha priorizado sus propios intereses y ha mantenido una posición dura en las negociaciones.

Canadá, uno de los socios más cercanos de Estados Unidos, también ha experimentado esta dinámica. La imposición de aranceles bajo el argumento de la “seguridad nacional” evidenció hasta qué punto incluso un aliado histórico puede ser tratado como un actor económico prescindible cuando entra en conflicto con las prioridades internas de Trump. Fuera del plano comercial, Trump también ha incluido a Canadá en su retórica expansionista, refiriéndose al país vecino como el “estado 51” en varias ocasiones, o subiendo a su red social un mapa de en el que Canadá —junto con Venezuela y Groenlandia—  aparece como parte del territorio estadounidense. 

La dimensión más personalista de esta lógica se ha reflejado también en el trato de Trump a figuras políticas extranjeras que han buscado su respaldo mediante gestos de alineamiento. Hasta en dos ocasiones —la primera el pasado junio y la última esta misma semana— Trump ha publicado pantallazos de conversaciones privadas exponiendo cómo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le alababa desmesuradamente con mensajes como “has conseguido lo que ningún otro presidente podría” o  “no puedo esperar a verte”.

Recientemente también ha acaparado la atención la decisión de María Corina Machado de regalarle su premio Nobel de la paz a Trump, que lo aceptó encantado. Esta genuflexión, que viene tras la negativa del presidente a incluirla en sus planes de gobierno para Venezuela por “no tener el suficiente apoyo ni liderazgo”, sí parece de momento haber obtenido más resultado, con el presidente desdiciéndose de su postura anterior y abriendo la puerta a que Machado pueda jugar un papel en el Ejecutivo venezolano. 

El episodio de Groenlandia funciona como una señal para el conjunto de Europa. Dinamarca es un aliado fiable y con un historial de cooperación difícilmente cuestionable. Si incluso un país con ese perfil puede ver cómo su soberanía se convierte en objeto de presión estratégica, el mensaje para el resto de aliados es inequívoco. En el marco de Trump, la alianza con Estados Unidos y el cumplimiento de sus directrices no solo no es un escudo ante las amenazas externas, sino que puede llegar a ser la propia fuente de las amenazas.

La rebaja del tono sobre Groenlandia puede aliviar temporalmente la tensión diplomática, pero no elimina la lógica que la ha hecho posible, que apunta a una transformación profunda de lo que significa hoy ser aliado de Estados Unidos.

La empresa ferroviaria Iryo ha saltado, por desgracia, a la primera plana mediática tras el descarrilamiento de uno de sus trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, un accidente cuyas causas aún se desconocen y que se ha saldado, de momento, con 40 víctimas mortales.

Se trata del segundo operador de alta velocidad más importante de España por volumen de pasajeros, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Iryo alcanzó en los tres primeros trimestres de 2025 —últimos datos disponibles— los 8,98 millones de viajeros, lejos de los 21,9 millones de Renfe pero con una clara ventaja sobre los 2,93 millones de Ouigo, de la que en 2023, en su primer año completo de competencia, solo le separaron 90.000 usuarios.

La liberalización del mercado ferroviario, con la entrada de Iryo y de Ouigo y la respuesta de Renfe con su nueva marca Avlo, no solo no ha hundido el volumen de la operadora estatal, sino que ha ensanchado el mercado total: en 2019, bajo monopolio, la alta velocidad comercial movía 22,37 millones de viajeros. Al cierre de 2024 —último año completo disponible—, la cifra se había elevado hasta los 39,54 millones, de los cuales Renfe transportó 28,62 millones. Es decir, el operador público hoy mueve más viajeros que cuando estaba solo en el mercado.

En este nuevo tablero liberalizado, Iryo, propiedad al 51% del operador público italiano Trenitalia, ha protagonizado el ascenso más rápido hasta hacerse con el segundo puesto del mercado. Tras un inicio testimonial a finales de 2022, en 2024 transportó a 7,82 millones de pasajeros, multiplicando por más de dos el volumen total de Ouigo, su otro competidor privado, en el conjunto de la red.

Iryo es el segundo operador por volumen de viajeros en cuatro de los cinco principales corredores de alta velocidad, con el de Madrid-Alicante como excepción. En el eje Madrid-Málaga, donde ha tenido lugar el descarrilamiento, concentra a 22 pasajeros de cada 100. 

El eje Madrid-Málaga/Granada, donde hasta el pasado enero de 2025 aún solo operaban Renfe e Iryo, es el escenario donde la tensión operativa es más evidente. Antes de la liberalización, por el corredor se movían 2,47 millones de viajeros anuales. Hoy, tras la entrada de Iryo en marzo de 2023 y de Ouigo en enero de 2025, el ritmo ha saltado a los 1,65 millones de viajeros trimestrales para el tercer trimestre del año . Proyectada anualmente, esta cifra refleja que la ruta soporta hoy a 6,5 millones de personas, más del doble que con el monopolio de Renfe.

Los informes de la CNMC identifican dentro de este corredor el tramo más saturado de todo el sistema ferroviario: la línea Antequera-Granada, identificada como 036, es la más tensionada de toda la red de alta velocidad, con un índice de saturación del 77%. Este índice, según refleja la CNMC, relaciona la capacidad total de una línea con el tráfico actual. 

Adamuz, punto del reciente descarrilamiento, se sitúa cerca de la bifurcación de Córdoba, que divide la línea de Sevilla y la de Málaga, un embudo logístico que soporta más de 80 trenes de pasajeros diarios, una de las densidades más altas del país, solo comparable al tramo Tarragona-Barcelona. 

La liberalización del mercado ferroviario y la irrupción de operadores privados que han terminado con el monopolio estatal de Renfe no es tanto una privatización como una competición entre Estados europeos. La etiqueta de “operadores privados” es, en la práctica, un tecnicismo contable: el capital que ha capturado el crecimiento de la alta velocidad en España no proviene de fondos de inversión, sino de los balances públicos de Roma y de París.

Iryo pertenece en su mayoría a Trenitalia, la operadora estatal italiana, que comparte accionariado con Air Nostrum y Globalvia, pero ejerce el control mayoritario tras elevar su participación al 51% el pasado noviembre de 2024. Ouigo, la tercera operadora del país, es propiedad íntegramente de la operadora estatal francesa SNCF, dependiente del Gobierno galo.

Mientras las compañías públicas de nuestros vecinos rentabilizan la infraestructura ferroviaria española —construida con fondos estatales— Renfe Viajeros reportó unos tímidos beneficios de 5,4 millones de euros en 2024, cifra muy positiva comparada con la de 2023, cuando perdió 65 millones. Una excepción española, la del operador estatal incapaz de competir en beneficios con sus homólogos europeos, que se repite en otros sectores como el de Correos.

Donald Trump interrumpió una reunión estratégica con ejecutivos de las mayores petroleras del mundo para levantarse de la mesa, caminar hasta la ventana de la sala y quedarse mirando las obras de su nuevo salón de baile, un proyecto personal que ya ha duplicado su coste inicial y que el presidente volvió a elogiar durante varios minutos ante una audiencia desconcertada.

 “Un momento inusual para mirar, pero pensé que ya que estábamos…”, dijo, antes de volver a sentarse y retomar la conversación. Minutos después, anunció en voz alta que el Secretario de Estado, Marco Rubio, acababa de pasarle una nota privada, y procedió a leerla íntegra ante todos los presentes, generando confusión en la sala y obligando al propio Rubio a reconducir la reunión.

Las escenas, captadas en vídeo, tuvieron lugar el pasado 9 de enero durante un encuentro con ejecutivos de las compañías petroleras Chevron y Exxon para impulsar inversiones en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Para buena parte de la prensa estadounidense, se convirtió en la imagen más reciente de una sucesión de comportamientos públicos que han reactivado el debate sobre la capacidad cognitiva del presidente para ejercer el cargo en su segundo mandato.

A lo largo de 2025, Trump ha protagonizado intervenciones erráticas, discursos plagados de digresiones y episodios de aparente desorientación que han alimentado la preocupación incluso entre antiguos aliados. En un análisis publicado a finales de año, The Guardian recopiló múltiples apariciones públicas en las que el presidente se desvió de los temas previstos para hablar de asuntos inconexos, mezcló anécdotas improbables con afirmaciones falsas y mostró dificultades para mantener el hilo de sus intervenciones.

Trump se convirtió el año pasado en el presidente estadounidense de mayor edad al jurar el cargo, tras una campaña en la que el supuesto deterioro cognitivo del presidente saliente, Joe Biden, fue uno de sus mayores argumentos electorales. Biden protagonizó durante su mandato varias escenas alarmantes como su actuación en su último debate electoral antes de dejar paso a Kamala Harris, quedarse aparentemente dormido en cumbres internacionales o sufrir varias caídas en actos públicos. 

Ahora, la sucesión de varios episodios similares, aunque no tan flagrantes, por parte de Trump, ha llevado a algunos medios estadounidenses a dejar de tratar estos gestos como simples excentricidades y a situarlos en un marco más amplio: el de un presidente de 79 años que ejerce el poder sin apenas filtros ni contrapesos efectivos. 

Frente a estas dudas, Trump ha optado —como es habitual en él— por una estrategia de confrontación. A comienzos de enero volvió a presumir en su red social, Truth Social, de haber “acertado al 100%” un test cognitivo —cuyos resultados no publicó— por “tercera vez consecutiva”, asegurando que los médicos de la Casa Blanca le habían declarado en “perfecta salud”. El mensaje, lejos de cerrar el debate, lo reavivó.

En declaraciones a The Daily Beast, el analista médico de NBC News Vin Gupta advirtió de que someterse con tanta frecuencia a pruebas como el test cognitivo de Montreal no suele ser un indicio tranquilizador. Según explicó, este tipo de evaluaciones se repiten habitualmente cuando existe un seguimiento de posibles deterioros, no como chequeo rutinario. El psicólogo John Gartner fue más allá al señalar, en declaraciones al mismo medio, que repetir la misma prueba varias veces sugiere monitorización de un problema, no simple evaluación preventiva.

La Casa Blanca ha rechazado de plano estas interpretaciones. Sus portavoces han insistido en que Trump goza de una agudeza mental “sin parangón” y han evitado facilitar información detallada sobre las pruebas médicas a las que se ha sometido el presidente. La opacidad ha contribuido, sin embargo, a mantener viva la especulación, especialmente después de que en octubre trascendiera que Trump se había realizado una resonancia magnética durante un reconocimiento médico, cuya explicación oficial fue que era una “prueba preventiva”.

El debate ha trascendido el ámbito mediático y médico para instalarse en el terreno político y jurídico. Un análisis publicado por la International Bar Association, una organización global de juristas, subraya que no se trata solo de diagnosticar al presidente, sino de evaluar si determinados comportamientos públicos pueden tener consecuencias constitucionales. El texto recuerda que la 25ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contempla un mecanismo —nunca utilizado, aunque también frecuentemente mencionado con Joe Biden— para apartar a un presidente incapacitado para desempeñar sus funciones, siempre que el vicepresidente y la mayoría del gabinete así lo declaren.

El artículo repasa discursos recientes de Trump, como su intervención ante la Asamblea General de la ONU o su discurso ante mandos militares en Virginia, en los que combinó amenazas, digresiones y afirmaciones falsas, y recoge las declaraciones de dirigentes demócratas que han planteado abiertamente la posibilidad de activar ese mecanismo. La propia IBA reconoce, no obstante, que la viabilidad política de una medida así es mínima en un gabinete dominado por leales al presidente.

En un segundo mandato marcado por la concentración de poder y la erosión de los contrapesos democráticos, los gestos de Trump han dejado de ser simples anécdotas. Para una parte creciente del debate público estadounidense, se han convertido en síntomas de un problema mayor: qué ocurre cuando el poder absoluto se ejerce sin nincgún control, y cuando las dudas sobre la capacidad de quien lo ostenta ya no pueden despacharse como ruido mediático.

Portugal acude este domingo, 18 de enero, a las urnas para elegir, en una primera vuelta que se prevé de infarto, a su nuevo presidente de la República. El país llega a esta cita tras un ciclo de inestabilidad crónica que ha encadenado cinco grandes citas con las urnas desde 2022 —legislativas en 2022 y 2024, europeas en 2024, locales en 2025 y estas presidenciales—, lo que ha generado una fatiga democrática que el líder de Chega, André Ventura, ha sabido capitalizar con maestría. 

Los últimos datos publicados por el radar de sondeos del diario Observador sitúan a Ventura en un empate técnico (22,5%) con el socialista António José Seguro (20,9%), lo que apunta a una segunda vuelta inédita donde la derecha radical dispute la jefatura del Estado cara a cara con el sistema tradicional. 

Sin embargo, la lectura de una "ola ibérica" trasladable a nuestro país por parte de Vox es superficial: Ventura opera en un vacío de poder que Santiago Abascal no tiene en España.

La columna vertebral de ambos proyectos es el hiperliderazgo. Tanto en Vox como en Chega, el partido ha dejado de ser un órgano de debate para convertirse en una herramienta de mando vertical concentrada en el número uno. En España, Vox ha completado en el último año su metamorfosis hacia un partido de cuadros controlados por el líder. 

El ascenso de la “generación ISSEP”, con figuras como Carlos Hernández Quero —en detrimento de históricos del partido como Espinosa de los Monteros— ha consolidado un aparato con el poder fuertemente concentrado en Abascal, que también ejerce la presidencia de Disenso, la fundación del partido, apoyado en el denominado “clan de Intereconomía”, que opera las terminales mediáticas. Este control se ha manifestado recientemente en el desmantelamiento de la organización juvenil Revuelta tras las irregularidades detectadas en la gestión de donaciones para la dana, y la revelación de unos audios que demuestran cómo bajo el mando de Abascal no se tolera ninguna estructura que no sea satélite del núcleo central.

En Portugal, Ventura ha replicado este autoritarismo mediante un sistema de "plebiscito permanente". El líder de Chega utiliza sistemáticamente los congresos relámpago y las dimisiones tácticas para forzar a sus bases a renovar su confianza cada vez que asoma una crítica interna, logrando revalidar su cargo con mayorías del 98%. 

Mientras Abascal ejerce el poder a través de una estructura centralizada, Ventura lo hace mediante el puro personalismo mesiánico, —herencia de su etapa como comentarista deportivo—, que también encuentra su eco en el protagonismo de Abascal en las campañas electorales autonómicas, por encima de los propios candidatos. En ambos casos, el resultado es una estructura donde la disidencia es sinónimo de expulsión y el líder es el único capital político real.

Donde la comparación suele simplificarse es en la elección del "enemigo". Ambos partidos comparten una base inamovible: el rechazo frontal al multiculturalismo y la construcción de una identidad nacional excluyente frente a lo que consideran una "invasión" migratoria. En su mensaje de Año Nuevo de 2026, Abascal volvió a situar la inmigración ilegal como la principal amenaza para la supervivencia de España, un discurso que mimetiza el programa de "remigración" que Ventura ha elevado al Parlamento luso para facilitar expulsiones masivas de residentes.

Sobre este cimiento xenófobo, cada formación añade una capa de hostilidad adaptada a su realidad nacional. En España, además de la inmigración, Vox agita el conflicto territorial como motor de voto; su retórica contra el Estado de las Autonomías y los partidos nacionalistas le permite presentarse como el último baluarte frente al “separatismo golpista”. 

Portugal, al ser un Estado unitario con una centralización histórica sin fisuras, carece de ese "enemigo periférico". Por ello, Ventura ha tenido que fabricar su propia diana interna: la comunidad gitana y los beneficiarios de ayudas sociales. Su discurso, tachado de racista por organizaciones internacionales, no busca la unidad territorial, sino una limpieza del sistema frente a los “dependientes de subsidios”.

Mientras Vox añade la capa del antiseparatismo, Chega explota el clasismo identitario, pero ambos mantienen el rechazo al inmigrante y la defensa de la "cultura occidental" como su principal bandera.

La gran tesis de este análisis reside en la incomparecencia de los rivales. En España, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha logrado mantener la hegemonía del bloque conservador, actuando como un muro de contención que, de momento, pone techo al crecimiento de Vox, aunque el impulso de este en el último año es más que notable. 

En cambio, el centroderecha portugués (PSD) llega a estas presidenciales en estado de demolición tras el colapso del Gobierno de Luís Montenegro en 2025 por el caso Spinumviva. El escándalo de corrupción familiar ha dejado al candidato tradicional, Luís Marques Mendes, hundido en la quinta plaza de los sondeos (14,9%), cediendo todo el protagonismo de la derecha a Ventura.

A esto se suma el desplome de la opción liberal de João Cotrim de Figueiredo (18,4%), cuya campaña ha saltado por los aires esta semana tras la admisión a trámite de una denuncia de acoso sexual contra él interpuesta por una antigua asesora. 

En Portugal, la ultraderecha no está ganando solo por la fuerza de sus ideas, sino por la debilidad de sus adversarios. El resultado del domingo dirá si el populismo de Ventura logra asaltar el Palacio de Belém, pero la lección para España es clara: el riesgo de la descomposición de las fuerzas tradicionales que sirven de dique frente al radicalismo.

La factura de la sanidad privatizada en la Comunidad de Madrid alcanzó su techo histórico en el ejercicio 2024, según el último informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas. Bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, —desde el ejercicio 2019 y sin contar el 2020, del que no hay datos— la administración regional ha reconocido obligaciones de pago por un total acumulado de 6.048 millones de euros a las entidades concesionarias de los hospitales públicos de gestión privada mediante concesión administrativa, que incluyen a los grupos Quirón Salud y Ribera Salud. 

Este volumen de gasto ha registrado su mayor hito en el ejercicio 2024. El último informe de fiscalización revela que las obligaciones reconocidas en esta partida —que incluye, además del gasto de los hospitales, el del traslado de los pacientes y otras partidas como pruebas especializadas— sumaron 1.957,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 65,7% respecto al año anterior. 

Este salto no responde a un aumento proporcional de la actividad, sino al reconocimiento de 909,9 millones de euros correspondientes a las liquidaciones de ejercicios anteriores. Se trata de gastos ya devengados que la Comunidad mantenía como "obligaciones pendientes de reconocimiento" y que han pasado al presupuesto de gastos de forma conjunta en este ejercicio.

El grueso del gasto en gestión indirecta en 2024 se concentra en los centros operados por los grandes grupos privados, con Quirón Salud a la cabeza. El grupo, que gestiona cuatro hospitales en la red pública madrileña, ha recibido este año 1.611 millones de euros, que sumados a los 3.857 millones que ya habían recibido desde 2019, hacen un total de 5.649 millones sin contar 2020, año en el que la Cámara de Cuentas no detalla las cuantías en su informe de fiscalización.

A esta cifra se suman los 144,4 millones de euros destinados al Hospital Universitario de Torrejón (Ribera Salud). En total, la factura de estos cinco centros con concesión administrativa suma 1.755,4 millones de euros en 2024, una cifra que absorbe tanto el coste ordinario del servicio como el pago de los atrasos acumulados durante los cuatro años posteriores al inicio de la pandemia.

Estas cifras se refieren solo a los hospitales que tienen gestión privada a través de una concesión del servicio público, además de la Fundación Jiménez-Díaz, que cuenta con su propio concierto. Pero hay otros siete hospitales públicos —Suroeste, Tajo, Infanta Cristina, Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía y Majadahonda— que funcionan bajo gestión privada a través de concesión de obra, en los que la Comunidad paga a las entidades concesionarias un canon mensual que no se detalla en el informe de la Cámara de Cuentas. 

El informe también señala deficiencias en la vigilancia que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ejerce sobre estas concesiones. El ente fiscalizador describe una administración que, a pesar de abonar miles de millones de euros, no supervisa aspectos fundamentales del contrato como las explotaciones comerciales privadas de los hospitales, sobre las que se denuncia una “carencia de control suficiente”. Denuncia también una falta de supervisión de los contratos y pólizas que las empresas concesionarias están obligadas a mantener, así como  “deficiencias en el seguimiento contable de los activos de concesión” y “falta de tramitación previa de modificaciones contractuales y reequilibrios económicos”. 

La regularización de los 910 millones de deuda antigua mencionados anteriormente no ha cerrado el saldo de pagos pendientes. Mientras la Comunidad de Madrid liquidaba las deudas de las cuentas de ejercicios anteriores, la fiscalización de 2024 ha detectado que ya se ha vuelto a generar una nueva partida de 458,7 millones de euros en obligaciones "pendientes de reconocimiento". 

De esta nueva deuda, 241,1 millones corresponden de nuevo a la Fundación Jiménez Díaz, es decir al grupo Quirón Salud. Se trata de facturas que ya han sido devengadas por la prestación del servicio pero que todavía no han pasado por el presupuesto de gastos, asegurando que la factura real de la sanidad indirecta siga siendo, un año más, superior a la inicialmente presupuestada. El modelo, según el auditor, mantiene un desfase estructural entre el gasto real y el reconocimiento administrativo del mismo. 

Hay herencias que tardan décadas en liquidarse. En la Comunidad de Madrid, el legado de la época de las grandes infraestructuras de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre no solo sobrevive en el hormigón abandonado, sino también en las cuentas del Gobierno regional. El último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2024, pone de manifiesto que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso mantiene en su activo 303,02 millones de euros en “obras fantasma” abandonadas que en varios casos no son recuperables, según la propia Administración. 

No se trata de un simple descuadre contable. Según explican fuentes de la Cámara de Cuentas consultadas por infoLibre, el mantenimiento de este valor en los libros responde a una “clara sobrevaloración del activo” motivada por la resistencia política a admitir que esos proyectos son hoy dinero perdido. Al no limpiar la contabilidad, el Ejecutivo de Ayuso evita enviar el mensaje de que cientos de millones de euros de inversión pública terminaron, literalmente, en vía muerta.

El grueso de esta "riqueza fantasma" se concentra en proyectos ferroviarios que nunca llegaron a destino o que fueron cerrados prematuramente por falta de usuarios. El máximo exponente de ellos es el ferrocarril de Móstoles a Navalcarnero, una obra iniciada en 2008, bajo el mandato de Aguirre, y abandonada apenas dos años después, que la Comunidad sigue valorando como un activo de 126,2 millones de euros. 

Mientras en la Puerta del Sol se resisten a admitir dicha pérdida en sus libros, la factura real no deja de crecer: el Gobierno regional ya tuvo que abonar 162,5 millones de euros en indemnizaciones a la constructora OHLA en 2022 por la liquidación prematura del contrato. La estrategia actual para mantener viva esta ficción contable pasa por que sea el Ministerio de Transportes quien se haga cargo de dicha infraestructura. El departamento de Óscar Puente licitó el pasado diciembre un estudio de viabilidad para intentar rescatar la obra, en lo que supondría, de facto, un traspaso de la responsabilidad sobre dicha ejecución que la Comunidad lleva años reclamando y que le permite deshacerse de la responsabilidad sin reconocer que la inversión fue un fracaso.

A pocos kilómetros, en San Martín de la Vega, la línea de Cercanías C-3a, que pretendía dar servicio al parque temático Warner, ofrece una estampa de abandono todavía más visual, con la estación dejada a su suerte y vandalizada, y un trazado que la propia Administración descartó oficialmente recuperar en diciembre de 2024 por no ser rentable. Como en el caso del tren Móstoles-Navalcarnero, la Comunidad de Madrid pretende que el Ministerio de Transportes se haga cargo del servicio. 

Aunque este activo figura en el balance con un valor de 59,8 millones de euros, la realidad es que se trata de una infraestructura que llegó a registrar una media de apenas cuatro usuarios por tren antes de su clausura en 2012. La desidia contable con este proyecto convive con nuevos hachazos judiciales: el pasado diciembre, el Tribunal Supremo condenó a la región a pagar 7,5 millones de euros adicionales por la expropiación de unos terrenos al iniciar la construcción de la vía, que lleva 13 años cerrada.

La variante de Torrejón de Ardoz completa este mapa de la herencia ferroviaria no resuelta. Con una obra ejecutada —en este caso bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón— y valorada en sus libros en 26,6 millones de euros (de un contrato total de 69,9 millones), se trata de un túnel inacabado que la Comunidad de Madrid decidió paralizar definitivamente en 2017. La Administración admitió entonces que el proyecto era "inviable" debido a que el entonces Ministerio de Fomento exigía para su explotación una segunda fase que ni siquiera estaba planificada ni contaba con proyecto constructivo. 

Según los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora, la Comunidad tuvo que abonar a la constructora Sacyr una indemnización de 1,91 millones de euros exclusivamente por el desistimiento del contrato, a lo que se suman otras reclamaciones por daños y perjuicios derivados de años de suspensiones y errores en la gestión de permisos y expropiaciones. Pese a este abandono oficial, el Gobierno regional ha mantenido el valor de lo ya construido en su balance utilizando el término contable "inmovilizado": esto le evita reconocer que la infraestructura carece de utilidad.

El cuarto "activo fantasma" es la carretera M-203 (recientemente rebautizada como MP-205), que figura en el balance como "inmovilizado terminado" por un valor de 90,3 millones de euros. Esta vía de 12,5 kilómetros, diseñada originalmente en 2005 para unir la A-2 con la R-3 y la M-50, lleva casi dos décadas en un limbo administrativo. Aunque el asfalto está terminado y en perfecto estado, la falta de permisos originales de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ministerio de Fomento paralizó las obras en 2007, un año antes de su inauguración prevista, convirtiéndola en un escenario habitual para rodajes de cine y carreras ilegales.

El fiasco no solo es logístico, sino financiero: tras un litigio judicial, la Comunidad de Madrid fue obligada a pagar 73,4 millones de euros a la constructora Ferrovial por la resolución del contrato. La Cámara de Cuentas advierte que el activo debe ser “regularizado” (borrado del balance) en caso de que dicha vía continúe abandonada. El Gobierno de Ayuso ha anunciado su “resurrección” dentro del Plan de Carreteras 2025-2032. La maniobra implica una nueva inversión –adicional a la inicial– de casi 60 millones de euros para completar la conexión, una promesa que permite esquivar, un año más, la asunción de este agujero en las cuentas públicas.

Junto a las obras paradas, la fiscalización del ejercicio 2024 pone el foco en un desorden administrativo que arrastra la Comunidad desde que absorbió a la desaparecida empresa autonómica MINTRA en 2011. Al hacerse con ella, adquirió también un derecho de cobro de 121,6 millones de euros que Metro de Madrid le debe ahora a la Comunidad por el arrendamiento de vías desde hace más de una década.

Al ser Metro una empresa propiedad de la Comunidad de Madrid, en las cuentas consolidadas el impacto en el balance neto es nulo (lo que uno debe, el otro lo tiene por cobrar). Sin embargo, mantener esta deuda viva en el papel tiene un perjuicio económico directo: la Comunidad está obligada a facturar ese alquiler ficticio y, por tanto, a ingresar el IVA correspondiente a la Hacienda estatal. Es decir, la Administración madrileña está perdiendo dinero en impuestos pagados al Estado por unos ingresos de Metro que son incobrables y que no van a entrar en las arcas regionales.

Los “valores fantasma” pendientes de regularizar que la Comunidad de Madrid contabiliza en el activo suman más de 300 millones de euros, pero las indemnizaciones que la Comunidad ha desembolsado a las constructoras o a otras partes perjudicadas por la paralización de las obras ascienden a otros 245,3 millones de euros entre las cuatro obras paralizadas. 

La Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, que en 2021 se comprometió, según la Cámara de Cuentas, a regularizar las tres obras ferroviarias y dejar de contarlas como activo, no ha respondido a las preguntas de infoLibre sobre las razones por las que no lo ha llevado a cabo la regularización ni respecto a los plazos en los que se plantea hacerlo.

Tras doce meses del segundo mandato de Donald Trump, el resultado es una demolición controlada de los contrapesos democráticos y del orden internacional. Tras convertirse en su primera legislatura en el primer presidente desde Jimmy Carter en no involucrar a Estados Unidos en ningún conflicto bélico nuevo, Trump ha perfeccionado su perfil de “pacificador comercial”: presume de no iniciar guerras mientras rentabiliza los escombros de las existentes. 

En 2025 la paz global, más que una meta, ha sido un producto de mercado que Trump trata de comprar con concesiones territoriales, impunidad para los crímenes de guerra y proyectos inmobiliarios sobre las ruinas de un exterminio. Mientras, en en el plano nacional, consolida su poder con el refuerzo de las estructuras afines y la demolición —a veces literal—  de las que le molestan. Sin que haya llegado aún el ecuador de su legislatura, los expertos ya debaten si será capaz de retorcer la ley para presentarse a un tercer mandato en 2028. 

La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero para juzgarle en Estados Unidos y el anuncio de su intención de gobernar Venezuela durante la transición política, acompañados de advertencias a Colombia, Cuba e incluso Groenlandia, ponen la guinda a un 2025 en el que Trump ha abandonado por completo el aislacionismo que caracterizó su primera legislatura.

El frente interno ha sido el laboratorio de una transformación autoritaria sin precedentes. Bajo la cobertura del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el magnate Elon Musk, la administración ha ejecutado un vaciamiento del aparato administrativo del Estado para sustituirlo por una lealtad pretoriana. 

El hito más alarmante ha sido la financiación masiva de ICE, que ha recibido una inyección de 170.000 millones de dólares para crear, de facto, una policía federal a su servicio con capacidad de actuar en suelo estadounidense por encima de las autoridades locales. Este despliegue, junto con el de la Guardia Nacional, no solo busca las deportaciones masivas de inmigrantes, sino también establecer un control físico sobre los estados demócratas, bajo la justificación de la “emergencia nacional permanente”.

Esta militarización de la gestión pública ha tenido también su reflejo en el disciplinamiento de la esfera cultural y mediática. 2025 será recordado como el año en que la Casa Blanca domesticó a los gigantes del entretenimiento. La suspensión temporal de programas críticos, como el de Jimmy Kimmel, tras presiones directas y amenazas de revocar licencias de emisión han demostrado su disposición y su capacidad de controlar a la prensa disidente.  

Como remate a este control del flujo informativo, Trump ha utilizado los archivos de Jeffrey Epstein como el arma de distracción definitiva. Tras firmar la Epstein Files Transparency Act para proyectar una imagen de transparencia, la administración ha gestionado la liberación de documentos en este mes de diciembre como una herramienta de extorsión selectiva contra sus enemigos. 

Sin embargo, la maniobra se le ha vuelto en contra: los registros publicados el 24 de diciembre contienen múltiples referencias a Trump y revelan qie voló en el avión de Epstein “muchas más veces” de las que eran públicas —ocho entre 1993 y 1996—, según un correo interno de la Fiscalía Federal, obligando al Departamento de Justicia a emitir comunicados inéditos defendiendo al presidente frente a lo que han calificado como “afirmaciones sensacionalistas e infundadas” contenidas en los archivos que ellos mismos liberaron.

La agresividad territorial de Trump ha tenido a Sudamérica como principal escenario, y alcanzó su cénit ya comenzado el año 2026 con la captura y extradición de Maduro. Durante 2025, la soberanía de las aguas territoriales ya había dejado de existir para EEUU, que ha normalizado el uso de drones para ejecutar ataques contra supuestas narcolanchas en jurisdicciones extranjeras sin previo aviso, en una supuesta guerra contra el fentanilo que servía, en realidad, como pretexto para un control hegemónico del Caribe. La apropiación de las aguas extranjeras y los bombardeos indiscriminados sobre población civil —justificados con la retórica de “guerra contra el narcotráfico”— fueron sido el telón de fondo para despliegues militares sin precedentes cerca del territorio de Venezuela, que han culminado con una operación militar para derrocar a Maduro y juzgarlo en Estados Unidos mientras controla la transición política y abre paso a las empresas estadounidenses al mercado petrolífero de Venezuela.

Mientras tanto, sus vecinos inmediatos, México y Canadá, también han experimentado en 2025 lo que significa vivir junto a una potencia que ha recuperado la retórica que mira a sus territorios adyacentes como casi propios . El decreto para renombrar el Golfo de México como el “Golfo de América” fue el prólogo de una ofensiva económica que arrancó en abril con la imposición de aranceles universales del 25%. Esta medida ha puesto contra las cuerdas, entre otros, al gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum, a quien Trump también ha extorsionado permanentemente con la amenaza de incursiones militares para combatir el narcotráfico.

Todo ello coronado por un gesto simbólico de una agresividad terminológica inaudita: el renombramiento del Departamento de Defensa como Departamento de Guerra el pasado septiembre, una declaración de intenciones —sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial—  que liquida décadas de retórica defensiva. Pero la ofensiva de Trump no se ha quedado en la semántica. A la provocación del lenguaje le ha seguido la contundencia de los hechos con la reanudación de los ensayos nucleares en el desierto de Nevada, rompiendo una moratoria de más de tres décadas. 

Más allá de Sudamérica, el frente internacional de Trump 2025  tuvo uno de sus episodios más importantes hace apenas unos días. A finales de año, Trump recibió a Zelensky en Mar-a-Lago en una cumbre de tres horas sin resultados tangibles, precedida de una inesperada llamada con Putin —similar a la que anunció en octubre— descrita por Trump como “productiva”. En unas negociaciones marcadas por la constante amenaza de Trump de retirar completamente el apoyo estadounidense, el presidente impulsó una hoja de ruta que plantea la cesión de soberanía sobre las zonas ocupadas y presiona a Kiev para aceptar compromisos territoriales a cambio de unas garantías de seguridad temporales que dejan a Ucrania fuera de la protección de la OTAN.

En Oriente Próximo, Trump ha mantenido su apoyo incondicional a Israel, pero ha tenido también que mantener un delicado equilibrio cuando el conflicto ha involucrado a Catar, otro de sus aliados estratégicos. El punto de máxima tensión fue el ataque israelí en Doha del pasado 9 de septiembre, que se saldó con seis muertos y puso en jaque la relación de Washington con el emirato. La resolución de la crisis fue de nuevo puramente transaccional: el pasado septiembre, Trump forzó una histórica llamada de disculpas de Netanyahu al homólogo catarí para salvar la mediación regional. Solo dos días después, el 1 de octubre, el presidente selló el triángulo firmando una orden ejecutiva —sin debate parlamentario— por la que EEEUU se compromete a defender militarmente a Qatar ante cualquier agresión externa. 

Como guinda de esta defensa férrea de la impunidad, el pasado 18 de noviembre Trump recibió con honores en la Casa Blanca al príncipe saudí Mohamed Bin Salman. En un ejercicio de cinismo diplomático, el presidente exoneró oficialmente al saudí por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi —directamente ordenado por Bin Salman según la propia inteligencia estadounidense— , despachando el crimen como un asunto sin importancia. “Son cosas que pasan. De todas formas a mucha gente no le caía bien”, sentenció Trump sobre el periodista asesinado y descuartizado en una embajada saudí, yendo aún más lejos que el propio Bin Salman, que sí condenó el hecho y lo calificó de “enorme error” y “muy doloroso”. 

La obsesión del presidente por el reconocimiento internacional ha dado lugar a situaciones que rozan el esperpento. Trump ha pasado 2025 persiguiendo el Premio Nobel de la Paz, vendiendo como éxitos históricos acuerdos que no son más que particiones territoriales forzosas. En Gaza, su apoyo a Israel se convirtió en febrero en una propuesta inmobiliaria: la reconstrucción de la Franja como un resort de lujo gestionado por capital emiratí y estadounidense —acompañada de un esperpéntico vídeo generado por IA—, una limpieza por la vía del ladrillo que ignora la soberanía palestina y capitaliza la ocupación ilegal de Israel. Lo mismo ha ocurrido en el Sáhara Occidental, donde el respaldo total al plan de soberanía de Marruecos ha cerrado de momento la puerta a cualquier solución negociada, premiando de nuevo al ocupante más fuerte.

Sin embargo, su diplomacia del chantaje ha encontrado límites. El intento fallido de mediar entre Tailandia y Camboya en un conflicto fronterizo terminó en fracaso cuando ambos países prefirieron la mediación china ante la agresividad de las amenazas comerciales de Washington. 

Ante la falta de un Nobel que se le resiste, Trump se ha tenido que conformar con el “Premio FIFA de la Paz”, una distinción inventada a medida por su aliado Gianni Infantino para alimentar su ego antes del Mundial 2026 que acogerá junto a México y Canadá. Es el cierre perfecto para un año donde la política mundial se ha convertido en un circo transaccional: si no puedes conseguir el reconocimiento de la historia, siempre puedes comprar el de una organización deportiva bajo sospecha.  

La caída de Nicolás Maduro ha dejado un escenario que pocos analistas habrían dibujado hace apenas unos meses: el de una transición tutelada por Donald Trump y rentabilizada por las empresas estadounidenses, pero ejecutada por el mismo rostro que hasta hace una semana personificaba la retórica más agresiva del chavismo: la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

El ascenso de Rodríguez a la presidencia encargada es el resultado de un cálculo de Washington que prioriza la estabilidad sobre la legitimidad democrática, dejando en un incómodo segundo plano a la oposición que, con las actas electorales en la mano, reclamaba su turno para gobernar.

La misma dirigente que el pasado sábado condenaba los “ataques del imperio” ha pasado a reclamar una agenda de “colaboración conjunta con la Casa Blanca” solo un día después. Mientras, Trump, fiel a su estilo, mantiene la presión amenazando a Rodríguez con un destino similar al de Maduro si se desvía del guión impuesto desde la Casa Blanca, a pesar de que la actual mandataria no forma parte del expediente judicial por narcoterrorismo que ha llevado a Maduro al juzgado de Nueva York.

Para Washington, la solución de Delcy puede ofrecer una estabilidad y continuidad que minimice la resistencia interna del chavismo mediante una cara conocida y respetada dentro del régimen, siempre que no tenga reparo en proporcionar, en palabras de Trump, “acceso” a las empresas estadounidenses.

La figura de Delcy es recordada en España por el episodio que puso en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020. Su aterrizaje en el aeropuerto de Barajas, a pesar de las sanciones europeas que le prohibían pisar suelo comunitario, derivó en una crisis política donde el entonces ministro José Luis Ábalos ofreció múltiples versiones sobre lo ocurrido, desde el “saludo forzado sin pisar suelo español” hasta el “encuentro de 25 minutos”. 

En el lado opuesto del tablero chavista se encuentra Diosdado Cabello. Mientras Delcy se muestra dispuesta a colaborar con Washington, Cabello guarda un silencio que podría interpretarse como la antesala de una resistencia interna. Su situación es diametralmente opuesta a la de Rodríguez: él sí figura en la causa del Distrito Sur de Nueva York, señalado como uno de los líderes del Cártel de los Soles, lo que dificulta enormemente que la Administración estadounidense —que mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que facilite su captura— acepte su presencia en cualquier esquema de poder futuro.

La influencia de Cabello, fundamental en los entornos militares, se extiende más allá de Caracas, manteniendo incluso terminales políticas activas en Europa. Su hermana, Glenna Cabello, sigue ejerciendo como cónsul general en Bilbao, puesto desde el que ha arremetido contra Trump, tildándole de “asesino y criminal” y ha llamado a la movilización contra la “agresión imperialista”.

El gran interrogante de esta transición es el papel de la oposición. Edmundo González Urrutia, cuya victoria en las elecciones de 2024 fue respaldada por las actas recopiladas por la Plataforma Unitaria y avalada por organismos internacionales como el Consejo Europeo y la ONU, parece no contar en los planes inmediatos de Trump. Pese a ser el presidente reconocido por gran parte de la comunidad internacional, la Casa Blanca ha preferido apostar por la continuidad administrativa que garantiza Delcy Rodríguez para asegurar el flujo de crudo y el orden interno.

Por su parte, María Corina Machado atraviesa una situación paradójica. Su reciente Premio Nobel de la Paz en 2025, lejos de facilitarle el acceso al poder, parece haber alimentado una rivalidad de protagonismo con Donald Trump en la cabeza del presidente. El mandatario estadounidense ha dejado caer en varias comparecencias que el liderazgo de Machado es insuficiente para gestionar el complejo entramado militar y petrolero del país. 

Mientras tanto, a través de una portavoz, la reciente ganadora del Nobel ha rechazado la legitimidad de Delcy Rodríguez para encabezar la transición política, acusándola de pertenecer no solo al “aparato represor del Estado”, sino también al Cártel de los Soles, una narrativa que imita a la de Washington en las formas pero que, de momento, no parece bastar para conseguir su respaldo. 

Otro interrogante del que depende en gran medida la transición que comienza es el papel de las Fuerzas Armadas. Su máximo responsable, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, tampoco cuenta con el beneplácito de Washington, que ofrece 15 millones de dólares por información relevante para su captura. A pesar de ello, en su primera aparición pública tras la captura de Maduro, Padrino ha llamado a “la paz y el orden” y ha instado a los venezolanos a “retomar sus actividades”, lo que de momento parece alejar el riesgo de una insurrección militar. 

En el plano nacional español, la situación ha generado una hiperactividad en el Partido Popular, que ha adoptado un discurso de exigencia máxima. La formación de Feijóo reclama que España lidere una presión internacional para que la transición sea entregada a la oposición, un movimiento que en círculos diplomáticos se ve con escepticismo dada la nula influencia que Madrid, y más aún Génova, tienen ahora mismo en las decisiones de la Casa Blanca. 

Las exigencias de los populares, verbalizadas no solo por Feijóo, sino también por Ayuso y Álvarez de Toledo, chocan con la realidad de los hechos: el destino de Venezuela se está decidiendo en Washington, saltándose cualquier mediación de la Unión Europea. A pesar de que le interpelan directamente, las declaraciones de enfado de los populares parecen más dirigidas al público interno que al propio Trump, que si no ha tenido en cuenta a la oposición venezolana para decidir cómo administrará Venezuela tras su golpe de Estado, no parece tener ningún motivo para tener en cuenta a la española.

Más descontento aún con la actuación de Trump está el Ejecutivo de Sánchez, que se ha alineado con México, Colombia, Uruguay y Chile para mostrar su rechazo conjunto a la operación militar, que califican como “precedente peligroso para la paz y la seguridad regional”, una postura que, de momento, ningún otro socio europeo ha compartido ni secundado.

España inaugura el 2026 bajo una atmósfera de movilización política constante. Aunque el Gobierno descarta un adelanto de las elecciones generales en casi todas sus intervenciones públicas, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, y algunos socialistas como el exministro Jordi Sevilla, han decidido convertir el calendario autonómico en una suerte de plebiscito nacional. 

El año arranca con las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero, una cita que el presidente popular Jorge Azcón decidió adelantar tras la ruptura de sus pactos presupuestarios y que servirá para medir la capacidad de la izquierda de cara a 2027. Le seguirá Castilla y León el 15 de marzo, donde Alfonso Fernández Mañueco (PP) busca consolidar un liderazgo que en la pasada legislatura dependió críticamente de las alianzas a su derecha. 

Finalmente, en junio, Andalucía cerrará presumiblemente este ciclo regional en el que Juan Manuel Moreno Bonilla se juega la hegemonía de su modelo de autodenominado "centrismo moderado" del PP en la comunidad más poblada del país. Todo esto ocurre bajo la presión mediática de la derecha, que insiste en reclamar un adelanto de las generales que el Ejecutivo, de momento, descarta por completo.

Mientras tanto, la actividad electoral en la Unión Europea no da tregua. El próximo 18 de enero, Portugal celebrará elecciones presidenciales en un escenario de fragmentación inédito. Tras el final del mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, los sondeos muestran un empate técnico en la segunda posición entre la ultraderecha y el Partido Socialista que refleja la polarización del país. Según la última encuesta publicada por Pitagórica, el mejor posicionado es el conservador Luís Marques Mendes, que con el socialista António José Seguro y el ultraderechista André Ventura se disputarán el paso a una segunda vuelta en la que, por primera vez, la extrema derecha tiene opciones reales de alcanzar la jefatura del Estado.

Suecia acudirá a las urnas parlamentarias el 13 de septiembre. El país vive un momento de cambio tras años de hegemonía de la derecha apoyada por los ultras de los Demócratas de Suecia. Las proyecciones actuales del instituto PolitPro, basadas en el histórico de encuestas de los últimos meses, sitúan a la socialdemocracia de Magdalena Andersson en una posición de ventaja clara en torno al 35%, lo que podría suponer el regreso de un gobierno progresista en una de las democracias más simbólicas del continente.

Sin embargo, el duelo más importante de la democracia europea este 2026 tendrá lugar en Hungría durante el mes de abril. Tras 16 años de control férreo del sistema por parte de Viktor Orbán, el líder ultraderechista se enfrenta a su mayor crisis de popularidad. La irrupción de Péter Magyar —exmiembro de Fidesz, la formación de Orbán— y de su partido Tisza, encuadrado en el Partido Popular Europeo, ha provocado un vuelco demoscópico que podría terminar con su mandato. 

De acuerdo con el sondeo de Publicus para el medio Népszava, la oposición liderada por Magyar ha logrado superar a Orbán en intención de voto, capitalizando el hartazgo por la inflación y la corrupción. Bruselas observa estos comicios con una mezcla de esperanza y cautela, conscientes de que una derrota de Orbán no solo cambiaría el destino de Hungría, sino que eliminaría uno de los principales obstáculos internos para muchas políticas de la Unión Europea, y al dirigente europeo que más cómodo se siente hablando y negociando con Putin. 

El calendario se completa con las elecciones parlamentarias en Eslovenia  (marzo), donde el bloque liberal trata de consolidar sus reformas frente al populismo conservador, y en Chipre (mayo), además de las elecciones en Letonia el 3 de octubre. Cada una de estas votaciones aportará una pieza más al complejo puzzle de un Consejo Europeo que, este 2026, decidirá si continúa profundizando en su cohesión o si cede definitivamente ante el empuje de las fuerzas soberanistas.