En febrero de 2021 se publicó OpenLux, una investigación internacional que analizaba cómo las empresas de Luxemburgo facilitan el blanqueo de capitales y la evasión fiscal y destapaba cómo multitud de fortunas y poderosos se benefician de esa forma de operar. La investigación estuvo liderada por OCCRP —un consorcio de investigación periodística del que es socio infoLibre— y por el periódico francés Le Monde. En España, infoLibre se encargó del caso y reveló la identidad de multitud de ciudadanos que tenían sociedades en el Gran Ducado de Luxemburgo, caracterizado por su opacidad mercantil y sus ventajas fiscales.

Cinco años después, la historia continúa. OpenLux es una investigación a largo plazo y ahora decenas de medios a nivel internacional —coordinados otra vez por OCCRP y Le Monde— vuelven a unir sus fuerzas para revelar nuevas historias relacionadas con la opacidad financiera y las empresas y negocios radicados en Luxemburgo. infoLibre, de nuevo, es el medio encargado, en exclusiva, de la parte española.

Solo en este periódico se podrán leer en los próximos días y semanas multitud de informaciones sobre ciudadanos españoles —y de otros países— que han decidido operar desde Luxemburgo. De aristócratas o deportistas a importantes directivos y empresarios patrios. Incluso personas que han ocupado altos cargos políticos en administraciones españolas.

Uno de los nombres propios que revela esta investigación es el de Jordi Pujol Gironès, hijo de Jordi Pujol Ferrusola (Jordi Pujol junior) y de Mercè Gironès —ambos procesados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito fiscal— y nieto del expresident de Cataluña. 

Pujol Gironès aprovecha la opacidad que ofrece la figura de la sociedad comanditaria especial (SCSp, por sus siglas en francés), un tipo de mercantil luxemburguesa que no obliga a presentar cuentas anuales, lo que impide fiscalizar su actividad o inversiones. El nieto del expresident —cuyos siete hijos están acusados en el juicio aún pendiente de sentencia, pero del que él ha sido eximido por su delicada salud— ostenta el 50% de la sociedad Casa de Datos SCSp —cuya actividad se desconoce— junto a un socio italiano.

Otro caso es el de Amancio Ortega. La persona más rica de España, según la lista Forbes —y la décima del mundo en ese ránking—, tenía en 2021 dos empresas en Luxemburgo a través de las que gestionaba diversas inversiones inmobiliarias y que contaban con más de 1.000 millones de euros en activos, tal y como explicó infoLibre durante las primeras publicaciones de OpenLux.

Una de las dos empresas era Adelphi Property Sàrl, la sociedad propietaria del edificio Adelphi, un emblemático complejo de oficinas en el centro de Londres, donde tienen sede compañías como Spotify, The Economist, Condé Nast o PetroChina. Ortega compró esa sociedad y, por tanto, el edificio, al fondo buitre Blackstone en 2018. Pero Adelphi Property Sàrl ya no existe. En 2022 arrancó el proceso para disolver la empresa, que terminó finalmente en diciembre de 2024, tal y como ha podido comprobar infoLibre en el registro mercantil de Luxemburgo.

infoLibre contó ya en 2021 que las empresas de Ortega explicaban entonces que era "probable que el edificio Adelphi se traslade a una compañía del Reino Unido y se disuelva la sociedad luxemburguesa", ya que su política habitual era que los edificios pertenecieran a sociedades del país en el que se encuentran. Y así terminó sucediendo. En la liquidación de la sociedad luxemburguesa consta, precisamente, la transmisión de los activos a otra compañía, Almack Ltd, una de las sociedades en Reino Unido que forman parte del holding inmobiliario internacional del dueño de Inditex.

La otra sociedad en Luxemburgo era Hills Place Sàrl, que a finales de 2019 gestionaba algo más de 750 millones de libras esterlinas en activos, tal y como explicó este medio. Esta sociedad sigue activa en el Gran Ducado y, de hecho, ha ido aumentando su valor. Según sus cuentas de 2024 —las últimas presentadas ante el registro de Luxemburgo—, sus activos ascienden ya a más de 2.400 millones de libras (más de 2.800 millones de euros al cambio de diciembre de ese año).

Esa cifra se debe esencialmente a que la sociedad luxemburguesa ahora controla completamente a Pontegadea UK Ltd, otra de las compañías en Reino Unido del holding inmobiliario que Amancio Ortega ha ido construyendo a lo largo de los años y de forma paralela a su imperio textil.

No es la única empresa en Luxemburgo controlada por el dueño de Zara e Inditex. A día de hoy, Ortega es también el beneficiario final de otras nueve sociedades con sede allí, como Pontegadea RE Luxembourg Sàrl, Pontegadea Luxembourg Sàrl, Pontegadea Netherlands Sàrl o Pontegadea Logistics Holdings Sàrl.

La mayoría forman parte del citado grupo inmobiliario a nivel internacional. Muchas de ellas, como Pontegadea Luxembourg Sàrl o Pontegadea Logistics Holdings Sàrl, fueron creadas tras las primeras publicaciones de OpenLux hace ahora cinco años. La última en constituirse ha sido, precisamente, Pontegadea Logistics Holdings Sàrl, que se inscribió en el registro de Luxemburgo el 3 de abril de 2026.

El volumen de las inversiones inmobiliarias de Amancio Ortega ha ido creciendo en los últimos años, al igual que los activos que gestiona desde Luxemburgo. Por ejemplo, Pontegadea Luxembourg Sàrl declaró en sus cuentas de 2024 unos activos por valor de más de 7.000 millones de euros. Esto se debe a que es propietaria, a su vez, de diez sociedades del holding, repartidas entre el Gran Ducado y otros países como Estados Unidos, Italia o Irlanda. 

Entre esas compañías que dependen de Pontegadea Luxembourg Sàrl están, por ejemplo, Ponte Gadea USA Inc, Pontegadea Canada Inc o Pontegadea RE Luxembourg Sàrl. Muchas de las sociedades de Amancio Ortega comparten esa mención a Pontegadea en su denominación. Ese término es el que da nombre al grupo o holding inmobiliario que el empresario maneja a nivel internacional, con sociedades en multitud de países, como Luxemburgo, Reino Unido o España.

En total, las sociedades de las que Ortega es titular final en Luxemburgo tienen un valor, según los activos que ellas mismas declaran ante el registro del país, de más de 10.000 millones de euros —incluyendo las filiales en otros Estados que pertenecen a una empresa matriz en el Gran Ducado—. Esa cifra no incluye a ITX Luxembourg SA, la sociedad que gestiona el negocio de Inditex en el país y que no forma parte del holding inmobiliario y los otros negocios de Ortega.

10.000 millones de euros es una cifra superior al Producto Interior Bruto (PIB) de países como Mónaco o Sudán del Sur. El monto también es mayor que lo que destinan los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en España, por ejemplo, a agricultura, pesca y alimentación —8.868 millones de euros— o a fomento del empleo —8.029 millones de euros—. Si se pone en relación con el sistema de pensiones de España, 10.000 millones de euros darían para abonarlas durante unos 20 días, según la nómina de la Seguridad Social correspondiente a este mes de mayo.

Además de Amancio, su hija Sandra Ortega también posee acciones de compañías en Luxemburgo utilizadas para inversiones inmobiliarias a nivel internacional, tal y como ya explicó infoLibre en 2021. Se trata de 30 AGVH 1 Sàrl y 30 AGVH 2 SA, valoradas en 208 y 189 millones de euros, respectivamente, según los activos que declararon en 2024 ambas compañías. La hija mayor de Amancio, que al contrario que su hermana Marta, no ocupa cargo en Inditex, posee el 40,16% de ambas sociedades, y su socio principal es el ciudadano saudí Osama Hussein Al Sayed.

La investigación de infoLibre afecta, entre otros, a nombres ilustres que forman parte de la nobleza española y eligen el Gran Ducado como refugio de sus fortunas. Entre ellos, el marqués de Bélgida, José Luis Cotoner Martos, grande de España e hijo del mentor de Juan Carlos I. Cotoner fue condenado en España por fraude fiscal y posee el 100% de un holding en las afueras de Luxemburgo con más de 27 millones de euros en su activo.

Cotoner no es el único hijo de una persona cercana a Juan Carlos I, y con problemas judiciales en España, cuyo nombre consta en el registro mercantil del pequeño Estado europeo. infoLibre irá desgranando en próximas fechas las identidades de empresarios, ex altos cargos, aristócratas, deportistas y otras conocidas personalidades españolas o vinculadas a España que han escogido la opacidad de Luxemburgo o las ventajas de su régimen tributario para sus operaciones financieras. 

La investigación internacional destapa que el uso de estas redes mercantiles cruza fronteras y afecta a clanes políticos de todo el planeta. Un ejemplo revelado por OCCRP y Le Monde es el de Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo, hijo del fallecido presidente de Gabón, Omar Bongo. Mientras ejercía como director general de Presupuesto y Finanzas Públicas de su país, Andjoua inyectó millones de dólares en un imperio inmobiliario con 43 propiedades en Dubái, y operaba en paralelo dos sociedades luxemburguesas. Las autoridades del Gran Ducado han abierto una investigación judicial contra él por presunto fraude fiscal agravado, blanqueo y falsedad documental. 

En 2020 y 2021, Le Monde obtuvo información sobre los titulares reales de todas las empresas registradas en Luxemburgo y la compartió con el resto de medios que participaron en OpenLux. Cinco años después de las primeras publicaciones, varios de ellos han vuelto a unir sus fuerzas para investigar qué fue de quienes ya operaban en Luxemburgo por aquel entonces y para dar a conocer nuevos nombres e historias relacionados con los entramados societarios en el Gran Ducado.

Ya en aquel momento la investigación tuvo un gran impacto. OpenLux demostró, por ejemplo, cómo fondos sospechosos de provenir de actividades delictivas o vinculados a organizaciones criminales como la mafia italiana, la 'Ndrangheta o el crimen organizado ruso se escondían en sociedades en el Gran Ducado. La investigación también destapó que famosos y grandes fortunas utilizaban Luxemburgo para pagar menos impuestos que en sus propios países. Fue el caso de Cristiano Ronaldo, Tiger Woods o Shakira. En los próximos días y semanas, nuevos nombres.

El próximo 15 de junio la selección de Irán saltará al césped del SoFi Stadium de Los Ángeles para medirse a Nueva Zelanda en su primer partido del Mundial de fútbol. Lo hará en suelo estadounidense mientras su país y el país anfitrión, pese a un alto el fuego que nunca llegó a cuajar —”en esa zona del mundo, ‘alto el fuego’ significa disparar de forma más moderada”, declaró Trump la semana pasada—,  siguen inmersos en un conflicto bélico. 

La tregua pactada a comienzos de abril se ha descosido por completo. Solo en los últimos días, Washington y Teherán han vuelto a bombardearse —el 9 de junio ambos ejércitos lanzaron ataques aéreos después de que Irán derribara un helicóptero del Ejército estadounidense—, mientras Washington sostiene desde abril un bloqueo naval sobre los puertos iraníes y Trump advierte de que Irán “tendrá que pagar el precio” por el estancamiento de las conversaciones. 

La selección de Irán disputará toda su fase de grupos en la costa oeste de Estados Unidos, con dos citas en Los Ángeles y una en Seattle, pero mantendrá su base fuera de los Estados Unidos, en la ciudad fronteriza de Tijuana, México. Los jugadores podrán entrar, pero los aficionados, en su mayoría, no. Irán figura entre los 19 países sometidos a la prohibición total de entrada que firmó Donald Trump al tomar el cargo, que veta —con excepciones para deportistas y diplomáticos— a los nacionales de esos Estados. El propio presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, llegó a ver denegado su visado para entrar en el país anfitrión, antes de que la federación rectificara 

La ironía alcanza incluso al hombre que preside ese torneo. El pasado febrero, Gianni Infantino obtuvo la nacionalidad libanesa —la de su esposa Leena Al Ashqar— de mano del presidente del Gobierno de ese país, en una excepción a la ley nacional que no permite a las mujeres libanesas pasar la ciudadanía a sus hijos o maridos extranjeros. Líbano no está en el veto de entrada de Trump, pero sí en la lista de países cuyos ciudadanos afrontan nuevas trabas para llegar a Estados Unidos: una pausa en los visados de migración y servicios consulares limitados en Beirut. A Infantino nada de eso le afecta porque, al contrario que la mayoría de sus nuevos compatriotas, viaja con pasaporte europeo. 

El Mundial de 2026 es, antes que nada, el escenario de un entendimiento entre dos hombres que llegaron a lo más alto de sus respectivas carreras presentándose como la ruptura con el viejo orden.

Donald Trump, heredero de un imperio inmobiliario reconvertido en estrella de televisión y luego en presidente, construyó su carrera política sobre el discurso del outsider frente al orden establecido. Su trayectoria arrastra un historial judicial sin precedentes para un presidente estadounidense. En agosto de 2025, un tribunal de apelación de Nueva York anuló por excesiva la sanción de unos 500 millones de dólares del caso de fraude civil, pero mantuvo la declaración de que Trump infló su patrimonio durante años para obtener mejores condiciones de bancos y aseguradoras, así como los vetos para dirigir empresas en el estado; ambas partes recurrieron. En enero de 2025 fue sentenciado, tras ser declarado culpable de 34 delitos de falsificación de registros mercantiles, a una “absolución incondicional” que mantiene la condena sin imponer pena. Y un tribunal federal confirmó que abusó sexualmente y difamó a la escritora E. Jean Carroll en los años 90, ratificando una indemnización de cinco millones de dólares.

Gianni Infantino encarna una versión administrativa del mismo arquetipo. Abogado nacido en Suiza, hijo de emigrantes italianos, hizo carrera no en el terreno de juego —nunca ha sido futbolista— sino en los despachos: secretario general del Centro Internacional de Estudios del Deporte de Neuchâtel y, desde 2000, escalando peldaños en la UEFA, la homóloga europea de la FIFA, hasta su secretaría general. En 2016 ganó la presidencia de la FIFA sobre las ruinas del régimen de Joseph Blatter, vendiéndose como el candidato de la limpieza y la transparencia.

Como en el caso de Trump, el relato de la limpieza convive con un expediente judicial extenso. Su nombre apareció en los ‘Papeles de Panamá’: siendo director de servicios jurídicos de la UEFA, firmó en 2006 un contrato de derechos de televisión con Cross Trading, la sociedad de Hugo y Mariano Jinkis, imputados después en la trama de sobornos investigada por Estados Unidos. La policía federal suiza registró las oficinas de la UEFA en Nyon por sospechas de gestión desleal sin hallar pruebas de que Infantino cobrara ningún soborno ni mordida en aquellas operaciones. 

Más tarde, entre 2016 y 2017, ya en el máximo organismo del fútbol mundial, Infantino mantuvo reuniones no registradas con el fiscal general suizo, Michael Lauber, que investigaba la corrupción en la FIFA. Las autoridades abrieron en 2020 diligencias penales contra Infantino por abuso de cargo público, violación del secreto oficial y favorecimiento, al apreciar “indicios de conducta delictiva”; Lauber dimitió tras concluir un tribunal que había incumplido sus deberes y mentido a los investigadores. Infantino sostuvo que reunirse con el fiscal general era “perfectamente legítimo y legal”. Las diligencias se archivaron en 2023 sin hallar pruebas de delito. Esta misma semana, el expresidente de la UEFA y exestrella de la selección francesa, Michel Platini, ha demandado a Infantino por difamación y tráfico de influencias durante la candidatura que le llevó a presidir la FIFA en 2016.

Más allá de su expediente judicial, hay un gesto que retrata su relación con el cargo mejor que cualquier sentencia. Cuando la FIFA presentó en noviembre de 2024 el nuevo trofeo del Mundial de Clubes, de oro y fabricado por la lujosa firma Tiffany, el nombre de Infantino estaba grabado dos veces en él: una como “Presidente fundador, Gianni Infantino”, con su firma, y otra en una inscripción que atribuye la propia competición a su inspiración. 

El trofeo, con el nombre de Infantino inmortalizado en él antes de que nadie pudiera levantarlo, se exhibió primero en el Despacho Oval de la Casa Blanca, luego viajó hasta la Trump Tower y permaneció allí hasta la final del torneo, un trasiego que la propia empresa familiar celebró como “un trofeo icónico en una ubicación legendaria”. Durante cinco días, y como preludio de lo que viene este verano, el fútbol mundial pasó a instalarse, literalmente, dentro del patrimonio personal del presidente de Estados Unidos.

Infantino estuvo presente en la toma de posesión de Trump como presidente el 20 de enero de 2025, después de haber sido recibido ese mismo mes en Mar-a-Lago. El 7 de marzo de ese año Trump firmó en el Despacho Oval, junto a Infantino, una orden ejecutiva que crea un “grupo de trabajo” de la Casa Blanca para el Mundial 2026 que él mismo preside, con el vicepresidente J.D. Vance como número dos. Ese día, Infantino agradeció al presidente la creación del grupo “porque es importante que todos los que vengan a América se sientan seguros y bienvenidos”. Cuando Trump le preguntó si Estados Unidos podía ganar el torneo y el suizo respondió que sí, "con el público detrás", el presidente lo zanjó con un comentario revelador: “Sabe lo que hay que decir”.

En la misma comparecencia, Infantino lanzó la idea de que la FIFA promoviera una “criptomoneda de la FIFA”, uno de los negocios favoritos de Trump, que ha respaldado su propia criptomoneda, con un beneficio superior a los 500 millones de dólares. De la idea de Infantino no se ha vuelto a saber nada, pero donde sí llegó a materializarse la alianza entre ambos fue en otro de los grandes negocios de Trump, el ladrillo. En julio de 2025, la FIFA abrió una oficina en la Trump Tower de Nueva York, anunciada por Infantino en la sede de la Trump Organization, al presentar el trofeo del Mundial de clubes.

El sello del idilio llegó el 5 de diciembre de 2025. En el sorteo del Mundial, en el Kennedy Center de Washington, Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA, que el mandatario calificó de “uno de los grandes honores de mi vida”. El presidente de la FIFA llevaba meses avalando la candidatura autoimpulsada por Trump para ganar el Nobel de la Paz por su papel en el alto el fuego en Gaza. El Nobel acabó recayendo en la venezolana María Corina Machado, que a su vez se lo cedió a Trump, pero el máximo dirigente del fútbol mundial decidió que no era suficiente. 

La cercanía con el poder político no es una novedad de la era Trump, sino el método con el que Infantino ha gobernado el fútbol mundial. En 2019, apenas tres años antes de su invasión sobre Ucrania, Vladimir Putin condecoró al presidente de la FIFA con la Orden de la Amistad rusa, después de que Infantino elogiara la organización del Mundial de 2018.

Pero el episodio que mejor define su modo de defender a los anfitriones llegó en Doha. En la víspera del Mundial de Qatar 2022, ante las quejas de organizaciones sociales por el trato del país a los trabajadores de las obras del Mundial, Infantino decidió abrir la primera rueda de prensa del torneo con un monólogo de casi una hora: “Hoy me siento qatarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento trabajador migrante”, aseguró, antes de reprochar a los europeos que dieran "lecciones morales”. Más adelante en su discurso, por si había dudas, Infantino admitió ser consciente de no pertenecer a ninguno de los colectivos nombrados, pero afirmó entender perfectamente sus luchas puesto que de niño “sufrió acoso escolar por ser pelirrojo”. Ante las preguntas de los reporteros, añadió que también se sentía mujer, ya que tiene tres hijas. 

Los datos contrastan con la retórica y los sentimientos de pertenencia a diversas minorías que Infantino experimentaba el día de su rueda de prensa. Una investigación de The Guardian reveló en 2021 que más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladés y Sri Lanka habían muerto en Qatar entre 2011 —cuando le fue concedido el Mundial— y 2020. La cifra deja fuera a países como Filipinas y Kenia, desde donde también acudieron miles de trabajadores, aunque para los países incluidos contempla todas las causas de muerte y sectores laborales, no solo los relativos a las obras de los estadios. Sin embargo, los expertos consideraron “probable” que una “gran mayoría” de los fallecimientos estuviera directamente relacionada con las obras del Mundial. 

Qatar rebatió drásticamente la cifra: el comité organizador del torneo habló de tres muertes directamente vinculadas a la construcción de estadios y 37 por otras causas, aunque más tarde, su secretario general, Hassan al Thawadi, llegó a estimar entre 400 y 500 los trabajadores fallecidos en proyectos conectados con el torneo.

El patrón de blanqueamiento a los regímenes del Golfo se cerró con el premio mayor. En diciembre de 2024, la FIFA adjudicó el Mundial de 2034 a Arabia Saudí, única candidatura presentada. Un comunicado conjunto de 21 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, lo calificó de “momento de gran peligro” para los derechos humanos, y la Sport & Rights Alliance advirtió de que la FIFA había descartado sus propias políticas de derechos humanos a sabiendas del riesgo para los trabajadores y visitantes del torneo. 

Desde 2018 y hasta el Mundial de 2034, las cinco ediciones del torneo se habrán celebrado en cuatro países donde la homosexualidad —Qatar, Marruecos, Arabia Saudí— o su expresión pública —Rusia— se castiga con penas de cárcel, según datos del índice Equaldex.

Hay un momento en las crisis en el que el debate deja de ser si hay que hacer algo y pasa a ser cómo hacerlo. En materia de rearme militar, Bruselas cruzó ese umbral hace tiempo, pero la sensación en las instituciones europeas es que el cruce se ha consumado del todo en estos últimos meses. El debate comunitario, como ha podido comprobar infoLibre en un seminario sobre la materia organizado en Bruselas por el Parlamento Europeo, ya no es si Europa debe armarse, sino a qué ritmo, con qué dinero, bajo qué estructura y en detrimento de qué otras políticas.

La transformación tiene ya nombre y cifras. En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó el plan ReArm Europe —rebautizado Readiness 2030 después de que los primeros ministros de Italia y España protestaran por el nombre— para movilizar hasta 800.000 millones de euros hasta 2027 en inversión en defensa. El vehículo principal es el instrumento SAFE: hasta 150.000 millones en préstamos respaldados por el presupuesto comunitario para compras y proyectos de defensa conjuntos. Los otros 650.000 millones son “instrumentos de flexibilidad financiera” que permiten que los Estados miembros gasten más en defensa sin que compute como déficit excesivo. El rearme también ha modificado la arquitectura política de la UE, que tiene por primera vez en su historia un comisario de Defensa: el lituano Andrius Kubilius, que tomó posesión en diciembre de 2024 con el mandato de "gastar más, gastar mejor y gastar europeo."

Las implicaciones han llegado también a la industria: la alemana Rheinmetall ha pasado de producir 70.000 obuses de artillería al año en 2022 a 1,1 millones, según declaraciones de la empresa —que afirma haber superado ya la capacidad de producción de munición convencional de toda la industria estadounidense— e incluso empresas ajenas al sector, como la francesa Renault, están reconvirtiendo fábricas para fabricar armamento. Las pretensiones de la Unión Europea se centran precisamente en materia de industria militar, y pasan por agilizar los procesos de fabricación, compra y traslado de material, hasta llegar a un "mercado europeo de armas". La creación de un ejército común, de momento, no está sobre la mesa.

La pregunta que más incomoda en los pasillos del Parlamento Europeo es qué otras cosas van a dejar de financiarse para sufragar estos gastos. Fuentes de la institución apuntan que la nueva prioridad defensiva se construye en parte "creando tuberías entre fondos existentes": programas como Horizonte Europa o los fondos de cohesión están siendo flexibilizados para poder financiar proyectos de uso dual o directamente militar. Sectores como la agricultura, la investigación científica o la administración de fondos regionales ya han expresado su inquietud: según interpretan, cada euro que se dirige a defensa es un euro que no va a programas sociales como la Política Agraria Común (PAC) o el intercambio universitario Erasmus.

Ese debate se libra, además, en un Parlamento que ha elevado la defensa al rango político máximo del que dispone: además de un nuevo comisario, la antigua subcomisión de Defensa —que se reunía esporádicamente y con escaso peso— se ha convertido en una Comisión permanente de pleno derecho, la SEDE, en la legislatura actual. Es en esa comisión donde coinciden los dos eurodiputados españoles con más peso en la materia: Javier López, vicepresidente noveno del Parlamento Europeo y miembro titular de la SEDE por el PSC-PSOE, y Nicolás Pascual, coordinador del PPE en esa misma comisión, que llegó al escaño directamente desde la embajada de España ante la OTAN, donde estuvo destinado entre 2017 y 2018. Proceden de dos trayectorias distintas y dos partidos que en Madrid libran una guerra sin cuartel, pero en Bruselas comparten un diagnóstico casi idéntico sobre lo que Europa necesita hacer en materia de defensa.

"Tenemos una ventana de oportunidad reducida y poco tiempo. Necesitamos autonomía estratégica de aquí al final de la década", dice López. Pascual llega al mismo sitio desde otra dirección: "La invasión de Ucrania se dio porque nos faltó disuasión. Ha llegado el momento de sentarnos y definir una estrategia". El rearme europeo genera en Bruselas un consenso transversal difícil de encontrar en casi ningún otro asunto.

Una mayoría con matices

Pero hay una variable que Bruselas tiende a leer de forma selectiva: el apoyo popular. La burbuja de las instituciones europeas se ha lanzado al rearme político y militar tras la invasión de Ucrania y ante el creciente aislacionismo de Estados Unidos, a los que denominan comúnmente “aceleradores externos” y consideran una “llamada a despertar de un letargo”. 

Si la justificación técnica está en Moscú y Washington, la justificación política está, según ellos, en la opinión ciudadana, expresada a través de los eurobarómetros. En enero de 2026, el 52% de los ciudadanos europeos expresó confiar en que la UE refuerce su seguridad, dato que sube al 64% en España, por encima de la media. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirmó la postura española el pasado abril: el 89,5% de los encuestados cree que el mundo es más peligroso que hace diez años, el 66,6% teme una guerra global, y el 54,1% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la UE debería gastar más en defensa. 

La mayoría existe, y es clara, pero los matices importan. En primer lugar, las encuestas reflejan un apoyo mayoritario al refuerzo de las capacidades militares de la UE, pero no cuantifican económicamente ese apoyo, por lo que es difícil saber si la inversión sin precedentes —y la consiguiente bajada en otras inversiones— cuentan realmente con el apoyo popular que Bruselas da por hecho. 

En segundo lugar, esa mayoría se construye de forma muy desigual en el eje ideológico: en España, entre los ciudadanos que se sitúan en el extremo izquierdo de la escala, el rechazo al mayor gasto en defensa supera el 62%. El punto de inflexión está en el centro del espectro; a partir del 6 (siendo el 1 lo más a la izquierda y el 10 lo más a la derecha), el apoyo es abrumador. Lo que es cierto es que la tendencia histórica da la razón al frenesí militar de Bruselas, según datos del CIS analizados por Newtral, el porcentaje de españoles que consideraba el gasto en defensa "demasiado" bajó 16 puntos entre 2015 y 2024 —del 40,5% al 24,5%—, con caídas pronunciadas entre votantes tanto del PP como del PSOE. Es decir, la tolerancia al gasto ha crecido en toda la sociedad, incluyendo en la izquierda.

Lo que no ha crecido de la misma forma es la confianza en la OTAN. La UE obtiene una nota media de 6,44 sobre 10 en el CIS, bastante homogénea en todos los tramos ideológicos. La OTAN saca un 5,27, y cae a 4,4 entre los ciudadanos de izquierda. La sociedad española respalda la defensa europea, pero no necesariamente el marco atlántico que la sustenta. Y el PSOE tiene que gestionar ese matiz: su propio electorado y, sobre todo, sus socios parlamentarios de izquierda, habitan en un espacio donde el apoyo a la OTAN y al rearme es estructuralmente más débil. El marco compartido que PP y PSOE exhiben en Bruselas no se extiende a España, pero Bruselas avanza sin contemplaciones. 

Desde la cumbre de Gales de 2014, la OTAN —y especialmente los sucesivos presidentes estadounidenses, independientemente de su partido— lleva más de una década pidiendo a sus aliados que gasten al menos el 2% de su PIB en defensa. En junio de 2025, en La Haya, ese objetivo se multiplicó de golpe: los 32 aliados firmaron un compromiso de llegar al 5% del PIB para 2035. El acuerdo se divide en dos tramos: al menos el 3,5% para capacidades militares nucleares —tropas, armas, preparación para el combate— y hasta el 1,5% restante para un cajón de sastre que incluye ciberseguridad, infraestructuras críticas, resiliencia civil e industria de defensa. 

España fue el único aliado que no suscribió el texto original. El 19 de junio, días antes de la cumbre, Sánchez envió una carta a Rutte calificando el objetivo del 5% de "no solo irrazonable, sino también contraproducente", incompatible con el Estado de bienestar y capaz de generar "desaceleración económica y presiones inflacionistas". A cambio, ofrecía llegar al 2,1%. Trump respondió desde el escenario: "España es un problema". Rutte fue menos beligerante pero igual de rotundo —“Los países tienen que encontrar el dinero. No hay alternativa"— y quiso zanjar finalmente el debate declarando que "España también ha acordado los objetivos de capacidad", pero el Gobierno lo mantuvo abierto respondiendo, por boca de su portavoz, que la posición del máximo responsable de la Alianza era "una opinión."

Hoy, España ha aumentado la inversión hasta el 2,1%, superando por primera vez el umbral del 2%, la histórica exigencia de la Alianza. La OTAN parece apreciar el esfuerzo, y ha cambiado el discurso tajante por uno algo más ambigüo: por un lado sigue sosteniendo que el 5% se aprobó por unanimidad y que España no se opuso formalmente en el momento decisivo; pero por otro lado matiza que lo que se acordó no fue un porcentaje fijo sino unas “capacidades militares” —clasificadas, no públicas—  que los socios se comprometen a lograr, y el 5% de su PIB es solo el cálculo de lo que costarían. 

Fuentes de la Alianza admiten que si España es capaz de alcanzar las capacidades acordadas con una inversión menor al 5% de PIB, nadie le exigirá más gasto. En este sentido, cabe recordar que el porcentaje de PIB es una manera frecuente de medir el gasto en defensa, pero el PIB es un indicador macroeconómico que expresa la producción comercial e industrial de un país en un año, no representa su presupuesto ni su dinero disponible. Es decir, destinar un 5% del PIB a la defensa —o a cualquier otra cosa— no conlleva quedarse con el porcentaje restante para el resto de los gastos.  

La novedad de la UE asumiendo como prioridad tareas de seguridad y defensa es también una fuente de fricción con la OTAN, que lleva décadas siendo el único actor legítimo en este espacio. Ambas instituciones comparten Bruselas como sede, precisamente con el objetivo de mantener unidos y coordinados los poderes político y militar. Desde la Unión se insiste en que no hay competencia, que el refuerzo de los aliados europeos es bueno para todos. Pero algunos hechos apuntan en otra dirección.

La tensión empieza ya dentro de la propia Alianza, y parte de un desacuerdo de fondo sobre la amenaza. La OTAN describe a Moscú como "la amenaza más seria a nuestra seguridad" desde 2022 y señala que no ha habido ningún diálogo político con Rusia desde la invasión. La Administración Trump, en cambio, trata a Rusia como un "potencial socio" en la negociación sobre Ucrania. Esa divergencia enfrenta a EEUU con el resto de la Alianza, donde el bloque europeo sí mantiene una posición común frente a Rusia que la OTAN, con Estados Unidos dentro, no puede sostener con la misma cohesión. Es una de las razones por las que, según el eurodiputado Javier López, el desalineamiento transatlántico es estructural y no coyuntural: "La relación UE- Estados Unidos que había antes ya no va a volver. Nuestros intereses se han desalineado: antes la prioridad americana era contener a la URSS, ahora es China, y ahí nuestro papel es periférico. Trump pasará, pero ese desalineamiento seguirá ahí".

La propia OTAN reconoce que se ha pasado del burden sharing —compartir la carga— al burden shifting: Europa no está simplemente gastando más junto a Estados Unidos, sino asumiendo responsabilidades que Washington está dejando de ejercer. Desde la Alianza se insiste en que Estados Unidos sigue siendo imprescindible, sobre todo en materia de disuasión nuclear, y que el mayor esfuerzo europeo se hace en beneficio propio, no porque lo diga Estados Unidos. Pero las señales que llegan de Washington —la retirada de Afganistán, la ambigüedad sobre Ucrania, las presiones arancelarias e incluso militares a aliados— son las de un socio que ha redefinido sus prioridades.

Esa redefinición genera además una contradicción directa entre las dos organizaciones. Desde la OTAN se pide más confianza en Estados Unidos y menos soberanismo digital europeo. Fuentes de la Alianza denuncian el “recelo tecnológico” de la Unión y ven en la dependencia europea de la infraestructura estadounidense un factor de cohesión. Pero en la Unión Europea no se ve de la misma forma: “Nuestra dependencia de Estado Unidos en materia de infraestructura digital nunca había sido una fuente de vulnerabilidad, pero ahora sí", sostiene el parlamentario socialista Javier López, y añade: “Sin sobregesticular demasiado, debemos cambiar esta situación”.  

A todo esto se suma un conflicto estructural que la arquitectura de defensa europea no ha resuelto, sino agudizado. Turquía es miembro de la OTAN pero no de la UE, mientras Chipre es miembro de la UE pero no de la OTAN. El litigio territorial entre ambos —la isla sigue dividida desde la intervención militar turca de 1974— entorpece y a menudo imposibilita la coordinación entre las dos organizaciones desde hace décadas. El  último episodio se produjo en septiembre de 2025, cuando Turquía solicitó participar en el programa de defensa SAFE y Chipre bloqueó la solicitud. El Estado turco hace lo propio con las peticiones chipriotas a la OTAN. 

Hay un país del que nadie habla en Bruselas cuando se debate la nueva arquitectura de seguridad europea. Marruecos firmó en abril de 2026 una hoja de ruta de cooperación en defensa con Estados Unidos por diez años. El país destina el 4% de su PIB a defensa —el doble del porcentaje español— e importa el 60% de su armamento del país norteamericano. 

El acercamiento a Marruecos por parte de Estados Unidos en materia de industria armamentística —que coincide con su alejamiento de la Unión Europea y su enfrentamiento político con España—  tiene ya consecuencias directas en su política internacional: una comisión de la Cámara de Representantes describió en abril de 2026 a Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España pero "ubicadas en territorio marroquí", validando las históricas pretensiones marroquíes sobre las conocidas como “plazas de soberanía” españolas —como ha hecho también con los planes del reino alauita sobre el Sáhara—. La OTAN, por su parte, no cubre bajo su paraguas a Ceuta y Melilla, cuya defensa no está prevista por el artículo 5 del Tratado, lo que significa que una acción militar sobre las ciudades autónomas no provocaría automáticamente una respuesta de la Alianza.

Estas cuestiones, sin embargo, no parecen suscitar ninguna preocupación en las instituciones europeas, que consideran que las únicas potenciales amenazas al flanco sur provienen del Sahel: la inestabilidad, el terrorismo, los flujos migratorios y la creciente influencia rusa en el vacío dejado por Francia como potencia administradora. A pesar de ello, desde el sector diplomático de Bruselas se admite que, si bien establecer una hoja de ruta para esta región —cuyos tres países más relevantes son Burkina Faso, Malí y Níger, que han formado la Alianza de Estados del Sahel (AES)— es una prioridad para la Unión Europea en este mandato de la Comisión, no existe actualmente una postura unánime entre los países socios. Mientras tanto, Rusia aprovecha la indecisión y continúa expandiendo su influencia militar, económica y cultural en esta zona y en todo el continente africano, con el que mantiene ya un comercio por valor de 27.000 millones de dólares al año. 

La imputación de un expresidente del Gobierno exige una arquitectura jurídica sólida. No obstante, no hay que olvidar que se trata de una garantía procesal para el investigado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha construido su instrucción sobre informes policiales que trazan un exhaustivo mapa de relaciones y flujos de dinero. El sumario del ‘caso Plus Ultra’ dibuja una estructura jerarquizada en la que José Luis Rodríguez Zapatero ocuparía, según los investigadores, el vértice, secundado por su amigo el empresario Julio Martínez Martínez.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha documentado transferencias millonarias y ha reconstruido la cronología del rescate a la aerolínea, pero la vinculación directa del expresidente se sostiene, hasta el momento, sobre referencias de terceros y secuencias temporales que los investigadores interpretan como instrucciones tácitas cuyo contenido y canal no ha sido demostrado.

La propia UDEF aborda esta particularidad en el informe remitido al juez el 14 de mayo, apenas cinco días antes de registrar la oficina del expresidente en la calle Ferraz. Los agentes solicitaron la entrada y registro argumentando la necesidad de determinar “los canales de comunicación a través de los cuales José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes”, ya que en el material intervenido hasta esa fecha no existían conversaciones directas en las que el expresidente impartiera directrices a la trama. 

Lo que los informes recogen son diálogos entre terceras personas donde su figura opera como un aval en la sombra. “Nuestro pana Zapatero detrás” o “Camilo estuvo hoy con Zp” son algunos de los mensajes intercambiados por los accionistas de Plus Ultra, Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, mientras esperaban los 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

El elemento documental que más se aproxima a una comunicación directa es un mensaje recibido por Julio Martínez el 31 de julio de 2021, tras lograr que el jefe de la aviación civil venezolana autorizara dos vuelos de la aerolínea. Un contacto guardado en su agenda como “Z” le escribió: “En tiempo y forma. Exitosa gestión…”. En varios de sus informes, la UDEF atribuye el mensaje a Zapatero, pero en otro documento remitido al juez expone que el registro de su oficina es crucial para confirmar su identidad en esta conversación. El auto del magistrado incorpora el mensaje sin asignarle explícitamente la autoría. 

Si las comunicaciones directas son esquivas, el rastro del dinero documentado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en febrero de 2026 ofrece una radiografía milimétrica. Hacienda cifra en 4.079.799 euros los ingresos familiares del matrimonio Zapatero-Espinosa entre 2020 y 2025, calculando que el 61% procede de mercantiles ahora bajo la lupa del instructor. 

La consultora Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez y proveedora de Plus Ultra, transfirió 490.780 euros a las cuentas del expresidente y 239.755 euros a Whathefav, la agencia gestionada por sus hijas. A esto se suman los 352.980 euros enviados al exjefe del Ejecutivo y los 171.727 euros a Whathefav desde Gate Center, el think tank cuyo consejo asesor preside él mismo. El grupo Thinking Heads — ligado a Gate Center a través de su CEO, Daniel Romero Abreu— abonó 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a sus hijas.

El magistrado sitúa estos pagos como el posible retorno económico de las gestiones de influencia. La hipótesis policial se apoya también en el papel de Inteligencia Prospectiva, una sociedad sin actividad real conocida que, bajo la administración de los hermanos venezolanos Amaro Chacón, movió más de 2,6 millones de euros en cinco años. Esta mercantil inyectó 561.440 euros en Whathefav y 266.200 euros en Gate Center. La UDEF cuestiona la naturaleza de los trabajos realizados por la empresa de las hijas de Zapatero —en cuyas cuentas bancarias aparece como autorizado—, argumentando que sus labores de maquetación de informes poseían una “escasa entidad técnica” y podrían enmascarar una contraprestación.

Zapatero ha defendido ante la comisión del Senado que los cobros de Análisis Relevante correspondían respondían a servicios reales de consultoría, y Thinking Heads ha hecho lo mismo en un comunicado en el que afirma que los pagos al expresidente corresponden a una “prestación de servicios efectiva y acreditable”. La propia unidad policial aísla 1.569.502 euros recibidos por la familia Zapatero desde firmas como Kreab, Focus Social Research o ChinaLink Asia Holdings, vinculando estos ingresos concretos a actividades profesionales.

En una entrevista con Carlos Alsina, Zapatero aseguró el pasado marzo desconocer quiénes eran los clientes de Análisis Relevante “al no formar parte de la estructura de la empresa”. El sumario documenta que el 6 de julio de 2021 envió a Julio Martínez dos archivos con nombres y contactos de personas físicas y jurídicas. La UDEF emplea este envío para justificar la posición directiva del expresidente en el entramado, si bien el propio informe policial matiza que, con la información disponible, solo tres de las sociedades citadas mantienen vínculos contractuales probados con la sociedad.

La constitución de una sociedad offshore en Dubái, Landside Middle East FZCO, tensa aún más las inferencias de la investigación. La cronología que maneja el juez arranca el 19 de enero de 2021, cuando la sociedad alicantina Idella Consulenza Strategica firmó un contrato con Plus Ultra que le garantizaba una comisión del 1% del rescate público en caso de aprobarse, lo que equivale a 530.000 euros. Una semana después, la secretaria de Zapatero y uno de sus escoltas gestionaron una reserva a nombre de Julio en el restaurante madrileño Portonovo. Al día siguiente, el empresario recibió un correo de su interlocutor con instrucciones para abrir una empresa en Emiratos Árabes Unidos, que comenzaba así: "Siguiendo con lo conversado en el día de ayer…". No se señala que Zapatero o su secretaria estuvieran presentes en esa conversación. Pero, tal y como reveló infoLibre, ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara la inyección a la aerolínea, la sociedad quedó formalmente registrada en Dubái.

El magistrado Calama infiere de esta secuencia que las instrucciones para crear la sociedad instrumental “parten necesariamente” de Zapatero. Es una deducción fundamentada en la proximidad temporal de los hechos y en correos de terceros, no en un documento firmado o un audio intervenido al expresidente, ni en la titularidad o accionariado de la empresa de Dubái, que se desconoce. 

La arquitectura de influencias que describe el juez Calama no se limitaba a buscar los 53 millones de euros para la aerolínea. El descubrimiento fortuito del chat denominado “Danilo-España”, intervenido en octubre de 2024 en el despacho del abogado Miguel Palomero, abrió una vía paralela en la investigación. Las conversaciones exponen la presunta relación económica entre el empresario venezolano Danilo Díazgranados y un contacto identificado como “Zorro”, “Z” o “ZZZ”, que los investigadores asignan a Zapatero.

Según la Fiscalía Anticorrupción, tras la detención por falsedad documental de un hijo de Díazgranados en el aeropuerto de Barajas en mayo de 2019, la trama activó sus engranajes para limpiar el expediente policial y las bases de datos de la embajada estadounidense. El rastro documental incluye un pago de 7.000 euros en marzo de 2020 al entonces comisario jefe del aeropuerto, Jesús María Gómez Martín, quien fuera el máximo responsable policial en Barajas durante el conocido como ‘Delcygate’. Un mes después de ese pago, Díazgranados ordenó transferir 20.000 euros a Whathefav en concepto de “asesoría de mercadeo”. Para el Ministerio Público, estas transferencias hacia el entorno de Zapatero coinciden cronológicamente con la consecución de favores en España, incluyendo una supuesta intermediación ante ejecutivos de Repsol para lograr contratos de distribución en Venezuela, que la compañía niega. 

Calama ha abierto dos piezas separadas de la investigación en las que ha incluido los informes policiales que se centran en estos hechos. Las nuevas piezas son secretas y no se conoce su contenido —tampoco el de los informes— pero la secuencia, así como el hecho de que esta variante no se desarrolle en el auto del juez en el que imputa a Zapatero, apunta a que estos hechos se investigan en paralelo. 

El encaje penal de estos hechos recae sobre la figura del tráfico de influencias, un delito de mera actividad. El juez Calama recuerda que la infracción se consuma con el simple acto de intentar influir sobre un funcionario o autoridad para obtener un beneficio. No es necesario que la presión tenga éxito, ni que la resolución administrativa buscada sea injusta o ilegal.

Pese a ello, la legalidad del rescate es uno de los campos de batalla de la instrucción. El Tribunal de Cuentas auditó en septiembre de 2024 el expediente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y concluyó, basándose en informes externos, que el organismo cumplió las normas procedimentales. 

Sin embargo, un perito judicial independiente convocado en los compases iniciales de la causa apuntó a que la aerolínea ya se encontraba en situación de insolvencia antes de la pandemia, lo que la inhabilitaría para recibir la inyección. Para ocultar esas pérdidas, la compañía habría utilizado un préstamo de 6,3 millones de euros de la firma panameña Panacorp. La sospecha toma forma en un audio de diciembre de 2020 intervenido a Roberto Roselli, consejero delegado de Plus Ultra. Al comentar las dudas de la SEPI sobre esos fondos inmovilizados. El directivo aseguraba a sus socios que redactarían unos documentos para aplicar “un poco más de maquillaje” y que luego ya verían cómo lo hacían para mover el dinero.

Para la Audiencia Nacional, la legalidad de los 53 millones acaba siendo secundaria frente a la intencionalidad de las gestiones. La instrucción pasa en los próximos meses por el análisis de los correos y las agendas físicas incautadas en Ferraz 35, buscando mensajes o reuniones que transformen las deducciones en una prueba directa.

Esta búsqueda choca con un obstáculo que la propia Fiscalía Anticorrupción reconoció en su informe del 18 de mayo. Al oponerse al registro del domicilio particular de Zapatero —medida que la UDEF sí solicitaba—, el Ministerio Público argumentó que los meses de intensa cobertura mediática y la comparecencia del expresidente en el Senado habían destruido el factor sorpresa. Los investigadores asumen que ese ruido prolongado ha generado “la lógica alerta en su entorno más íntimo”, un aviso previo que, según los investigadores y la Fiscalía, podría haber dado a la presunta trama un margen temporal crucial para blindar sus comunicaciones antes de la llegada de los agentes.

*Se ha corregido el nombre de la consultora Thinking Heads, que aparecía nombrada como Talking Heads, tras el aviso de un socio.

El 24 de octubre de 2024, agentes de la Policía española registraron el despacho del abogado Miguel Palomero en Madrid a instancias de las autoridades judiciales de Francia y Suiza, que investigaban una red internacional de blanqueo de capitales. Entre el material intervenido había cinco años de conversaciones entre Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados Manglano, a quien un cable diplomático de la embajada de Estados Unidos en Caracas publicado por Wikileaks identificaba ya en 2006 como "facilitador principal" e intermediario entre el Gobierno venezolano e instituciones financieras internacionales. El chat se llamaba "Danilo España".

Lo que la Fiscalía Anticorrupción encontró en esas conversaciones no tenía que ver directamente con los 53 millones del rescate a Plus Ultra que se investigaban en paralelo. Era una trama de presuntos favores y gratificaciones en España que, según los investigadores, abarcaba desde el control de fronteras del aeropuerto de Barajas hasta contratos con Repsol en Venezuela, y que salpicaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía abrió diligencias de investigación propias en diciembre de 2025. En febrero de 2026, la jueza que instruía el asunto en Madrid, Esperanza Collazos, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional citando que el chat ponía en evidencia "actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia". 

En ese mismo auto, Collazos identificaba a Díazgranados como alguien que mantiene una relación "personal y económica" con una persona denominada en el chat como "Zorro", "Z" o "ZZZZ", identificada por los investigadores como Zapatero. La propia Audiencia Nacional, al aceptar la inhibición, describió el chat como una "cadena de favores y gratificaciones" con conversaciones relacionadas con el tránsito aeroportuario, regalos a personas con posiciones de poder y contactos de alto nivel para obtener contratos empresariales.

El episodio más explícito que recoge el chat arranca el 27 de mayo de 2019, cuando Francisco Alfonso Díazgranados Salvatierra, hijo menor de Danilo y conocido familiarmente como Kiko, fue detenido por falsedad documental en el control de fronteras de Barajas al embarcar en un vuelo a Miami. A la detención le siguieron, según la Fiscalía Anticorrupción, una serie gestiones para paralizar el procedimiento penal, que habrían implicado a autoridades en "muy altos niveles del ámbito administrativo y del judicial", y acciones paralelas para eliminar el registro de la detención de las bases de datos de la embajada estadounidense, con el fin de que Kiko pudiera seguir viajando a ese país. Los documentos de la Fiscalía infieren que la causa acabó en absolución y que la información ante las autoridades de EEUU "quedó limpia".

En el centro de esas gestiones aparece Jesús María Gómez Martín, entonces comisario del puesto fronterizo del aeropuerto de Barajas. El 4 de noviembre de 2020, Palomero escribía a Díazgranados: "La reunión de hoy del comisario ha sido muy fructífera. Parece que ayer se aclaró todo y se ha limpiado el expediente de Kiko." Díazgranados respondió que "nosotros nos portamos también con él", a lo que Palomero confirmó: "La verdad es que sí nos portamos súper súper bien."

La recompensa aparece documentada en otra conversación, de marzo de 2020. "Si te parece voy a sacar los 7.000 euros para el amigo", escribe Palomero. Cuando Díazgranados pregunta de quién se trata, la respuesta es: “Para Jesús el comisario.” Horas más tarde Palomero añade que está comiendo con él, y esa tarde Díazgranados confirma: “Siii [sic], dale lo de Jesús.” La Fiscalía aprecia en el conjunto del chat indicios de un delito continuado de cohecho. Las gratificaciones más frecuentes que describen las conversaciones son botellas de vino de alta gama que Díazgranados encargaba a Palomero para distribuir entre sus contactos, entre ellos el propio comisario, Zapatero y el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, el mismo que el juez Calama sitúa como lugarteniente principal en la trama de Plus Ultra.

Gómez Martín era el máximo responsable de la Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando tuvo lugar el escándalo conocido como Delcygate, en el que la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aterrizó en España a pesar de las sanciones europeas que se lo prohibían. El entonces ministro José Luis Ábalos, encargado de su recepción, ofreció múltiples versiones sobre lo ocurrido, desde el “saludo forzado sin pisar suelo español” hasta el “encuentro de 25 minutos”. Dos años después, en noviembre de 2022, Gómez Martín fue ascendido a jefe superior de Policía de Canarias, cargo en el que continúa. Su tarjeta de visita, con un número de teléfono manuscrito, apareció en el registro de la sede de Plus Ultra practicado por la UDEF en diciembre de 2025.

Los favores que el chat atribuye al comisario no se habrían limitado a Barajas. Según los investigadores, su control sobre el aeropuerto de Cuatro Vientos, destinado a vuelos privados, pudo haber servido para la realización de negocios de naturaleza ilícita aún por determinar, en relación con una conversación de mayo de 2021 en la que se sugieren negocios con la "mano derecha del ministro de Transportes", identificada por la Fiscalía con “toda probabilidad” como Koldo García Izaguirre. El mismo informe policial apunta que el comisario habría facilitado la llegada a España de personas del entorno de Díazgranados sorteando los controles de aduanas.

El chat recoge también transferencias de Díazgranados a sociedades del entorno de Zapatero. En abril de 2020, según los investigadores, Díazgranados ordenó a Palomero el envío de 20.000 euros a Whathefav, la agencia gestionada por las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa —"en persona te cuento de quién es", escribió el venezolano— con el concepto "asesoría de mercadeo". La Fiscalía señala que estos pagos “coinciden cronológicamente con la consecución de favores a intereses de Danilo en España”.

Entre los presuntos favores figura también la intermediación de Zapatero ante altos ejecutivos de Repsol para que Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía en Venezuela, una conducta que la Fiscalía Anticorrupción califica como posible corrupción en los negocios. A las preguntas de infoLibre, Repsol niega de manera rotunda cualquier relación comercial o de otro tipo con Danilo Díazgranados.

El 18 de mayo de 2026, el mismo día que imputó a Zapatero en la causa principal de Plus Ultra, el juez Calama formalizó la creación de dos piezas separadas de investigación a las que incorporó los informes policiales sobre esta trama. Son piezas independientes cuyo contenido no es público. Lo que sí consta es que la Audiencia Nacional las abrió con los mismos informes de la UDEF que describen la cadena de favores al comisario, los pagos a Whathefav y la presunta intermediación ante Repsol. 

Desde que el juez José Luis Calama imputó a José Luis Rodríguez Zapatero el 18 de mayo, ha circulado la idea de que el auto de 85 páginas era solo la punta del iceberg y que las pruebas de verdad estarían en el sumario. La revisión de los documentos disponibles apunta a una conclusión más matizada: lo más sustancial de lo que el juez tiene contra el expresidente ya estaba en el auto, que a su vez se apoya en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El sumario aporta más detalles sobre el funcionamiento del entramado societario investigado, pero no incorpora acusaciones nuevas de peso contra Zapatero. Lo que falta —sus comunicaciones, sus agendas, sus dispositivos— no estaba disponible porque la investigación no había accedido a ello hasta el día después de firmarse el auto.

La investigación no nació en la Audiencia Nacional. Sus raíces están en unas diligencias abiertas en 2021 ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Lo que la relanzó fueron dos peticiones de cooperación internacional llegadas en septiembre de 2024: una orden europea de investigación de la Fiscalía de Delitos Financieros de Francia y una comisión rogatoria de la Fiscalía de Ginebra, en las que aparecía Plus Ultra como presunta cliente de una organización de blanqueo. La magistrada Esperanza Collazos Chamorro, titular del Juzgado nº 15 de Madrid, envió el caso a la Audiencia Nacional en febrero de 2026 por su dimensión transnacional.

A eso se sumó el hallazgo, en el registro del despacho del abogado Miguel Palomero en octubre de 2024, de un chat denominado "Danilo-España" con conversaciones entre el venezolano Danilo Diazgranados y alguien al que la investigación identifica como Zapatero, que acabó de inclinar la balanza hacia la Audiencia Nacional.

La acusación de Calama contra Zapatero se apoya en indicios de distinta naturaleza, pero ninguno de ellos procedente de comunicaciones en las que aparezca directamente el expresidente.

Los investigadores le atribuyen haber enviado a su supuesto lugarteniente, Julio Martínez Martínez, dos archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante —la sociedad del entramado que más fondos recibió y que a su vez pagaba a Zapatero y a sus hijas— y haber convocado desde el correo de su oficina —y previa mediación de uno de sus escoltas— la reunión en el restaurante Portonovo donde, según el juez, se impartieron las instrucciones para crear una sociedad en Dubái, cuyo fin, según la investigación, era cobrar el 1% del rescate a Plus Ultra, en virtud de un contrato firmado entre la aerolínea y Julio Martínez. La empresa, como informó infoLibre en exclusiva, fue registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de la aprobación del rescate por el Consejo de Ministros— bajo uno de los dos nombres recogidos en el auto —el único permitido por la legislación dubaití—. Lo que no puede verificarse, de momento, son los titulares de esta sociedad ni, por tanto, su relación con Martínez ni con Zapatero. 

Hay también un mensaje recibido el 31 de julio de 2021 por Martínez Martínez desde un contacto guardado como "Z" en su teléfono: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...", enviado tras la aprobación de los vuelos de Plus Ultra por las autoridades venezolanas. La UDEF sí atribuye este mensaje a Zapatero, pero el juez lo recoge en el auto sin asignárselo de forma explícita.

A eso se suman los flujos financieros: los investigadores documentan 490.780 euros transferidos desde Análisis Relevante a una cuenta del matrimonio Zapatero-Espinosa, y otros 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas, en cuya cuenta bancaria consta el expresidente como firma autorizada. El resto del cuadro indiciario son referencias a su figura en conversaciones intervenidas a terceros —"nuestro pana Zapatero detrás", "lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Julio habló con ZP 11 min"— y la carta de intención de un grupo estatal chino dirigida a su oficina en octubre de 2023, incorporada a los informes policiales.

La Fiscalía Anticorrupción, en su informe del 18 de mayo, se muestra favorable a todas las medidas solicitadas por la UDEF salvo al registro del domicilio particular de Zapatero, al que se opone no por falta de indicios sino por razones de eficacia: los meses de cobertura mediática de la investigación y su comparecencia en el Senado, argumenta, habrían generado "la lógica alerta en su entorno más íntimo", restando utilidad a la medida.

Los elementos sobre Zapatero que aparecen en el sumario pero no estaban en el auto de Calama proceden del auto de inhibición de Collazos. La magistrada detalla el contenido del chat "Danilo-España": conversaciones en las que el empresario venezolano Danilo Diazgranados, estrechamente vinculado al régimen chavista, mantiene una relación económica con alguien identificado como "Zorro", "Z" o "ZZZZ" —Zapatero, según la investigación— con indicios de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios “a lo largo de varios años”. Como hecho separado, Collazos recoge que Zapatero habría influido ante altos ejecutivos de Repsol para que Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía española en Venezuela, conducta que califica indiciariamente como posible corrupción en los negocios. Ninguno de los dos elementos es desarrollado por Calama cuando el caso llega a la Audiencia Nacional.

El informe de la UDEF en la que se propone al juez autorizar los registros a —entre otros lugares— la oficina y el despacho de Zapatero, recoge que, en el momento de solicitar esas inspecciones, la investigación no había determinado "el modo y la transmisión de las instrucciones" del expresidente, y que estas podrían producirse "mediante comunicaciones electrónicas, telefónicas o a través de otros canales". Esa es la justificación que los investigadores utilizan para que se les permita buscar, entre otras cosas, "los canales de comunicación a través de los cuales José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes". Una circunstancia necesaria para la investigación porque en todo el material que tenían hasta el momento no se habían detectado apenas conversaciones directas entre el expresidente y otros investigados o implicados.

El pasado 19 de mayo los agentes practicaron cuatro registros simultáneos. En la oficina de Ferraz 35, según el acta levantada por el letrado de la Administración de Justicia, se descargaron el correo electrónico de Zapatero y los correos de su secretaria Gertrudis Alcázar, que incluían acceso a carpetas compartidas mediante VPN del PSOE. Una segunda empleada, Judith Wells, tenía en su ordenador correos corporativos del partido y acceso a un grupo compartido denominado "Portal Corporativo PSOE". 

Los agentes se llevaron también siete agendas físicas de Zapatero correspondientes a los años 2019 a 2025, siete agendas con inicial, carpetas con facturas y documentos de Análisis Relevante, Gate, Thinking Heads, ChinaLink, Kreab y Focus Social Research —empresas que según los informes policiales figuran entre los pagadores del expresidente—, dos pen drives y los teléfonos de ambas empleadas.

En la caja fuerte del despacho del jefe de gabinete se hallaron joyas que Alcázar identificó como pertenecientes a Zapatero y su esposa, cuyo valor se desconoce —a pesar de las especulaciones publicadas en algunos medios—, y que el entorno del expresidente valora entre los 30.000 y los 50.000 euros, situando su origen en “herencias y regalos”. El despacho personal de Zapatero, según el acta, no contenía nada de interés para la investigación.

En la sede de Whathefav, donde se personaron Alba y Laura Rodríguez Espinosa, los agentes recogieron facturas, contratos, nueve buzones de correo corporativo y, entre otros documentos, un contrato entre Huawei Technologies España y Whathefav fechado en octubre de 2020.

Todo el material está ahora pendiente de análisis. Mientras tanto, Zapatero tendrá ocasión de dar su versión: convocado inicialmente para el 2 de junio, su declaración como investigado ha sido aplazada al 18 de junio para darle tiempo a leer el extenso sumario.

El caso que ha llevado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero tiene una historia procesal larga y compleja. La Fiscalía Anticorrupción lo inició tras recibir comunicaciones internacionales sobre una presunta red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos en la que aparecía Plus Ultra. La querella que el colectivo ultraderechista Manos Limpias presentó en diciembre de 2025 —de siete páginas, construida sobre recortes de prensa y con errores— llegó después. La Audiencia Nacional explicó el pasado 19 de mayo que el caso acabó en ese tribunal por la dimensión internacional —con pesquisas abiertas en Francia y Suiza— que había adquirido la investigación, una secuencia que deja poco espacio al papel impulsor de la querella ultra.

El auto de 85 páginas que el juez José Luis Calama dictó el pasado 18 de mayo y que ha supuesto la imputación de Zapatero se apoya en varios pilares, como las comunicaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, los dispositivos electrónicos incautados en la operación de diciembre de 2025 o la colaboración de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). Sin embargo, la parte contable del auto se estructura a través de un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) —dependiente de la Agencia Tributaria— fechado el 25 de febrero de 2026. Este documento es el que le pone cifras exactas a la presunta trama de tráfico de influencias.

El informe analiza el entramado societario bajo control de Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino identificado por el juez como lugarteniente principal de la red y administrador único de Análisis Relevante SL, la consultora que, según el juez, actuó como nodo central de distribución de fondos. 

La ONIF concluye que Martínez Martínez controló en el periodo de 2020 a 2024 un total de 39 mercantiles, la mayoría inactivas o sin actividad económica real acreditada. Buena parte de esas empresas figuran dadas de baja en la Agencia Tributaria, no presentan declaración del Impuesto de Sociedades o tienen una cifra de negocio nula, y varias de las que sí declaran actividad carecen de empleados o acumulan retribuciones por debajo de los 10.000 euros en todo el periodo. 

Tres de ellas, sin embargo, —Afitta Capital SLU, Rentas Emeritenses SL y Zenzap SL— combinan esa aparente inactividad con movimientos bancarios significativos. La estructura, concluye el informe, no responde a una lógica empresarial real sino instrumental.

Uno de los hallazgos más llamativos es el análisis de Inteligencia Prospectiva SL —antes denominada Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada—, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. La ONIF concluye que entre 2020 y 2025 esta sociedad, cuyos ingresos declarados son nulos o inferiores a 35.000 euros anuales, movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias, una cifra que el auto califica de "absolutamente incongruente" con su actividad declarada. 

El organismo concluye que “Inteligencia Prospectiva carece de actividad económica efectiva y funciona como punto de entrada de fondos del extranjero, simulados como ampliaciones de capital, para redistribuirlos hacia otras sociedades del entramado mediante contratos ficticios de asesoría”. Los principales destinatarios: Análisis Relevante (368.258 euros), Whathefav (561.440 euros) y Gate Center (266.200 euros).

El informe de la ONIF cuantifica los flujos que parten directamente de Plus Ultra hacia el entramado. El volumen total declarado asciende a 598.910 euros, distribuidos entre tres receptoras —todas ellas sociedades de Julio Martínez Martínez—: Análisis Relevante (301.290 euros), Voli Analítica SL (141.773 euros) e Iot Domotic Europe (155.847 euros). Sin embargo, las cuentas bancarias de dos de estas mercantiles reflejan discrepancias con los importes declarados: las transferencias reales desde Plus Ultra a Voli Analítica ascendieron a 119.993 euros, y a Iot Domotic a 126.807 euros. Todas estas sociedades carecían de trabajadores en los ejercicios en que perciben los ingresos.

Los contratos que justifican formalmente esos pagos reproducen, en los tres casos suscritos entre Análisis Relevante y Plus Ultra en 2020, 2023 y 2025, un objeto prácticamente idéntico: informes mensuales sobre la situación política, económica y social del mundo, asesoramiento sobre países y organizaciones internacionales, y apoyo a la preparación de discursos. La retribución pactada oscilaba entre 5.000 y 6.000 euros mensuales más IVA. Durante su comparecencia en el Senado, Zapatero admitió haber cobrado 430.000 euros de Análisis Relevante en seis años por asesorías e informes —que en ocasiones eran “orales”—, según el expresidente. 

Los informes, según el auto, los redactaba Sergio Sánchez, propietario al 25% de Análisis Relevante. Whathefav SL —la sociedad de las hijas del expresidente— se encargaba de su maquetación y distribución, “sin aportar un valor técnico propio”, según el juez.

Más allá de los flujos directos desde la aerolínea, la ONIF analiza también los pagos que llegan al entramado desde entidades sin vinculación aparente con Plus Ultra. Dos concentran especial atención. Gate Center —think tank presidido por Daniel Romero-Abreu Kaup, también al frente de la consultora Thinking Heads, y del que Zapatero es presidente del consejo asesor— recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva y habría transferido 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav. El grupo Thinking Heads —Thinking Heads Group SL y su sucursal estadounidense Thinking Heads Americas LLC— habría abonado por su parte 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a sus hijas a través de Whathefav. 

La empresa ha emitido un comunicado aclarando que el auto no la vincula con ninguna trama delictiva y que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde 2014. Cabe señalar también que Thinking Heads actúa como agencia de conferenciantes (speakers bureau) de los también expresidentes Felipe González y José María Aznar, gestionando su contratación para eventos, conferencias corporativas y actos públicos.

Sumados todos los flujos identificados por la ONIF y recogidos en el auto, el destino final apunta al entorno del expresidente. Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. Gate Center, otros 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav. Thinking Heads, 681.318 euros adicionales a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. 

Las cuentas personales de Laura Rodríguez Espinosa habrían recibido 247.191 euros de Whathefav entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y las de Alba Rodríguez Espinosa, 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas figura como autorizado el propio expresidente. En conjunto, el auto contabiliza casi dos millones de euros canalizados hacia el entorno directo de Zapatero entre 2020 y 2025.

La ONIF no es la única fuente de Hacienda que alimenta el auto. La propia Agencia Tributaria, de la que depende la ONIF, certifica que, a fecha de febrero de 2026, no consta en España ningún pago en ejecución del contrato por el que Idella Consulenza Strategica —sociedad de Julio Martínez Martínez— pactó cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra. Esa ausencia de trazabilidad en territorio español es uno de los elementos que llevan a Calama a concluir que la sociedad offshore constituida en la zona franca del aeropuerto de Dubái ocho días después de la aprobación del rescate —cuya existencia verificaron infoLibre y OCCRP— habría sido creada para recibir ese pago fuera del alcance del fisco español. El patrón, razona el auto, encaja con las modalidades de blanqueo mediante “sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia”.

La ONIF existe desde 1998, cuando la presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la creó para coordinar los esfuerzos de la inspección tributaria frente al fraude organizado. Depende del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y su función no es perseguir el fraude fiscal menor sino actuar allí donde la complejidad societaria o la presencia de estructuras criminales organizadas lo exigen. Tiene capacidad para elaborar informes técnicos a petición de la fiscalía o de los juzgados y actuar como auxiliar de la jurisdicción penal, suministrando al proceso la radiografía financiera que los investigadores policiales no siempre pueden construir con la misma precisión. 

A diferencia de unidades investigativas de la policía o la Guardia Civil, como la UDEF o la UCO, la ONIF no ejecuta registros, ni intercepta comunicaciones ni detiene a los investigados. La unidad de la AEAT no actúa en la calle sino sobre los balances, los registros mercantiles, las declaraciones tributarias y los movimientos bancarios, explican a infoLibre fuentes jurídicas. 

Julio Martínez Martínez constituyó una sociedad en los Emiratos Árabes Unidos cuya función, según la investigación judicial en curso, era recibir fuera de España la comisión pactada a cambio de las gestiones realizadas para obtener el rescate público de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021. 

La empresa se llama Landside Middle East FZCO e infoLibre ha podido comprobar su existencia en el registro de Dubái, con la colaboración de OCCRP, consorcio de investigación periodística del que es socio este medio. Pertenece a DAFZ, la zona económica especial del aeropuerto de Dubái, y quedó registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate— con validez hasta 2041. La actividad declarada corresponde a servicios de consultoría, gestión, información y marketing.

La Dubai Airport Freezone, conocida como DAFZ, gestionada por la Dubai Airport Freezone Authority y ubicada junto al aeropuerto internacional del emirato, es una de las más de 20 “zonas especiales” que ofrecen los Emiratos Árabes a sus empresas. Entre sus ventajas se incluye la posibilidad de que la propiedad sea extranjera al 100% —sin necesidad de un socio emiratí—, la exención de impuestos corporativos, la repatriación total de beneficios y un proceso de constitución que puede completarse íntegramente de forma telemática. La DAFZ cuenta con más de 3.300 empresas registradas, a las que les exige un capital mínimo de un dírham —equivalente a algo más de 20 céntimos de euro—. Solo es necesario un accionista para la constitución, y se permite un máximo de 50.

Lo que DAFZ no ofrece, ni ningún otro registro público de Dubái, es información sobre los propietarios reales de las empresas inscritas en ella. El registro de accionistas, administradores o cuentas anuales no es público. La sigla FZCO responde a "Free Zone Company", la denominación estándar para empresas constituidas en una zona franca emiratí, diseñadas para operar internacionalmente y no en el mercado local de los Emiratos.

En los correos intervenidos por la investigación judicial, la empresa aparece referenciada de dos formas distintas: "Landside Dubai Fzco" y "Landside Middle East Fzco". El auto reproduce ambas denominaciones tal como figuran en las comunicaciones internas de la red. El nombre con el que la sociedad acabó siendo registrada es el segundo, y no es casualidad: las zonas francas emiratíes prohíben explícitamente el uso del término "Dubai" —junto a otros como "UAE", "Emirates" o nombres de la familia real— en la denominación de empresas privadas, por considerarlos términos protegidos. 

El auto del juez Calama reconstruye el origen de la sociedad a partir de los correos y mensajes intervenidos. El 19 de enero de 2021, la sociedad Idella Consulenza Strategica SL —controlada por Julio Martínez Martínez, identificado por el juez como lugarteniente principal de la red— había suscrito con Plus Ultra un contrato por el que percibiría el 1% más IVA de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate de la SEPI: con el rescate fijado en 53 millones de euros, esa comisión ascendía a 530.000 euros. 

En algún momento entre la firma del contrato y la aprobación del rescate, Zapatero convocó una reunión en el restaurante Portonovo de Madrid, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, director del Halal Trade and Marketing Centre, que se describe como un “centro de desarrollo de negocios global” centrado en la economía de productos halal. El centro está registrado en la Dubai Airport Freezone.

Al día siguiente de esta reunión, Guerrero Blanco envió a Julio Martínez Martínez la documentación para constituir la sociedad en los Emiratos, "según lo conversado ayer". El 3 de marzo, cuando el Consejo Gestor del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) ya había aprobado internamente el rescate —la supuesta trama tuvo conocimiento de esta aprobación antes de que se decidiera formalmente, según se desprende del auto—, Cristóbal Cano (gestor del entramado societario de Julio Martínez Martínez) enviaba a este un documento denominado "Landside Middle East FZCO Business Plan", un plan de negocio que preveía ganancias de tres millones de dólares en cinco años. Según el auto, esto “permite inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero”.

El Consejo de Ministros aprobó definitivamente la ayuda el 9 de marzo de 2021. La sociedad quedó constituida ocho días después, el 17 de marzo, participada al 100% por Idella Consultanza Strategica, según las comunicaciones intervenidas por la UDEF. Idella no presenta sus cuentas anuales al Registro Mercantil desde 2018 —tres años antes de la constitución de la offshore— por lo que no se puede comprobar si esta aparece en sus documentos financieros. 

De estos hechos, el juez concluye que "las instrucciones parten necesariamente" de Zapatero. Según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria recogidos en el auto con fecha de febrero de 2026, no consta que se haya efectuado en España pago alguno en ejecución del contrato con Plus Ultra. El auto señala que el patrón detectado "encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo", en particular en lo relativo a la "creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia" para impedir el rastreo de los fondos.

La noche del 2 de marzo de 2021, tres hombres cenaron en la terraza de un restaurante de Madrid para celebrar que el rescate de Plus Ultra estaba prácticamente en el bolsillo. Eran Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea; Roberto Roselli, su consejero delegado; y Julio Martínez Martínez, el empresario de Elda que salía a correr con Zapatero por El Pardo. Cuando llegó la cuenta, Martínez Martínez preguntó en el chat grupal si la SEPI aprobaba esos gastos. Roselli contestó con una frase que ahora duerme en el sumario: "Tranquilo, eso sale del 1%". Martínez Martínez cerró el debate: "Entonces, aprobado". 

Ese porcentaje correspondía al contrato que su sociedad, Idella Consulenza Strategica, había firmado con Plus Ultra semanas antes: si se materializaba la inyección pública de 53 millones de euros, él se embolsaba una comisión de 530.000 euros. Una semana después de aquella cena, el Consejo de Ministros aprobó la ayuda.

José Luis Rodríguez Zapatero no estaba en ese restaurante. El expresidente rara vez aparece en las escenas más comprometedoras. Según el juez José Luis Calama, —titular del Juzgado 4 de la Audiencia Nacional pero a cargo de esta instrucción el el número 2 tras la abstención de Ismael Moreno— su liderazgo "no se manifestaba de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas".

Sin embargo, la instrucción le sitúa indiciariamente en la cúspide de la pirámide como el "principal beneficiario final y supervisor último de la operativa". A ojos del juez, el exjefe del Ejecutivo no solo validaba presuntamente los listados de clientes de la firma matriz, Análisis Relevante SL, sino que llegó a convocar la reunión clave para diseñar una estructura offshore en Dubái, enviando a un escolta para gestionar la reserva del restaurante.

El rastro documental acumulado por la UDEF sitúa el peso de su influencia en los momentos más críticos de la pandemia. Una carta intervenida con membrete de Plus Ultra, fechada el 25 de mayo de 2020 y dirigida al vicepresidente del Banco Santander España, arrancaba sin ambages: "Siguiendo instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero, nos ponemos en contacto con usted solicitando su ayuda referente a la obtención de un crédito ICO para nuestra compañía". En los mensajes interceptados, el expresidente era "ZP", "el amigo" o "nuestro pana". Para Roberto Roselli, con quien según el auto no existía interlocución directa, la etiqueta era más explícita: "No hablo con él directo, hablo con un lacayo [sic]", le explicaba a Rodolfo Reyes Rojas, accionista venezolano de Plus Ultra. Bajo esa supuesta arquitectura de asesorías y conferencias cruzadas, la investigación judicial estima que Zapatero percibió al menos 1,5 millones de euros.

El encargado de canalizar y distribuir esa corriente financiera era Julio Martínez Martínez, apodado 'Julito'. Su detención se produjo apenas cuatro días después de ser fotografiado junto al expresidente en el monte de El Pardo. Con un control formal de hasta 39 mercantiles bajo la lupa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el auto le asigna el papel de lugarteniente principal: el engranaje que asimilaba las órdenes superiores, movía los hilos del dinero y trataba con los clientes. Su ascendencia sobre la aerolínea era tal que, en un audio de abril de 2021, un Roselli asfixiado por las deudas le afeaba un supuesto distanciamiento: "Me tienes abandonado. Claro, como ahora te la pasas en la república de nuestros amigos viajando en aviones privados, ya un pobre como yo que sale vapuleado en las noticias ya ni quieres hablar". Lo que subyacía tras el reproche, según sospecha el instructor, era una reclamación urgente de fondos.

El segundo pilar de la estructura en el exterior era Manuel Aarón Fajardo García. Hijo de un exsenador socialista por Lanzarote, su radio de acción se concentraba en Caracas. "Manuel es la pieza de ZP en Venezuela", explicaba Reyes en una conversación intervenida. Experto en análisis matemático de mercados, Fajardo ya arrastraba un historial en el país caribeño; en 2018 impulsó Interbanex, una plataforma de divisas bendecida por el Banco Central venezolano y clausurada poco después de su nacimiento. Fajardo también fundó y presidió la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE).

El día a día de la red corría a cargo de un tercer escalón puramente administrativo, ocupado por María Gertrudis Alcázar Jiménez y Cristóbal Cano Quiles. Alcázar, secretaria de la oficina de Zapatero en la madrileña calle Ferraz —objeto de entrada y registro de la UDEF este martes—, presuntamente confeccionaba la cobertura documental necesaria para justificar el tránsito de capitales. Las comunicaciones intervenidas por la UDEF la muestran en constante comunicación con Cano, el encargado de la burocracia en las empresas de 'Julito', pactando los conceptos de las facturas sobre servicios inexistentes o valorando si correspondía inflar los cobros: "Con lo que me digas el lunes te envío la firmada", contestaba Cano en un correo de marzo de 2022. Una fábrica de papel mercantil diseñada, según el juez Calama, para simular contraprestaciones comerciales legítimas.

En el extremo receptor, los mandos de Plus Ultra operaban con la misma urgencia. Julio Martínez Sola —que fundó la aerolínea en 2011 junto a Fernando González Enfedaque tras la ruidosa quiebra de Air Madrid en 2006— asumió la tarea de activar los resortes de influencia política nada más declararse el estado de alarma. A su lado, Roberto Roselli pilotaba la tesorería refiriéndose al sistema de comisiones como una "finance boutique". 

La prisa por blindar la supervivencia de una compañía que jamás había registrado beneficios —y cuyo peso en el transporte aéreo el año de su rescate correspondía a tres pasajeros de cada 10.000— unió a la trama con Rodolfo José Reyes Rojas, el accionista venezolano que espoleaba las gestiones políticas. Fue él quien planteó desde el primer momento la necesidad de "pedirle ayuda a ZP". Las conversaciones intervenidas muestran el tono crudo de esa mediación: cuando Martínez Sola asume en un mensaje que deben "entrarle" a los intermediarios asumiendo que el fin justifica los medios, Reyes Rojas responde sin tapujos: "Vamos a follar aunque sea pagando un poquitín”.

Celebrada la aprobación del rescate, el inversor lo atribuyó de inmediato a su principal activo en Madrid: "Nuestro pana Zapatero detrás". Las pesquisas reflejan, además, cómo fluía esa información privilegiada: Camilo Ibrahim Issa, empresario hispanovenezolano y entonces accionista de la compañía, recibió la confirmación de la ayuda de manos de Martínez Martínez con más de diez días de antelación respecto a la deliberación formal del Gobierno.

Para canalizar el dinero sin levantar las alarmas del sistema financiero, la organización levantó un sistema de “ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal y uso de testaferros”, según el auto. El corazón del esquema era Análisis Relevante SL, una firma sin empleados ni actividad comercial identificable que absorbió 959.799 euros entre 2020 y 2025 procedentes de los clientes de la red. La mercantil justificaba los ingresos vendiendo informes de consultoría que en realidad redactaba un tercero. El producto final era maquetado por Whathefav SL, la agencia de marketing digital y eSports fundada en 2019 por las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El auto sitúa a Whathefav como la estación final del circuito: una sociedad receptora de fondos de la red que terminaban transferidos a las cuentas personales de las hermanas, donde el propio Zapatero constaba como firma autorizada.

La vertiente internacional del patrimonio se estructuró a partir de Idella Consulenza Strategica, la sociedad que blindó el cobro del 1% del rescate aéreo y que sirvió de matriz para constituir Landside Middle East Fzco en Dubái, una filial offshore creada solo una semana después de la firma del acuerdo. Por debajo de este esquema operaban Caletón Consultores y Summer Wind, utilizadas presuntamente como empresas “instrumentales” para fragmentar los pagos y difuminar su origen. El administrador de Caletón era un ciudadano venezolano que, según la documentación intervenida, actuaba como un testaferro retribuido con 600 euros en efectivo por cada viaje a España, bajo la supervisión directa del abogado Santiago Fernández Lena. En paralelo, Summer Wind llegó a mover casi cuatro millones de euros en un solo ejercicio recurriendo a facturas emitidas a la carta: "Facturo por donde quieras", le garantizaba Martínez Martínez a la dirección de la aerolínea en una conversación pinchada.

El capital que nutría esta malla societaria procedía de un grupo de clientes corporativos con intereses muy específicos. Aldesa Construcciones, constructora española integrada en 2020 en el conglomerado estatal China Railway Construction Corporation, sancionada en Estados Unidos por sus vínculos al Ejército chino, abonó 127.000 euros a Análisis Relevante. De forma simultánea, firmó un acuerdo con Idella para la localización de negocios en España —como el macrocomplejo recreativo Hard Rock en Tarragona— fijando una comisión del 3%. 

Al preparar los borradores, Martínez Martínez ordenó explícitamente a Fernández Lena que borrara el término "comisión", un patrón que para el instructor evidencia la voluntad de enmascarar la naturaleza de los pagos mientras el holding asiático recibía adjudicaciones públicas del Gobierno por valor de 50 millones de euros.

El flanco venezolano de la financiación se sostenía a través de Inteligencia Prospectiva SL, capitaneada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, y Softgestor SL. Pese a carecer de ingresos ordinarios, desde sus cuentas salieron 380.000 euros hacia Análisis Relevante, 561.000 hacia Whathefav y 266.000 hacia el Gate Center, “lo que resulta incongruente con una cifra de negocio nula en los ejercicios 2020 y 2021”, según el auto. 

Este último nodo, el think tank fundado en 2022 por Zapatero y el presidente de la consultora Thinking Heads, Daniel Romero-Abreu Kaup, cierra el perímetro de la investigación judicial. El Gate Center operaba en la calle Velázquez, 24 de Madrid, un inmueble que conectaba a la red con ramificaciones geopolíticas bajo sospecha: allí estuvieron domiciliadas las empresas de Fangyong Du, un empresario chino al que el CNI recomendó denegar la nacionalidad por presuntos vínculos con el espionaje de Pekín, y que aportó fondos al lobby. El auto destaca un último cruce de caminos: el 11 de marzo de 2021, solo dos días después de que el Consejo de Ministros rescatara a Plus Ultra, Du cenó con el entonces ministro José Luis Ábalos y Koldo García en un céntrico restaurante madrileño, acompañados de seis prostitutas.

Dentro de este mismo esquema de relaciones, el análisis bancario del magistrado apunta a transferencias emitidas por el grupo Thinking Heads que suman 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. La empresa ha emitido un comunicado aclarando que el auto no los vincula con ninguna trama delictiva y que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde 2014. 

Florentino Pérez organizó este martes una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid para, entre otras cosas, convocar elecciones a la presidencia del club tras los fracasos deportivos de las últimas dos temporadas. Lo que no estaba en el guión —o sí— es que Pérez terminó amenazando con darse de baja de ABC “en honor a su padre”, asegurando en repetidas ocasiones que no tiene cáncer terminal, y describiendo a su posible rival en las elecciones como “ese señor que habla con acento sudamericano... bueno, mexicano, que no me salía la palabra”. 

La rueda de prensa, convocada formalmente para denunciar una campaña mediática organizada contra el club y su presidente, será recordada como una de las comparecencias más peculiares de, como mínimo, la historia del fútbol español. 

El principal blanco de sus ataques fue la prensa —llegó a protagonizar un enfrentamiento con un redactor de ABC al que señaló con nombre y apellidos— pero tampoco se libró el sector de las empresas eléctricas, al que acusó de querer apropiarse del club. 

Pero el verdadero detonante de la comparecencia, el hombre de “las eléctricas” y el “acento mexicano” —al que no llegó a referirse por el nombre como sí hizo con varios periodistas— es Enrique Riquelme Vives, empresario de 37 años. Un hombre que, en los vídeos disponibles, habla con acento perfectamente castellano.

Enrique Riquelme nació el 9 de enero de 1989 en Cox —el municipio alicantino que da nombre a su empresa—, y desde joven estuvo vinculado al mundo empresarial por los negocios familiares en la construcción y el sector inmobiliario. El vínculo familiar con el Real Madrid viene de atrás: su padre fue miembro de la junta directiva que presidió el club con Ramón Calderón a la cabeza entre 2006 y 2009.

Su carrera tomó un rumbo internacional cuando en 2010 se trasladó a Panamá para fundar el Grupo El Sol, de energía fotovoltaica. Años después, en 2014, de vuelta en España, fundó Cox Energy en Madrid. El crecimiento fue meteórico: Forbes lo incluyó en 2020 en la lista de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios, y posteriormente en la de mejores CEO de 2024. El Mundo estimaba su patrimonio, a fecha de 2025, en 460 millones de euros en acciones de su empresa. Cox Energy cotiza en la Bolsa de Madrid y la Bolsa Institucional de Valores de México, y mantiene proyectos en África, Sudamérica y el Golfo Pérsico.

En 2023, un juzgado mercantil de Sevilla adjudicó a Cox Energy los activos de Abengoa —una de las mayores quiebras de la historia empresarial española, con una deuda de aproximadamente 6.000 millones de euros—. El último gran movimiento llegó hace apenas unas semanas, cuando Cox Energy anunció la compra del 100% de los activos de Iberdrola en México por 4.200 millones de dólares.

Riquelme no es un nombre nuevo en los pasillos de Concha Espina. Ya en 2021 anunció su intención de presentarse a la presidencia del Real Madrid, aunque finalmente no formalizó su candidatura, alegando que los plazos establecidos por la Junta Directiva y la Junta Electoral hacían imposible presentar en tiempo una candidatura completa. Dejó, eso sí, una promesa en pie: volvería. 

Cinco años después, el escenario ha cambiado. A su lado aparece ahora David Mesonero, director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola y yerno de Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía desde 2006. Los dos perfiles, según diversas informaciones, habrían estado explorando una candidatura conjunta. Riquelme —que el pasado enero se dejó ver con varios pesados pesados históricos del Real Madrid en su fiesta de cumpleaños— tendría incluso un local ya alquilado en las inmediaciones del Bernabéu para usar como base de su campaña, según publica El Confidencial.

El eje Cox-Iberdrola coloca sobre la mesa una alternativa a la histórica influencia del sector constructor en el club: si Florentino Pérez ha gobernado el Real Madrid desde el poder de ACS, el mayor grupo de construcción de España, sus rivales llegan, como el propio Pérez dejó claro en su rueda de prensa, desde el sector energético. 

La candidatura exige, en todo caso, superar barreras altas. El presupuesto del Real Madrid para la temporada 2025-2026 asciende a 1.248 millones de euros, y los estatutos aprobados por Florentino obligan a cualquier candidato a avalar personalmente el 15% de esa cifra, una cantidad cercana a los 200 millones de euros, además de acreditar una antigüedad de al menos 20 años como socio del club. Está por ver si Riquelme tiene capacidad financiera para hacer frente a ese aval o si recurrirá, como denunciaba Pérez —“que se presenten a las elecciones y no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede puede avalar la candidatura”, dejó caer el presidente— a los fondos de Iberdrola.  

Que Florentino Pérez y Sánchez Galán se detestan no es ningún secreto en el Ibex 35. El enfrentamiento entre ambos se remonta a cuando Florentino Pérez intentó hacerse con Iberdrola e incluso manejó planes para fusionarla con Unión Fenosa Gas, de la que controlaba un porcentaje. 

En febrero de 2006, ACS entró en el accionariado de Iberdrola en lo que se presentó inicialmente como una operación amistosa y pactada. La sorpresa llegó cuando ACS se encontró con que Galán les negaba la entrada en el consejo de administración, con el argumento de que eran competencia. ACS llegó a invertir 8.500 millones de euros para hacerse con el 20% de Iberdrola entre 2006 y 2012, sin lograr ningún asiento en el consejo. 

La guerra no terminó ahí. El caso Villarejo revivió el enfrentamiento: los papeles del comisario jubilado apuntaron a que ejecutivos de Iberdrola habrían operado para desacreditar a Florentino Pérez, algo que derivó en una cascada de demandas cruzadas. Un juzgado mercantil de Madrid acabó condenando a ACS por competencia desleal frente a Iberdrola, ordenándose cesar en sus actos de “denigración” hacia la eléctrica. 

Ahora este pulso parece trasladarse a un nuevo escenario, tan estratégico o más que la bolsa de valores o la CNMV: el palco del estadio Santiago Bernabéu.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió este martes en el programa 'En boca de todos', de Cuatro, a las preguntas sobre el coste de su polémico viaje a México —que terminó con su regreso anticipado tras el incidente de los Premios Platino— con una pregunta retórica: "¿Pero por qué soy yo la que tiene que dar pelos y señales del dinero?". 

Lo cierto es que la ley de transparencia madrileña —aprobada en 2019 por PSOE, Podemos y Ciudadanos a pesar de la oposición del PP, que ostentaba el Gobierno pero en minoría— obliga a esa rendición de cuentas. La norma establece que los altos cargos deben hacer públicos "las dietas y gastos de viaje derivados del ejercicio de las funciones y actuaciones institucionales". 

La Comunidad de Madrid publica en su portal de transparencia un archivo con los gastos protocolarios, de dietas y de viajes de cada alto cargo. En el caso del archivo de la presidenta Ayuso, el análisis de infoLibre revela que constan 14 viajes internacionales desde enero de 2024 y que solo en cinco de ellos aparece el coste que supusieron los vuelos y/o el alojamiento. ¿Quién corrió con los gastos de desplazamiento y hoteles en el resto y cuánto costó? No se sabe.

En esos archivos, únicamente constan los viajes cuando se detalla algún tipo de gasto asociado a los mismos. En el caso de Ayuso aparecen 14 viajes internacionales porque en todos ellos pagó por la utilización de las salas de autoridades de varios aeropuertos —un total de 14.687 euros en ese periodo—, pero los conceptos de mayor cuantía —transporte, alojamiento y manutención— brillan por su ausencia. 

Los cinco con algún tipo de información extra se distribuyen entre tres viajes con detalle sobre el coste de los vuelos, uno con detalle sobre el coste del alojamiento y un quinto con detalle sobre ambos tipos de gastos.

En los otros nueve viajes únicamente aparece el coste de utilizar las salas de autoridades, sobre el resto de gastos: total opacidad. De hecho, según ha podido comprobar infoLibre, en ese mismo periodo se produjeron al menos otros dos viajes internacionales de Ayuso como presidenta que no constan en su archivo de gastos, ni por un desembolso para salas de autoridades ni por ningún otro tipo de gasto. 

En total, 11 viajes de Ayuso al extranjero en los que no se puede saber quién corrió con sus gastos de desplazamiento y alojamiento sobre un total de al menos 16 expediciones internacionales en ese tiempo.

La sala de autoridades es un espacio reservado en los aeropuertos para altos cargos del Estado que, según la normativa, solo puede utilizarse para viajes oficiales  —salvo en el caso de los miembros de la familia real, el presidente del Gobierno y los ex presidentes—. infoLibre ya informó en 2024 de que la presidenta había utilizado este espacio también en viajes de carácter privado, en verano de 2021, incumpliendo la normativa que regula su uso.

El contraste con los miembros de su propio Gobierno es llamativo. Hay varios casos en los que algunos consejeros acompañaron a Ayuso en los viajes y el portal sí recoge sus gastos en detalle.

En su expedición a Miami y Nueva York en junio de 2025, los consejeros de Economía y de Digitalización viajaron junto a la presidenta y en sus archivos de gasto constan 7.976 y 6.169 euros, respectivamente, desglosados en conceptos de locomoción, alojamiento y manutención. Mientras, en el registro de Ayuso consta un único gasto de 220 euros por el alquiler de la sala de autoridades de la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Los ejemplos continúan: cuatro meses después la presidenta se desplazó de nuevo a Estados Unidos, esta vez a Austin, donde los consejeros de Cultura y Digitalización gastaron 11.329 y 5.995 euros, respectivamente, en transporte y hoteles. La presidenta, según el portal de transparencia, solo gastó 1.449 euros por el uso de la sala de autoridades del aeropuerto. 

En el viaje a Corea del Sur de noviembre de 2024, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local declaró 7.354 euros y el consejero de Digitalización, 5.226 euros. Ayuso figura en ese mismo desplazamiento con un desembolso de solo 131 euros. De nuevo, por el uso de la sala de autoridades. 

No solo los consejeros han acompañado a Ayuso en sus expediciones a nivel internacional. Otro de los habituales en las comitivas de la presidenta es Luis Socías, director general de la Fundación Madrid por la Competitividad y de la oficina Invest in Madrid. Esta organización pública está impulsando estos viajes de la presidenta autonómica al extranjero con la intención de buscar inversiones económicas para la región, como consta en los objetivos de su plan estratégico 2023-2027.

En el archivo de gastos de representación de Socías, publicado en la web de la fundación pública que dirige, consta, por ejemplo, que desembolsó 8.126,5 euros entre locomoción, alojamiento y manutención para el viaje de Miami y Nueva York en junio de 2025. También acompañó a Ayuso, por ejemplo, a Quito en abril del año pasado. El archivo de Ayuso no recoge ningún gasto ni siquiera una mención a ese viaje. El de Socías computa un gasto de 4.039 euros en locomoción y otro de 709 en alojamiento.

Los dos viajes en los que el portal no recoge absolutamente ningún gasto bajo el nombre de Ayuso son los que realizó a Quito en abril de 2025 y a Nueva York en marzo de 2026. 

En este último caso, el del viaje a Nueva York, infoLibre solicitó formalmente información sobre su coste con una solicitud de acceso vía ley de transparencia. La Consejería de Presidencia no admitió a trámite la petición el 31 de marzo de 2026 con el argumento de que los datos "están actualmente en tramitación y serán próximamente publicados en el portal de transparencia". 

El portal ya ha actualizado el archivo de gastos de Ayuso, incluyendo la información del primer trimestre de 2026, y en él no aparece ningún gasto del viaje a Nueva York. Para ver si aparece —o no— algún gasto sobre el reciente y polémico viaje a México habrá que esperar a la actualización sobre el segundo trimestre de 2026.

infoLibre ha trasladado estas preguntas a la Comunidad de Madrid: ¿Quién pagó los gastos de vuelo, alojamiento y manutención de la presidenta en sus viajes internacionales? ¿Por qué en la mayoría de casos no se publican esos costes en el portal de transparencia, a diferencia de lo que ocurre con los consejeros que la acompañan? ¿Por qué no figura ningún gasto sobre los viajes a Nueva York y Quito? En el momento de la  publicación de esta información no ha habido respuesta. En el caso de recibirla, este medio la publicará.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid eliminó las cifras de deuda de su informe definitivo sobre los ingresos por asistencia sanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tras concluir que la información que arrojaba Nexus, el software corporativo del Gobierno regional, "no es fiable" y "no refleja la realidad". Los auditores de la propia Administración madrileña sostienen que las debilidades del programa "distorsionan las cifras de deuda pendiente de cobro" del conjunto de hospitales públicos. Es la consecuencia más visible de un sistema en el que la Comunidad lleva volcados, según consta en los contratos publicados, en torno a 122 millones de euros desde su adjudicación inicial en 2010 (más de 60 millones sólo desde que Ayuso es presidenta), y que sigue arrastrando carencias estructurales reconocidas tanto por la Intervención como por la Cámara de Cuentas.

Nexus ECCL —siglas de Económico, Contable, Contratación y Logística— es la plataforma única sobre la que la Comunidad de Madrid presupuesta, contrata, paga, factura y gestiona la logística de toda su Administración, sus organismos y, muy en particular, todo el SERMAS. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la presenta como "una de las mayores plataformas de Europa dentro del sector público". Por ella pasan, según las cifras oficiales, 9.500 usuarios diarios, un millón de transacciones al día, 1,2 millones de facturas y 2,2 millones de pagos al año.

El sistema nace del llamado "Plan Nexus" que el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, anunció en 2009 como un programa a cinco años para externalizar la informática de gestión de toda la Comunidad. La fase inicial supuso adjudicaciones por 130,4 millones de euros en cuatro años repartidas entre subproyectos: Nexus Educación, Nexus Recursos Humanos, Nexus ECCL y otros módulos auxiliares. Nexus Educación —el más conocido por su fracaso— se adjudicó a Indra y acabó cancelado tras pagar la Comunidad 5,5 millones de euros por un programa que la empresa nunca entregó, a los que hubo que añadir otros ocho millones para la plataforma que lo sustituyó, según publicó eldiario.es. 

El entonces consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, fue detenido en 2014 en el marco de la trama Púnica e investigado precisamente por su relación con Indra. La Guardia Civil solicitó a la Comunidad de Madrid varias facturas con la empresa semipública para investigar si se habían inflado artificialmente para generar dinero negro. 

En 2019, un ex alto cargo de Indra declaró en la Audiencia Nacional que Martínez le solicitó que pagara una “mordida” a un empresario investigado en la causa. El ex consejero delegado se encuentra a la espera de que se fije juicio oral —en el marco de la pieza separada número 9 de Púnica— y se enfrenta a los posibles delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación, por los cuales la Fiscalía solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación. 

Nexus ECCL, el hermano mayor del paquete y el único que sí llegó a desplegarse, se adjudicó en agosto de 2010 a Informática El Corte Inglés (IECISA) por 36 millones de euros, con la firma del propio Martínez Nicolás. Incluso la supervisión técnica del proyecto se externalizó a la consultora PwC por casi seis millones más. Desde entonces, el contrato de mantenimiento y evolución del sistema lo ha llevado siempre la misma empresa: en 2016 se renovó con IECISA por 20,23 millones con oferta única, y en 2021 lo ganó Inetum, nuevo nombre de la antigua IECISA después de que el grupo francés Gfi —propiedad a su vez de un fondo estadounidense— la adquiriera y la rebautizara en 2020. 

El contrato actual, de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, se adjudicó en dos lotes: siendo el principal de 34,29 millones con IVA para Inetum y 3,14 millones para Techedge, hoy rebautizada como Avvale. A estos importes se han sumado dos prórrogas en 2024 y 2025 por 21,65 millones y una modificación contractual aprobada en octubre de 2025 por otro millón. Con esos datos, la inversión acumulada en Nexux ECCL ronda los 122 millones de euros, sin contar las licencias del fabricante SAP —el software en que se basa la plataforma— ni los contratos auxiliares que cada hospital se ve obligado a tramitar por su cuenta.

El expediente registra un volumen de incumplimientos poco habitual. La Agencia para la Administración Digital ha publicado, entre abril de 2022 y marzo de 2026, 46 resoluciones de penalidad a Inetum, a un ritmo cercano a una penalización mensual. La última se publicó el pasado 3 de marzo.

Pese a la sucesión continua de sanciones, la agencia aprobó el 31 de octubre de 2024 una prórroga del contrato a Inetum por más de 21 millones de euros y 21 meses adicionales, hasta agosto de 2026. La continuidad del contratista —desde la implantación del sistema— no se ha visto alterada por las penalidades ni por los fallos relatados en los informes de la Comunidad. La encadenación de contratos durante la presidencia de Isabel Díaz Ayuso totaliza un gasto superior a los 60 millones de euros; es decir, que el casi la mitad de los 122 millones invertidos desde la contratación del software en 2010 ha correspondido al periodo de Ayuso.

Los problemas que describe la Intervención General afectan al núcleo del sistema. Según sus informes, a los que ha tenido acceso infoLibre vía ley de transparencia, los auditores tuvieron que retirar las cifras de deuda del informe definitivo para todos los centros porque la información de Nexus "no es fiable" y "no refleja la realidad". Las "debilidades" del software, concluyen, "distorsionan las cifras de deuda pendiente de cobro" del conjunto de hospitales del SERMAS.

El caso del Hospital Gregorio Marañón es paradigmático: solo el 18% del importe de la deuda enviada a la Dirección General de Tributos figuraba como tal en Nexus, una desviación que los auditores califican de "importancia cuantitativa" suficiente para "desvirtuar la imagen de la deuda" del conjunto del SERMAS. El propio hospital admite en sus alegaciones que el seguimiento de deudas en Nexus es de una "gran dificultad" y que la información que el programa aloja no coincide entre sus propias listas y repositorios.

El sistema, además, "carece de históricos": cuando se rectifica una factura, emite una nueva "sin enlazar con el episodio del que traen causa", lo que hace imposible visualizar con claridad el conjunto de episodios asistenciales de un paciente. La Intervención también detectó 748 facturas en las que el pago consta como realizado "antes de la emisión de la propia factura", por errores de sincronización y campos de fecha defectuosos.

Las consecuencias de la rigidez de la plataforma las detallan los propios hospitales en sus alegaciones ante la Intervención General, en las que justifican o detallan los fallos que esta les achaca. El Gregorio Marañón documentó un caso en el que "una sola factura generó 34 certificaciones de descubierto distintas" porque el sistema exige un certificado por cada línea de factura. En el Hospital de Móstoles ocurre lo mismo a la hora de notificar: el paciente recibe "una notificación escrita de providencia de apremio por cada posición de factura" en lugar de una sola por el total.

El Hospital de La Princesa describe una situación de mayor riesgo asistencial: tratamientos como diálisis o quimioterapia "no se vuelcan correctamente" desde el sistema clínico al de facturación, lo que obliga al personal administrativo a "copiar manualmente" datos como DNI y direcciones de pacientes con "mayor riesgo de error" en una información "tan importante y delicada". El SUMMA 112, por su parte, reportó que el sistema arrastra descuadres contables desde hace una década que el soporte técnico central aún no ha resuelto, y reconoció que ante una "coyuntural situación de insuficiencia presupuestaria" tuvo que traspasar facturas del módulo logístico al contable de forma manual, con la consiguiente "pérdida de la trazabilidad del proceso de conformidad".

Los hospitales también alegan errores estructurales de codificación de los gastos: el epígrafe correcto para algunos servicios de urgencias "no estaba disponible en Nexus" cuando se registró la incidencia, y el SUMMA 112 utiliza un código genérico para registrar traslados en avión medicalizado porque el sistema "no permite registrarlos correctamente". Los descuentos por volumen de compra (rappels), por su parte, están parametrizados como "menor gasto" en lugar de como ingreso, lo que supone una violación del Plan General de Contabilidad Pública. Además, el menú de anulación de facturas solo ofrece seis causas, tan genéricas que los hospitales se ven obligados a llevar "archivos Excel paralelos" para saber por qué no se cobró un dinero.

La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid de 2024, ya certificaba que las "limitaciones técnicas" históricas del sistema "persisten durante el ejercicio fiscalizado". Nexus es incapaz de gestionar correctamente operaciones básicas del inmovilizado como arrendamientos financieros, donaciones o provisiones, un problema que el órgano fiscalizador viene señalando desde 2017.

Ante esa "imposibilidad de subsanar los problemas" en la plataforma, el SERMAS ha tenido que habilitar un sistema de incidencias para que "consultores de Nexus" ejecuten manualmente las operaciones en el estándar SAP, al no estar operativas las transacciones en el programa. La Cámara también detecta falta de integración con las aplicaciones de recaudación ejecutiva y gestión tributaria, y debilidades en la "representatividad e integridad" de los saldos de existencias, hasta el punto de recomendar "revisar urgentemente" los procedimientos de registro de almacenes y "corregir las deficiencias de Nexus en relación con las altas y bajas" de inventarios. 

El círculo lo cierran los contratos auxiliares. Pese a que existe un macrocontrato de mantenimiento de la plataforma con Inetum, algunos hospitales han tenido que sufragar de su propio presupuesto refuerzos externos para poder operar Nexus. El Gregorio Marañón licitó en 2024 un contrato específico de 72.479 euros con IVA para tener "soporte técnico y apoyo en el aplicativo Nexus" en su Servicio de Contratación Administrativa, adjudicado con oferta única a la empresa AlcaláBC. El mismo hospital tiene precedentes equivalentes en 2019, 2022 y 2023 para soporte de Recursos Humanos a la plataforma Nexus. La herramienta corporativa, vendida hace década y media como un instrumento para "homogeneizar y simplificar" la gestión, obliga a los hospitales a contratar refuerzos para usarla mientras Madrid Digital sanciona mes tras mes al contratista que cobra por mantenerla.

Consultada por infoLibre sobre la continuidad del contrato pese a los fallos y limitaciones señalados por los órganos fiscalizadores y el elevado número de penalizaciones impuestas al contratista, la Agencia para la Administración Digital responde que "el sistema garantiza la integridad de los datos y de la contabilidad hospitalaria" y que "no le consta ningún problema sobre este tema". La agencia sostiene que Nexus "no almacena ni gestiona datos clínicos ni datos personales de salud" —pese a que las alegaciones de los hospitales recogen el copiado manual de DNI y direcciones de pacientes en tratamiento— y subraya que "en ningún caso las penalizaciones han supuesto impacto o riesgo en la continuidad del servicio", razón por la que "dada la criticidad del sistema Nexus, se ha optado por la prórroga contractual".

Sobre los contratos de soporte que han tenido que licitar hospitales como el Gregorio Marañón, Madrid Digital afirma que el contrato central "cubre íntegramente el mantenimiento y evolución técnica" y que las contrataciones adicionales "responden a necesidades propias de gestión y no suponen duplicidad ni solapamiento". La empresa Inetum, responsable de la mayoría de los contratos —algunos bajo su anterior denominación, IECISA—, no ha respondido a las preguntas de infoLibre.

El 9 de julio de 2022, a las cuatro y veintiún minutos de la tarde, Óscar Segovia del Pozo, empresario de administraciones de lotería y empresas de VTC, envió un mensaje a Ignacio Torán Delgado, presunto narcotraficante: "Hoy dimos el primer premio de Lotería Nacional". A lo que posteriormente añadió: "Tengo localizado (sic) varios". Al día siguiente, Torán respondió tres veces seguidas: "Quiero". "Biennnnnn". "Biennnn (sic)". Luego preguntó por la cuantía de los premios y añadió: "Quiero". A la mañana siguiente insistió: "Me informas".

No era una conversación sobre azar. Era, según los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, una transacción de blanqueo de capitales. Segovia, administrador de la sociedad Servicar 25 Transporte de Viajeros SL —una empresa de vehículos con conductor con domicilio en la calle Gamonal de Madrid—, gestionaba también varios puntos de venta de lotería en la ciudad. Ese día de julio había localizado a titulares de décimos premiados dispuestos a venderlos. Torán, el principal investigado en una causa por narcotráfico y blanqueo que hoy instruye el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, quería comprarlos: así, el dinero negro del tráfico de drogas se convertía en premios de lotería declarados ante Hacienda.

Comprar billetes de lotería premiados es uno de los métodos de blanqueo más antiguos que existen. En una trama que incluye criptomonedas, cuentas en Panamá, holdings en Delaware y plataformas bancarias en Santo Tomé y Príncipe, Segovia y Torán seguían recurriendo a este arcaico sistema. 

SELAE, la entidad pública que gestiona la lotería del Estado, confirmó a los investigadores que Segovia cobró cuatro premios del sorteo del 9 de julio de 2022, a 150.000 euros cada uno —600.000 euros en total— en un punto de venta del barrio de Vallecas, en Madrid. En noviembre de 2023 cobró cinco premios de más de 15.000 euros cada uno —75.000 euros adicionales— en otro punto de venta de Aluche. En total, 675.000 euros en premios de lotería que el informe de la UAI vincula a Torán.

Pero la lotería era solo una de las piezas del esquema de blanqueo. Otra de ellas era el negocio de los vehículos con conductor. Torán controlaba más de cincuenta vehículos matriculados a nombre de sus sociedades y explotados bajo licencias VTC a través de plataformas como Uber, Cabify y Bolt. El juez ha pedido a estas tres plataformas los registros de viajes y pagos de trece empresas VTC vinculadas a la trama entre 2020 y 2024. 

El mecanismo era sencillo: las sociedades titulares de las licencias declaraban ingresos como si procedieran de carreras reales. Aprovechando ese flujo de dinero, introducían también efectivo procedente del narcotráfico y lo hacían pasar por ingresos del negocio. De esta manera, se mezclaba el dinero lícito con el que procedía del narcotráfico. Las empresas tenían administradores formales, titulares nominales, y detrás de todos ellos, según la investigación, estaba Torán.

Segovia era el gestor de la flota y administrador de varias de las empresas de VTC, así como de distintos puntos de venta de lotería. En las conversaciones intervenidas que recoge el informe de la UAI —el mismo chat en el que aparece la conversación sobre los premios de lotería— Torán y Segovia hablan de las licencias y autorizaciones VTC "cuya explotación gestiona Óscar [Segovia]". Segovia le ofrece ampliar el negocio a Barcelona e Ibiza.

En esa misma charla, mencionan en varios momentos al “amigo de Torán". Se refieren, según el informe, a Óscar Sánchez Gil, entonces inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales —la UDEF— de la Policía Nacional. Sánchez Gil está en prisión provisional desde noviembre de 2024, procesado por tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos. Según la investigación, cobraba de la organización criminal y usaba su posición en la policía para proteger a la trama, un hecho que, según se desprende de su conversación con Torán, era conocido por Segovia. En su domicilio del municipio madrileño de Villalbilla se encontraron más de 18 millones de euros en efectivo, una parte dentro de las paredes de la casa.

En paralelo a todo esto, Servicar 25, una de las empresas de VTC administradas por Segovia, licitaba y ganaba contratos públicos por valor de millones de euros. En mayo y junio de 2020, en plena pandemia, la Comunidad de Madrid le adjudicó por procedimiento de emergencia siete contratos para el transporte de personal en vehículos de nueve plazas con conductor. Cinco de ellos correspondían al SERMAS —el Servicio Madrileño de Salud— para dar cobertura a cuarenta y cuatro centros de atención primaria durante la emergencia sanitaria del covid. En total, Madrid pagó a Servicar 25 más de 300.000 euros ese año.

Pero el contrato más relevante llegó en octubre de 2023, cuando la Corporación de Radio y Televisión Española formalizó con Servicar 25 un contrato por un valor estimado de más de 8,5 millones de euros —impuestos incluidos—. Con una duración de un año prorrogable por otro, cubría el transporte de personal de RTVE en Madrid las 24 horas del día, los 365 días del año. 

La Ley de Contratos del Sector Público prohíbe contratar con empresas cuyos administradores hayan sido condenados por, entre otros, delitos de blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. Segovia no tiene condena —la investigación es posterior a la adjudicación— pero el pliego exigía que los licitadores presentaran una declaración responsable de no incurrir en ninguna causa de prohibición para concurrir. Para acceder al contrato, Servicar 25 tuvo que firmar esa declaración.

Además de la adjudicación millonaria, RTVE también otorgó a Servicar 25 el servicio de minibuses con conductor para el Benidorm Fest 2024, por 134.213 euros, y para el Festival de Cine de San Sebastián 2024, por 34.048 euros. En total, los contratos públicos identificados con Servicar 25 entre 2020 y 2024 superan los nueve millones de euros, incluyendo los impuestos.

Torán fue detenido el 6 de noviembre de 2024. El contrato de RTVE, adjudicado en octubre de 2023, tenía vigencia de un año con posibilidad de prórroga y fue modificado en junio de 2024 para extenderse hasta noviembre de 2025, por lo que podía estar vigente en el momento de las detenciones. 

infoLibre ha preguntado a RTVE si el acuerdo continuó tras el inicio de la instrucción de la causa y las detenciones de 2025, o si por el contrario fue suspendido o rescindido. También se ha dirigido a Servicar 25 para ofrecer a la empresa y a Óscar Segovia del Pozo la posibilidad de responder a las afirmaciones contenidas en esta información. No se ha obtenido respuesta a ninguna de las dos consultas.

Almudena Sánchez Betes, que se describe en LinkedIn como directora financiera de Servicar 25, era, según el informe, "canalizadora de todas las comunicaciones" entre Torán, el abogado Mario Pestaña Sartorius, el gestor Juan Ángel Cervera y el testaferro Miguel Ángel Albaladejo Torres en las estructuras societarias panameñas de la organización. En octubre de 2024, días antes de que estallara la causa, le preguntaba a Torán por mensaje de voz dónde quería que entregaran unas obras de arte que había adquirido recientemente. Torán le indicó que las llevaran al garaje de su chalet en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón: "Lo meto [sic] en el garaje de Montealina los cuadros, ¿vale? Y el Spiderman".

Entre los documentos hallados por los investigadores en el teléfono de Sánchez Betes —descrita en varias ocasiones por la UAI como "secretaria de Torán"— había facturas, contratos y justificantes de transferencias de numerosas empresas que controlaba la organización criminal, además de la vida laboral de Ignacio Torán, que muestra cómo, desde al menos 2021, ha sido dado de alta en varias empresas controladas por la trama. 

La denominada “secretaria” también figura como apoderada en otra empresa, Bethesda Promotions SL, controlada por Torán a través de otra intermediaria, según la investigación policial. La sociedad fue adquirida solo un día antes de la detención de Torán a Luis Miguel Trigueros —un conocido gestor de viveros de sociedades— y comparte domicilio con otras empresas propiedad de María Ernestina Paolini, titular también de varias licencias VTC e investigada en la causa como testaferro de Torán en varios inmuebles de Dubai. Paolini es pareja, según la policía, de Pierre Gutiérrez Ramírez, otro testaferro contra el que el magistrado que instruye la causa dictó el pasado 22 de abril una orden de detención internacional.

Almudena Sánchez fue detenida en noviembre de 2024 y excarcelada en abril de 2025, junto a la esposa del exjefe de la UDEF y otros colaboradores, después de que el juez no facilitara a sus defensas los elementos esenciales de la causa. En el registro de su casa la policía encontró más de 50.000 euros en efectivo. Actualmente está en libertad provisional tras un error judicial que permitió la salida de varios de los implicados en el juicio.  

Torán se encuentra en prisión provisional desde febrero de 2026. El exinspector jefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil está en la cárcel desde noviembre de 2024. Francisco de Borbón von Hardenberg —primo del rey Felipe e hijo del fallecido Duque de Sevilla—, investigado por su papel en las estructuras financieras de la organización, fue detenido en febrero de 2026 y puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros, con retirada de pasaporte y obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado. La instrucción de la causa, que el juez Francisco de Jorge lleva en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, sigue abierta.

El pasado 9 de abril, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, fue preguntada por la detención de un suboficial español en el Líbano a manos del ejército israelí. El militar había sido sacado de un convoy de la ONU "con una violencia evidente", trasladado a una aldea y retenido durante una hora, según describió después la ministra de Defensa, Margarita Robles. Muñoz respondió que no tenía suficiente información para valorarlo y que, en todo caso, una hora no era tanto: "Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, afirmó la portavoz.

Dos meses antes, en un acto organizado por elespañol.com, la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, había anunciado el compromiso de su partido de tener unas Fuerzas Armadas "dinámicas, profesionales, motivadas, formadas y cuidadas". Cuando estalló la polémica por las palabras de su portavoz, Feijóo evitó pronunciarse. Muñoz, por su parte, afirmó su compromiso con las Fuerzas Armadas, pero sin retirar ni matizar su comparación con el control de tráfico.  

En el Partido Popular, la ironía y la tendencia a restar importancia a estos incidentes, y a otros más graves, forman ya un patrón que se repite desde hace más de una década, cada vez que el agresor de los militares españoles es el ejército israelí. 

El 28 de enero de 2015, un proyectil de artillería israelí de 155 milímetros impactó contra la torre de observación en la que vigilaba el cabo Francisco Javier Soria Toledo —malagueño de 35 años, a pocas semanas de ser padre—, que murió en el acto. El bombardeo israelí fue tan intenso —con más de 118 proyectiles identificados, según el propio ministro de Defensa— que el helicóptero de evacuación no pudo aterrizar a recoger el cadáver porque los obuses seguían cayendo. Entre esa munición había, según declararon los militares españoles en el informe reservado del Estado Mayor, bombas de racimo: armas prohibidas por una convención internacional que Israel no ha suscrito.

El 14 de abril de 2015, el ministro Pedro Morenés (PP) compareció en la Comisión de Defensa del Congreso. Sin ninguna crítica ni denuncia, el popular hizo hincapié en la falta de intencionalidad israelí y destacó su disposición a aceptar una investigación conjunta. Los informes de dicha investigación —el español, el israelí y el de la ONU— se clasificaron y no se facilitaron al Congreso ni a la prensa.

En esa misma sesión, cuando el diputado socialista Diego López Garrido criticó la actuación de los artilleros israelíes, el diputado popular Vicente Ferrer Roselló respondió que quería "agradecer, en nombre del Arma de Artillería de las Fuerzas Armadas israelíes, la fe de algunos portavoces en su puntería". Y remató: "Son buenos, pero fallan." Un militar español llevaba muerto dos meses y medio y el representante del partido del Gobierno no solo lo justificaba, sino que ironizaba hablando en nombre del ejército que lo había matado. Su bancada aplaudió. 

Lo que vino después lo revelaría diez años más tarde la investigación Israel Files, publicada por infoLibre en diciembre de 2025 junto con la red European Investigative Collaborations (EIC). Los documentos internos del Ministerio de Justicia israelí muestran que el Departamento de Guerra Legal de Israel, a través del despacho Cuatrecasas, monitorizó el proceso judicial sobre la muerte del cabo y que, según sus correos internos, habría recibido de la Fiscalía de la Audiencia Nacional información sobre sus intenciones procesales antes de que fueran comunicadas al juez o a la familia, un hecho que la Fiscalía niega. La causa fue archivada en 2017. 

Once años después, el 16 de noviembre de 2025, un tanque israelí abrió fuego con su ametralladora contra una patrulla española que hacía labores de vigilancia a pie cerca de la frontera libanesa. Los proyectiles impactaron a cinco metros de los soldados, que tuvieron que tirarse al suelo y esperar 30 minutos hasta que el tanque se replegó. La ONU definió el ataque como una "grave violación" de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad. El Ministerio de Defensa lo calificó de "absolutamente inaceptable". Israel dijo que había sido un error de identificación por "malas condiciones meteorológicas". El PP no emitió ninguna declaración sobre la actuación israelí.

El 12 de enero de 2026, otros tres tanques israelíes se adentraron en territorio libanés y dispararon contra una unidad de reconocimiento española en las inmediaciones de la localidad de El Khiam. Los proyectiles cayeron a 150 y 380 metros de los soldados. Mientras se replegaban, los tanques los rastrearon con el láser de puntería. La respuesta del PP fue un escrito en el Congreso pidiendo a Robles que explicara "la utilidad de mantener nuestra presencia" en la misión, sin ninguna mención a la actuación de Israel. 

Semanas después, a finales de marzo de 2026, tres militares indonesios integrados en la brigada multinacional que España lidera en el Líbano murieron en dos ataques sucedidos en menos de 24 horas. Las investigaciones preliminares de la ONU apuntan a un proyectil de tanque israelí en el primero de los casos; el segundo, a un artefacto explosivo cuya autoría no ha sido definitivamente establecida. 

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que prestó asesoría legal a la madre del cabo Soria Toledo, califica la gestión que hizo entonces el Gobierno del PP de "bajada de pantalones lamentable". Tras los nuevos incidentes, su secretario general, Iñaki Unibaso, expresa su preocupación "ante la repetida falta de ética de Israel" y recuerda que los tres indonesios fallecidos operaban bajo mando del Ejército español.  "Israel sigue actuando con total impunidad", resume Unibaso.

De las declaraciones de Vicente Ferrer a las de Ester Muñoz ha pasado una década, varios ataques israelíes contra soldados españoles y un suboficial detenido y agredido. El PP ha usado ese tiempo para comprometerse a cuidar a las Fuerzas Armadas, presumir de estar orgulloso de sus militares y pedir reformas para mejorar sus condiciones. Lo que no ha hecho, en ninguno de estos episodios, es condenar, o al menos tomarse en serio, los ataques israelíes que las fuerzas españolas o bajo mando español reciben en el Líbano.

Vox llegó a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 como la tercera fuerza del país, con 1.670 ediles. Dos años después, el partido de Santiago Abascal ha perdido 87 concejales —uno de cada 20— que han abandonado o han sido expulsados de sus grupos municipales y hoy figuran como no adscritos en sus respectivos ayuntamientos. El porcentaje, más de un 5%, multiplica por diez el del PP y por ocho el del PSOE, según el análisis de infoLibre a partir de datos del Ministerio de Política Territorial.

Cuando un edil abandona o es expulsado del partido por cuyas listas fue elegido, la Ley de Bases de Régimen Local le impide integrarse en otro grupo y le obliga a sentarse solo, con derechos políticos y económicos reducidos. En la práctica, el no adscrito queda en tierra de nadie institucional —excluido de comisiones, sin medios del grupo— pero conserva su acta y, con ella, su voto.

El análisis de infoLibre sobre la composición actual de los ayuntamientos españoles identifica 444 concejales no adscritos en total, procedentes de todas las fuerzas políticas. El PSOE y sus federaciones autonómicas —PSdeG, PSOE-A, PSN…— acumulan 128, el mayor número en términos absolutos. El PP suma 104. Pero en términos relativos, la diferencia con Vox es abismal: PP y PSOE se mueven en porcentajes del 0,44% y el 0,62%, respectivamente, sobre sus ediles electos el 28M. Vox tiene un 5,21%.

El desglose geográfico de la descomposición interna del partido se distribuye de la siguiente manera: Castilla y León y la Comunidad de Madrid concentran cada una 14 de los 87 no adscritos de Vox, seguidas de Castilla-La Mancha con 13 y la Comunitat Valenciana con 12.

Ni el mapa ni las cifras del análisis incluyen dos casos recientes en grandes núcleos urbanos: Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid y Beatriz Sánchez del Álamo en el de Cartagena. En el caso de la capital, Ortega Smith ha sido expulsado del partido que cofundó, pero sigue actuando como portavoz en el pelno a a la espera de que se oficialice su condición de concejal no adscrito. En Cartagena, ha sido la concejal de Turismo la que ha anunciado su marcha de la formación de Abascal denunciando la "deriva" y el "trato inhumano" hacia sus miembros, pero el consistorio tampoco ha registrado aún su paso a edil no adscrita. De los casos ya consolidados, el más extremo en una capital de provincia es el de Palencia, donde Vox obtuvo tres concejales en el 28M y ha visto cómo dos de ellos pasaban a no adscritos por vías distintas, dejando al partido con un único edil que, para más inri, está a su vez expedientado.

El primero en caer fue Ricardo Carrancio, expulsado en febrero de 2024 tras ser condenado por insultar y golpear a un hombre con discapacidad. El segundo es el caso más llamativo: Sonia Lalanda, hasta entonces portavoz del grupo municipal, fue expulsada por criticar públicamente a la dirección nacional. En el pleno en el que formalizó su paso a no adscrita, Lalanda estuvo acompañada por Macarena Olona —que viajó expresamente a Palencia para el acto— y denunció las “prácticas sectarias” y la "deriva radical de extrema derecha" de Vox. El tercer concejal de Vox que queda en el Ayuntamiento, Emilio Polo, está expedientado precisamente por haber apoyado a Lalanda en su conflicto con la dirección del partido.

Valencia: crisis, readmisión y la Fiscalía Anticorrupción

El caso de Valencia ilustra hasta qué punto la inestabilidad interna de Vox puede sacudir instituciones de primer nivel. A principios de marzo de 2025 estalló el primer escándalo de presunta corrupción documentado en el partido: el hasta entonces vicealcalde y portavoz de Vox en el consistorio, Juan Manuel Badenas, quedó bajo investigación interna por el supuesto amaño de un contrato de 128.951 euros en favor de la empresa del marido de Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Vox le abrió expediente y le suspendió de militancia, lo que le dejó fuera del grupo municipal junto a su pareja, la también concejala Cecilia Herrero, que pidió la baja voluntaria del partido.

Durante diez días, ambos figuraron formalmente como concejales no adscritos, dejando al Gobierno de coalición PP-Vox de la alcaldesa María José Catalá sin mayoría. Pero el 4 de abril, Vox readmitió a los dos a cambio de que pidieran disculpas públicas, y Catalá firmó una remodelación del Ejecutivo municipal. Sin embargo, la crisis se cerró en falso: la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias sobre los contratos adjudicados durante la etapa de Badenas como concejal de Empleo.

La sombra de la corrupción también planea sobre el grupo de Vox en Collado Villalba (Madrid), donde su concejala Ana Isabel Dompablo Guerrero pasó a no adscrita en febrero de 2026 tras ser apartada por presunta malversación de fondos públicos.

El fenómeno no es exclusivo de Vox

Las desavenencias internas de los grupos municipales afectan a todas las fuerzas, aunque con distinta intensidad. Los 444 concejales no adscritos identificados por infoLibreproceden de más de 80 formaciones distintas. Entre los casos más llamativos de esta legislatura destacan tres que ilustran los distintos mecanismos del fenómeno a través de todo el espectro político: el oportunismo político con contrapartida, la desobediencia interna castigada con expulsión y el escándalo personal del cargo.

El caso más documentado de transfuguismo con recompensa es el de Fran Vázquez en Nerva (Huelva). Vázquez se presentó al 28M como candidato de Con Andalucía (IU), pero durante las negociaciones postelectorales su partido le acusó de negociar al margen, abandonó la formación y figuró como concejal no adscrito. Gracias a su voto, el PP alcanzó la alcaldía de un municipio de mayoría histórica socialista que rompía por primera vez en democracia la hegemonía del PP en Nerva.

Meses después, el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva publicó el decreto por el que Vázquez era nombrado asesor del grupo de gobierno del PP en la Diputación Provincial. El portavoz del PSOE en la Diputación lo formuló sin rodeos: "La alcaldía de Nerva tuvo un precio". El propio Vázquez negó cualquier acuerdo previo. En mayo de 2025, una moción de censura conjunta de PSOE, IU y XNerva prosperó y devolvió la alcaldía al PSOE.

Algeciras: Landaluce, apartado pero no mucho

Pero el ejemplo de mayor resonancia mediática es el del alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce. Tras catorce años al frente del consistorio, causó baja en el PP el 2 de enero de 2026 después de que el PSOE trasladara a la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso sexual —denuncia que la Fiscalía acabó archivando el mismo mes—. La dirección del PP tramitó su baja como militante para proteger la imagen del partido.

Landaluce figura como edil no adscrito pero sigue ocupando la alcaldía con el respaldo explícito del grupo municipal del PP, que mantiene su disciplina de voto. La propia portavoz de Vox en el consistorio lo denunció en pleno: "Algeciras no está gobernada por el Partido Popular, está gobernada por un tránsfuga” [Vox utiliza el término “tránsfuga”, aunque en este caso el movimiento no se corresponde con la definición de transfuguismo]. El PP, por su parte, calificó la baja de su alcalde como "la mejor estrategia para defenderse" de la denuncia. Tras el archivo de la misma, Landaluce anunció una querella por injurias contra la ya exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se refirió a él como “condenado”. Montero se retractó y achacó su declaración al “fragor” del mitin en el que participaba. 

El PSOE de Santiago, reducido a mínimos

En Santiago de Compostela, el PSOE perdió de golpe cuatro de sus seis concejales por un conflicto de disciplina de voto. En junio de 2024, el grupo municipal socialista votó a favor de una ordenanza sobre viviendas turísticas impulsada por el gobierno del BNG, contraviniendo la instrucción expresa de la dirección del partido, que les había pedido que se abstuvieran. El proceso disciplinario que siguió acabó con la expulsión del partido para Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez.

Su paso formal a no adscritos se hizo efectivo en un pleno extraordinario en mayo de 2025, dejando al PSOE de Santiago —el partido que más años ha gobernado la capital gallega en democracia— con solo dos concejales. El caso tiene cola judicial: los cuatro expulsados han demandado al partido para impugnar las resoluciones disciplinarias, y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán —que firmó las órdenes de expulsión— ha sido citado a declarar como testigo en el juicio por este caso, previsto para septiembre de 2026.

España es hoy un nodo central del narcotráfico global: punto de entrada y distribución de droga hacia el resto de Europa, refugio de capos internacionales y paraíso del blanqueo. Lo sabemos, en parte, gracias al trabajo de Víctor Méndez Sanguos, fundador y director de Narcodiario —socio editorial de infoLibre— y uno de los periodistas españoles que participó, junto a infoLibre, en NarcoFiles, la investigación internacional liderada por la red OCCRP que trazó una panorámica inédita del nuevo orden criminal global.  

En su libro Paraíso (Plaza & Janés, 2026), Méndez profundiza en este retrato del papel de España como punto en el que confluyen todas las grandes organizaciones del narcotráfico mundial. Con infoLibre, reflexiona sobre lo que el Estado podría hacer y no hace: jueces sin especializar, medios sin desplegar, blanqueo sin perseguir... Y sobre el porqué.

Su libro sitúa a España, y en particular a Marbella, como un nodo central del narcotráfico global. ¿Es así?

Marbella tiene el nombre, la fama, y es verdad: yo estuve allí reunido con mafias internacionales muy peligrosas, de las que dominan el narcotráfico. Pero no es solo Marbella: es toda la Costa del Sol, Girona, Alicante, Canarias, Baleares... Marbella tiene el nombre, pero hay muchos más sitios en toda España.

Desde mediados de la década pasada, los líderes de las grandes organizaciones también operan mucho desde Emiratos Árabes. Vieron que era un gran lugar para blanquear dinero, sobre todo en el sector inmobiliario, y allí se sienten seguros, porque hay muchas dificultades para extraditarlos. Como dice Gustavo Petro [presidente de Colombia], que tiene muy buena información sobre el tema, Colombia, Dubai y España forman los tres puntos fundamentales del negocio de la cocaína.

¿Cuáles son las consecuencias de esta presencia del narco global para la seguridad pública en España? ¿Podemos ver escenarios como el de Suecia o Países Bajos, donde ha aumentado la violencia del crimen organizado?

En cuanto a eso yo soy relativamente optimista, porque lo que vemos es que la violencia, por ahora, es un 99% entre ellos, dentro del crimen organizado. Por eso no hay concienciación del problema en España: cuando se matan entre ellos parece que no pasa nada. Y sin embargo hay muertes relacionadas con el narcotráfico prácticamente todas las semanas. 

Las grandes organizaciones no atacan a la sociedad porque llevan treinta años aquí y saben que el perfil bajo les funciona. Lo que han hecho en Holanda aquí no lo veo, de momento, aunque es cierto que las organizaciones que lo hacen allí también operan aquí. Además, cada vez hay más mafias de más distinto tipo asentadas en España. Aparecen grupos más jóvenes y más violentos, y que quizá no tienen esos códigos no escritos de proteger el negocio manteniéndose en la sombra.

En el libro usted cita dos nombres relativamente nuevos, el Cártel de los Balcanes y la ‘Mocro Mafia’, como dos de las organizaciones más potentes hoy. ¿A qué se debe este auge?

Primero hay que aclarar que son nombres periodísticos, como el propio término 'Mocro Mafia': no hay una organización única con ese nombre, sino un montón de grupos, procedentes de Marruecos y asentados en Holanda, que a veces trabajan juntos y a veces se matan entre ellos. El Cártel de los Balcanes son organizaciones procedentes de distintas regiones —Albania, Serbia, Montenegro, Croacia— que se iniciaron con formación militar en los años noventa, tras la guerra. Emigraron, algunos hacia Europa occidental, muchos hacia Sudamérica, y empezaron estableciendo negocios turbios: robos, prostitución... Después vieron que el narcotráfico era mucho más lucrativo y menos arriesgado.

Fueron muy listos. Se instalaron en Colombia y Ecuador, pero le dijeron a los mexicanos: yo trabajo aquí, pero no para Estados Unidos, sino para Europa. Por eso no hubo violencia entre ellos: el territorio quedó repartido. Lo que va para Estados Unidos es cosa de los mexicanos; lo que va para Europa, de ellos. A partir de ahí se infiltraron en la sociedad, en distintos países, incluso establecieron relaciones con personas del Gobierno y la justicia en Ecuador, por ejemplo.

¿Qué rol juega en España el Cártel de los Balcanes? 

Además de manejar plantaciones de marihuana, su papel fundamental está en la recepción de los envíos: son especialistas en entrar en los puertos, recoger los alijos —cada vez menos en grandes contenedores, sino, últimamente, muchos envíos más pequeños con GPS incorporado— y hacer el primer guardado. Tienen células itinerantes que van de puerto en puerto.

El libro describe una desigualdad de medios muy notable entre las fuerzas de seguridad y los narcos. ¿Cómo se trabaja con esa realidad?

Hay dos patas de esa desigualdad. Por un lado, los medios para interceptar alijos: pasa varias veces al año que la policía y la Guardia Civil saben que viene un barco, lo tienen controlado, pero no pueden salir porque no hay embarcaciones operativas.

La Armada tiene los barcos y los aviones —incluso para detectar narcosubmarinos— y no se utilizan. Francia los usa, Portugal los usa, Estados Unidos los usa. No es cuestión de ponerse a matar gente, como Trump, pero tenemos los medios y no los utilizamos. Es una decisión política.

Pero el factor más importante es que no se persigue el dinero. Las directrices son incautar droga, y eso está bien y es importante. Pero no se destinan medios a la lucha contra el blanqueo, contra los beneficios del narcotráfico. Y hay que entender algo: a los narcos les da exactamente igual que la droga sea ilegal o que mate. Lo hacen para ganar dinero. Si no persigues el dinero, no consigues nada, por muchos alijos que intervengas. En Galicia hay un montón de mansiones que se sabe que proceden del narcotráfico y no se atacan. Hay una legislación que invierte la carga de la prueba —la persona tiene que justificar de dónde viene un bien— y no se aplica. El resultado es que algunos narcos pasan una temporada en prisión, pero cuando salen conservan todo su patrimonio. Les vale la pena y seguirán traficando.

¿Está el sistema judicial español preparado para combatir el crimen organizado?

No. Primero, el colapso general retrasa todas las causas, no solo las de narcotráfico. Cuando llega el juicio, diez años después de la operación, el narco se queda con una pena muy reducida por dilaciones indebidas. Los abogados se encargan de que eso pase, con recursos y contrarre­cursos. Pero el problema de fondo es que en España no existen jueces especializados, cuando somos el país de Europa con más presencia del crimen organizado. Al mismo juez que le llega una pelea o un caso de alcohol al volante le cae de repente un caso de la ‘Mocro Mafia’ con ramificaciones en tres continentes. Es imposible que lo pueda asumir.

La solución es sencilla: siete u ocho juzgados específicos en puntos estratégicos del territorio, tanto para la instrucción como para la fase de juicio oral. Habría que pagarlo, claro. Pero los narcos vienen a España precisamente porque saben todo esto. En Francia, si te pillan, en dos o tres semanas hay sentencia y vas directo a la cárcel. Aquí te ponen en libertad y ya veremos. Por eso las narcolanchas no desembarcan en Francia, y tienen las mismas playas que nosotros. 

Hablemos de la infiltración en las fuerzas de seguridad. El caso del inspector jefe de la UDEF, Víctor Sanchez Gil, ¿es anecdótico o hay un patrón?

Después de 2020, con la desencriptación de Sky ECC [una plataforma de mensajería encriptada muy usada por el crimen organizado] a los policías buenos, que son la mayoría, se les abrieron los ojos: la infiltración dentro de las fuerzas de seguridad españolas es grande, mucho más de lo que la propia Policía pensaba. El puerto de Valencia es el ejemplo más claro: el jefe de la Guardia Civil del puerto estaba metido en el ajo. También hay estibadores, jefes de aduanas, gente de todos los cuerpos…

La mayoría de la Policía trabaja muy bien y no es corrupta. Pero hay un problema estructural: igual que los narcos tienen abogados muy buenos, los policías o guardias civiles corruptos también los tienen. Ya hemos visto absoluciones de agentes que evidentemente trabajaron con los narcos. Si quieres tener un contacto con acceso al sistema GATI [Grupo de Análisis y Tratamiento de Información, una base de datos policial unificada] necesitas un inspector jefe como mínimo. Hay que poner mucho dinero encima de la mesa, pero a estas organizaciones no les supone un problema hacerlo. Y hay gente que lo coge.

En España hay más crimen organizado que en países que, como dice, sí tienen jueces especializados, despliegan medios militares, persiguen el blanqueo… ¿Por qué no hacemos lo que hacen ellos?

Voluntad política. Pero no se lo achaco solo a los políticos: se lo achaco a la sociedad. Los políticos son un reflejo de lo que pide la sociedad. Hace treinta años la droga aparecía en el CIS en el número dos de preocupaciones, junto al terrorismo de ETA. Ahora no aparece ni entre las treinta primeras. La sociedad no tiene esa preocupación, la droga se ve como algo de ocio. Y si no te revierte en votos, no lo tocas.

¿Cómo se rompe ese círculo?

Es un problema de todos los ministerios, no solo de Interior o Justicia. También de Educación y de Cultura: hay que conseguir que esto deje de estar bien visto. En el sur de España tienes a tu primo que vuelve forrado con la mejor moto y el mejor coche, mientras tú trabajas por mil euros en la fábrica de turno, y la música que escuchas encumbra ese modelo. Si la sociedad lo ve normal, el político también lo ve normal. Y si el político lo ve normal, no se hacen las cosas para frenarlo: ni la represión con medios, ni la justicia con recursos. Y seguimos igual.

Los documentos de los clústeres tecnológicos de la Comunidad de Madrid que, como reveló infoLibre, destinaron 145.200 euros de fondos públicos en 2024 al despacho del exministro del PP Rafael Catalá, muestran otro extraño movimiento de fondos: algunos de los gerentes que los dirigen han cobrado de las propias entidades que gestionan, ya sea a través de empresas de su titularidad o prestando servicios remunerados a otros clústeres del mismo programa. Todo el dinero procedía de subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

La documentación examinada por este medio —las cuentas justificativas de las subvenciones nominativas correspondientes al ejercicio 2025 del Clúster de Transformación Digital y las del ejercicio 2024 de los cuatro clústeres— revela dos casos distintos pero análogos, en un entramado donde toda la actividad conocida se externaliza al 100% y no consta ningún mecanismo de control de incompatibilidades.

Olga Álvarez Anguita figura como gerente del Clúster de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Su correo de contacto oficial, publicado por la propia asociación en una nota de prensa de septiembre de 2025, pertenece al dominio de Sunte Solutions SL, empresa de la que es administradora única según el Registro Mercantil.

Las cuentas justificativas de la subvención nominativa recibida en 2025 por el Clúster de Transformación Digital —el único que ha publicado las de ese año— reflejan que Sunte Solutions SL facturó aproximadamente 29.430 euros a la asociación en concepto de servicios de gestión y coordinación. Es decir, la gerente del clúster cobró de ese mismo clúster a través de su propia empresa.

Las cuentas anuales de Sunte Solutions SL depositadas en el Registro Mercantil permiten dimensionar el alcance de ese contrato. En 2023, la empresa obtuvo un beneficio neto de 147,52 euros. En 2024, el resultado mejoró hasta los 24.766 euros. Lo facturado al clúster en 2025 supera el beneficio total de la empresa en 2024 y equivale a doscientas veces el de 2023. En ambos ejercicios, Sunte Solutions no tenía ningún empleado, según sus cuentas anuales. Las cuentas de 2025 no están disponibles.

infoLibre ha contactado con Álvarez Anguita por varias vías para saber si recibe además alguna remuneración directa como gerente, si hubo proceso competitivo para adjudicar el contrato a Sunte Solutions y si considera que existe un conflicto de interés en esta situación; pero este medio, en el momento de publicar esta información, no ha recibido respuesta.

El segundo caso tiene como protagonista a Mario Carabaño, gerente del Clúster de Internet de las Cosas. Las cuentas justificativas de los cuatro clústeres correspondientes a 2024 revelan que Carabaño cobró 42.350 euros por redactar las memorias justificativas de las otras tres asociaciones del programa: 14.520 euros del Clúster de Blockchain, 13.310 del de Inteligencia Artificial y 14.520 del de Transformación Digital. Los pagos se realizaron a su nombre y con su DNI.

En total, los tres documentos elaborados por Carabaño suman 128 páginas, —muchas de ellas de sin texto—, lo que significa que cobró a razón de 330 euros por página de memoria. El Clúster de Internet de las Cosas, del que Carabaño es gerente, encargó la memoria a una empresa externa. Contactado por varias vías, Carabaño tampoco ha respondido a las preguntas remitidas de infoLibre.

Los estatutos de los clústeres —los tres que están disponibles en la sede electrónica, todos excepto el de Transformación Digital— regulan los cargos de la Junta Directiva: presidencia, vicepresidencia y secretaría; y establecen que serán no remunerados. Sin embargo, no contienen ninguna referencia a la figura del gerente ni tampoco establecen ningún régimen de incompatibilidades para ese cargo.

Además de los pagos directos a Carabaño, las cuentas de 2025 del Clúster de Transformación Digital —el que gestiona Álvarez Anguita— reflejan un pago de 16.940 euros a Business Integration Partners (BIP), empresa en la que trabaja Carabaño. 

Como ya reveló infoLibre, los cuatro clústeres carecen de estructura propia y externalizan la totalidad de su actividad conocida, según sus cuentas justificativas. La Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, titular de los convenios y subvenciones nominativas que financian a las asociaciones, no ha respondido a las preguntas remitidas por infoLibre sobre si tiene conocimiento de estos pagos y si existen o existían controles al respecto. Tampoco lo han hecho las propias asociaciones. 

Los cuatro clústeres se constituyeron el 19 de septiembre de 2022 en reuniones simultáneas de diez minutos de duración. Desde entonces, han recibido de la Comunidad de Madrid 800.000 euros en virtud de cuatro convenios en 2024 y una cantidad equivalente en subvenciones nominativas en 2025, cuyas justificaciones aún no han sido publicadas en su integridad. Para 2026, el Gobierno de Ayuso ha incluido cuatro partidas, una por asociación, en los Presupuestos Generales y ha rebajado su asignación a 100.000 euros para cada una, 400.000 euros en total.

La oposición ha reaccionado a las informaciones publicadas por infoLibre sobre estas asociaciones. Más Madrid presentó el pasado 25 de febrero una solicitud ante la Mesa de la Asamblea para que la Cámara de Cuentas fiscalice los convenios firmados por la Comunidad de Madrid con los cuatro clústeres. La diputada Marta Lozano, autora de la iniciativa, describió el término "clústeres" como "nombre rimbombante para una asociación de toda la vida" y reclamó saber "los motivos por los que parte del dinero acabó en el bolsillo de Rafael Catalá". 

El PSOE también ha registrado, a raíz de la investigación de infoLibre, varias iniciativas para que el Gobierno regional explique qué proyectos han llevado a cabo las asociaciones y qué participación tiene la Comunidad de Madrid en ellas.

Sin embargo, la actitud de los socialistas no siempre ha sido de denuncia. Meses antes de que salieran a la luz estas informaciones, durante la tramitación de los Presupuestos autonómicos para 2026, el grupo socialista presentó cuatro enmiendas al articulado de los presupuestos —G-51, G-52, G-53 y G-54— para añadir 200.000 euros adicionales a la dotación de cada clúster. De haber prosperado, cada asociación habría pasado a recibir 300.000 euros anuales —1,2 millones en total—, el triple de lo que percibirán este año. Las enmiendas no fueron admitidas.

La desclasificación de más de 150 documentos sobre el 23-F prometía respuestas a las múltiples preguntas sobre el papel del rey Juan Carlos I en la noche más larga de la democracia española. ¿Sabía de antemano el monarca lo que iba a ocurrir? ¿Hubo conversaciones con Armada y el resto de golpistas? ¿Se echó atrás en el último momento para presentarse como garante de la incipiente democracia? ¿O fue realmente, como sostiene la versión oficial, el hombre que desde Zarzuela paró con el teléfono lo que otros habían puesto en marcha con las armas? 

Los papeles no responden. O más exactamente: responden en los dos sentidos a la vez, con un equilibrio que deja la incógnita exactamente donde estaba.

Entre los documentos más reveladores figura una carta fechada el 14 de diciembre de 1981, enviada por el secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, al director del CESID—el precursor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, Emilio Alonso Manglano. Fernández Campo adjunta el guión que sirvió de base para una reunión del rey con el presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La mayoría del guión es impecablemente constitucional: el papel del rey como árbitro, la reivindicación de su papel del 23-F, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil… Pero hay pasajes que chirrían. Entrada la reunión, el rey describe a las Fuerzas Armadas como las "vencedoras en una triste guerra civil" que “no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria” y “durante cuarenta años sirvieron a España con espíritu de sacrificio" y que se ven ahora sacudidas por la libertad de prensa y el "revanchismo de opiniones". 

También alude a "situaciones tal vez provocadas deliberada y organizadamente" en torno al Consejo de Guerra, en las que la prensa habría “irritado inadvertidamente" a las Fuerzas Armadas. Además, según el rey, en los ámbitos militares cunde la impresión de que sufren más castigos que otros sectores de la sociedad: “Nunca puede estar justificada la exclusividad o la preferencia de la sanción sobre los militares.”, denunció el monarca haciendo suyas las reivindicaciones. 

El contexto de esta intervención importa: el rey no hablaba ante el Parlamento, sino con los máximos jefes militares diez meses después del golpe. La empatía táctica hacia los mandos a los que debía retener dentro del orden constitucional es políticamente comprensible. Pero incluso en este contexto, muchos de los pasajes del documento bordean peligrosamente la justificación hacia quienes habían intentado subvertir ese mismo orden constitucional.

Otro bloque de material comprometedor para la figura del rey no viene de documentos del Estado, sino de las conversaciones intervenidas en el domicilio de la familia Tejero durante y después del golpe. Las transcripciones muestran a Carmen Díez, esposa del golpista, y a sus hijas, convencidas de que Juan Carlos I, junto con Milans del Bosch, Armada y las Capitanías Generales, estaba detrás de la operación y abandonó a su suerte al hombre que tomó el Congreso. 

"A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el Rey detrás", asegura Díez en una llamada con su madre. “Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás” le dice a su suegra una de las hijas del teniente coronel.

El valor probatorio de estas conversaciones es, en rigor, casi nulo: son las percepciones de una familia moldeadas por lo que Tejero contaba o creía. Pero contienen un elemento llamativo: la convicción de que el nombre del rey había sido utilizado para arrastrar participantes al golpe. Que eso sea cierto o una instrumentalización de su figura sin su conocimiento es una pregunta que los documentos no resuelven.

Sobre el peso que el supuesto apoyo del rey al golpe tuvo en sus participantes se pronuncia también Gil Sánchez-Valiente en comentarios recogidos en un informe de la Dirección General de la Guardia Civil fechado el 9 de junio de 1981. El capitán, que había huido a Roma dos días después del golpe, declara que el rey habría “comentado errores políticos con Armada”, y este habría convertido esas conversaciones en una "orden", transmitiendo a los participantes "la supuesta aprobación del rey", sin la cual Sánchez-Valiente afirma que no habría participado en el golpe.

El testimonio tiene limitaciones obvias: son comentarios de un fugitivo huido en el extranjero y con interés en explicar su participación. Pero Sánchez-Valiente era un protagonista directo, presente en el Congreso esa noche, aunque a su vuelta a España afirmó que había acudido “con fines represivos” y a petición del Director de la Guardia Civil, pese a que su simpatía estaba con los golpistas. 

El documento más incómodo para la Corona es una nota interior del CESID fechada el 5 de febrero de 1982, en plena fase previa al juicio oral de los participantes en el golpe. Recoge que en círculos castrenses se daba por cierto que alguien "muy importante de la Casa Real" se había entrevistado con Armada para tratar sobre "comportamientos relativos a la vista oral del proceso", y que cuando se intentó hacer lo mismo con Milans del Bosch, este exigió reunirse con "la propia persona real". 

Según la nota, el rey atendió la petición y habló de forma confidencial con el golpista, con el objetivo de que "la Corona no salga lesionada” del proceso judicial. Por lo que se desprende del documento, el CESID no afirma que la información sea cierta, sino que la recibe de una de sus antenas. Sin embargo, la nota da credibilidad a los hechos que relata y a las fuentes de las que provienen, a las que se refiere como “núcleos cualificados”.

Frente a ese bloque hay otro igualmente sólido, aunque de naturaleza diferente. Una nota del Ministerio del Interior cataloga como campaña de intoxicación los rumores que implicaban al rey, y atribuye esa campaña a los abogados defensores de los procesados y a sectores de la derecha radical, con un doble objetivo: reducir las responsabilidades penales de sus clientes y mantener "munición" contra la Corona para un eventual golpe futuro.

Más llamativo resulta, por su origen, un documento de la Dirección General de Policía sobre las reflexiones internas en el seno PCE. La nota recoge que teóricos del partido comunista —recién legalizado y con escaso entusiasmo monárquico— concluían en sus análisis internos que implicar al rey era un juego de la extrema derecha para destruir la institución democrática: "La extrema derecha quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como institución democrática." El valor de este documento reside precisamente en su origen: una fuente ideológicamente poco sospechosa de hacer favores a la Corona que descarta internamente las acusaciones. Que el PCE considerara un error táctico apoyarlas no significa obligatoriamente que pensara que el rey fuera inocente, pero sí refuerza la lectura de que parte del material acusatorio fue instrumentalizado políticamente.

Uno de los elementos más complejos de cuantos recoge la desclasificación es una serie de documentos manuscritos anónimos sobre las conspiraciones golpistas del período 1980-1982. La portada lleva fecha de noviembre de 1980, pero el conjunto incluye material posterior al 23-F —algunos fragmentos hacen referencia expresa a "errores cometidos" en esa operación— y contiene planificación detallada orientada al golpe frustrado que tuvo lugar en las elecciones del 28 de octubre de 1982.

En esos documentos, el monarca ha dejado de ser una variable a ganar o cooptar para convertirse en un objetivo a neutralizar. Le llaman "el borbón" y señalan como primer fallo del 23-F "dejar al borbón libre y tratarle como si fuese un caballero". El Palacio de la Zarzuela figura en las listas de objetivos físicos de al menos uno de los planes detallados —la llamada "Operación Halcón"— junto a las sedes de los Cuarteles Generales, los ministerios y los medios de comunicación. El mismo rey al que algunos acusan de haber respaldado el 23-F es aquel a quien los conspiradores del siguiente golpe querían neutralizar físicamente. La autoría anónima del material y la imposibilidad de verificar su origen obligan a manejarlo con cautela.

Otro bloque relevante es el que la Casa Real querría que cualquier periodista citara primero: la versión oficial y mito fundacional de la España democrática que presenta al rey como salvador del orden constitucional. Un informe del CESID presenta un relato minucioso con horas exactas y nombres concretos de los sucesos del 23 de febrero según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela. Según este documento, el rey negó a Armada la entrada en Zarzuela el día del golpe y su secretario Sabino Fernández Campo, le arrancó a Armada "su palabra de honor" de que no se dirigirá a los diputados en nombre del rey. Y a la 1:20 del 24 de febrero, el monarca llama a Milans del Bosch y le dicta seis órdenes que incluyen la frase que quedó para la historia: "Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey."

Lo que el relato de Zarzuela no cubre es el período anterior a las cinco de la tarde del día 23 —primera entrada cronológica del documento— Lo que describe a partir de ese momento es impecablemente constitucional. Lo que sucedió antes, en las semanas y meses previos, en las conversaciones entre el rey y Armada cuyo contenido exacto nadie ha podido acreditar ni desmentir del todo, sigue siendo una incógnita.

La Comunidad de Madrid destinó 800.000 euros de fondos públicos en 2024 a cuatro asociaciones que denomina "clústeres tecnológicos" —dedicadas a impulsar la inteligencia artificial, el ‘internet de las cosas’, la transformación digital y el blockchain, respectivamente— que carecen de empleados y que destinan el 20% de la subvención a pagar a un bufete de abogados vinculado al Partido Popular.

Según la documentación de ejecución presupuestaria de los convenios correspondientes al ejercicio 2024, el despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas facturó al menos 145.200 euros a las cuatro asociaciones de las que forma parte la Comunidad de Madrid. Estos importes se consignaron en concepto de “asistencia técnica” y se computaron como gasto indirecto. Uno de los tres socios del despacho es Rafael Catalá, ministro de Justicia entre 2014 y 2018 en los gobiernos de Mariano Rajoy. El hijo de Catalá, Ignacio Catalá Martínez, es actualmente diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

Los cuatro clústeres fueron constituidos como asociaciones sin ánimo de lucro en reuniones que tuvieron lugar el 19 de septiembre de 2022, según consta en sus respectivas actas fundacionales. Las cuatro reuniones se celebraron a las 12:00 horas del mismo día y terminaron a las 12:10 h, es decir, en sesiones de apenas diez minutos. Todas se llevaron a cabo a la vez y con la misma persona representando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Extrañamente, aunque las fechas y horas coinciden en las actas, en algunas consta que la reunión se celebra en Tres Cantos y en otras en Las Rozas.

Aparecen como socios fundadores la propia Comunidad de Madrid —representada por el entonces consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo Torres— y la consultora Crowe Accelera Management. El tercer socio varía: Funditec Tecnológica Advantx en los clústeres de inteligencia artificial e ‘internet de las cosas’; la Asociación Consorcio Red Alastria en el de blockchain; y Antalis Consulting Services en el de transformación digital.

Al inicio, las cuatro asociaciones compartieron domicilio provisional en el número 30 de la calle Gran Vía de Madrid, concretamente en la quinta planta, donde la Comunidad de Madrid tiene parte de sus oficinas. También establecieron una cuota mensual simbólica de 100 euros por socio.

El 28 de diciembre de 2023, la Consejería de Digitalización, dirigida por Miguel López-Valverde Argüeso, firmó cuatro convenios de colaboración, uno por cada clúster, por un importe de 200.000 euros cada uno. Los convenios fueron autorizados por acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de diciembre de 2023.

La subvención se concedió de forma directa y sin competencia “por razones de interés público y social”. Los convenios justifican esta excepcionalidad apelando a la crisis sanitaria provocada por la covid-19, pese a que los textos se firmaron casi cuatro años después del inicio de la pandemia.

Para 2025, la fórmula de las subvenciones de la Comunidad de Madrid a los clústeres pasó de ser un convenio de colaboración a una subvención nominativa. Las justificaciones de estas subvenciones, que tuvieron que ser presentadas a la Comunidad de Madrid antes del pasado 31 de diciembre, no han sido aún publicadas en la sede electrónica de los clústeres, ni remitidas a infoLibre, que ha solicitado acceder a ellas sin recibir respuesta.

Los convenios también establecían que los gastos indirectos no podían superar el 20% del importe total de la subvención, es decir, un máximo de 40.000 euros por clúster. Estos costes se definen como los gastos generales de funcionamiento de la asociación: personal, dietas, desplazamientos, energía, alquiler, limpieza y asesoría, según la literalidad de los textos.

Sin embargo, las justificaciones de las subvenciones del ejercicio 2024 revelan que la práctica totalidad de esa partida de gastos indirectos —145.200 euros en total entre las cuatro asociaciones— se destinó a un único proveedor: el despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas. El importe facturado a cada clúster fue idéntico: 36.300 euros, cantidad que equivale al 90% del tope máximo de gastos indirectos permitido por convenio. La facturación se produjo entre abril y diciembre de 2024, es decir, no durante todo el año, y se hizo a razón de aproximadamente 12.000 euros mensuales entre los cuatro clústeres.

Estos gastos no se corresponden con los gastos totales de los clústeres. Se trata de las justificaciones que se entregan a la Comunidad de Madrid y que se imputan a la subvención autonómica. Las cuentas generales, referentes a ingresos privados e independientes del Gobierno autonómico—si es que existieron—, no están disponibles en la sede electrónica. Al no estar registradas como asociaciones de utilidad pública, su publicación no es obligatoria.

No consta en la documentación de ejecución consultada gasto alguno en estructura ni personal propio de las asociaciones. Toda la actividad justificada ante la Comunidad de Madrid se distribuyó íntegramente entre proveedores externos: estudios encargados a firmas como Accenture, KPMG o Talent Hackers; promoción a través de Alcandora Publicidad y Merge Digital; y los citados gastos indirectos del despacho de Catalá. Incluso las memorias justificativas de las cuatro asociaciones fueron realizadas por un proveedor externo.

Rafael Catalá se incorporó a Carles Cuesta Abogados y Economistas en mayo de 2021 como primer socio externo del despacho, fundado por José Carles y Carlos Cuesta. Así lo publicó Confilegal en abril de 2021. En aquella entrevista, el propio Catalá definía la firma como un despacho especializado en “fusiones y adquisiciones, recuperaciones empresariales, refinanciaciones de deuda y derecho concursal”, al que calificó de “‘boutique muy prestigiosa”.

El perfil del bufete no guarda relación aparente con las necesidades de cuatro asociaciones dedicadas, sobre el papel, a la promoción de tecnologías. Los convenios definen los gastos indirectos como costes de “funcionamiento general” asociados a la administración del proyecto. La documentación de ejecución clasifica la facturación del despacho como “asistencia técnica”.

Los textos de los convenios excluyen expresamente de la subvención los gastos de “asesoría jurídica para la defensa civil, penal, administrativa o de otra índole”. Aunque esa exclusión se refiere específicamente a la asesoría para defensa, la pregunta sobre qué tipo exacto de servicios presta un despacho concursalista a cuatro asociaciones tecnológicas sin empleados no tiene respuesta conocida, al menos mientras el bufete no conteste a las preguntas remitidas por infoLibre.

Años antes de asumir la cartera de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2000 y 2002, Rafael Catalá fue subsecretario de Hacienda con Cristóbal Montoro al frente del ministerio. Tras su salida, entre 2005 y 2011, fue secretario y consejero de la multinacional de juego Codere, que pagó 679.000 euros a Equipo Económico, el despacho de Montoro, entre 2008 y 2012. La investigación judicial sobre el alcance de las maniobras del despacho para influir en la situación legal y fiscal de las empresas del juego está en curso y no se ha formulado acusación contra Catalá.

Su hermana, Raquel Catalá, tampoco figura como investigada en la causa, pero aparece citada en los informes del denominado caso Montoro por su papel como jefa de la delegación especial de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) en Madrid de 2012 a 2018. Según la propia Agencia Tributaria, le facilitó a uno de los imputados de la trama, entonces director de la Agencia, datos fiscales sobre los socios de Equipo Económico.

Tetiana Kavinova vive en la orilla este de Kiev. Su calefacción dejó de funcionar tras los ataques rusos a las centrales eléctricas de la capital a principios de enero. El agua de su casa, que durante el día está a 8 grados, sale helada y no tiene electricidad para el calefactor ni la vitrocerámica. "Cuando me despierto, deseo que sea de noche para poder dormirme y olvidar", se lamenta. "Pensaba que el inicio de la guerra fue terrible. Ahora creo que aquello era más fácil que esto". 

Su situación no es excepcional. Este invierno, el más duro desde el inicio de la invasión a gran escala, más de un millón de ucranianos han soportado semanas sin electricidad, calefacción ni agua caliente. En enero, el alcalde de Kiev pidió a los residentes que abandonasen la ciudad para aliviar la presión sobre una red eléctrica al borde del colapso. Según la misión de vigilancia de derechos humanos de la ONU, en 2025 murieron 2.514 civiles ucranianos, un 31% más que el año anterior. 

El principal responsable de esa destrucción tiene nombre: Geran-2, la versión rusa del dron iraní Shahed-136. Un aparato triangular de 3,5 metros, capaz de recorrer hasta 2.000 kilómetros con una cabeza explosiva de unos 50 kilos. Los datos de la fuerza aérea ucraniana indican que en 2025 Rusia lanzó unos 54.000 drones de largo alcance, de los que unos 32.000 eran Geran-2. Casi 3.000 al mes, a menudo centenares en una sola noche, para saturar las defensas antiaéreas y abrir paso a los misiles de crucero. "No vuelan muy rápido y por eso son detectables a larga distancia. Pero Rusia los lanza en tal volumen que algunos siempre pasan", explica un agente de un servicio de inteligencia de un país europeo consultado por esta investigación. 

Sin embargo, la responsabilidad de esta crisis no recae solo en Moscú. Una investigación internacional llevada a cabo por infoLibre junto con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el diario belga De Tijd, el ucraniano The Kyiv Independent, el colectivo alemán Paper Trail Media, el británico The Times y el irlandés Irish Times, revela que estos drones están repletos de tecnología europea. Y que esa tecnología sigue llegando a Rusia pese a cuatro años de sanciones. 

Entre las empresas europeas cuyos componentes han sido identificados dentro del Geran-2 hay una con sede en España: Pierburg S.A., filial del grupo alemán de defensa y automoción Rheinmetall, que fabrica componentes para automóviles en su planta de Abadiño (Vizcaya). La bomba de combustible eléctrica que alimenta el motor del dron lleva la marca Pierburg.

La pieza ya aparecía desde 2024 en la web War & Sanctions —de la inteligencia militar ucraniana— catalogada como alemana. Es un nuevo informe del servicio ucranniano el que la atribuye a la subsidiaria española, sin que se conozcan los motivos del cambio. Un portavoz de Rheinmetall confirma que las autoridades aduaneras alemanas informaron a la empresa en enero de 2024 de que "bombas de combustible eléctricas civiles fabricadas en julio de 2020 para el mercado de recambios de automoción habían sido enviadas a Rusia", pero asegura que la compañía no realizó esa entrega y que desconoce quién la exportó. 

Preguntada expresamente por en qué planta se fabricó la pieza —Pierburg también fabrica en Alemania y en la República Checa—, la empresa declinó dar más detalles. La subsidiaria española, Pierburg S.A. no respondió a las preguntas de infoLibre. 

Los datos de importación de la plataforma comercial Import Genius muestran además seis envíos a Rusia en 2024 de productos Pierburg con España como país de origen: válvulas de presión y sensores de oxígeno para automóviles, piezas que no figuran en la lista europea de productos sancionados y de las que no existe indicio de que guarden relación con drones. Tampoco se puede concluir que fueran enviadas directamente por Pierburg. Las piezas llegaron a distribuidores de recambios rusos a través de intermediarios en Kazajistán, Moldavia y Países Bajos. 

En el centro de la investigación hay seis documentos de la inteligencia ucraniana, obtenidos por The Kyiv Independent, que recogen los componentes hallados en los restos de varios Geran-2 derribados, ensamblados tanto en la gran fábrica de Alabuga como en la planta de Izhevsk. Del análisis se desprende que un solo Geran-2 fabricado en Alabuga contiene hasta 294 componentes extranjeros. En total, el consorcio ha identificado más de cien piezas de 19 empresas europeas con sede en ocho países: Reino Unido, Suiza, Alemania, Países Bajos, Austria, Irlanda, España y Polonia.

De los componentes cuyo año de fabricación pudo determinarse, la mayoría databan de 2023 y 2024, lo que descarta que se trate de piezas antiguas anteriores a la invasión. Los componentes europeos están presentes en prácticamente todas las partes tecnológicas del dron: el mecanismo de dirección, el motor, la antena GPS, los dispositivos de navegación por satélite, el sistema de piloto automático y la placa base principal. 

El consorcio ha rastreado, a través de la base de datos Import Genius, los productos de las marcas europeas implicadas que fueron importados por empresas rusas. En 2024 se contabilizaron 1.207 envíos, de los que más de la mitad —672— contenían productos de la lista europea de bienes de doble uso cuya exportación a Rusia está expresamente prohibida. En ningún caso los bienes llegaron directamente desde un país europeo: las rutas pasan principalmente por China y Hong Kong, y en menor medida por Turquía, Emiratos Árabes, Kirguistán o India. 

Las empresas europeas implicadas comparten un discurso común: condenan la invasión, aseguran cumplir las sanciones y no vender a Rusia, pero admiten que no pueden garantizar que sus productos no acaben allí. Algunas ni siquiera descartan que sus componentes lleguen ya montados dentro de electrodomésticos que después se desmontan para darles uso militar. Alex Prezanti, abogado internacional especializado en sanciones, describe el esfuerzo por sancionar a intermediarios como "un juego de golpear topos: puedes perseguir empresas, pero siempre vas un paso por detrás, porque pueden abrir diez nuevas cada día". 

Vladyslav Vlasiuk, comisario para la política de sanciones del Gobierno de Ucrania, describe el mecanismo: "Una empresa alemana envía algo a Turquía, de Turquía va a Hong Kong, de Hong Kong a China y de China a Rusia. Estas cadenas son extremadamente difíciles de identificar y desarticular". Para Vlasiuk, el punto débil son los propios fabricantes: "La respuesta de 'vendemos muchas piezas diminutas y no podemos controlar miles de componentes baratos' ya no sirve. Llevamos casi cuatro años", denuncia el ucraniano. 

¿Funcionan entonces las sanciones? Vlasiuk pone un ejemplo: Rusia no ha logrado aumentar la producción de misiles de crucero, estancada en unas 1.700 unidades anuales, porque no puede conseguir los componentes occidentales necesarios. Pero con los drones la historia es la opuesta: en 2025 se lanzaron más de 32.000 Geran-2, diez veces más que dos años antes.  "Usan menos tecnologías punteras y más componentes chinos, y eso es algo que han podido escalar", reconoce. La fuente del servicio de inteligencia europeo coincide: "China juega un papel importante pero discreto. Es el elefante en la habitación". 

El origen europeo no se limita a los componentes. Ivan Kirichevsky, experto en armamento del think tank Defense Express y miembro de las fuerzas armadas ucranianas, señala que el propio diseño del Shahed es "una copia directa" de Die Drohne Antiradar, un proyecto de la Alemania occidental de los años ochenta. Cuando cayó el muro de Berlín, los planos se dispersaron e Irán los aprovechó. "Incluso el motor es un clon del alemán y la electrónica prevista en el proyecto original es la misma que usa el Shahed moderno", resume. En resumen: un dron de fabricación rusa, con componentes chinos y europeos, basado en un diseño iraní creado a partir de un proyecto alemán.

A casi cuatro años de la invasión, el vigésimo paquete de sanciones de la UE se negocia en Bruselas. Preguntado por esta investigación, ​​David O’Sullivan, enviado europeo para sanciones, asegura que "no ignoraremos los casos en que nuestras sanciones sean eludidas sistemáticamente" y que la Comisión "está lista para reforzar las medidas cuando se identifiquen posibles lagunas". Pero mientras la Unión Europea promete actuar, los drones siguen cayendo. Y en el este de Kiev, Kavinova sigue pasando frío. "Cuando los técnicos reparan el daño, Rusia lanza un nuevo ataque, o se producen averías porque la red eléctrica está sobrecargada".