La carrera por el dominio de la inteligencia artificial da un nuevo salto. Anthropic, creadora de Claude, ha presentado el borrador para salir a Bolsa. La empresa dirigida por Dario Amodei presentó esta semana de forma confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el borrador de registro para una futura oferta pública inicial (OPI) adelantándose así a OpenAI, que llevaba meses anunciando la posible salida.

La compañía confirmó a través de un comunicado la intención de cotizar en bolsa. La presentación del formulario S-1 abre la puerta a que, una vez revisada la documentación por la SEC, pueda debutar en Wall Street.

Que el anuncio se haya hecho de forma confidencial, y a través de formulario, es ya una práctica habitual de las grandes empresas porque evita revelar de inmediato información sobre ingresos, costes o rentabilidad. 

La relevancia del movimiento de los de Amodei es que la salida a bolsa  supone abandonar las rondas multimillonarias de capital riesgo  a las que se han enfrentado tanto Anthropic como el resto de startups tecnológicas desde finales de 2022, cuando apareció en escena OpenAI con su famoso ChatGPT.

“Con la salida de una de estas compañías, el mercado comenzaría a poner un precio público, diario y verificable a un sector que hasta ahora se ha valorado principalmente con rondas privadas y con mucha expectativa de crecimiento”, explica a  infoLibre Patricia García, directora del Máster en Finanzas de ESIC Business & Marketing School.

El interés de los mercados y de la prensa económica se explica por la magnitud de la compañía. Anthropic cerró recientemente una ronda de financiación que elevó su valoración hasta los 965.000 millones de dólares.

Según García, una gran salida a bolsa obligará a “traducir el relato en múltiplos cotizados: ingresos, márgenes, consumo de capital, capacidad de monetización y visibilidad del beneficio”. En su opinión, la primera gran OPI de IA servirá además como referencia para todo el sector. 

“Si el mercado acepta múltiplos muy elevados, estará validando buena parte de la narrativa de crecimiento de la IA generativa. Pero si exige descuento o se muestra más duro con la ejecución, ese primer precio también puede actuar como señal de prudencia para cualquier otra compañía que quiera salir después”, añade.

La futura llegada a Wall Street plantea nuevas exigencias para estas empresas que, como apunta para infoLibre Carlos Cosials, director del Máster en IA de UIC Barcelona y presidente de Aseitec, cotizar en bolsa “implica estar en el ámbito especulativo, pero con unas reglas que demandarán mayor transparencia” y, por supuesto, estas compañías “deberán mostrar cuáles son los verdaderos motores que garantizan su rentabilidad futura”. 

Cosials plantea una idea importante con respecto al interés de los inversores: si la inteligencia artificial terminará por convertirse en una infraestructura indispensable de la economía digital. “La duda es si el search [Google] pasará a research inteligencia artificial generativa] y quién dominará ese mercado de forma cuasi monopolística”, como ocurrió con  Google, el buscador que se convirtió en la referencia de búsqueda en la web hasta con un verbo “googlear”.

La salida a bolsa de Anthropic va a fijar “el marco psicológico con el que el mercado va a juzgar a los que vienen detrás”, recuerda Cosials. La compañía de Amodei nació en 2021, fundada por empleados descontentos con OpenAI y con la dirección de Altman. Desde entonces, ambas compañías han competido por llegar más lejos con sus desarrollos.

Pero la diferencia estratégica entre ambas compañías será clave, como sostiene Cosials, para determinar qué modelo empresarial —enfocado a usuario o a negocio—será capaz de sostener “un negocio gigante en el tiempo”.

Mientras OpenAI ha construido buena parte de su crecimiento alrededor del mercado de consumo gracias a ChatGPT, Anthropic ha apostado por clientes corporativos. 

“El filón que ha encontrado Anthropic está referido a un ámbito que no está muy regulado, el de la calidad del software. La capacidad de generar y analizar código ha sido excepcional y le permite entrar en modelos B2B (negocio), frente al modelo B2C (usuario) que ChatGPT está eminentemente aplicando. Eso le permite asegurarse un modelo de ingresos más sostenido y menos intervenido”, añade.

El entusiasmo de los mercados convive con un debate cada vez más intenso sobre la sostenibilidad económica del sector.

Las grandes tecnológicas han anunciado inversiones que superan los 750.000 millones de dólares este año. Nunca antes se había destinado tanto capital, en tan poco tiempo, al desarrollo de una tecnología emergente que está creciendo a la par que se está usando.

El modelo de negocio sigue bajo escrutinio porque “genera incertidumbre, sobre todo por el lado de los costes”, señala Garcia. El entrenamiento y funcionamiento de los modelos exige inversiones multimillonarias en chips, centros de datos y energía.

Para García, la compañía llega al mercado en una posición de fortaleza poco habitual. “Se ha comunicado un run-rate —proyección anualizada— de ingresos de 47.000 millones de dólares y cerró una ronda de 65.000 millones para una valoración total de 965.000 millones, lo que le da una posición muy fuerte” frente al resto de competidores, sostiene. La experta recuerda, además, que distintas informaciones apuntan a que la empresa podría acercarse a su primer trimestre rentable.

¿Qué ocurre cuando una tecnología nacida como startup se convierte en infraestructura económica? La salida a bolsa de Anthropic obligará a comprobar si la inteligencia artificial generativa es ya un negocio extraordinariamente rentable o sigue siendo una apuesta sobre beneficios futuros.

Para García, la respuesta se sitúa a medio camino. “Los últimos datos sugieren que la IA generativa ha dejado de ser solo una promesa tecnológica y se ha convertido en una realidad de negocio”, sostiene.

“No todo vale cuando aspiras a ser corporación”, advierte Cosials que apunta a que la salida a bolsa someterá a Anthropic “al escrutinio de los resultados donde, tanto capitalistas (mercado) como instituciones (reguladores), puedan tener evidencias de garantía de que el valor se preserva y la prestación del servicio es conforme”.

En última instancia, la directora del Máster de Finanzas cree que la salida a bolsa de Anthropic no solo pondrá a prueba a la compañía de Dario Amodei, también obligará a Wall Street a decidir si una empresa nacida hace cinco años merece una valoración cercana al billón de dólares.

La negociación entre Estados Unidos e Irán no pasa, otra vez, por su mejor momento. Pese a la tregua entre ambos países, los ataques se siguen sucediendo y la presión en el Estrecho de Ormuz no para de crecer, al igual que lo hace la de los ‘halcones’ del movimiento MAGA para evitar un acuerdo de Trump con la república islámica.

La Administración Trump ha asegurado ante el Capitolio que “suspendió” la guerra en Irán el pasado 8 de abril, pero desde entonces el alto el fuego ha sido violado en diversas ocasiones, las últimas esta misma semana. 

Estados Unidos bombardeó este miércoles las instalaciones militares de Bandar Abbas en Irán y derribó cuatro drones en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, mientras la Guardia Revolucionaria respondía con ataques contra posiciones estadounidenses en países de la región como Kuwait. 

En un comunicado recogido por la agencia de noticias gubernamental Tasnim, el cuerpo militar iraní afirmó que “esta respuesta constituye una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará sin respuesta y que, de repetirse, nuestra reacción será aún más contundente”.

Donald Trump insiste en que las conversaciones por la paz y un acuerdo en Ormuz “van muy bien”, pero el cruce de ataques, reproches y filtraciones entre ambos países demuestra todo lo contrario. 

Por un lado, el presidente estadounidense dice que su Administración busca cerrar un acuerdo aumentando la presión militar y se muestra convencido de que Irán aceptará porque está sin reservas petrolíferas. 

Por otro, la televisión pública iraní filtró el pasado martes algunos puntos del borrador del texto que favorecen a Teherán. Por ejemplo, que Estados Unidos levantará el bloqueo y retirará sus fuerzas de aguas próximas a la república islámica o que Irán y Omán administrarán conjuntamente el Estrecho de Ormuz.

El posible acuerdo también contempla la descongelación parcial de activos iraníes y un periodo de 60 días para resolver el futuro del programa nuclear iraní. A cambio, Irán exigiría el levantamiento progresivo de sanciones y garantías económicas inmediatas.

La Casa Blanca salió a desmentir esta ‘filtración’, que calificó de “pura invención”, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, reconocía que existen “planteamientos serios sobre la mesa” para llegar a un acuerdo, pero que el desenlace aún se podría demorar.

Y Trump, en la misma línea que su secretario de Estado, aseguraba ante los medios que todavía no había acuerdo pero, en caso de no llegar a buen puerto, “tendremos que terminar el trabajo”.

Y, este mismo viernes, el vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, en Fox News, ha asegurado que Irán hizo "concesiones significativas, sustanciales y trascendentes" en las negociaciones de paz, a la espera de que el presidente estadounidense dé el visto bueno.

Miller no ha dado detalles del contenido de las cesiones iraníes, pero sí aseguró que "habrían sido imposibles hace poco tiempo". Por su parte, y una vez más, la república islámica ha desmentido a la Administración Trump y asegura que siguen las negociaciones para un acuerdo.

Esta línea más dura del presidente estadounidense, otra vez amenazando a Irán con “terminar el trabajo” o a Omán “con volarlo por los aires” después de que la república islámica lo mencionase en el supuesto acuerdo, es un guiño al ala más radical del Partido Republicano, los llamados halcones, alineados con Israel y partidarios de no ceder ante Irán. 

El senador Ted Cruz es uno de los más duros de este grupo. Ha advertido de que un pacto que deje a Irán con capacidad de enriquecer uranio y con el control sobre Ormuz sería “un error desastroso”. 

En X, el senador de Texas expresó su preocupación “profunda” por el posible acuerdo con Irán porque la decisión de atacar el país “fue la más trascendental” y “[Trump] acertó al hacerlo”, pero “que ahora reciba miles de millones de dólares, pueda enriquecer uranio, desarrollar armas nucleares y tener el control efectivo del Estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso. El presidente Trump debe hacer cumplir las líneas rojas que ha trazado repetidamente”.

Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado en la primera legislatura de Trump, aseguró que el acuerdo que se está negociando “parece sacado del manual de Wendy Sherman, Robert Malley y Ben Rhodes [ex altos cargos demócratas]: pagar a la Guardia Revolucionaria Islámica para que desarrolle un programa de armas de destrucción masiva y aterrorice al mundo. No es, ni de lejos, 'Estados Unidos Primero'. La postura es clara: abran el maldito estrecho. Denieguen a Irán el acceso a fondos. Neutralicen la capacidad iraní en la medida necesaria para que no pueda amenazar a nuestros aliados en la región. Ya es hora. ¡Manos a la obra!”. 

John Bolton, exdirector de Seguridad Nacional de Trump, afirmaba a su vez que “si las informaciones sobre el inminente acuerdo con Irán son correctas, los ayatolás habrán obtenido una victoria significativa. Volverán a estar en el camino hacia las armas nucleares, apoyando el terrorismo global y reprimiendo a su propio pueblo”.

Otros senadores republicanos han advertido igualmente de que cualquier acuerdo que no implique una derrota clara de Irán sería política y estratégicamente inaceptable.

No obstante, el movimiento MAGA también tiene quien mira a favor del acuerdo en Irán, como el comunicador Tucker Carlson o el cómico Joe Rogan, que han criticado a Trump por sus desaires cuando amenazó con “destruir la civilización de Irán”, con “volar Omán” o con sus advertencias a toda la región. 

Trump insiste entre sus detractores en que el acuerdo “ni siquiera ha sido negociado por completo aún” con la república islámica y pide no escuchar “a los perdedores, quienes critican algo de lo que no saben absolutamente nada”, escribió en Truth Social, al tiempo que decía que él y sus representantes están elaborando “exactamente lo opuesto” al pacto nuclear que Irán suscribió bajo la Administración demócrata de Obama en 2015. Trump se retiró de aquel acuerdo y lleva desde entonces intentando conseguir uno nuevo. 

El presidente ha insistido en que Irán debe desprenderse de su uranio altamente enriquecido, mientras Teherán mantiene su negativa a renunciar al derecho de enriquecimiento.

Los últimos datos sobre el programa nuclear iraní revelan que el país posee aproximadamente 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cercano al nivel necesario para uso militar, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán, por su parte, sostiene en su negociación que no se comprometerá a ceder sus reservas nucleares ni a desmantelar su programa sin garantías previas sobre activos congelados y levantamiento de sanciones.

La huelga de los profesores valencianos se encamina a su tercera semana y ya es una de las mayores protestas indefinidas en educación de los últimos años. Aunque la Comunitat Valenciana encabeza las protestas, otros territorios se han unido y tanto docentes como educadoras infantiles se han sumado a esta marea amarilla que pide cambios estructurales en el sistema educativo. 

Primero encabezaron las protestas las educadoras infantiles —etapa educativa 0-3 años—, con movilizaciones en todas las provincias españolas en las que reclamaban mejoras salariales, menor ratio de alumnos por clase y una educadora de apoyo en cada aula. 

Ahora, Valencia se ha convertido en el territorio al que apuntan todas las miradas, aunque las reivindicaciones de los docentes coinciden con las de otros territorios. Según los sindicatos convocantes como STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE, existe un malestar acumulado desde hace años al ver cómo la educación pública arrastra problemas estructurales que no se están resolviendo con ningún gobierno de ningún signo político.

La precarización de los docentes es una de las principales denuncias. La pérdida de poder adquisitivo acumulado durante años, en un contexto en el que “el precio de la vida sube, pero los salarios de los profesores no lo hacen al mismo ritmo”, cuenta a infoLibre María, educadora infantil en Madrid. 

Tanto el profesorado valenciano como el madrileño reclaman una recuperación retributiva que compense los recortes y congelaciones sufridas desde la pasada década. Además, hay que sumar la situación de buena parte de los docentes: interinidad y temporalidad.

En el caso de las educadoras infantiles, los sindicatos hablan de un modelo que genera precariedad y salarios insuficientes lo que está dificultando la atracción y retención de profesionales. 

En el caso valenciano, los sindicatos reclaman la recuperación del poder adquisitivo y una estabilización de las plantillas. Denuncian salarios por debajo de la media estatal y una pérdida de reconocimiento profesional.

La propuesta de la Conselleria valenciana pasa, como principal medida económica, por una subida salarial progresiva de hasta cerca de 200 euros mensuales de aquí a 2028. Algo que los sindicatos han rechazado de plano al no contemplar “incrementos inmediatos” lo que no consolida “plenamente las cuantías desde 2026”. 

En Cataluña, el Govern planteó acelerar los aumentos salariales y crear nuevos complementos vinculados a tutorías y centros de alta complejidad, pero las organizaciones USTEC·STEs, CGT, Professors de Secundària e Intersindical lo han rechazado también al considerar que "las medidas no compensan los recortes acumulados”.

Más allá de los salarios, el número de alumnos por profesor también es motivo de queja. Los sindicatos y docentes reclaman bajar el número de alumnos por aula y aumentar las plantillas de personal ya que las ratios actuales dificultan la atención individualizada.

Tanto en Valencia como en Cataluña y Madrid, las quejas coinciden: reducción de ratio, desdobles y refuerzos de plantilla para mejorar la educación obligatoria de los menores. En el caso catalán, el Govern anunció la pasada semana la incorporación de 2.400 profesionales y refuerzos específicos en el ámbito de la educación inclusiva.

Los sindicatos de enseñanza denuncian que el sistema educativo funciona "en precario", con aulas masificadas y una dotación "insuficiente" de recursos humanos, sobre todo en equipos de Atención Temprana. 

La excesiva burocracia también ha sido motivo de quejas entre los docentes y el punto de encuentro, por lo menos en Valencia, entre sindicatos y Consellería, donde admiten que existe un problema.

De hecho, algunas de las propuestas planteadas por la Generalitat incluyen medidas específicas orientadas a simplificar dichos trámites. Por su parte, el profesorado valenciano recalca el exceso de informes, programaciones y registros digitales que restan tiempo a la educación de los alumnos.

Los docentes catalanes también coinciden con sus colegas valencianos al ver cómo el aumento de planes individualizados, informes y documentación digital se ha traducido en una pérdida progresiva de tiempo en el aula.  

Y en última estancia, las educadoras infantiles también demandan una reducción del “papeleo” porque para plantillas tan “reducidas”, en la que hay que elaborar “informes dirigidos a las familias y documentación sobre el desarrollo infantil y pedagógico”, explica María, “dejamos de atender a las criaturas o tenemos que usar nuestro tiempo libre para hacer toda la burocracia”. 

La huelga indefinida valenciana está teniendo un buen seguimiento, aseguran desde los sindicatos, que cuentan con el respaldo de familias, alumnado y equipos directivos.

En el caso valenciano, ya son 60 los centros educativos de la Comunitat Valenciana cuyos equipos directivos han presentado o empezado a tramitar su dimisión en apoyo a la huelga, lo que supone unas 240 renuncias en total. 

Estas dimisiones, que se están produciendo en cascada de manera telemática este lunes, son "un grito de auxilio" y no se hacen contra nadie, ha explicado el director del CRA Benavites-Quart de Les Valls, Jaume Olmos, a las puertas de la Conselleria.

En cualquier caso, cabe mencionar que la renuncia de estos directivos no se traslada en que los centros afectados queden descabezados, pues estos cargos siguen en funciones hasta que se designe un relevo.

Este lunes, sindicatos y Conselleria se reunirán para debatir las propuestas que los primeros han presentado a la Generalitat, haciendo especial énfasis en la recuperación salarial, la reducción de ratios, la mejora de las plantillas y la reversión de algunas medidas, entre ellas la readmisión de los equipos directivos dimitidos sin ningún tipo de represalia.

Nuevo cambio de rumbo de la Administración Trump. Esta vez, el giro afecta al envío de tropas a Polonia: si hace una semana el presidente aseguró que retiraría efectivos del país, este viernes ha anunciado el envío de 5.000 militares adicionales al territorio centroeuropeo.

El presidente estadounidense lo ha comunicado, como viene siendo habitual, a través de su red social Truth Social, y lo ha justificado por la “buena relación” que le une al recién elegido presidente polaco, Karol Nawrocki, “a quien tuve el orgullo de respaldar”, ha señalado en el comunicado.

La decisión, que se produce durante la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (Suecia), ha despertado, una vez más, el recelo de la Alianza, pero también la satisfacción en Polonia, uno de los países que más contribuyó a los aliados el pasado año.

Nawrocki ha celebrado el anuncio de Trump y ha agradecido al presidente “su amistad hacia Polonia y las decisiones cuya importancia práctica vemos hoy con toda claridad. ¡La seguridad de Polonia y del pueblo polaco es mi máxima prioridad!”, ha escrito en X.

El presidente polaco ha subrayado, además, que la alianza con Estados Unidos constituye un elemento central de la seguridad europea. “Las buenas alianzas son aquellas que se basan en la cooperación, el respeto mutuo y el compromiso con nuestra seguridad común”, ha añadido y ha calificado la relación bilateral como un “pilar fundamental de la seguridad” de Polonia y del continente.

Semanas de tensión

El refuerzo militar estadounidense en territorio europeo se produce después de una semana de tiras y aflojas. El Pentágono ya había anunciado la retirada de 5.000 soldados de Alemania y la suspensión del despliegue en Polonia como parte de una redistribución global de fuerzas, según explicó el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Durante estas semanas, Trump también comunicó a la Alianza la cancelación del despliegue de misiles Tomahawk en Alemania —una medida acordada durante el Gobierno de Biden como elemento de disuasión frente a Rusia— para hacer frente a la guerra en Irán.

Esta decisión, sumada a la retirada de las tropas en Alemania, parece responder a una nueva represalia trumpista, esta vez contra el canciller Friedrich Merz, que había criticado el papel de Estados Unidos en la guerra de Irán y llegó a afirmar que la República Islámica estaba “humillando” al país americano.

Si hasta hace unos meses la mayor medida de presión de Trump eran los aranceles, ahora todo apunta a que utilizará la OTAN, el armamento y el envío o retirada de tropas como instrumento de presión. Para muchos aliados, este movimiento confirma que la relación transatlántica es más impredecible que nunca y que está cada vez más sujeta a los designios del presidente estadounidense.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, presente también en Helsingborg, ha negado, sin embargo, que las medidas que está tomando su país en suelo europeo respondan a represalias contra los aliados.

"Estados Unidos sigue teniendo compromisos globales que debe cumplir en lo que respecta al despliegue de nuestras fuerzas, lo que nos obliga constantemente a replantearnos dónde destinamos las tropas; no se trata de una medida punitiva, sino simplemente de un proceso continuo que ya existía anteriormente", ha afirmado Rubio.

El secretario de Estado no ha dejado pasar la oportunidad, ante los medios, de volver a insistir en el malestar de la Casa Blanca con algunos aliados por “su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio”. Para Rubio, “están bien documentados y es algo que habrá que abordar, pero que no se resolverá ni se tratará hoy. Es algo que se debe discutir a nivel de los líderes”, ha señalado. 

Ese asunto previsiblemente estará sobre la mesa en la próxima reunión de la OTAN, que tendrá lugar en Ankara los días 7 y 8 de julio de 2026, y en la que volverán a abordarse el compromiso y el gasto militar de los aliados.

Dependencia y compromiso

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido desde Helsingborg en la necesidad de que Europa asuma “más responsabilidades en su propia defensa”, capeando así la crítica a Trump por las últimas decisiones.

El ex primer ministro neerlandés ha defendido que “con el tiempo, paso a paso”, Europa debe depender menos “de un aliado único, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos”. Ese cambio, ha añadido, permitiría a Washington "tener la posibilidad y la opción de orientarse más hacia otras prioridades, que también redundan en nuestro interés".

Rutte, que navega por aguas turbulentas entre Trump y el resto de aliados, ve razonable que Estados Unidos reequilibre su presencia global, pero ha lanzado un reproche velado a algunos aliados al asegurar que, tras su visita a Washington a principios de abril, percibió “la decepción” de Estados Unidos con la OTAN por no poner a su disposición las bases en suelo europeo para su campaña militar en Irán.

El secretario general también ha pedido una mayor implicación en la próxima fase de la operación en Oriente Medio, especialmente en tareas relacionadas con la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz.

A estas críticas veladas ha respondido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al expresar su deseo de que “todos los aliados de la OTAN tuvieran el mismo compromiso con la seguridad atlántica que España”.

El ministro ha recordado que España cuenta con 2.000 soldados desplegados en el flanco este, participa en misiones de defensa aérea en Eslovaquia y Rumanía, lidera la misión de la OTAN en Irak y mantiene sistemas antimisiles Patriot en Turquía.

Albares ha defendido, además, la diferencia “entre decir que vas a hacer algo y no hacerlo, como hacen algunos, y decir que vas a hacerlo y cumplirlo, como hace España. Tenemos una palabra y cuando decimos que vamos a cumplir, cumplimos”, ha subrayado el ministro.

Trump está de enhorabuena. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ampliado el acuerdo alcanzado con el presidente Donald Trump para cerrar la demanda de 10.000 millones de dólares que este había presentado contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) —lo que a afectos de España, equivale a la Agencia Tributaria—, incorporando una cláusula extraordinaria: impedir que la agencia investigue al presidente, su familia y sus empresas.

La disposición, incluida en un documento de una sola página firmado por el fiscal general interino Todd Blanche blinda al presidente frente a futuras auditorías e investigaciones fiscales. La exfiscal de indultos del Departamento de Justicia, Liz G. Oyer, calificó este acuerdo como algo “catastrófico y corrupto”. 

El acuerdo “establece que Trump no puede ser investigado, auditado ni demandado por el Gobierno de los Estados Unidos en el futuro”, afirmó Oyer. Según explicó, la medida convierte a Trump en una figura inviolable ya que no sólo afectaría al Servicio de Impuestos Internos, sino a “cualquier agencia gubernamental”.

Este documento se publicó después de que Trump retirase la demanda que había presentado junto a  sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. y la empresa familiar Trump Organization contra el Departamento del Tesoro, que está bajo a su autoridad,  por filtrar sus declaraciones de la renta de 2016 y 2017. 

El acuerdo anunciado por el Departamento de Justicia establecía inicialmente que los demandantes recibirían “una disculpa formal”, pero “ningún pago monetario ni indemnización de ningún tipo”. A cambio, las partes desistían de la demanda. Aunque en ese pacto se habla de que no se entregaría compensación dineraria, no significa que el Departamento de Justicia no vaya a desembolsar nada, ya que una parte del acuerdo consiste en la creación de un fondo.

No obstante, el documento firmado por Blanche compromete a los funcionarios federales a “no emprender ninguna acción pendiente o futura”. Para Oyer, el escrito de Blanche “pondrá fin a las auditorías en curso contra Trump y sus empresas”, aseguró.

La exfuncionaria añadió que el acuerdo “renuncia a nuestro derecho a recaudar cualquier impuesto que Trump y sus empresas deban” y “cede nuestro derecho a intentar recuperar el dinero que robó a los contribuyentes”.

Ese dinero del que habla Oyer rondaría los 100 millones de dólares por los errores en las declaraciones del expresidente como se demostró en las filtradas —en 2016 y 2017 pagó 750 dólares—y como publicó The New York Times.

Para evitar el juicio millonario en el que Trump se enfrentaría al propio Trump —a través del Gobierno—, el pacto al que se ha llegado ha sido la indemnización de 1.776 millones de dólares, en honor al año de la independencia de Estados Unidos. 

Esa indemnización, Trump la ha transformado en un fondo del Departamento de Justicia para compensar a las “víctimas de procesos judiciales politizados durante la presidencia de Joe Biden”. 

Este fondo busca emular al creado por Barack Obama, el Keepseagle, por valor de 760 millones de dólares que buscaba compensar las reclamaciones por racismo institucional de los años anteriores a la época del expresidente.

El Departamento de Justicia afirmó que el fondo permitiría que “las víctimas de la guerra jurídica y la instrumentalización de la ley puedan ser escuchadas y buscar reparación”, según el fiscal Todd Blanche.

Entre los beneficiarios estarían los procesados —e indultados por Trump— por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, acusó a Trump de retirar “su falsa demanda contra el IRS a cambio de un fondo opaco, cortesía de sus impuestos, que puede usar para pagar a sus aliados políticos”.

“Para que quede claro: si usted es un contribuyente estadounidense, esta medida significa que casi 1.800 millones de dólares de su dinero serán entregados a quienquiera que un comité designado por Trump decida recompensar”, escribió este martes el premio Nobel de Economía Paul Krugman en Substack. “Pocas cosas logran sorprenderme en estos días; aunque esto representa un nuevo récord de degradación en materia de tráfico de influencias, revelando una vez más el absoluto desprecio de Trump por el pueblo estadounidense”.

Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, fue mucho más escueto al definirlo como “pura corrupción” y añadir: “¿1.776 millones? ¿El año del 250º aniversario? Se están riendo de todos nosotros”.

Las dudas que se extienden entre los juristas son: ¿Ddónde está el límite del presidente y del Departamento de Justicia? ¿Tiene este departamento capacidad para comprometerse a impedir futuras actuaciones?

La legislación federal prohíbe al presidente, al vicepresidente y a otros altos cargos del Ejecutivo ordenar al IRS que inicie o detenga auditorías específicas. Sin embargo, esa prohibición “parece incluir una excepción: el fiscal general”.

El colectivo ultra Manos Limpias presentó en diciembre de 2025 una querella contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras las detenciones practicadas por la UDEF en el marco del caso Plus Ultra, sobre el rescate con 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató a la aerolínea durante la pandemia.

Y, como ya es habitual, la organización ultra se personaba en una causa que salpicaba al Gobierno de Pedro Sánchez, como ya hiciera en otras como la Ley de Amnistía, el caso Ábalos o todo lo relativo al caso Begoña, esposa del presidente.

La querella sigue la línea de las anteriores interpuestas por Manos Limpias, imprecisiones, errores y recortes de noticias aparecidas en prensa, programas de televisión o incluso Youtube.

En el escrito que presentó Manos Limpias se afirmaba, sin más pruebas que lo leído en prensa o visto en televisión que se llegó a "presionar a varios ministros, tal y como relató D. Víctor de Aldama reveló [sic] el pasado 18 de diciembre de 2025 en una entrevista concedida al periodista Iker Jiménez y que fue emitida en directo en el programa Horizontes de la cadena La Sexta". 

En esta primera afirmación ya aparece una imprecisión, el programa es Horizonte y no Horizontes, y un error, el programa se emite en Cuatro y no en La Sexta.

"Dicha entrevista fue recogida por el diario digital El debate en los siguientes términos (Víctor de Aldama en 'Horizonte': "Zapatero cobró 10 millones de euros de comisión en Panamá por el rescate de Plus Ultra") y que se aporta como Documento Nº1". 

También cita al periodista Albert Castillón que en su canal de Youtube Castillón confidencial (Investigación "Descubrimos la supuesta cuenta de Zapatero en Panamá de la que habla Aldama), afirma que "ha localizado la cuenta de D. José Luis Rodríguez Zapatero en la que se podría haber recibió la comisión relatada por D. Victor de Aldama, y que dicha cuenta estaría en el Pacific Bank".

Dentro de la querella, Manos Limpias destaca también una información publicada en El Debate sobre los vínculos que unían al expresidente del Gobierno con el ahora detenido Julio Martínez Martínez, que cobró 458.000 euros de la empresa Plus Ultra, y que ejercía de enlace entre Zapatero y el presidente de la compañía.

En esos artículos se mencionaba una reunión de Zapatero en un monte sin cobertura con el detenido 72 horas antes de que fuera arrestado y de hasta cinco reuniones en casa del expresidente para tratar temas relativos a Plus Ultra.

La entrevista a Aldama en el programa de Jiménez, es la parte central de la querella del sindicato ultra que recuerda que en la entrevista en televisión, el comisionista, asegura: "José Luis Rodríguez Zapatero llega al ministerio de Transportes para reunirse con José Luis Ábalos. Yo estaba en el despacho de Koldo, al lado, y me dice que 'no le gustaba que Zapatero apareciera por allí a hablar con Ábalos o a imponer. En este caso, a imponer'. Zapatero le dice a Ábalos que tenía que rescatar Plus Ultra y que era necesario ese rescate. Ábalos se niega rotundamente. La conversación es acalorada. Koldo y yo estamos escuchando las voces. Zapatero le dice: 'No es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que te pide el presidente (Sánchez)'. Ábalos le responde que hablará con el presidente. Ok, le dice Zapatero que cuando tenga noticias volverá. A los tres minutos sale Ábalos de su despacho desencajado, disgustado".

Esta querella fue admitida por la jueza del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid que en aquel momento llevaba a cabo la investigación del caso Plus Ultra, iniciada por una denuncia de Anticorrupción sobre presunto blanqueo relacionado con el rescate de la aerolínea.

Manos Limpias pedía que se juzgara a Zapatero por los delitos de malversación de caudales públicos, trafico de influencias y un delito contra la hacienda Pública por fraude en la obtención de subvenciones.

La querella presentada por Manos Limpias contra Zapatero llegó en una fase ya avanzada del caso y con una base documental limitada. El escrito, que como se ha descrito apenas tenía siete páginas, fue registrado el 23 de diciembre de 2025, pocos días después de las detenciones del presidente y del CEO de Plus Ultra, practicadas por la UDEF el 11 de diciembre. Como se ha explicado anteriormente, el contenido de la querella se apoyaba esencialmente en referencias y publicaciones periodísticas ya difundidas, sin incorporar una investigación propia ni nuevos elementos de prueba relevantes que alterasen el marco del procedimiento abierto hasta ese momento.

Manos Limpias ha intentado colocar su querella en un lugar prominente como impulsora de la imputación actual del expresidente del Gobierno y del salto que dio a la Audiencia Nacional el caso Plus Ultra a principios de 2026. Sin embargo, la evolución posterior de la causa apunta a otros factores para explicar el paso a manos del juez José Luis Calama. El procedimiento llegó a la Audiencia Nacional el 27 de febrero de 2026, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María del Carmen Collazos, se inhibiera a su favor al considerar que la investigación estaba adquiriendo una dimensión superior al ámbito ordinario de un juzgado madrileño. El juez Calama asumió formalmente la competencia el 3 de marzo.

Esa dimensión superior que señalaba la jueza Collazos no se debió al escrito de Manos Limpias. La propia Audiencia Nacional ha subrayado, en una nota difundida este 19 de mayo, la dimensión internacional que ha adquirido la investigación por la estructura bajo análisis y sus posibles ramificaciones transnacionales. Con esa secuencia temporal, resulta difícil sostener que una querella de siete páginas basada en referencias periodísticas fuera el elemento que otorgó volumen al caso. La cronología apunta más bien a que el impulso hacia la Audiencia Nacional respondió a la creciente dimensión internacional que estaban adquiriendo los hechos investigados.

José Ignacio García era el aspirante que recibía la mejor nota por parte de los electores, según el barómetro del Centra (el CIS andaluz). El gaditano contaba con una media de 6,07, por delante del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se queda en el 5,49. De esto ya alertaban fuentes 'populares', que aseguraban que el buen hacer del político podía hacer perder algunos 'restos' de voto, lo que, a priori, parece haber sucedido y por lo que el presidente de la Junta no ha logrado la mayoría absoluta. García también ha reivindicado este hecho al valorar los resultados, cuando ha asegurado que "Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular".

El partido andalucista, alejado de los designios de Madrid, se presentó como opción frente a Por Andalucía, en la izquierda alternativa al PSOE, y la apuesta le ha salido bien en detrimento de la formación capitaneada por Antonio Maíllo. Los de José Ignacio García —a quienes las encuestas otorgaban hasta cuatro escaños—, con estos ocho diputados, consiguen grupo parlamentario —cuyo umbral está en los cinco diputados— y cuadruplican los resultados obtenidos en 2022, cuando el partido liderado por Teresa Rodríguez obtuvo dos diputados: uno por Sevilla y otro por Cádiz.

Adelante Andalucía consigue su mejor resultado histórico con una defensa a ultranza de los servicios públicos y de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, además de una clara vocación ecologista. García, que no llegaba al 20 por ciento de conocimiento ciudadano antes de los debates, ha podido revertir la situación a base de trabajo, redes sociales y camisetas protesta.

El partido andalucista, liderado por 'el gafas', como se conoce cariñosamente a García después de haber impulsado la ley de gratuidad de gafas —que está en fase de tramitación en el Congreso—, se convierte en la segunda fuerza de la izquierda, por detrás del PSOE y por delante de Por Andalucía, y lo ha logrado, como ha dicho García, con "trabajo pausado y con mucho esfuerzo colectivo". El subidón de Adelante, cercano al 10 % de los votos, ha llevado a que sea el partido que más crece en estas autonómicas.

García ha conseguido este resultado gracias al "compromiso militante" y ha dejado un dato revelador: que "una fuerza de izquierda y soberanista ha superado a los fascistas en dos provincias", Sevilla y Cádiz, las mismas en las que en 2022 consiguieron un diputado en cada una. "Es posible superar a Vox desde la izquierda; no lo hemos conseguido todavía en todas, pero lo conseguiremos".

García ha agradecido a todos los militantes y votantes el trabajo realizado durante la campaña por "rebelarse ante lo injusto, por la esperanza y por transformar Andalucía. No os vamos a fallar, y esto no ha hecho más que empezar”.

En el otro lado de la izquierda está Por Andalucía, la coalición formada por IU, Podemos, Sumar y Los Verdes, liderada por Antonio Maíllo, que "no ha logrado cumplir las expectativas", como ha dicho el candidato de la coalición, pese a obtener los mismos resultados que en 2022 —cinco escaños y grupo propio—.

Se ha especulado que este resultado, decepcionante para la coalición que quería llegar a los diez escaños, puede hacer que Maíllo abandone el partido. La supuesta "candidatura de unidad" que tanto ha defendido el líder de IU ha servido más para restar que para sumar.

Este mismo lunes, Antonio Maíllo, ha salido al paso de esas especulaciones para asegurar que "ahora mismo" no se ha planteado dimitir, ya que ha mantenido el resultado con cinco diputados en las elecciones autonómicas de este domingo y ha alegado que son "muy respetuosos con la voluntad del pueblo andaluz, que es sagrada".

En declaraciones a Radio Nacional, Maíllo ha admitido que les hubiera gustado conseguir uno o dos diputados más en el Parlamento andaluz y ha advertido de que se ha producido un "cambio de paradigma en el electorado andaluz hacia el conservadurismo".

Este resultado demuestra que la división a la izquierda del PSOE sigue haciendo daño, ya que, pese a que ambos partidos suman 13 diputados, seis más que los conseguidos en las elecciones de 2022, tanto en porcentaje como en número de votos, Por Andalucía y Adelante Andalucía habrían superado a Vox como tercera fuerza política en caso de concurrir en una candidatura conjunta, como sugerían desde el PSOE.

Pero ha sido este lunes cuando el candidato de Adelante Andalucía se encargaba de reivindicar el espacio propio de su formación y ha resaltado que de haber concurrido con Por Andalucía habrían obtenido "peores resultados".

En sendas entrevistas con la Cadena SER y Canal Sur Radio, el candidato ha defendido que Adelante ha contribuido a ampliar un espacio de izquierdas pegado al territorio, que ha señalado que no puede caer en la "depresión permanente".

Para Podemos y Sumar no es un buen resultado, una vez más en este 2026, después de los pobres resultados en Castilla y León, donde no consiguieron representación, y en Aragón, donde mantuvieron el único procurador que ya tenían en 2023. La formación de Ione Belarra, además, se ha quedado sin representación en el Parlamento andaluz porque solo encabezaba la provincia de Jaén, donde no ha conseguido escaño.

Keir Starmer resiste. El primer ministro británico aguanta el tipo y quiere convertirse en el primer jefe del Ejecutivo en aguantar una legislatura completa desde que David Cameron dimitiera por la victoria del referéndum sobre el Brexit. 

Desde entonces, la política británica se ha instalado en el caos: Theresa May, Boris Johnson, Elizabeth Truss y Rishi Sunak han sido los predecesores de Starmer en la “turbulenta” nueva realidad de Reino Unido alejada de los europeos. 

La derrota en los comicios locales y regionales del Partido Laborista ha levantado las alarmas dentro de sus filas que piden la dimisión de Starmer como líder, lo que conllevaría,que abandonase también sus responsabilidades en el número de 10 de Downing Street.

Las últimas elecciones dejaron una fotografía difícil de digerir para el votante laborista, pero mucho más para los miembros del partido. El partido de Starmer pasó de más de 2.500 concejales en todo el país a poco más de 1.000, mientras que Reform UK, partido del líder populista y de extrema derecha Nigel Farage, pasó de 2 a más de 1.400. 

Este golpe, sumado al deterioro de la popularidad de Starmer, ha impulsado una contestación sin precedentes. Al menos 70 diputados laboristas han pedido ya que dé un paso atrás. El primer ministro, sin embargo, se mantiene firme: solo aceptará un desafío formal si 81 parlamentarios respaldan una candidatura alternativa. Por ahora, nadie ha reunido ese apoyo.

Ninguno de los aspirantes lo tiene fácil. 

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, es el más popular de todos ellos. Pero no es diputado de la Cámara de los Comunes —condición indispensable para la sucesión—. 

En enero anunció su intención de disputar el escaño vacante en la circunscripción de Gordon y Denton, dentro de la región de la Gran Mánchester, pero Starmer maniobró —junto al Comité Ejecutivo Nacional—para que el alcalde no pudiera presentarse. El argumento esgrimido desde el partido fue que de ganar ese escaño, habría que convocar unas nuevas elecciones municipales para las que el partido no estaba preparado.

A favor de Burnham, existe la posibilidad de que algún aliado renuncie a su acta de diputado para dejarle el hueco y que se presentase, pero eso puede provocar otro bloqueo de Starmer o, como en el caso de Gordon y Denton, Reform UK o Los Verdes, les arrebaten el asiento en la Cámara de los Comunes. Demasiado riesgo.

Las últimas cifras manejadas por Ipsos señalan una aprobación y conocimiento del 17% de los electores hacia el alcalde de Mánchester, frente a la que sería su rival más inmediata, la ex viceprimera ministra, Angela Rayner, con una aprobación del 5%. 

Rayner está entre las favoritas del ala moderada, pero los problemas con Hacienda que le obligaron a dimitir y a abandonar el Gobierno, despiertan recelos. A su favor y en contra de Burnham: todavía conserva su escaño en Westminster.

El último en la terna de favoritos es Wes Streeting. El ya exministro de Sanidad se ha consolidado como el candidato preferido del ala centro-derecha y de los ‘blairistas’, aunque también ha logrado cierto respaldo entre los más progresistas gracias a su perfil social y su postura con Gaza. Sin embargo, también tiene problemas.

Los mensajes del titular de Sanidad con Peter Mandelson —amigo de Jeffrey Epstein— supusieron la primera gran crisis de Gobierno; y la deriva hacia la derecha del Laborismo está provocando la sangría de votos en favor de Los Verdes de Zack Polanski.

La dimisión de Streeting provoca un pequeño terremoto y busca provocar el movimiento de dimisión de Starmer o, en todo caso, la firma de los 81 avales necesarios que respalden su candidatura.

Mientras tanto, el sector más moderado de la izquierda laborista busca sus propias opciones: el exlider laborista, Ed Miliband y las actuales ministras y críticas con Starmer, Shabana Mahmood y Yvette Cooper constituyen la terna progresista.

Miliband ya fue líder del partido entre 2010 y 2015 hasta caer en las elecciones contra David Cameron; Mahmood gana peso gracias a su discurso en inmigración; y Cooper, veterana y ambiciosa, sigue siendo una figura respetada, aunque sin apoyos para liderar la rebelión.

Pese a la presión, Starmer no cede. La reunión del Consejo de Ministros del martes fue un brindis al sol. “No voy a dimitir”, dijo Starmer, que considera que la situación económica y geopolítica actual no merece la inestabilidad que provocan unas elecciones. “El país espera que nos centremos en gobernar”, dijo el premier británico. 

Y aduciendo esa inestabilidad, la ‘guardia pretoriana’ del primer ministro ha salido en su defensa. El titular de Vivienda, Steve Reed, aseguraba tras la reunión de los ministros que “no es un juego. La inestabilidad tiene consecuencias en la vida de las personas”.

Tras Reed, otros tres ministros respaldaron la continuidad de Starmer. Y, David Lammy, viceprimer ministro, comparecía para resumir la estrategia: “Starmer fue elegido para un mandato de cinco años. Pido a mis colegas que den un paso atrás, respiren hondo, y tengan en cuenta que, en las últimas horas, nadie ha querido presentarse como candidato. Los que sugieren al primer ministro que dimita, que digan quién debe sustituirle”.

Esto evidencia la fractura dentro del Gobierno. Cinco ministros a favor de Starmer, dos en contra y una dimisión ¿y el resto? Silencio. Eso sí, desde el martes, una cascada de dimisiones busca provocar que algún alto cargo dé el paso. Ese podría ser Streeting, pero de momento y tras reunirse con Starmer, prefiere esperar.

Quienes ya han dado el paso son Miatta Fahnbulla, Jess Phillips, Alex Davies-Jones, o Zubir Ahmed, todos cargos menores, pero todos ligados al partido y al Gobierno.

Para mantener el poder, Starmer ha movido ficha. Incorpora a su equipo, en calidad de asesores especiales, al ex primer ministro Gordon Brown, para aconsejarle en la estrategia económica, y Harriet Harman, ex número dos de Brown en el partido. Su tarea será la de ayudar al Gobierno en las políticas de protección de mujeres y niñas.

Mientras tanto, Carlos III leyó este miércoles el discurso con las líneas políticas del Gobierno para este año, lo que despertó las críticas del Partido Conservador.

Kemi Badenoch calificó de “ridículo” que el Gobierno esté presentando un programa “mientras varios de sus miembros están dimitiendo y un gran número de los diputados laboristas le están diciendo a su primer ministro que se tiene que largar. No tiene lógica alguna. Si todos ellos apoyan esta agenda legislativa, ¿por qué se quieren deshacer de su líder? Y si no la apoyan, ¿qué diablos estamos haciendo aquí?”.

En más de una década, desde 2010, han cerrado cerca de 35.000 bares, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra refleja un cambio en los hábitos de ocio de la sociedad y una transformación económica y social, porque cuando desaparece un bar se pierde algo más que un negocio: cierra un espacio de encuentro, conversación, mezcla social y comunidad. Y, según varias investigaciones, ese vacío es caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha.

Durante décadas, especialmente en barrios obreros, pueblos y pequeñas ciudades, el bar fue mucho más que una barra, unas cañas o una máquina tragaperras. Era una infraestructura social. “Todos tenemos un entrenador de fútbol, un político dentro y la capacidad de resolver el país desde la barra del bar”, recuerda a infoLibre Rosi, propietaria del bar ‘Vega’ en el madrileño barrio de Las Águilas. “Aquí viene gente del banco, obreros, mecánicos del taller, jubilados o trabajadores de los comercios de al lado. Todos discutimos, nos reímos y al día siguiente, una nueva historia”.

La socióloga de la Universidad de Zaragoza, Marianna Martínez Alfaro, asegura que los bares desempeñan un papel clave en la construcción de relaciones sociales porque “funcionan como espacios cotidianos de encuentro, conversación y convivencia”. Estos espacios, asegura, favorecen “la creación de vínculos afectivos, amistades y redes comunitarias”, convirtiéndose en “infraestructuras sociales que sostienen la vida colectiva”.

El antropólogo José Mansilla coincide en esa visión estructural al señalar que “los bares de barrio han funcionado históricamente como algo mucho más profundo que simples espacios de consumo”, actuando como “auténticas instituciones sociales”.

El sociólogo Javier Rueda se centra más en lo que provoca el cierre de los bares en lo rural y en la ciudad. Para el autor de Utopías de barra de bar, el cierre del bar en un pueblo es el fin de “la última ‘señal de vida’ del municipio, el último punto de encuentro”, mientras que en las grandes urbes hay una mezcla de abandono “en los barrios que se convierten en calles vacías de almacenes y apuestas” o de “desarraigo absoluto” en el centro de las ciudades, cuando “los negocios más orientados al turismo, al evento o a cierto consumo ostentoso de clases pudientes” ocupan la mayoría de locales.

El economista Hugo Subtil, investigador de la Universidad de Zúrich, ha estudiado en Francia el cierre de los llamados bar-tabac —bares donde además de beber se fuma, se apuesta, se conversa y se socializa— y sus efectos electorales. Su conclusión: “La ultraderecha aumenta siempre que cierra un bar, pero el aumento se multiplica por tres en las zonas rurales”.

Su investigación se basa en el seguimiento de 18.000 cierres entre 2002 y 2022 en Francia y detectó que las zonas afectadas experimentaron incrementos de entre el 1,3% y el 3,6% en el voto a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Cuando el establecimiento reabre o surge uno nuevo en la zona, el fenómeno se revierte.

La clave, incide Subtil en Diari ARA, y coincide con Martínez y Mansilla, es la interacción social. “Lo que importa aquí no es lo que hace la gente, sino que lo hagan juntos”.

Rueda subraya que “el bar no es solo un espacio de expresión, sino un lugar de encuentro entre iguales y entre diferentes”. A su juicio, la desaparición progresiva de estos espacios erosiona una de las principales escuelas cotidianas de convivencia democrática.

Martínez refuerza este diagnóstico porque “los bares son uno de los principales espacios de cohesión social e intercambio intergeneracional e interprofesional”. Su desaparición no es neutra, porque reduce “los espacios informales de participación y convivencia”, aumentando “el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria”.

La tesis de Subtil también se cumplió en Reino Unido. Allí, la investigadora del London School of Economics, Diane Bolet, encontró patrones similares al analizar el cierre de pubs comunitarios entre 2013 y 2016.

Bolet sostiene que “cuando pubs, centros comunitarios, bibliotecas o bancos cierran, eso añade una sensación de declive local”. En su investigación, comprobó que cada cierre anual de un pub comunitario en determinados distritos incrementaba en torno a 4,3 puntos porcentuales el apoyo a UKIP, el partido pro-Brexit que lideraba Nigel Farage.

La investigadora aseguraba que la pérdida de estos lugares hacía a los votantes “más susceptibles a las narrativas de abandono que utiliza la extrema derecha y el populismo”.

Como explica, “lo que se pierde no es sólo un lugar físico, sino la sensación de que la propia herencia sociocultural está siendo abandonada” porque como asegura Subtil “pasas de hablar con todo el mundo a hablar solo con familia y amigos”.

Esta pérdida de espacios se traduce según Martínez en “percepciones de abandono, debilitamiento del tejido social y menor conexión entre las personas”. Eso aumenta la vulnerabilidad frente a discursos que transforman frustración económica o territorial en resentimiento político.

Rueda advierte de que el problema no es únicamente electoral, sino cultural: “Si se pierden los bares, ya perdidas las sedes de barrio de sindicatos, partidos o parroquias, la pregunta incómoda es clara: ¿dónde aprendemos qué es convivir?”.

El World Happiness Report 2025 refuerza esta idea: allí donde la confianza interpersonal es más débil, el apoyo a opciones populistas autoritarias tiende a ser mayor.

Rosi apunta algo que ya es una tendencia en las grandes ciudades: la desaparición de los “bares de toda la vida por cadenas de comida rápida, de gastrobares o de bares y restaurantes para turistas”. Esta sustitución por espacios de consumo estandarizado e impersonal evita el “murmullo crítico” como destaca Mansilla y contribuye al aumento del descontento social, explica Martínez, porque reduce “el sentimiento de pertenencia al territorio”.

Rueda señala que el cierre del bar tradicional y su sustitución por gastrobares o cafeterías de especialidad simboliza mucho más que una simple transformación económica. “La lucha por el barrio es la lucha por los espacios del barrio”, sostiene.

A su juicio, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esta transformación no sólo modifica el paisaje urbano, sino también quién puede habitarlo o participar en y de él. “Es un juego elitista y excluyente, trufado de deseabilidad social, donde comienza muchas veces el proceso de expulsión de un barrio o de una zona determinada”.

Esto provoca que fuerzas populistas reivindiquen los bares o los lugares de espacio común como símbolos de comunidad perdida, de un tiempo pasado mejor. 

Martínez subraya que cerrar bares no crea automáticamente votantes ultras, pero “una sociedad que pierde sistemáticamente sus lugares de encuentro intergeneracional e interprofesional corre el riesgo de volverse más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable”.

El Gobierno prepara la llegada a España de los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, mientras Sanidad insiste en que se garantizará tanto su atención médica como la protección de la salud pública, el Ministerio de Defensa asegura que la cuarentena no será obligatoria.

Fuentes del Ministerio de Sanidad subrayan confían en que "esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado medico posible” a su regreso y recalcan que, si fuera necesario, el Ejecutivo aplicará todas las medidas legales disponibles para proteger a la población. Estas declaraciones llegan después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmara que la cuarentena prevista en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, será voluntaria para los pasajeros que permanezcan asintomáticos dado que es una medida privativa de libertad, para la que firmarían un consentimiento informado, ha dicho la ministra.

El crucero, que partió desde Cabo Verde rumbo a Canarias, tiene previsto llegar este fin de semana al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Desde allí, los ciudadanos españoles serán trasladados en un avión militar medicalizado hasta la base de Torrejón de Ardoz previa evaluación médica en el puerto. De ahí, pasarán al Hospital Central de la Defensa donde serán, atendidos.

Es aquí donde radica el "conflicto" entre ministerios, ya que desde Defensa aseguran que los pasajeros no serán ingresados en la unidad de enfermedades infecciosas, sino alojados en habitaciones individuales bajo supervisión médica especializada, mientras que la ministra de Sanidad, aseguró este miércoles que serían trasladados a la unidad de aislamiento de alto nivel que el hospital posee.

Pese a esta desavenencia entre ambos ministerios, desde el Gobierno aseguran que trabajan de forma coordinada para garantizar que el operativo se desarrolle bajo estrictas medidas de seguridad, tanto para los afectados como para las tripulaciones y el personal sanitario.

Mientras tanto, dos de los pacientes evacuados con síntomas fueron trasladados a Países Bajos tras una compleja operación logística en Gran Canaria, donde tuvieron que cambiar de aeronave debido a problemas técnicos con el soporte eléctrico del paciente y restricciones de vuelo ya que el avión debía repostar en Marruecos, pero el país africano se negó, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto canario.

La llegada del barco también ha generado preocupación entre las fuerzas de seguridad desplegadas en Tenerife. La asociación profesional de guardias civiles, JUCIL, ha reclamado protocolos específicos de actuación y equipos de protección adecuados para los agentes que participen en el desembarco, ante el riesgo biológico que supone la operación.

También el Gobierno canario ha exigido al Ministerio de Sanidad garantías y protocolos "ciertos" para el personal sanitario y la población y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que arriben "muchos infectados".

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha señalado a los medios de comunicación que tiene más preocupación ahora que cuando comenzó la reunión de este miércoles por la tarde con representantes del Ministerio de Sanidad, al que se ha pedido información por escrito para un nuevo encuentro.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantiene sus críticas al Gobierno central por aceptar que el crucero sea atendido en las islas, defendiendo que los pasajeros podrían haber sido repatriados directamente desde Cabo Verde. Este jueves, Clavijo se reunirá en Madrid con los ministros de Sanidad y Política Territorial para coordinar la respuesta institucional ante una situación que sigue generando tensión entre administraciones.

La democracia mundial está de celebración (moderada). Tras casi una década en caída libre, con un leve repunte tras la pandemia, el Índice de Calidad Democrática (ICD) de The Economist ha subido dos centésimas, hasta 5,19 puntos sobre 10, después de que en 2024 marcase su mínimo histórico: 5,17.

La Unidad de Inteligencia de la revista económica rebaja, eso sí, el entusiasmo y califica este repunte como una “pausa frágil”. La serie histórica obliga a la prudencia porque el deterioro sigue siendo considerable, con  una caída de casi cuatro décimas en la última década.

“Lo que vemos no es una mejora estructural, sino un ajuste”, admiten desde The Economist. El medio atribuye el ligero repunte a dinámicas compensatorias entre regiones: cierta recuperación en América Latina, mayor movilización política en África y Asia, y un fortalecimiento puntual de consensos institucionales en algunos países occidentales. 

The Economist destaca, entre esas correcciones compensatorias, los casos de Canadá, que subió cinco puestos al registrar mayor participación electoral; Rumanía, que contribuyó a contener el avance de un candidato nacionalista; y Dinamarca, que reforzó su posición por su respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia.

Esta mejora a nivel mundial contrasta con la evolución de Estados Unidos. El “país de la libertad y la democracia” ha caído dos décimas, —de 7,85 a 7,65 puntos— por “los intentos de redibujar distritos electorales, el uso del Ejército y del ICE para sofocar protestas y las presiones sobre los medios de comunicación”, destaca The Economist. Todo ello apunta, indica la revista, a un deterioro de los derechos civiles.

Desde Egipto, Ahmed Abed, guía turístico, cuestiona en infoLibre el optimismo global: “Viendo cómo está todo Oriente Próximo, no entiendo que el índice mejore cuando hay varias guerras abiertas en el mundo”.

Mayra Martínez, profesora de Sociología de la Universidad Camilo José Cela, recuerda a este medio que cualquier medición de calidad democrática debe partir de una base más exigente que la simple estabilidad electoral. “La dimensión más básica y transversal, sin la cual las demás colapsan, es el Estado de Derecho”, y concreta, “que las leyes se apliquen por igual a gobernantes y gobernados, que exista independencia judicial y que estén garantizados los derechos fundamentales”.

Martínez insiste en que elecciones periódicas no bastan para garantizar una democracia sólida. “Sin pluralismo político o rendición de cuentas, una democracia puede derivar hacia formas delegativas o iliberales”, explica. En otras palabras, votar no es suficiente. La historia egipcia tras 2015 lo ejemplifica. “La Primavera Árabe consiguió echar a Mubarak, pero Al Sisi es mucho peor, más controlador. Votamos, pero las elecciones siempre han estado bajo la sombra del pucherazo”, resume Abed.

Freedom House, con sede en Washington, concluye en su informe Freedom in the World 2026 que la libertad global cayó por vigésimo año consecutivo. En 2025, 54 países empeoraron en derechos políticos o libertades civiles, frente a solo 35 que mejoraron.

El Instituto V-Dem (Varieties of Democracy), de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), dirigido por el politólogo Staffan I. Lindberg, describe un proceso de “autocratización” en el mundo y alerta del deterioro en democracias consolidadas. Su informe indica que la proporción de la población mundial que vive bajo autocracias ha pasado del 50% al 74%, mientras que quienes residen en democracias liberales han caído del 17% al 7%.

A esto se suma el estudio del Carnegie Endowment for Peace, firmado por Murat Somer y Jennifer McCoy, que habla sobre la reversión de un sistema deteriorado. El informe concluye que las recuperaciones democráticas sostenidas son excepcionales. “De 25 países que experimentaron retrocesos desde 1990, solo cuatro lograron recuperar sus niveles previos, y únicamente uno mantuvo esa mejora durante más de cinco años”, señalan.

Lindberg coincide con Somer y McCoy al afirmar que “los procesos de erosión democrática suelen ser graduales y acumulativos” y, por eso, más difíciles de revertir.

Estos datos contrastan con el ICD y, como apunta Martínez, podría ser debido a las diferentes metodologías, aunque todos tienen un rasgo común: “Se basan en evaluaciones de académicos y analistas, no en percepciones ciudadanas directas”. The Economist agrega variables institucionales, culturales y participativas; Freedom House prioriza libertades civiles; y V-Dem profundiza en diferentes dimensiones.

Ese sesgo institucional puede generar una desconexión entre datos y experiencia. “Un ciudadano puede vivir en una democracia con instituciones formalmente impecables y aun así sentir que el sistema no trabaja para él”, explica. “Si no puede acceder a una vivienda digna, a una sanidad o educación de calidad, o si percibe que la ley no se aplica igual a poderosos y ciudadanos corrientes, aparece una distancia entre democracia formal y democracia vivida”.

La experiencia de Jaseem Aldhaen, manager de Product Coordination para Europa, África y Oriente Medio en Kuwait Finance House, describe el sesgo del que habla Martínez: aunque Kuwait está en la posición 130 del ránking ICD, él no tiene tal percepción “por mi trabajo o mi posición social”.

“No estamos en conflicto como muchos países de la zona, votamos en elecciones democráticas, las mujeres pueden votar, somos la democracia más liberal de todas las de la región, vivimos bien y con seguridad...”. Las palabras de Aldhaen reflejan el sesgo que señala la socióloga, pese a que el Parlamento kuwaití ha sido disuelto hasta cuatro veces en cuatro años por el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Esos enfrentamientos, añade Martínez, alimentan directamente la desafección política y el auge de los populismos, pero matiza que no son causa principal del deterioro democrático, sino síntoma.

En paralelo, un análisis sobre el papel del periodismo y la democracia de Jeroen van den Bergh y Pablo Núñez Yebra apunta a otra dimensión crítica: el deterioro del espacio público informativo. Cuando la confrontación sustituye al contraste factual y la equidistancia se impone sobre la verificación, el debate democrático pierde uno de sus pilares esenciales. Otro síntoma que afecta a la calidad democrática.

La consecuencia es “una ciudadanía peor informada, más desconfiada y más vulnerable a la desinformación”, señalan estos investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La filósofa Elvira Durán Costell añade una dimensión estructural a este diagnóstico. La crisis democrática no se explica únicamente por fallos institucionales, sino también por transformaciones sociales de largo alcance: profesionalización de la política, desconexión entre élites y ciudadanía, y debilitamiento de la participación cívica.

“La democracia se resiente cuando deja de ser un proyecto compartido y se convierte en un ámbito gestionado por minorías especializadas”, sostiene. En este contexto, fenómenos como el 15M o la Primavera Árabe aparecen como intentos de reactivar la implicación ciudadana, pero con efectos limitados si no se traducen en cambios estructurales.

Martínez introduce aquí una dimensión menos habitual en los grandes rankings, pero decisiva para entender la calidad democrática contemporánea: la igualdad política real. “Esta igualdad difícilmente puede materializarse sin un mínimo de igualdad económica”, afirma. “Cuando la riqueza se concentra, el poder político tiende a concentrarse con ella”.

El juicio tecnológico del momento y, tal vez, el que marque el devenir de la inteligencia artificial comenzó esta semana en Oakland, con jurado popular y con el morbo, para muchos, de ver a los que fueron amigos —Elon Musk y Sam Altman— enfrentarse por una ingente cantidad de dinero. 

El fundador de Tesla reclama a OpenAI 130.000 millones de dólares por fraude y daños después de haber donado “como un idiota” —así se ha definido— 38 millones de dólares a la organización que, por aquel momento, se presentaba como una entidad sin ánimo de lucro. “Un laboratorio abierto, transparente y orientado al bien común”, decían de la matriz de ChatGPT a la que Musk acusa de traición y a la cúpula de la compañía de haber “saqueado una obra caritativa” y transformado ese proyecto altruista en una empresa que vale más de 800.000 millones de dólares.

El juicio, pese a ser tan mediático, ha sido asignado de manera aleatoria a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien tiene su sede en el tribunal federal Ronald V. Dellums en Oakland. 

La ciudad, con mucho menos glamour, que su vecina San Francisco, será, durante un mes, el centro de las miradas, por allí pasarán Elon Musk, Sam Altman y otros expertos en IA como Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, o varios ex OpenAI como Shivon Zilis que, además, es madre de cuatro de los hijos de Elon Musk. 

Corría el año 2015 cuando un joven Sam Altman se reunía con Elon Musk convencidos de que podrían crear una inteligencia artificial generativa que podía cambiar el mundo, una especie de ‘Proyecto Manhattan’ de la IA. La idea que ambos tenían era “crear un laboratorio abierto, sin ánimo de lucro”, que sirviera de contrapeso a los gigantes de Silicon Valley como Google.

A Musk le interesó el proyecto y puso el dinero —esos 38 millones, según su defensa— y Altman asumió el liderazgo operativo y la imagen pública del proyecto. La promesa, tal como lo ha resumido Musk ante el jurado, era sencilla: nada de accionistas, nada de enriquecerse, todo “por el bien de la humanidad”. 

Pero la realidad ha sido muy distinta. A medida que OpenAI fue creciendo y ganando fama con su ya ‘archiconocido’ ChatGPT, ha ido incorporando una estructura comercial con la entrada de inversores privados hasta el desembarco de Microsoft como parte del accionariado. Ahí todo cambió. 

La intención de salir a Bolsa por parte de OpenAI ha desatado la ira de Musk que ha visto cómo el proyecto que él abandonó en 2018 ha ido creciendo. Para el magnate y amigo de Donald Trump, su papel en la compañía durante esos años, hace ya una década, era financiar una especie de “hospital público” de la IA y sus antiguos socios lo han convertido en una clínica privada de lujo.

Musk, convertido en el adalid de la beneficencia, reclama a los fundadores de OpenAI los 130.000 millones de dólares por “enriquecimiento injusto” y asegura que ese dinero lo reinvertirá en la rama no lucrativa de la compañía. 

Además, el fundador de Tesla y exconsejero del Gobierno estadounidense pide que Sam Altman y Greg Brockman abandonen la dirección de OpenAI y se revierta el giro empresarial de la compañía para volver a los orígenes de su fundación: un laboratorio tecnológico abierto. Musk intenta que su queja vaya más allá del ‘me traicionaron a mí’ hasta el ‘han traicionado a la humanidad’.

La pregunta de fondo es si un donante puede obligar a una organización a retroceder una década en su historia. Y ahí es donde los juristas empiezan a enfriar esa posibilidad y el origen de toda esta batalla entre quienes un día fueron amigos. 

Especialistas en Derecho de fundaciones consultados por Politico recuerdan que, en general, cuando alguien dona dinero a una entidad sin ánimo de lucro deja de tener control sobre ese dinero: si años después no le gusta el rumbo que ha tomado, su opción suele ser dejar de donar, no exigir en los tribunales que cambie de rumbo. 

Musk alega que OpenAI le engañó y lo que entregó fue un cheque firmado bajo promesas concretas que se han incumplido. Una de las pruebas que ha aportado el también dueño de X es el diario de Greg Brockman en el que ya en 2017 se valoraba “librarnos de Elon” y conseguir “1.000 millones de dólares”.  

La parte acusada, OpenAI, alega que todo esto que presenta Musk es una “lectura interesada” y que la compañía sigue teniendo una parte sin ánimo de lucro dentro de la estructura empresarial. Además, los abogados de la defensa aseguran que nunca prometieron a Musk, ni a ningún otro donante, que no habría una estructura con ánimo de lucro y que él mismo, en correos internos, alentó la idea de atraer capital externo.

Además, la compañía que preside Altman insiste en la demanda de Musk responde a una venganza porque quiso controlar OpenAI, se marchó cuando vio que no pudo, montó otra empresa competidora, xAI, y, ahora, quiere deshacer lo conseguido por su rival para intentar comprar una parte de la empresa a la que en su día financió.

Los abogados de Musk intentan dibujarle como un donante ingenuo pero con buenas intenciones, preocupado por la seguridad de la IA y sorprendido al descubrir que la gran obra benéfica que sufragó se convertía en una máquina de hacer dinero. 

La defensa insiste en que Musk es un hombre dolido, pero sus declaraciones mostraron su megalomanía. Pese a autodenominarse “idiota” por la donación, insistió en que “sin mí, OpenAI no existiría” y que la fama y reputación de la compañía fueron en parte gracias a él.

En el otro lado, OpenAI que intenta demostrar ante las nueves personas del jurado que Musk no es de fiar, que creó su propia compañía de IA, xAI, y que la desaparición o regresión de la de Altman provocaría un vacío de mercado que llenaría la compañía del exconsejero de Trump y que su ego ha provocado más de una crisis en sus empresas.

Fuera de la sala de la jueza Gonzalez, organizaciones y analistas señalan que, en un país donde el Congreso se mueve con mucha lentitud ante los avances en IA, estos juicios civiles se han convertido, de facto, en una de las pocas vías para obligar a estas empresas a abrir sus correos, sus informes internos y sus decisiones estratégicas al escrutinio público.

En cualquier caso, el jurado tendrá que decidir si la historia que mejor encaja con las pruebas es la de un donante engañado por una élite codiciosa o la de un empresario que no acepta haber perdido la carrera por dominar la inteligencia artificial, como defiende OpenAI.

“Tal y como están las cosas, no creo que vaya a tener jubilación” o “la idea es ir poco a poco hasta poder irme de viaje un par de meses a Australia”. Estas dos opiniones son de Daniela y de Javier, dos jóvenes de 22 años que, preocupados por su futuro, han empezado a invertir en bolsa o en carteras automatizadas.  

“Ya de comprar piso ni hablamos”, cuenta Antonio, un joven que vive con sus padres y trabaja en una fábrica en Madrid, porque para poder acceder a la compra se requieren, según ese informe, unos 14 años de sueldo íntegro. 

El informe de la plataforma digital de inversión eToro, Gestión de la riqueza, patrimonio e inversión 2025, confirma que los inversores de entre 18 y 24 años se han duplicado en los últimos dos años y se acercan al 20% del total, una cifra considerable si se tiene en cuenta que este grupo poblacional representa al 8,5% de los adultos en España.

Hay datos que hacen posible entender este momento inversor entre la Generación Z –aquellos nacidos entre 1996 y 2010–. De acuerdo con el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, cerca del 85% de los menores de 30 años sigue viviendo con sus padres, mientras que el Informe España 2025 señala que alquilar una vivienda en solitario consume cerca del 92% del salario juvenil.

En este contexto, cada vez más jóvenes recurren a la inversión. Empujados por influencers de todo tipo (incluidos los llamados finfluencers) y por la descarga de adrenalina, han ido pasando del ‘day trading’ –compra-venta de acciones en tiempo real y en el día–, a la inversión a largo plazo. 

Según un informe de Fidelity International, la franja de 18-35 años espera unos retornos a corto plazo del 5,1% y a largo, del 6,7%. El estudio apunta además a que este grupo presenta una mayor tolerancia al riesgo, que tiende a reducirse con la edad.

Patricia García, directora del Máster en Finanzas de ESIC Business & Marketing School e Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento para el sur de Europa y Latinoamérica de Revolut destacan para infoLibre otro factor clave y es que la tecnología ha transformado la inversión, “la Generación Z la lleva en el ADN”. 

García, que ve a cientos de jóvenes pasar por las aulas cada año, cree que tienen la sensación de que el ahorro de toda la vida no funciona, porque “han crecido escuchando dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y durante años han visto depósitos con rentabilidades muy bajas, a menudo por debajo de la inflación”, asegura.

Lo que están viendo expertos y entidades es que esta generación invierte para “intentar que sus ahorros no pierdan poder adquisitivo”. Zunzunegui, además, habla de la ‘democratización de la inversión’ porque ahora se puede invertir desde un euro, y “lo que para generaciones anteriores era un terreno opaco, exclusivo de grandes patrimonios o que generaba cierto temor, hoy es una herramienta cotidiana”.

Esa sensación también la tiene Lucía Álvarez, estudiante de Economía, que se inició en el mundo de las finanzas y la Bolsa gracias a su padre. Con 21 años, esta joven, representante de la Generación Z cuenta en el documental de Arte.tv ‘Generación Z y la Bolsa’ que “ahora mismo no entra en mi visión ni un coche ni una Vespa”, pese a que muchos influencers “prometen hacerte rico en dos días con el ‘day trading’”, eso no sucede. Buena cuenta de ello da Pablo que “hasta hace dos días no he podido comprarme una casa, pese a estar algunos años jugando con el corto”. 

Porque, como recuerdan desde ESIC, la exposición y acceso a información financiera, no garantiza un mayor conocimiento. Zunzunegui desde Revolut es claro: “Tener la información a un clic no siempre se traduce automáticamente en un conocimiento profundo”.

Sarah Pritchard, directora ejecutiva de mercados de la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido, trata de alertar a los jóvenes inversores novatos a través de ‘sus lenguajes’ como Instagram y TikTok de los riesgos de las inversiones.

Pritchard contó en el programa de radio Business Daily de la BBC su preocupación porque "nuestras investigaciones muestran que las personas de entre 18 y 40 años tienen el doble de probabilidad de invertir en inversiones de alto riesgo, pero cuando indagas sobre su tolerancia para el riesgo es, de hecho, baja", señaló.

Pablo, que no quiere desvelar su trabajo actual, ya ha pasado la treintena pero empezó a trabajar a los 22. Hasta hace pocos meses vivía con sus padres y “todo el dinero que ganaba lo invertía en cuentas remuneradas”. 

Comenzó a trabajar como becario en una consultora de las llamadas ‘big four’ y terminó en un banco. Ahora, “aprovechando los productos del banco, los compañeros y la información que manejamos tengo más diversificados todos mis ahorros” y me puedo permitir “fondos indexados, roboadvisor o acciones”, pero “siempre a largo plazo, antes me encantaba el corto, lo sentía como un juego”. 

La Encuesta de Competencias Financieras que elabora el Banco de España cada cinco años muestra que sólo un 19% de los adultos responde correctamente a las tres preguntas financieras básicas que tienen que ver con la inflación, el interés compuesto y la diversificación del riesgo. Esto muestra que hay mucho margen de mejora”, asegura Patricia Stupariu, economista en la División de Educación Financiera del Banco de España.

Y Martins Sulte, CEO de Mintos, una plataforma de inversión con sede en Letonia, insiste en que “la educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente” porque existe “una necesidad clara de formación en conceptos básicos como riesgo, rentabilidad, liquidez, diversificación o horizonte temporal”. 

Según las investigaciones del FCA, muchos jóvenes empiezan a realizar inversiones de riesgo como forma de competir con amigos o familiares, o motivados por lo que ven en redes sociales. 

Esto convierte la inversión en un juego y, por tanto, en un peligro cuando se confunde con entretenimiento porque, como recuerda García, “cuando el objetivo es la adrenalina, la probabilidad de tomar malas decisiones aumenta”

Este auge de inversiones ha puesto en alerta a expertos y autoridades que temen que este creciente interés, unido a la especulación financiera, pueda provocar una crisis, como la llamada "burbuja de las puntocom", cuando se derrumbó el índice bursátil Nasdaq, hace dos décadas.

Muchos de estos nuevos inversores tienden a ignorar las estrategias tradicionales, y apuestan por acciones de empresas tecnológicas y de internet, aupadas por los avances en inteligencia artificial o por gustos personales. 

Lesley-Ann Morgan dirigió un estudio global que analizó las tendencias de inversión en más de 20 países para la inversora Schroders Wealth Manahement.

En ese estudio se pregunta qué hay que hacer si los jóvenes, pese a vivir con sus padres, están dispuestos a soportar una caída del 20%, 30% o 40%, como es el caso de las criptomonedas.

Y García alerta del peligro porque desde ESIC y otras entidades financieras “vemos interés por la cripto, por su narrativa tecnológica y por su potencial, pero conviene recordarlo: sigue siendo un activo de alta volatilidad y debería ocupar, si acaso, un porcentaje pequeño dentro de una cartera diversificada”. 

Las cripto se han convertido en una de las inversiones más atractivas para los nacidos entre 1996 y 2010, por su alta volatilidad y por la adrenalina que les provoca “jugar” con un producto tan cortoplacista. Se necesita más conocimiento sobre este activo como recuerdan desde Revolut, que ofrecen cursos teóricos para temáticas concretas como cripto o fraude.

Y otra pregunta interesante, es de dónde sale el dinero: "Si es dinero que necesitas para pagar la renta, por ejemplo, y lo estás usando para lo que, en esencia, es una apuesta, eso es un problema", dice Morgan.

En el Foro Mundial de Davos ya se advirtió del auge de los jóvenes que comienzan a invertir incluso antes de incorporarse al mercado laboral. Según explicaban expertos internacionales, esto está impulsado por la democratización tecnológica, la creciente educación financiera y las redes sociales. Desde Suiza subrayan que el 36% de la generación Z inicia sus inversiones antes de trabajar, una cifra muy superior a la registrada por generaciones anteriores y que ilustra un cambio profundo en la relación de los jóvenes con el dinero y el riesgo.

Sulte plantea los problemas de la Generación Z: “Hablamos de gente joven que entiende cómo el ahorro tradicional pierde valor con la inflación, cómo la vivienda se ha alejado de su alcance y cómo depender solo de un salario ya no garantiza estabilidad financiera”.

Por lo que ahora, los jóvenes buscan opciones para reunir capital y afrontar grandes gastos, como la compra de una vivienda, un vehículo, estudios o viajes.

En la actualidad, esta generación –que es netamente tecnológica– tiene una relación mucho más natural con las plataformas digitales, los comparadores y la información financiera online, “accede con facilidad a productos que antes resultaban más complejos o menos accesibles”, recuerda Sulte.

Y es que hace una década el panorama era diferente porque como explican desde Revolut, “invertir o buscar rentabilidad para los ahorros requería pasar por la sucursal, firmar papeleo interminable y someterse a unas comisiones que, en muchos casos, penalizaban al cliente medio” y ahora desde la llegada de las fintech “cualquiera puede empezar a rentabilizar su dinero o comprar acciones con dos clics desde su propio teléfono móvil y de forma totalmente transparente”. 

García se atreve con una recomendación para los jóvenes “lo más razonable suele ser construir una base a largo plazo con fondos o ETF indexados de renta variable global (por ejemplo, índices amplios), mediante aportaciones periódicas y con comisiones bajas. Eso permite aprovechar el tiempo y el interés compuesto. A partir de ahí, si hay afición y formación, se puede destinar una parte minoritaria a estrategias más tácticas o temáticas”. 

Donald Trump ha anunciado este viernes la extensión durante tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano, pero la dinámica militar sobre el terreno no parece acompañar a las palabras del presidente estadounidense después de que ambos países intercambiasen ataques tras el anuncio. Irán, por su parte, sigue esperando al fin del bloqueo naval para sentarse en las negociaciones de Islamabad, mientras Estados Unidos refuerza su despliegue militar en la región con un portaaviones más.

La tregua entre Israel y Líbano se inició el pasado 16 de abril, tras una reunión en la Casa Blanca con los embajadores Yechiel Leiter y Nada Hamadeh. En su red Truth Social, el presidente estadounidense, celebró que “la reunión fue un gran éxito” y afirmó que Estados Unidos trabajará con el Líbano “para ayudarlo a protegerse de Hezbolá”, al tiempo que expresaba su deseo de recibir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

La reunión en el Despacho Oval ha juntado a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, con el vicepresidente JD Vance, el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, y el embajador estadounidense en Líbano, Michel Issa, según detalló Axios y Jerusalem Post.

Pese al anuncio de Trump de este viernes, pocas horas después de esta ampliación de la tregua, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron de ataques contra lanzacohetes en el sur del Líbano que, según su versión, habían disparado o estaban a punto de disparar contra la localidad fronteriza israelí de Shtula. El Ejército israelí no precisó si esos ataques se produjeron antes o después de la entrada en vigor de la tregua, pero los presentó como respuestas a “amenazas” que “representaban un peligro para los soldados de las FDI y el Estado de Israel”.

La ofensiva israelí en territorio libanés comenzó el 2 de marzo, en el marco de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, y ha dejado más de 2.300 muertos y alrededor de un millón de desplazados en siete semanas, según datos oficiales libaneses. Hizbulá, aliado de Teherán y autor de la mayoría de los ataques con cohetes desde el Líbano contra Israel, no forma parte de las conversaciones de paz patrocinadas por Washington.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, se encargó de enfriar el entusiasmo sobre la tregua al advertir en una entrevista con CNN que el alto el fuego “no es del 100%”. Argumentó que el Gobierno libanés “no tiene control sobre Hezbolá” y que la milicia chií sigue lanzando cohetes “para intentar sabotear el alto el fuego”, lo que a su juicio obliga a Israel a responder cada vez que identifica una amenaza.

“Es una situación significativamente mejor. No es perfecta, pero espero que el Ejército libanés sea capaz de implementar y hacer cumplir este alto el fuego”, añadió Danon, trasladando la presión a Líbano y reconociendo que el acuerdo sigue siendo frágil.

En paralelo, el Gobierno libanés insiste en rechazar que Irán negocie en su nombre en los contactos que mantiene con EEUU en Islamabad y pide un diálogo directo con Israel en el marco de estas conversaciones, una vía que Hezbolá rechaza.

Tras el anuncio en Truth Social, Trump compareció en el Despacho Oval y fue preguntado por la posibilidad de un acuerdo de paz duradero entre Israel y el Líbano. “Existe una gran posibilidad”, se limitó a responder, antes de subrayar que “Israel debe defenderse” pero que lo hará “con cuidado y quirúrgicamente”, en línea con el discurso de apoyo firme a la seguridad israelí combinado con apelaciones a la contención.

Trump, una vez más, ha presentado la extensión de la tregua como fruto directo de su mediación y como un éxito, algo que reforzó el secretario de Estado, Marco Rubio, al asegurar que la intervención de la Casa Blanca “hizo posible” este nuevo alto el fuego y mostrarse optimista respecto a la perspectiva de una paz duradera.

Pero los mensajes de Trump sobre el conflicto en Oriente Medio nunca han sido concretos. El conflicto en Irán, según el presidente, iba a durar un mes, pero la guerra con la República Islámica se acerca ya a las ocho semanas, primero fueron bombardeos y, ahora, es un bloqueo naval que también afecta a la tregua.

Trump ya ha dicho en reiteradas ocasiones que ahora "no hay presión" para poner fin al conflicto porque EEUU ya ha destruido todos los objetivos militares iraníes y acusa a Teherán de paralizar las conversaciones debido a que "no hay con quien tratar" dentro del gobierno iraní.

El Washington Post informa de la llegada del tercer portaaviones estadounidense, el USS George H.W. Bush,--se une al USS Gerald R. Ford y al USS Abraham Lincoln– y los buques de guerra que lo escoltan a aguas cercanas a Irán, lo que contrasta con el papel mediador que quiere tener el presidente en la región.

La segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán prevista en Islamabad para esta semana sigue sin fecha confirmada, en buena medida por la negativa iraní a acudir mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval sobre sus puertos y su navegación comercial.

El canal saudí Al Arabiya, citando fuentes diplomáticas pakistaníes, habla de un “verdadero estancamiento” y admite que “el progreso es débil”, aunque Islamabad insiste en que no contempla cancelar las conversaciones y seguirá intentando convencer a Irán para que se siente en la mesa.

Donald Trump ha prorrogado el alto el fuego con Irán pocas horas antes de que terminase la tregua de diez días que se dio, pero este movimiento del presidente de Estados Unidos busca aumentar la presión sobre Teherán y demostrar que en la República Islámica nadie tiene la capacidad de cerrar un acuerdo.

Según la reconstrucción hecha por el medio estadounidense Axios, la decisión de extender unos días más la tregua responde a una ventana de oportunidad muy concreta. "Trump está dispuesto a dar otros tres a cinco días de alto el fuego para permitir que los iraníes pongan orden", resumía una fuente estadounidense. Pero con un matiz importante para el fin del conflicto en Oriente Medio: esta paz "no va a ser indefinida". Desde EEUU esperan nuevas propuestas de Irán para poder sentarse a negociar en Islamabad.

Ese margen temporal, limitado y condicionado, como explican medios estadounidenses sirve para demostrar algo que la Administración Trump lleva tiempo insinuando y es que Irán está fracturado y no hay nadie que parezca poder tomar decisiones. Esto, en medio de la incertidumbre sobre la salud de Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo iraní que todavía no se ha pronunciado y que parece estar, según Irán, grave, y según EEUU, muerto. Desde Axios, una fuente del Gobierno estadounidense asegura que en Irán "ni unos ni otros pueden decir sí" a un acuerdo dada la inestabilidad política del país.

La prórroga no implica una desescalada real. Washington mantiene intacto su principal instrumento de presión: el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz. Trump acusó a Irán de querer el paso abierto “para ganar 500 millones de dólares al día”, pero en su red social, aseguró que EEUU lo tiene "totalmente bloqueado".

Según subrayan fuentes de la Administración citadas por Politico, la Casa Blanca considera que esa presión económica y militar es precisamente la que puede forzar a Teherán a sentarse a negociar.

La asfixia económica a la que esta guerra está llevando al mercado energético global —dado que por Ormuz pasa una parte importante del petróleo mundial— está contribuyendo al desgaste político interno del Gobierno estadounidense. Trump ya había asegurado en días previos que EEUU había obtenido “todo lo posible” en el plano militar, pero que "la guerra está por terminar".

Un interlocutor próximo al entorno presidencial señalaba a Axios que “Trump no quiere usar más la fuerza militar y ha tomado la decisión de terminar la guerra"; en cambio, en Politico aseguran que el presidente sigue convencido de que EEUU negocia “desde una posición de fuerza”. No lo creen desde Irán, donde ven la extensión de la tregua como una victoria parcial.

La mediación de Pakistán está suspendida precisamente por ese bloqueo interno iraní. El vicepresidente estadounidense JD Vance llegó a tener el Air Force Two preparado para salir hacia el país, pero Teherán retiró a sus negociadores y aseguró, como informa la agencia de noticias iraní Tasnim (próxima al aparato del Estado), que hasta que no se levante el bloqueo naval en Ormuz no se sentarán en la mesa.

Este episodio  ilustra el punto muerto en el que se encuentra la tregua: Washington presiona para negociar y Teherán exige un desbloqueo para sentarse a la mesa. Politico añade que ese desacuerdo sobre el bloqueo naval y la negociación nuclear se han convertido en los principales obstáculos para reactivar las conversaciones mientras EEUU espera nuevas propuestas.

La extensión del alto el fuego no está exenta de costes para Trump. Algunos de sus propios asesores reconocen que prolongar la tregua reduce parte de la presión inmediata sobre Irán. Pero la apuesta del presidente es que el bloqueo naval compensa la pérdida de popularidad.

"Irán está desesperado por dinero", dijo el presidente, insistiendo en que la presión económica limita incluso la capacidad del régimen para pagar a sus fuerzas de seguridad. En esa línea, fuentes citadas por Politico apuntan a que la Casa Blanca confía en que el deterioro económico termine forzando divisiones aún mayores dentro del liderazgo iraní y acerque posiciones con la República Islámica.

Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán han encallado tras más de 20 horas de diálogo directo en Islamabad (Pakistán) y sin anunciar una nueva fecha para retomar el diálogo. El encuentro, el de mayor nivel entre ambos países en casi medio siglo, concluyó sin acuerdo y con una sensación compartida: las posiciones siguen demasiado alejadas en los famosos 10 puntos clave.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, compareció al término de la reunión con un mensaje un tanto ambiguo al asegurar que Estados Unidos "ha mantenido varias conversaciones sustanciales", lo que ha destacado como la "buena noticia", pero "la mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo”. Y añadió un matiz para aumentar la presión sobre la República Islámica: “Creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos”.

Desde Washington, insisten en que hay "una propuesta muy simple, un método de entendimiento, que es nuestra mejor y última oferta. Veremos si los iraníes la aceptan”. Por su parte, Irán se ha mantenido tranquilo y asegura que no esperaban llegar a un acuerdo este fin de semana.

Más allá del tono diplomático, las razones del fracaso son concretas y con varios frentes abiertos que bloquean un entendimiento entre ambas delegaciones diplomáticas.

El principal escollo sigue siendo el programa nuclear iraní. Estados Unidos mantiene una línea roja inamovible. “Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear, ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente”, subrayó Vance. Y remató con la duda que ha atravesado toda la negociación: “¿Vemos un compromiso de voluntad por parte de los iraníes? Todavía no lo hemos visto”.

Desde Teherán, el tono ha sido distinto, pero contundente. El portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, evitó hablar de fracaso total y rebajó las expectativas: “Nadie esperaba un acuerdo en una sola reunión”. Sin embargo, dejó claro los límites iraníes al advertir de que el proceso solo avanzará si la otra parte se abstiene de “demandas excesivas” y “peticiones ilegales”.

A la condición nuclear, se suma el control del Estrecho de Ormuz, que se ha convertido en la pieza central del pulso geopolítico entre ambos países. La posición estadounidense pasa por una apertura inmediata, pero desde el lado iraní se ha advertido que “no habrá cambios en el estrecho a menos que EEUU acepte un acuerdo razonable”. Otra fuente iraní citada durante las negociaciones fue más allá: cualquier tránsito deberá estar “coordinado directamente con las Fuerzas Armadas iraníes”, una condición que Irán lleva tiempo pidiendo a la comunidad internacional.

El tercer elemento que ha erosionado el diálogo es el papel de Israel. Mientras Washington e Irán negociaban, los bombardeos israelíes en Líbano han continuado sin atisbo de final. Teherán exige garantías para frenar el conflicto, mientras que Estados Unidos sostiene que el alto el fuego “se limita al conflicto directo” entre ambos países.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lanzó un mensaje que sobrevoló toda la negociación: “La campaña aún no ha terminado” y defendió los ataques israelíes contra Hezbolá y el Líbano para “aplastar su programa nuclear” y no descarta "hacer más” frente a Irán y sus aliados.

El desacuerdo económico ha sido otro de los puntos de bloqueo. Irán reclama el levantamiento inmediato de sanciones y la devolución de activos congelados, mientras que Washington condiciona cualquier alivio a la firma de un acuerdo nuclear. Es un choque clásico, pero en este contexto se ha convertido en un freno total.

El fracaso llega, además, en un momento especialmente delicado. La tregua de dos semanas es “muy frágil” y está “abiertamente amenazada”, según advirtió el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El ministro fue más allá al señalar que hay actores interesados en torpedear el proceso y apuntó directamente a Israel: “Cuando toda la humanidad respiraba aliviada por el alto el fuego, el Gobierno de Israel seguía empecinado en una guerra que no es buena para nadie”.

Este domingo, el Moll de la Fusta de Barcelona volvía a ser el epicentro de la acción humanitaria. La Global Sumud Flotilla (GSF) zarpaba con destino Gaza, pero las condiciones meteorológicas impedirán que la misión se adentre en aguas internacionales como ha explicado Thiago Ávila. "Nuestra idea era salir hoy hasta aguas internacionales y dirigirnos a Sicilia", decía Ávila, pero los planes harán que la misión humanitaria parta del Moll de la Fusta y amarre en otro puerto barcelonés.

La previsión es que "en un día o dos máximo" la flotilla pueda partir hacia aguas internacionales, una vez mejoren las condiciones meteorológicas, con una flota de 100 embarcaciones y 3.000 participantes de un centenar de países, entre los que se encuentran médicos, educadores, voluntarios e investigadores.

Esta nueva misión supera ampliamente la del año pasado. Desde la organización reconocen que navegan “no a pesar de la guerra, las escaladas, las amenazas y los frágiles y quebrantados alto el fuego, sino debido a ellos” porque para los organizadores “esperar cuesta vidas".

Como novedad con respecto a la misión del pasado septiembre, en esta se incluye un convoy terrestre que salió de Mauritania este viernes. "Vamos a intentar llegar a Gaza, formar parte de la reconstrucción de Gaza, pero lo que pase en el camino no será un impedimento para seguir luchando. Es un acto más en una lucha bastante larga de los pueblos oprimidos para defender los derechos humanos", ha subrayado Saif Abukeshek, coordinador de la Global Sumud Flotilla.

La flotilla está previsto que llegue a Gaza hacia el 20 de abril, con una escala de una semana en el sur de Italia.

La Global Sumud Flotilla surgió en 2025 como una alianza de diferentes ONG como Coalición de la Flotilla de la Libertad, Marcha Mundial hacia Gaza, la Flotilla Magreb Sumud y Sumud Nusantara. La palabra que vertebra todo procede del árabe, Sumud, que significa “firmeza” o “perseverancia constante”.

La propia flotilla se define como un movimiento global integrado por ONG, trabajadores humanitarios, médicos o estudiantes “unidos para defender la dignidad humana y el derecho internacional, independiente de cualquier gobierno y sin afiliación política”, asegura la propia organización. 

Compuesta por un crisol de profesionales que tienen el objetivo de ayudar al pueblo palestino, su Comité Directivo internacional está integrado por figuras como Thiago Ávila, que fue detenido tras la interceptación de la flotilla en 2025; Saif Abukeshek, activista palestino-catalán afincado en Barcelona con más de veinte años de trabajo en la ONG Palestina en Europa; Susan Abdallah, concejala noruego-palestina; la italiana Maria Elena Delia, física y coordinadora de la delegación italiana; y la activista alemano-turca Sümeyra Akdeniz Ordu.

Entre las entidades que participarán en la botadura se encuentran Greenpeace, Open Arms, Urgence Palestine, Samidoun: Palestinian Prisoner Solidarity Network, la Comunitat Palestina de Catalunya, Pallasos en Rebeldía, el Sindicat de Llogateres, la CGT, el USTEC y el Centre Delàs. 

Para esta nueva misión, Greenpeace pone a disposición de la organización como apoyo marítimo, técnico y logístico su Arctic Sunrise, un rompehielos de 50,5 metros de eslora con capacidad para 30 personas que forma parte de la organización desde 1995.

A la flotilla también se suma Open Arms. Gerard Canals, jefe de operaciones de la ONG española de rescate en el mar, explicó en la rueda de prensa celebrada en el Parlament de Catalunya que la organización aportará su buque homónimo como "apoyo técnico, logístico y sanitario". 

No es la primera vez que la ONG intenta romper el bloqueo a Gaza. Ya hubo un primer intento junto a la ONG World Central Kitchen pero la iniciativa se interrumpió tras el bombardeo israelí que mató a siete trabajadores humanitarios. 

Canals justificó la decisión de la ONG de Camps de participar con un barco en que “no posicionarse es permisividad. Nos sumamos para actuar y no solo para mirar". Pero el jefe de operaciones advierte de que “no sería la primera vez que se nos ha imposibilitado” la navegación sin limitaciones y ha pedido a la Dirección General de la Marina Mercante permiso para navegar libremente.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, su alcalde, Jaume Collboni, aseguró que “el consistorio apoya esta misión colaborando tanto en su viabilidad económica como en el acompañamiento institucional y logístico necesario para hacer posible el evento" y, para esta salida hacia Gaza la aportación municipal se incrementará un 60% respecto a la iniciativa del pasado año.

La rama española de la flotilla ha logrado recaudar para esta singladura cerca de 30.000 euros en la plataforma de crowdfunding Chuffed, muy cerca de los 35.000 que ha conseguido la agrupación Global Sumud Arabian Gulf, la delegación que más aporta. El conjunto del proyecto ha conseguido sobrepasar los 450.000 euros.

Ariadna Masmitjà, una de las responsables de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, celebró que Barcelona vuelva a ser el epicentro de la misión, pero denunció el impacto directo en Cataluña de lo que ocurre en Palestina. Cargó contra el aumento del gasto militar en detrimento de las políticas sociales. Señaló al Banco Santander, BBVA y CaixaBank por "financiar la industria militar mientras especulan con la vivienda", y a la multinacional ICL por "proveer el fósforo blanco para las bombas sionistas del genocidio en Gaza mientras contamina las aguas catalanas".

Desde la organización defienden que no se trata de una iniciativa externa de solidaridad, sino de una respuesta a un mandato: "La sociedad civil palestina ha instado a los movimientos de solidaridad internacional a movilizarse. Su voz guía cada decisión que tomamos".

La GSF denuncia que el contexto regional ha empeorado: "A medida que la atención mundial se ha ido desplazando hacia el conflicto regional más amplio, el régimen israelí ha intensificado su agenda genocida, endureciendo el bloqueo, estrangulando la ayuda, ampliando los asentamientos, acelerando el robo de tierras y enterrando sus crímenes de guerra bajo el caos".

La directora ejecutiva de Greenpeace para Oriente Medio y Norte de África, Ghiwa Nakat, destaca el posicionamiento de su organización y el apoyo a la flotilla contra “los crímenes de guerra, la hambruna intencionada, la limpieza étnica, el genocidio y el ecocidio. Esta flotilla es un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que pongan fin a su silencio, protejan la acción humanitaria y actúen con urgencia”.

Además, no se ha querido olvidar de “la devastación que ahora se extiende a Líbano y que ya ha sufrido Gaza a través de una destrucción implacable y un sufrimiento humano cada vez mayor”.

La misión busca establecer una presencia permanente y especializada. A bordo irán personal sanitario, constructores, investigadores y otros miembros de la sociedad civil preparados para trabajar junto al pueblo palestino en la reconstrucción de la Franja.

Las exigencias políticas de la flotilla están fundamentadas en el derecho internacional. Las peticiones van desde la “apertura de un corredor marítimo y terrestre permanente hacia Gaza”, como se pidió en la primera misión, hasta que la reconstrucción de la Franja sea “liderada por palestinos, libre de control extranjero, condiciones políticas y desplazamientos”. 

Tambíen exigen la “rendición de cuentas por genocidio mediante la ejecución de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional (CPI)”, contra Benjamin Netanyahu y otros cargos de su Gobierno.

La primera expedición de la flotilla arrancó el pasado 31 de agosto desde Barcelona. Entre los pasajeros figuraban la activista medioambiental Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o los actores Liam Cunningham y Susan Sarandon. Las embarcaciones transportaban –al igual que ahora– agua potable, alimentos, leche en polvo para bebés, pañales, prótesis y medicamentos.

Una semana más tarde, en Túnez, los barcos Family y Alma fueron abordados mientras estaban fondeados, pero a medida que la flota avanzaba, más de 15 drones llegaron a atacar las embarcaciones.

España e Italia despacharon buques de guerra como gesto de protección: la fragata italiana Virginio Fasan y la española Furor pusieron rumbo a la flotilla hasta que se tuvieron que retirar a escasas millas de la zona de exclusión israelí.

La noche del 1 de octubre, las fuerzas navales israelíes interceptaron la flotilla a unas 120 millas náuticas de la costa de Gaza. Usaron cañones de agua, cortaron comunicaciones, abordaron los barcos a punta de pistola y confiscaron la mayor parte de la flota al amanecer. Israel detuvo a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev. 

La respuesta de la organización fue entonces la misma que ahora: "Vamos con más personas, más barcos y más fuerza frente a la represión", dijo Abukeshek al ser preguntado por una posible detención.

La inteligencia artificial ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Ahora ya no es sólo la herramienta que ayuda a resumir textos, a realizar investigaciones o a preparar discursos políticos. Ahora, la IA ya es un actor político más. En 2026, nos acercamos, cada día más, a ese mundo distópico que Michael Crichton narraba en Presa o a esa novela de Emma Mieko Candon, The Archive Undying, donde las IA eran dioses caídos.

La inteligencia artificial se ha convertido en candidata electoral o en portavoz y cerebro de campaña en países como Japón, Colombia, Dinamarca o Reino Unido, cuatro territorios en los que la IA ya es parte del entramado político. 

La novedad no es sólo tecnológica. Es, sobre todo, moral. Porque plantea preguntas incómodas: ¿puede una inteligencia artificial representar a los votantes? ¿Puede un partido articulado en torno a un chatbot aspirar a algo? ¿Qué pasa con los bots y las redes sociales, remarán a favor del voto a las IA?

El politólogo Andreas Jungherr en Artificial Intelligence and Democracy: A Conceptual Framework, realiza un amplio estudio de cómo la IA ya está impactando en “las condiciones del autogobierno, la igualdad política, las elecciones y la competencia entre sistemas democráticos y autocráticos”.

En Japón, Team Mirai es probablemente el ejemplo más completo de “tecnopolítica” convertida en realidad. Fundado por perfiles ligados al software y la ingeniería, el partido dio el salto a la política nacional con un mensaje que mezcló reformas concretas y una defensa explícita de la IA como motor de modernización del Estado. En las elecciones de febrero a la Cámara Baja nipona obtuvo 11 escaños, con una base de 2.600 afiliados, consiguió el voto de tres millones de personas, un 7% de los votantes del país.

Ideológicamente, se sitúan en un centro‑derecha tecnocrático. Bruce Schneier, que ha estudiado el caso en profundidad, explica en uno de sus ensayos que Team Mirai “se presentó a las elecciones sin alinearse con los ejes tradicionales de izquierda y derecha” y que su eje principal es el futuro frente al inmovilismo. “La tecnología te hace la vida más fácil”, es uno de sus lemas de campaña. 

El propio análisis de Schneier destaca que el partido mantuvo una posición “contraria” en el gran tema de la campaña: en vez de prometer rebajar el impuesto al consumo, defendió mantenerlo y compensar a las familias trabajadoras con créditos fiscales y menores cotizaciones sociales.

No son anti‑sistema, como pudiera ser el Partido Pirata de Islandia, sino una fuerza que propone redistribución selectiva y ajustes demográficos. 

Mirai apuesta por la inversión en sectores tecnológicos y el uso intensivo de aplicaciones propias y estatales, como la app Gikai, que utiliza IA para resumir proyectos de ley y recabar opiniones ciudadanas. Schneier lo resume con una frase que define bien su proyecto: “Team Mirai se concibe como un 'utility party', una especie de infraestructura básica para la democracia japonesa, más que un partido clásico organizado en torno a una identidad ideológica cerrada”.

Por otro lado, Dinamarca encarna la versión más radical del algoritmo: el Partido Sintético.

Fundado en 2022 por el colectivo artístico Computer Lars y la fundación MindFuture, colocó un chatbot en el centro de su identidad. Vice aseguró que “el chatbot de IA Leader Lars, está programado basándose en las políticas de partidos daneses marginales desde 1970”.

Este chatbot fue entrenado con décadas de programas electorales para llegar a proponer políticas a partir de las preferencias acumuladas y para dialogar con los votantes. El partido pretendía representar a quienes no votan y explorar formas de “democracia más‑que‑humana”. Entre sus propuestas estaban una renta mínima, la incorporación explícita de la IA a la agenda de derechos humanos y la alineación con objetivos de desarrollo sostenible centrados en la convivencia entre humanos y máquinas.

Partidarios de la redistribución, inclusión y una integración ética y regulada de la IA en la sociedad, el Partido Sintético nunca llegó a presentarse porque la ley electoral danesa prohíbe partidos sin base jurídica personal. 

Si la tecnología y la inteligencia artificial son la base de estos partidos, Colombia y Reino Unido han ido más allá y propusieron, directamente dos candidatos creados por IA: AI Steve y Gaitana IA.

El caso británico fue el más mediático. AI Steve se presentó como el primer “candidato de IA” en las generales de 2024 en el Reino Unido, pero en realidad era un avatar asociado al empresario Steve Endacott, que se presentaba en Brighton Pavilion. Si recuerdan el metaverso, AI Steve era la representación digital de Endacott.

AI Steve “invitaba a los votantes a interactuar con un chatbot que recogía opiniones y las transformaba en propuestas y luego un grupo de “validadores” (humanos) tendría la tarea de traducir ese feedback en decisiones concretas”, recuerda el periodista Tomás Estevez que siguió el caso de este candidato híbrido. 

“El programa incluía recortes del 50% en tasas universitarias aplicando tarifas más altas a estudiantes extranjeros, construcción de vivienda asequible en suelos industriales”, recuerda Estevez que colocaba al avatar de Endacott en el espectro del centro‑derecha liberal británico. 

AI Steve no consiguió el escaño, pero “sentó un precedente: un candidato humano‑máquina que luego hemos visto en otros lugares”, dice Estevez que cita otro caso de este póker de IA en elecciones: Gaitana.

El caso colombiano es el último. Gaitana IA apareció en las papeletas de las elecciones legislativas de 2026, en la circunscripción especial indígena, presentada como una candidata creada con inteligencia artificial. Detrás del avatar, sin embargo, había una arquitectura legal y política híbrida: dos personas —entre ellas el activista Carlos Redondo— se registraron como candidatos reales, mientras el bot azul actuaba como rostro digital del proyecto.

El programa, según detalla Wired en su edición en español, se centraba en inclusión indígena y soberanía digital: defensa del territorio y de los derechos colectivos, y la reivindicación de que las comunidades originarias participen en la conversación global sobre tecnología, desde la banca hasta la educación, usando IA y otras herramientas emergentes.

Gaitana no obtuvo escaño, pero centró el debate en normalizar el uso de un avatar para redes y un candidato de carne y hueso para relacionarse.

La expansión de estas experiencias no ocurre en el vacío. International IDEA ha señalado que “la IA ya está entrando en la maquinaria cotidiana de las elecciones, incluyendo la administración, el análisis de datos, la provisión de información y la supervisión”, y advierte, al igual que José Manuel Mateu de Ros, CEO de la consultora Zertia, para infoLibre, que “muchas autoridades reconocen tener baja alfabetización en IA mientras ya la están usando, lo que constituye un grave problema de seguridad”. 

El centro de investigación Brookings, en un artículo sobre el “super‑año” electoral global de 2024, recuerda que el potencial para alterar la información que reciben los votantes es considerable. Ese diagnóstico encaja con multitud de estudios sobre el uso malicioso de la IA y de bots automatizados en campañas recientes, “para producir vídeos, imágenes, textos, falsas webs… Un problema de difícil solución”, dice Mateu que ve que este problema irá en aumento en los próximos años.

El antecedente más citado sigue siendo Cambridge Analytica, la firma que, en 2016, accedió sin consentimiento a los datos de decenas de millones de usuarios de Facebook para dirigirles anuncios políticos en la campaña de Donald Trump y en el referéndum del Brexit. Aunque entonces no se hablaba todavía de IA generativa, la lógica era similar: usar grandes volúmenes de datos para segmentar con precisión y explotar vulnerabilidades emocionales en el electorado.

International IDEA plantea que la adopción de IA en elecciones debe ir acompañada de “sólidos marcos de gobernanza” y propone una base democrática de cinco pilares: alfabetización en IA, ética y derechos humanos, moderación de contenidos, regulación y uso de IA para mejorar la gestión electoral. “Sin estos elementos la IA corre el riesgo de socavar la integridad electoral en lugar de reforzarla”, concluye Mateu.

Durante unas horas, el mundo estuvo expectante ante un posible desenlace catastrófico en Irán, pero gracias a Pakistán, durante dos semanas Estados Unidos e Israel han cerrado un alto el fuego en la República Islámica. Donald Trump anunció de madrugada y poco antes de que se cumpliera el ultimátum que él mismo dio que se ponía fin a los bombardeos a cambio de que se reabriese de manera inmediata el Estrecho de Ormuz.

Poco después, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, confirmaba que su país tampoco abrirá fuego y permitirá durante estos 15 días el paso seguro de los buques frente a sus costas. La noticia ha sido celebrada por los mercados y multitud de países y ha provocado que el barril de petróleo cayese por debajo de los 100 dólares.

El único problema de este alto el fuego es Líbano. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, señala que el cese de las hostilidades tiene “efecto inmediato” y se aplica “en todas partes, incluido Líbano”, donde Israel libra una guerra paralela con Hezbolá que pretendía continuar. No obstante, la oficina del Primer Ministro israelí ha comunicado que acepta la tregua en Irán pero el Líbano seguirá bajo las bombas. Sharif ha invitado a las delegaciones de Washington y Teherán a reunirse el próximo viernes en Islamabad, la capital de Pakistán, “para seguir negociando un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas”.

El alto el fuego se dio a conocer poco antes de que finalizase el ultimátum del presidente de Estados Unidos con el que amenazó destruir la infraestructura civil y militar iraní, atacar las centrales energéticas y sumir a Irán en la "Edad de Piedra". Tales fueron las amenazas que hasta el papa León XIV calificó como "inaceptables" las palabras de su compatriota que llegó a elevar el tono horas antes prometiendo la muerte de “toda una civilización esta noche”.

En un mensaje en su red social, Truth Social, Trump ha escrito: “Sujeto a que la República Islámica dé su visto bueno a la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, estoy de acuerdo en suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un periodo de dos semanas”. Su decisión, apunta, llegó después de conversaciones con Sharif, y el jefe del Estado Mayor paquistaní, Asim Munir, que le pidieron que parase el ataque que llevaba planeando más de una semana.

Poco después, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado en el que confirma que que “celebrará negociaciones” en Islamabad durante dos semanas -darán comienzo el día 10 de abril-, en medio de lo que describe como “total desconfianza” con la parte estadounidense, pero matiza que esta tregua “no implica el fin de la guerra”. El texto de Teherán presenta ese diálogo como “una continuación del campo de batalla”, cuyo fin es afianzar en el plano político lo que Teherán ya describía el pasado fin de semana como una victoria militar.

“Irán solo aceptará el fin del conflicto cuando, considerando la aceptación de los principios contemplados en el plan de 10 puntos, se finalicen los detalles en las negociaciones”, señala el comunicado con relación a la propuesta de Teherán, que Trump definía en su mensaje como “una base viable sobre la que negociar”. La televisión estatal iraní ha presentado la prórroga como una “humillante retirada” del presidente estadounidense.

El texto, dirigido a la “noble, grande y heroica nación de Irán”, afirma que la derrota de EEUU e Israel es innegable y que ahora “el enemigo no ve otra salida que someterse a la voluntad de la gran nación de Irán y del honorable Eje de la Resistencia”.

A pesar del asesinato de los altos mandos iraníes, la supremacía aérea y el bombardeo de miles de objetivos militares y no militares, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha mantenido una capacidad de represalia sostenida, ha sabido aguantar y lanzó docenas de misiles y drones a diario contra aliados estadounidenses en el Golfo e Israel.

Y lo que es más importante, la guerra es cada vez más impopular en Estados Unidos. A medida que la población sentía sus efectos en el aumento del coste de la vida y en las gasolineras, alrededor del 61% de los ciudadanos se opuso al conflicto. La popularidad de Trump se ha desplomado en las encuestas.

Israel, por su parte, ha aceptado este alto el fuego en Irán pero no el fin de las hostilidades en Líbano donde, tras el anuncio de tregua, ya ha matado a varias personas en un ataque contra una ambulancia, según ha informado la agencia estatal de noticias libanesa, NNA. La posición del Estado hebreo en este conflicto giró hace días y convirtió a Hezbolá, el grupo terrorista chií que apoya al régimen islámico, en su principal objetivo, pero también a los los hutíes, en Yemen, y las milicias proiraníes en Irak. Mientras EEUU ataca Irán, Israel se ha dedicado a atacar a los grupos que apoyan al régimen de los ayatolás.

Sabedores de que el alto el fuego en Líbano no iba a ser aceptado por Israel, el Ejército libanés instó a la ciudadanía a posponer su regreso por motivos de seguridad a todas las localidades del sur.

"El mando del Ejército insta a los ciudadanos a posponer su regreso a los pueblos y ciudades del sur y a evitar acercarse a las zonas donde han avanzado las fuerzas de ocupación israelíes, por su propia seguridad, especialmente porque podrían exponerse a los continuos ataques israelíes", informó el mando militar en un comunicado ante los acontecimientos regionales y los rumores sobre un cese de hostilidades.

No obstante, las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) lanzaron una andanada contra "las bases de lanzamiento y los lanzadores del régimen terrorista iraní" durante la madrugada de este miércoles pese a la tregua anunciada, según recoge un comunicado del Ejército iraní

Al ser consultadas por EFE, las FDI no se pronunciaron sobre cuándo se iniciaron y concluyeron estos ataques respecto a la entrada en vigor del cese de hostilidades. Israel, por su parte, registró un lanzamiento de misiles iraní a su territorio un cuarto de hora después de que comenzara la prórroga.

La Fuerza Aérea de Israel atacó "decenas de lugares de lanzamiento" para interrumpir una oleada "aún mayor" de misiles balísticos que presuntamente iba a ser disparada contra el país durante la noche.

Durante este mes de guerra, Washington asegura haber golpeado más de 13.000 objetivos militares iraníes, en especial de sus sistemas de defensa antiaérea, así como sus lanzaderas de misiles y drones, mientras que Teherán ha respondido con más de un millar de misiles, 600 de ellos dirigidos a territorio israelí, y cerca de 4.000 vehículos de ataque no tripulados hacia bases militares o infraestructuras de los aliados de Trump.

En cuanto a fallecidos, más de 5.000 personas han perdido la vida en la región, la mayoría en Irán -al menos 3.636- y Líbano -1.530-.

El presidente de EEUU ha presentado el anuncio de tregua como una cesión de ambos, pero matiza que en este conflicto su país ha cumplido todos los objetivos militares que buscaba en su ofensiva. “¡Esto va a ser un alto el fuego de doble vía! La razón para hacerlo es que nosotros ya hemos alcanzado y superado todos nuestros objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán y paz en Oriente Próximo“.

Pedro Sánchez, por su parte, ha celebrado la buena noticia del alto el fuego, pero ha advertido, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que España no aplaudirá "a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo".

El comienzo de las negociaciones han sido saludadas por la mayoría de países e incluso algunos como China han sido propuestos por Irán para que garantice la estabilidad de la zona. La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning evitó confirmar cualquier implicación en ese sentido y se limitó a señalar que el país "mantendrá la comunicación con todas las partes" y seguirá trabajando para "llevar la situación hacia un cese integral de las hostilidades".

La Unión Europea, en voz de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ha agradecido a Pakistán su mediación y ha calificado como "fundamental que continúen las negociaciones para alcanzar una solución duradera" y ha prometido seguir coordinándose con los socios de la zona. También la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, escribió en sus redes sociales que el acuerdo "supone un paso atrás para alejar la amenaza tras semanas de escalada" y crea un espacio para la "diplomacia hacia un pacto duradero".

"El acuerdo (...) brinda una oportunidad muy necesaria para atenuar las amenazas, detener los lanzamientos de misiles, reanudar el tráfico marítimo y crear un margen para la diplomacia con vistas a un acuerdo duradero. El estrecho de Ormuz debe volver a estar abierto al tráfico", urgió.

En España, también han celebrado el alto el fuego de 15 días. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, califica la tregua como un "rayo de esperanza", aunque asegura que todavía nos encontramos "muy lejos de un camino para la paz". En Más de uno, el ministro se ha mantenido en línea con la posición de la UE y ha asegurado que el Gobierno español no va a "escatimar en esfuerzos para apoyar la mediación de Pakistán y de otros países".

El mercado de petróleo y de gas también ha respondido de manera positiva a este alto el fuego. El barril de petróleo brent -de referencia para Europa- para entrega en junio se hunde este miércoles más del 12%, hasta situarse en los 95 dólares en el mercado de futuros de Londres, después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego de dos semanas.

Durante esta madrugada, el petróleo ha llegado a caer hasta un 16% y ha tocado un mínimo en los 91,70 dolares. De la misma manera que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) baja con fuerza antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos. Retrocede el 14,48%, hasta los 94,9 dólares.

Mientras, el gas natural de entrega a mes vista en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se hunde más del 19% en la apertura de este miércoles, hasta los 42,8 euros por megavatio hora (MWh).

Con estos, datos, el primero en pronunciarse ha sido el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, al afirmar que esta caída de los precios de los carburantes debe provocar la bajada tan rápido como fue su subida. "La tregua de 15 días anunciada entre Estados Unidos e Irán podría reabrir el estrecho de Ormuz. Este avance diplomático tiene primeros efectos sobre el precio del petróleo. Cuando los precios mundiales bajan, los precios en las gasolineras deben bajar, tan rápido como subieron", señaló Lecornu en un mensaje en sus redes sociales.

El nuevo Plan Quinquenal de China va más allá de cinco años. La idea de Xi Jinping es sentar las bases para que en nueve China se convierta en una potencia económica, tecnológica y militar. Puede sonar grandilocuente, pero China, como recuerdan desde el Real Instituto Elcano, suele cumplir con alrededor del 80% de lo que propone en sus planes.

Este XV Plan coloca como meta el año 2035, que marca el plazo para alcanzar un nivel de modernización socialista básico, mientras que el año 2050 se erige como la fecha límite para la consecución de un país desarrollado integral.

Para esto, China se fija como objetivo una nueva etapa en la que quiere dejar atrás los bajos salarios, la mano de obra abundante y ser la fábrica del mundo para convertirse en una potencia de las “nuevas fuerzas productivas de calidad”. Es decir: la inteligencia artificial, la robótica, los nuevos materiales, la biomedicina o la industria aeroespacial. A la vez, en estos cinco o diez años, buscará desarrollar tecnologías emergentes como la computación cuántica, el hidrógeno o el 6G.

Pekín lleva años enseñando al mundo de lo que es capaz. Se hizo con el dominio de los paneles solares, exporta y fabrica coches eléctricos para todo el mundo y, según un informe de McKinsey, para 2030 dominará el mercado. Y, cuando nadie apostaba porque China pudiese fabricar un modelo más potente de inteligencia artificial generativa, apareció DeepSeek, que puso en alerta a los gigantes estadounidenses de Silicon Valley. 

El plan, recogido en un documento de 141 páginas, se habla, y mucho, de Inteligencia Artificial, el eje sobre el que pivota toda la estrategia del país para estos años.

En ese contexto se enmarca la iniciativa IA Plus, que tendrá un alcance sin precedentes: integrar la IA en manufactura, logística, educación y sanidad, y llevar su penetración al 70% de la economía el próximo año y al 90% en 2030.

Para conseguir esto, los centros de datos y toda la estructura que soporte esta tecnología estará respaldada por una electricidad barata y abundante: energía solar y eólica, el pasado año solo estas dos energías ya cubrieron el 97,1% de la nueva demanda eléctrica.

La diferencia de la IA china con el resto es que apostará por el código abierto; esto “marca una distinción clave entre los enfoques chino y estadounidense hacia la IA”, señala Tilly Zhang, analista industrial especializada en el sector tecnológico chino, en declaraciones recogidas por Reuters. 

“Creo que China ha analizado esto meticulosamente y ha elegido posicionar la IA de código abierto como estrategia insignia y ventaja competitiva frente a Estados Unidos”. El impacto de DeepSeek, que demostró que China podía competir en IA, es lo que motiva que todo gire en torno a esta tecnología. Ya se vio con el lanzamiento de Seedance 2.0 y su capacidad de crear vídeos casi indistinguibles de los reales.

Y, aunque suena lejano, el plan quinquenal pasa por seguir desarrollando los agentes de IA autónomos, sistemas capaces de ejecutar tareas complejas de forma encadenada sin supervisión humana constante. Una auténtica revolución que, como explica en su newsletter el fundador de la consultora de IA Naktor, Hektor Jacynycz García, ya ha tenido consecuencias a nivel mundial con OpenClaw. Lo que plantea China para 2030 no es entrenar modelos, es desplegarlos en fábricas, hospitales y redes de transporte, asegura a infoLibre.

La imagen de los robots saltando y bailando que se vio en el Festival de Primavera es el objetivo fijado por el Partido Comunista chino para estos cinco años; de ahí el interés por conseguir la autosuficiencia en semiconductores y no depender de terceros países. “China busca, más que aumentar la capacidad, optimizarla. Para ello, desarrolla sistemas propios de hardware y software que le hagan autosuficiente”, comenta el profesor Juan Vázquez, doctor en Economía y profesor en la Universidad Camilo José Cela a infoLibre.

Pekín sueña con conseguir robots humanoides para sectores con escasa mano de obra, y ya trabajan en fábricas y en entornos controlados por operarios humanos con máquinas capaces de doblar ropa, planchar o limpiar.

No es un farol: en este XV Plan, China se ha comprometido a mantener el gasto en I+D por encima del 7% anual. En 2025 ya lo superó con un crecimiento del 9,1%, alcanzando los 3,92 billones de yuanes. Eso coloca a China por delante de EEUU, India —otra potencia emergente— o Arabia Saudí.

Pero el plan, sobre todo, incide en las tecnologías para la autosuficiencia. Ser una “aldea gala”, en medio del mundo. El documento anuncia “medidas extraordinarias” para lograr avances en semiconductores, software básico y materiales avanzados, exactamente donde las restricciones de exportación y la guerra comercial con EEUU están haciendo más daño al gigante asiático. 

Y la apuesta autosuficiente de China pasa por la energía verde. El nuevo documento fija reducir las emisiones por unidad de PIB en un 17% y elevar la cuota de energías no fósiles al 25% del consumo total.

Como explica Vázquez en su último artículo para The Conversation, “el núcleo de esta transformación es una electrificación masiva que abarca transporte, industria y consumo doméstico. Esto genera un ciclo de retroalimentación: la transición energética impulsa la demanda de equipos donde China ya tiene ventajas: baterías, paneles solares o vehículos eléctricos, que en 2024 ya representaban el 10% del PIB”. Pero China va a mantener su industria del carbón porque "porque es fiable, barato y, sobre todo, doméstico. China lo controla y puede usarlo cuando lo necesita", recuerda Vázquez. El Gobierno lo define como un “lastre” necesario para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y evitar fallos en el suministro.

"Las renovables lideran, pero el carbón actúa como red de seguridad. Con el tiempo, el carbón irá pesando menos, pero seguirá ahí como apoyo para garantizar que el sistema funcione sin interrupciones y sin depender tanto del exterior", todo para no poner en riesgo el suministro, incide Vázquez.

En 2027, con el centenario del Ejército Popular de Liberación, China prevé mostrar avances en sensores cuánticos, IA militar y tecnologías contra armas hipersónicas. “La modernización militar moderna es inseparable del progreso rápido en ciencia y tecnología”, señala el informe de Forecast International.

Y en el ámbito militar no se descarta la toma de Taiwán bajo el principio de “una sola China”. El documento asegura que deben “implementar plenamente la política general” del “Partido para la nueva era sobre la solución de la cuestión de Taiwán, luchar resueltamente contra las fuerzas separatistas que aspiran a la ‘independencia de Taiwán’”, oponerse “a la interferencia externa, salvaguardar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y mantener firmemente la iniciativa y la capacidad de dirección en las relaciones entre ambos lados del Estrecho”,

Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, moderó algo el tono del documento e invitó a los residentes de Taiwán a viajar, trabajar y vivir en la parte continental eso sí, siempre mencionando y valorando la reunificación.

En cambio, el documento reafirma la política de “un país, dos sistemas”, subrayando que debe aplicarse de manera “resuelta”, garantizando un alto grado de autonomía en Hong Kong y Macao. El Gobierno insiste en reforzar el papel internacional del primero como centro financiero, comercial e innovador, y en diversificar la economía del segundo más allá del turismo y el juego.

Sin embargo, Camille Boullenois, analista de Rhodium, baja algo las expectativas de lo que promete China en The Economist: “Pekín ganó en renovables y en coches eléctricos. Pero sigue por detrás en semiconductores avanzados, la columna vertebral del desarrollo tecnológico actual”, además, Washington seguirá presionando y poniendo aranceles a productos clave como son los chips, lo que podría generar enormes pérdidas este año y el próximo hasta que se pueda asentar una producción propia autosuficiente.

El profesor Vázquez recuerda que “el cambio que plantea es estructural: dejar de competir por costes y hacerlo por control tecnológico” con una única finalidad: “Ocupar posiciones centrales en las cadenas de valor, definir estándares industriales y aumentar su influencia en la economía global”, haciendo fuerte hincapié en que la Nueva Ruta de la Seda adopte tecnología, financiación y sistemas de gestión chinos para crear relaciones de dependencia de esos países con China, algo que, a priori, parece complicado.

Donde ya tiene ventaja (como minerales críticos o tecnologías verdes) China busca consolidarla y ampliarla. "No solo produciendo dentro del país, sino controlando las cadenas globales de valor: invierte en recursos en el exterior (litio en Chile, níquel en Indonesia) para asegurar suministro y liderar el proceso, aunque parte de la producción se realice fuera de China", asegura Vázquez.

El automóvil es un reflejo de los retos que el país asiático tiene por delante. El profesor Vázquez explica a infoLibre cómo la autosuficiencia energética que busca China no es una autarquía, "empresas como BYD están abriendo fábricas en distintas regiones (por ejemplo, en Europa o América Latina) para evitar aranceles y acercarse a los mercados finales. Pero mantienen en China las partes de mayor valor (como el diseño, la tecnología de baterías o el desarrollo del software). Por ejemplo, un coche puede ensamblarse en Europa, pero su batería, su tecnología clave y gran parte del valor añadido siguen siendo chinos".

La transición demográfica también se convertirá en un reto en este XV Plan Quinquenal, y es que el envejecimiento poblacional y la “contracción de la fuerza laboral en edades centrales plantean desafíos para la seguridad social, los mercados laborales o la innovación”, alerta Eduardo Regalado, autor de El despertar del Dragón en una conversación telefónica con infoLibre tras analizar el documento chino. Según lo expuesto por la Academia China de Ciencias Sociales (2024), se proyecta una disminución aproximada de 30 millones en la población en edad laboral (15-59 años) durante el período 2025-2030. ¿Podrán los robots hacer frente a esa caída de mano de obra?