Donald Trump ha vuelto a colocar a España en el blanco de sus advertencias. Esta vez lo ha hecho acusando al país de ser una “causa perdida”, llamándolo “socio pésimo” y reclamando que se detenga el comercio. El ataque vuelve a partir del mismo punto de fricción que ya ha marcado otros choques con Madrid: el gasto en defensa y el papel de España dentro de la OTAN.

Pero este no es un episodio aislado. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza a España como ejemplo negativo para presionar a sus aliados europeos y reforzar su discurso sobre quién cumple y quién no con sus exigencias militares. Su forma de actuar mezcla el reproche público, la amenaza económica y una puesta en escena pensada para elevar el coste político de la discrepancia.

Por ahora, muchas de esas advertencias hacen más ruido que daño. Algunas no llegan a materializarse, otras se diluyen en un pulso diplomático y varias funcionan más como instrumentos de presión que como decisiones con efectos inmediatos.

Desde que el mandatario republicano empezó su segunda andadura en la Casa Blanca, en enero de 2025, España ha estado en el objetivo de sus críticas, generalmente a consecuencia del gasto militar español. Al terminar el primer año de mandato, amagó con imponer aranceles y llegó a deslizar la idea de una expulsión de la OTAN. Este año 2026, la dinámica no ha cambiado y, a propósito de la guerra en Irán, el tono ha ido subiendo, aunque siempre con más ruido que medidas concretas. Este es un resumen de sus amenazas.

En una de sus primeras medidas y delirios, cuando el presidente republicano salió con un cuadro en la mano con los aranceles que iba a imponer a medio mundo, Trump ya situó a España en el punto de mira. En aquel momento, amenazó al Gobierno con "aranceles del 100%" al encuadrar por error a España dentro de los BRICS (un acrónimo formado con las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que plantearon una divisa global alternativa al dólar para negociar.

En el conflicto surgido entre Airbus y Boeing, el mandatario estadounidense sí impuso aranceles, pero no a España sino a productos europeos (la UE es un mercado único y no se pueden imponer aranceles a un miembro de forma aislada), lo que afectó de manera indirecta a las exportaciones españolas, como el aceite de oliva, el vino, las aceitunas o los productos agroalimentarios. En ese conflicto, que más tarde se resolvió con un acuerdo entre la UE y EEUU, se llegaron a imponer durante unas semanas unos aranceles del 25%.

Con motivo de las reuniones de la Alianza Atlántica, Trump siempre ha tenido palabras gruesas contra España. Hace poco más de un año, en 2025, en la reunión de la OTAN en La Haya, el presidente de Estados Unidos cargó desde el Air Force One —el avión presidencial— contra Sánchez por el gasto en defensa. “España es un problema, la OTAN está teniendo un problema con ellos, y eso es muy injusto para el resto de los socios”, aseveró.

Aunque llevaba meses lanzando advertencias, fue entonces cuando empezó a insistir con más fuerza en que España debía elevar su gasto militar hasta el 5% del PIB. A su juicio, Madrid llevaba años aportando menos de lo que le correspondía: “España ha pagado muy poco. Siempre ha pagado muy poco. O eran muy buenos negociadores, o no estaban haciendo lo correcto”, manifestó. También advirtió de que la Alianza tendría que “lidiar” con el Gobierno español por esta cuestión.

El Ejecutivo respondió exhibiendo una carta entre Pedro Sánchez y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la que defendía que España podía cumplir sus compromisos de capacidades militares con un gasto equivalente al 2,1% del PIB. Rutte, por su parte, consideraba que para alcanzar esos objetivos sería necesario llegar al 3,5%. La solución pactada fue dejar margen a España para estudiar su aportación y cumplir los compromisos sin asumir de entrada el objetivo del 5% reclamado por Trump.

Ya en la cumbre, el presidente estadounidense volvió a señalar a España. En sus redes sociales compartió un artículo de prensa en el que se afirmaba que “España amenaza con hacer descarrilar la cumbre de la OTAN”. Después insistió en que EEUU estaba cerca del billón de dólares en gasto militar y amenazó al Gobierno de Sánchez con “tener que pagar el doble” por no elevar su gasto al 5%. “Es el único país que no va a pagar la cantidad completa. Quieren quedarse en el 2%, creo que es terrible”, afirmó al anunciar que duplicaría los aranceles previstos para España. No pasó.

Ahora, en la última cumbre en Ankara (Turquía) El presidente volvió a la carga contra España al asegurar, durante una reunión junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas".

El presidente estadounidense ha dicho desde la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que "España es un socio pésimo. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver", dijo durante la comparecencia junto a un Rutte que defendió "el incremento de gasto militar de España".

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque España "no tiene remedio, son mala gente". Añadió que aunque hay algunos "casos más" de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España "en particular" figura en el grupo de los que "se muestran hostiles".

"Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", aseguró.

Horas más tarde, y ya de vuelta en el Air Force One, el presidente rebajó el tono con España y con los socios de la Alianza Atlántica al asegurar que hubo una "unidad tremenda" en la cumbre.

Trump reconoció desde el avión que "tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó el mandatario que no precisó qué importe era ni cuando se producirá. ¿Una nueva medida de presión para atacar a España en unos meses?

Después de amenazar con aranceles, Trump elevó aún más el tono y llegó a amenazar con la expulsión de España de la OTAN. “Quizás deberíais expulsarlos de la OTAN”, dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. “Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados”, insistió el mandatario, que seguía centrando sus críticas en la negativa española a elevar el gasto en defensa.

Trump defendía que a España le había ido bien "gracias a muchas cosas" que se habían hecho en el seno de la Alianza, por lo que no entendía que el Gobierno de Sánchez no asumiera el incremento del gasto militar que reclamaba.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también tuvo que escuchar sus reproches. Trump afirmó ante él que España no era “un compañero de equipo” y le pidió que hablara con Sánchez: “Con la excepción de España, todos están cumpliendo al 100%, y usted podría resolver el problema de España muy fácilmente. Creo que ya lo sabe”, le insistió.

Una vez más, proponía represalias para España así como la expulsión como solución última.

A principios de 2026, se comprometió a "hablar con España". Después de presentar en Davos la Junta de Paz, acompañado por su amigo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y por el ex primer ministro británico Tony Blair, presumió de haber “conseguido un compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN” para subir el gasto en defensa. “Todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse. Todos aumentan al 5% menos España (...). Tendremos que hablar con España”, apuntó.

Durante esta segunda legislatura de Trump en la Casa Blanca, sus acusaciones contra España han girado en torno al comercio, los aranceles y la OTAN. En un encuentro con Volodímir Zelenski, aseguró que "estaba pensando en imponerles un castigo comercial [a España]". Una vez más, Trump utilizaba la amenaza comercial para castigar a un Gobierno al que consideraba "increíblemente irrespetuoso con la OTAN por no asumir el objetivo del 5% del PIB en gasto militar".

La amenaza no tuvo efectos inmediatos. Bruselas recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea y que respondería “apropiadamente” ante cualquier medida contra un Estado miembro. Dos días después, Trump insistió en que España merecía una “reprimenda” por su posición, pero admitió que el asunto dependía de la OTAN y de Madrid. La presión quedó, una vez más, en palabras.

Otro de los focos de tensión fue el uso de las bases de Rota y Morón. Hasta la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), Trump criticó la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que EEUU utilizara esas instalaciones en suelo español para desplegar tropas y apoyar ataques contra Irán. La decisión de Moncloa irritó al presidente estadounidense, que volvió a endurecer su discurso contra España.

Trump amenazó, al igual que hizo en Ankara, con cortar las relaciones comerciales y llegó a sugerir que EEUU podría utilizar esas bases si quisiera. Moncloa mantuvo su posición y, semanas después, cerró también el espacio aéreo a todo avión estadounidense que participara en la guerra de Irán. La medida afectó a operaciones militares y abrió un nuevo frente diplomático con Washington.

La ajustada victoria de Trump en las elecciones de 2024 frente a Kamala Harris —49,91% frente al 48,43%— ya anticipaba una segunda etapa marcada por la polarización. También el final de su primer mandato, con el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, había dejado claro que Estados Unidos seguía profundamente dividido.

Pese a todo, Trump volvió a la Casa Blanca, aunque su popularidad ha ido cayendo desde la toma de posesión. A aquella ceremonia acudió la plana mayor de Silicon Valley, y el presidente llegó a nombrar consejero a Elon Musk, que más tarde abandonaría el Gobierno.

La actuación del ICE, el secuestro y detención de Maduro, el bombardeo a narcolanchas, la guerra de Irán, sus intentos aún sin resultados para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, las amenazas arancelarias, sus bravuconadas sobre Groenlandia o las islas Chagos y su enriquecimiento a través de las criptomonedas no han pasado desapercibidos. Ni entre la opinión pública estadounidense ni entre una comunidad internacional cada vez más crítica con el presidente.

Las amenazas de Trump, tanto a España como a otros países, han funcionado a menudo como herramienta de negociación antes de acuerdos comerciales o diplomáticos. El patrón suele repetirse: lanzar advertencias contundentes para forzar cambios en negociaciones comerciales, militares o energéticas. En algunos casos lo ha conseguido. En otros, como con España o China —que respondió con más aranceles—, no.

La FIFA vuelve a estar en entredicho. El órgano rector del fútbol, una de las organizaciones privadas con más poder en el mundo, ha provocado un escándalo mundial que tiene mucho que ver con la amistad entre su actual presidente, Gianni Infantino, y Donald Trump. Una llamada del presidente estadounidense para criticar una decisión arbitral y la reacción de la FIFA retirando una tarjeta roja al futbolista estadounidense Folarin Balogun es el último episodio de una historia de corrupción, geopolítica y poder. 

El FIFAgate de 2015 fue el gran bochorno de la organización y acabó en la renuncia del entonces presidente, Joseph Blatter, que había gobernado de manera “dictatorial”, como aseguró Michel Zen-Ruffinen, ex secretario general de la FIFA. Pero los escándalos habían comenzado cerca de diez años antes, en 1996. 

El primero fue la cesión a la empresa de patrocinio deportivo International Sport and Leisure (ISL) de los derechos de televisión y marketing. La compañía articuló una red de influencia basada en sobornos a “diferentes delegados de la FIFA y otros de organizaciones dependientes como medios de comunicación y firmas deportivas por más de cien millones de dólares”, aseguró la policía suiza, que se encargó de llevar este primer gran caso de corrupción. 

El caso de ISL lo destaparon en 2012 la cadena británica BBC y uno de sus periodistas estrella, Andrew Jennings, lo que acabó con la dimisión de Joao Havelange, que ostentaba la presidencia de la FIFA durante el episodio —y era presidente honorífico cuando salió a la luz—, Ricardo Teixeira y Nicolás Leoz, miembros de su junta directiva.

Antes, en 2004, la FIFA rompió con Mastercard en favor de Visa, incumpliendo el contrato que tenían con los primeros. La sentencia de la Corte Federal de Nueva York criticó con dureza las tácticas y la naturaleza de los negocios de la organización deportiva y dictaminó el pago de una indemnización por valor de 90 millones de dólares de FIFA a Mastercard.

La corrupción ha continuado en la organización a lo largo de los años, como cuando Blatter —siendo presidente de FIFA— aseguró que “las jugadoras de fútbol en ligas femeninas podrían vestir pantalones más ajustados para ayudar al mercado femenino del fútbol” o como cuando en 2010 se negó a investigar a Ibrahim Chaibou, que arbitró varios partidos amañados.

Tráfico de influencias

Las influencias dentro de la organización siempre han tenido la sombra del amaño y la sospecha. Si en 1994 el Mundial se fue a Estados Unidos gracias a la intermediación y un acuerdo comercial con McDonald’s, el de 2002 se terminó celebrando en Corea y Japón, para explotar el mercado asiático y evitar un conflicto político, y en 2022 viajó hasta Qatar en invierno, rompiendo con la tradición de celebrar el campeonato en verano, con la excusa de “convertirlo en un deporte global que rompiera fronteras”. Más tarde, se demostró que también fue a cambio de dinero.

Fueron precisamente este último, y el de Rusia de 2018, los que pusieron el foco sobre los amaños de FIFA. Michael J. García, director de cuestiones éticas de la Federación, acusó al organismo de llevar a cabo una investigación muy tibia de la selección de aquellas candidaturas en las que hubo compra de votos, como se demostró en 2012 con la dimisión de Mohammed Hammam, quien fuera presidente de la Confederación Asiática de la FIFA, por haber pagado cerca de cuatro millones de dólares a representantes del fútbol africano para asegurar las designaciones de Rusia y Qatar.

La dimisión de Hammam dio inició al FIFAGate cuando en 2015, el Departamento de Justicia de EEUU imputó a altos cargos de FIFA, Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) y Concacaf (Confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y Caribe) dentro de un caso de crimen organizado. Más de dos docenas de dirigentes y asociados quedaron relacionados en un entramado de autoenriquecimiento mediante sobornos vinculados a la adjudicación de mundiales y de derechos televisivos.

La fiscalía estadounidense acusó a 14 personas —nueve autoridades de la FIFA y cinco ejecutivos— de haber recibido o pactado sobornos por unos 150 millones de dólares a cambio de derechos de transmisión, publicidad y patrocinio de torneos y adjudicación de sedes. 

Esta investigación provocó la renuncia de Blatter, que prometió una “profunda reestructuración” dentro del organismo rector, lo que provocó que la FIFA, a ojos de los investigadores, “pasase de ser una organización mafiosa a ser la víctima”, como criticó el ya expresidente, que aseguró que “querían mi renuncia para que todo cambiara”.

Nueva era, pero sin cambios

La elección de Gianni Infantino en 2016 fue presentada como el inicio de una nueva etapa, pero la trayectoria posterior apunta a la vieja opacidad de Havelange y Blatter. 

Si bien es cierto que Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 fueron designadas y promocionadas como anfitrionas del Mundial por la emergente pujanza de sus economías en tiempos de Blatter, Infantino siempre ha presumido de gestión por encima del fútbol como deporte.

Al frente de FIFA, ha conseguido grandes ‘pelotazos’ en favor del negocio, como el Mundial de Clubes o este Mundial de 48 selecciones. Como buen tecnócrata, cuando formó parte de UEFA impuso el penúltimo formato de la Champions League, que disparó los ingresos de la competición, y la Liga de Naciones, que suprimió en Europa los amistosos para que las federaciones comercializaran mejor los derechos de retransmisión con un nuevo torneo.

En este mundial de Estados Unidos, Canadá y México, las polémicas por los derechos de retransmisión han dado paso a otras, en este caso por los precios de las entradas: hay billetes que valen más de 1.000 dólares, y los hospitalities, una especie de todo incluido, llegan a los 33.000.

Pero no son las únicas. Ya sentado en el despacho más importante del fútbol global, Infantino defendió mano a mano con Vladimir Putin y con la realeza qatarí las designaciones para albergar el mundial de fútbol. La comunidad internacional las cuestionó por la vulneración flagrante de los derechos humanos en ambos países, por el sportwashing qatarí y ruso. 

La FIFA justificó la decisión de llevar la competición a Qatar insistiendo en el potencial del fútbol como agente de progreso social, pero las consecuencias mostraron lo inverso: empezando por las muertes de personas que trabajaban en la construcción de los campos en condiciones de semiesclavitud y acabando por el refuerzo de la dependencia del fútbol respecto a capitales estatales autoritarios y monarquías ricas.

En este contexto, aparece la amistad de Infantino con Trump. El presidente estadounidense utilizó los eventos deportivos como el Mundial de Clubes y este Mundial de 2026 como una arena política perfecta para su narrativa nacionalista. 

El último acto de esa relación personal ha sido la llamada a Infantino que Trump destapó y narró al mundo a través de su red social pidiendo que la FIFA retirase la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, máximo goleador de la selección. La medida permitió al jugador disputar los octavos de final contra Bélgica.

Trump admite que llamó para “pedir que se revisara la jugada” porque no le pareció falta, y se ha atribuido incluso un supuesto “buen ojo” para interpretar acciones de juego. Infantino, por su parte, reconoce que recibe y atiende llamadas del presidente de EEUU sobre asuntos relacionados con el Mundial, equiparándolas a los contactos habituales con diferentes jefes de Estado.

El primer ministro británico, Keir Starmer, cede ante la presión del Partido Laborista y anuncia el calendario para su dimisión tanto como líder del laborismo como jefe del Gobierno. El proceso, adelantado por varios medios, culminaría después de verano.

El todavía jefe del Gobierno hará todo lo posible por "conseguir una transición ordenada" ha dicho desde el atril en Downing Street, sede del Gobierno, después de confirmar que había comunicado su decisión al rey Carlos III.

"Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer, que prometió "su apoyo total e inequívoco" a su sucesor que, todo apunta, será el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham.

En su discurso, Starmer ha valorado su acción dentro del partido tras 14 años en la oposición. "Me dijeron una y otra vez que mi partido estaba acabado, que estábamos condenados a la historia, que una mayoría en las elecciones generales, y mucho menos una aplastante, era imposible. Pero les demostramos que estaban equivocados, porque transformamos nuestro partido, erradicando el veneno del antisemitismo, restaurando la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional, y convirtiéndonos de nuevo en un partido", afirmó.

El discurso de dimisión también ha sido de balance de estos dos años, el primer ministro ha asegurado que con él al frente del Ejecutivo, "los salarios han crecido por encima de la inflación cada mes", ha reducido las listas de espera del Servicio Nacional de Salud, asegurado inversiones y mejorado los derechos de los trabajadores e inquilinos.

"Los cruces de pequeñas embarcaciones disminuyen, los hoteles de asilo cierran, protegemos a los jóvenes de las redes sociales y medio millón de niños han salido de la pobreza gracias a las decisiones que tomé. Nuestra reputación en el mundo se ha restaurado", ha dicho Starmer frente a sus ministros y trabajadores de Downing Street.

El 'premier' británico consiguió en 2024 la mayoría absoluta, pero su popularidad ha ido cayendo desde que tomase posesión como jefe del Ejecutivo. Los recortes en el Estado del bienestar, como cambios en el subsidio de combustible para los pensionistas, un límite de subsidios para las familias con un tercer hijo –que más tarde revocó–, o la subida de impuestos a las herencias familiares en el sector agrícola, fueron hundiendo su fama hasta alcanzar el 61% de desaprobación, según YouGov.

Pero, por si fuera poco, Starmer también se vio envuelto en una polémica después de que se revelase que él y varios de sus ministros aceptaron regalos de lujo, ropa y entradas para eventos musicales. Entre los últimos escándalos del Gobierno, la dimisión de la viceprimera ministra, Angela Rayner, tras verse envuelta en un escándalo fiscal relacionado con el impago de impuestos sobre una propiedad personal, que después resolvió.

Starmer terminó por perder toda su autoridad y el apoyo de sus compañeros de filas tras el varapalo electoral de los laboristas en las elecciones locales del pasado 7 de mayo, en las que avanzó el partido de ultraderecha y populista Reform UK.

Según apunta The Guardian, el primer ministro y su familia llevan todo el fin de semana meditando qué decisión tomar desde la residencia de Chequers y ya el sábado comenzaron a trabajar en un borrador sobre el discurso de dimisión. Pese a anunciar su renuncia, Starmer se mantendrá en el poder hasta que se haya resuelto quién será el nuevo líder del partido.

El anuncio de este lunes provocará que llegue un nuevo residente al número 10 de Downing Street, el séptimo en diez años.

Coincidencia, o no, el anuncio de Starmer se produce el mismo día que Burnham toma de posesión como diputado después de ganar el pasado jueves el escaño de Makerfield. Este paso era fundamental para que el ya exalcalde de Mánchester opte a convertirse en líder de su formación y primer ministro.

Hasta el pasado viernes, Starmer insistía en que no pensaba dimitir y que si había unas primarias en su formación para elegir a un nuevo líder se presentaría a ellas. Ahora parece que el primer ministro no acudiría a esos comicios, pero sí podría hacerlo cualquier otro diputado. Wes Streeting, quien renunció hace unas semanas como ministro de Salud, anunció la semana pasada en la BBC que se presentaría a cualquier contienda interna y que contaba con el respaldo de 81 diputados para hacerlo.

En cualquier caso, cualquiera de los diputados laboristas puede presentarse con el aval mínimo de 81 parlamentarios de la formación, equivalente al 20% de su grupo parlamentario.

Lo deseable por parte de las bases laboristas es que haya nuevo líder del partido antes de la conferencia anual del partido que se celebrará a finales de septiembre. Así, la intención de Starmer con este movimiento de dimisión es dejar todo atado para que el calendario para la apertura de las candidaturas para el liderazgo del partido el 9 de julio y su finalización antes del receso de verano. Esto propiciaría que el nuevo líder arranque ya en septiembre toda la actividad parlamentaria.

Tras muchos vaivenes y desencuentros, amenazas cruzadas, y anuncios y desmentidos. Este domingo a última hora se ponía fin a más de 100 días de conflicto. El acuerdo de paz siempre estuvo cerca, pero nunca se concretaba, hasta que esta vez, Pakistán anunció que Irán y EEUU habían llegado a un acuerdo "completo" de paz para poner fin al conflicto.

El anuncio lo adelantó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador en las negociaciones, que detalló que el pacto incluye la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares" en todos los frentes, lo que incluye también el Líbano, que fue atacado este domingo horas antes de la firma del armisticio.

Los tiempos para hacer público el acuerdo no son casuales. Este domingo Donald Trump cumplía 80 años y quiso hacer coincidir el momento de su cumpleaños con el del fin de la guerra. Una más en su búsqueda del Nobel de la Paz. La ratificación oficial y presencial se escenificará el próximo viernes 19 de junio en Suiza, país que ya se ha postulado formalmente como sede del encuentro, y podría contar con Donald Trump, según fuentes de la Casa Blanca.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", escribió el presidente de EEUU, Donald Trump, en su red social.

Inmediatamente a continuación subrayó: "¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!"

En un segundo mensaje, el republicano sostuvo que este "gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región". "Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, para la retirada de minas, el petróleo volverá a fluir en ambos extremos para la región y el mundo", agregó.

En una entrevista con Fox News, el vicepresidente JD Vance ha asegurado que este acuerdo "va a transformar Oriente Medio durante los próximos 50 años" y asumió que esta guerra ha supuesto "un momento difícil para muchos estadounidenses” debido a los altos precios de la energía, “pero este acuerdo será transformador”.

Pero la lectura del acuerdo varía según quién sea el encargado de hacerla. En Teherán, la televisión estatal emitió un mensaje en el que asegura que Irán "ha obligado a Estados Unidos a ceder para aceptar la paz". Kazem Ali Gharibabadi, viceministro de Exteriores, aseguró que "el enemigo, que atacó para llevar a cabo sus siniestros objetivos, sufrió una derrota en todos ellos, y la República Islámica de Irán obtuvo grandes victorias en la guerra. Hemos incluido todas nuestras posiciones importantes en el borrador del acuerdo", concluyó.

Gharibabadi insistió en que "pronto, con transparencia" se informará sobre los detalles del acuerdo de paz, pero solo se hará público tras la firma del acuerdo este viernes.

A pesar del anuncio del acuerdo, permanecen muchas incógnitas sobre los detalles del memorando.

La Administración estadounidense había fijado como principal objetivo de las negociaciones lograr que la República Islámica renunciara a cualquier ambición de obtener un arma nuclear y cediera a Estados Unidos su material enriquecido para su destrucción.

Irán, que siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos, ha exigido a Estados Unidos el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes bloqueados.

La agencia de noticias iraní IRNA ha reportado que el borrador del acuerdo prevé 60 días de conversaciones sobre temas nucleares y el levantamiento total de las sanciones como confirma Axios. Siempre, y según su versión, el borrador excluye el programa de misiles iraní y el apoyo a los grupos de resistencia de las negociaciones finales.

Exteriores ha afirmado que el memorando suspende las sanciones impuestas a las ventas iraníes de petróleo y productos petroquímicos.

Por su parte, Vance afirmó en Fox News que la República Islámica "nunca tendrá un arma nuclear". "Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche", declaró.

En el comunicado de Gharibabadi se asegura que como "el presidente de Estados Unidos reconoció (en su mensaje)" se producirá "el levantamiento y la finalización del bloqueo naval (de Ormuz)", destacó.

En este sentido, confirmó que "naturalmente" se reabrirá el Estrecho de Ormuz, uno de los epicentros del comercio mundial y por donde transita el 20% del petróleo mundial, pero también, solo sucederá tras la firma del acuerdo.

Según informó la agencia oficial de noticias iraní FARS, las partes han decidido que todo el tráfico marítimo a través del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz sea regulado directamente por Irán en estricta coordinación con el Sultanato de Omán. Una cuestión que ya se hizo pública hace unos días por parte de Irán en la que se aseguraba que ambos países compartirían la gestión del Estrecho, asegurando así a Irán la soberanía sobre unas aguas que son estratégicas para la región y para el mundo.

Trump, por su parte y para evitar ceder ante lo que parece una derrota, aseguró que se producirá un levantamiento gradual y condicionado de las sanciones económicas, pero bajo ningún concepto Irán "recibirá dinero en efectivo" de forma inmediata.

Lindsey Graham, uno de los 'halcones' de Trump y senador por Carolina del Sur, ha expresado su preocupación por el acuerdo entre ambos países después de que presionase a Trump por ser más duro. “Me preocupa [el acuerdo] porque la visión de Irán parece diferente de lo que el equipo negociador estadounidense reclama”, dijo en X.

El acuerdo que se firmará el próximo viernes —y anunciado por Pakistán— busca poner fin a una guerra que se inició el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Trump, que había prometido que la guerra terminaría en cinco semanas y que derivaría en un cambio de régimen en Irán, se vio forzado a negociar con Irán una salida al conflicto, acuciado por una escalada del precio de la gasolina y una caída de popularidad dentro de su propio partido y del país.

Teherán, que nombró como sucesor al hijo del ayatolá Jameneí, Mojtaba, —en lo que es una continuación del régimen— ha respondido con ataques contra Israel y las bases estadounidenses en los diferentes países de la región, además de bloquear el paso por el Estrecho de Ormuz.

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron dispuestos a levantar sanciones a Irán "en respuesta a medidas claras y verificables por parte" de la República Islámica "en relación con su programa nuclear". En el comunicado conjunto subrayan que Irán "jamás debe hacerse con un arma nuclear" e insisten en que es "vital que las negociaciones detalladas concluyan y que este acuerdo se implemente de forma rápida e integral. Estamos dispuestos a apoyar este esfuerzo", señalaron en la declaración conjunta.

Japón, Australia o la Unión Europea también han celebrado el acuerdo y han insistido en la reapertura lo más pronto posible del Estrecho de Ormuz.

"Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio", indicó a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La presidenta destacó que el pacto fue posible "tras los continuos esfuerzos diplomáticos de varios socios" y que ahora la prioridad es "su rápida y plena aplicación por parte de todas las partes.

El mundo árabe también ha celebrado la noticia. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, expresó su esperanza de que este avance constituya un paso significativo hacia "el fin definitivo de la agresión iraní e israelí contra los territorios árabes".

Los disturbios antiinmigración vuelven a sacudir Belfast por segunda noche consecutiva tras el apuñalamiento e intento de asesinato cometido este lunes por un ciudadano sudanés contra un británico.

Coches, autobuses y viviendas de extranjeros han sido el centro de las protestas de los ciudadanos de extrema derecha que han salido a las calles belfianas a condenar dicho atentado. La policía tuvo que utilizar cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Sandyknowes, en las afuera de Belfast, después de que se congregaran unas 200 personas y lanzaran piedras y botellas contra la policía que trataba de contenerlos. En estos disturbios, según asegura el medio británico Belfast Live, fueron detenidas 16 personas y 12 policías resultaron heridos.

Según este medio, el más popular en Irlanda del Norte, los manifestantes trataron de llegar al Hotel Chimney Court, lugar donde suelen alojarse los inmigrantes a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo político. Además, la Policía de Irlanda del Norte alertó horas antes de que se habían compartido datos de contacto y señalado viviendas donde habitan inmigrantes, incitando a nuevas protestas, como la noche anterior, donde se quemaron casas para obligar a los migrantes a salir de las viviendas.

Las protestas no solo se han producido en Belfast, se han extendido a ciudades como Glengormley, Newtownabbey, Derry y Stormont, donde la mayoría de los disturbios han sido causados por grupos de jóvenes encapuchados y vestidos de negro.

En un gesto inusual en la política británica, tanto nacionalistas como unionistas publicaron un comunicado conjunto en el que pedían calma ante la ola de terror que se avecinaba tras una primera noche de caos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó las escenas de Belfast como "impactantes y completamente inaceptables" y aseguró que "no hay justificación para la violencia y el desorden que presenciamos, que amenazaron a nuestras comunidades, ni para quienes los incitaron, ya sea en línea o en cualquier otro lugar. Es evidente que anoche se atacó a personas por su origen y no lo toleraré", afirmó el jefe del Ejecutivo.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, calificó a los responsables de los disturbios como “actores de mala fe”, según recogió Reuters. En sus palabras, se trata de actores que “probablemente habrían tenido dificultades para localizar la provincia en un mapa, pero que han intentado instrumentalizar el miedo y la indignación comprensibles tras el acuchillamiento para atacar a personas con el mismo color de piel [del agresor]”.

Por su parte, la familia de Ogilvie ha pedido calma y publicado un comunicado condenando los "repugnantes" disturbios que se están viviendo en las calles belfianas, así como en otras ciudades del norte.

Mientras, el juez Steven Keown denegó la libertad bajo fianza a Alodid al alegar que los riesgos eran "demasiado grandes" y aceptar la posición de la Policía norirlandesa que advirtió de que su puesta en libertad provisional podría desencadenar más disturbios ante el clima de tensión racial en la región.

Si bien unos políticos criticaron el hecho de los disturbios, otros como Tommy Robinson o Rupert Lowe, líderes de partidos de extrema derecha, centraban el tiro en el intento de decapitación de Stephen Ogilvie a manos de Hadi Alodid y animaban a salir a las calles. "Todo el Reino Unido se echa a las calles esta tarde [el miércoles] a las 7 de la tarde después de un nuevo ataque de los invasores contra nuestro pueblo", escribió Robinson en su cuenta de X.

Lowe se atrevió a afirmar que “debemos dejar de acoger a quienes desean decapitar niños. Un número enorme de personas debe ser expulsado de nuestro país; cuando digo enorme, lo digo en serio. Millones y millones deben irse o ser obligados a irse”.

Tras esto, Starmer alertó que los responsables de los disturbios sentirán "todo el peso de la ley" al tiempo que agradeció a las fuerzas del orden de la provincia británica de Irlanda del Norte la "valentía" para velar por la seguridad de la población.

Pero no solo han sido los británicos quienes han llamado a la acción en uno u otro bando, también Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla y X, ha publicado varios tuits que han despertado el aviso de Ofcom, la agencia reguladora británica, para advertir que tomará medidas “para combatir el odio y el terrorismo” que circulan en las redes.

La ristra de tuits del fundador de Tesla ha ido desde pedir la deportación masiva hasta defender la violencia de los disturbios: “Millones deben irse (de aquí)”; “nada importa más que si la civilización cae”; “¡Migrantes asesinos que decapitan a personas inocentes en su ciudad natal es lo que está enfureciendo a la gente, no las redes sociales!“.

Donald Trump cumplió su amenaza. Después de que Irán derribase el pasado lunes por la tarde un helicóptero Apache, el presidente de Estados Unidos anunció una respuesta "muy firme y muy potente" y así esta siendo. Además, ha asegurado que "¡El matón de Oriente Medio está muerto! [en referencia a Irán]"

El Apache derribado cayó cerca de Omán y sus dos pilotos fueron rescatados en una nueva operación del Ejército estadounidense y se encuentran "sanos y salvos e ilesos" como confirmó Trump en redes sociales.

La respuesta "proporcional a la agresión iraní injustificada" a este primer ataque ha sido una serie de ataques contra objetivos iraníes, que incluyen sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del Estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) durante esta madrugada.

Tras este ataque se han sucedido diferentes agresiones por parte de Irán. Los medios estatales iraníes como la agencia de noticias Fars informaban de explosiones en diversos puntos cercanos al Estrecho de Ormuz, en el sur de su país, mientras el ministro de Exteriores iraní, Abás Araghchí, aseguraba en redes sociales que “Estados Unidos ha optado por poner a prueba nuestra determinación, pese a sus derrotas en el campo de batalla. Nuestras Poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ninguna amenaza o ataque sin contestar”.

“Abandonen nuestra región si quieren estar a salvo. La historia del golfo Pérsico tiene muchos capítulos sobre destinos terribles de extranjeros entrometidos”, agrega el dirigente iraní.

En el comunicado que ha publicado Fars, Teherán advirtió a los países del golfo Pérsico sobre su "responsabilidad" de impedir cualquier uso de su territorio por parte del Ejército estadounidense. Con este aviso, la república islámica 'se cubría las espaldas' para justificar así los ataques contra las bases estadounidenses en los vecinos Baréin y Jordania, mientras que Kuwait se vio obligado a activar su defensa antiaérea.

La Guardia Revolucionaria señaló que los objetivos en este ataque de represalia fueron la Quinta Flota de los Estados Unidos, —en Baréin— y una base aérea estadounidense en Jordania.

“Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos otros lenguajes con mucha mayor fluidez. Rompan sus compromisos, y cambiaremos a aquel en el que nos expresamos mejor”, ha escrito el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. “Se recoge lo que se siembra”.

Por su parte, el Ejército jordano dijo que interceptó cinco misiles lanzados por Irán por lo que no se han registrado "ni víctimas ni daños materiales", informa la Agencia de Noticias de Jordania.

Durante estos días, Irán e Israel también han intercambiado ataques, lo que llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

Estos ataques provocaron la salida de Irán de la mediación para el alto el fuego que se está llevando en Pakistán. Lo hizo después de que Israel intensificara su ofensiva en Líbano, tras la entrada en juego de Hezbolá, y ordenara la evacuación de los suburbios chiíes al sur de Beirut con la intención de atacarlos. Con ese ambiente, fue entonces cuando Trump telefoneó a Netanyahu para pedirle que no atacara la capital libanesa ni sus alrededores. No sucedió. Israel bombardeó la zona vetada, Irán atacó a su vecino y el alto el fuego saltó por los aires.

El martes, pese a las llamadas de Trump pidiendo el cese de hostilidades, Israel mató al menos a 29 personas en la ciudad de Tiro, la mayor del sur de Líbano.

Pero Trump, que hasta este miércoles, era positivo en cuanto al fin de la guerra en Oriente Medio y aseguraba que la paz en la zona y entre ambos países podría llegar en “dos o tres días”, desde su red social ha asegurado que "Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!".

Asimismo, insinuó que su país está preparando nuevos ataques contra Irán: "Podría seguir adelante. (Los líderes iraníes) tuvieron la oportunidad de firmar un acuerdo y sobrevivir", dijo Trump a Fox News.

La carrera por el dominio de la inteligencia artificial da un nuevo salto. Anthropic, creadora de Claude, ha presentado el borrador para salir a Bolsa. La empresa dirigida por Dario Amodei presentó esta semana de forma confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el borrador de registro para una futura oferta pública inicial (OPI) adelantándose así a OpenAI, que llevaba meses anunciando la posible salida.

La compañía confirmó a través de un comunicado la intención de cotizar en bolsa. La presentación del formulario S-1 abre la puerta a que, una vez revisada la documentación por la SEC, pueda debutar en Wall Street.

Que el anuncio se haya hecho de forma confidencial, y a través de formulario, es ya una práctica habitual de las grandes empresas porque evita revelar de inmediato información sobre ingresos, costes o rentabilidad. 

La relevancia del movimiento de los de Amodei es que la salida a bolsa  supone abandonar las rondas multimillonarias de capital riesgo  a las que se han enfrentado tanto Anthropic como el resto de startups tecnológicas desde finales de 2022, cuando apareció en escena OpenAI con su famoso ChatGPT.

“Con la salida de una de estas compañías, el mercado comenzaría a poner un precio público, diario y verificable a un sector que hasta ahora se ha valorado principalmente con rondas privadas y con mucha expectativa de crecimiento”, explica a  infoLibre Patricia García, directora del Máster en Finanzas de ESIC Business & Marketing School.

El interés de los mercados y de la prensa económica se explica por la magnitud de la compañía. Anthropic cerró recientemente una ronda de financiación que elevó su valoración hasta los 965.000 millones de dólares.

Según García, una gran salida a bolsa obligará a “traducir el relato en múltiplos cotizados: ingresos, márgenes, consumo de capital, capacidad de monetización y visibilidad del beneficio”. En su opinión, la primera gran OPI de IA servirá además como referencia para todo el sector. 

“Si el mercado acepta múltiplos muy elevados, estará validando buena parte de la narrativa de crecimiento de la IA generativa. Pero si exige descuento o se muestra más duro con la ejecución, ese primer precio también puede actuar como señal de prudencia para cualquier otra compañía que quiera salir después”, añade.

La futura llegada a Wall Street plantea nuevas exigencias para estas empresas que, como apunta para infoLibre Carlos Cosials, director del Máster en IA de UIC Barcelona y presidente de Aseitec, cotizar en bolsa “implica estar en el ámbito especulativo, pero con unas reglas que demandarán mayor transparencia” y, por supuesto, estas compañías “deberán mostrar cuáles son los verdaderos motores que garantizan su rentabilidad futura”. 

Cosials plantea una idea importante con respecto al interés de los inversores: si la inteligencia artificial terminará por convertirse en una infraestructura indispensable de la economía digital. “La duda es si el search [Google] pasará a research inteligencia artificial generativa] y quién dominará ese mercado de forma cuasi monopolística”, como ocurrió con  Google, el buscador que se convirtió en la referencia de búsqueda en la web hasta con un verbo “googlear”.

La salida a bolsa de Anthropic va a fijar “el marco psicológico con el que el mercado va a juzgar a los que vienen detrás”, recuerda Cosials. La compañía de Amodei nació en 2021, fundada por empleados descontentos con OpenAI y con la dirección de Altman. Desde entonces, ambas compañías han competido por llegar más lejos con sus desarrollos.

Pero la diferencia estratégica entre ambas compañías será clave, como sostiene Cosials, para determinar qué modelo empresarial —enfocado a usuario o a negocio—será capaz de sostener “un negocio gigante en el tiempo”.

Mientras OpenAI ha construido buena parte de su crecimiento alrededor del mercado de consumo gracias a ChatGPT, Anthropic ha apostado por clientes corporativos. 

“El filón que ha encontrado Anthropic está referido a un ámbito que no está muy regulado, el de la calidad del software. La capacidad de generar y analizar código ha sido excepcional y le permite entrar en modelos B2B (negocio), frente al modelo B2C (usuario) que ChatGPT está eminentemente aplicando. Eso le permite asegurarse un modelo de ingresos más sostenido y menos intervenido”, añade.

El entusiasmo de los mercados convive con un debate cada vez más intenso sobre la sostenibilidad económica del sector.

Las grandes tecnológicas han anunciado inversiones que superan los 750.000 millones de dólares este año. Nunca antes se había destinado tanto capital, en tan poco tiempo, al desarrollo de una tecnología emergente que está creciendo a la par que se está usando.

El modelo de negocio sigue bajo escrutinio porque “genera incertidumbre, sobre todo por el lado de los costes”, señala Garcia. El entrenamiento y funcionamiento de los modelos exige inversiones multimillonarias en chips, centros de datos y energía.

Para García, la compañía llega al mercado en una posición de fortaleza poco habitual. “Se ha comunicado un run-rate —proyección anualizada— de ingresos de 47.000 millones de dólares y cerró una ronda de 65.000 millones para una valoración total de 965.000 millones, lo que le da una posición muy fuerte” frente al resto de competidores, sostiene. La experta recuerda, además, que distintas informaciones apuntan a que la empresa podría acercarse a su primer trimestre rentable.

¿Qué ocurre cuando una tecnología nacida como startup se convierte en infraestructura económica? La salida a bolsa de Anthropic obligará a comprobar si la inteligencia artificial generativa es ya un negocio extraordinariamente rentable o sigue siendo una apuesta sobre beneficios futuros.

Para García, la respuesta se sitúa a medio camino. “Los últimos datos sugieren que la IA generativa ha dejado de ser solo una promesa tecnológica y se ha convertido en una realidad de negocio”, sostiene.

“No todo vale cuando aspiras a ser corporación”, advierte Cosials que apunta a que la salida a bolsa someterá a Anthropic “al escrutinio de los resultados donde, tanto capitalistas (mercado) como instituciones (reguladores), puedan tener evidencias de garantía de que el valor se preserva y la prestación del servicio es conforme”.

En última instancia, la directora del Máster de Finanzas cree que la salida a bolsa de Anthropic no solo pondrá a prueba a la compañía de Dario Amodei, también obligará a Wall Street a decidir si una empresa nacida hace cinco años merece una valoración cercana al billón de dólares.

La negociación entre Estados Unidos e Irán no pasa, otra vez, por su mejor momento. Pese a la tregua entre ambos países, los ataques se siguen sucediendo y la presión en el Estrecho de Ormuz no para de crecer, al igual que lo hace la de los ‘halcones’ del movimiento MAGA para evitar un acuerdo de Trump con la república islámica.

La Administración Trump ha asegurado ante el Capitolio que “suspendió” la guerra en Irán el pasado 8 de abril, pero desde entonces el alto el fuego ha sido violado en diversas ocasiones, las últimas esta misma semana. 

Estados Unidos bombardeó este miércoles las instalaciones militares de Bandar Abbas en Irán y derribó cuatro drones en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, mientras la Guardia Revolucionaria respondía con ataques contra posiciones estadounidenses en países de la región como Kuwait. 

En un comunicado recogido por la agencia de noticias gubernamental Tasnim, el cuerpo militar iraní afirmó que “esta respuesta constituye una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará sin respuesta y que, de repetirse, nuestra reacción será aún más contundente”.

Donald Trump insiste en que las conversaciones por la paz y un acuerdo en Ormuz “van muy bien”, pero el cruce de ataques, reproches y filtraciones entre ambos países demuestra todo lo contrario. 

Por un lado, el presidente estadounidense dice que su Administración busca cerrar un acuerdo aumentando la presión militar y se muestra convencido de que Irán aceptará porque está sin reservas petrolíferas. 

Por otro, la televisión pública iraní filtró el pasado martes algunos puntos del borrador del texto que favorecen a Teherán. Por ejemplo, que Estados Unidos levantará el bloqueo y retirará sus fuerzas de aguas próximas a la república islámica o que Irán y Omán administrarán conjuntamente el Estrecho de Ormuz.

El posible acuerdo también contempla la descongelación parcial de activos iraníes y un periodo de 60 días para resolver el futuro del programa nuclear iraní. A cambio, Irán exigiría el levantamiento progresivo de sanciones y garantías económicas inmediatas.

La Casa Blanca salió a desmentir esta ‘filtración’, que calificó de “pura invención”, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, reconocía que existen “planteamientos serios sobre la mesa” para llegar a un acuerdo, pero que el desenlace aún se podría demorar.

Y Trump, en la misma línea que su secretario de Estado, aseguraba ante los medios que todavía no había acuerdo pero, en caso de no llegar a buen puerto, “tendremos que terminar el trabajo”.

Y, este mismo viernes, el vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, en Fox News, ha asegurado que Irán hizo "concesiones significativas, sustanciales y trascendentes" en las negociaciones de paz, a la espera de que el presidente estadounidense dé el visto bueno.

Miller no ha dado detalles del contenido de las cesiones iraníes, pero sí aseguró que "habrían sido imposibles hace poco tiempo". Por su parte, y una vez más, la república islámica ha desmentido a la Administración Trump y asegura que siguen las negociaciones para un acuerdo.

Esta línea más dura del presidente estadounidense, otra vez amenazando a Irán con “terminar el trabajo” o a Omán “con volarlo por los aires” después de que la república islámica lo mencionase en el supuesto acuerdo, es un guiño al ala más radical del Partido Republicano, los llamados halcones, alineados con Israel y partidarios de no ceder ante Irán. 

El senador Ted Cruz es uno de los más duros de este grupo. Ha advertido de que un pacto que deje a Irán con capacidad de enriquecer uranio y con el control sobre Ormuz sería “un error desastroso”. 

En X, el senador de Texas expresó su preocupación “profunda” por el posible acuerdo con Irán porque la decisión de atacar el país “fue la más trascendental” y “[Trump] acertó al hacerlo”, pero “que ahora reciba miles de millones de dólares, pueda enriquecer uranio, desarrollar armas nucleares y tener el control efectivo del Estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso. El presidente Trump debe hacer cumplir las líneas rojas que ha trazado repetidamente”.

Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado en la primera legislatura de Trump, aseguró que el acuerdo que se está negociando “parece sacado del manual de Wendy Sherman, Robert Malley y Ben Rhodes [ex altos cargos demócratas]: pagar a la Guardia Revolucionaria Islámica para que desarrolle un programa de armas de destrucción masiva y aterrorice al mundo. No es, ni de lejos, 'Estados Unidos Primero'. La postura es clara: abran el maldito estrecho. Denieguen a Irán el acceso a fondos. Neutralicen la capacidad iraní en la medida necesaria para que no pueda amenazar a nuestros aliados en la región. Ya es hora. ¡Manos a la obra!”. 

John Bolton, exdirector de Seguridad Nacional de Trump, afirmaba a su vez que “si las informaciones sobre el inminente acuerdo con Irán son correctas, los ayatolás habrán obtenido una victoria significativa. Volverán a estar en el camino hacia las armas nucleares, apoyando el terrorismo global y reprimiendo a su propio pueblo”.

Otros senadores republicanos han advertido igualmente de que cualquier acuerdo que no implique una derrota clara de Irán sería política y estratégicamente inaceptable.

No obstante, el movimiento MAGA también tiene quien mira a favor del acuerdo en Irán, como el comunicador Tucker Carlson o el cómico Joe Rogan, que han criticado a Trump por sus desaires cuando amenazó con “destruir la civilización de Irán”, con “volar Omán” o con sus advertencias a toda la región. 

Trump insiste entre sus detractores en que el acuerdo “ni siquiera ha sido negociado por completo aún” con la república islámica y pide no escuchar “a los perdedores, quienes critican algo de lo que no saben absolutamente nada”, escribió en Truth Social, al tiempo que decía que él y sus representantes están elaborando “exactamente lo opuesto” al pacto nuclear que Irán suscribió bajo la Administración demócrata de Obama en 2015. Trump se retiró de aquel acuerdo y lleva desde entonces intentando conseguir uno nuevo. 

El presidente ha insistido en que Irán debe desprenderse de su uranio altamente enriquecido, mientras Teherán mantiene su negativa a renunciar al derecho de enriquecimiento.

Los últimos datos sobre el programa nuclear iraní revelan que el país posee aproximadamente 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cercano al nivel necesario para uso militar, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán, por su parte, sostiene en su negociación que no se comprometerá a ceder sus reservas nucleares ni a desmantelar su programa sin garantías previas sobre activos congelados y levantamiento de sanciones.

La huelga de los profesores valencianos se encamina a su tercera semana y ya es una de las mayores protestas indefinidas en educación de los últimos años. Aunque la Comunitat Valenciana encabeza las protestas, otros territorios se han unido y tanto docentes como educadoras infantiles se han sumado a esta marea amarilla que pide cambios estructurales en el sistema educativo. 

Primero encabezaron las protestas las educadoras infantiles —etapa educativa 0-3 años—, con movilizaciones en todas las provincias españolas en las que reclamaban mejoras salariales, menor ratio de alumnos por clase y una educadora de apoyo en cada aula. 

Ahora, Valencia se ha convertido en el territorio al que apuntan todas las miradas, aunque las reivindicaciones de los docentes coinciden con las de otros territorios. Según los sindicatos convocantes como STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE, existe un malestar acumulado desde hace años al ver cómo la educación pública arrastra problemas estructurales que no se están resolviendo con ningún gobierno de ningún signo político.

La precarización de los docentes es una de las principales denuncias. La pérdida de poder adquisitivo acumulado durante años, en un contexto en el que “el precio de la vida sube, pero los salarios de los profesores no lo hacen al mismo ritmo”, cuenta a infoLibre María, educadora infantil en Madrid. 

Tanto el profesorado valenciano como el madrileño reclaman una recuperación retributiva que compense los recortes y congelaciones sufridas desde la pasada década. Además, hay que sumar la situación de buena parte de los docentes: interinidad y temporalidad.

En el caso de las educadoras infantiles, los sindicatos hablan de un modelo que genera precariedad y salarios insuficientes lo que está dificultando la atracción y retención de profesionales. 

En el caso valenciano, los sindicatos reclaman la recuperación del poder adquisitivo y una estabilización de las plantillas. Denuncian salarios por debajo de la media estatal y una pérdida de reconocimiento profesional.

La propuesta de la Conselleria valenciana pasa, como principal medida económica, por una subida salarial progresiva de hasta cerca de 200 euros mensuales de aquí a 2028. Algo que los sindicatos han rechazado de plano al no contemplar “incrementos inmediatos” lo que no consolida “plenamente las cuantías desde 2026”. 

En Cataluña, el Govern planteó acelerar los aumentos salariales y crear nuevos complementos vinculados a tutorías y centros de alta complejidad, pero las organizaciones USTEC·STEs, CGT, Professors de Secundària e Intersindical lo han rechazado también al considerar que "las medidas no compensan los recortes acumulados”.

Más allá de los salarios, el número de alumnos por profesor también es motivo de queja. Los sindicatos y docentes reclaman bajar el número de alumnos por aula y aumentar las plantillas de personal ya que las ratios actuales dificultan la atención individualizada.

Tanto en Valencia como en Cataluña y Madrid, las quejas coinciden: reducción de ratio, desdobles y refuerzos de plantilla para mejorar la educación obligatoria de los menores. En el caso catalán, el Govern anunció la pasada semana la incorporación de 2.400 profesionales y refuerzos específicos en el ámbito de la educación inclusiva.

Los sindicatos de enseñanza denuncian que el sistema educativo funciona "en precario", con aulas masificadas y una dotación "insuficiente" de recursos humanos, sobre todo en equipos de Atención Temprana. 

La excesiva burocracia también ha sido motivo de quejas entre los docentes y el punto de encuentro, por lo menos en Valencia, entre sindicatos y Consellería, donde admiten que existe un problema.

De hecho, algunas de las propuestas planteadas por la Generalitat incluyen medidas específicas orientadas a simplificar dichos trámites. Por su parte, el profesorado valenciano recalca el exceso de informes, programaciones y registros digitales que restan tiempo a la educación de los alumnos.

Los docentes catalanes también coinciden con sus colegas valencianos al ver cómo el aumento de planes individualizados, informes y documentación digital se ha traducido en una pérdida progresiva de tiempo en el aula.  

Y en última estancia, las educadoras infantiles también demandan una reducción del “papeleo” porque para plantillas tan “reducidas”, en la que hay que elaborar “informes dirigidos a las familias y documentación sobre el desarrollo infantil y pedagógico”, explica María, “dejamos de atender a las criaturas o tenemos que usar nuestro tiempo libre para hacer toda la burocracia”. 

La huelga indefinida valenciana está teniendo un buen seguimiento, aseguran desde los sindicatos, que cuentan con el respaldo de familias, alumnado y equipos directivos.

En el caso valenciano, ya son 60 los centros educativos de la Comunitat Valenciana cuyos equipos directivos han presentado o empezado a tramitar su dimisión en apoyo a la huelga, lo que supone unas 240 renuncias en total. 

Estas dimisiones, que se están produciendo en cascada de manera telemática este lunes, son "un grito de auxilio" y no se hacen contra nadie, ha explicado el director del CRA Benavites-Quart de Les Valls, Jaume Olmos, a las puertas de la Conselleria.

En cualquier caso, cabe mencionar que la renuncia de estos directivos no se traslada en que los centros afectados queden descabezados, pues estos cargos siguen en funciones hasta que se designe un relevo.

Este lunes, sindicatos y Conselleria se reunirán para debatir las propuestas que los primeros han presentado a la Generalitat, haciendo especial énfasis en la recuperación salarial, la reducción de ratios, la mejora de las plantillas y la reversión de algunas medidas, entre ellas la readmisión de los equipos directivos dimitidos sin ningún tipo de represalia.

Nuevo cambio de rumbo de la Administración Trump. Esta vez, el giro afecta al envío de tropas a Polonia: si hace una semana el presidente aseguró que retiraría efectivos del país, este viernes ha anunciado el envío de 5.000 militares adicionales al territorio centroeuropeo.

El presidente estadounidense lo ha comunicado, como viene siendo habitual, a través de su red social Truth Social, y lo ha justificado por la “buena relación” que le une al recién elegido presidente polaco, Karol Nawrocki, “a quien tuve el orgullo de respaldar”, ha señalado en el comunicado.

La decisión, que se produce durante la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (Suecia), ha despertado, una vez más, el recelo de la Alianza, pero también la satisfacción en Polonia, uno de los países que más contribuyó a los aliados el pasado año.

Nawrocki ha celebrado el anuncio de Trump y ha agradecido al presidente “su amistad hacia Polonia y las decisiones cuya importancia práctica vemos hoy con toda claridad. ¡La seguridad de Polonia y del pueblo polaco es mi máxima prioridad!”, ha escrito en X.

El presidente polaco ha subrayado, además, que la alianza con Estados Unidos constituye un elemento central de la seguridad europea. “Las buenas alianzas son aquellas que se basan en la cooperación, el respeto mutuo y el compromiso con nuestra seguridad común”, ha añadido y ha calificado la relación bilateral como un “pilar fundamental de la seguridad” de Polonia y del continente.

Semanas de tensión

El refuerzo militar estadounidense en territorio europeo se produce después de una semana de tiras y aflojas. El Pentágono ya había anunciado la retirada de 5.000 soldados de Alemania y la suspensión del despliegue en Polonia como parte de una redistribución global de fuerzas, según explicó el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Durante estas semanas, Trump también comunicó a la Alianza la cancelación del despliegue de misiles Tomahawk en Alemania —una medida acordada durante el Gobierno de Biden como elemento de disuasión frente a Rusia— para hacer frente a la guerra en Irán.

Esta decisión, sumada a la retirada de las tropas en Alemania, parece responder a una nueva represalia trumpista, esta vez contra el canciller Friedrich Merz, que había criticado el papel de Estados Unidos en la guerra de Irán y llegó a afirmar que la República Islámica estaba “humillando” al país americano.

Si hasta hace unos meses la mayor medida de presión de Trump eran los aranceles, ahora todo apunta a que utilizará la OTAN, el armamento y el envío o retirada de tropas como instrumento de presión. Para muchos aliados, este movimiento confirma que la relación transatlántica es más impredecible que nunca y que está cada vez más sujeta a los designios del presidente estadounidense.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, presente también en Helsingborg, ha negado, sin embargo, que las medidas que está tomando su país en suelo europeo respondan a represalias contra los aliados.

"Estados Unidos sigue teniendo compromisos globales que debe cumplir en lo que respecta al despliegue de nuestras fuerzas, lo que nos obliga constantemente a replantearnos dónde destinamos las tropas; no se trata de una medida punitiva, sino simplemente de un proceso continuo que ya existía anteriormente", ha afirmado Rubio.

El secretario de Estado no ha dejado pasar la oportunidad, ante los medios, de volver a insistir en el malestar de la Casa Blanca con algunos aliados por “su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio”. Para Rubio, “están bien documentados y es algo que habrá que abordar, pero que no se resolverá ni se tratará hoy. Es algo que se debe discutir a nivel de los líderes”, ha señalado. 

Ese asunto previsiblemente estará sobre la mesa en la próxima reunión de la OTAN, que tendrá lugar en Ankara los días 7 y 8 de julio de 2026, y en la que volverán a abordarse el compromiso y el gasto militar de los aliados.

Dependencia y compromiso

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido desde Helsingborg en la necesidad de que Europa asuma “más responsabilidades en su propia defensa”, capeando así la crítica a Trump por las últimas decisiones.

El ex primer ministro neerlandés ha defendido que “con el tiempo, paso a paso”, Europa debe depender menos “de un aliado único, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos”. Ese cambio, ha añadido, permitiría a Washington "tener la posibilidad y la opción de orientarse más hacia otras prioridades, que también redundan en nuestro interés".

Rutte, que navega por aguas turbulentas entre Trump y el resto de aliados, ve razonable que Estados Unidos reequilibre su presencia global, pero ha lanzado un reproche velado a algunos aliados al asegurar que, tras su visita a Washington a principios de abril, percibió “la decepción” de Estados Unidos con la OTAN por no poner a su disposición las bases en suelo europeo para su campaña militar en Irán.

El secretario general también ha pedido una mayor implicación en la próxima fase de la operación en Oriente Medio, especialmente en tareas relacionadas con la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz.

A estas críticas veladas ha respondido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al expresar su deseo de que “todos los aliados de la OTAN tuvieran el mismo compromiso con la seguridad atlántica que España”.

El ministro ha recordado que España cuenta con 2.000 soldados desplegados en el flanco este, participa en misiones de defensa aérea en Eslovaquia y Rumanía, lidera la misión de la OTAN en Irak y mantiene sistemas antimisiles Patriot en Turquía.

Albares ha defendido, además, la diferencia “entre decir que vas a hacer algo y no hacerlo, como hacen algunos, y decir que vas a hacerlo y cumplirlo, como hace España. Tenemos una palabra y cuando decimos que vamos a cumplir, cumplimos”, ha subrayado el ministro.

Trump está de enhorabuena. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ampliado el acuerdo alcanzado con el presidente Donald Trump para cerrar la demanda de 10.000 millones de dólares que este había presentado contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) —lo que a afectos de España, equivale a la Agencia Tributaria—, incorporando una cláusula extraordinaria: impedir que la agencia investigue al presidente, su familia y sus empresas.

La disposición, incluida en un documento de una sola página firmado por el fiscal general interino Todd Blanche blinda al presidente frente a futuras auditorías e investigaciones fiscales. La exfiscal de indultos del Departamento de Justicia, Liz G. Oyer, calificó este acuerdo como algo “catastrófico y corrupto”. 

El acuerdo “establece que Trump no puede ser investigado, auditado ni demandado por el Gobierno de los Estados Unidos en el futuro”, afirmó Oyer. Según explicó, la medida convierte a Trump en una figura inviolable ya que no sólo afectaría al Servicio de Impuestos Internos, sino a “cualquier agencia gubernamental”.

Este documento se publicó después de que Trump retirase la demanda que había presentado junto a  sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. y la empresa familiar Trump Organization contra el Departamento del Tesoro, que está bajo a su autoridad,  por filtrar sus declaraciones de la renta de 2016 y 2017. 

El acuerdo anunciado por el Departamento de Justicia establecía inicialmente que los demandantes recibirían “una disculpa formal”, pero “ningún pago monetario ni indemnización de ningún tipo”. A cambio, las partes desistían de la demanda. Aunque en ese pacto se habla de que no se entregaría compensación dineraria, no significa que el Departamento de Justicia no vaya a desembolsar nada, ya que una parte del acuerdo consiste en la creación de un fondo.

No obstante, el documento firmado por Blanche compromete a los funcionarios federales a “no emprender ninguna acción pendiente o futura”. Para Oyer, el escrito de Blanche “pondrá fin a las auditorías en curso contra Trump y sus empresas”, aseguró.

La exfuncionaria añadió que el acuerdo “renuncia a nuestro derecho a recaudar cualquier impuesto que Trump y sus empresas deban” y “cede nuestro derecho a intentar recuperar el dinero que robó a los contribuyentes”.

Ese dinero del que habla Oyer rondaría los 100 millones de dólares por los errores en las declaraciones del expresidente como se demostró en las filtradas —en 2016 y 2017 pagó 750 dólares—y como publicó The New York Times.

Para evitar el juicio millonario en el que Trump se enfrentaría al propio Trump —a través del Gobierno—, el pacto al que se ha llegado ha sido la indemnización de 1.776 millones de dólares, en honor al año de la independencia de Estados Unidos. 

Esa indemnización, Trump la ha transformado en un fondo del Departamento de Justicia para compensar a las “víctimas de procesos judiciales politizados durante la presidencia de Joe Biden”. 

Este fondo busca emular al creado por Barack Obama, el Keepseagle, por valor de 760 millones de dólares que buscaba compensar las reclamaciones por racismo institucional de los años anteriores a la época del expresidente.

El Departamento de Justicia afirmó que el fondo permitiría que “las víctimas de la guerra jurídica y la instrumentalización de la ley puedan ser escuchadas y buscar reparación”, según el fiscal Todd Blanche.

Entre los beneficiarios estarían los procesados —e indultados por Trump— por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, acusó a Trump de retirar “su falsa demanda contra el IRS a cambio de un fondo opaco, cortesía de sus impuestos, que puede usar para pagar a sus aliados políticos”.

“Para que quede claro: si usted es un contribuyente estadounidense, esta medida significa que casi 1.800 millones de dólares de su dinero serán entregados a quienquiera que un comité designado por Trump decida recompensar”, escribió este martes el premio Nobel de Economía Paul Krugman en Substack. “Pocas cosas logran sorprenderme en estos días; aunque esto representa un nuevo récord de degradación en materia de tráfico de influencias, revelando una vez más el absoluto desprecio de Trump por el pueblo estadounidense”.

Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, fue mucho más escueto al definirlo como “pura corrupción” y añadir: “¿1.776 millones? ¿El año del 250º aniversario? Se están riendo de todos nosotros”.

Las dudas que se extienden entre los juristas son: ¿Ddónde está el límite del presidente y del Departamento de Justicia? ¿Tiene este departamento capacidad para comprometerse a impedir futuras actuaciones?

La legislación federal prohíbe al presidente, al vicepresidente y a otros altos cargos del Ejecutivo ordenar al IRS que inicie o detenga auditorías específicas. Sin embargo, esa prohibición “parece incluir una excepción: el fiscal general”.

El colectivo ultra Manos Limpias presentó en diciembre de 2025 una querella contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras las detenciones practicadas por la UDEF en el marco del caso Plus Ultra, sobre el rescate con 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató a la aerolínea durante la pandemia.

Y, como ya es habitual, la organización ultra se personaba en una causa que salpicaba al Gobierno de Pedro Sánchez, como ya hiciera en otras como la Ley de Amnistía, el caso Ábalos o todo lo relativo al caso Begoña, esposa del presidente.

La querella sigue la línea de las anteriores interpuestas por Manos Limpias, imprecisiones, errores y recortes de noticias aparecidas en prensa, programas de televisión o incluso Youtube.

En el escrito que presentó Manos Limpias se afirmaba, sin más pruebas que lo leído en prensa o visto en televisión que se llegó a "presionar a varios ministros, tal y como relató D. Víctor de Aldama reveló [sic] el pasado 18 de diciembre de 2025 en una entrevista concedida al periodista Iker Jiménez y que fue emitida en directo en el programa Horizontes de la cadena La Sexta". 

En esta primera afirmación ya aparece una imprecisión, el programa es Horizonte y no Horizontes, y un error, el programa se emite en Cuatro y no en La Sexta.

"Dicha entrevista fue recogida por el diario digital El debate en los siguientes términos (Víctor de Aldama en 'Horizonte': "Zapatero cobró 10 millones de euros de comisión en Panamá por el rescate de Plus Ultra") y que se aporta como Documento Nº1". 

También cita al periodista Albert Castillón que en su canal de Youtube Castillón confidencial (Investigación "Descubrimos la supuesta cuenta de Zapatero en Panamá de la que habla Aldama), afirma que "ha localizado la cuenta de D. José Luis Rodríguez Zapatero en la que se podría haber recibió la comisión relatada por D. Victor de Aldama, y que dicha cuenta estaría en el Pacific Bank".

Dentro de la querella, Manos Limpias destaca también una información publicada en El Debate sobre los vínculos que unían al expresidente del Gobierno con el ahora detenido Julio Martínez Martínez, que cobró 458.000 euros de la empresa Plus Ultra, y que ejercía de enlace entre Zapatero y el presidente de la compañía.

En esos artículos se mencionaba una reunión de Zapatero en un monte sin cobertura con el detenido 72 horas antes de que fuera arrestado y de hasta cinco reuniones en casa del expresidente para tratar temas relativos a Plus Ultra.

La entrevista a Aldama en el programa de Jiménez, es la parte central de la querella del sindicato ultra que recuerda que en la entrevista en televisión, el comisionista, asegura: "José Luis Rodríguez Zapatero llega al ministerio de Transportes para reunirse con José Luis Ábalos. Yo estaba en el despacho de Koldo, al lado, y me dice que 'no le gustaba que Zapatero apareciera por allí a hablar con Ábalos o a imponer. En este caso, a imponer'. Zapatero le dice a Ábalos que tenía que rescatar Plus Ultra y que era necesario ese rescate. Ábalos se niega rotundamente. La conversación es acalorada. Koldo y yo estamos escuchando las voces. Zapatero le dice: 'No es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que te pide el presidente (Sánchez)'. Ábalos le responde que hablará con el presidente. Ok, le dice Zapatero que cuando tenga noticias volverá. A los tres minutos sale Ábalos de su despacho desencajado, disgustado".

Esta querella fue admitida por la jueza del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid que en aquel momento llevaba a cabo la investigación del caso Plus Ultra, iniciada por una denuncia de Anticorrupción sobre presunto blanqueo relacionado con el rescate de la aerolínea.

Manos Limpias pedía que se juzgara a Zapatero por los delitos de malversación de caudales públicos, trafico de influencias y un delito contra la hacienda Pública por fraude en la obtención de subvenciones.

La querella presentada por Manos Limpias contra Zapatero llegó en una fase ya avanzada del caso y con una base documental limitada. El escrito, que como se ha descrito apenas tenía siete páginas, fue registrado el 23 de diciembre de 2025, pocos días después de las detenciones del presidente y del CEO de Plus Ultra, practicadas por la UDEF el 11 de diciembre. Como se ha explicado anteriormente, el contenido de la querella se apoyaba esencialmente en referencias y publicaciones periodísticas ya difundidas, sin incorporar una investigación propia ni nuevos elementos de prueba relevantes que alterasen el marco del procedimiento abierto hasta ese momento.

Manos Limpias ha intentado colocar su querella en un lugar prominente como impulsora de la imputación actual del expresidente del Gobierno y del salto que dio a la Audiencia Nacional el caso Plus Ultra a principios de 2026. Sin embargo, la evolución posterior de la causa apunta a otros factores para explicar el paso a manos del juez José Luis Calama. El procedimiento llegó a la Audiencia Nacional el 27 de febrero de 2026, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María del Carmen Collazos, se inhibiera a su favor al considerar que la investigación estaba adquiriendo una dimensión superior al ámbito ordinario de un juzgado madrileño. El juez Calama asumió formalmente la competencia el 3 de marzo.

Esa dimensión superior que señalaba la jueza Collazos no se debió al escrito de Manos Limpias. La propia Audiencia Nacional ha subrayado, en una nota difundida este 19 de mayo, la dimensión internacional que ha adquirido la investigación por la estructura bajo análisis y sus posibles ramificaciones transnacionales. Con esa secuencia temporal, resulta difícil sostener que una querella de siete páginas basada en referencias periodísticas fuera el elemento que otorgó volumen al caso. La cronología apunta más bien a que el impulso hacia la Audiencia Nacional respondió a la creciente dimensión internacional que estaban adquiriendo los hechos investigados.

José Ignacio García era el aspirante que recibía la mejor nota por parte de los electores, según el barómetro del Centra (el CIS andaluz). El gaditano contaba con una media de 6,07, por delante del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se queda en el 5,49. De esto ya alertaban fuentes 'populares', que aseguraban que el buen hacer del político podía hacer perder algunos 'restos' de voto, lo que, a priori, parece haber sucedido y por lo que el presidente de la Junta no ha logrado la mayoría absoluta. García también ha reivindicado este hecho al valorar los resultados, cuando ha asegurado que "Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular".

El partido andalucista, alejado de los designios de Madrid, se presentó como opción frente a Por Andalucía, en la izquierda alternativa al PSOE, y la apuesta le ha salido bien en detrimento de la formación capitaneada por Antonio Maíllo. Los de José Ignacio García —a quienes las encuestas otorgaban hasta cuatro escaños—, con estos ocho diputados, consiguen grupo parlamentario —cuyo umbral está en los cinco diputados— y cuadruplican los resultados obtenidos en 2022, cuando el partido liderado por Teresa Rodríguez obtuvo dos diputados: uno por Sevilla y otro por Cádiz.

Adelante Andalucía consigue su mejor resultado histórico con una defensa a ultranza de los servicios públicos y de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, además de una clara vocación ecologista. García, que no llegaba al 20 por ciento de conocimiento ciudadano antes de los debates, ha podido revertir la situación a base de trabajo, redes sociales y camisetas protesta.

El partido andalucista, liderado por 'el gafas', como se conoce cariñosamente a García después de haber impulsado la ley de gratuidad de gafas —que está en fase de tramitación en el Congreso—, se convierte en la segunda fuerza de la izquierda, por detrás del PSOE y por delante de Por Andalucía, y lo ha logrado, como ha dicho García, con "trabajo pausado y con mucho esfuerzo colectivo". El subidón de Adelante, cercano al 10 % de los votos, ha llevado a que sea el partido que más crece en estas autonómicas.

García ha conseguido este resultado gracias al "compromiso militante" y ha dejado un dato revelador: que "una fuerza de izquierda y soberanista ha superado a los fascistas en dos provincias", Sevilla y Cádiz, las mismas en las que en 2022 consiguieron un diputado en cada una. "Es posible superar a Vox desde la izquierda; no lo hemos conseguido todavía en todas, pero lo conseguiremos".

García ha agradecido a todos los militantes y votantes el trabajo realizado durante la campaña por "rebelarse ante lo injusto, por la esperanza y por transformar Andalucía. No os vamos a fallar, y esto no ha hecho más que empezar”.

En el otro lado de la izquierda está Por Andalucía, la coalición formada por IU, Podemos, Sumar y Los Verdes, liderada por Antonio Maíllo, que "no ha logrado cumplir las expectativas", como ha dicho el candidato de la coalición, pese a obtener los mismos resultados que en 2022 —cinco escaños y grupo propio—.

Se ha especulado que este resultado, decepcionante para la coalición que quería llegar a los diez escaños, puede hacer que Maíllo abandone el partido. La supuesta "candidatura de unidad" que tanto ha defendido el líder de IU ha servido más para restar que para sumar.

Este mismo lunes, Antonio Maíllo, ha salido al paso de esas especulaciones para asegurar que "ahora mismo" no se ha planteado dimitir, ya que ha mantenido el resultado con cinco diputados en las elecciones autonómicas de este domingo y ha alegado que son "muy respetuosos con la voluntad del pueblo andaluz, que es sagrada".

En declaraciones a Radio Nacional, Maíllo ha admitido que les hubiera gustado conseguir uno o dos diputados más en el Parlamento andaluz y ha advertido de que se ha producido un "cambio de paradigma en el electorado andaluz hacia el conservadurismo".

Este resultado demuestra que la división a la izquierda del PSOE sigue haciendo daño, ya que, pese a que ambos partidos suman 13 diputados, seis más que los conseguidos en las elecciones de 2022, tanto en porcentaje como en número de votos, Por Andalucía y Adelante Andalucía habrían superado a Vox como tercera fuerza política en caso de concurrir en una candidatura conjunta, como sugerían desde el PSOE.

Pero ha sido este lunes cuando el candidato de Adelante Andalucía se encargaba de reivindicar el espacio propio de su formación y ha resaltado que de haber concurrido con Por Andalucía habrían obtenido "peores resultados".

En sendas entrevistas con la Cadena SER y Canal Sur Radio, el candidato ha defendido que Adelante ha contribuido a ampliar un espacio de izquierdas pegado al territorio, que ha señalado que no puede caer en la "depresión permanente".

Para Podemos y Sumar no es un buen resultado, una vez más en este 2026, después de los pobres resultados en Castilla y León, donde no consiguieron representación, y en Aragón, donde mantuvieron el único procurador que ya tenían en 2023. La formación de Ione Belarra, además, se ha quedado sin representación en el Parlamento andaluz porque solo encabezaba la provincia de Jaén, donde no ha conseguido escaño.

Keir Starmer resiste. El primer ministro británico aguanta el tipo y quiere convertirse en el primer jefe del Ejecutivo en aguantar una legislatura completa desde que David Cameron dimitiera por la victoria del referéndum sobre el Brexit. 

Desde entonces, la política británica se ha instalado en el caos: Theresa May, Boris Johnson, Elizabeth Truss y Rishi Sunak han sido los predecesores de Starmer en la “turbulenta” nueva realidad de Reino Unido alejada de los europeos. 

La derrota en los comicios locales y regionales del Partido Laborista ha levantado las alarmas dentro de sus filas que piden la dimisión de Starmer como líder, lo que conllevaría,que abandonase también sus responsabilidades en el número de 10 de Downing Street.

Las últimas elecciones dejaron una fotografía difícil de digerir para el votante laborista, pero mucho más para los miembros del partido. El partido de Starmer pasó de más de 2.500 concejales en todo el país a poco más de 1.000, mientras que Reform UK, partido del líder populista y de extrema derecha Nigel Farage, pasó de 2 a más de 1.400. 

Este golpe, sumado al deterioro de la popularidad de Starmer, ha impulsado una contestación sin precedentes. Al menos 70 diputados laboristas han pedido ya que dé un paso atrás. El primer ministro, sin embargo, se mantiene firme: solo aceptará un desafío formal si 81 parlamentarios respaldan una candidatura alternativa. Por ahora, nadie ha reunido ese apoyo.

Ninguno de los aspirantes lo tiene fácil. 

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, es el más popular de todos ellos. Pero no es diputado de la Cámara de los Comunes —condición indispensable para la sucesión—. 

En enero anunció su intención de disputar el escaño vacante en la circunscripción de Gordon y Denton, dentro de la región de la Gran Mánchester, pero Starmer maniobró —junto al Comité Ejecutivo Nacional—para que el alcalde no pudiera presentarse. El argumento esgrimido desde el partido fue que de ganar ese escaño, habría que convocar unas nuevas elecciones municipales para las que el partido no estaba preparado.

A favor de Burnham, existe la posibilidad de que algún aliado renuncie a su acta de diputado para dejarle el hueco y que se presentase, pero eso puede provocar otro bloqueo de Starmer o, como en el caso de Gordon y Denton, Reform UK o Los Verdes, les arrebaten el asiento en la Cámara de los Comunes. Demasiado riesgo.

Las últimas cifras manejadas por Ipsos señalan una aprobación y conocimiento del 17% de los electores hacia el alcalde de Mánchester, frente a la que sería su rival más inmediata, la ex viceprimera ministra, Angela Rayner, con una aprobación del 5%. 

Rayner está entre las favoritas del ala moderada, pero los problemas con Hacienda que le obligaron a dimitir y a abandonar el Gobierno, despiertan recelos. A su favor y en contra de Burnham: todavía conserva su escaño en Westminster.

El último en la terna de favoritos es Wes Streeting. El ya exministro de Sanidad se ha consolidado como el candidato preferido del ala centro-derecha y de los ‘blairistas’, aunque también ha logrado cierto respaldo entre los más progresistas gracias a su perfil social y su postura con Gaza. Sin embargo, también tiene problemas.

Los mensajes del titular de Sanidad con Peter Mandelson —amigo de Jeffrey Epstein— supusieron la primera gran crisis de Gobierno; y la deriva hacia la derecha del Laborismo está provocando la sangría de votos en favor de Los Verdes de Zack Polanski.

La dimisión de Streeting provoca un pequeño terremoto y busca provocar el movimiento de dimisión de Starmer o, en todo caso, la firma de los 81 avales necesarios que respalden su candidatura.

Mientras tanto, el sector más moderado de la izquierda laborista busca sus propias opciones: el exlider laborista, Ed Miliband y las actuales ministras y críticas con Starmer, Shabana Mahmood y Yvette Cooper constituyen la terna progresista.

Miliband ya fue líder del partido entre 2010 y 2015 hasta caer en las elecciones contra David Cameron; Mahmood gana peso gracias a su discurso en inmigración; y Cooper, veterana y ambiciosa, sigue siendo una figura respetada, aunque sin apoyos para liderar la rebelión.

Pese a la presión, Starmer no cede. La reunión del Consejo de Ministros del martes fue un brindis al sol. “No voy a dimitir”, dijo Starmer, que considera que la situación económica y geopolítica actual no merece la inestabilidad que provocan unas elecciones. “El país espera que nos centremos en gobernar”, dijo el premier británico. 

Y aduciendo esa inestabilidad, la ‘guardia pretoriana’ del primer ministro ha salido en su defensa. El titular de Vivienda, Steve Reed, aseguraba tras la reunión de los ministros que “no es un juego. La inestabilidad tiene consecuencias en la vida de las personas”.

Tras Reed, otros tres ministros respaldaron la continuidad de Starmer. Y, David Lammy, viceprimer ministro, comparecía para resumir la estrategia: “Starmer fue elegido para un mandato de cinco años. Pido a mis colegas que den un paso atrás, respiren hondo, y tengan en cuenta que, en las últimas horas, nadie ha querido presentarse como candidato. Los que sugieren al primer ministro que dimita, que digan quién debe sustituirle”.

Esto evidencia la fractura dentro del Gobierno. Cinco ministros a favor de Starmer, dos en contra y una dimisión ¿y el resto? Silencio. Eso sí, desde el martes, una cascada de dimisiones busca provocar que algún alto cargo dé el paso. Ese podría ser Streeting, pero de momento y tras reunirse con Starmer, prefiere esperar.

Quienes ya han dado el paso son Miatta Fahnbulla, Jess Phillips, Alex Davies-Jones, o Zubir Ahmed, todos cargos menores, pero todos ligados al partido y al Gobierno.

Para mantener el poder, Starmer ha movido ficha. Incorpora a su equipo, en calidad de asesores especiales, al ex primer ministro Gordon Brown, para aconsejarle en la estrategia económica, y Harriet Harman, ex número dos de Brown en el partido. Su tarea será la de ayudar al Gobierno en las políticas de protección de mujeres y niñas.

Mientras tanto, Carlos III leyó este miércoles el discurso con las líneas políticas del Gobierno para este año, lo que despertó las críticas del Partido Conservador.

Kemi Badenoch calificó de “ridículo” que el Gobierno esté presentando un programa “mientras varios de sus miembros están dimitiendo y un gran número de los diputados laboristas le están diciendo a su primer ministro que se tiene que largar. No tiene lógica alguna. Si todos ellos apoyan esta agenda legislativa, ¿por qué se quieren deshacer de su líder? Y si no la apoyan, ¿qué diablos estamos haciendo aquí?”.

En más de una década, desde 2010, han cerrado cerca de 35.000 bares, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra refleja un cambio en los hábitos de ocio de la sociedad y una transformación económica y social, porque cuando desaparece un bar se pierde algo más que un negocio: cierra un espacio de encuentro, conversación, mezcla social y comunidad. Y, según varias investigaciones, ese vacío es caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha.

Durante décadas, especialmente en barrios obreros, pueblos y pequeñas ciudades, el bar fue mucho más que una barra, unas cañas o una máquina tragaperras. Era una infraestructura social. “Todos tenemos un entrenador de fútbol, un político dentro y la capacidad de resolver el país desde la barra del bar”, recuerda a infoLibre Rosi, propietaria del bar ‘Vega’ en el madrileño barrio de Las Águilas. “Aquí viene gente del banco, obreros, mecánicos del taller, jubilados o trabajadores de los comercios de al lado. Todos discutimos, nos reímos y al día siguiente, una nueva historia”.

La socióloga de la Universidad de Zaragoza, Marianna Martínez Alfaro, asegura que los bares desempeñan un papel clave en la construcción de relaciones sociales porque “funcionan como espacios cotidianos de encuentro, conversación y convivencia”. Estos espacios, asegura, favorecen “la creación de vínculos afectivos, amistades y redes comunitarias”, convirtiéndose en “infraestructuras sociales que sostienen la vida colectiva”.

El antropólogo José Mansilla coincide en esa visión estructural al señalar que “los bares de barrio han funcionado históricamente como algo mucho más profundo que simples espacios de consumo”, actuando como “auténticas instituciones sociales”.

El sociólogo Javier Rueda se centra más en lo que provoca el cierre de los bares en lo rural y en la ciudad. Para el autor de Utopías de barra de bar, el cierre del bar en un pueblo es el fin de “la última ‘señal de vida’ del municipio, el último punto de encuentro”, mientras que en las grandes urbes hay una mezcla de abandono “en los barrios que se convierten en calles vacías de almacenes y apuestas” o de “desarraigo absoluto” en el centro de las ciudades, cuando “los negocios más orientados al turismo, al evento o a cierto consumo ostentoso de clases pudientes” ocupan la mayoría de locales.

El economista Hugo Subtil, investigador de la Universidad de Zúrich, ha estudiado en Francia el cierre de los llamados bar-tabac —bares donde además de beber se fuma, se apuesta, se conversa y se socializa— y sus efectos electorales. Su conclusión: “La ultraderecha aumenta siempre que cierra un bar, pero el aumento se multiplica por tres en las zonas rurales”.

Su investigación se basa en el seguimiento de 18.000 cierres entre 2002 y 2022 en Francia y detectó que las zonas afectadas experimentaron incrementos de entre el 1,3% y el 3,6% en el voto a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Cuando el establecimiento reabre o surge uno nuevo en la zona, el fenómeno se revierte.

La clave, incide Subtil en Diari ARA, y coincide con Martínez y Mansilla, es la interacción social. “Lo que importa aquí no es lo que hace la gente, sino que lo hagan juntos”.

Rueda subraya que “el bar no es solo un espacio de expresión, sino un lugar de encuentro entre iguales y entre diferentes”. A su juicio, la desaparición progresiva de estos espacios erosiona una de las principales escuelas cotidianas de convivencia democrática.

Martínez refuerza este diagnóstico porque “los bares son uno de los principales espacios de cohesión social e intercambio intergeneracional e interprofesional”. Su desaparición no es neutra, porque reduce “los espacios informales de participación y convivencia”, aumentando “el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria”.

La tesis de Subtil también se cumplió en Reino Unido. Allí, la investigadora del London School of Economics, Diane Bolet, encontró patrones similares al analizar el cierre de pubs comunitarios entre 2013 y 2016.

Bolet sostiene que “cuando pubs, centros comunitarios, bibliotecas o bancos cierran, eso añade una sensación de declive local”. En su investigación, comprobó que cada cierre anual de un pub comunitario en determinados distritos incrementaba en torno a 4,3 puntos porcentuales el apoyo a UKIP, el partido pro-Brexit que lideraba Nigel Farage.

La investigadora aseguraba que la pérdida de estos lugares hacía a los votantes “más susceptibles a las narrativas de abandono que utiliza la extrema derecha y el populismo”.

Como explica, “lo que se pierde no es sólo un lugar físico, sino la sensación de que la propia herencia sociocultural está siendo abandonada” porque como asegura Subtil “pasas de hablar con todo el mundo a hablar solo con familia y amigos”.

Esta pérdida de espacios se traduce según Martínez en “percepciones de abandono, debilitamiento del tejido social y menor conexión entre las personas”. Eso aumenta la vulnerabilidad frente a discursos que transforman frustración económica o territorial en resentimiento político.

Rueda advierte de que el problema no es únicamente electoral, sino cultural: “Si se pierden los bares, ya perdidas las sedes de barrio de sindicatos, partidos o parroquias, la pregunta incómoda es clara: ¿dónde aprendemos qué es convivir?”.

El World Happiness Report 2025 refuerza esta idea: allí donde la confianza interpersonal es más débil, el apoyo a opciones populistas autoritarias tiende a ser mayor.

Rosi apunta algo que ya es una tendencia en las grandes ciudades: la desaparición de los “bares de toda la vida por cadenas de comida rápida, de gastrobares o de bares y restaurantes para turistas”. Esta sustitución por espacios de consumo estandarizado e impersonal evita el “murmullo crítico” como destaca Mansilla y contribuye al aumento del descontento social, explica Martínez, porque reduce “el sentimiento de pertenencia al territorio”.

Rueda señala que el cierre del bar tradicional y su sustitución por gastrobares o cafeterías de especialidad simboliza mucho más que una simple transformación económica. “La lucha por el barrio es la lucha por los espacios del barrio”, sostiene.

A su juicio, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esta transformación no sólo modifica el paisaje urbano, sino también quién puede habitarlo o participar en y de él. “Es un juego elitista y excluyente, trufado de deseabilidad social, donde comienza muchas veces el proceso de expulsión de un barrio o de una zona determinada”.

Esto provoca que fuerzas populistas reivindiquen los bares o los lugares de espacio común como símbolos de comunidad perdida, de un tiempo pasado mejor. 

Martínez subraya que cerrar bares no crea automáticamente votantes ultras, pero “una sociedad que pierde sistemáticamente sus lugares de encuentro intergeneracional e interprofesional corre el riesgo de volverse más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable”.

El Gobierno prepara la llegada a España de los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, mientras Sanidad insiste en que se garantizará tanto su atención médica como la protección de la salud pública, el Ministerio de Defensa asegura que la cuarentena no será obligatoria.

Fuentes del Ministerio de Sanidad subrayan confían en que "esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado medico posible” a su regreso y recalcan que, si fuera necesario, el Ejecutivo aplicará todas las medidas legales disponibles para proteger a la población. Estas declaraciones llegan después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmara que la cuarentena prevista en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, será voluntaria para los pasajeros que permanezcan asintomáticos dado que es una medida privativa de libertad, para la que firmarían un consentimiento informado, ha dicho la ministra.

El crucero, que partió desde Cabo Verde rumbo a Canarias, tiene previsto llegar este fin de semana al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Desde allí, los ciudadanos españoles serán trasladados en un avión militar medicalizado hasta la base de Torrejón de Ardoz previa evaluación médica en el puerto. De ahí, pasarán al Hospital Central de la Defensa donde serán, atendidos.

Es aquí donde radica el "conflicto" entre ministerios, ya que desde Defensa aseguran que los pasajeros no serán ingresados en la unidad de enfermedades infecciosas, sino alojados en habitaciones individuales bajo supervisión médica especializada, mientras que la ministra de Sanidad, aseguró este miércoles que serían trasladados a la unidad de aislamiento de alto nivel que el hospital posee.

Pese a esta desavenencia entre ambos ministerios, desde el Gobierno aseguran que trabajan de forma coordinada para garantizar que el operativo se desarrolle bajo estrictas medidas de seguridad, tanto para los afectados como para las tripulaciones y el personal sanitario.

Mientras tanto, dos de los pacientes evacuados con síntomas fueron trasladados a Países Bajos tras una compleja operación logística en Gran Canaria, donde tuvieron que cambiar de aeronave debido a problemas técnicos con el soporte eléctrico del paciente y restricciones de vuelo ya que el avión debía repostar en Marruecos, pero el país africano se negó, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto canario.

La llegada del barco también ha generado preocupación entre las fuerzas de seguridad desplegadas en Tenerife. La asociación profesional de guardias civiles, JUCIL, ha reclamado protocolos específicos de actuación y equipos de protección adecuados para los agentes que participen en el desembarco, ante el riesgo biológico que supone la operación.

También el Gobierno canario ha exigido al Ministerio de Sanidad garantías y protocolos "ciertos" para el personal sanitario y la población y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que arriben "muchos infectados".

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha señalado a los medios de comunicación que tiene más preocupación ahora que cuando comenzó la reunión de este miércoles por la tarde con representantes del Ministerio de Sanidad, al que se ha pedido información por escrito para un nuevo encuentro.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantiene sus críticas al Gobierno central por aceptar que el crucero sea atendido en las islas, defendiendo que los pasajeros podrían haber sido repatriados directamente desde Cabo Verde. Este jueves, Clavijo se reunirá en Madrid con los ministros de Sanidad y Política Territorial para coordinar la respuesta institucional ante una situación que sigue generando tensión entre administraciones.

La democracia mundial está de celebración (moderada). Tras casi una década en caída libre, con un leve repunte tras la pandemia, el Índice de Calidad Democrática (ICD) de The Economist ha subido dos centésimas, hasta 5,19 puntos sobre 10, después de que en 2024 marcase su mínimo histórico: 5,17.

La Unidad de Inteligencia de la revista económica rebaja, eso sí, el entusiasmo y califica este repunte como una “pausa frágil”. La serie histórica obliga a la prudencia porque el deterioro sigue siendo considerable, con  una caída de casi cuatro décimas en la última década.

“Lo que vemos no es una mejora estructural, sino un ajuste”, admiten desde The Economist. El medio atribuye el ligero repunte a dinámicas compensatorias entre regiones: cierta recuperación en América Latina, mayor movilización política en África y Asia, y un fortalecimiento puntual de consensos institucionales en algunos países occidentales. 

The Economist destaca, entre esas correcciones compensatorias, los casos de Canadá, que subió cinco puestos al registrar mayor participación electoral; Rumanía, que contribuyó a contener el avance de un candidato nacionalista; y Dinamarca, que reforzó su posición por su respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia.

Esta mejora a nivel mundial contrasta con la evolución de Estados Unidos. El “país de la libertad y la democracia” ha caído dos décimas, —de 7,85 a 7,65 puntos— por “los intentos de redibujar distritos electorales, el uso del Ejército y del ICE para sofocar protestas y las presiones sobre los medios de comunicación”, destaca The Economist. Todo ello apunta, indica la revista, a un deterioro de los derechos civiles.

Desde Egipto, Ahmed Abed, guía turístico, cuestiona en infoLibre el optimismo global: “Viendo cómo está todo Oriente Próximo, no entiendo que el índice mejore cuando hay varias guerras abiertas en el mundo”.

Mayra Martínez, profesora de Sociología de la Universidad Camilo José Cela, recuerda a este medio que cualquier medición de calidad democrática debe partir de una base más exigente que la simple estabilidad electoral. “La dimensión más básica y transversal, sin la cual las demás colapsan, es el Estado de Derecho”, y concreta, “que las leyes se apliquen por igual a gobernantes y gobernados, que exista independencia judicial y que estén garantizados los derechos fundamentales”.

Martínez insiste en que elecciones periódicas no bastan para garantizar una democracia sólida. “Sin pluralismo político o rendición de cuentas, una democracia puede derivar hacia formas delegativas o iliberales”, explica. En otras palabras, votar no es suficiente. La historia egipcia tras 2015 lo ejemplifica. “La Primavera Árabe consiguió echar a Mubarak, pero Al Sisi es mucho peor, más controlador. Votamos, pero las elecciones siempre han estado bajo la sombra del pucherazo”, resume Abed.

Freedom House, con sede en Washington, concluye en su informe Freedom in the World 2026 que la libertad global cayó por vigésimo año consecutivo. En 2025, 54 países empeoraron en derechos políticos o libertades civiles, frente a solo 35 que mejoraron.

El Instituto V-Dem (Varieties of Democracy), de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), dirigido por el politólogo Staffan I. Lindberg, describe un proceso de “autocratización” en el mundo y alerta del deterioro en democracias consolidadas. Su informe indica que la proporción de la población mundial que vive bajo autocracias ha pasado del 50% al 74%, mientras que quienes residen en democracias liberales han caído del 17% al 7%.

A esto se suma el estudio del Carnegie Endowment for Peace, firmado por Murat Somer y Jennifer McCoy, que habla sobre la reversión de un sistema deteriorado. El informe concluye que las recuperaciones democráticas sostenidas son excepcionales. “De 25 países que experimentaron retrocesos desde 1990, solo cuatro lograron recuperar sus niveles previos, y únicamente uno mantuvo esa mejora durante más de cinco años”, señalan.

Lindberg coincide con Somer y McCoy al afirmar que “los procesos de erosión democrática suelen ser graduales y acumulativos” y, por eso, más difíciles de revertir.

Estos datos contrastan con el ICD y, como apunta Martínez, podría ser debido a las diferentes metodologías, aunque todos tienen un rasgo común: “Se basan en evaluaciones de académicos y analistas, no en percepciones ciudadanas directas”. The Economist agrega variables institucionales, culturales y participativas; Freedom House prioriza libertades civiles; y V-Dem profundiza en diferentes dimensiones.

Ese sesgo institucional puede generar una desconexión entre datos y experiencia. “Un ciudadano puede vivir en una democracia con instituciones formalmente impecables y aun así sentir que el sistema no trabaja para él”, explica. “Si no puede acceder a una vivienda digna, a una sanidad o educación de calidad, o si percibe que la ley no se aplica igual a poderosos y ciudadanos corrientes, aparece una distancia entre democracia formal y democracia vivida”.

La experiencia de Jaseem Aldhaen, manager de Product Coordination para Europa, África y Oriente Medio en Kuwait Finance House, describe el sesgo del que habla Martínez: aunque Kuwait está en la posición 130 del ránking ICD, él no tiene tal percepción “por mi trabajo o mi posición social”.

“No estamos en conflicto como muchos países de la zona, votamos en elecciones democráticas, las mujeres pueden votar, somos la democracia más liberal de todas las de la región, vivimos bien y con seguridad...”. Las palabras de Aldhaen reflejan el sesgo que señala la socióloga, pese a que el Parlamento kuwaití ha sido disuelto hasta cuatro veces en cuatro años por el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Esos enfrentamientos, añade Martínez, alimentan directamente la desafección política y el auge de los populismos, pero matiza que no son causa principal del deterioro democrático, sino síntoma.

En paralelo, un análisis sobre el papel del periodismo y la democracia de Jeroen van den Bergh y Pablo Núñez Yebra apunta a otra dimensión crítica: el deterioro del espacio público informativo. Cuando la confrontación sustituye al contraste factual y la equidistancia se impone sobre la verificación, el debate democrático pierde uno de sus pilares esenciales. Otro síntoma que afecta a la calidad democrática.

La consecuencia es “una ciudadanía peor informada, más desconfiada y más vulnerable a la desinformación”, señalan estos investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La filósofa Elvira Durán Costell añade una dimensión estructural a este diagnóstico. La crisis democrática no se explica únicamente por fallos institucionales, sino también por transformaciones sociales de largo alcance: profesionalización de la política, desconexión entre élites y ciudadanía, y debilitamiento de la participación cívica.

“La democracia se resiente cuando deja de ser un proyecto compartido y se convierte en un ámbito gestionado por minorías especializadas”, sostiene. En este contexto, fenómenos como el 15M o la Primavera Árabe aparecen como intentos de reactivar la implicación ciudadana, pero con efectos limitados si no se traducen en cambios estructurales.

Martínez introduce aquí una dimensión menos habitual en los grandes rankings, pero decisiva para entender la calidad democrática contemporánea: la igualdad política real. “Esta igualdad difícilmente puede materializarse sin un mínimo de igualdad económica”, afirma. “Cuando la riqueza se concentra, el poder político tiende a concentrarse con ella”.

El juicio tecnológico del momento y, tal vez, el que marque el devenir de la inteligencia artificial comenzó esta semana en Oakland, con jurado popular y con el morbo, para muchos, de ver a los que fueron amigos —Elon Musk y Sam Altman— enfrentarse por una ingente cantidad de dinero. 

El fundador de Tesla reclama a OpenAI 130.000 millones de dólares por fraude y daños después de haber donado “como un idiota” —así se ha definido— 38 millones de dólares a la organización que, por aquel momento, se presentaba como una entidad sin ánimo de lucro. “Un laboratorio abierto, transparente y orientado al bien común”, decían de la matriz de ChatGPT a la que Musk acusa de traición y a la cúpula de la compañía de haber “saqueado una obra caritativa” y transformado ese proyecto altruista en una empresa que vale más de 800.000 millones de dólares.

El juicio, pese a ser tan mediático, ha sido asignado de manera aleatoria a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien tiene su sede en el tribunal federal Ronald V. Dellums en Oakland. 

La ciudad, con mucho menos glamour, que su vecina San Francisco, será, durante un mes, el centro de las miradas, por allí pasarán Elon Musk, Sam Altman y otros expertos en IA como Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, o varios ex OpenAI como Shivon Zilis que, además, es madre de cuatro de los hijos de Elon Musk. 

Corría el año 2015 cuando un joven Sam Altman se reunía con Elon Musk convencidos de que podrían crear una inteligencia artificial generativa que podía cambiar el mundo, una especie de ‘Proyecto Manhattan’ de la IA. La idea que ambos tenían era “crear un laboratorio abierto, sin ánimo de lucro”, que sirviera de contrapeso a los gigantes de Silicon Valley como Google.

A Musk le interesó el proyecto y puso el dinero —esos 38 millones, según su defensa— y Altman asumió el liderazgo operativo y la imagen pública del proyecto. La promesa, tal como lo ha resumido Musk ante el jurado, era sencilla: nada de accionistas, nada de enriquecerse, todo “por el bien de la humanidad”. 

Pero la realidad ha sido muy distinta. A medida que OpenAI fue creciendo y ganando fama con su ya ‘archiconocido’ ChatGPT, ha ido incorporando una estructura comercial con la entrada de inversores privados hasta el desembarco de Microsoft como parte del accionariado. Ahí todo cambió. 

La intención de salir a Bolsa por parte de OpenAI ha desatado la ira de Musk que ha visto cómo el proyecto que él abandonó en 2018 ha ido creciendo. Para el magnate y amigo de Donald Trump, su papel en la compañía durante esos años, hace ya una década, era financiar una especie de “hospital público” de la IA y sus antiguos socios lo han convertido en una clínica privada de lujo.

Musk, convertido en el adalid de la beneficencia, reclama a los fundadores de OpenAI los 130.000 millones de dólares por “enriquecimiento injusto” y asegura que ese dinero lo reinvertirá en la rama no lucrativa de la compañía. 

Además, el fundador de Tesla y exconsejero del Gobierno estadounidense pide que Sam Altman y Greg Brockman abandonen la dirección de OpenAI y se revierta el giro empresarial de la compañía para volver a los orígenes de su fundación: un laboratorio tecnológico abierto. Musk intenta que su queja vaya más allá del ‘me traicionaron a mí’ hasta el ‘han traicionado a la humanidad’.

La pregunta de fondo es si un donante puede obligar a una organización a retroceder una década en su historia. Y ahí es donde los juristas empiezan a enfriar esa posibilidad y el origen de toda esta batalla entre quienes un día fueron amigos. 

Especialistas en Derecho de fundaciones consultados por Politico recuerdan que, en general, cuando alguien dona dinero a una entidad sin ánimo de lucro deja de tener control sobre ese dinero: si años después no le gusta el rumbo que ha tomado, su opción suele ser dejar de donar, no exigir en los tribunales que cambie de rumbo. 

Musk alega que OpenAI le engañó y lo que entregó fue un cheque firmado bajo promesas concretas que se han incumplido. Una de las pruebas que ha aportado el también dueño de X es el diario de Greg Brockman en el que ya en 2017 se valoraba “librarnos de Elon” y conseguir “1.000 millones de dólares”.  

La parte acusada, OpenAI, alega que todo esto que presenta Musk es una “lectura interesada” y que la compañía sigue teniendo una parte sin ánimo de lucro dentro de la estructura empresarial. Además, los abogados de la defensa aseguran que nunca prometieron a Musk, ni a ningún otro donante, que no habría una estructura con ánimo de lucro y que él mismo, en correos internos, alentó la idea de atraer capital externo.

Además, la compañía que preside Altman insiste en la demanda de Musk responde a una venganza porque quiso controlar OpenAI, se marchó cuando vio que no pudo, montó otra empresa competidora, xAI, y, ahora, quiere deshacer lo conseguido por su rival para intentar comprar una parte de la empresa a la que en su día financió.

Los abogados de Musk intentan dibujarle como un donante ingenuo pero con buenas intenciones, preocupado por la seguridad de la IA y sorprendido al descubrir que la gran obra benéfica que sufragó se convertía en una máquina de hacer dinero. 

La defensa insiste en que Musk es un hombre dolido, pero sus declaraciones mostraron su megalomanía. Pese a autodenominarse “idiota” por la donación, insistió en que “sin mí, OpenAI no existiría” y que la fama y reputación de la compañía fueron en parte gracias a él.

En el otro lado, OpenAI que intenta demostrar ante las nueves personas del jurado que Musk no es de fiar, que creó su propia compañía de IA, xAI, y que la desaparición o regresión de la de Altman provocaría un vacío de mercado que llenaría la compañía del exconsejero de Trump y que su ego ha provocado más de una crisis en sus empresas.

Fuera de la sala de la jueza Gonzalez, organizaciones y analistas señalan que, en un país donde el Congreso se mueve con mucha lentitud ante los avances en IA, estos juicios civiles se han convertido, de facto, en una de las pocas vías para obligar a estas empresas a abrir sus correos, sus informes internos y sus decisiones estratégicas al escrutinio público.

En cualquier caso, el jurado tendrá que decidir si la historia que mejor encaja con las pruebas es la de un donante engañado por una élite codiciosa o la de un empresario que no acepta haber perdido la carrera por dominar la inteligencia artificial, como defiende OpenAI.

“Tal y como están las cosas, no creo que vaya a tener jubilación” o “la idea es ir poco a poco hasta poder irme de viaje un par de meses a Australia”. Estas dos opiniones son de Daniela y de Javier, dos jóvenes de 22 años que, preocupados por su futuro, han empezado a invertir en bolsa o en carteras automatizadas.  

“Ya de comprar piso ni hablamos”, cuenta Antonio, un joven que vive con sus padres y trabaja en una fábrica en Madrid, porque para poder acceder a la compra se requieren, según ese informe, unos 14 años de sueldo íntegro. 

El informe de la plataforma digital de inversión eToro, Gestión de la riqueza, patrimonio e inversión 2025, confirma que los inversores de entre 18 y 24 años se han duplicado en los últimos dos años y se acercan al 20% del total, una cifra considerable si se tiene en cuenta que este grupo poblacional representa al 8,5% de los adultos en España.

Hay datos que hacen posible entender este momento inversor entre la Generación Z –aquellos nacidos entre 1996 y 2010–. De acuerdo con el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, cerca del 85% de los menores de 30 años sigue viviendo con sus padres, mientras que el Informe España 2025 señala que alquilar una vivienda en solitario consume cerca del 92% del salario juvenil.

En este contexto, cada vez más jóvenes recurren a la inversión. Empujados por influencers de todo tipo (incluidos los llamados finfluencers) y por la descarga de adrenalina, han ido pasando del ‘day trading’ –compra-venta de acciones en tiempo real y en el día–, a la inversión a largo plazo. 

Según un informe de Fidelity International, la franja de 18-35 años espera unos retornos a corto plazo del 5,1% y a largo, del 6,7%. El estudio apunta además a que este grupo presenta una mayor tolerancia al riesgo, que tiende a reducirse con la edad.

Patricia García, directora del Máster en Finanzas de ESIC Business & Marketing School e Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento para el sur de Europa y Latinoamérica de Revolut destacan para infoLibre otro factor clave y es que la tecnología ha transformado la inversión, “la Generación Z la lleva en el ADN”. 

García, que ve a cientos de jóvenes pasar por las aulas cada año, cree que tienen la sensación de que el ahorro de toda la vida no funciona, porque “han crecido escuchando dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y durante años han visto depósitos con rentabilidades muy bajas, a menudo por debajo de la inflación”, asegura.

Lo que están viendo expertos y entidades es que esta generación invierte para “intentar que sus ahorros no pierdan poder adquisitivo”. Zunzunegui, además, habla de la ‘democratización de la inversión’ porque ahora se puede invertir desde un euro, y “lo que para generaciones anteriores era un terreno opaco, exclusivo de grandes patrimonios o que generaba cierto temor, hoy es una herramienta cotidiana”.

Esa sensación también la tiene Lucía Álvarez, estudiante de Economía, que se inició en el mundo de las finanzas y la Bolsa gracias a su padre. Con 21 años, esta joven, representante de la Generación Z cuenta en el documental de Arte.tv ‘Generación Z y la Bolsa’ que “ahora mismo no entra en mi visión ni un coche ni una Vespa”, pese a que muchos influencers “prometen hacerte rico en dos días con el ‘day trading’”, eso no sucede. Buena cuenta de ello da Pablo que “hasta hace dos días no he podido comprarme una casa, pese a estar algunos años jugando con el corto”. 

Porque, como recuerdan desde ESIC, la exposición y acceso a información financiera, no garantiza un mayor conocimiento. Zunzunegui desde Revolut es claro: “Tener la información a un clic no siempre se traduce automáticamente en un conocimiento profundo”.

Sarah Pritchard, directora ejecutiva de mercados de la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido, trata de alertar a los jóvenes inversores novatos a través de ‘sus lenguajes’ como Instagram y TikTok de los riesgos de las inversiones.

Pritchard contó en el programa de radio Business Daily de la BBC su preocupación porque "nuestras investigaciones muestran que las personas de entre 18 y 40 años tienen el doble de probabilidad de invertir en inversiones de alto riesgo, pero cuando indagas sobre su tolerancia para el riesgo es, de hecho, baja", señaló.

Pablo, que no quiere desvelar su trabajo actual, ya ha pasado la treintena pero empezó a trabajar a los 22. Hasta hace pocos meses vivía con sus padres y “todo el dinero que ganaba lo invertía en cuentas remuneradas”. 

Comenzó a trabajar como becario en una consultora de las llamadas ‘big four’ y terminó en un banco. Ahora, “aprovechando los productos del banco, los compañeros y la información que manejamos tengo más diversificados todos mis ahorros” y me puedo permitir “fondos indexados, roboadvisor o acciones”, pero “siempre a largo plazo, antes me encantaba el corto, lo sentía como un juego”. 

La Encuesta de Competencias Financieras que elabora el Banco de España cada cinco años muestra que sólo un 19% de los adultos responde correctamente a las tres preguntas financieras básicas que tienen que ver con la inflación, el interés compuesto y la diversificación del riesgo. Esto muestra que hay mucho margen de mejora”, asegura Patricia Stupariu, economista en la División de Educación Financiera del Banco de España.

Y Martins Sulte, CEO de Mintos, una plataforma de inversión con sede en Letonia, insiste en que “la educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente” porque existe “una necesidad clara de formación en conceptos básicos como riesgo, rentabilidad, liquidez, diversificación o horizonte temporal”. 

Según las investigaciones del FCA, muchos jóvenes empiezan a realizar inversiones de riesgo como forma de competir con amigos o familiares, o motivados por lo que ven en redes sociales. 

Esto convierte la inversión en un juego y, por tanto, en un peligro cuando se confunde con entretenimiento porque, como recuerda García, “cuando el objetivo es la adrenalina, la probabilidad de tomar malas decisiones aumenta”

Este auge de inversiones ha puesto en alerta a expertos y autoridades que temen que este creciente interés, unido a la especulación financiera, pueda provocar una crisis, como la llamada "burbuja de las puntocom", cuando se derrumbó el índice bursátil Nasdaq, hace dos décadas.

Muchos de estos nuevos inversores tienden a ignorar las estrategias tradicionales, y apuestan por acciones de empresas tecnológicas y de internet, aupadas por los avances en inteligencia artificial o por gustos personales. 

Lesley-Ann Morgan dirigió un estudio global que analizó las tendencias de inversión en más de 20 países para la inversora Schroders Wealth Manahement.

En ese estudio se pregunta qué hay que hacer si los jóvenes, pese a vivir con sus padres, están dispuestos a soportar una caída del 20%, 30% o 40%, como es el caso de las criptomonedas.

Y García alerta del peligro porque desde ESIC y otras entidades financieras “vemos interés por la cripto, por su narrativa tecnológica y por su potencial, pero conviene recordarlo: sigue siendo un activo de alta volatilidad y debería ocupar, si acaso, un porcentaje pequeño dentro de una cartera diversificada”. 

Las cripto se han convertido en una de las inversiones más atractivas para los nacidos entre 1996 y 2010, por su alta volatilidad y por la adrenalina que les provoca “jugar” con un producto tan cortoplacista. Se necesita más conocimiento sobre este activo como recuerdan desde Revolut, que ofrecen cursos teóricos para temáticas concretas como cripto o fraude.

Y otra pregunta interesante, es de dónde sale el dinero: "Si es dinero que necesitas para pagar la renta, por ejemplo, y lo estás usando para lo que, en esencia, es una apuesta, eso es un problema", dice Morgan.

En el Foro Mundial de Davos ya se advirtió del auge de los jóvenes que comienzan a invertir incluso antes de incorporarse al mercado laboral. Según explicaban expertos internacionales, esto está impulsado por la democratización tecnológica, la creciente educación financiera y las redes sociales. Desde Suiza subrayan que el 36% de la generación Z inicia sus inversiones antes de trabajar, una cifra muy superior a la registrada por generaciones anteriores y que ilustra un cambio profundo en la relación de los jóvenes con el dinero y el riesgo.

Sulte plantea los problemas de la Generación Z: “Hablamos de gente joven que entiende cómo el ahorro tradicional pierde valor con la inflación, cómo la vivienda se ha alejado de su alcance y cómo depender solo de un salario ya no garantiza estabilidad financiera”.

Por lo que ahora, los jóvenes buscan opciones para reunir capital y afrontar grandes gastos, como la compra de una vivienda, un vehículo, estudios o viajes.

En la actualidad, esta generación –que es netamente tecnológica– tiene una relación mucho más natural con las plataformas digitales, los comparadores y la información financiera online, “accede con facilidad a productos que antes resultaban más complejos o menos accesibles”, recuerda Sulte.

Y es que hace una década el panorama era diferente porque como explican desde Revolut, “invertir o buscar rentabilidad para los ahorros requería pasar por la sucursal, firmar papeleo interminable y someterse a unas comisiones que, en muchos casos, penalizaban al cliente medio” y ahora desde la llegada de las fintech “cualquiera puede empezar a rentabilizar su dinero o comprar acciones con dos clics desde su propio teléfono móvil y de forma totalmente transparente”. 

García se atreve con una recomendación para los jóvenes “lo más razonable suele ser construir una base a largo plazo con fondos o ETF indexados de renta variable global (por ejemplo, índices amplios), mediante aportaciones periódicas y con comisiones bajas. Eso permite aprovechar el tiempo y el interés compuesto. A partir de ahí, si hay afición y formación, se puede destinar una parte minoritaria a estrategias más tácticas o temáticas”. 

Donald Trump ha anunciado este viernes la extensión durante tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano, pero la dinámica militar sobre el terreno no parece acompañar a las palabras del presidente estadounidense después de que ambos países intercambiasen ataques tras el anuncio. Irán, por su parte, sigue esperando al fin del bloqueo naval para sentarse en las negociaciones de Islamabad, mientras Estados Unidos refuerza su despliegue militar en la región con un portaaviones más.

La tregua entre Israel y Líbano se inició el pasado 16 de abril, tras una reunión en la Casa Blanca con los embajadores Yechiel Leiter y Nada Hamadeh. En su red Truth Social, el presidente estadounidense, celebró que “la reunión fue un gran éxito” y afirmó que Estados Unidos trabajará con el Líbano “para ayudarlo a protegerse de Hezbolá”, al tiempo que expresaba su deseo de recibir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

La reunión en el Despacho Oval ha juntado a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, con el vicepresidente JD Vance, el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, y el embajador estadounidense en Líbano, Michel Issa, según detalló Axios y Jerusalem Post.

Pese al anuncio de Trump de este viernes, pocas horas después de esta ampliación de la tregua, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron de ataques contra lanzacohetes en el sur del Líbano que, según su versión, habían disparado o estaban a punto de disparar contra la localidad fronteriza israelí de Shtula. El Ejército israelí no precisó si esos ataques se produjeron antes o después de la entrada en vigor de la tregua, pero los presentó como respuestas a “amenazas” que “representaban un peligro para los soldados de las FDI y el Estado de Israel”.

La ofensiva israelí en territorio libanés comenzó el 2 de marzo, en el marco de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, y ha dejado más de 2.300 muertos y alrededor de un millón de desplazados en siete semanas, según datos oficiales libaneses. Hizbulá, aliado de Teherán y autor de la mayoría de los ataques con cohetes desde el Líbano contra Israel, no forma parte de las conversaciones de paz patrocinadas por Washington.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, se encargó de enfriar el entusiasmo sobre la tregua al advertir en una entrevista con CNN que el alto el fuego “no es del 100%”. Argumentó que el Gobierno libanés “no tiene control sobre Hezbolá” y que la milicia chií sigue lanzando cohetes “para intentar sabotear el alto el fuego”, lo que a su juicio obliga a Israel a responder cada vez que identifica una amenaza.

“Es una situación significativamente mejor. No es perfecta, pero espero que el Ejército libanés sea capaz de implementar y hacer cumplir este alto el fuego”, añadió Danon, trasladando la presión a Líbano y reconociendo que el acuerdo sigue siendo frágil.

En paralelo, el Gobierno libanés insiste en rechazar que Irán negocie en su nombre en los contactos que mantiene con EEUU en Islamabad y pide un diálogo directo con Israel en el marco de estas conversaciones, una vía que Hezbolá rechaza.

Tras el anuncio en Truth Social, Trump compareció en el Despacho Oval y fue preguntado por la posibilidad de un acuerdo de paz duradero entre Israel y el Líbano. “Existe una gran posibilidad”, se limitó a responder, antes de subrayar que “Israel debe defenderse” pero que lo hará “con cuidado y quirúrgicamente”, en línea con el discurso de apoyo firme a la seguridad israelí combinado con apelaciones a la contención.

Trump, una vez más, ha presentado la extensión de la tregua como fruto directo de su mediación y como un éxito, algo que reforzó el secretario de Estado, Marco Rubio, al asegurar que la intervención de la Casa Blanca “hizo posible” este nuevo alto el fuego y mostrarse optimista respecto a la perspectiva de una paz duradera.

Pero los mensajes de Trump sobre el conflicto en Oriente Medio nunca han sido concretos. El conflicto en Irán, según el presidente, iba a durar un mes, pero la guerra con la República Islámica se acerca ya a las ocho semanas, primero fueron bombardeos y, ahora, es un bloqueo naval que también afecta a la tregua.

Trump ya ha dicho en reiteradas ocasiones que ahora "no hay presión" para poner fin al conflicto porque EEUU ya ha destruido todos los objetivos militares iraníes y acusa a Teherán de paralizar las conversaciones debido a que "no hay con quien tratar" dentro del gobierno iraní.

El Washington Post informa de la llegada del tercer portaaviones estadounidense, el USS George H.W. Bush,--se une al USS Gerald R. Ford y al USS Abraham Lincoln– y los buques de guerra que lo escoltan a aguas cercanas a Irán, lo que contrasta con el papel mediador que quiere tener el presidente en la región.

La segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán prevista en Islamabad para esta semana sigue sin fecha confirmada, en buena medida por la negativa iraní a acudir mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval sobre sus puertos y su navegación comercial.

El canal saudí Al Arabiya, citando fuentes diplomáticas pakistaníes, habla de un “verdadero estancamiento” y admite que “el progreso es débil”, aunque Islamabad insiste en que no contempla cancelar las conversaciones y seguirá intentando convencer a Irán para que se siente en la mesa.