En un momento en el que el uso del espacio público se ha convertido también en un terreno de disputa, resulta especialmente pertinente la mirada de M.ª Mercedes Pereira Rubio (La Guaira, Venezuela, 1996), investigadora predoctoral en la Universidad de Almería especializada en convivencia multicultural y cohesión social. Como ella misma señala, “cada decisión sobre cómo utilizar una plaza, una calle o una acera implica elegir qué actividades se favorecen o no, quién o quiénes pueden permanecer en esos espacios y quién acaba siendo desplazado de ellos”

Plazas y bares han funcionado históricamente como espacios de encuentro informal. ¿Qué papel juegan hoy como lugares de socialización en las ciudades? ¿Y en los pueblos?

Las plazas y los bares han sido históricamente los espacios por excelencia de socialización informal en nuestras ciudades y pueblos. Son lugares en los que se construyen relaciones de confianza, se generan sentimientos de pertenencia y se tejen redes comunitarias fundamentales para prevenir el aislamiento y la soledad. Sin embargo, en las últimas décadas asistimos a transformaciones muy profundas que están afectando a esta función social. Por un lado, el espacio público se ha ido regulando y mercantilizando cada vez más. Muchas plazas han dejado de concebirse como lugares de ocio, encuentro y convivencia espontánea para convertirse en espacios más controlados, donde encontramos prohibiciones constantes y una reducción progresiva de las actividades cotidianas que tradicionalmente les daban vida como las prohibiciones de jugar con la pelota, de pasear el perro o peticiones de silencio. Cuando los niños tienen cada vez menos posibilidades de jugar en la calle o cuando algunos usos vecinales se perciben como problemas, estamos limitando una parte fundamental de la vida urbana: la cotidianeidad del habitar. A esta situación se suma el impacto de procesos como la gentrificación y la turistificación. Muchos barrios han perdido a vecinos y vecinas con más de treinta años de antigüedad y han visto desaparecer parte de su comercio tradicional y de sus espacios de encuentro. Cuando los vecinos que han construido la memoria colectiva de un lugar son desplazados, no solo se pierde la población, también desaparecen los vínculos afectivos, las relaciones de ayuda mutua y formas de convivencia y vecindad que tardaron décadas en consolidarse. Creo que también es importante diferenciar entre pueblos y ciudades. No necesariamente porque en los pueblos exista hoy una vida social más intensa, ya que, al fin y al cabo, el uso constante de los móviles y la realidad paralela en redes sociales han transformado las formas de relacionarnos en todos los territorios. Sin embargo, sí es cierto que muchos pueblos conservan una estructura urbana que puede favorecer un poco más el encuentro cotidiano y a la proximidad vecinal.

Se habla del bar como “tercer lugar” y de la plaza como espacio público por excelencia. Si estos espacios se transforman o pierden accesibilidad, ¿qué tipo de ciudad tendremos? 

Si estos lugares pierden su accesibilidad o desaparecen, pienso que avanzaremos hacia ciudades cada vez más fragmentadas social y espacialmente. Tendremos barrios donde las personas comparten espacio físico, pero apenas mantienen relaciones entre sí; ciudades donde el encuentro espontáneo será sustituido por experiencias planificadas y medidas por su capacidad de consumo. Pienso que esta es la dirección hacia la que nos empuja la lógica urbana neoliberal. Una ciudad orientada a la rentabilidad económica del suelo y del espacio público, donde los lugares de convivencia se transforman en espacios de consumo y donde el derecho a estar acaba subordinado a la capacidad de gasto o compra. El riesgo es construir ciudades de élites, accesible para unos pocos, mientras que las rentas más bajas son progresivamente desplazadas e invisibilizadas. Cuando esto ocurre aparecen los “barrios vacíos”, espacios que pueden estar físicamente llenos de edificios, turistas o actividad económica, pero carecen de vida comunitaria. Se debilitan las relaciones vecinales, desaparecen los comercios de proximidad, los restaurantes y bares tradicionales, se pierde la memoria colectiva y la ciudad deja de funcionar como un lugar de encuentro para convertirse en un escenario de tránsito para el consumo, en la acepción más amplia del término.

Cuando desaparecen estos espacios comunes o se vuelven excluyentes, ¿dónde se reconfiguran hoy las relaciones sociales? ¿Hay alternativas reales o se empobrece el tejido comunitario?

Cuando esto ocurre, pienso que las relaciones sociales no desaparecen, sino que se transforman: se privatizan, se digitalizan y, en cierta medida, se empobrecen. Por un lado, una parte importante de ellas se ha desplazado a los entornos digitales: las redes sociales como Instagram, Facebook, X o Tiktok; plataformas de streaming, comunidades virtuales en YouTube o espacios vinculados al metaverso. Aunque estas herramientas facilitan la comunicación y permiten mantener contacto y vínculos a distancia, difícilmente pueden sustituir la riqueza de los encuentros presenciales y de esas pequeñas acciones cotidianas que favorecen la construcción de vínculos sólidos y comunes hacia un mismo espacio compartido. Por otro lado, muchas interacciones sociales se han trasladado a espacios privados ligados al consumo como las grandes franquicias o los centros comerciales, como he mencionado. Para mí, el problema es que estos espacios funcionan bajo una lógica distinta a la del espacio público, puesto que el acceso, la permanencia e incluso la experiencia que ofrecen están condicionados en mayor o en menor medida por la capacidad de consumir. 

Cuando las relaciones sociales dejan de construirse en espacios abiertos, accesibles y diversos asistimos al empobrecimiento progresivo del tejido comunitario. Se debilitan las relaciones de proximidad, la “familiaridad pública”, es decir el reconocimiento mutuo cotidiano que se concreta en saludos puntuales “Hola/Buenos días o Adiós vecino/vecina”, que por más superfluo que pueda parecer, contribuyen a mantener y a generar sentimientos de pertenencia y confianza entre quienes comparten mismo espacio. 

Creo que las alternativas más reales pasan por mantenernos vinculados a nuestros barrios, desarrollar mayor conciencia espacial y reapropiarnos colectivamente de los lugares que habitamos. No me refiero únicamente a los espacios diseñados per se para ello, sino también a otros lugares que pueden convertirse en un punto de encuentro: cualquier acera, los portales, intersecciones, callejones sin salida, calles poco transitadas...

¿Hay nuevos “terceros lugares”? Al hilo de esto, ¿Internet o las redes sociales son ese nuevo tercer lugar? 

Sí, aunque me parece importante hacer una pequeña diferenciación conceptual. Cuando hablamos de "tercer lugar" aludimos al término que propuso el sociólogo urbano Ray Oldenburg. Para él, los terceros lugares son aquellos espacios, donde las personas se encuentran de manera informal y construyen vínculos sociales. Tradicionalmente, los bares, cafeterías, plazas, bibliotecas o centros comunitarios han desempeñado esa función. No obstante, desde la geografía encontramos una visión diferente en la obra de Edward Soja, quien desarrolla el concepto de Thirdspace o "tercer espacio". Soja no se refiere únicamente a un lugar físico de encuentro, sino al espacio vivido, aquel que combina lo material y lo simbólico, las experiencias cotidianas, las emociones, las identidades y las relaciones de poder que atraviesan un territorio. En este sentido, el tercer espacio va mucho más allá de un bar o una plaza, porque incluye la manera en que las personas experimentan y dotan de significado a los lugares.

Respecto a internet y las redes sociales, creo que pueden entenderse parcialmente como nuevos terceros lugares en el sentido planteado por Oldenburg. Son espacios donde las personas socializan, crean comunidades, comparten intereses y establecen relaciones que, en algunos casos, llegan a ser muy significativas. Sin embargo, también presentan características que los diferencian profundamente de los espacios presenciales. En las redes sociales las formas de interacción, de reconocimiento, de conflicto e incluso de ejercicio del poder funcionan de manera distinta a las relaciones cara a cara. El anonimato, la viralidad, la sobreexposición o el poder de los algoritmos condicionan la manera en que nos relacionamos. Por eso, más que considerarlas una sustitución de los terceros lugares tradicionales, yo me inclinaría por pensar que estamos ante una nueva categoría de espacios de socialización, una especie de "cuarto lugar" híbrido entre lo físico y lo digital. No obstante, pienso que las redes sociales pueden ampliar nuestras posibilidades de relación, pero difícilmente pueden reemplazar aquello que ocurre cuando compartimos una plaza, una calle o un bar. La ciudad sigue necesitando de espacios donde los cuerpos, y no solo las pantallas, puedan encontrarse.

¿Hasta qué punto procesos como la gentrificación o el turismo están homogeneizando estos espacios y cambiando quién los habita y cómo se usan? ¿Qué papel juega la aparición de ‘gastrotabernas’ o ‘gastrobares’ frente al bar tradicional?

Ya no es un secreto que la gentrificación y la turistificación están transformando profundamente los espacios de encuentro tradicionales. Como he mencionado anteriormente, muchos centros urbanos están experimentando lo que algunos expertos denominan barrios vacíos: espacios que mantienen una intensa actividad económica y una gran afluencia de visitantes, pero donde cada vez viven menos residentes permanentes. En estos procesos, el aumento del precio de la vivienda y de los alquileres comerciales provoca la desaparición progresiva de negocios históricos, comercios de proximidad y espacios de sociabilidad vinculados a la vida cotidiana del barrio. En su lugar aparecen establecimientos orientados a nuevos perfiles de consumidores, turistas o residentes con mayor capacidad adquisitiva. El resultado es una progresiva homogeneización del paisaje urbano: da igual que estemos en Málaga, Sevilla o Lisboa, porque comenzamos a encontrar las mismas franquicias, los mismos conceptos gastronómicos y una oferta cada vez más estandarizada. Hace unos meses escuché el pódcast "No es turismofobia, es urbanofilia" del periódico El País, y me pareció una expresión muy acertada. Creo que resume bien lo que está ocurriendo en muchas ciudades. No se trata de rechazar el turismo en sí, sino de defender el derecho de los vecinos a seguir habitando y construyendo comunidad en sus barrios

En esta línea, la aparición de estas nuevas experiencias gastronómicas puede interpretarse como un síntoma de transformación urbana. No creo que el problema sea la innovación gastronómica en sí, más bien es el hecho de que, en muchos casos, estos modelos sustituyen a establecimientos que cumplían una función social además de comercial. El bar tradicional no era únicamente un negocio; era un lugar de encuentro intergeneracional donde se construían relaciones vecinales, se intercambiaba información y se fortalecían los vínculos comunitarios. Cuando estos espacios tradicionales desaparecen, cambia tanto la oferta de restauración como quienes pueden acceder a ellos. Los precios suelen aumentar, el público se vuelve más homogéneo y la actividad cotidiana del barrio tiende a orientarse más hacia el visitante que hacia el residente. La ciudad deja de ser un espacio para vivir y convivir y se convierte en un producto para consumir. Y cuando esto ocurre, perdemos parte de la identidad colectiva, de la memoria del lugar y de las relaciones sociales que dan vida a nuestros barrios.

La expansión de terrazas y la ocupación del espacio público, ¿responde más a decisiones políticas, a presión económica o a una falta de modelo de ciudad? ¿Dónde debería estar el límite?

Pienso que es una mezcla. El espacio público nunca es neutral. Como decía Max Weber que “si nada es política, entonces todo es política”. Cada decisión sobre cómo utilizar una plaza, una calle o una acera implica elegir qué actividades se favorecen o no, quién o quiénes pueden permanecer en esos espacios y quién acaba siendo desplazado de ellos. Las terrazas forman parte de nuestra cultura urbana y pueden contribuir a dinamizar el espacio público y favorecer la vida en la calle, además obviamente de generar actividad económica. El problema aparece, para mí, cuando esta lógica económica se convierte en el único criterio para gestionar la ciudad y el espacio común se privatiza. Cuando caminar por una acera o por una plaza se vuelve misión imposible 2.0 debido a la expansión de las terrazas, estamos ante un conflicto de usos que debe ser abordado desde una perspectiva integral. El espacio público debe ser un lugar de encuentro accesible para todas las personas, con independencia de lo que consuman o no. Para mí, el límite debe estar en el bienestar colectivo, en la calidad urbana y en la garantía de derechos. Así como defendemos el derecho a una vivienda digna, debemos defender igualmente el derecho a habitar barrios dignos, a disfrutar del espacio público y a desarrollar nuestra vida cotidiana en condiciones de igualdad. Las ciudades no pueden diseñarse únicamente para quienes invierten o consumen en ellas, deben pensarse, ante todo, para quienes las habitamos.

¿Qué papel juegan factores como la precariedad, los horarios laborales o el precio del ocio en esta transformación de los espacios comunes?

Un papel fundamental, como he ido señalando. La precariedad laboral, la incertidumbre económica o la dificultad de llegar a una conciliación real reducen significativamente el tiempo disponible para invertir en la vida social. Las personas que trabajan jornadas de 8 y hasta 10 horas llegan a casas agotadas, después de una jornada de productividad... ¿Qué tiempo les queda para disfrutar del espacio público? Muy poco. 

Por otro lado, junto a esto, otro gran condicionante es el encarecimiento del ocio. Actividades que forman parte de nuestra cotidianeidad, como salir a tomar algo, ir al cine o tapear, suponen hoy un gasto considerable para muchas familias. Como consecuencia, la socialización comienza a estar cada vez más condicionada por la capacidad económica de cada persona. Desde mi punto de vista, este es uno de los grandes riesgos de las ciudades contemporáneas: que el encuentro social se convierta en un privilegio en lugar de ser una práctica cotidiana accesible para todos. Cuando el ocio se mercantiliza y el tiempo libre escasea, los espacios de convivencia pierden protagonismo y se debilitan los vínculos comunitarios. Por eso creo que la defensa del espacio público es también una cuestión de justicia social, ya que hablar de convivencia urbana requiere hablar de derecho al tiempo. De nada nos sirve tener espacios de encuentro si las personas no tienen tiempo, estabilidad y recursos para poder habitarlos. 

¿Se está perdiendo la mezcla social (de edades, clases o perfiles) que tradicionalmente se daba en plazas y bares? ¿Qué consecuencias tiene eso para la vida urbana?

Por supuesto. Se está produciendo una homogenización del territorio. Históricamente, las plazas, mercados de abastos o los bares han sido algunos de los pocos espacios donde personas de diferentes edades, clases sociales y trayectorias vitales podían coincidir de manera relativamente espontánea. Aunque la mezcla social no garantiza por si sola la convivencia multicultural, eran lugares donde la diversidad se experimentaba cotidianamente. Sin embargo, vemos que hay una tendencia a la fragmentación social de los espacios. Los procesos de gentrificación, el encarecimiento de la viviendas y la privatización de áreas urbana hacen que haya espacios orientados a públicos muy concretos. Barrios para clases sociales con rentas altas, zonas de ocio para determinados perfiles de edad, locales pensados para turistas específicamente… son espacios de exclusión. El resultado es la pérdida del encuentro entre personas diferentes, no solo entre transeúntes, sino entre residentes. Cuando dejamos de convivir con personas de distintas edades, orígenes, experiencias o posiciones socioeconómicas, se debilita nuestra capacidad de comprensión mutua. Y cuando lo diverso deja de formar parte de nuestra experiencia cotidiana, aumenta el riesgo de que prosperen prejuicios, estereotipos y discursos excluyentes, y, por tanto, un debilitamiento (cuando no pérdida) de la cohesión social. 

¿Es un fenómeno homogéneo o hay diferencias claras entre ciudades o países? ¿España mantiene rasgos propios en el uso del espacio público? 

Aunque se trata de una tendencia impulsada por la globalización, sus efectos no son homogéneos en todos los países. En el caso de España, creo que seguimos conservando algunos rasgos distintivos muy vinculados a la tradición mediterránea. Nuestra cultura urbana ha estado históricamente ligada a la calle, a la plaza y a un uso significativo del espacio público para socializar. A diferencia de otros contextos donde gran parte de la vida social transcurre en espacios privados, aquí todavía existe una fuerte tendencia a vivir la ciudad hacia afuera. Las condiciones climáticas que tenemos explicarían parte de esta realidad, ya que también influyen factores culturales relacionados con la importancia de las relaciones vecinales, familiares, la sociabilidad cotidiana y determinadas prácticas de convivencia que durante generaciones han tenido lugar en calles, plazas, mercados o bares. Sin embargo, sería un error pensar que estas características están garantizadas. Precisamente porque forman parte de nuestra identidad urbana, son también especialmente vulnerables a procesos de turistificación, gentrificación y mercantilización del espacio.

Darío Badules es profesor de Derecho administrativo en la Universidad de Zaragoza, doctor en Derecho y politólogo, y un defensor del espacio público. En un artículo titulado "¡Qué rica está esta cerveza!" Sobre el uso privado de la vía pública, Badules señalaba en 2017 algunos problemas de las grandes ciudades, sobre todo de Madrid; desde el uso transitorio de la vía pública a la ley de tráfico, pasando por dónde sentarse cuando no hay bancos, un aspecto en el que ponía especialmente el foco. infoLibre ha conversado con él para analizar algunas cuestiones de esta serie de informaciones sobre la pérdida de espacios comunes y la transformación de otros como los bares.

¿En qué momento el uso común del espacio público pasa a convertirse en uno privativo y cómo debería marcarlo la ley?

Nuestro vetusto Código Civil de 1889 nos recuerda que los caminos, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y obras públicas de servicio general son bienes de uso público. Es lo que en Derecho conocemos como el dominio público, los bienes (en este caso inmuebles) que están destinados al uso general o a un servicio público. Nuestras calles y plazas tienen y deben tener un uso común general: transitar por ellas, permitir nuestro desplazamiento, pero también servir como espacio común para la vida en sociedad. 

La propiedad de las calles y plazas (salvo en el caso de urbanizaciones privadas) corresponde al municipio. Y es el municipio quien debe gestionarlas a través de su correspondiente ayuntamiento. Lo que sucede con estos bienes públicos es lo mismo que pasa en general con casi todo en la vida: que son limitados. Y la gestión de esa escasez no siempre es pacífica. El uso de las calles y plazas no es en absoluto una cuestión neutra. Al contrario: en ellas se manifiesta claramente una visión política del mundo. 

Conviene echar la vista atrás, un siglo y medio aproximadamente. Entonces, las calles y plazas no estaban reservadas al tránsito de vehículos, sencillamente porque no se había generalizado su uso. Sí verán algunas pocas terrazas de cafés en fotografías o pinturas antiguas. Por lo tanto, entender cómo la ciudadanía ha perdido el espacio público en favor de los vehículos a motor privados y determinados negocios, singularmente de hostelería, es entender una apuesta política concreta. Pero no todo está perdido. Hay ejemplos claros de que la recuperación es posible. Y todo es una cuestión de voluntad política: de voluntad del titular de esas vías, la ciudadanía representada en cada municipio por sus cargos electos.

¿Quién gana y quién pierde cuando plazas, aceras y calles se llenan de terrazas, veladores y otros usos económicos?

He dicho que el espacio público es, por naturaleza, un bien limitado y por lo tanto escaso. Pero dentro de esa escasez, lo cierto es que hay bastante margen de maniobra. Creo que dentro del “uso común general” (que es el término que utiliza la ley) tiene perfecta cabida la existencia de terrazas en nuestras calles y plazas. No solo eso, creo que una adecuada gestión de ese bien que es la vía pública debe permitir, faltaría más, la existencia de comercios de hostelería. Desde el Derecho se han creado instrumentos que permiten gestionar tanto la escasez del recurso como el uso en beneficio privado de un bien público: las licencias y las concesiones.

¿Cuándo se produce el problema? Cuando existe una proliferación de dichas instalaciones que afecta a derechos de terceros. Cuando hay un exceso de terrazas, puede dificultarse la función más importante de las calles: la movilidad. En ocasiones, si no están debidamente instaladas, incluso dificultan la accesibilidad universal (pensemos en las personas con algún tipo de movilidad reducida o dificultad en la visión). Pero tampoco hacen mucha gracia a los vecindarios que las tienen debajo si generan ruidos u otros conflictos. Y, en última instancia, si hay una generalización de terrazas, efectivamente hay un uso privativo del dominio público en favor de las empresas que las gestionan. Ahí es donde el municipio, y sus representantes, deben hacer priorizar el interés público. 

¿Hasta qué punto la ocupación comercial de la vía pública se ha convertido en una privatización silenciosa del espacio común?

Hay zonas de nuestras ciudades que, en efecto, han visto cómo sus calles y plazas han sido ocupadas por este tipo de comercios. La solución —limitada— que se ha encontrado en algunas ocasiones ha venido por la vía de la protección frente al ruido: la determinación de zonas saturadas que impide la concesión de nuevas autorizaciones. Pero el problema va más allá en algunos casos, porque va de la mano de la conversión de lugares de paso y de esparcimiento ciudadano en espacios de negocio. Se ha sustituido el banco por la terraza del bar. En estas semanas de olas de calor, algunas terrazas famosas de nuestras ciudades no se han colocado. ¿Y quién no se ha sorprendido de ver cómo en determinados lugares, ahora vacíos, emergen plazas que, siendo de dominio público, parecen generalmente de titularidad privada? 

¿Qué límites debería imponer el derecho administrativo a esa ocupación para garantizar que el espacio público siga siendo verdaderamente de todos?

La cuestión no permite una respuesta sencilla. Es evidente que estos problemas no se dan en la mayor parte de los más de 8.000 municipios existentes en España. De hecho, apostaría a que solo en unos pocos centenares, quizás los más grandes y los más turísticos, encontraríamos este problema de manera más intensa. E incluso dentro de esos, posiblemente solo en determinadas zonas: recordemos que lo que pasa en el centro de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Sevilla no es lo que sucede en todo el país.

Creo que los ayuntamientos tienen el deber de garantizar una gestión de su patrimonio público, incluidas sus calles y plazas, en beneficio de toda la ciudadanía. Y eso incluye tanto la protección del ambiente urbano, de la salud pública, como del bienestar de sus vecinas y vecinos. Desde el punto de vista del republicanismo cívico, la participación pública y el uso del espacio público como lugar para estar, para hablar, para ser miembro de una comunidad, son algo esencial. Pero hay otras ideologías que priorizan un uso crematístico de los bienes de dominio público. El Derecho aquí sirve más como instrumento al servicio de la democracia que otra cosa. Lo cual no quiere decir que, evidentemente, no quepan soluciones y límites. ¿Pero quién podría imponerlos, aparte del propio titular del bien (o sea, el municipio)? Las comunidades autónomas, principalmente mediante su legislación de urbanismo.  

¿Los ayuntamientos están defendiendo el interés general o están gestionando la calle como un recurso económico más?

Yo diría que ambas. Resulta ciertamente legítimo (más bien, es un deber jurídico) cobrar por el uso del suelo público. Es la misma lógica que, a mi juicio, debería llevarnos a una medida tan sumamente impopular como la generalización de las zonas de estacionamiento regulado: si tú aparcas en la vía pública (salvo en lugares donde el espacio público esté sumamente infrautilizado) estás ocupando privativamente, aunque solo sea temporalmente, un bien que no es tuyo, que es del común, de dominio público. 

¿Por qué hay que permitir un uso excluyente de ese espacio sin una contraprestación a su titular (el municipio)? Lo mismo pasa con las terrazas. Los municipios deben recibir una contraprestación por el uso del dominio público. Contraprestación que, a mi juicio, y al margen de algún componente fijo, debe ir ligada al beneficio obtenido por la empresa que explota ese trocito de propiedad pública que ocupa. El problema —pero insisto, es un problema político, más que jurídico— reside en el abuso, en que el ayuntamiento permita en su municipio la concentración de terrazas en un espacio determinado, en detrimento de otros usos no necesariamente lucrativos. Por lo tanto, más que una respuesta jurídica, habría que dar una respuesta política si no nos gusta ese modelo: votar a quien no lo defienda. 

¿La expansión de “gastrobares”, terrazas y locales orientados al turismo está cambiando quién usa el espacio público y para qué? ¿Con qué fin?

A partir del año 2003, aproximadamente, nacen en España las conocidas como “ordenanzas de civismo”. En estas ordenanzas, que muchos municipios han aprobado, se incluye la prohibición de hacer botellón. ¿En qué consiste el botellón? En beber en la vía pública. Fin. Otra cosa es el ruido, los residuos o los comportamientos inapropiados. Pero cuando se persigue el botellón, se persigue beber bebidas alcohólicas en la vía pública… salvo que estén ustedes sentados en una terraza de un bar. Resulta patente la doble vara de medir que existe en este tipo de prohibiciones. Si usted se sienta en una silla de una terraza que ha plantado una empresa en la vía pública, puede beber todo lo que quiera, previo pago. Si usted se sienta en el banco contiguo y abre una lata de cerveza, puede estar cometiendo una infracción administrativa. Nuevamente: el Derecho es un instrumento al servicio de una determinada visión del mundo.

¿Qué consecuencias tiene para la vida de barrio que desaparezcan bancos, sombras, rincones gratuitos y lugares donde simplemente estar?

Desde ese retrato costumbrista de hace siglo y medio que pintaba al principio, con calles todavía de tierra, carros tirados a sangre y corrillos en los bancos y en las plazas, hasta la actualidad, hemos vivido una transformación urbana que solo recientemente estamos empezando a cuestionar. Damos por hecho que nuestras ciudades deben ser de baldosas y cemento. Solo empezamos a preocuparnos ahora cuando las calles se tornan intransitables, cuando pisarlas genera hasta malestar. La concepción del espacio público no solo debe cambiar radicalmente por la existencia de negocios que lo ocupan en determinadas zonas, sino que debe obedecer, sobre todo, a una necesidad de supervivencia. Hay que levantar el asfalto y el hormigón, hay que plantar vegetación. Es poco, muy poco popular apostar por quitar plazas de aparcamiento en nuestras calles. ¿Y dónde aparcamos?, dicen. ¿Y cómo respiramos?, respondo. Hay que volver a ganar el espacio público para la ciudadanía en detrimento del vehículo a motor privado, que satura mayoritariamente el espacio público, pero también de esas terrazas que en algunas zonas impiden la vida ciudadana, salvo que se pase por caja, claro. Pero insisto: esto no es una cuestión jurídica, o no solo, sino más bien política.

¿Puede hablarse de una erosión del derecho a la ciudad cuando el espacio común se encarece, se regula en exceso o se diseña para disuadir, para convertirlo en lugares de tránsito?

En los Estados Unidos de América suele ser habitual encontrar carteles que dicen: “No loitering”, prohibido merodear. A todos nos vienen a la mente plazas y calles en las que tradicionalmente existían bancos y zonas de estancia y convivencia y que, en la actualidad, se han convertido en páramos desolados, muchas veces sin vegetación (no hablemos ya de árboles), donde aparecería de facto esa prohibición de merodear, convertidos en lo que Augé denominó los "no-lugares". Nuestros vecinos del sur, en Marrakech, cuentan con una plaza inmensa, la conocida (y Patrimonio de la Humanidad) Jamaa el-Fnaa, que podría traducirse como "asamblea de los muertos". Una plaza donde esos muertos parecen bastante vivos, muchas veces más que las personas que transitan mirando sus pantallas en los no-lugares donde no hay espacio para la convivencia, el diálogo o, en general, para la ciudadanía.

¿Cómo afecta esta privatización de facto a los colectivos más vulnerables?

Nuevamente, la respuesta no es sencilla ni creo que pueda generalizarse. En general, hay determinadas zonas —habitualmente, las más turísticas— que están sufriendo un deterioro notable ligado a dinámicas que están disneylandizando nuestras ciudades. Por lo demás, no estoy seguro de que haya una necesaria relación entre vulnerabilidad y privatización del espacio público. Está claro que habrá terrazas, en determinadas zonas, más caras que otras. Pero será raro no encontrar, no muy lejos, otra que casi cualquiera pueda permitirse. El problema es, quizás más bien, la afección que se produce a determinadas zonas donde se expulsa al vecindario clásico, que no tiene por qué ser siempre vulnerable, para dar paso a otra cosa distinta que poco tiene que ver con el buen vivir en la ciudad.

¿Qué herramientas legales y urbanísticas existen para recuperar espacios de convivencia y frenar la mercantilización de la calle sin caer en una visión nostálgica?

Como he dicho desde el principio de la entrevista, creo que este es un problema más político que jurídico, al menos de entrada. Mi recomendación primera sería votar a opciones políticas que sean acordes con nuestra visión del mundo, pero también de la ciudad. A partir de ahí, afortunadamente el Derecho ofrece alternativas para evitar afecciones a nuestros derechos fundamentales: desde el Derecho ambiental (por la vía de la protección del ruido en nuestros domicilios), al Derecho urbanístico (exigiendo determinados condicionantes a las normas municipales de gestión del espacio público), pasando por el Derecho tributario (con la creación de tasas e impuestos), o el Derecho de la accesibilidad universal. Pero insisto: el Derecho no es más que una opción política cristalizada, un determinado arreglo institucional que petrifica preferencias políticas. 

Les invito a que hagan un ejercicio de atención. Si viven cerca de una plaza o de un parque, abran la ventana y escuchen. Hace unos años oirían a niños jugar, gritar, les verían correr o montar en bici… Ahora, cuando abran la ventana es probable que haya menos niños o que, directamente, no estén jugando.

El cambio climático y el calor de estos últimos veranos, además, dificultan la escena. La infancia se ha replegado al interior de las viviendas, de los centros comerciales o de actividades organizadas por adultos. La pregunta es: ¿por qué los niños han dejado de jugar en la calle y qué dice eso de los espacios comunes?

Las respuestas apuntan en diferentes direcciones: menos niños, aumento del espacio para los coches, la percepción de más inseguridad, el uso intensivo de las pantallas o unas agendas infantiles más apretadas y llenas de actividades.

Francesco Tonucci lleva décadas estudiando y advirtiendo de esta transformación. Este pedagogo ha cambiado el foco del problema, invirtiendo el argumento al asegurar que “la calle es peligrosa porque no hay niños en ella”. Porque, argumenta, la falta de niños es causa y consecuencia de esa percepción de peligrosidad que, en otros lugares, “como en los pueblos, no es percibida porque hay menos coches, más confianza en el entorno y más sensación de familia”, dice Adama Sophia Ndao, geógrafa especializada en género.

La disminución del juego infantil no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de la crisis de los espacios comunes. El profesor del máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo de ESIC University, Óscar Barroso, habla de esta crisis al asegurar que “una terraza aporta vida, empleo y seguridad urbana —dice—, pero no puede sustituir por completo al banco, al árbol o al juego infantil”.

Para el urbanista danés Jan Gehl, la calidad de una ciudad no se mide por la altura de sus edificios, se mide por la “vida que existe entre ellos”. Cuando esa vida desaparece, la calle deja de ser un lugar de convivencia y pasa a ser solo un espacio de tránsito. Esos “no espacios” los define Pablo Asián, arquitecto, al asegurar que se han desplazado al ámbito privado, “refugiándose en el interior de las urbanizaciones con piscina y pista de pádel”, donde existe la percepción de seguridad y donde no hay coches que puedan atropellar a los niños.

La arquitecta y catedrática de Práctica Arquitectónica de la Bartlett School of Architecture Izaskun Chinchilla ha reclamado un urbanismo pensado para la diversidad y no solo para un ciudadano adulto y con coche.

Para Chinchilla, las plazas sin sombra, las largas avenidas y los barrios “para no hacer vida y atravesar con coche” obligan a renunciar al juego espontáneo en las calles, algo que, como recuerda UNICEF, es un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y que los gobiernos deberían “favorecer” para mejorar “el encuentro, la autonomía y la participación infantil”.

Esa renuncia a jugar en las calles y a mezclarse puede provocar, como recuerda la psicóloga María García a infoLibre, que a futuro "nos encontremos con adultos más retraídos, menos tolerantes y que no saben desenvolverse en algunas situaciones sociales". La necesidad de empezar a educar entre diferentes "se produce desde pequeños y el parque es el mejor lugar para hacerlo".

El psicobiólogo Jorge Romero-Castillo advierte de que la clave no está en demonizar la tecnología, sino en evitar que los dispositivos “sustituyan otras experiencias esenciales para el desarrollo cerebral”, especialmente “actividades fundamentales como el juego entre iguales”. El riesgo aparece cuando la pantalla desplaza el movimiento, la interacción y el juego físico, es decir, cuando sustituye experiencias que antes se daban en la calle, en la plaza o en el parque.

Un estudio de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, publicado en la revista especializada Wellbeing Space and Society, demostró que el 34% de los niños reportó no jugar al aire libre entre semana y el 30% no hacerlo ni siquiera durante los fines de semana. Van del colegio a casa y de casa al colegio. Y quizá alguna extraescolar. La agenda de los pequeños cada vez está más saturada, influenciada por la difícil conciliación laboral de las empresas.

Beatriz Giménez, madre de dos niños, sufre esto cada día al ir a recogerlos: "A uno, a la escuela infantil; y, mientras le recojo y llego, el mayor está en actividades extraescolares todos los días de la semana, menos el viernes, porque si no, no me da tiempo a llegar", dice. No es la única y esto lo que provoca es que los niños pasen más tiempo en el colegio, con sus amigos de clase o de las extraescolares, pero que no se relacionen con diferentes.

El estudio Born in Bradford (nacido en Bradford) llegó a la conclusión de que “los niños que salen al aire libre con más frecuencia tienden a tener una mayor estabilidad social y emocional”. Esto también lo apoya la profesora de Primaria Sara Arija, partidaria de que los niños pasen el mayor tiempo posible en la calle o en el patio, jugando entre ellos y “desarrollando diferentes interacciones entre iguales”. Ella, también madre, intenta que su hija lo haga, “como hemos hecho nosotros cuando éramos pequeños: jugar en el césped, quedar con amigos y pedir jugar al fútbol con niños desconocidos porque tenían un balón”.

El profesor Joan Tahull Fort, que centra sus palabras en el aprendizaje del niño en verano, fuera de los tiempos tasados del día a día, coincide con Arija. Durante las vacaciones, los niños siguen aprendiendo “de manera más informal, espontánea y emocionalmente significativa”, desarrollando “habilidades sociales, autonomía, creatividad, gestión emocional, resolución de conflictos”.

En ese sentido, jugar en la calle no es una distracción menor, sino una forma de aprendizaje y de socialización que desaparece cuando la infancia deja de ocupar el espacio público.

La última razón para evitar el juego en la calle es el calor. El cambio climático ha convertido la época estival en un horno, apoyado además por “la sobreprotección de los niños en los parques infantiles”, dice Arija, que señala el caucho del suelo como uno de esos problemas. El caucho es más seguro para los pequeños en caso de caerse, pero la arena que antes inundaba los parques “acumulaba menos calor que los suelos de ahora”. Y es que si al calor del ambiente se le suma el que desprende el suelo, más el metal de los columpios, los parques infantiles “son impracticables”, dice.

De ahí que su hija pase la mayor parte del tiempo jugando con globos de agua o en el césped de los parques. Reconoce, “eso sí”, que si tuviera urbanización estaría más tranquila, porque sabe que ahí “no le pasarían las cosas que le pueden pasar en la calle” y, señala que “ahora la urbanización ayuda a socializar más que el parque”, donde percibe que los niños son más individualistas que antes.

Algunos ayuntamientos de grandes ciudades españolas ven necesario recuperar el espacio común para niños y para adultos y, poco a poco, van poniendo en marcha campañas de peatonalización de determinadas calles y en ciertos días para que los pequeños puedan disfrutar de un rato sin coches y esparcimiento. Y sí, funciona.

Quienes vivan en esas calles y abran las ventanas se darán cuenta de que el ruido de niños ha vuelto al barrio; aunque sea un rato y solo un día, "por algo se empieza", dice Arija.

El fin del covid-19 nos dejó una configuración de ciudad muy distinta. El adiós al uso de la mascarilla y al gel hidroalcohólico trajo más terrazas, más mesas, más sillas, más espacio público ocupado y menos bancos, menos árboles y menos lugares donde “hacer comunidad”. La urbanista Zlatina Petrova, en su trabajo sobre las plazas de Madrid, concluye que el espacio público es cada vez más un “espejismo”: parece abierto, pero está cada vez más condicionado por reglas, usos privados y lógica comercial.

Quien pasee por grandes capitales como Madrid, Nueva York o Tokio comprobará cómo las prisas se han apoderado de la urbe y sus ciudadanos, pero puede que esa sea la sensación porque no hay lugares donde quedarse quieto, donde parar —salvo los parques—. Petrova describe cómo el espacio público madrileño ha sido reconfigurado para favorecer usos rentables y desplazar los usos gratuitos, espontáneos o incómodos: la plaza sigue estando ahí, pero ya no siempre funciona como plaza.

En Salamanca, por ejemplo, Gabriel Risco narraba en infoLibre cómo “el negocio de la hostelería ha vencido y el Gobierno municipal del PP defiende solo y exclusivamente los intereses de ese gremio”, dándoles el privilegio de ocupar en exclusiva espacio público frente a los libreros de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

Paseando por Madrid —pero también por Ávila, Zaragoza o Alicante—, se ve cómo las plazas, los soportales y las calles están cada vez más ocupados por sillas, mesas y sombrillas, y cómo se han ido perdiendo bancos públicos donde sentarse. “Lo que define a una plaza como espacio verdaderamente público es el uso libre que hacen de ella los ciudadanos”, explica el arquitecto del grupo Teisa, Pablo Asián. “Cuando las personas pueden utilizarla de forma espontánea para reunirse, descansar o jugar, hablamos de una plaza viva”.

“El problema real aparece cuando esos lugares excluyen al ciudadano y se destinan únicamente al consumo”, añade. “El ejemplo más claro en Madrid es la Plaza Mayor. Es un espacio enorme, pero sin lugar para sentarse, salvo en una terraza, y frecuentemente ocupado por eventos comerciales”. Petrova sostiene, en la misma línea, que la plaza contemporánea puede ser un espacio público sólo en apariencia, porque su uso real está mediado por la privatización y el consumo.

“Que esto ocurra no es necesariamente perjudicial, las ciudades también necesitan plazas representativas para acoger grandes eventos”, matiza Asián. “El problema surge cuando este mismo modelo se replica en todas las plazas céntricas, dejándolas sin espacio para la vida cotidiana”. Como escribió Ortega y Gasset, la ciudad es “ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia”. Para el filósofo, la plaza —y la ciudad— era, en esencia, donde “la gente salía de casa para encontrarse con otros”.

Alfonso Bruna, miembro del área técnica del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, recuerda que, si se pone el foco del diseño en “la experiencia del usuario", la accesibilidad es un resultado natural. Sin embargo, cree que existe una falta de sensibilización por parte del promotor o del diseñador del espacio. 

El profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza Darío Badueles va más allá y se pregunta: “¿Es lógico que si desea descansar en la vía pública tras su largo paseo deba hacerlo en el suelo, apoyado en una farola o sentado en una terraza de un bar?”. La pregunta ilustra el cambio: la dificultad para permanecer en el espacio público sin pasar por caja. 

Como ejemplifica Badueles, si uno va por Madrid y no tiene dónde sentarse, va a la terraza del bar: “Se sentará, pedirá una cerveza, disfrutará del rato y pagará. Pagará por estar sentada en la vía pública”. Así, la plaza deja de ser ese lugar de encuentro para funcionar como una superficie privatizada y de gestión de rentabilidad.

“Se pretende el continuo movimiento, la transitoriedad perpetua, el no ‘apalancamiento’ en un espacio público”, resume Badueles. Coincide también Asián, que explica que se trata, fundamentalmente, de “gestión municipal y decisiones políticas”.

“En la mayoría de los casos, la configuración de estos espacios no responde a una falta de capacidad técnica, sino a la voluntad (o a la ausencia de ella) de diseñar un entorno verdaderamente amable y habitable para el ciudadano”, dice Asián, que señala que el diseño de las plazas más céntricas está “orientado a satisfacer las demandas del turismo, el comercio o la hostelería, relegando las necesidades del residente”.

Y de esto también se ha dado cuenta Antonio, un vecino jubilado de Madrid, que asegura que la ciudad “es para los turistas: eventos, conciertos, la visita del papa, bares con cartas en inglés o en francés. Siempre gastando”. Por eso, desde que se jubiló hace más de diez años, pasa más tiempo en el pueblo, “donde aún se puede parar, sentarse en una plaza al fresco y hablar con los vecinos sin hacer gasto”. Así que, Antonio dice estar de acuerdo con Miguel Delibes cuando decía que “la cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades”.

Asián advierte de que las plazas se “están mudando”, que el debate sobre el ágora pública está en los barrios tradicionales porque en los nuevos PAU el problema es que “el espacio público se ha concebido a menudo como el espacio que separa los edificios, perdiendo su valor de encuentro” y ahora, en un híbrido entre pueblo y ciudad, el ágora y la necesidad de hacer comunidad se han desplazado al ámbito privado, “refugiándose en el interior de las urbanizaciones con piscina y pista de pádel”.

En los barrios tradicionales, Asián recuerda que las plazas “quedan a menudo en una situación de abandono o dejadez”; tanto es así, que en el barrio de Puerto Chico, en Madrid, han sido sus vecinos y la asociación quienes se han ocupado de dar vida a una de sus plazas a través de la renaturalización del espacio.

Muchos, como Antonio, critican el turismo y la gentrificación como el origen de muchos males, pero Asián recuerda que la creación de espacios cómodos y amigables es, en parte, gracias a estos procesos. “Un claro ejemplo de esto es Madrid Río. Ha mejorado sustancialmente el entorno y la calidad de vida de los vecinos, pero como consecuencia ha impulsado la revalorización y la gentrificación de la zona, lo que se conoce como ‘gentrificación verde’”, explica.

El turismo, por su parte, llena las plazas de actividad, pero “el verdadero problema es que ese modelo de uso intensivo termina desplazando al residente habitual, rompiendo el tejido social y los vínculos vecinales que tradicionalmente daban sentido a la convivencia en esas plazas”, añade.

Los gobiernos liberales han apostado por exprimir el rendimiento urbano con más terrazas, más actividad económica y, por tanto, más rentabilidad. El problema es que eso provoca menos bancos públicos y menos rincones gratuitos donde estar en la ciudad.

Las ordenanzas y planes municipales han ido consolidando esa lógica de ciudad como recurso económico. Se amplían horarios y superficies de ocupación de terrazas, se permite alquilar plazas para eventos comerciales y se diseñan espacios como la plaza de Callao, en Madrid, casi como escaparates permanentes más que como lugares para estar, como recuerda Petrova. 

Precisamente en la capital, a la falta de sombras y de plazas “gratuitas” se le suma, ahora en verano, el cierre de parques como consecuencia del calor y el viento. Guillermo, vecino de la ciudad comprometido con las asociaciones vecinales, critica esto: “El único refugio para quienes no tienen aire acondicionado es buscar la sombra de un parque, sentarse un rato con un refresco o cerca de las fuentes, sin tener que ir a un centro comercial ni gastar dinero en un bar para estar fresquito”. Y ahí está, otra vez, la misma cuestión: quién puede permanecer en la ciudad, dónde y a qué precio.

Algunos modelos apuntan hacia otro camino. “Para mí, el referente más interesante de renovación del espacio público se encuentra en Barcelona con su modelo de supermanzanas”, señala Asián. “Reduce de forma drástica el tráfico rodado y aprovecha el espacio liberado para crear nuevas plazas y revitalizar las ya existentes”. 

“Al final, la clave de todo esto es volver a poner a las personas en el centro cada vez que se diseña o se cuida nuestra ciudad”, concluye Asián.

En el bar, ese de barra de acero inoxidable o de madera, con vitrinas refrigeradas con ensaladilla rusa, patatas ali-oli, tortilla o boquerones en vinagre, se compartían conversaciones, titulares de periódicos manchados de grasa y opiniones de todo tipo: fútbol, política o religión. El bar ha funcionado durante décadas como extensión de la casa, como antesala del trabajo, como sitio para quedar con amigos y como espacio intercultural e intergeneracional.

“Podríamos decir que el bar y la plaza eran tecnologías sociales analógicas humildes, imperfectas, pero muy eficaces para mantener viva la convivencia espontánea”, resume Óscar Barroso, profesor del máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo de ESIC University. Pero, de un tiempo a esta parte, en las grandes ciudades y capitales se ha ido perdiendo ese “bar de toda la vida” en favor de locales más sofisticados.

El bar en España es similar al pub en Irlanda o la brasserie en Francia: un punto de encuentro, tertulia y refugio social. Sin embargo, desde hace 15 años está en claro retroceso. Según el Instituto Nacional de Estadística, desde 2010 el número de bares ha caído de 202.720 a 163.890, una pérdida del 19,15%.

“Cuando el bar cierra o deja de ser accesible, económica o temáticamente, la ciudad pierde zonas de baja exigencia social”, dice Barroso. “Y eso es grave, porque una ciudad sana necesita lugares donde uno pueda estar solo por estar, sin producir, sin consumir mucho”.

Mientras, los restaurantes de diseño, “que cada vez se parecen más entre ellos”, como recuerda Mari Carmen, del bar El Botijo en Torrevieja, han pasado de 71.818 en 2010 a 83.714 en 2024. La transformación que advierte esta hostelera no es casual. Para Adama Sophie Ndao, geógrafa especializada en desarrollo y género, esta evolución responde también a la gentrificación y al turismo, dos fenómenos que alteran profundamente los espacios vecinales.

“En el plano económico, estas dinámicas provocan un aumento de los precios, a menudo desvinculado de la realidad económica local, lo que limita el acceso de la población residente”, explica Ndao. En el plano cultural, añade, los bares funcionaban como “microcosmos de la sociedad”, pero la expansión de conceptos estandarizados, como los gastrobares, favorece la pérdida de particularidades locales y modifica el papel social y cultural que históricamente desempeñaban los bares tradicionales.

Barroso reconoce que hay gastrobares magníficos, pero advierte de que muchos convierten esa autenticidad en una experiencia diseñada, empaquetada y vendible. “El problema aparece cuando sustituyen completamente al bar de proximidad y convierten la vida local en una escenografía”.

“El bar siempre fue un espacio de mezcla”, recuerda Rosi, del bar Vega en Madrid. Rosi lleva toda la vida dedicada a la hostelería y ha visto, personal y profesionalmente, cómo ese mestizaje ha ido decayendo en favor de “más planificación y menos azar”. De esa pérdida también advierte Ndao, porque contribuye a la fragmentación de la vida urbana mediante configuraciones espaciales cada vez más segregadas.

Mari Carmen y Rosi coinciden en que esa reunión de diferentes en el bar repercute en la tolerancia hacia la diversidad, la solidaridad y la convivencia. Para la socióloga Marianna Martínez Alfaro, la desaparición de los bares “no es neutra”, porque reduce los espacios informales de participación y convivencia, aumentando el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria.

“Cuando se pierde esa mezcla, aumenta la fragmentación social”, añade Barroso. “Los jóvenes se relacionan con jóvenes, los mayores con mayores, las clases medias con clases medias, los turistas con turistas y los vecinos con vecinos cada vez más parecidos. Eso empobrece la conversación pública, reduce la empatía y alimenta percepciones de amenaza o abandono”. 

Para Javier Rueda, autor de Utopías de barra de bar, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esa transformación provoca una sensación de declive social, como argumenta la investigadora Diane Bolet, de la London School of Economics.

El cierre del bar tradicional está provocando la pérdida de espacios intermedios de socialización. Si la casa se vuelve más privada y el ocio más caro, el tiempo informal compartido se reduce y apenas quedan lugares para compartir.

Desde el punto de vista de Barroso, cuando desaparecen estos espacios para espontaneidad, las personas reconfiguran sus relaciones en tres lugares: el hogar, las redes sociales y los espacios de consumo más segmentados. “El hogar privatiza la vida social; las redes conectan, pero también polarizan y aceleran; y los nuevos espacios de consumo están filtrados por precio, estética o estilo de vida”.

En ese contexto, el bar cumplía una función silenciosa pero esencial: combate la soledad, facilita relaciones y sostiene la vida de barrio. 

En la actualidad, “las interacciones son menos espontáneas y más organizadas, a menudo en torno a temporalidades definidas”, recuerda Ndao. Plazas y bares siguen funcionando como soportes de sociabilidad, pero esa sociabilidad aparece más regulada, menos informal y menos continua que en el pasado.

Estamos, quizá, ante un cambio de paradigma. “En un mundo ultradigitalizado, cada vez más estructurado por la inteligencia artificial, fragmentado y centrado en el individuo, las relaciones sociales se desarrollan en gran medida en el espacio digital”, dice Ndao. Y añade que no es posible un retorno al pasado, sino que hace falta identificar alternativas adaptadas a nuestros tiempos.

En esto, Rosi y Mari Carmen difieren. Para ellas, ese retorno al pasado existe en el pueblo y, más concretamente, en el bar del pueblo. En el mundo rural, los bares que aguantan son un refugio para sus habitantes: allí juegan a las cartas, charlan, toman café, se pasan para hablar con quien esté; en definitiva, socializan.

Los pueblos, sostiene Barroso, pueden ser uno de los últimos grandes laboratorios de comunidad real. “En verano vuelve la gente, vuelven los rituales, vuelve la plaza, vuelve el bar, vuelven las fiestas y vuelven los niños a la calle. Eso demuestra que la necesidad de comunidad no ha desaparecido”, dice este profesor.

Y es ahí, en los pueblos, donde los bares continúan su función social. Pablo, residente en Madrid y que pasa los veranos en Cabeza de Framontanos (Salamanca), cuenta que el bar es el lugar para quedar o para ver el fútbol, aunque también pueda verse en casa. Rafa y su esposa, que se mudaron a San Julián de Bimenes (Asturias), “sin costumbre de bares” tuvieron que pasar las tardes en el bar del pueblo “por donde pasa todo”.

Para Barroso, los pueblos no reviven en verano solo por nostalgia, “quizá el pueblo no sea el pasado, quizá sea una pista de futuro: ciudades más lentas, más relacionales y menos transaccionales”.

La duda que queda para las generaciones futuras es si esos “Bares, qué lugares / tan gratos para conversar”, como cantaba Gabinete Caligari, seguirán existiendo o acabarán recreados en un mundo digital donde ya no podamos hablar con el vecino, criticar al entrenador de turno, ver la lotería o mojarnos la manga de la camisa al apoyarnos en la barra.

Donald Trump ha vuelto a colocar a España en el blanco de sus advertencias. Esta vez lo ha hecho acusando al país de ser una “causa perdida”, llamándolo “socio pésimo” y reclamando que se detenga el comercio. El ataque vuelve a partir del mismo punto de fricción que ya ha marcado otros choques con Madrid: el gasto en defensa y el papel de España dentro de la OTAN.

Pero este no es un episodio aislado. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza a España como ejemplo negativo para presionar a sus aliados europeos y reforzar su discurso sobre quién cumple y quién no con sus exigencias militares. Su forma de actuar mezcla el reproche público, la amenaza económica y una puesta en escena pensada para elevar el coste político de la discrepancia.

Por ahora, muchas de esas advertencias hacen más ruido que daño. Algunas no llegan a materializarse, otras se diluyen en un pulso diplomático y varias funcionan más como instrumentos de presión que como decisiones con efectos inmediatos.

Desde que el mandatario republicano empezó su segunda andadura en la Casa Blanca, en enero de 2025, España ha estado en el objetivo de sus críticas, generalmente a consecuencia del gasto militar español. Al terminar el primer año de mandato, amagó con imponer aranceles y llegó a deslizar la idea de una expulsión de la OTAN. Este año 2026, la dinámica no ha cambiado y, a propósito de la guerra en Irán, el tono ha ido subiendo, aunque siempre con más ruido que medidas concretas. Este es un resumen de sus amenazas.

En una de sus primeras medidas y delirios, cuando el presidente republicano salió con un cuadro en la mano con los aranceles que iba a imponer a medio mundo, Trump ya situó a España en el punto de mira. En aquel momento, amenazó al Gobierno con "aranceles del 100%" al encuadrar por error a España dentro de los BRICS (un acrónimo formado con las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que plantearon una divisa global alternativa al dólar para negociar.

En el conflicto surgido entre Airbus y Boeing, el mandatario estadounidense sí impuso aranceles, pero no a España sino a productos europeos (la UE es un mercado único y no se pueden imponer aranceles a un miembro de forma aislada), lo que afectó de manera indirecta a las exportaciones españolas, como el aceite de oliva, el vino, las aceitunas o los productos agroalimentarios. En ese conflicto, que más tarde se resolvió con un acuerdo entre la UE y EEUU, se llegaron a imponer durante unas semanas unos aranceles del 25%.

Con motivo de las reuniones de la Alianza Atlántica, Trump siempre ha tenido palabras gruesas contra España. Hace poco más de un año, en 2025, en la reunión de la OTAN en La Haya, el presidente de Estados Unidos cargó desde el Air Force One —el avión presidencial— contra Sánchez por el gasto en defensa. “España es un problema, la OTAN está teniendo un problema con ellos, y eso es muy injusto para el resto de los socios”, aseveró.

Aunque llevaba meses lanzando advertencias, fue entonces cuando empezó a insistir con más fuerza en que España debía elevar su gasto militar hasta el 5% del PIB. A su juicio, Madrid llevaba años aportando menos de lo que le correspondía: “España ha pagado muy poco. Siempre ha pagado muy poco. O eran muy buenos negociadores, o no estaban haciendo lo correcto”, manifestó. También advirtió de que la Alianza tendría que “lidiar” con el Gobierno español por esta cuestión.

El Ejecutivo respondió exhibiendo una carta entre Pedro Sánchez y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la que defendía que España podía cumplir sus compromisos de capacidades militares con un gasto equivalente al 2,1% del PIB. Rutte, por su parte, consideraba que para alcanzar esos objetivos sería necesario llegar al 3,5%. La solución pactada fue dejar margen a España para estudiar su aportación y cumplir los compromisos sin asumir de entrada el objetivo del 5% reclamado por Trump.

Ya en la cumbre, el presidente estadounidense volvió a señalar a España. En sus redes sociales compartió un artículo de prensa en el que se afirmaba que “España amenaza con hacer descarrilar la cumbre de la OTAN”. Después insistió en que EEUU estaba cerca del billón de dólares en gasto militar y amenazó al Gobierno de Sánchez con “tener que pagar el doble” por no elevar su gasto al 5%. “Es el único país que no va a pagar la cantidad completa. Quieren quedarse en el 2%, creo que es terrible”, afirmó al anunciar que duplicaría los aranceles previstos para España. No pasó.

Ahora, en la última cumbre en Ankara (Turquía) El presidente volvió a la carga contra España al asegurar, durante una reunión junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas".

El presidente estadounidense ha dicho desde la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que "España es un socio pésimo. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver", dijo durante la comparecencia junto a un Rutte que defendió "el incremento de gasto militar de España".

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque España "no tiene remedio, son mala gente". Añadió que aunque hay algunos "casos más" de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España "en particular" figura en el grupo de los que "se muestran hostiles".

"Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", aseguró.

Horas más tarde, y ya de vuelta en el Air Force One, el presidente rebajó el tono con España y con los socios de la Alianza Atlántica al asegurar que hubo una "unidad tremenda" en la cumbre.

Trump reconoció desde el avión que "tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó el mandatario que no precisó qué importe era ni cuando se producirá. ¿Una nueva medida de presión para atacar a España en unos meses?

Después de amenazar con aranceles, Trump elevó aún más el tono y llegó a amenazar con la expulsión de España de la OTAN. “Quizás deberíais expulsarlos de la OTAN”, dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. “Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados”, insistió el mandatario, que seguía centrando sus críticas en la negativa española a elevar el gasto en defensa.

Trump defendía que a España le había ido bien "gracias a muchas cosas" que se habían hecho en el seno de la Alianza, por lo que no entendía que el Gobierno de Sánchez no asumiera el incremento del gasto militar que reclamaba.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también tuvo que escuchar sus reproches. Trump afirmó ante él que España no era “un compañero de equipo” y le pidió que hablara con Sánchez: “Con la excepción de España, todos están cumpliendo al 100%, y usted podría resolver el problema de España muy fácilmente. Creo que ya lo sabe”, le insistió.

Una vez más, proponía represalias para España así como la expulsión como solución última.

A principios de 2026, se comprometió a "hablar con España". Después de presentar en Davos la Junta de Paz, acompañado por su amigo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y por el ex primer ministro británico Tony Blair, presumió de haber “conseguido un compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN” para subir el gasto en defensa. “Todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse. Todos aumentan al 5% menos España (...). Tendremos que hablar con España”, apuntó.

Durante esta segunda legislatura de Trump en la Casa Blanca, sus acusaciones contra España han girado en torno al comercio, los aranceles y la OTAN. En un encuentro con Volodímir Zelenski, aseguró que "estaba pensando en imponerles un castigo comercial [a España]". Una vez más, Trump utilizaba la amenaza comercial para castigar a un Gobierno al que consideraba "increíblemente irrespetuoso con la OTAN por no asumir el objetivo del 5% del PIB en gasto militar".

La amenaza no tuvo efectos inmediatos. Bruselas recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea y que respondería “apropiadamente” ante cualquier medida contra un Estado miembro. Dos días después, Trump insistió en que España merecía una “reprimenda” por su posición, pero admitió que el asunto dependía de la OTAN y de Madrid. La presión quedó, una vez más, en palabras.

Otro de los focos de tensión fue el uso de las bases de Rota y Morón. Hasta la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), Trump criticó la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que EEUU utilizara esas instalaciones en suelo español para desplegar tropas y apoyar ataques contra Irán. La decisión de Moncloa irritó al presidente estadounidense, que volvió a endurecer su discurso contra España.

Trump amenazó, al igual que hizo en Ankara, con cortar las relaciones comerciales y llegó a sugerir que EEUU podría utilizar esas bases si quisiera. Moncloa mantuvo su posición y, semanas después, cerró también el espacio aéreo a todo avión estadounidense que participara en la guerra de Irán. La medida afectó a operaciones militares y abrió un nuevo frente diplomático con Washington.

La ajustada victoria de Trump en las elecciones de 2024 frente a Kamala Harris —49,91% frente al 48,43%— ya anticipaba una segunda etapa marcada por la polarización. También el final de su primer mandato, con el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, había dejado claro que Estados Unidos seguía profundamente dividido.

Pese a todo, Trump volvió a la Casa Blanca, aunque su popularidad ha ido cayendo desde la toma de posesión. A aquella ceremonia acudió la plana mayor de Silicon Valley, y el presidente llegó a nombrar consejero a Elon Musk, que más tarde abandonaría el Gobierno.

La actuación del ICE, el secuestro y detención de Maduro, el bombardeo a narcolanchas, la guerra de Irán, sus intentos aún sin resultados para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, las amenazas arancelarias, sus bravuconadas sobre Groenlandia o las islas Chagos y su enriquecimiento a través de las criptomonedas no han pasado desapercibidos. Ni entre la opinión pública estadounidense ni entre una comunidad internacional cada vez más crítica con el presidente.

Las amenazas de Trump, tanto a España como a otros países, han funcionado a menudo como herramienta de negociación antes de acuerdos comerciales o diplomáticos. El patrón suele repetirse: lanzar advertencias contundentes para forzar cambios en negociaciones comerciales, militares o energéticas. En algunos casos lo ha conseguido. En otros, como con España o China —que respondió con más aranceles—, no.

La FIFA vuelve a estar en entredicho. El órgano rector del fútbol, una de las organizaciones privadas con más poder en el mundo, ha provocado un escándalo mundial que tiene mucho que ver con la amistad entre su actual presidente, Gianni Infantino, y Donald Trump. Una llamada del presidente estadounidense para criticar una decisión arbitral y la reacción de la FIFA retirando una tarjeta roja al futbolista estadounidense Folarin Balogun es el último episodio de una historia de corrupción, geopolítica y poder. 

El FIFAgate de 2015 fue el gran bochorno de la organización y acabó en la renuncia del entonces presidente, Joseph Blatter, que había gobernado de manera “dictatorial”, como aseguró Michel Zen-Ruffinen, ex secretario general de la FIFA. Pero los escándalos habían comenzado cerca de diez años antes, en 1996. 

El primero fue la cesión a la empresa de patrocinio deportivo International Sport and Leisure (ISL) de los derechos de televisión y marketing. La compañía articuló una red de influencia basada en sobornos a “diferentes delegados de la FIFA y otros de organizaciones dependientes como medios de comunicación y firmas deportivas por más de cien millones de dólares”, aseguró la policía suiza, que se encargó de llevar este primer gran caso de corrupción. 

El caso de ISL lo destaparon en 2012 la cadena británica BBC y uno de sus periodistas estrella, Andrew Jennings, lo que acabó con la dimisión de Joao Havelange, que ostentaba la presidencia de la FIFA durante el episodio —y era presidente honorífico cuando salió a la luz—, Ricardo Teixeira y Nicolás Leoz, miembros de su junta directiva.

Antes, en 2004, la FIFA rompió con Mastercard en favor de Visa, incumpliendo el contrato que tenían con los primeros. La sentencia de la Corte Federal de Nueva York criticó con dureza las tácticas y la naturaleza de los negocios de la organización deportiva y dictaminó el pago de una indemnización por valor de 90 millones de dólares de FIFA a Mastercard.

La corrupción ha continuado en la organización a lo largo de los años, como cuando Blatter —siendo presidente de FIFA— aseguró que “las jugadoras de fútbol en ligas femeninas podrían vestir pantalones más ajustados para ayudar al mercado femenino del fútbol” o como cuando en 2010 se negó a investigar a Ibrahim Chaibou, que arbitró varios partidos amañados.

Tráfico de influencias

Las influencias dentro de la organización siempre han tenido la sombra del amaño y la sospecha. Si en 1994 el Mundial se fue a Estados Unidos gracias a la intermediación y un acuerdo comercial con McDonald’s, el de 2002 se terminó celebrando en Corea y Japón, para explotar el mercado asiático y evitar un conflicto político, y en 2022 viajó hasta Qatar en invierno, rompiendo con la tradición de celebrar el campeonato en verano, con la excusa de “convertirlo en un deporte global que rompiera fronteras”. Más tarde, se demostró que también fue a cambio de dinero.

Fueron precisamente este último, y el de Rusia de 2018, los que pusieron el foco sobre los amaños de FIFA. Michael J. García, director de cuestiones éticas de la Federación, acusó al organismo de llevar a cabo una investigación muy tibia de la selección de aquellas candidaturas en las que hubo compra de votos, como se demostró en 2012 con la dimisión de Mohammed Hammam, quien fuera presidente de la Confederación Asiática de la FIFA, por haber pagado cerca de cuatro millones de dólares a representantes del fútbol africano para asegurar las designaciones de Rusia y Qatar.

La dimisión de Hammam dio inició al FIFAGate cuando en 2015, el Departamento de Justicia de EEUU imputó a altos cargos de FIFA, Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) y Concacaf (Confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y Caribe) dentro de un caso de crimen organizado. Más de dos docenas de dirigentes y asociados quedaron relacionados en un entramado de autoenriquecimiento mediante sobornos vinculados a la adjudicación de mundiales y de derechos televisivos.

La fiscalía estadounidense acusó a 14 personas —nueve autoridades de la FIFA y cinco ejecutivos— de haber recibido o pactado sobornos por unos 150 millones de dólares a cambio de derechos de transmisión, publicidad y patrocinio de torneos y adjudicación de sedes. 

Esta investigación provocó la renuncia de Blatter, que prometió una “profunda reestructuración” dentro del organismo rector, lo que provocó que la FIFA, a ojos de los investigadores, “pasase de ser una organización mafiosa a ser la víctima”, como criticó el ya expresidente, que aseguró que “querían mi renuncia para que todo cambiara”.

Nueva era, pero sin cambios

La elección de Gianni Infantino en 2016 fue presentada como el inicio de una nueva etapa, pero la trayectoria posterior apunta a la vieja opacidad de Havelange y Blatter. 

Si bien es cierto que Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 fueron designadas y promocionadas como anfitrionas del Mundial por la emergente pujanza de sus economías en tiempos de Blatter, Infantino siempre ha presumido de gestión por encima del fútbol como deporte.

Al frente de FIFA, ha conseguido grandes ‘pelotazos’ en favor del negocio, como el Mundial de Clubes o este Mundial de 48 selecciones. Como buen tecnócrata, cuando formó parte de UEFA impuso el penúltimo formato de la Champions League, que disparó los ingresos de la competición, y la Liga de Naciones, que suprimió en Europa los amistosos para que las federaciones comercializaran mejor los derechos de retransmisión con un nuevo torneo.

En este mundial de Estados Unidos, Canadá y México, las polémicas por los derechos de retransmisión han dado paso a otras, en este caso por los precios de las entradas: hay billetes que valen más de 1.000 dólares, y los hospitalities, una especie de todo incluido, llegan a los 33.000.

Pero no son las únicas. Ya sentado en el despacho más importante del fútbol global, Infantino defendió mano a mano con Vladimir Putin y con la realeza qatarí las designaciones para albergar el mundial de fútbol. La comunidad internacional las cuestionó por la vulneración flagrante de los derechos humanos en ambos países, por el sportwashing qatarí y ruso. 

La FIFA justificó la decisión de llevar la competición a Qatar insistiendo en el potencial del fútbol como agente de progreso social, pero las consecuencias mostraron lo inverso: empezando por las muertes de personas que trabajaban en la construcción de los campos en condiciones de semiesclavitud y acabando por el refuerzo de la dependencia del fútbol respecto a capitales estatales autoritarios y monarquías ricas.

En este contexto, aparece la amistad de Infantino con Trump. El presidente estadounidense utilizó los eventos deportivos como el Mundial de Clubes y este Mundial de 2026 como una arena política perfecta para su narrativa nacionalista. 

El último acto de esa relación personal ha sido la llamada a Infantino que Trump destapó y narró al mundo a través de su red social pidiendo que la FIFA retirase la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, máximo goleador de la selección. La medida permitió al jugador disputar los octavos de final contra Bélgica.

Trump admite que llamó para “pedir que se revisara la jugada” porque no le pareció falta, y se ha atribuido incluso un supuesto “buen ojo” para interpretar acciones de juego. Infantino, por su parte, reconoce que recibe y atiende llamadas del presidente de EEUU sobre asuntos relacionados con el Mundial, equiparándolas a los contactos habituales con diferentes jefes de Estado.

El primer ministro británico, Keir Starmer, cede ante la presión del Partido Laborista y anuncia el calendario para su dimisión tanto como líder del laborismo como jefe del Gobierno. El proceso, adelantado por varios medios, culminaría después de verano.

El todavía jefe del Gobierno hará todo lo posible por "conseguir una transición ordenada" ha dicho desde el atril en Downing Street, sede del Gobierno, después de confirmar que había comunicado su decisión al rey Carlos III.

"Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer, que prometió "su apoyo total e inequívoco" a su sucesor que, todo apunta, será el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham.

En su discurso, Starmer ha valorado su acción dentro del partido tras 14 años en la oposición. "Me dijeron una y otra vez que mi partido estaba acabado, que estábamos condenados a la historia, que una mayoría en las elecciones generales, y mucho menos una aplastante, era imposible. Pero les demostramos que estaban equivocados, porque transformamos nuestro partido, erradicando el veneno del antisemitismo, restaurando la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional, y convirtiéndonos de nuevo en un partido", afirmó.

El discurso de dimisión también ha sido de balance de estos dos años, el primer ministro ha asegurado que con él al frente del Ejecutivo, "los salarios han crecido por encima de la inflación cada mes", ha reducido las listas de espera del Servicio Nacional de Salud, asegurado inversiones y mejorado los derechos de los trabajadores e inquilinos.

"Los cruces de pequeñas embarcaciones disminuyen, los hoteles de asilo cierran, protegemos a los jóvenes de las redes sociales y medio millón de niños han salido de la pobreza gracias a las decisiones que tomé. Nuestra reputación en el mundo se ha restaurado", ha dicho Starmer frente a sus ministros y trabajadores de Downing Street.

El 'premier' británico consiguió en 2024 la mayoría absoluta, pero su popularidad ha ido cayendo desde que tomase posesión como jefe del Ejecutivo. Los recortes en el Estado del bienestar, como cambios en el subsidio de combustible para los pensionistas, un límite de subsidios para las familias con un tercer hijo –que más tarde revocó–, o la subida de impuestos a las herencias familiares en el sector agrícola, fueron hundiendo su fama hasta alcanzar el 61% de desaprobación, según YouGov.

Pero, por si fuera poco, Starmer también se vio envuelto en una polémica después de que se revelase que él y varios de sus ministros aceptaron regalos de lujo, ropa y entradas para eventos musicales. Entre los últimos escándalos del Gobierno, la dimisión de la viceprimera ministra, Angela Rayner, tras verse envuelta en un escándalo fiscal relacionado con el impago de impuestos sobre una propiedad personal, que después resolvió.

Starmer terminó por perder toda su autoridad y el apoyo de sus compañeros de filas tras el varapalo electoral de los laboristas en las elecciones locales del pasado 7 de mayo, en las que avanzó el partido de ultraderecha y populista Reform UK.

Según apunta The Guardian, el primer ministro y su familia llevan todo el fin de semana meditando qué decisión tomar desde la residencia de Chequers y ya el sábado comenzaron a trabajar en un borrador sobre el discurso de dimisión. Pese a anunciar su renuncia, Starmer se mantendrá en el poder hasta que se haya resuelto quién será el nuevo líder del partido.

El anuncio de este lunes provocará que llegue un nuevo residente al número 10 de Downing Street, el séptimo en diez años.

Coincidencia, o no, el anuncio de Starmer se produce el mismo día que Burnham toma de posesión como diputado después de ganar el pasado jueves el escaño de Makerfield. Este paso era fundamental para que el ya exalcalde de Mánchester opte a convertirse en líder de su formación y primer ministro.

Hasta el pasado viernes, Starmer insistía en que no pensaba dimitir y que si había unas primarias en su formación para elegir a un nuevo líder se presentaría a ellas. Ahora parece que el primer ministro no acudiría a esos comicios, pero sí podría hacerlo cualquier otro diputado. Wes Streeting, quien renunció hace unas semanas como ministro de Salud, anunció la semana pasada en la BBC que se presentaría a cualquier contienda interna y que contaba con el respaldo de 81 diputados para hacerlo.

En cualquier caso, cualquiera de los diputados laboristas puede presentarse con el aval mínimo de 81 parlamentarios de la formación, equivalente al 20% de su grupo parlamentario.

Lo deseable por parte de las bases laboristas es que haya nuevo líder del partido antes de la conferencia anual del partido que se celebrará a finales de septiembre. Así, la intención de Starmer con este movimiento de dimisión es dejar todo atado para que el calendario para la apertura de las candidaturas para el liderazgo del partido el 9 de julio y su finalización antes del receso de verano. Esto propiciaría que el nuevo líder arranque ya en septiembre toda la actividad parlamentaria.

Tras muchos vaivenes y desencuentros, amenazas cruzadas, y anuncios y desmentidos. Este domingo a última hora se ponía fin a más de 100 días de conflicto. El acuerdo de paz siempre estuvo cerca, pero nunca se concretaba, hasta que esta vez, Pakistán anunció que Irán y EEUU habían llegado a un acuerdo "completo" de paz para poner fin al conflicto.

El anuncio lo adelantó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador en las negociaciones, que detalló que el pacto incluye la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares" en todos los frentes, lo que incluye también el Líbano, que fue atacado este domingo horas antes de la firma del armisticio.

Los tiempos para hacer público el acuerdo no son casuales. Este domingo Donald Trump cumplía 80 años y quiso hacer coincidir el momento de su cumpleaños con el del fin de la guerra. Una más en su búsqueda del Nobel de la Paz. La ratificación oficial y presencial se escenificará el próximo viernes 19 de junio en Suiza, país que ya se ha postulado formalmente como sede del encuentro, y podría contar con Donald Trump, según fuentes de la Casa Blanca.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", escribió el presidente de EEUU, Donald Trump, en su red social.

Inmediatamente a continuación subrayó: "¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!"

En un segundo mensaje, el republicano sostuvo que este "gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región". "Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, para la retirada de minas, el petróleo volverá a fluir en ambos extremos para la región y el mundo", agregó.

En una entrevista con Fox News, el vicepresidente JD Vance ha asegurado que este acuerdo "va a transformar Oriente Medio durante los próximos 50 años" y asumió que esta guerra ha supuesto "un momento difícil para muchos estadounidenses” debido a los altos precios de la energía, “pero este acuerdo será transformador”.

Pero la lectura del acuerdo varía según quién sea el encargado de hacerla. En Teherán, la televisión estatal emitió un mensaje en el que asegura que Irán "ha obligado a Estados Unidos a ceder para aceptar la paz". Kazem Ali Gharibabadi, viceministro de Exteriores, aseguró que "el enemigo, que atacó para llevar a cabo sus siniestros objetivos, sufrió una derrota en todos ellos, y la República Islámica de Irán obtuvo grandes victorias en la guerra. Hemos incluido todas nuestras posiciones importantes en el borrador del acuerdo", concluyó.

Gharibabadi insistió en que "pronto, con transparencia" se informará sobre los detalles del acuerdo de paz, pero solo se hará público tras la firma del acuerdo este viernes.

A pesar del anuncio del acuerdo, permanecen muchas incógnitas sobre los detalles del memorando.

La Administración estadounidense había fijado como principal objetivo de las negociaciones lograr que la República Islámica renunciara a cualquier ambición de obtener un arma nuclear y cediera a Estados Unidos su material enriquecido para su destrucción.

Irán, que siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos, ha exigido a Estados Unidos el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes bloqueados.

La agencia de noticias iraní IRNA ha reportado que el borrador del acuerdo prevé 60 días de conversaciones sobre temas nucleares y el levantamiento total de las sanciones como confirma Axios. Siempre, y según su versión, el borrador excluye el programa de misiles iraní y el apoyo a los grupos de resistencia de las negociaciones finales.

Exteriores ha afirmado que el memorando suspende las sanciones impuestas a las ventas iraníes de petróleo y productos petroquímicos.

Por su parte, Vance afirmó en Fox News que la República Islámica "nunca tendrá un arma nuclear". "Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche", declaró.

En el comunicado de Gharibabadi se asegura que como "el presidente de Estados Unidos reconoció (en su mensaje)" se producirá "el levantamiento y la finalización del bloqueo naval (de Ormuz)", destacó.

En este sentido, confirmó que "naturalmente" se reabrirá el Estrecho de Ormuz, uno de los epicentros del comercio mundial y por donde transita el 20% del petróleo mundial, pero también, solo sucederá tras la firma del acuerdo.

Según informó la agencia oficial de noticias iraní FARS, las partes han decidido que todo el tráfico marítimo a través del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz sea regulado directamente por Irán en estricta coordinación con el Sultanato de Omán. Una cuestión que ya se hizo pública hace unos días por parte de Irán en la que se aseguraba que ambos países compartirían la gestión del Estrecho, asegurando así a Irán la soberanía sobre unas aguas que son estratégicas para la región y para el mundo.

Trump, por su parte y para evitar ceder ante lo que parece una derrota, aseguró que se producirá un levantamiento gradual y condicionado de las sanciones económicas, pero bajo ningún concepto Irán "recibirá dinero en efectivo" de forma inmediata.

Lindsey Graham, uno de los 'halcones' de Trump y senador por Carolina del Sur, ha expresado su preocupación por el acuerdo entre ambos países después de que presionase a Trump por ser más duro. “Me preocupa [el acuerdo] porque la visión de Irán parece diferente de lo que el equipo negociador estadounidense reclama”, dijo en X.

El acuerdo que se firmará el próximo viernes —y anunciado por Pakistán— busca poner fin a una guerra que se inició el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Trump, que había prometido que la guerra terminaría en cinco semanas y que derivaría en un cambio de régimen en Irán, se vio forzado a negociar con Irán una salida al conflicto, acuciado por una escalada del precio de la gasolina y una caída de popularidad dentro de su propio partido y del país.

Teherán, que nombró como sucesor al hijo del ayatolá Jameneí, Mojtaba, —en lo que es una continuación del régimen— ha respondido con ataques contra Israel y las bases estadounidenses en los diferentes países de la región, además de bloquear el paso por el Estrecho de Ormuz.

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron dispuestos a levantar sanciones a Irán "en respuesta a medidas claras y verificables por parte" de la República Islámica "en relación con su programa nuclear". En el comunicado conjunto subrayan que Irán "jamás debe hacerse con un arma nuclear" e insisten en que es "vital que las negociaciones detalladas concluyan y que este acuerdo se implemente de forma rápida e integral. Estamos dispuestos a apoyar este esfuerzo", señalaron en la declaración conjunta.

Japón, Australia o la Unión Europea también han celebrado el acuerdo y han insistido en la reapertura lo más pronto posible del Estrecho de Ormuz.

"Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio", indicó a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La presidenta destacó que el pacto fue posible "tras los continuos esfuerzos diplomáticos de varios socios" y que ahora la prioridad es "su rápida y plena aplicación por parte de todas las partes.

El mundo árabe también ha celebrado la noticia. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, expresó su esperanza de que este avance constituya un paso significativo hacia "el fin definitivo de la agresión iraní e israelí contra los territorios árabes".

Los disturbios antiinmigración vuelven a sacudir Belfast por segunda noche consecutiva tras el apuñalamiento e intento de asesinato cometido este lunes por un ciudadano sudanés contra un británico.

Coches, autobuses y viviendas de extranjeros han sido el centro de las protestas de los ciudadanos de extrema derecha que han salido a las calles belfianas a condenar dicho atentado. La policía tuvo que utilizar cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Sandyknowes, en las afuera de Belfast, después de que se congregaran unas 200 personas y lanzaran piedras y botellas contra la policía que trataba de contenerlos. En estos disturbios, según asegura el medio británico Belfast Live, fueron detenidas 16 personas y 12 policías resultaron heridos.

Según este medio, el más popular en Irlanda del Norte, los manifestantes trataron de llegar al Hotel Chimney Court, lugar donde suelen alojarse los inmigrantes a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo político. Además, la Policía de Irlanda del Norte alertó horas antes de que se habían compartido datos de contacto y señalado viviendas donde habitan inmigrantes, incitando a nuevas protestas, como la noche anterior, donde se quemaron casas para obligar a los migrantes a salir de las viviendas.

Las protestas no solo se han producido en Belfast, se han extendido a ciudades como Glengormley, Newtownabbey, Derry y Stormont, donde la mayoría de los disturbios han sido causados por grupos de jóvenes encapuchados y vestidos de negro.

En un gesto inusual en la política británica, tanto nacionalistas como unionistas publicaron un comunicado conjunto en el que pedían calma ante la ola de terror que se avecinaba tras una primera noche de caos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó las escenas de Belfast como "impactantes y completamente inaceptables" y aseguró que "no hay justificación para la violencia y el desorden que presenciamos, que amenazaron a nuestras comunidades, ni para quienes los incitaron, ya sea en línea o en cualquier otro lugar. Es evidente que anoche se atacó a personas por su origen y no lo toleraré", afirmó el jefe del Ejecutivo.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, calificó a los responsables de los disturbios como “actores de mala fe”, según recogió Reuters. En sus palabras, se trata de actores que “probablemente habrían tenido dificultades para localizar la provincia en un mapa, pero que han intentado instrumentalizar el miedo y la indignación comprensibles tras el acuchillamiento para atacar a personas con el mismo color de piel [del agresor]”.

Por su parte, la familia de Ogilvie ha pedido calma y publicado un comunicado condenando los "repugnantes" disturbios que se están viviendo en las calles belfianas, así como en otras ciudades del norte.

Mientras, el juez Steven Keown denegó la libertad bajo fianza a Alodid al alegar que los riesgos eran "demasiado grandes" y aceptar la posición de la Policía norirlandesa que advirtió de que su puesta en libertad provisional podría desencadenar más disturbios ante el clima de tensión racial en la región.

Si bien unos políticos criticaron el hecho de los disturbios, otros como Tommy Robinson o Rupert Lowe, líderes de partidos de extrema derecha, centraban el tiro en el intento de decapitación de Stephen Ogilvie a manos de Hadi Alodid y animaban a salir a las calles. "Todo el Reino Unido se echa a las calles esta tarde [el miércoles] a las 7 de la tarde después de un nuevo ataque de los invasores contra nuestro pueblo", escribió Robinson en su cuenta de X.

Lowe se atrevió a afirmar que “debemos dejar de acoger a quienes desean decapitar niños. Un número enorme de personas debe ser expulsado de nuestro país; cuando digo enorme, lo digo en serio. Millones y millones deben irse o ser obligados a irse”.

Tras esto, Starmer alertó que los responsables de los disturbios sentirán "todo el peso de la ley" al tiempo que agradeció a las fuerzas del orden de la provincia británica de Irlanda del Norte la "valentía" para velar por la seguridad de la población.

Pero no solo han sido los británicos quienes han llamado a la acción en uno u otro bando, también Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla y X, ha publicado varios tuits que han despertado el aviso de Ofcom, la agencia reguladora británica, para advertir que tomará medidas “para combatir el odio y el terrorismo” que circulan en las redes.

La ristra de tuits del fundador de Tesla ha ido desde pedir la deportación masiva hasta defender la violencia de los disturbios: “Millones deben irse (de aquí)”; “nada importa más que si la civilización cae”; “¡Migrantes asesinos que decapitan a personas inocentes en su ciudad natal es lo que está enfureciendo a la gente, no las redes sociales!“.

Donald Trump cumplió su amenaza. Después de que Irán derribase el pasado lunes por la tarde un helicóptero Apache, el presidente de Estados Unidos anunció una respuesta "muy firme y muy potente" y así esta siendo. Además, ha asegurado que "¡El matón de Oriente Medio está muerto! [en referencia a Irán]"

El Apache derribado cayó cerca de Omán y sus dos pilotos fueron rescatados en una nueva operación del Ejército estadounidense y se encuentran "sanos y salvos e ilesos" como confirmó Trump en redes sociales.

La respuesta "proporcional a la agresión iraní injustificada" a este primer ataque ha sido una serie de ataques contra objetivos iraníes, que incluyen sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del Estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) durante esta madrugada.

Tras este ataque se han sucedido diferentes agresiones por parte de Irán. Los medios estatales iraníes como la agencia de noticias Fars informaban de explosiones en diversos puntos cercanos al Estrecho de Ormuz, en el sur de su país, mientras el ministro de Exteriores iraní, Abás Araghchí, aseguraba en redes sociales que “Estados Unidos ha optado por poner a prueba nuestra determinación, pese a sus derrotas en el campo de batalla. Nuestras Poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ninguna amenaza o ataque sin contestar”.

“Abandonen nuestra región si quieren estar a salvo. La historia del golfo Pérsico tiene muchos capítulos sobre destinos terribles de extranjeros entrometidos”, agrega el dirigente iraní.

En el comunicado que ha publicado Fars, Teherán advirtió a los países del golfo Pérsico sobre su "responsabilidad" de impedir cualquier uso de su territorio por parte del Ejército estadounidense. Con este aviso, la república islámica 'se cubría las espaldas' para justificar así los ataques contra las bases estadounidenses en los vecinos Baréin y Jordania, mientras que Kuwait se vio obligado a activar su defensa antiaérea.

La Guardia Revolucionaria señaló que los objetivos en este ataque de represalia fueron la Quinta Flota de los Estados Unidos, —en Baréin— y una base aérea estadounidense en Jordania.

“Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos otros lenguajes con mucha mayor fluidez. Rompan sus compromisos, y cambiaremos a aquel en el que nos expresamos mejor”, ha escrito el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. “Se recoge lo que se siembra”.

Por su parte, el Ejército jordano dijo que interceptó cinco misiles lanzados por Irán por lo que no se han registrado "ni víctimas ni daños materiales", informa la Agencia de Noticias de Jordania.

Durante estos días, Irán e Israel también han intercambiado ataques, lo que llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

Estos ataques provocaron la salida de Irán de la mediación para el alto el fuego que se está llevando en Pakistán. Lo hizo después de que Israel intensificara su ofensiva en Líbano, tras la entrada en juego de Hezbolá, y ordenara la evacuación de los suburbios chiíes al sur de Beirut con la intención de atacarlos. Con ese ambiente, fue entonces cuando Trump telefoneó a Netanyahu para pedirle que no atacara la capital libanesa ni sus alrededores. No sucedió. Israel bombardeó la zona vetada, Irán atacó a su vecino y el alto el fuego saltó por los aires.

El martes, pese a las llamadas de Trump pidiendo el cese de hostilidades, Israel mató al menos a 29 personas en la ciudad de Tiro, la mayor del sur de Líbano.

Pero Trump, que hasta este miércoles, era positivo en cuanto al fin de la guerra en Oriente Medio y aseguraba que la paz en la zona y entre ambos países podría llegar en “dos o tres días”, desde su red social ha asegurado que "Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!".

Asimismo, insinuó que su país está preparando nuevos ataques contra Irán: "Podría seguir adelante. (Los líderes iraníes) tuvieron la oportunidad de firmar un acuerdo y sobrevivir", dijo Trump a Fox News.

La carrera por el dominio de la inteligencia artificial da un nuevo salto. Anthropic, creadora de Claude, ha presentado el borrador para salir a Bolsa. La empresa dirigida por Dario Amodei presentó esta semana de forma confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el borrador de registro para una futura oferta pública inicial (OPI) adelantándose así a OpenAI, que llevaba meses anunciando la posible salida.

La compañía confirmó a través de un comunicado la intención de cotizar en bolsa. La presentación del formulario S-1 abre la puerta a que, una vez revisada la documentación por la SEC, pueda debutar en Wall Street.

Que el anuncio se haya hecho de forma confidencial, y a través de formulario, es ya una práctica habitual de las grandes empresas porque evita revelar de inmediato información sobre ingresos, costes o rentabilidad. 

La relevancia del movimiento de los de Amodei es que la salida a bolsa  supone abandonar las rondas multimillonarias de capital riesgo  a las que se han enfrentado tanto Anthropic como el resto de startups tecnológicas desde finales de 2022, cuando apareció en escena OpenAI con su famoso ChatGPT.

“Con la salida de una de estas compañías, el mercado comenzaría a poner un precio público, diario y verificable a un sector que hasta ahora se ha valorado principalmente con rondas privadas y con mucha expectativa de crecimiento”, explica a  infoLibre Patricia García, directora del Máster en Finanzas de ESIC Business & Marketing School.

El interés de los mercados y de la prensa económica se explica por la magnitud de la compañía. Anthropic cerró recientemente una ronda de financiación que elevó su valoración hasta los 965.000 millones de dólares.

Según García, una gran salida a bolsa obligará a “traducir el relato en múltiplos cotizados: ingresos, márgenes, consumo de capital, capacidad de monetización y visibilidad del beneficio”. En su opinión, la primera gran OPI de IA servirá además como referencia para todo el sector. 

“Si el mercado acepta múltiplos muy elevados, estará validando buena parte de la narrativa de crecimiento de la IA generativa. Pero si exige descuento o se muestra más duro con la ejecución, ese primer precio también puede actuar como señal de prudencia para cualquier otra compañía que quiera salir después”, añade.

La futura llegada a Wall Street plantea nuevas exigencias para estas empresas que, como apunta para infoLibre Carlos Cosials, director del Máster en IA de UIC Barcelona y presidente de Aseitec, cotizar en bolsa “implica estar en el ámbito especulativo, pero con unas reglas que demandarán mayor transparencia” y, por supuesto, estas compañías “deberán mostrar cuáles son los verdaderos motores que garantizan su rentabilidad futura”. 

Cosials plantea una idea importante con respecto al interés de los inversores: si la inteligencia artificial terminará por convertirse en una infraestructura indispensable de la economía digital. “La duda es si el search [Google] pasará a research inteligencia artificial generativa] y quién dominará ese mercado de forma cuasi monopolística”, como ocurrió con  Google, el buscador que se convirtió en la referencia de búsqueda en la web hasta con un verbo “googlear”.

La salida a bolsa de Anthropic va a fijar “el marco psicológico con el que el mercado va a juzgar a los que vienen detrás”, recuerda Cosials. La compañía de Amodei nació en 2021, fundada por empleados descontentos con OpenAI y con la dirección de Altman. Desde entonces, ambas compañías han competido por llegar más lejos con sus desarrollos.

Pero la diferencia estratégica entre ambas compañías será clave, como sostiene Cosials, para determinar qué modelo empresarial —enfocado a usuario o a negocio—será capaz de sostener “un negocio gigante en el tiempo”.

Mientras OpenAI ha construido buena parte de su crecimiento alrededor del mercado de consumo gracias a ChatGPT, Anthropic ha apostado por clientes corporativos. 

“El filón que ha encontrado Anthropic está referido a un ámbito que no está muy regulado, el de la calidad del software. La capacidad de generar y analizar código ha sido excepcional y le permite entrar en modelos B2B (negocio), frente al modelo B2C (usuario) que ChatGPT está eminentemente aplicando. Eso le permite asegurarse un modelo de ingresos más sostenido y menos intervenido”, añade.

El entusiasmo de los mercados convive con un debate cada vez más intenso sobre la sostenibilidad económica del sector.

Las grandes tecnológicas han anunciado inversiones que superan los 750.000 millones de dólares este año. Nunca antes se había destinado tanto capital, en tan poco tiempo, al desarrollo de una tecnología emergente que está creciendo a la par que se está usando.

El modelo de negocio sigue bajo escrutinio porque “genera incertidumbre, sobre todo por el lado de los costes”, señala Garcia. El entrenamiento y funcionamiento de los modelos exige inversiones multimillonarias en chips, centros de datos y energía.

Para García, la compañía llega al mercado en una posición de fortaleza poco habitual. “Se ha comunicado un run-rate —proyección anualizada— de ingresos de 47.000 millones de dólares y cerró una ronda de 65.000 millones para una valoración total de 965.000 millones, lo que le da una posición muy fuerte” frente al resto de competidores, sostiene. La experta recuerda, además, que distintas informaciones apuntan a que la empresa podría acercarse a su primer trimestre rentable.

¿Qué ocurre cuando una tecnología nacida como startup se convierte en infraestructura económica? La salida a bolsa de Anthropic obligará a comprobar si la inteligencia artificial generativa es ya un negocio extraordinariamente rentable o sigue siendo una apuesta sobre beneficios futuros.

Para García, la respuesta se sitúa a medio camino. “Los últimos datos sugieren que la IA generativa ha dejado de ser solo una promesa tecnológica y se ha convertido en una realidad de negocio”, sostiene.

“No todo vale cuando aspiras a ser corporación”, advierte Cosials que apunta a que la salida a bolsa someterá a Anthropic “al escrutinio de los resultados donde, tanto capitalistas (mercado) como instituciones (reguladores), puedan tener evidencias de garantía de que el valor se preserva y la prestación del servicio es conforme”.

En última instancia, la directora del Máster de Finanzas cree que la salida a bolsa de Anthropic no solo pondrá a prueba a la compañía de Dario Amodei, también obligará a Wall Street a decidir si una empresa nacida hace cinco años merece una valoración cercana al billón de dólares.

La negociación entre Estados Unidos e Irán no pasa, otra vez, por su mejor momento. Pese a la tregua entre ambos países, los ataques se siguen sucediendo y la presión en el Estrecho de Ormuz no para de crecer, al igual que lo hace la de los ‘halcones’ del movimiento MAGA para evitar un acuerdo de Trump con la república islámica.

La Administración Trump ha asegurado ante el Capitolio que “suspendió” la guerra en Irán el pasado 8 de abril, pero desde entonces el alto el fuego ha sido violado en diversas ocasiones, las últimas esta misma semana. 

Estados Unidos bombardeó este miércoles las instalaciones militares de Bandar Abbas en Irán y derribó cuatro drones en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, mientras la Guardia Revolucionaria respondía con ataques contra posiciones estadounidenses en países de la región como Kuwait. 

En un comunicado recogido por la agencia de noticias gubernamental Tasnim, el cuerpo militar iraní afirmó que “esta respuesta constituye una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará sin respuesta y que, de repetirse, nuestra reacción será aún más contundente”.

Donald Trump insiste en que las conversaciones por la paz y un acuerdo en Ormuz “van muy bien”, pero el cruce de ataques, reproches y filtraciones entre ambos países demuestra todo lo contrario. 

Por un lado, el presidente estadounidense dice que su Administración busca cerrar un acuerdo aumentando la presión militar y se muestra convencido de que Irán aceptará porque está sin reservas petrolíferas. 

Por otro, la televisión pública iraní filtró el pasado martes algunos puntos del borrador del texto que favorecen a Teherán. Por ejemplo, que Estados Unidos levantará el bloqueo y retirará sus fuerzas de aguas próximas a la república islámica o que Irán y Omán administrarán conjuntamente el Estrecho de Ormuz.

El posible acuerdo también contempla la descongelación parcial de activos iraníes y un periodo de 60 días para resolver el futuro del programa nuclear iraní. A cambio, Irán exigiría el levantamiento progresivo de sanciones y garantías económicas inmediatas.

La Casa Blanca salió a desmentir esta ‘filtración’, que calificó de “pura invención”, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, reconocía que existen “planteamientos serios sobre la mesa” para llegar a un acuerdo, pero que el desenlace aún se podría demorar.

Y Trump, en la misma línea que su secretario de Estado, aseguraba ante los medios que todavía no había acuerdo pero, en caso de no llegar a buen puerto, “tendremos que terminar el trabajo”.

Y, este mismo viernes, el vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, en Fox News, ha asegurado que Irán hizo "concesiones significativas, sustanciales y trascendentes" en las negociaciones de paz, a la espera de que el presidente estadounidense dé el visto bueno.

Miller no ha dado detalles del contenido de las cesiones iraníes, pero sí aseguró que "habrían sido imposibles hace poco tiempo". Por su parte, y una vez más, la república islámica ha desmentido a la Administración Trump y asegura que siguen las negociaciones para un acuerdo.

Esta línea más dura del presidente estadounidense, otra vez amenazando a Irán con “terminar el trabajo” o a Omán “con volarlo por los aires” después de que la república islámica lo mencionase en el supuesto acuerdo, es un guiño al ala más radical del Partido Republicano, los llamados halcones, alineados con Israel y partidarios de no ceder ante Irán. 

El senador Ted Cruz es uno de los más duros de este grupo. Ha advertido de que un pacto que deje a Irán con capacidad de enriquecer uranio y con el control sobre Ormuz sería “un error desastroso”. 

En X, el senador de Texas expresó su preocupación “profunda” por el posible acuerdo con Irán porque la decisión de atacar el país “fue la más trascendental” y “[Trump] acertó al hacerlo”, pero “que ahora reciba miles de millones de dólares, pueda enriquecer uranio, desarrollar armas nucleares y tener el control efectivo del Estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso. El presidente Trump debe hacer cumplir las líneas rojas que ha trazado repetidamente”.

Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado en la primera legislatura de Trump, aseguró que el acuerdo que se está negociando “parece sacado del manual de Wendy Sherman, Robert Malley y Ben Rhodes [ex altos cargos demócratas]: pagar a la Guardia Revolucionaria Islámica para que desarrolle un programa de armas de destrucción masiva y aterrorice al mundo. No es, ni de lejos, 'Estados Unidos Primero'. La postura es clara: abran el maldito estrecho. Denieguen a Irán el acceso a fondos. Neutralicen la capacidad iraní en la medida necesaria para que no pueda amenazar a nuestros aliados en la región. Ya es hora. ¡Manos a la obra!”. 

John Bolton, exdirector de Seguridad Nacional de Trump, afirmaba a su vez que “si las informaciones sobre el inminente acuerdo con Irán son correctas, los ayatolás habrán obtenido una victoria significativa. Volverán a estar en el camino hacia las armas nucleares, apoyando el terrorismo global y reprimiendo a su propio pueblo”.

Otros senadores republicanos han advertido igualmente de que cualquier acuerdo que no implique una derrota clara de Irán sería política y estratégicamente inaceptable.

No obstante, el movimiento MAGA también tiene quien mira a favor del acuerdo en Irán, como el comunicador Tucker Carlson o el cómico Joe Rogan, que han criticado a Trump por sus desaires cuando amenazó con “destruir la civilización de Irán”, con “volar Omán” o con sus advertencias a toda la región. 

Trump insiste entre sus detractores en que el acuerdo “ni siquiera ha sido negociado por completo aún” con la república islámica y pide no escuchar “a los perdedores, quienes critican algo de lo que no saben absolutamente nada”, escribió en Truth Social, al tiempo que decía que él y sus representantes están elaborando “exactamente lo opuesto” al pacto nuclear que Irán suscribió bajo la Administración demócrata de Obama en 2015. Trump se retiró de aquel acuerdo y lleva desde entonces intentando conseguir uno nuevo. 

El presidente ha insistido en que Irán debe desprenderse de su uranio altamente enriquecido, mientras Teherán mantiene su negativa a renunciar al derecho de enriquecimiento.

Los últimos datos sobre el programa nuclear iraní revelan que el país posee aproximadamente 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cercano al nivel necesario para uso militar, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán, por su parte, sostiene en su negociación que no se comprometerá a ceder sus reservas nucleares ni a desmantelar su programa sin garantías previas sobre activos congelados y levantamiento de sanciones.

La huelga de los profesores valencianos se encamina a su tercera semana y ya es una de las mayores protestas indefinidas en educación de los últimos años. Aunque la Comunitat Valenciana encabeza las protestas, otros territorios se han unido y tanto docentes como educadoras infantiles se han sumado a esta marea amarilla que pide cambios estructurales en el sistema educativo. 

Primero encabezaron las protestas las educadoras infantiles —etapa educativa 0-3 años—, con movilizaciones en todas las provincias españolas en las que reclamaban mejoras salariales, menor ratio de alumnos por clase y una educadora de apoyo en cada aula. 

Ahora, Valencia se ha convertido en el territorio al que apuntan todas las miradas, aunque las reivindicaciones de los docentes coinciden con las de otros territorios. Según los sindicatos convocantes como STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE, existe un malestar acumulado desde hace años al ver cómo la educación pública arrastra problemas estructurales que no se están resolviendo con ningún gobierno de ningún signo político.

La precarización de los docentes es una de las principales denuncias. La pérdida de poder adquisitivo acumulado durante años, en un contexto en el que “el precio de la vida sube, pero los salarios de los profesores no lo hacen al mismo ritmo”, cuenta a infoLibre María, educadora infantil en Madrid. 

Tanto el profesorado valenciano como el madrileño reclaman una recuperación retributiva que compense los recortes y congelaciones sufridas desde la pasada década. Además, hay que sumar la situación de buena parte de los docentes: interinidad y temporalidad.

En el caso de las educadoras infantiles, los sindicatos hablan de un modelo que genera precariedad y salarios insuficientes lo que está dificultando la atracción y retención de profesionales. 

En el caso valenciano, los sindicatos reclaman la recuperación del poder adquisitivo y una estabilización de las plantillas. Denuncian salarios por debajo de la media estatal y una pérdida de reconocimiento profesional.

La propuesta de la Conselleria valenciana pasa, como principal medida económica, por una subida salarial progresiva de hasta cerca de 200 euros mensuales de aquí a 2028. Algo que los sindicatos han rechazado de plano al no contemplar “incrementos inmediatos” lo que no consolida “plenamente las cuantías desde 2026”. 

En Cataluña, el Govern planteó acelerar los aumentos salariales y crear nuevos complementos vinculados a tutorías y centros de alta complejidad, pero las organizaciones USTEC·STEs, CGT, Professors de Secundària e Intersindical lo han rechazado también al considerar que "las medidas no compensan los recortes acumulados”.

Más allá de los salarios, el número de alumnos por profesor también es motivo de queja. Los sindicatos y docentes reclaman bajar el número de alumnos por aula y aumentar las plantillas de personal ya que las ratios actuales dificultan la atención individualizada.

Tanto en Valencia como en Cataluña y Madrid, las quejas coinciden: reducción de ratio, desdobles y refuerzos de plantilla para mejorar la educación obligatoria de los menores. En el caso catalán, el Govern anunció la pasada semana la incorporación de 2.400 profesionales y refuerzos específicos en el ámbito de la educación inclusiva.

Los sindicatos de enseñanza denuncian que el sistema educativo funciona "en precario", con aulas masificadas y una dotación "insuficiente" de recursos humanos, sobre todo en equipos de Atención Temprana. 

La excesiva burocracia también ha sido motivo de quejas entre los docentes y el punto de encuentro, por lo menos en Valencia, entre sindicatos y Consellería, donde admiten que existe un problema.

De hecho, algunas de las propuestas planteadas por la Generalitat incluyen medidas específicas orientadas a simplificar dichos trámites. Por su parte, el profesorado valenciano recalca el exceso de informes, programaciones y registros digitales que restan tiempo a la educación de los alumnos.

Los docentes catalanes también coinciden con sus colegas valencianos al ver cómo el aumento de planes individualizados, informes y documentación digital se ha traducido en una pérdida progresiva de tiempo en el aula.  

Y en última estancia, las educadoras infantiles también demandan una reducción del “papeleo” porque para plantillas tan “reducidas”, en la que hay que elaborar “informes dirigidos a las familias y documentación sobre el desarrollo infantil y pedagógico”, explica María, “dejamos de atender a las criaturas o tenemos que usar nuestro tiempo libre para hacer toda la burocracia”. 

La huelga indefinida valenciana está teniendo un buen seguimiento, aseguran desde los sindicatos, que cuentan con el respaldo de familias, alumnado y equipos directivos.

En el caso valenciano, ya son 60 los centros educativos de la Comunitat Valenciana cuyos equipos directivos han presentado o empezado a tramitar su dimisión en apoyo a la huelga, lo que supone unas 240 renuncias en total. 

Estas dimisiones, que se están produciendo en cascada de manera telemática este lunes, son "un grito de auxilio" y no se hacen contra nadie, ha explicado el director del CRA Benavites-Quart de Les Valls, Jaume Olmos, a las puertas de la Conselleria.

En cualquier caso, cabe mencionar que la renuncia de estos directivos no se traslada en que los centros afectados queden descabezados, pues estos cargos siguen en funciones hasta que se designe un relevo.

Este lunes, sindicatos y Conselleria se reunirán para debatir las propuestas que los primeros han presentado a la Generalitat, haciendo especial énfasis en la recuperación salarial, la reducción de ratios, la mejora de las plantillas y la reversión de algunas medidas, entre ellas la readmisión de los equipos directivos dimitidos sin ningún tipo de represalia.

Nuevo cambio de rumbo de la Administración Trump. Esta vez, el giro afecta al envío de tropas a Polonia: si hace una semana el presidente aseguró que retiraría efectivos del país, este viernes ha anunciado el envío de 5.000 militares adicionales al territorio centroeuropeo.

El presidente estadounidense lo ha comunicado, como viene siendo habitual, a través de su red social Truth Social, y lo ha justificado por la “buena relación” que le une al recién elegido presidente polaco, Karol Nawrocki, “a quien tuve el orgullo de respaldar”, ha señalado en el comunicado.

La decisión, que se produce durante la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (Suecia), ha despertado, una vez más, el recelo de la Alianza, pero también la satisfacción en Polonia, uno de los países que más contribuyó a los aliados el pasado año.

Nawrocki ha celebrado el anuncio de Trump y ha agradecido al presidente “su amistad hacia Polonia y las decisiones cuya importancia práctica vemos hoy con toda claridad. ¡La seguridad de Polonia y del pueblo polaco es mi máxima prioridad!”, ha escrito en X.

El presidente polaco ha subrayado, además, que la alianza con Estados Unidos constituye un elemento central de la seguridad europea. “Las buenas alianzas son aquellas que se basan en la cooperación, el respeto mutuo y el compromiso con nuestra seguridad común”, ha añadido y ha calificado la relación bilateral como un “pilar fundamental de la seguridad” de Polonia y del continente.

Semanas de tensión

El refuerzo militar estadounidense en territorio europeo se produce después de una semana de tiras y aflojas. El Pentágono ya había anunciado la retirada de 5.000 soldados de Alemania y la suspensión del despliegue en Polonia como parte de una redistribución global de fuerzas, según explicó el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Durante estas semanas, Trump también comunicó a la Alianza la cancelación del despliegue de misiles Tomahawk en Alemania —una medida acordada durante el Gobierno de Biden como elemento de disuasión frente a Rusia— para hacer frente a la guerra en Irán.

Esta decisión, sumada a la retirada de las tropas en Alemania, parece responder a una nueva represalia trumpista, esta vez contra el canciller Friedrich Merz, que había criticado el papel de Estados Unidos en la guerra de Irán y llegó a afirmar que la República Islámica estaba “humillando” al país americano.

Si hasta hace unos meses la mayor medida de presión de Trump eran los aranceles, ahora todo apunta a que utilizará la OTAN, el armamento y el envío o retirada de tropas como instrumento de presión. Para muchos aliados, este movimiento confirma que la relación transatlántica es más impredecible que nunca y que está cada vez más sujeta a los designios del presidente estadounidense.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, presente también en Helsingborg, ha negado, sin embargo, que las medidas que está tomando su país en suelo europeo respondan a represalias contra los aliados.

"Estados Unidos sigue teniendo compromisos globales que debe cumplir en lo que respecta al despliegue de nuestras fuerzas, lo que nos obliga constantemente a replantearnos dónde destinamos las tropas; no se trata de una medida punitiva, sino simplemente de un proceso continuo que ya existía anteriormente", ha afirmado Rubio.

El secretario de Estado no ha dejado pasar la oportunidad, ante los medios, de volver a insistir en el malestar de la Casa Blanca con algunos aliados por “su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio”. Para Rubio, “están bien documentados y es algo que habrá que abordar, pero que no se resolverá ni se tratará hoy. Es algo que se debe discutir a nivel de los líderes”, ha señalado. 

Ese asunto previsiblemente estará sobre la mesa en la próxima reunión de la OTAN, que tendrá lugar en Ankara los días 7 y 8 de julio de 2026, y en la que volverán a abordarse el compromiso y el gasto militar de los aliados.

Dependencia y compromiso

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido desde Helsingborg en la necesidad de que Europa asuma “más responsabilidades en su propia defensa”, capeando así la crítica a Trump por las últimas decisiones.

El ex primer ministro neerlandés ha defendido que “con el tiempo, paso a paso”, Europa debe depender menos “de un aliado único, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos”. Ese cambio, ha añadido, permitiría a Washington "tener la posibilidad y la opción de orientarse más hacia otras prioridades, que también redundan en nuestro interés".

Rutte, que navega por aguas turbulentas entre Trump y el resto de aliados, ve razonable que Estados Unidos reequilibre su presencia global, pero ha lanzado un reproche velado a algunos aliados al asegurar que, tras su visita a Washington a principios de abril, percibió “la decepción” de Estados Unidos con la OTAN por no poner a su disposición las bases en suelo europeo para su campaña militar en Irán.

El secretario general también ha pedido una mayor implicación en la próxima fase de la operación en Oriente Medio, especialmente en tareas relacionadas con la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz.

A estas críticas veladas ha respondido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al expresar su deseo de que “todos los aliados de la OTAN tuvieran el mismo compromiso con la seguridad atlántica que España”.

El ministro ha recordado que España cuenta con 2.000 soldados desplegados en el flanco este, participa en misiones de defensa aérea en Eslovaquia y Rumanía, lidera la misión de la OTAN en Irak y mantiene sistemas antimisiles Patriot en Turquía.

Albares ha defendido, además, la diferencia “entre decir que vas a hacer algo y no hacerlo, como hacen algunos, y decir que vas a hacerlo y cumplirlo, como hace España. Tenemos una palabra y cuando decimos que vamos a cumplir, cumplimos”, ha subrayado el ministro.

Trump está de enhorabuena. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ampliado el acuerdo alcanzado con el presidente Donald Trump para cerrar la demanda de 10.000 millones de dólares que este había presentado contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) —lo que a afectos de España, equivale a la Agencia Tributaria—, incorporando una cláusula extraordinaria: impedir que la agencia investigue al presidente, su familia y sus empresas.

La disposición, incluida en un documento de una sola página firmado por el fiscal general interino Todd Blanche blinda al presidente frente a futuras auditorías e investigaciones fiscales. La exfiscal de indultos del Departamento de Justicia, Liz G. Oyer, calificó este acuerdo como algo “catastrófico y corrupto”. 

El acuerdo “establece que Trump no puede ser investigado, auditado ni demandado por el Gobierno de los Estados Unidos en el futuro”, afirmó Oyer. Según explicó, la medida convierte a Trump en una figura inviolable ya que no sólo afectaría al Servicio de Impuestos Internos, sino a “cualquier agencia gubernamental”.

Este documento se publicó después de que Trump retirase la demanda que había presentado junto a  sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. y la empresa familiar Trump Organization contra el Departamento del Tesoro, que está bajo a su autoridad,  por filtrar sus declaraciones de la renta de 2016 y 2017. 

El acuerdo anunciado por el Departamento de Justicia establecía inicialmente que los demandantes recibirían “una disculpa formal”, pero “ningún pago monetario ni indemnización de ningún tipo”. A cambio, las partes desistían de la demanda. Aunque en ese pacto se habla de que no se entregaría compensación dineraria, no significa que el Departamento de Justicia no vaya a desembolsar nada, ya que una parte del acuerdo consiste en la creación de un fondo.

No obstante, el documento firmado por Blanche compromete a los funcionarios federales a “no emprender ninguna acción pendiente o futura”. Para Oyer, el escrito de Blanche “pondrá fin a las auditorías en curso contra Trump y sus empresas”, aseguró.

La exfuncionaria añadió que el acuerdo “renuncia a nuestro derecho a recaudar cualquier impuesto que Trump y sus empresas deban” y “cede nuestro derecho a intentar recuperar el dinero que robó a los contribuyentes”.

Ese dinero del que habla Oyer rondaría los 100 millones de dólares por los errores en las declaraciones del expresidente como se demostró en las filtradas —en 2016 y 2017 pagó 750 dólares—y como publicó The New York Times.

Para evitar el juicio millonario en el que Trump se enfrentaría al propio Trump —a través del Gobierno—, el pacto al que se ha llegado ha sido la indemnización de 1.776 millones de dólares, en honor al año de la independencia de Estados Unidos. 

Esa indemnización, Trump la ha transformado en un fondo del Departamento de Justicia para compensar a las “víctimas de procesos judiciales politizados durante la presidencia de Joe Biden”. 

Este fondo busca emular al creado por Barack Obama, el Keepseagle, por valor de 760 millones de dólares que buscaba compensar las reclamaciones por racismo institucional de los años anteriores a la época del expresidente.

El Departamento de Justicia afirmó que el fondo permitiría que “las víctimas de la guerra jurídica y la instrumentalización de la ley puedan ser escuchadas y buscar reparación”, según el fiscal Todd Blanche.

Entre los beneficiarios estarían los procesados —e indultados por Trump— por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, acusó a Trump de retirar “su falsa demanda contra el IRS a cambio de un fondo opaco, cortesía de sus impuestos, que puede usar para pagar a sus aliados políticos”.

“Para que quede claro: si usted es un contribuyente estadounidense, esta medida significa que casi 1.800 millones de dólares de su dinero serán entregados a quienquiera que un comité designado por Trump decida recompensar”, escribió este martes el premio Nobel de Economía Paul Krugman en Substack. “Pocas cosas logran sorprenderme en estos días; aunque esto representa un nuevo récord de degradación en materia de tráfico de influencias, revelando una vez más el absoluto desprecio de Trump por el pueblo estadounidense”.

Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, fue mucho más escueto al definirlo como “pura corrupción” y añadir: “¿1.776 millones? ¿El año del 250º aniversario? Se están riendo de todos nosotros”.

Las dudas que se extienden entre los juristas son: ¿Ddónde está el límite del presidente y del Departamento de Justicia? ¿Tiene este departamento capacidad para comprometerse a impedir futuras actuaciones?

La legislación federal prohíbe al presidente, al vicepresidente y a otros altos cargos del Ejecutivo ordenar al IRS que inicie o detenga auditorías específicas. Sin embargo, esa prohibición “parece incluir una excepción: el fiscal general”.

El colectivo ultra Manos Limpias presentó en diciembre de 2025 una querella contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras las detenciones practicadas por la UDEF en el marco del caso Plus Ultra, sobre el rescate con 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató a la aerolínea durante la pandemia.

Y, como ya es habitual, la organización ultra se personaba en una causa que salpicaba al Gobierno de Pedro Sánchez, como ya hiciera en otras como la Ley de Amnistía, el caso Ábalos o todo lo relativo al caso Begoña, esposa del presidente.

La querella sigue la línea de las anteriores interpuestas por Manos Limpias, imprecisiones, errores y recortes de noticias aparecidas en prensa, programas de televisión o incluso Youtube.

En el escrito que presentó Manos Limpias se afirmaba, sin más pruebas que lo leído en prensa o visto en televisión que se llegó a "presionar a varios ministros, tal y como relató D. Víctor de Aldama reveló [sic] el pasado 18 de diciembre de 2025 en una entrevista concedida al periodista Iker Jiménez y que fue emitida en directo en el programa Horizontes de la cadena La Sexta". 

En esta primera afirmación ya aparece una imprecisión, el programa es Horizonte y no Horizontes, y un error, el programa se emite en Cuatro y no en La Sexta.

"Dicha entrevista fue recogida por el diario digital El debate en los siguientes términos (Víctor de Aldama en 'Horizonte': "Zapatero cobró 10 millones de euros de comisión en Panamá por el rescate de Plus Ultra") y que se aporta como Documento Nº1". 

También cita al periodista Albert Castillón que en su canal de Youtube Castillón confidencial (Investigación "Descubrimos la supuesta cuenta de Zapatero en Panamá de la que habla Aldama), afirma que "ha localizado la cuenta de D. José Luis Rodríguez Zapatero en la que se podría haber recibió la comisión relatada por D. Victor de Aldama, y que dicha cuenta estaría en el Pacific Bank".

Dentro de la querella, Manos Limpias destaca también una información publicada en El Debate sobre los vínculos que unían al expresidente del Gobierno con el ahora detenido Julio Martínez Martínez, que cobró 458.000 euros de la empresa Plus Ultra, y que ejercía de enlace entre Zapatero y el presidente de la compañía.

En esos artículos se mencionaba una reunión de Zapatero en un monte sin cobertura con el detenido 72 horas antes de que fuera arrestado y de hasta cinco reuniones en casa del expresidente para tratar temas relativos a Plus Ultra.

La entrevista a Aldama en el programa de Jiménez, es la parte central de la querella del sindicato ultra que recuerda que en la entrevista en televisión, el comisionista, asegura: "José Luis Rodríguez Zapatero llega al ministerio de Transportes para reunirse con José Luis Ábalos. Yo estaba en el despacho de Koldo, al lado, y me dice que 'no le gustaba que Zapatero apareciera por allí a hablar con Ábalos o a imponer. En este caso, a imponer'. Zapatero le dice a Ábalos que tenía que rescatar Plus Ultra y que era necesario ese rescate. Ábalos se niega rotundamente. La conversación es acalorada. Koldo y yo estamos escuchando las voces. Zapatero le dice: 'No es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que te pide el presidente (Sánchez)'. Ábalos le responde que hablará con el presidente. Ok, le dice Zapatero que cuando tenga noticias volverá. A los tres minutos sale Ábalos de su despacho desencajado, disgustado".

Esta querella fue admitida por la jueza del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid que en aquel momento llevaba a cabo la investigación del caso Plus Ultra, iniciada por una denuncia de Anticorrupción sobre presunto blanqueo relacionado con el rescate de la aerolínea.

Manos Limpias pedía que se juzgara a Zapatero por los delitos de malversación de caudales públicos, trafico de influencias y un delito contra la hacienda Pública por fraude en la obtención de subvenciones.

La querella presentada por Manos Limpias contra Zapatero llegó en una fase ya avanzada del caso y con una base documental limitada. El escrito, que como se ha descrito apenas tenía siete páginas, fue registrado el 23 de diciembre de 2025, pocos días después de las detenciones del presidente y del CEO de Plus Ultra, practicadas por la UDEF el 11 de diciembre. Como se ha explicado anteriormente, el contenido de la querella se apoyaba esencialmente en referencias y publicaciones periodísticas ya difundidas, sin incorporar una investigación propia ni nuevos elementos de prueba relevantes que alterasen el marco del procedimiento abierto hasta ese momento.

Manos Limpias ha intentado colocar su querella en un lugar prominente como impulsora de la imputación actual del expresidente del Gobierno y del salto que dio a la Audiencia Nacional el caso Plus Ultra a principios de 2026. Sin embargo, la evolución posterior de la causa apunta a otros factores para explicar el paso a manos del juez José Luis Calama. El procedimiento llegó a la Audiencia Nacional el 27 de febrero de 2026, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María del Carmen Collazos, se inhibiera a su favor al considerar que la investigación estaba adquiriendo una dimensión superior al ámbito ordinario de un juzgado madrileño. El juez Calama asumió formalmente la competencia el 3 de marzo.

Esa dimensión superior que señalaba la jueza Collazos no se debió al escrito de Manos Limpias. La propia Audiencia Nacional ha subrayado, en una nota difundida este 19 de mayo, la dimensión internacional que ha adquirido la investigación por la estructura bajo análisis y sus posibles ramificaciones transnacionales. Con esa secuencia temporal, resulta difícil sostener que una querella de siete páginas basada en referencias periodísticas fuera el elemento que otorgó volumen al caso. La cronología apunta más bien a que el impulso hacia la Audiencia Nacional respondió a la creciente dimensión internacional que estaban adquiriendo los hechos investigados.

José Ignacio García era el aspirante que recibía la mejor nota por parte de los electores, según el barómetro del Centra (el CIS andaluz). El gaditano contaba con una media de 6,07, por delante del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se queda en el 5,49. De esto ya alertaban fuentes 'populares', que aseguraban que el buen hacer del político podía hacer perder algunos 'restos' de voto, lo que, a priori, parece haber sucedido y por lo que el presidente de la Junta no ha logrado la mayoría absoluta. García también ha reivindicado este hecho al valorar los resultados, cuando ha asegurado que "Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular".

El partido andalucista, alejado de los designios de Madrid, se presentó como opción frente a Por Andalucía, en la izquierda alternativa al PSOE, y la apuesta le ha salido bien en detrimento de la formación capitaneada por Antonio Maíllo. Los de José Ignacio García —a quienes las encuestas otorgaban hasta cuatro escaños—, con estos ocho diputados, consiguen grupo parlamentario —cuyo umbral está en los cinco diputados— y cuadruplican los resultados obtenidos en 2022, cuando el partido liderado por Teresa Rodríguez obtuvo dos diputados: uno por Sevilla y otro por Cádiz.

Adelante Andalucía consigue su mejor resultado histórico con una defensa a ultranza de los servicios públicos y de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, además de una clara vocación ecologista. García, que no llegaba al 20 por ciento de conocimiento ciudadano antes de los debates, ha podido revertir la situación a base de trabajo, redes sociales y camisetas protesta.

El partido andalucista, liderado por 'el gafas', como se conoce cariñosamente a García después de haber impulsado la ley de gratuidad de gafas —que está en fase de tramitación en el Congreso—, se convierte en la segunda fuerza de la izquierda, por detrás del PSOE y por delante de Por Andalucía, y lo ha logrado, como ha dicho García, con "trabajo pausado y con mucho esfuerzo colectivo". El subidón de Adelante, cercano al 10 % de los votos, ha llevado a que sea el partido que más crece en estas autonómicas.

García ha conseguido este resultado gracias al "compromiso militante" y ha dejado un dato revelador: que "una fuerza de izquierda y soberanista ha superado a los fascistas en dos provincias", Sevilla y Cádiz, las mismas en las que en 2022 consiguieron un diputado en cada una. "Es posible superar a Vox desde la izquierda; no lo hemos conseguido todavía en todas, pero lo conseguiremos".

García ha agradecido a todos los militantes y votantes el trabajo realizado durante la campaña por "rebelarse ante lo injusto, por la esperanza y por transformar Andalucía. No os vamos a fallar, y esto no ha hecho más que empezar”.

En el otro lado de la izquierda está Por Andalucía, la coalición formada por IU, Podemos, Sumar y Los Verdes, liderada por Antonio Maíllo, que "no ha logrado cumplir las expectativas", como ha dicho el candidato de la coalición, pese a obtener los mismos resultados que en 2022 —cinco escaños y grupo propio—.

Se ha especulado que este resultado, decepcionante para la coalición que quería llegar a los diez escaños, puede hacer que Maíllo abandone el partido. La supuesta "candidatura de unidad" que tanto ha defendido el líder de IU ha servido más para restar que para sumar.

Este mismo lunes, Antonio Maíllo, ha salido al paso de esas especulaciones para asegurar que "ahora mismo" no se ha planteado dimitir, ya que ha mantenido el resultado con cinco diputados en las elecciones autonómicas de este domingo y ha alegado que son "muy respetuosos con la voluntad del pueblo andaluz, que es sagrada".

En declaraciones a Radio Nacional, Maíllo ha admitido que les hubiera gustado conseguir uno o dos diputados más en el Parlamento andaluz y ha advertido de que se ha producido un "cambio de paradigma en el electorado andaluz hacia el conservadurismo".

Este resultado demuestra que la división a la izquierda del PSOE sigue haciendo daño, ya que, pese a que ambos partidos suman 13 diputados, seis más que los conseguidos en las elecciones de 2022, tanto en porcentaje como en número de votos, Por Andalucía y Adelante Andalucía habrían superado a Vox como tercera fuerza política en caso de concurrir en una candidatura conjunta, como sugerían desde el PSOE.

Pero ha sido este lunes cuando el candidato de Adelante Andalucía se encargaba de reivindicar el espacio propio de su formación y ha resaltado que de haber concurrido con Por Andalucía habrían obtenido "peores resultados".

En sendas entrevistas con la Cadena SER y Canal Sur Radio, el candidato ha defendido que Adelante ha contribuido a ampliar un espacio de izquierdas pegado al territorio, que ha señalado que no puede caer en la "depresión permanente".

Para Podemos y Sumar no es un buen resultado, una vez más en este 2026, después de los pobres resultados en Castilla y León, donde no consiguieron representación, y en Aragón, donde mantuvieron el único procurador que ya tenían en 2023. La formación de Ione Belarra, además, se ha quedado sin representación en el Parlamento andaluz porque solo encabezaba la provincia de Jaén, donde no ha conseguido escaño.

Keir Starmer resiste. El primer ministro británico aguanta el tipo y quiere convertirse en el primer jefe del Ejecutivo en aguantar una legislatura completa desde que David Cameron dimitiera por la victoria del referéndum sobre el Brexit. 

Desde entonces, la política británica se ha instalado en el caos: Theresa May, Boris Johnson, Elizabeth Truss y Rishi Sunak han sido los predecesores de Starmer en la “turbulenta” nueva realidad de Reino Unido alejada de los europeos. 

La derrota en los comicios locales y regionales del Partido Laborista ha levantado las alarmas dentro de sus filas que piden la dimisión de Starmer como líder, lo que conllevaría,que abandonase también sus responsabilidades en el número de 10 de Downing Street.

Las últimas elecciones dejaron una fotografía difícil de digerir para el votante laborista, pero mucho más para los miembros del partido. El partido de Starmer pasó de más de 2.500 concejales en todo el país a poco más de 1.000, mientras que Reform UK, partido del líder populista y de extrema derecha Nigel Farage, pasó de 2 a más de 1.400. 

Este golpe, sumado al deterioro de la popularidad de Starmer, ha impulsado una contestación sin precedentes. Al menos 70 diputados laboristas han pedido ya que dé un paso atrás. El primer ministro, sin embargo, se mantiene firme: solo aceptará un desafío formal si 81 parlamentarios respaldan una candidatura alternativa. Por ahora, nadie ha reunido ese apoyo.

Ninguno de los aspirantes lo tiene fácil. 

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, es el más popular de todos ellos. Pero no es diputado de la Cámara de los Comunes —condición indispensable para la sucesión—. 

En enero anunció su intención de disputar el escaño vacante en la circunscripción de Gordon y Denton, dentro de la región de la Gran Mánchester, pero Starmer maniobró —junto al Comité Ejecutivo Nacional—para que el alcalde no pudiera presentarse. El argumento esgrimido desde el partido fue que de ganar ese escaño, habría que convocar unas nuevas elecciones municipales para las que el partido no estaba preparado.

A favor de Burnham, existe la posibilidad de que algún aliado renuncie a su acta de diputado para dejarle el hueco y que se presentase, pero eso puede provocar otro bloqueo de Starmer o, como en el caso de Gordon y Denton, Reform UK o Los Verdes, les arrebaten el asiento en la Cámara de los Comunes. Demasiado riesgo.

Las últimas cifras manejadas por Ipsos señalan una aprobación y conocimiento del 17% de los electores hacia el alcalde de Mánchester, frente a la que sería su rival más inmediata, la ex viceprimera ministra, Angela Rayner, con una aprobación del 5%. 

Rayner está entre las favoritas del ala moderada, pero los problemas con Hacienda que le obligaron a dimitir y a abandonar el Gobierno, despiertan recelos. A su favor y en contra de Burnham: todavía conserva su escaño en Westminster.

El último en la terna de favoritos es Wes Streeting. El ya exministro de Sanidad se ha consolidado como el candidato preferido del ala centro-derecha y de los ‘blairistas’, aunque también ha logrado cierto respaldo entre los más progresistas gracias a su perfil social y su postura con Gaza. Sin embargo, también tiene problemas.

Los mensajes del titular de Sanidad con Peter Mandelson —amigo de Jeffrey Epstein— supusieron la primera gran crisis de Gobierno; y la deriva hacia la derecha del Laborismo está provocando la sangría de votos en favor de Los Verdes de Zack Polanski.

La dimisión de Streeting provoca un pequeño terremoto y busca provocar el movimiento de dimisión de Starmer o, en todo caso, la firma de los 81 avales necesarios que respalden su candidatura.

Mientras tanto, el sector más moderado de la izquierda laborista busca sus propias opciones: el exlider laborista, Ed Miliband y las actuales ministras y críticas con Starmer, Shabana Mahmood y Yvette Cooper constituyen la terna progresista.

Miliband ya fue líder del partido entre 2010 y 2015 hasta caer en las elecciones contra David Cameron; Mahmood gana peso gracias a su discurso en inmigración; y Cooper, veterana y ambiciosa, sigue siendo una figura respetada, aunque sin apoyos para liderar la rebelión.

Pese a la presión, Starmer no cede. La reunión del Consejo de Ministros del martes fue un brindis al sol. “No voy a dimitir”, dijo Starmer, que considera que la situación económica y geopolítica actual no merece la inestabilidad que provocan unas elecciones. “El país espera que nos centremos en gobernar”, dijo el premier británico. 

Y aduciendo esa inestabilidad, la ‘guardia pretoriana’ del primer ministro ha salido en su defensa. El titular de Vivienda, Steve Reed, aseguraba tras la reunión de los ministros que “no es un juego. La inestabilidad tiene consecuencias en la vida de las personas”.

Tras Reed, otros tres ministros respaldaron la continuidad de Starmer. Y, David Lammy, viceprimer ministro, comparecía para resumir la estrategia: “Starmer fue elegido para un mandato de cinco años. Pido a mis colegas que den un paso atrás, respiren hondo, y tengan en cuenta que, en las últimas horas, nadie ha querido presentarse como candidato. Los que sugieren al primer ministro que dimita, que digan quién debe sustituirle”.

Esto evidencia la fractura dentro del Gobierno. Cinco ministros a favor de Starmer, dos en contra y una dimisión ¿y el resto? Silencio. Eso sí, desde el martes, una cascada de dimisiones busca provocar que algún alto cargo dé el paso. Ese podría ser Streeting, pero de momento y tras reunirse con Starmer, prefiere esperar.

Quienes ya han dado el paso son Miatta Fahnbulla, Jess Phillips, Alex Davies-Jones, o Zubir Ahmed, todos cargos menores, pero todos ligados al partido y al Gobierno.

Para mantener el poder, Starmer ha movido ficha. Incorpora a su equipo, en calidad de asesores especiales, al ex primer ministro Gordon Brown, para aconsejarle en la estrategia económica, y Harriet Harman, ex número dos de Brown en el partido. Su tarea será la de ayudar al Gobierno en las políticas de protección de mujeres y niñas.

Mientras tanto, Carlos III leyó este miércoles el discurso con las líneas políticas del Gobierno para este año, lo que despertó las críticas del Partido Conservador.

Kemi Badenoch calificó de “ridículo” que el Gobierno esté presentando un programa “mientras varios de sus miembros están dimitiendo y un gran número de los diputados laboristas le están diciendo a su primer ministro que se tiene que largar. No tiene lógica alguna. Si todos ellos apoyan esta agenda legislativa, ¿por qué se quieren deshacer de su líder? Y si no la apoyan, ¿qué diablos estamos haciendo aquí?”.

En más de una década, desde 2010, han cerrado cerca de 35.000 bares, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra refleja un cambio en los hábitos de ocio de la sociedad y una transformación económica y social, porque cuando desaparece un bar se pierde algo más que un negocio: cierra un espacio de encuentro, conversación, mezcla social y comunidad. Y, según varias investigaciones, ese vacío es caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha.

Durante décadas, especialmente en barrios obreros, pueblos y pequeñas ciudades, el bar fue mucho más que una barra, unas cañas o una máquina tragaperras. Era una infraestructura social. “Todos tenemos un entrenador de fútbol, un político dentro y la capacidad de resolver el país desde la barra del bar”, recuerda a infoLibre Rosi, propietaria del bar ‘Vega’ en el madrileño barrio de Las Águilas. “Aquí viene gente del banco, obreros, mecánicos del taller, jubilados o trabajadores de los comercios de al lado. Todos discutimos, nos reímos y al día siguiente, una nueva historia”.

La socióloga de la Universidad de Zaragoza, Marianna Martínez Alfaro, asegura que los bares desempeñan un papel clave en la construcción de relaciones sociales porque “funcionan como espacios cotidianos de encuentro, conversación y convivencia”. Estos espacios, asegura, favorecen “la creación de vínculos afectivos, amistades y redes comunitarias”, convirtiéndose en “infraestructuras sociales que sostienen la vida colectiva”.

El antropólogo José Mansilla coincide en esa visión estructural al señalar que “los bares de barrio han funcionado históricamente como algo mucho más profundo que simples espacios de consumo”, actuando como “auténticas instituciones sociales”.

El sociólogo Javier Rueda se centra más en lo que provoca el cierre de los bares en lo rural y en la ciudad. Para el autor de Utopías de barra de bar, el cierre del bar en un pueblo es el fin de “la última ‘señal de vida’ del municipio, el último punto de encuentro”, mientras que en las grandes urbes hay una mezcla de abandono “en los barrios que se convierten en calles vacías de almacenes y apuestas” o de “desarraigo absoluto” en el centro de las ciudades, cuando “los negocios más orientados al turismo, al evento o a cierto consumo ostentoso de clases pudientes” ocupan la mayoría de locales.

El economista Hugo Subtil, investigador de la Universidad de Zúrich, ha estudiado en Francia el cierre de los llamados bar-tabac —bares donde además de beber se fuma, se apuesta, se conversa y se socializa— y sus efectos electorales. Su conclusión: “La ultraderecha aumenta siempre que cierra un bar, pero el aumento se multiplica por tres en las zonas rurales”.

Su investigación se basa en el seguimiento de 18.000 cierres entre 2002 y 2022 en Francia y detectó que las zonas afectadas experimentaron incrementos de entre el 1,3% y el 3,6% en el voto a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Cuando el establecimiento reabre o surge uno nuevo en la zona, el fenómeno se revierte.

La clave, incide Subtil en Diari ARA, y coincide con Martínez y Mansilla, es la interacción social. “Lo que importa aquí no es lo que hace la gente, sino que lo hagan juntos”.

Rueda subraya que “el bar no es solo un espacio de expresión, sino un lugar de encuentro entre iguales y entre diferentes”. A su juicio, la desaparición progresiva de estos espacios erosiona una de las principales escuelas cotidianas de convivencia democrática.

Martínez refuerza este diagnóstico porque “los bares son uno de los principales espacios de cohesión social e intercambio intergeneracional e interprofesional”. Su desaparición no es neutra, porque reduce “los espacios informales de participación y convivencia”, aumentando “el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria”.

La tesis de Subtil también se cumplió en Reino Unido. Allí, la investigadora del London School of Economics, Diane Bolet, encontró patrones similares al analizar el cierre de pubs comunitarios entre 2013 y 2016.

Bolet sostiene que “cuando pubs, centros comunitarios, bibliotecas o bancos cierran, eso añade una sensación de declive local”. En su investigación, comprobó que cada cierre anual de un pub comunitario en determinados distritos incrementaba en torno a 4,3 puntos porcentuales el apoyo a UKIP, el partido pro-Brexit que lideraba Nigel Farage.

La investigadora aseguraba que la pérdida de estos lugares hacía a los votantes “más susceptibles a las narrativas de abandono que utiliza la extrema derecha y el populismo”.

Como explica, “lo que se pierde no es sólo un lugar físico, sino la sensación de que la propia herencia sociocultural está siendo abandonada” porque como asegura Subtil “pasas de hablar con todo el mundo a hablar solo con familia y amigos”.

Esta pérdida de espacios se traduce según Martínez en “percepciones de abandono, debilitamiento del tejido social y menor conexión entre las personas”. Eso aumenta la vulnerabilidad frente a discursos que transforman frustración económica o territorial en resentimiento político.

Rueda advierte de que el problema no es únicamente electoral, sino cultural: “Si se pierden los bares, ya perdidas las sedes de barrio de sindicatos, partidos o parroquias, la pregunta incómoda es clara: ¿dónde aprendemos qué es convivir?”.

El World Happiness Report 2025 refuerza esta idea: allí donde la confianza interpersonal es más débil, el apoyo a opciones populistas autoritarias tiende a ser mayor.

Rosi apunta algo que ya es una tendencia en las grandes ciudades: la desaparición de los “bares de toda la vida por cadenas de comida rápida, de gastrobares o de bares y restaurantes para turistas”. Esta sustitución por espacios de consumo estandarizado e impersonal evita el “murmullo crítico” como destaca Mansilla y contribuye al aumento del descontento social, explica Martínez, porque reduce “el sentimiento de pertenencia al territorio”.

Rueda señala que el cierre del bar tradicional y su sustitución por gastrobares o cafeterías de especialidad simboliza mucho más que una simple transformación económica. “La lucha por el barrio es la lucha por los espacios del barrio”, sostiene.

A su juicio, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esta transformación no sólo modifica el paisaje urbano, sino también quién puede habitarlo o participar en y de él. “Es un juego elitista y excluyente, trufado de deseabilidad social, donde comienza muchas veces el proceso de expulsión de un barrio o de una zona determinada”.

Esto provoca que fuerzas populistas reivindiquen los bares o los lugares de espacio común como símbolos de comunidad perdida, de un tiempo pasado mejor. 

Martínez subraya que cerrar bares no crea automáticamente votantes ultras, pero “una sociedad que pierde sistemáticamente sus lugares de encuentro intergeneracional e interprofesional corre el riesgo de volverse más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable”.