Una hora después de que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, regresara a Budapest desde San Petersburgo el 30 de agosto de 2024, recibió una llamada telefónica de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Lavrov le dijo a Szijjártó que había sido citado en todos los medios rusos tras su visita.

"¿Dije algo mal?", preguntó Szijjártó.

"No, no, no". Lavrov le tranquilizó. "Simplemente decían que estás defendiendo de manera pragmática los intereses de tu país".

En realidad, Lavrov llamaba para hacer una petición: el oligarca ruso Alisher Usmanov quería que su hermana, Gulbahor Ismailova, fuera eliminada de las listas de sanciones de la UE, y Szijjártó había prometido ayudar.

"Te llamo a petición de Alisher, y me ha pedido que te recuerde que estabas haciendo algo respecto a su hermana", dijo Lavrov.

"Sí, absolutamente", respondió Szijjártó. "La cuestión es la siguiente: junto con los eslovacos estamos presentando una propuesta a la Unión Europea para retirarla de la lista. La presentaremos la semana que viene y, como va a comenzar el nuevo periodo de revisión, se incluirá en el orden del día y haremos todo lo posible para sacarla".

Lavrov expresó su agradecimiento por el "apoyo y… la lucha por la igualdad en todos los ámbitos" de Szijjártó.

A partir de ahí, la conversación derivó hacia el desprecio compartido por ambos hacia la Unión Europea y sus funcionarios. Antes de colgar, el húngaro elogió la nueva sede de Gazprom que había visitado en Rusia. "Siempre estoy a tu disposición", añadió.

Siete meses después, Ismailova fue retirada de la lista de sanciones de la UE.

Esta llamada entre los dos ministros de Asuntos Exteriores fue una de varias que tuvieron lugar entre 2023 y 2025. Grabaciones de audio de las conversaciones de Szijjártó con Lavrov, así como con otros funcionarios rusos, fueron obtenidas por periodistas de VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigación Ján Kuciak (ICJK). Los periodistas confirmaron el contenido de forma independiente con fuentes de inteligencia en varios países y consultaron con expertos externos sobre la autenticidad del audio.

Las llamadas ponen de manifiesto la extraordinaria sintonía entre Szijjártó, que representa a un Estado miembro de la UE y la OTAN, y Lavrov, que representa a un país que ha invadido a otro europeo y ha patrocinado incendios provocados y sabotajes contra el flanco oriental de la OTAN.

Las conversaciones entre ambos contienen información sensible sobre las deliberaciones internas tanto de Budapest como de Bruselas, que sin duda resultan de interés para el Kremlin. También aportan pruebas claras del papel de Rusia a la hora de incitar a Hungría y Eslovaquia a suavizar las sanciones de la UE contra individuos y entidades rusas.

En sus intercambios con Lavrov, Szijjártó se muestra deferente, rozando en ocasiones lo servil. "Si quitas los nombres y enseñas estas conversaciones a cualquier agente, jurará que se trata de la transcripción de un oficial de inteligencia trabajando con su activo", afirmó un alto funcionario de inteligencia europeo tras revisar las transcripciones.

Ni Lavrov ni Szijjártó respondieron a las solicitudes de comentarios. El abogado alemán de Usmanov, Joachim Nikolaus Steinhöfel, rechazó responder a preguntas sobre la conversación entre Lavrov y Szijjártó. Describió las sanciones de la UE contra Usmanov y sus familiares como "injustificadas", subrayó su éxito como empresario y filántropo, y destacó que Usmanov había ganado "más de veinte casos judiciales" contra "medios de comunicación, figuras públicas y políticos que difundieron diversas afirmaciones falsas sobre él… muchas de las cuales reproducían los mismos razonamientos utilizados para las sanciones de la UE".

Las comunicaciones de Szijjártó van mucho más allá de Usmanov y sus familiares. En una llamada con otro funcionario ruso, el viceministro de Energía Pavel Sorokin, en el verano de 2025, Szijjártó no solo afirma que ya ha debilitado el 18º paquete de sanciones de la UE, entonces en negociación, sino que además pide argumentos adicionales que hagan que sus esfuerzos parezcan responder al interés de Hungría y no al de Rusia.

"Ya he eliminado 72 [entidades] de la lista, pero había 128. Estoy intentando continuar, pero tengo que decir que esto es en interés de Hungría", afirma Szijjártó.

"Si ellos [el equipo de Sorokin] pueden ayudarme a identificar los efectos directos y negativos sobre Hungría, estaría muy agradecido", añade, "porque si puedo mostrar algo así, me daríais una oportunidad completamente diferente".

La disposición de Szijjártó a actuar en interés de Rusia en el ámbito de la UE ayuda a explicar por qué Moscú está invirtiendo esfuerzos significativos en mantener a Viktor Orbán y a su partido pro-Kremlin Fidesz en el poder en Hungría.

Encuestas independientes sugieren que Orbán va muy por detrás de cara a las elecciones parlamentarias del 12 de abril, con el partido de centroderecha Tisza, liderado por el aspirante Péter Magyar, en clara ventaja.

Mientras la campaña de Orbán tiene dificultades, Rusia estaría interviniendo para ayudar. Como informó VSquare a principios de marzo, el Kremlin ha asignado a Serguéi Kiriyenko —vicejefe de gabinete de Putin y uno de los principales arquitectos de las operaciones de influencia política de Rusia— la tarea de apoyar de forma encubierta la campaña de Orbán. Kiriyenko desempeñó anteriormente un papel clave en la interferencia electoral en Moldavia.

Al mismo tiempo, la campaña de Orbán ha reproducido cada vez más narrativas del Kremlin, organizando provocaciones contra Ucrania y acusando a figuras de la oposición y a críticos de actuar como agentes o espías ucranianos, mientras descarta las acusaciones sobre sus propios vínculos con Rusia.

Las llamadas muestran que Szijjártó informaba de forma habitual a Lavrov sobre discusiones supuestamente confidenciales entre diplomáticos europeos.

Por ejemplo, en la misma llamada del 30 de agosto de 2024 con Lavrov, Szijjártó reveló detalles de una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en la que había participado el día anterior.

"Fue una locura, ya sabes, cuando [el ministro de Exteriores lituano Gabrielius] Landsbergis dijo que contribuimos con un 12% de cada cohete y misil", le dijo Szijjártó a Lavrov, refiriéndose al argumento del ministro de que los pagos húngaros y eslovacos por gas y petróleo estaban ayudando a financiar la guerra de Rusia en Ucrania.

"Le dije: amigo, no tienes razón, porque los europeos contribuyen mucho más… no somos solo los eslovacos y nosotros quienes compramos gas y petróleo directamente a Rusia, sino todos vosotros que compráis lo mismo a través de… India, Kazajistán".

Consultado al respecto, Landsbergis confirmó que esa conversación había tenido lugar.

"Parece que todo este tiempo Putin ha tenido, y sigue teniendo, un topo en todas las reuniones oficiales europeas y de la OTAN", afirmó. "Si se quiere mantener la integridad de estas reuniones, sería apropiado excluir a Hungría de todas ellas".

"Cada generación tiene su Kim Philby", añadió Landsbergis, en referencia al famoso espía del KGB en el servicio secreto británico. "Al parecer, Péter Szijjártó está desempeñando ese papel con entusiasmo".

Aunque la UE ha sancionado a unas 2.700 personas y entidades rusas por su papel en la guerra de Rusia contra Ucrania, el bloque debe votar cada seis meses si prolonga esas sanciones.

Estas decisiones se toman por consenso, lo que significa que los 27 Estados miembros deben estar de acuerdo.

RFE/RL informó en marzo de 2025 de que Hungría y Eslovaquia amenazaron con bloquear la prórroga de las sanciones de la UE ese mes a menos que se retiraran ciertos nombres. No se trataba solo de Ismailova: el empresario ruso Viatcheslav Moshe Kantor y el ministro de Deportes del país, Mijaíl Degtyaryov, también fueron retirados de las sanciones en esa ronda.

Un diplomático europeo estrechamente implicado en las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato para poder revelar detalles internos, afirmó que Hungría y Eslovaquia suelen empezar con una larga lista de nombres rusos que quieren eliminar.

"No utilizan argumentos jurídicos", explicó el diplomático. "Simplemente dicen que no quieren a esas personas en la lista de sanciones por motivos políticos".

A medida que avanzan las negociaciones, Budapest y Bratislava suelen reducir su lista a un puñado de personas, como ocurrió con Ismailova, Kantor y Degtyaryov.

Aunque desde hace tiempo se sospechaba que Hungría y Eslovaquia filtraban los detalles de estas negociaciones a Moscú, el diplomático describió las nuevas pruebas obtenidas como valiosas: "Hungría está claramente cumpliendo órdenes políticas de Rusia", afirmó tras revisar las transcripciones.

El alivio económico para individuos no es el único ámbito en el que Hungría actuó en secreto en nombre del Kremlin en Bruselas.

En conversaciones con otro alto funcionario ruso, el viceministro de Energía Pavel Sorokin, Szijjártó afirmó que estaba haciendo todo lo posible para "derogar" un paquete clave de sanciones de la UE dirigido contra la flota fantasma de petroleros de Rusia, el mecanismo mediante el cual Moscú elude las sanciones energéticas occidentales.

En una conversación con Sorokin, Szijjártó se ofreció a eliminar bancos rusos propuestos para ser sancionados por la UE. Incluso pidió al funcionario ruso que le proporcionara argumentos sobre por qué hacerlo sería de interés para Hungría.

En otra llamada, Szijjártó se quejó de que la UE se negaba a compartir con él documentos relacionados con la propuesta de sancionar a 2Rivers, una empresa con sede en Dubái dedicada al comercio de petróleo ruso.

"Dicen que no hay un interés húngaro claro que puedan identificar y, por lo tanto, Hungría no puede pedir legalmente que se eliminen de la lista", dijo Szijjártó después de que Sorokin preguntara por qué Budapest había quedado fuera del proceso.

Según la UE, 2Rivers, anteriormente conocida como Coral Energy, ha sido un actor clave en la venta de petróleo ruso a través de su propia flota fantasma de petroleros y en ocultar el origen del crudo procedente de la empresa estatal rusa Rosneft, actualmente sancionada por Estados Unidos. 2Rivers vende después el crudo por encima del precio máximo internacional fijado y alimenta la maquinaria bélica rusa con ingresos vitales. En diciembre de 2024, el Reino Unido sancionó a 2Rivers y su red de comercio de petróleo.

No está claro qué interés podría tener Hungría —un país sin salida al mar que recibe petróleo a través de oleoductos— en intentar preservar las operaciones de la flota fantasma de Rusia. Pero el beneficio para Rusia es evidente.

Tras informar de que no había tenido éxito con 2Rivers, Szijjártó compartió con Sorokin detalles sobre las negociaciones en curso del 18º paquete de sanciones de la UE.

Explicó que la votación aún no figuraba en el orden del día gracias a un aplazamiento acordado por Hungría y Eslovaquia hasta que la UE accediera a "hacer una excepción" para esos países y "permitirnos seguir comprando gas y petróleo rusos".

El 18º paquete de sanciones fue propuesto por la Comisión Europea el 10 de junio de 2025. Dos semanas después, Szijjártó anunció públicamente que Hungría y Eslovaquia lo estaban bloqueando "en respuesta a los planes de la Unión Europea de eliminar gradualmente las importaciones de energía rusa".

Fue en una llamada con Sorokin una semana más tarde cuando Szijjártó pidió argumentos sobre "efectos negativos para Hungría" para ayudarle a diluir el paquete.

Kinga Redłowska, experta en sanciones y responsable de CFS Europe en el think tank londinense RUSI, señaló que el enfoque de Hungría cumple un doble objetivo.

"A nivel interno, permite a Viktor Orbán reforzar una narrativa antiucraniana", afirmó. "A nivel de la UE, proporciona margen de maniobra para extraer concesiones en áreas no relacionadas, como la financiación europea o los conflictos sobre el Estado de derecho".

Pero, aunque esta estrategia pueda beneficiar al Gobierno de Orbán, permitir que un vecino agresivo capture y mantenga más territorio soberano europeo va en contra del interés nacional de Hungría, señaló: "Debilitar las sanciones corre el riesgo de reforzar la economía de guerra de Rusia y socavar los intereses de seguridad más amplios de todos los Estados miembros de la UE, incluida la propia Hungría".

Las conversaciones entre Szijjártó y Sorokin también abordaron los bancos rusos que estaban en el punto de mira de la UE.

"Comparte conmigo los nombres de esos bancos, puedo comprobar si están en la lista o no, revisaré las bases legales y luego haré todo lo posible", dijo Szijjártó a Sorokin. "Sé que querían incluir el banco de San Petersburgo en la lista, lo cual conseguí evitar; también querían incluir otro banco relacionado con el proyecto de Paks [central nuclear], y también conseguí eliminarlo".

Tras semanas de retrasos por parte de Hungría y Eslovaquia, la Unión Europea adoptó finalmente el 18º paquete de sanciones el 18 de julio de 2025. 2Rivers fue incluida en la lista, lo que la llevó a iniciar su disolución. El paquete también supuso un golpe significativo para la flota fantasma de Rusia y sus esfuerzos por eludir las sanciones al petróleo.

Sin embargo, sigue sin estar claro cuánto mayor podría haber sido el impacto sin los esfuerzos de Szijjártó. Para entonces, su estrecha relación con Rusia ya se había hecho pública.

En abril de 2025, el semanario polaco Polityka informó de que se sospechaba que Szijjártó compartía notas escritas de reuniones ministeriales de la UE con Rusia. A principios de este año, The Washington Post informó de que Szijjártó compartía información regularmente por teléfono con Lavrov durante las pausas en las conversaciones de la UE. "Cada reunión de la UE durante años ha tenido básicamente a Moscú sentado a la mesa", declaró al periódico un funcionario europeo de seguridad.

Politico informó a principios de este mes de que "la UE está limitando el flujo de material confidencial a Hungría y los líderes se reúnen en grupos más reducidos".

El Gobierno húngaro desestimó estos informes calificándolos de "propaganda proucraniana", mientras que Szijjártó, aunque reconoció su frecuente comunicación con Lavrov, calificó las informaciones sobre sus acciones de "noticias falsas".

Esta estrategia parece estar volviéndose en su contra. Szijjártó fue recientemente abucheado por manifestantes, que le gritaron "traidor" y "espía ruso" en un acto de campaña.

La interferencia de Hungría en la política de sanciones de la UE comenzó pocos meses después de la invasión a gran escala de Rusia y se ha endurecido en los cuatro años siguientes hasta convertirse en un esfuerzo sistemático de presión en favor de figuras vinculadas al Kremlin, al que se sumó Eslovaquia.

En junio de 2022, Hungría bloqueó todo el sexto paquete de sanciones de la UE —que incluía el histórico embargo parcial al petróleo ruso— hasta que el patriarca Kirill, antiguo agente del KGB y jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, fue retirado de la lista. El primer ministro Viktor Orbán intervino personalmente alegando "libertad religiosa".

En febrero de 2025, Hungría logró otra exención para Kirill durante las negociaciones del 16º paquete, además de salvar al Comité Olímpico Ruso y a dos clubes de fútbol rusos.

En febrero de 2026, Hungría vetó por completo el 20º paquete de sanciones —la primera vez que Budapest llegaba tan lejos— bloqueando nuevas medidas restrictivas que pretendían conmemorar el cuarto aniversario de la invasión, alegando una disputa sobre los flujos de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

En marzo de 2026, Eslovaquia amenazó con vetar la renovación semestral de toda la lista de sanciones individuales existente a menos que Usmanov y otro oligarca ruso, Mijaíl Fridman, fueran eliminados de inmediato, antes de ejecutar lo que los diplomáticos de la UE calificaron como uno de los giros más extraños que habían presenciado, al dar marcha atrás sin conseguir ninguna de las retiradas; Hungría también abandonó su lista de siete objetivos.

* Se puede leer la versión original de esta información en OCCRP y en los medios VSquare (Europa Central, en inglés), FRONTSTORY (Polonia, en polaco), Delfi Estonia (Estonia, en estonio), The Insider (Rusia, en ruso), y en el Centro de Investigación de Ján Kuciak (ICJK) (Eslovaquia, en eslovaco)

Vox llegó a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 como la tercera fuerza del país, con 1.670 ediles. Dos años después, el partido de Santiago Abascal ha perdido 87 concejales —uno de cada 20— que han abandonado o han sido expulsados de sus grupos municipales y hoy figuran como no adscritos en sus respectivos ayuntamientos. El porcentaje, más de un 5%, multiplica por diez el del PP y por ocho el del PSOE, según el análisis de infoLibre a partir de datos del Ministerio de Política Territorial.

Cuando un edil abandona o es expulsado del partido por cuyas listas fue elegido, la Ley de Bases de Régimen Local le impide integrarse en otro grupo y le obliga a sentarse solo, con derechos políticos y económicos reducidos. En la práctica, el no adscrito queda en tierra de nadie institucional —excluido de comisiones, sin medios del grupo— pero conserva su acta y, con ella, su voto.

El análisis de infoLibre sobre la composición actual de los ayuntamientos españoles identifica 444 concejales no adscritos en total, procedentes de todas las fuerzas políticas. El PSOE y sus federaciones autonómicas —PSdeG, PSOE-A, PSN…— acumulan 128, el mayor número en términos absolutos. El PP suma 104. Pero en términos relativos, la diferencia con Vox es abismal: PP y PSOE se mueven en porcentajes del 0,44% y el 0,62%, respectivamente, sobre sus ediles electos el 28M. Vox tiene un 5,21%.

El desglose geográfico de la descomposición interna del partido se distribuye de la siguiente manera: Castilla y León y la Comunidad de Madrid concentran cada una 14 de los 87 no adscritos de Vox, seguidas de Castilla-La Mancha con 13 y la Comunitat Valenciana con 12.

Ni el mapa ni las cifras del análisis incluyen dos casos recientes en grandes núcleos urbanos: Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid y Beatriz Sánchez del Álamo en el de Cartagena. En el caso de la capital, Ortega Smith ha sido expulsado del partido que cofundó, pero sigue actuando como portavoz en el pelno a a la espera de que se oficialice su condición de concejal no adscrito. En Cartagena, ha sido la concejal de Turismo la que ha anunciado su marcha de la formación de Abascal denunciando la "deriva" y el "trato inhumano" hacia sus miembros, pero el consistorio tampoco ha registrado aún su paso a edil no adscrita. De los casos ya consolidados, el más extremo en una capital de provincia es el de Palencia, donde Vox obtuvo tres concejales en el 28M y ha visto cómo dos de ellos pasaban a no adscritos por vías distintas, dejando al partido con un único edil que, para más inri, está a su vez expedientado.

El primero en caer fue Ricardo Carrancio, expulsado en febrero de 2024 tras ser condenado por insultar y golpear a un hombre con discapacidad. El segundo es el caso más llamativo: Sonia Lalanda, hasta entonces portavoz del grupo municipal, fue expulsada por criticar públicamente a la dirección nacional. En el pleno en el que formalizó su paso a no adscrita, Lalanda estuvo acompañada por Macarena Olona —que viajó expresamente a Palencia para el acto— y denunció las “prácticas sectarias” y la "deriva radical de extrema derecha" de Vox. El tercer concejal de Vox que queda en el Ayuntamiento, Emilio Polo, está expedientado precisamente por haber apoyado a Lalanda en su conflicto con la dirección del partido.

Valencia: crisis, readmisión y la Fiscalía Anticorrupción

El caso de Valencia ilustra hasta qué punto la inestabilidad interna de Vox puede sacudir instituciones de primer nivel. A principios de marzo de 2025 estalló el primer escándalo de presunta corrupción documentado en el partido: el hasta entonces vicealcalde y portavoz de Vox en el consistorio, Juan Manuel Badenas, quedó bajo investigación interna por el supuesto amaño de un contrato de 128.951 euros en favor de la empresa del marido de Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Vox le abrió expediente y le suspendió de militancia, lo que le dejó fuera del grupo municipal junto a su pareja, la también concejala Cecilia Herrero, que pidió la baja voluntaria del partido.

Durante diez días, ambos figuraron formalmente como concejales no adscritos, dejando al Gobierno de coalición PP-Vox de la alcaldesa María José Catalá sin mayoría. Pero el 4 de abril, Vox readmitió a los dos a cambio de que pidieran disculpas públicas, y Catalá firmó una remodelación del Ejecutivo municipal. Sin embargo, la crisis se cerró en falso: la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias sobre los contratos adjudicados durante la etapa de Badenas como concejal de Empleo.

La sombra de la corrupción también planea sobre el grupo de Vox en Collado Villalba (Madrid), donde su concejala Ana Isabel Dompablo Guerrero pasó a no adscrita en febrero de 2026 tras ser apartada por presunta malversación de fondos públicos.

El fenómeno no es exclusivo de Vox

Las desavenencias internas de los grupos municipales afectan a todas las fuerzas, aunque con distinta intensidad. Los 444 concejales no adscritos identificados por infoLibreproceden de más de 80 formaciones distintas. Entre los casos más llamativos de esta legislatura destacan tres que ilustran los distintos mecanismos del fenómeno a través de todo el espectro político: el oportunismo político con contrapartida, la desobediencia interna castigada con expulsión y el escándalo personal del cargo.

El caso más documentado de transfuguismo con recompensa es el de Fran Vázquez en Nerva (Huelva). Vázquez se presentó al 28M como candidato de Con Andalucía (IU), pero durante las negociaciones postelectorales su partido le acusó de negociar al margen, abandonó la formación y figuró como concejal no adscrito. Gracias a su voto, el PP alcanzó la alcaldía de un municipio de mayoría histórica socialista que rompía por primera vez en democracia la hegemonía del PP en Nerva.

Meses después, el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva publicó el decreto por el que Vázquez era nombrado asesor del grupo de gobierno del PP en la Diputación Provincial. El portavoz del PSOE en la Diputación lo formuló sin rodeos: "La alcaldía de Nerva tuvo un precio". El propio Vázquez negó cualquier acuerdo previo. En mayo de 2025, una moción de censura conjunta de PSOE, IU y XNerva prosperó y devolvió la alcaldía al PSOE.

Algeciras: Landaluce, apartado pero no mucho

Pero el ejemplo de mayor resonancia mediática es el del alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce. Tras catorce años al frente del consistorio, causó baja en el PP el 2 de enero de 2026 después de que el PSOE trasladara a la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso sexual —denuncia que la Fiscalía acabó archivando el mismo mes—. La dirección del PP tramitó su baja como militante para proteger la imagen del partido.

Landaluce figura como edil no adscrito pero sigue ocupando la alcaldía con el respaldo explícito del grupo municipal del PP, que mantiene su disciplina de voto. La propia portavoz de Vox en el consistorio lo denunció en pleno: "Algeciras no está gobernada por el Partido Popular, está gobernada por un tránsfuga” [Vox utiliza el término “tránsfuga”, aunque en este caso el movimiento no se corresponde con la definición de transfuguismo]. El PP, por su parte, calificó la baja de su alcalde como "la mejor estrategia para defenderse" de la denuncia. Tras el archivo de la misma, Landaluce anunció una querella por injurias contra la ya exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se refirió a él como “condenado”. Montero se retractó y achacó su declaración al “fragor” del mitin en el que participaba. 

El PSOE de Santiago, reducido a mínimos

En Santiago de Compostela, el PSOE perdió de golpe cuatro de sus seis concejales por un conflicto de disciplina de voto. En junio de 2024, el grupo municipal socialista votó a favor de una ordenanza sobre viviendas turísticas impulsada por el gobierno del BNG, contraviniendo la instrucción expresa de la dirección del partido, que les había pedido que se abstuvieran. El proceso disciplinario que siguió acabó con la expulsión del partido para Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez.

Su paso formal a no adscritos se hizo efectivo en un pleno extraordinario en mayo de 2025, dejando al PSOE de Santiago —el partido que más años ha gobernado la capital gallega en democracia— con solo dos concejales. El caso tiene cola judicial: los cuatro expulsados han demandado al partido para impugnar las resoluciones disciplinarias, y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán —que firmó las órdenes de expulsión— ha sido citado a declarar como testigo en el juicio por este caso, previsto para septiembre de 2026.

El comienzo no era malo: en 2024, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) elaboró un documento titulado «Enfoque de la Unión Europea en materia de seguridad de la información para las operaciones y misiones militares dirigidas por la UE», un informe de “difusión limitada”. 

Como todas las fuerzas militares, el brazo armado de Europa se preocupa por la seguridad de la información, es decir, el conjunto de prácticas, procesos y tecnologías destinados a proteger la información contra cualquier acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción. No se trata únicamente de ciberseguridad, sino también de la protección de los datos físicos, humanos y organizativos. Sin embargo, la filtración vinculada a la operación IRINI demuestra que los militares europeos tienen mucho camino por recorrer en esta materia.

En este lote de datos filtrados se encuentran contraseñas de redes wifi, códigos de acceso a edificios que alojan a militares, el código para acceder a salas específicas en cuarteles generales, datos personales de proveedores de servicios, de militares e incluso de sus cónyuges. 

La seguridad operacional, que consiste en no proporcionar al adversario información que pudiera serle útil, es ignorada: a lo largo de los documentos, se encuentran, por ejemplo, las fichas de los militares que reciben habilitaciones de seguridad. En ellas figuran sus nombres, fechas de nacimiento y números de pasaporte. Todo tipo de información que constituye un primer paso para mecánicas de “ingeniería social”, una técnica que consiste en manipular a una persona para inducirla a facilitar información confidencial.

Un archivo enumera también toda una serie de nombres de usuario y contraseñas de servicios utilizados por los militares. Información muy valiosa sobre los proveedores de la UE en materia de herramientas de vigilancia, como la empresa británica dea.aero, que suministra servicios de ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, por sus siglas en inglés). 

Cabe esperar que los militares hayan actualizado las contraseñas después de su publicación, porque si bien Reflets es probablemente el único medio que recuperó estos datos cuando estaban la web del grupo de ransomware —y no tiene interés en usarlos—, no puede decirse lo mismo de los servicios de inteligencia de países no europeos, en particular Rusia. La elección de contraseñas resulta desconcertante: los militares europeos son aficionados al clásico “12345”. Además, la renovación de contraseñas no parece estar en la agenda.

Como en todas las filtraciones militares, esta proporciona abundante información técnica sobre las herramientas de comunicación puestas a disposición de las tropas, incluidas las ubicaciones de los centros de comunicaciones y la forma en que están interconectados, ya se trate de herramientas de comunicación “convencionales” o “seguras”. Los documentos también permiten elaborar listas de aviones espía aportados por Francia a la operación IRINI, como drones de vigilancia tipo Reaper o aviones AWACS.

Pero la seguridad no se limita a las contraseñas. Un documento compartido por el equipo jurídico militar francés ofrece, por ejemplo, información “diplomática” interesante que probablemente no estaba destinada a difundirse por Internet como ha ocurrido.

Se observa así que la operación IRINI tiene entre sus objetivos "apoyar la detección y vigilancia de las redes de tráfico de migrantes y trata de seres humanos mediante la recopilación de información y la organización de patrullas realizadas con medios aéreos sobre alta mar". 

Los juristas militares franceses explican en el documento que “los medios navales de la operación han sido solicitados en varias ocasiones para hacerse cargo de embarcaciones. A pesar de que los incidentes se producen mayoritariamente en la zona de rescate maltesa, es el centro de coordinación italiano quien toma el control, ya que Malta nunca responde o se niega a gestionar estas operaciones. Por otra parte, el hecho de que un centro de coordinación nos solicite no implica que respondamos positivamente. Puede ocurrir que no podamos o que no dispongamos de ningún medio en la zona inmediatamente próxima. El argumento de que las armadas no están sujetas a los convenios de rescate no es realmente sostenible en tiempos de paz. No obstante, la decisión final corresponde al comandante de operaciones”.

Otro asunto abordado por los juristas franceses es el uso del puerto de Marsella como destino para los buques interceptados y sospechosos de violar el embargo. Este es un asunto delicado entre los Estados europeos: Francia es el único país que ha ofrecido un puerto para acoger estos barcos, ya que el resto de gobiernos se resisten a asumir la responsabilidad logística y jurídica que ello conlleva. Un documento del equipo jurídico revela que el Gobierno francés quiso provocar un “electroshock” anunciando el cierre del puerto de Marsella para estos buques, en una medida de presión sobre los socios europeos.

El mundo de los grupos de ransomware es opaco. Las  webs de filtraciones son gestionadas por actores maliciosos que pueden mentir, atribuir erróneamente la información que publican, o inyectar en ella datos falsos. Para tratar de comprender mejor las implicaciones de esta filtración, Reflets ha entrevistado a Corsin Camichel, investigador de eCrime.ch y observador de los grupos de ransomware.

eCrime.ch lleva un registro preciso de los ataques de ransomware. ¿Tiene conocimiento de otros ataques de esta magnitud contra fuerzas armadas?

Hemos observado previamente ataques de ransomware dirigidos contra fuerzas armadas o militares. Si bien el número total de incidentes sigue siendo relativamente reducido, su distribución geográfica resulta significativa: estos ataques parecen producirse con mayor frecuencia en países de América del Sur o Asia que en Europa.

No hemos encontrado ningún anuncio oficial sobre este incidente de seguridad por parte de la UE. ¿Es habitual? ¿Las entidades afectadas suelen hacer como si no supieran nada para evitar la mala publicidad?

Desgraciadamente, muchas organizaciones afectadas siguen optando por no notificar públicamente estos incidentes. Las empresas privadas se han vuelto algo más transparentes en los últimos años, principalmente debido a las leyes de protección de datos y a las obligaciones de información financiera. Sin embargo, la mayoría de los casos que observamos no se asocian a ninguna declaración pública de la organización afectada.

¿Se conoce la proporción de víctimas que pagan los rescates?

Es difícil obtener cifras precisas, ya que muchos pagos de rescates nunca se hacen públicos. No obstante, el análisis de blockchain realizado por Chainalysis sugiere que actualmente solo el 28% de las organizaciones víctimas pagan el rescate. Hace unos años, las estimaciones apuntaban a que aproximadamente una de cada dos víctimas pagaba, mientras que hoy esa cifra se acerca a una de cada cuatro.

Contactada al respecto, la Dirección de Comunicación de la Comisión Europea no respondió a las preguntas de esta investigación.

Estas son las preguntas enviadas por Reflets.info en el marco de este artículo:

Disparos sin previo aviso, en aguas internacionales. Las balas impactan en los radares, inutilizan cuatro embarcaciones de rescate y destrozan el cristal protector del puente. La tripulación intenta proteger a los 87 migrantes a bordo mientras exige, primero en inglés y luego en árabe, que cese el ataque. En vano.

El 24 de agosto de 2025, el Ocean Viking, el buque de búsqueda y rescate operado por la ONG SOS Méditerranée, recibió más de cien impactos de bala durante varios minutos. Los daños al barco se estiman en torno a 194.000 euros. Para la directora de la filial italiana de la ONG, Valeria Taurino, el incidente es "un acto ilegítimo de guerra contra trabajadores humanitarios y personas que huyen". Lo perpetró la guardia costera libia a bordo del Houn 664, una lancha patrullera donada por Italia a Trípoli con fondos europeos.

Más de seis meses después, ese ataque no ha tenido ninguna repercusión. Nadie ha cuestionado el suministro de embarcaciones, equipos y formación a la guardia costera libia, ni siquiera ante una nueva prueba de que están siendo objeto de un uso indebido.

Desde el inicio de la cooperación italiana y europea con la guardia costera libia, la violencia en el Mediterráneo central ha escalado: embestidas, disparos, maniobras peligrosas, abandono de náufragos en peligro y obstaculización de operaciones civiles de rescate. Entre 2016 y 2025, Sea-Watch documentó 72 incidentes de violencia por parte de las autoridades libias en el mar. Dieciocho ocurrieron el año pasado, un récord. "Estas prácticas no solo ponen en peligro vidas humanas, sino que violan el derecho marítimo internacional y el principio de no devolución", escribe la ONG.

En abril de 2024, fue el barco de rescate de la ONG Mediterranea el que recibió disparos de los libios. Antes de eso, ya habían disparado contra un buque de rescate en 2016. No tardaría en producirse una nueva acción: primero el incidente del Ocean Viking en agosto de 2025; un mes después, la guardia costera libia abrió fuego contra el Sea-Watch 5, que acababa de rescatar a 66 náufragos. Hasta donde se sabe, el Ocean Viking es el único buque que ha sufrido daños significativos por disparos.

Las autoridades diplomáticas europeas son conscientes de los enfrentamientos entre barcos humanitarios y la guardia costera: "Los libios se muestran reacios a cooperar con las ONG internacionales que se niegan a reconocer su legitimidad ('la llamada guardia costera libia') y son percibidas como coordinadoras con las redes de tráfico de personas", se lee en una comunicación interna —consultada por IrpiMedia— de la delegación de la UE en Libia, emitida pocos días después del ataque al Sea-Watch. "Sin ilusiones", continúa el texto: es "poco realista" que las ONG y la guardia costera compartan "ni siquiera unos objetivos mínimos respecto a la gestión de incidentes de búsqueda y salvamento" en el mar.

Parece existir una estrategia detrás de la violencia contra los migrantes: las interceptaciones con "maniobras peligrosas y uso excesivo de la fuerza", según un informe conjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) publicado en febrero de 2026, forman parte de un patrón más amplio de "explotación" de los migrantes que en Libia se ha convertido en una realidad brutal y normalizada.

Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, el informe documentó "numerosos incidentes" en los que personas a bordo de embarcaciones con destino a Europa "cayeron al mar o se arrojaron por la borda como consecuencia de las acciones de los rescatadores libios, incluida la Guardia Costera Libia (GCL) y la Administración General para la Seguridad Costera (AGSC), que en algunas ocasiones supuestamente dispararon tiros cerca o sobre embarcaciones en apuros y sobre personas a bordo o que ya se encontraban en el agua".

Así, las violaciones y los abusos "han sido y siguen siendo perpetrados por actores estatales de seguridad" como la AGSC y la GCL, prosigue el informe. Los dos organismos, el primero vinculado al Ministerio del Interior y el segundo al Ministerio de Defensa, han sido los principales beneficiarios del SIBMMIL, el programa europeo más rico e importante de gestión de fronteras y migración en Libia.

Sibmmil, acrónimo de Support to Integrated Border and Migration Management in Libya (Apoyo a la Gestión Integrada de Fronteras y Migración en Libia), es un proyecto de desarrollo fronterizo en Libia iniciado en julio de 2017 y concluido en diciembre de 2025. En total, el programa contó con un presupuesto de 61,2 millones de euros, la gran mayoría procedentes de fondos europeos del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (EUTF), el fondo fiduciario puesto en marcha en 2015 para "abordar las causas profundas del desplazamiento forzado y la migración irregular y contribuir a una mejor gestión de la migración", según una nota de prensa. Fue implementado por el Ministerio del Interior italiano, apoyado en la fase inicial por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que forma parte del sistema de las Naciones Unidas.

En febrero de 2026, IrpiMedia analizó el gasto del Ministerio del Interior italiano y la OIM. En total, se rastrearon poco más de 34 millones de euros, un 56% del total, lo que significa que no existe información pública y accesible sobre cómo se gastó el 44% restante del presupuesto de Sibmmil. Se trata de 27,1 millones de euros en fondos europeos sobre los que no existe transparencia alguna.

El rastreo de los fondos ha demostrado que el Sibmmil fue, en gran medida, el instrumento utilizado para aumentar la capacidad de las autoridades libias para interceptar migrantes. Los fondos europeos gestionados por el Ministerio del Interior italiano se emplearon para el suministro de embarcaciones, la formación de tripulaciones y la creación del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Trípoli. Los fondos asignados a la OIM, por otro lado, se utilizaron para reforzar "la capacidad de las autoridades nacionales del sur para llevar a cabo operaciones de rescate en el desierto sensibles a la protección y para aplicar las normas internacionales de derechos humanos", explicó un portavoz de la organización a IrpiMedia, aclarando que no había habido "cooperación con la guardia costera libia".

El barco desde el que se disparó al Ocean Viking, el Houn 664, también fue financiado a través de una licitación del Sibmmil de 3,3 millones de euros, para esta y otra lancha patrullera. La embarcación es utilizada por la guardia costera libia, que, como se ha visto, es uno de los organismos libios que más se ha beneficiado del apoyo europeo. Sin embargo, la financiación europea a Libia no ha sido cuestionada.

La Comisión Europea explicó a IrpiMedia que, en 2025, siguiendo la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo, "formalizó" un procedimiento interno para el personal de la UE a la hora de tramitar denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos en proyectos financiados por la UE. El procedimiento incluye también "orientaciones claras sobre el vínculo entre las denuncias y las disposiciones de los acuerdos de financiación de la UE sobre suspensión y rescisión en caso de que no se respeten los derechos humanos". A mediados de febrero, el mecanismo se utilizó al menos en un caso. No se sabe a qué país se refiere, pero no parece ser Libia.

En relación con el ataque al Ocean Viking, un portavoz de la Comisión Europea declaró que "la UE planteó el asunto directamente a las autoridades libias, instándolas a garantizar las investigaciones necesarias". Se ha abierto una investigación, pero seis meses después del incidente no ha habido avances. Mientras tanto, sin embargo, añadió el portavoz, la UE trabaja con las autoridades libias para "adoptar y promover procedimientos operativos estándar para el salvamento marítimo" y reforzar sus "procedimientos nacionales de seguimiento y rendición de cuentas".

Además, durante la última reunión del Consejo Ejecutivo del Sibmmil, celebrada en noviembre de 2025 en Roma con presencia de representantes de Europa, Libia, Italia y otros países de la UE, el programa fue calificado de "exitoso". "La necesidad de un proyecto de seguimiento es consensual", escribió un funcionario de la UE que participó en un documento interno que forma parte de la filtración.

El Sibmmil se completó en un plazo mucho mayor al previsto inicialmente. Sin embargo, el proyecto estuvo influenciado por la estabilidad del gobierno de Trípoli y sus relaciones con los países europeos. En términos diplomáticos, el nombramiento de Giorgia Meloni como presidenta del Consejo de Ministros coincidió con una fase de mayor cooperación con Trípoli. A finales de enero de 2023, la primera ministra viajó a Trípoli en uno de sus primeros viajes desde su elección unos meses antes. Habló de una cooperación "a todos los niveles" con Libia: inversiones, infraestructuras, energía y, "por supuesto", también migración.

A su lado se encontraba el primer ministro del Gobierno libio, Abdel Hamid Dbeibah. Designado con carácter provisional en 2020, se suponía que debía conducir a Libia hacia unas elecciones antes de finales de 2021. Cuando Meloni fue nombrada primera ministra, Dbeibah "necesitaba desesperadamente apoyos exteriores", explica Tarek Megerisi, analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), porque habían pasado años desde el final previsto de su mandato político y, en consecuencia, se enfrentaba a una crisis de legitimidad. Con Italia, Dbeibah jugó la carta de la energía y la migración, con la firma de un nuevo acuerdo entre Eni y la empresa petrolera nacional libia NOC y la promesa de un mayor compromiso en el control fronterizo.

A esta primera visita de Meloni le siguió, entre el 5 y el 7 de febrero de 2023, otra visita a Trípoli de una delegación de la Comisión Europea. Fue la primera visita de este tipo en cinco años y, a partir de ese momento, se producirían al menos seis misiones más, además de varias reuniones en Roma, Bruselas y Varsovia. En febrero de 2023 Italia entregó una nueva embarcación a la guardia costera libia, y en junio, otras dos antiguas lanchas patrulleras reformadas de la Guardia di Finanza italiana. Entre ellas, el Houn 664, que más tarde abriría fuego contra el Ocean Viking.

Meloni regresó a la capital libia para el Foro de Migración Transmediterráneo en julio de 2024, junto con el entonces vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. La cumbre es una nueva confirmación de las buenas relaciones de Trípoli con sus socios europeos. "La apertura de Libia a debatir acciones concretas para abordar las causas profundas de la migración irregular [...] se hace eco de los objetivos y la visión largamente acordados por la UE", reza un informe interno redactado por los funcionarios europeos presentes en el foro. Tres meses después, el proyecto Sibmmil alcanza un primer hito importante: en octubre de 2024, la guardia costera libia pone en marcha "el primer Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (CCRM) oficialmente reconocido" en Trípoli, según otros documentos de Irini.

Los problemas con los libios se barren bajo la alfombra con apretones de manos y anuncios triunfales. Sus huellas pueden encontrarse, sin embargo, en algunos documentos internos confidenciales. En enero de 2024, un documento de la misión naval Eunavfor Med Irini señala que "existe el riesgo de que los fondos y el equipo proporcionados a Libia no lleguen a los destinatarios previstos, o puedan ser objeto de un uso indebido en algún sentido". Dos meses después, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) reiteraba que "el respeto de los derechos humanos y la transparencia sobre las condiciones de las personas recuperadas en el mar y sobre cómo son tratadas en tierra siguen sin estar claros".

A pesar de las preocupaciones sobre los destinatarios de la financiación y el equipamiento, y de las dudas respecto al respeto de los derechos humanos, el CCRM de Trípoli ha sido "una inversión sólida y rentable que refleja una creciente disposición de Libia a asumir la responsabilidad de su zona de búsqueda y salvamento (SAR)", escriben los diplomáticos europeos en un documento publicado por FragDenStaat, el portal que recoge solicitudes de acceso a documentos en Alemania. La iniciativa, por lo tanto, debe replicarse en el este de Libia: "Se ha puesto en marcha la implementación del proyecto del Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (CCRM) en Bengasi", prosigue el documento de finales de febrero. El acuerdo con el este, sin embargo, no se limitaría únicamente al CCRM. Según otros documentos también publicados por FragDenStaat, a principios de marzo, los ministros de los 27 países de la UE habrían debatido en Bruselas una "cooperación estructurada y en profundidad" con el este de Libia.

En Bengasi, en el este del país, el control político y militar está firmemente en manos del general Khalifa Haftar, quien no es reconocido por la comunidad internacional y que en el pasado intentó hacerse con el control de Trípoli por la fuerza, contra Dbeibah y sus aliados. A pesar de ello, Europa lleva tiempo barajando la idea de colaborar con él y con la controvertida brigada TBZ vinculada a su hijo Saddam. Un documento de IRINI de octubre de 2024 recoge una reunión entre personal militar de la misión de la UE y el embajador de la UE en Libia, Nicola Orlando. Según este último, "no importa que no haya un gobierno unificado en Libia para iniciar un diálogo [entre las autoridades libias y la misión IRINI]. En particular, porque la guardia costera libia sí está oficialmente unificada en Libia". "En su opinión —prosigue el documento— es incluso necesario implicar al este".

Pocos meses después, en febrero de 2025, tuvo lugar la primera misión conocida a Bruselas de funcionarios libios tanto del oeste como del este. En septiembre, tras años de bloqueo, oficiales de la Marina libia (de la que depende la guardia costera) asistieron a un curso de formación en Taranto (Italia) en el marco de la misión Irini de la UE, y en este caso también hubo personal de ambas partes del país. Por último, en octubre, según reveló IrpiMedia, tuvo lugar la primera visita de representantes del este de Libia a la sede de Frontex en Varsovia.

La Comisión Europea ha subrayado en repetidas ocasiones que se trata de reuniones "a nivel técnico", pero para Haftar representan un impulso significativo a su legitimidad internacional. En un intercambio de correos electrónicos entre los dirigentes de Frontex que data de la época de las visitas, consultado en esta investigación, la instrucción que debe transmitirse a las autoridades de Trípoli y Bengasi está claramente establecida: "responder a los casos [es decir, llamadas de socorro en la zona SAR] y abstenerse de usar armas de fuego durante el salvamento marítimo".

Siete días después del ataque al Ocean Viking, el 31 de agosto de 2025, el embajador de la UE en Trípoli, Nicola Orlando, se reunió con Abdulsalam Al-Zoubi, subsecretario del Ministerio de Defensa de Trípoli, del que depende la guardia costera libia. "Es nuestro jefe y está haciendo un trabajo excelente", explica Masoud Abdel Samad, jefe de operaciones de rescate de la guardia costera libia, a IrpiMedia.

Al-Zoubi inició su carrera como líder de una milicia terrestre en Misrata. Su grupo armado controla, en particular, la zona que se extiende desde Trípoli hasta Misrata pasando por el puerto de Al-Khoms. Esto corresponde al tramo de mar donde la lancha patrullera Houn 664 suele realizar sus operaciones, incluido el ataque del 24 de agosto de 2025.

"Esa zona pertenece a Al-Zoubi, que se ha vuelto más activo como subsecretario. Ha establecido una presencia en el mar con sus propios buzos y lanchas motoras. Allí, todos trabajan estrechamente con Italia y con Dbeibah, naturalmente. Al-Zoubi es uno de sus mayores apoyos", dijo a IrpiMedia Jalel Harchaoui, investigador del Royal United Services Institute.

En el frágil y cambiante equilibrio de poder de Libia, Al-Zoubi es una figura que ha ganado poder, influencia y reconocimiento incluso más allá de las fronteras del país, con viajes a Estados Unidos, Turquía y Europa. Con frecuencia actúa como "representante diplomático" del Ministerio de Defensa libio, especialmente en las reuniones con socios extranjeros.

El 4 de septiembre de 2025, cuatro días después de su reunión con Orlando, se reunió en Roma con el ministro de Defensa Guido Crosetto y el ministro del Interior Matteo Piantedosi. "La cooperación en la gestión de los desafíos migratorios y de seguridad continúa", declaró este último. El ataque al Ocean Viking no fue mencionado.

"La pérdida continua de vidas en el mar no es una inevitabilidad trágica, sino el resultado de decisiones políticas deliberadas", escribió SOS Méditerranée en un informe recién publicado con motivo del décimo aniversario de la ONG. Desde 2016 hasta hoy, la UE y sus estados miembros, continúa el informe, "han desmantelado el salvamento marítimo liderado por el Estado, han sustituido la asistencia por la disuasión y la contención, y han trasladado la responsabilidad a actores que no pueden o no quieren respetar las obligaciones internacionales". Como el personal de la guardia costera libia que disparó desde el Houn 664.

En esta información, infoLibre identifica a los militares únicamente con sus iniciales. Aunque sus nombres completos aparecieron en la documentación desclasificada por un fallo en la anonimización, este medio ha optado por no reproducirlos por razones legales y de protección de datos.

Tres oficiales del Ejército a los que se situaba dentro de la corriente progolpista tras el 23-F acabaron ascendiendo a los niveles más altos del escalafón militar. Todos ellos aparecían señalados en una nota del Ministerio del Interior, que forma parte de los documentos que acaban de ser desclasificados por el Gobierno, como partidarios de un golpe de coroneles. Algo que, sin embargo, no lastró su carrera. Los tres militares terminaron llegando a generales. Es decir, a la cúpula del Ejército.

Tras la asonada protagonizada por Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados, los servicios de información se pusieron manos a la obra. Y empezaron a tomar el pulso en los cuarteles, donde el ruido de sables seguía siendo atronador. "Lo más peligroso y urgente es el Ejército de Tierra", advertía al Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) –los servicios secretos de la época– el coronel José Faura. En una misiva fechada un año después de la intentona golpista, el oficial avisaba que el ambiente se estaba "enrareciendo" y recomendaba vías de actuación para "disiparlo".

Labores de inteligencia que también se pusieron en marcha desde el Ministerio del Interior. Prueba de ello es una nota informativa con el asunto "Involucionismo político provocado por un posible golpe militar. Su incidencia en Valladolid". A lo largo de tres páginas se describen corrientes progolpistas a nivel nacional. Y se hace una valoración de riesgos en la provincia. En este sentido, el informe recoge media docena de militares partidarios de un "cambio fascista" con acciones violentas, ocho a favor de un "golpe de Coroneles" y tres que aspiraban a un "Gobierno de Gestión" con "militares y tecnócratas", si bien en este último se repetía uno de los oficiales del grupo anterior.

A la hora de desclasificar el documento, el Gobierno tachó los diecisiete nombres. Pero un fallo en la censura, posteriormente corregido, permitió durante algunas horas tener acceso a las identidades. El informe no está fechado, si bien por la redacción del mismo y por los rangos que tenían en el momento de su elaboración algunos de los citados podría situarse en los meses posteriores al 23-F. Tampoco cuenta con firma o sello que permita trazar su origen, pero un apunte a mano en la esquina superior derecha hace pensar que procedía de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Valladolid.

Enrique Berzal, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid, ha investigado a fondo cómo se vivió el 23-F en la provincia castellana y la incidencia del golpismo en la misma. Y da "bastante fiabilidad" al contenido del documento desclasificado. ¿Por qué? Porque varios de los nombres que se citan en la nota informativa coinciden con los que hace años le señaló como parte de la línea dura del Ejército un viejo comandante que en 1981 trabajaba en el Servicio de Información. "Los documentos desclasificados corroboran lo que yo había señalado", resalta a infoLibre.

Entre esos nombres que ahora aparecen en el informe estaba G.N., un coronel de Caballería. Y también C.R., del Arma de Infantería. El documento los ubicaba dentro del segundo grupo, aquel que ansiaba un "cambio 'a la turca' por un movimiento casi exclusivamente militar (golpe de coroneles), aunque con apoyos civiles exteriores".

Pese a la inclusión en el citado informe, ambos continuaron haciendo carrera en el Ejército. Y alcanzaron la cúpula. El primero de ellos fue ascendido a general de brigada unos meses después de la intentona golpista. Un puesto al que el segundo llegó algunos años más tarde. Con el socialista Narcís Serra como ministro de Defensa, ocupó un puesto destacado en una de las regiones militares en las que se dividía por aquel entonces el territorio. Y recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco.

Algo más alto que ellos en el escalafón llegó otro de los militares que se incluyen en el documento en el grupo de partidarios de un "golpe de Coroneles". Se trata de R.G., un nombre que no se encontraba entre los que confiaron en su momento al historiador vallisoletano. En los ochenta, fue promovido a general de brigada. Y en los noventa ascendió a general de División, cuarto nivel en el escalafón –solo por detrás del rey, el JEMAD (Jefe de Estado Mayor de la Defensa), el JEME (Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra) y los tenientes generales–. Una escalada al generalato en la que coincidió, por ejemplo, con Javier Calderón, quien luego ocuparía durante un lustro la dirección del CSID –ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI)–.

Cuando alcanzaron el generalato, el ascenso se concedía por elección de la Junta de Clasificación de Mandos, dependiente del Consejo Superior del Ejército. No obstante, cualquier promoción exigía una serie de "condiciones de aptitud": cumplir con tiempos mínimos de servicios y condiciones psicofísicas, superar los cursos exigidos y no tener un informe negativo de la Junta de Clasificación –en caso de existir, podía recurrirse ante el ministro de Defensa, que tenía la última palabra–. "Como no actuaron el 23-F y sus nombres no salieron en el juicio, pudieron seguir ascendiendo tranquilamente", sostiene Berzal.

Si finalmente no se movieron las tropas en Valladolid en aquellas horas de 1981 fue, precisamente, porque el entonces capitán general de la VII Región Militar –la que englobaba entonces la práctica totalidad de Castilla y León y Asturias–, Ángel Campano, no se atrevió a dar el paso. Asegura Berzal que estuvo a punto de sumarse al entonces teniente general Jaime Milans del Bosch, el cual le llegó a remitir el bando que él había lanzado en València. Pero que, al final, le disuadió el coronel auditor, Virgilio Peña Peña. Él fue, según el historiador, quien desactivó el golpe en Valladolid.

"Valladolid fue un ejemplo paradigmático de lo ocurrido en el resto de las regiones militares durante el golpe de Estado. La élite militar se dividió entre partidarios de Milans del Bosch –Campano, Engo Morgado y Navarro Figueroa–, dispuestos a sacar las tropas a la calle, y los contrarios a hacerlo –Mejías, Peña Peña y Gómez Rico–, lo que no implicaba que todos ellos estuvieran en contra de la 'Solución Armada'. Esta segmentación fue la causa fundamental de que no se movilizaran las tropas en esta región militar, como ocurrió en otras capitanía generales", explica en uno de sus artículos el historiador Roberto Muñoz Bolaños, profesor del CEIE de la Universidad Camilo José Cela y de la Universidad del Atlántico Medio.

Los documentos de los clústeres tecnológicos de la Comunidad de Madrid que, como reveló infoLibre, destinaron 145.200 euros de fondos públicos en 2024 al despacho del exministro del PP Rafael Catalá, muestran otro extraño movimiento de fondos: algunos de los gerentes que los dirigen han cobrado de las propias entidades que gestionan, ya sea a través de empresas de su titularidad o prestando servicios remunerados a otros clústeres del mismo programa. Todo el dinero procedía de subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

La documentación examinada por este medio —las cuentas justificativas de las subvenciones nominativas correspondientes al ejercicio 2025 del Clúster de Transformación Digital y las del ejercicio 2024 de los cuatro clústeres— revela dos casos distintos pero análogos, en un entramado donde toda la actividad conocida se externaliza al 100% y no consta ningún mecanismo de control de incompatibilidades.

Olga Álvarez Anguita figura como gerente del Clúster de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Su correo de contacto oficial, publicado por la propia asociación en una nota de prensa de septiembre de 2025, pertenece al dominio de Sunte Solutions SL, empresa de la que es administradora única según el Registro Mercantil.

Las cuentas justificativas de la subvención nominativa recibida en 2025 por el Clúster de Transformación Digital —el único que ha publicado las de ese año— reflejan que Sunte Solutions SL facturó aproximadamente 29.430 euros a la asociación en concepto de servicios de gestión y coordinación. Es decir, la gerente del clúster cobró de ese mismo clúster a través de su propia empresa.

Las cuentas anuales de Sunte Solutions SL depositadas en el Registro Mercantil permiten dimensionar el alcance de ese contrato. En 2023, la empresa obtuvo un beneficio neto de 147,52 euros. En 2024, el resultado mejoró hasta los 24.766 euros. Lo facturado al clúster en 2025 supera el beneficio total de la empresa en 2024 y equivale a doscientas veces el de 2023. En ambos ejercicios, Sunte Solutions no tenía ningún empleado, según sus cuentas anuales. Las cuentas de 2025 no están disponibles.

infoLibre ha contactado con Álvarez Anguita por varias vías para saber si recibe además alguna remuneración directa como gerente, si hubo proceso competitivo para adjudicar el contrato a Sunte Solutions y si considera que existe un conflicto de interés en esta situación; pero este medio, en el momento de publicar esta información, no ha recibido respuesta.

El segundo caso tiene como protagonista a Mario Carabaño, gerente del Clúster de Internet de las Cosas. Las cuentas justificativas de los cuatro clústeres correspondientes a 2024 revelan que Carabaño cobró 42.350 euros por redactar las memorias justificativas de las otras tres asociaciones del programa: 14.520 euros del Clúster de Blockchain, 13.310 del de Inteligencia Artificial y 14.520 del de Transformación Digital. Los pagos se realizaron a su nombre y con su DNI.

En total, los tres documentos elaborados por Carabaño suman 128 páginas, —muchas de ellas de sin texto—, lo que significa que cobró a razón de 330 euros por página de memoria. El Clúster de Internet de las Cosas, del que Carabaño es gerente, encargó la memoria a una empresa externa. Contactado por varias vías, Carabaño tampoco ha respondido a las preguntas remitidas de infoLibre.

Los estatutos de los clústeres —los tres que están disponibles en la sede electrónica, todos excepto el de Transformación Digital— regulan los cargos de la Junta Directiva: presidencia, vicepresidencia y secretaría; y establecen que serán no remunerados. Sin embargo, no contienen ninguna referencia a la figura del gerente ni tampoco establecen ningún régimen de incompatibilidades para ese cargo.

Además de los pagos directos a Carabaño, las cuentas de 2025 del Clúster de Transformación Digital —el que gestiona Álvarez Anguita— reflejan un pago de 16.940 euros a Business Integration Partners (BIP), empresa en la que trabaja Carabaño. 

Como ya reveló infoLibre, los cuatro clústeres carecen de estructura propia y externalizan la totalidad de su actividad conocida, según sus cuentas justificativas. La Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, titular de los convenios y subvenciones nominativas que financian a las asociaciones, no ha respondido a las preguntas remitidas por infoLibre sobre si tiene conocimiento de estos pagos y si existen o existían controles al respecto. Tampoco lo han hecho las propias asociaciones. 

Los cuatro clústeres se constituyeron el 19 de septiembre de 2022 en reuniones simultáneas de diez minutos de duración. Desde entonces, han recibido de la Comunidad de Madrid 800.000 euros en virtud de cuatro convenios en 2024 y una cantidad equivalente en subvenciones nominativas en 2025, cuyas justificaciones aún no han sido publicadas en su integridad. Para 2026, el Gobierno de Ayuso ha incluido cuatro partidas, una por asociación, en los Presupuestos Generales y ha rebajado su asignación a 100.000 euros para cada una, 400.000 euros en total.

La oposición ha reaccionado a las informaciones publicadas por infoLibre sobre estas asociaciones. Más Madrid presentó el pasado 25 de febrero una solicitud ante la Mesa de la Asamblea para que la Cámara de Cuentas fiscalice los convenios firmados por la Comunidad de Madrid con los cuatro clústeres. La diputada Marta Lozano, autora de la iniciativa, describió el término "clústeres" como "nombre rimbombante para una asociación de toda la vida" y reclamó saber "los motivos por los que parte del dinero acabó en el bolsillo de Rafael Catalá". 

El PSOE también ha registrado, a raíz de la investigación de infoLibre, varias iniciativas para que el Gobierno regional explique qué proyectos han llevado a cabo las asociaciones y qué participación tiene la Comunidad de Madrid en ellas.

Sin embargo, la actitud de los socialistas no siempre ha sido de denuncia. Meses antes de que salieran a la luz estas informaciones, durante la tramitación de los Presupuestos autonómicos para 2026, el grupo socialista presentó cuatro enmiendas al articulado de los presupuestos —G-51, G-52, G-53 y G-54— para añadir 200.000 euros adicionales a la dotación de cada clúster. De haber prosperado, cada asociación habría pasado a recibir 300.000 euros anuales —1,2 millones en total—, el triple de lo que percibirán este año. Las enmiendas no fueron admitidas.

Teixeira Cândido, periodista y jurista conocido por sus firmes posiciones en defensa de la libertad de prensa y por denunciar ataques contra colegas de profesión, fue identificado por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional como la primera víctima conocida de Predator en Angola. La infección con este software espía (spyware) se produjo en mayo de 2024, cuando Cândido estaba finalizando nueve años de mandato al frente del Sindicato de Periodistas Angoleños. El sindicato fue fundado en 1992 y en 2024 contaba con 3.000 miembros.

“Después de enterarme de la infección de mi teléfono, me siento literalmente como si me estuviera duchando con la puerta abierta”, confiesa Teixeira Cândido a Expresso, medio portugués. “No sé cuál es la consecuencia de esa infección ni qué habrán extraído del móvil. Pero tampoco puedo decir que me sienta seguro”.

Una vez instalado en el teléfono, Predator tiene acceso al contenido de todas las aplicaciones de mensajería encriptada, incluyendo WhatsApp y Signal, a los correos electrónicos, a las grabaciones de audio, a los vídeos y fotografías, a las contraseñas almacenadas, al registro de llamadas, a todos los contactos y a la geolocalización del dispositivo. Además, puede activar la cámara y el micrófono sin ser advertido, transformando el teléfono en un aparato de escucha y videovigilancia para el cliente que lo adquirió a Intellexa, el consorcio europeo que desarrolla y produce este software.

En octubre de 2023, Expresso reveló, en la investigación Predator Files, del consorcio EIC (European Investigative Collaborations —del que tanto Expresso como infoLibre forman parte— con Amnistía Internacional (AI), la creación de medio centenar de URL entre marzo y agosto de ese año para atraer a ciudadanos angoleños y llevarlos a hacer clic en páginas infectadas con Predator. En la lista de 49 direcciones electrónicas compartidas entonces por el Laboratorio de Seguridad de AI figuraban variaciones de los sitios web de SIC Noticias, de CNN Portugal y de la página de reservas de vuelos de TAP (Flytap).

Durante la investigación, Expresso encontró referencias al Gobierno angoleño como potencial cliente de Nexa, empresa francesa que forma parte del consorcio Intellexa y vende este software, incluida la mención a una reunión en junio de 2018.

Aunque no está confirmado que el spyware haya sido adquirido por el Gobierno de Angola, este consorcio solo tiene gobiernos como clientes. Confrontado en su momento por Expresso, el gabinete del presidente João Lourenço optó por no responder.

Tras el descubrimiento, se inició una colaboración entre el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional y las organizaciones sin ánimo de lucro Friends of Angola y Front Line Defenders, que desarrollaron una investigación a lo largo de 2025 sobre amenazas de vigilancia en Angola. Teixeira Cândido fue identificado como víctima del spyware en el contexto de esa colaboración.

En paralelo a esa colaboración, Amnistía Internacional se unió a los medios Inside Story, Haaretz y al WAV Research Collective para publicar en diciembre de 2025 los Intellexa Leaks, que revelaron cómo, entre otras cosas, la empresa puede acceder a los clientes de Predator de forma remota, pudiendo así saber qué operaciones de espionaje están siendo realizadas.

El análisis forense de Amnistía Internacional permitió reconstruir cómo se produjo la infección con Predator. Teixeira Cândido fue contactado en WhatsApp por una persona el 29 de abril de 2024, con mensajes aparentemente normales. Días después, el 3 de mayo, ese atacante envió el primer enlace malicioso. Otros enlaces seguirían en un periodo que se prolongó durante varias semanas. Todos estaban infectados; bastaba con hacer clic en ellos para que el teléfono quedara comprometido.

Según el registro histórico del teléfono, un iPhone, el periodista acabó haciendo clic en la primera de las trampas el 4 de mayo. Era una URL asociada a un extracto en el que se leía el título “Ver Portadas de los Periódicos y Revistas - Deportes” y que supuestamente conduciría a un sitio de noticias. Y antes de eso, había un mensaje: “Permítame mostrarle un ejemplar del prototipo”.

El laboratorio detectó rastros de comunicaciones realizadas por Predator desde el teléfono de Cândido a lo largo de ese día 4 de mayo. La infección terminó siendo eliminada cuando él reinició el dispositivo esa noche. Por ello, para restablecer el contacto, el mismo atacante envió otros diez enlaces maliciosos entre el 5 de mayo y el 16 de junio. Todos sin éxito, sin embargo, porque el periodista no abrió ninguno de esos enlaces.

Una investigación realizada ese mismo año por el Insikt Group de Recorded Future, una empresa estadounidense de ciberseguridad que forma parte del grupo Mastercard, dio cuenta de señales de actividad de Predator en Angola en ese periodo. En ese informe se lee que “algunos servidores de este clúster alojaron dominios previamente vinculados a la actividad de Predator en Angola y fueron observados en cadenas de comunicación que finalmente se conectaron a una dirección IP estática de un ISP en Angola, identificada como infraestructura del cliente. Además, observamos víctimas angoleñas sospechosas de comunicarse con servidores de este clúster”.

Amnistía Internacional descubrió, entretanto, que el dominio utilizado para contener el enlace malicioso que infectó el iPhone del periodista —'exclusivo24h.com'— fue registrado en marzo de 2024, al mismo tiempo que otro de características similares —'informacao24.com'—.

Antes del espionaje del teléfono de Teixeira Cândido, ya había señales de que él y otros periodistas estaban siendo objeto de ataques que implicaban el acceso ilegítimo a su información.

En 2022, el sindicato participó como observador en las elecciones presidenciales que renovaron el mandato de João Lourenço, elaborando un informe crítico. “Entendimos que las elecciones en Angola no habían sido libres ni justas”, recuerda Cândido. “No habían sido libres porque no supimos, por ejemplo, cómo fueron contabilizados los resultados. Y no habían sido justas en la medida en que el partido en el poder disponía de todos los medios de comunicación públicos y del tiempo que quisiera. Escribimos a la Comisión Nacional Electoral denunciando esa práctica”.

En esa época, la oficina del sindicato terminó siendo asaltada tres veces en tres meses. “No hubo señales de forzamiento de puertas y se llevaron únicamente los ordenadores del sindicato”, cuenta el antiguo líder sindical. “Esta situación coincidió con el hecho de que hubo asaltos a viviendas de periodistas, incluyendo a João Armando, director del periódico económico Expansão, y a Raquel Rio, corresponsal y delegada de la Agencia Lusa en Angola. También a ellos se les llevaron ordenadores”.

Cândido revela que llegó a recibir un mensaje anónimo, que interpretó como una amenaza. “Preguntaban si yo había visto lo que estaban haciendo”. Como reacción, a finales de 2022, el sindicato organizó una marcha de protesta. “Nosotros, los periodistas angoleños, salimos a la calle por primera vez para manifestarnos contra esa amenaza a la libertad de prensa”.

En una entrevista al medio O País en junio de 2024, cuando estaba dejando el sindicato, Teixeira Cândido lamentaba que hubiera habido “más libertad de prensa a finales de la década de los 90 que en la actualidad”, refiriéndose a la desaparición de una serie de medios privados en la última década. “El Estado tiene más de 45 emisoras de radio y sigue siendo la única entidad con un periódico diario. La desaparición de los órganos privados dirigidos por periodistas demuestra un retroceso visible de la libertad de prensa en Angola”, explicó entonces. “Sin desmerecer a los profesionales de estos medios, la verdad es que gran parte de ellos están controlados por el poder político; son medios cuyos propietarios son personas del Gobierno o con fuertes vínculos con el aparato del Estado y, queramos o no, este acaba interviniendo en el tipo de periodismo que estos medios realizan”.

Ahora mantiene la misma opinión crítica. “El mayor problema que se plantea es que todos esos medios dicen lo mismo. La línea editorial es coincidente. Y, desde ese punto de vista, el país ha asistido a un enorme retroceso en el pluralismo de la información”.

Con la noticia sobre la infección con Predator, Cândido admite que ha pasado a pensárselo dos veces antes de compartir cualquier cosa por teléfono móvil. Y le preocupa no solo su seguridad, sino también la de sus colegas de profesión. “No sé qué pretendían con esa infección; ¿qué contenido podría interesarles? Pero quiero vivir cada día con la expectativa de que no nos va a ocurrir nada”.

Tetiana Kavinova vive en la orilla este de Kiev. Su calefacción dejó de funcionar tras los ataques rusos a las centrales eléctricas de la capital a principios de enero. El agua de su casa, que durante el día está a 8 grados, sale helada y no tiene electricidad para el calefactor ni la vitrocerámica. "Cuando me despierto, deseo que sea de noche para poder dormirme y olvidar", se lamenta. "Pensaba que el inicio de la guerra fue terrible. Ahora creo que aquello era más fácil que esto". 

Su situación no es excepcional. Este invierno, el más duro desde el inicio de la invasión a gran escala, más de un millón de ucranianos han soportado semanas sin electricidad, calefacción ni agua caliente. En enero, el alcalde de Kiev pidió a los residentes que abandonasen la ciudad para aliviar la presión sobre una red eléctrica al borde del colapso. Según la misión de vigilancia de derechos humanos de la ONU, en 2025 murieron 2.514 civiles ucranianos, un 31% más que el año anterior. 

El principal responsable de esa destrucción tiene nombre: Geran-2, la versión rusa del dron iraní Shahed-136. Un aparato triangular de 3,5 metros, capaz de recorrer hasta 2.000 kilómetros con una cabeza explosiva de unos 50 kilos. Los datos de la fuerza aérea ucraniana indican que en 2025 Rusia lanzó unos 54.000 drones de largo alcance, de los que unos 32.000 eran Geran-2. Casi 3.000 al mes, a menudo centenares en una sola noche, para saturar las defensas antiaéreas y abrir paso a los misiles de crucero. "No vuelan muy rápido y por eso son detectables a larga distancia. Pero Rusia los lanza en tal volumen que algunos siempre pasan", explica un agente de un servicio de inteligencia de un país europeo consultado por esta investigación. 

Sin embargo, la responsabilidad de esta crisis no recae solo en Moscú. Una investigación internacional llevada a cabo por infoLibre junto con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el diario belga De Tijd, el ucraniano The Kyiv Independent, el colectivo alemán Paper Trail Media, el británico The Times y el irlandés Irish Times, revela que estos drones están repletos de tecnología europea. Y que esa tecnología sigue llegando a Rusia pese a cuatro años de sanciones. 

Entre las empresas europeas cuyos componentes han sido identificados dentro del Geran-2 hay una con sede en España: Pierburg S.A., filial del grupo alemán de defensa y automoción Rheinmetall, que fabrica componentes para automóviles en su planta de Abadiño (Vizcaya). La bomba de combustible eléctrica que alimenta el motor del dron lleva la marca Pierburg.

La pieza ya aparecía desde 2024 en la web War & Sanctions —de la inteligencia militar ucraniana— catalogada como alemana. Es un nuevo informe del servicio ucranniano el que la atribuye a la subsidiaria española, sin que se conozcan los motivos del cambio. Un portavoz de Rheinmetall confirma que las autoridades aduaneras alemanas informaron a la empresa en enero de 2024 de que "bombas de combustible eléctricas civiles fabricadas en julio de 2020 para el mercado de recambios de automoción habían sido enviadas a Rusia", pero asegura que la compañía no realizó esa entrega y que desconoce quién la exportó. 

Preguntada expresamente por en qué planta se fabricó la pieza —Pierburg también fabrica en Alemania y en la República Checa—, la empresa declinó dar más detalles. La subsidiaria española, Pierburg S.A. no respondió a las preguntas de infoLibre. 

Los datos de importación de la plataforma comercial Import Genius muestran además seis envíos a Rusia en 2024 de productos Pierburg con España como país de origen: válvulas de presión y sensores de oxígeno para automóviles, piezas que no figuran en la lista europea de productos sancionados y de las que no existe indicio de que guarden relación con drones. Tampoco se puede concluir que fueran enviadas directamente por Pierburg. Las piezas llegaron a distribuidores de recambios rusos a través de intermediarios en Kazajistán, Moldavia y Países Bajos. 

En el centro de la investigación hay seis documentos de la inteligencia ucraniana, obtenidos por The Kyiv Independent, que recogen los componentes hallados en los restos de varios Geran-2 derribados, ensamblados tanto en la gran fábrica de Alabuga como en la planta de Izhevsk. Del análisis se desprende que un solo Geran-2 fabricado en Alabuga contiene hasta 294 componentes extranjeros. En total, el consorcio ha identificado más de cien piezas de 19 empresas europeas con sede en ocho países: Reino Unido, Suiza, Alemania, Países Bajos, Austria, Irlanda, España y Polonia.

De los componentes cuyo año de fabricación pudo determinarse, la mayoría databan de 2023 y 2024, lo que descarta que se trate de piezas antiguas anteriores a la invasión. Los componentes europeos están presentes en prácticamente todas las partes tecnológicas del dron: el mecanismo de dirección, el motor, la antena GPS, los dispositivos de navegación por satélite, el sistema de piloto automático y la placa base principal. 

El consorcio ha rastreado, a través de la base de datos Import Genius, los productos de las marcas europeas implicadas que fueron importados por empresas rusas. En 2024 se contabilizaron 1.207 envíos, de los que más de la mitad —672— contenían productos de la lista europea de bienes de doble uso cuya exportación a Rusia está expresamente prohibida. En ningún caso los bienes llegaron directamente desde un país europeo: las rutas pasan principalmente por China y Hong Kong, y en menor medida por Turquía, Emiratos Árabes, Kirguistán o India. 

Las empresas europeas implicadas comparten un discurso común: condenan la invasión, aseguran cumplir las sanciones y no vender a Rusia, pero admiten que no pueden garantizar que sus productos no acaben allí. Algunas ni siquiera descartan que sus componentes lleguen ya montados dentro de electrodomésticos que después se desmontan para darles uso militar. Alex Prezanti, abogado internacional especializado en sanciones, describe el esfuerzo por sancionar a intermediarios como "un juego de golpear topos: puedes perseguir empresas, pero siempre vas un paso por detrás, porque pueden abrir diez nuevas cada día". 

Vladyslav Vlasiuk, comisario para la política de sanciones del Gobierno de Ucrania, describe el mecanismo: "Una empresa alemana envía algo a Turquía, de Turquía va a Hong Kong, de Hong Kong a China y de China a Rusia. Estas cadenas son extremadamente difíciles de identificar y desarticular". Para Vlasiuk, el punto débil son los propios fabricantes: "La respuesta de 'vendemos muchas piezas diminutas y no podemos controlar miles de componentes baratos' ya no sirve. Llevamos casi cuatro años", denuncia el ucraniano. 

¿Funcionan entonces las sanciones? Vlasiuk pone un ejemplo: Rusia no ha logrado aumentar la producción de misiles de crucero, estancada en unas 1.700 unidades anuales, porque no puede conseguir los componentes occidentales necesarios. Pero con los drones la historia es la opuesta: en 2025 se lanzaron más de 32.000 Geran-2, diez veces más que dos años antes.  "Usan menos tecnologías punteras y más componentes chinos, y eso es algo que han podido escalar", reconoce. La fuente del servicio de inteligencia europeo coincide: "China juega un papel importante pero discreto. Es el elefante en la habitación". 

El origen europeo no se limita a los componentes. Ivan Kirichevsky, experto en armamento del think tank Defense Express y miembro de las fuerzas armadas ucranianas, señala que el propio diseño del Shahed es "una copia directa" de Die Drohne Antiradar, un proyecto de la Alemania occidental de los años ochenta. Cuando cayó el muro de Berlín, los planos se dispersaron e Irán los aprovechó. "Incluso el motor es un clon del alemán y la electrónica prevista en el proyecto original es la misma que usa el Shahed moderno", resume. En resumen: un dron de fabricación rusa, con componentes chinos y europeos, basado en un diseño iraní creado a partir de un proyecto alemán.

A casi cuatro años de la invasión, el vigésimo paquete de sanciones de la UE se negocia en Bruselas. Preguntado por esta investigación, ​​David O’Sullivan, enviado europeo para sanciones, asegura que "no ignoraremos los casos en que nuestras sanciones sean eludidas sistemáticamente" y que la Comisión "está lista para reforzar las medidas cuando se identifiquen posibles lagunas". Pero mientras la Unión Europea promete actuar, los drones siguen cayendo. Y en el este de Kiev, Kavinova sigue pasando frío. "Cuando los técnicos reparan el daño, Rusia lanza un nuevo ataque, o se producen averías porque la red eléctrica está sobrecargada".

En agosto de 2019, el “Departamento de Guerra Legal” del Ministerio de Justicia israelí encargó a Cuatrecasas —el despacho español que, como reveló infoLibre en diciembre, llevaba años operando como asesor jurídico secreto del Estado de Israel en España— un análisis detallado sobre una pregunta concreta: ¿qué riesgos legales asume un ciudadano con pasaporte español que se alista en las Fuerzas de Defensa de Israel?

El memorando del despacho catalán, marcado como confidencial, respondió con precisión: los combatientes españoles podrían perder la nacionalidad española si la han adquirido después de nacer y, dependiendo de su actuación en combate, enfrentarse a una querella ante los tribunales españoles.

Aquella consulta, que en la investigación ‘Israel Files’ pasaba desapercibida dentro de una historia más amplia, cobra ahora una dimensión mayor. Una solicitud de información sobre los soldados de las Fuerzas de Defensa con otro pasaporte además del israelí presentada ante el propio ejército israelí por la ONG Hatzlacha y publicada por Declassified UK ha obtenido respuesta este febrero: las FDI tienen registrados 451 soldados con ciudadanía española. 

Las cifras, desglosadas por país en un anexo oficial con membrete del ejército israelí, permiten hacerse una idea de la escala del fenómeno. Las nacionalidades más representadas, con diferencia, son la estadounidense —más de 13.000 soldados con ese pasaporte, casi 1.200 de ellos con una tercera ciudadanía adicional—, la rusa (más de 5.000) y la francesa (más de 6.000). 

En el caso español, los 451 soldados con pasaporte español se dividen entre quienes tienen doble nacionalidad —la israelí más la española— que suman 372 y 79 militares que acumulan al menos tres pasaportes, uno de ellos el español. También aparece en el listado un combatiente identificado como gibraltareño. No todas las nacionalidades que aparecen en el documento se corresponden con un pasaporte válido: también figuran 11 ciudadanos de la Unión Soviética y 6 de Yugoslavia.

Como previó el Ministerio de Justicia de Israel al consultar a Cuatrecasas, el dato tiene relevancia jurídica directa. El Código Civil español y el Decreto 1344/1967 prohíben a los españoles alistarse en ejércitos extranjeros, y establecen que quienes lo hagan contra la prohibición expresa del Gobierno pueden perder la nacionalidad. Cuatrecasas explicó al ministerio israelí que esa consecuencia no afecta a todos por igual: los españoles de origen —es decir, quienes tienen la nacionalidad por nacimiento— no pueden ser privados de ella en ningún caso, según el artículo 11 de la Constitución. Pero quienes la obtuvieron por vía no originaria sí están expuestos. 

En ese grupo hay un colectivo especialmente relevante en el contexto israelí: los judíos sefardíes que se acogieron a la Ley 12/2015 —más de 72.000 el pasado mes de octubre, al cumplirse diez años de la iniciativa—, que desde ese año les permitía obtener el pasaporte español sin renunciar a su nacionalidad israelí y sin necesidad de residir en España. Para ellos, concluía el memorando, el alistamiento voluntario en las FDI podría acarrear la pérdida de la ciudadanía española.

Los ciudadanos israelíes con doble nacionalidad a menudo tienen “muy poco que ver” con su segundo país. “En muchas ocasiones ni siquiera lo han visitado, no tienen familia allí y no hablan el idioma”, explica Yossi Bartal, periodista freelance israelí y coordinador internacional de la investigación ‘Israel Files’ de la red European Investigative Collaborations (EIC). Esto aplica especialmente a los israelíes con nacionalidad española que consiguieron el pasaporte por ser descendientes de judíos sefardíes, declara Bartal.

Más allá de la nacionalidad, el informe advertía de un segundo frente: el penal. Un ciudadano español que sirve en las FDI y participa en un conflicto armado puede ser objeto de una querella en España por crímenes cometidos fuera de sus fronteras, en virtud del principio de personalidad activa recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y si los hechos son constitutivos de genocidio, crímenes contra la humanidad o terrorismo, entra en juego la jurisdicción universal —el mecanismo que, según reveló la investigación de infoLibre, el Ministerio de Justicia israelí lleva años trabajando para neutralizar en España con la ayuda del mismo despacho que firmó este informe—.

El memorando de Cuatrecasas también abordaba un tercer escenario: el de los voluntarios que colaboran con las FDI en tareas no combatientes durante periodos cortos, a través de iniciativas como el Sar-El, un programa de voluntariado temporal para que simpatizantes extranjeros de la causa sionista colaboren con las fuerzas armadas en tareas logísticas. Para ese supuesto, el despacho catalán fue tranquilizador: sin alistamiento formal, no hay implicaciones legales bajo la ley española.

El documento de Cuatrecasas, fechado el 30 de septiembre de 2019, forma parte de la filtración de más de dos millones de correos del Ministerio de Justicia israelí que sustenta la investigación Israel Files, realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC). Su existencia ilustra el tipo de trabajo que el ministerio encargaba a Cuatrecasas: no solo vigilar los avances legislativos sobre jurisdicción universal —blindando a los altos cargos militares y políticos de Israel ante las posibles consecuencias penales de sus crímenes de guerra— o gestionar las visitas de ex altos cargos israelíes a España, sino anticipar los riesgos legales concretos que podía enfrentar cualquier ciudadano con vínculos con el Estado de Israel, desde un ex primer ministro hasta un soldado con doble nacionalidad.

infoLibre ha consultado al Ministerio de Asuntos Exteriores de España si está al tanto de la situación de los 451 nacionales alistados en el ejército israelí y qué medidas se han tomado o se planean tomar al respecto, pero a fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta. 

Son algunas de las áreas naturales protegidas más valiosas y frágiles del planeta. La Gran Barrera de Coral en Australia, con sus peces multicolores. La Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala —la selva tropical más grande de América Central—, hogar de jaguares, monos y cocodrilos. O los pantanos del Bajo Ogooué en Gabón, refugio de especies en peligro de extinción como elefantes e hipopótamos.

Estos santuarios de la biodiversidad tienen una cosa en común: aunque deberían permanecer libres de toda actividad industrial, en ellos hay infraestructuras petroleras y gasísticas. En total, 7.000 zonas de este tipo enfrentan este problema, según revela la investigación Fueling Ecocide, realizada por 13 medios de comunicación internacionales y coordinada por el colectivo de periodistas Environmental Investigative Forum (EIF) y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC). Entre esos medios está infoLibre, que publica en exclusiva esta investigación en España.

En este proyecto de un año de duración, se han comparado 315.000 zonas incluidas en la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA, por sus siglas en inglés) con datos geoespaciales de 15.000 licencias de petróleo y gas en 120 países, facilitados estos últimos por el proveedor industrial Mapstand. La investigación revela el verdadero alcance de la amenaza que las empresas petroleras y gasísticas, incluidas grandes empresas europeas como Shell, ENI y TotalEnergies, suponen para la biodiversidad en todo el mundo.

Según el análisis, 3.164 permisos de producción y exploración de petróleo y gas invaden 7.021 áreas protegidas ubicadas en 99 países. Esto representa un total de 694.000 km² cedidos a las empresas petroleras, un área más grande que países enteros como España o Francia. En algunos casos, las superposiciones son parciales, pero la mitad de estas áreas protegidas están totalmente cubiertas por licencias de hidrocarburos.

Esta situación pone en peligro áreas cruciales para el futuro climático, como las selvas tropicales de Indonesia, el Amazonas o la cuenca del Congo o varias reservas de manglares repartidas por Tanzania, Guinea-Bissau o Malasia, así como áreas marinas clave, incluido el mar del Norte de Europa.

Aunque solo una pequeña parte de esos 690.000 km² que se solapan con áreas protegidas están realmente cubiertos por instalaciones de petróleo y gas sobre el terreno, todas estas licencias representan una amenaza real o potencial para la biodiversidad. Leave it in the Ground (LINGO), una ONG que ha publicado numerosos informes sobre el tema, pidió "la prohibición inmediata de la exploración y extracción de combustibles fósiles en áreas protegidas y conservadas a nivel mundial".

Las licencias de exploración cubren 387.000 km² de áreas protegidas, más que la superficie de Alemania. Estos permisos ya pueden incluir infraestructuras y pozos de exploración. En las áreas marinas protegidas se pueden utilizar tecnologías para cartografiar los yacimientos submarinos, lo que daña diversas formas de vida marina en el proceso.

Luego están los permisos cuyo estado no está disponible en los datos de Fueling Ecocide. Y, por último, las superposiciones de licencias de producción de petróleo y gas, las que crean el mayor riesgo, que siguen siendo de un tamaño considerable, cubriendo 74.000 km² de áreas protegidas, una superficie similar a la de Irlanda.

Por impresionantes que puedan parecer, estas cifras están subestimadas, ya que los datos de 16 países, entre ellos importantes productores de petróleo como Canadá, Irán y Venezuela, eran inconsistentes y no se han podido incluir en el análisis de la investigación.

Contaminación del aire, el suelo y el agua, deforestación, daños a especies en peligro de extinción: en muchos casos, la destrucción ya está en marcha, tal y como documentan las ONG y observan sobre el terreno los reporteros de Daraj e InfoCongo, medios parte del equipo de Fueling Ecocide.

En Túnez, el mar está contaminado por fugas de petróleo procedentes de plataformas marinas en la zona protegida de las islas Kerkennah, un humedal de importancia internacional protegido por la Convención de Ramsar. También conocida como 'La Convención sobre los Humedales', la Convención de Ramsar fue adoptada en 1971 por casi el 90% de los Estados miembros de la ONU, y proporciona el marco para la conservación y el uso racional de estas zonas y sus recursos.

En la República del Congo, parte de la reserva de Tchimpounga, un santuario para los chimpancés centroafricanos, se está transformando en una zona industrial debido a una mina de potasa y un pozo de petróleo perforado por empresas chinas. "El equilibrio ecológico está amenazado: la fauna silvestre se está retirando a zonas menos protegidas, el suelo se está degradando y las vías fluviales corren el riesgo de contaminarse", afirma Placide Kaya, ingeniero forestal y activista medioambiental congoleño.

En Irak, cinco yacimientos petrolíferos propiedad de grandes empresas como TotalEnergies, ENI, BP y CNPC están contribuyendo a la desecación y contaminación de los humedales protegidos y antaño exuberantes del sur del país. Esto ha tenido consecuencias dramáticas para el medio ambiente y la fauna silvestre, así como para la población local, que ya no puede ganarse la vida con la pesca y la ganadería. Según Daraj, la situación ha empeorado desde la llegada en 2023 de la petrolera china Geo-Jade, cuyas operaciones están invadiendo los humedales de Hawizeh, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Las zonas más afectadas son principalmente aquellas reconocidas internacionalmente como las más importantes para el planeta. El análisis de Fueling Ecocide muestra que dos tercios de la superficie global afectada se encuentra en áreas protegidas reconocidas internacionalmente: sitios de la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), humedales Ramsar, tierras indígenas y áreas Natura 2000 de la Unión Europea. Son alrededor de 6.300 áreas protegidas. El resto solo gozan de protección a nivel nacional.

La UICN y la UNESCO recomiendan prohibir las actividades petroleras y gasísticas en sus áreas protegidas. La UICN ha aprobado una resolución en la que se compromete a no autorizar actividades relacionadas con los hidrocarburos en las áreas protegidas de su lista, pero se trata de un acuerdo no vinculante jurídicamente. Un informe de la UNESCO de julio de 2025 muestra que hay actividades extractivas en el 24% de los sitios que esta agencia de las Naciones Unidas ha inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial.

"Los sitios del Patrimonio Mundial cubren menos del 1% de la superficie terrestre, pero albergan una quinta parte de la riqueza de especies del planeta", asegura un portavoz de la UNESCO a Fueling Ecocide. La producción de hidrocarburos en estas áreas podría provocar "daños ambientales irreversibles, socavar los medios de vida locales, erosionar las cualidades únicas que han valido a estos sitios el reconocimiento mundial [...] y poner en peligro los objetivos mundiales de biodiversidad", añade.

Los científicos advierten de que se está produciendo una "extinción masiva" de especies vivas. Y mientras los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuerza impulsora del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad también "exacerba los efectos del cambio climático", según el Consejo Científico de la COP15 sobre Biodiversidad.

De hecho, la extracción de petróleo en áreas protegidas contradice las ambiciones del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (GBF, por sus siglas en inglés) adoptado en la COP15 por 196 países en 2022. El GBF estableció el objetivo de proteger el 30% de la superficie del mar y la tierra del planeta para 2030, en comparación con el 17,6% y el 8,4%, respectivamente, que se da en la actualidad.

"El tratado del Marco Mundial de la Diversidad Biológica es legislación internacional. El gran fallo de este tratado es que no existe ningún mecanismo para garantizar su cumplimiento, a diferencia del Acuerdo de París [el tratado internacional destinado a combatir la crisis climática], que puede incluir multas. Esto es un gran problema para los ecosistemas", explica Stephen Woodley, ecólogo y consultor de la UICN. "La aplicación del derecho internacional en materia de medio ambiente sigue siendo débil: la responsabilidad recae en los distintos Estados", añade Antonio Tricarico, de la ONG ReCommon.

En este contexto, las empresas de hidrocarburos pueden eludir fácilmente sus responsabilidades medioambientales. "El valor mismo de las empresas petroleras se basa en su capacidad para asegurar los activos de producción futuros. Esta lógica de crecimiento es intrínsecamente incompatible con la transición ecológica", afirma Tricarico.

La investigación muestra que 763 empresas petroleras operan al menos un permiso que se superpone con un área protegida. Si tenemos en cuenta únicamente las licencias para producción, cuatro de las 10 primeras que más superficie de áreas protegidas ocupan son europeas. La anglo-holandesa Shell ocupa el tercer lugar, principalmente debido a sus yacimientos marinos situados en áreas protegidas del Mar del Norte. Las otras tres son las francesas Perenco y TotalEnergies —quinta y séptima— y la italiana ENI —novena—.

Varias de esas empresas, entre ellas Perenco, Energy Development Oman y la empresa emiratí Adnoc, no aplican ninguna política de "prohibición". En sus informes anuales, Shell, TotalEnergies y ENI solo se comprometen a no operar en sitios de la UNESCO, por lo que se permiten perforar en todas las demás áreas protegidas.

Ni siquiera esta mínima promesa se cumple siempre. Shell opera activos que se solapan con dos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO: la Gran Barrera de Coral en Australia y el Mar de Wadden en los Países Bajos. La empresa se ha negado a hacer comentarios ante las preguntas de Fueling Ecocide.

TotalEnergies también tiene acciones en una planta de GNL en la Gran Barrera de Coral, mientras que ENI tiene una licencia de exploración ubicada dentro de una Reserva de la Biosfera de la UNESCO: el Área Marina Protegida de Marawah en los Emiratos Árabes Unidos, que cubre 4249 km². Este archipiélago de una docena de islas, rodeado de arrecifes de coral y salpicado de bosques de manglares, alberga la segunda colonia más grande del mundo de dugongos, un mamífero marino en peligro de extinción. La extracción comercial de gas aún no ha comenzado, pero la exploración de nuevos pozos ya está muy avanzada y ENI anunció el descubrimiento de un importante yacimiento en 2022.

La empresa petrolera nacional de los Emiratos Árabes Unidos, Adnoc, cuarta en la clasificación, opera tres licencias de petróleo y gas en la misma zona. Una de ellas, Gasha, uno de los mayores proyectos de hidrocarburos del mundo, abarca una cuarta parte de la reserva de Marawah. Actualmente en construcción, este enorme proyecto incluye 11 islas artificiales, pozos, oleoductos y muelles de embarque. "Operamos bajo estrictos controles medioambientales y contamos con un historial probado de protección de la naturaleza y la biodiversidad", respondió Adnoc a esta investigación.

Ninguna de las empresas publica datos geográficos que permitan verificar sus actividades en áreas protegidas. Las grandes empresas que cotizan en bolsa, Shell, ENI y TotalEnergies, publican una lista de los solapamientos de sus licencias con estos lugares. Aun así, para el caso de estas tres grandes empresas, Fueling Ecocide ha descubierto casos de solapamientos no declarados. 

ENI, que solo informa de las licencias de explotación, enumera 32 solapamientos en su informe anual de 2024, mientras que nuestra investigación identificó 68 licencias de la empresa que se solapan con áreas protegidas. 

TotalEnergies informa de 12 proyectos que se solapan con áreas protegidas, lo que corresponde a 28 licencias según nuestros cálculos, mientras que nuestro análisis identificó 69 de esas licencias solapándose con áreas protegidas. 

La principal explicación de estas superposiciones que faltan es que las empresas no tienen en cuenta las licencias de exploración y solo informan de sus actividades situadas dentro de algunas áreas reconocidas internacionalmente, incluidas las categorías 1 a 4 de la UNESCO, Ramsar y la UICN, a pesar de que la UICN recomienda que no haya actividad industrial tampoco en las categorías 5 y 6, menos sensibles.

ENI respondió que parte de la diferencia se debe también a su metodología, que excluye las instalaciones de producción de hidrocarburos que no "se encuentran efectivamente dentro del área de intersección con un área protegida". Sin embargo, ENI reconoció implícitamente la ausencia de información detallada, señalando que "la norma ESRS E4 'Biodiversidad y ecosistemas' exige la comunicación de información a nivel agregado. Esto significa que los informes no requieren la descripción de cada activo o concesión individual".

Cuando se le preguntó sobre los solapamientos no comunicados, Shell volvió a negarse a hacer comentarios. TotalEnergies adoptó la misma metodología y respondió que nuestras cifras "no reflejan la realidad sobre el terreno", ya que corresponden a "las intersecciones teóricas de las licencias con las áreas protegidas, a pesar de que solo una pequeña parte de la superficie de estas licencias está cubierta por infraestructuras".

En Uganda, cerca de las orillas del lago Albert, TotalEnergies, su socio chino CNOOC y la compañía petrolera nacional de Uganda UNOC son propietarios de las licencias Tilenga y Kingfisher, un enorme proyecto petrolero asociado a un oleoducto de 1.443 kilómetros denominado EACOP. Las obras de construcción sobre el terreno están muy avanzadas y se prevé que la producción comience en 2026.

Tilenga, explotado por TotalEnergies, se encuentra en gran parte dentro del Parque Nacional de las Cataratas Murchison, un sitio excepcional de la UICN y Ramsar, que alberga más de 140 especies de mamíferos salvajes (antílopes, leones, elefantes, hipopótamos, jirafas, etc.), algunos de los cuales están en peligro de extinción. El proyecto es muy criticado por varias ONG ecologistas, que han demandado a TotalEnergies en Francia por supuestos daños ecológicos, algo que la empresa niega.

Según nuestros datos, las licencias de Tilenga cubren el 10% del Parque Nacional Murchison Falls, es decir, 373 km². TotalEnergies afirma que su infraestructura solo ocupa el 0,03% del área protegida, es decir, solo 1 km². El grupo afirma que tiene en cuenta "la huella física de las instalaciones y su área de influencia", pero se ha negado a explicarnos su metodología exacta.

El análisis de imágenes satelitales realizado para Fueling Ecocide por la ONG Earth Insight muestra que las cifras de TotalEnergies parecen corresponder solo a la superficie de las plataformas de perforación. Pero según Earth Insight, también se han construido 38 kilómetros de carreteras y 20 de infraestructuras de oleoductos dentro de Murchison Falls, dividiendo en dos la parte norte del parque nacional.

Una investigación de campo, publicada en septiembre de 2024 por las ONG Afiego y Friends of the Earth, concluye que el impacto negativo del proyecto sobre la fauna silvestre supera con creces el perímetro inmediato de las instalaciones de TotalEnergies. El informe indica que los elefantes, perturbados por las vibraciones y el ruido de las obras de construcción, están "destruyendo tierras de cultivo" y han matado a cinco personas entre junio de 2023 y abril de 2024. Por otra parte, la contaminación lumínica de la plataforma de perforación, visible hasta a 14 kilómetros de distancia, tiene, según se informa, efectos negativos sobre los depredadores nocturnos, como leopardos, leones y hienas. 

Preguntada por EIC, la ONG Lingo afirmó que las empresas petroleras solo tienen en cuenta la superficie de las infraestructuras en su metodología para "confundir y minimizar sus impactos negativos", ya que "parece que no están teniendo en cuenta la contaminación líquida, gaseosa y sólida que producen sus instalaciones y que llega a las zonas circundantes".

Lo mismo ocurre con las áreas marinas protegidas, donde los daños pueden extenderse mucho más allá de la pequeña superficie cubierta por las plataformas marinas. "Extraer petróleo y gas en estas áreas protegidas es una completa aberración", afirma Sara Labrousse, investigadora de ecología marina del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. "Tiene consecuencias muy perjudiciales, como los vertidos de petróleo, el ruido submarino y el tráfico marítimo, que perturban enormemente a las especies marinas".

Las empresas petroleras casi nunca dan detalles sobre el impacto de sus operaciones sobre el terreno. En sus informes anuales, Shell, ENI y TotalEnergies afirman que aplican planes de acción para la biodiversidad en las zonas protegidas, con el objetivo de "no perder nada" o incluso "ganar" en biodiversidad. Sin embargo, son ellas las que pagan a las consultoras que los redactan y estos documentos no se hacen públicos. En el caso de Tilenga, Mediapart reveló que TotalEnergies intervino para debilitar las medidas incluidas en el plan, que son insuficientes para proteger la biodiversidad.

En sus respuestas a las preguntas que EIC les ha hecho llegar, Perenco y ENI señalan que es legal operar en áreas protegidas de conformidad con la normativa nacional. Esto es cierto y plantea la cuestión de la responsabilidad de los Estados que concedieron estos permisos. "Se trata del fenómeno de los denominados 'parques de papel': áreas que están designadas sobre el papel, pero que carecen de una protección efectiva en la práctica", comenta Francesco Maletto, abogado especializado en áreas protegidas marinas de la ONG ClientEarth.

Teniendo en cuenta únicamente las licencias de producción, el país más afectado del mundo es el Reino Unido. Ha expedido 120 permisos que invaden 46 áreas protegidas, lo que supone una superposición de más de 13.500 km², debido principalmente a la explotación marítima en el mar del Norte, donde operan TotalEnergies, Shell y Perenco. La mayoría de los permisos del Reino Unido se superponen con las áreas protegidas por OSPAR, un régimen de protección que permite la explotación de petróleo y gas. 

Según las investigaciones realizadas en 2023 y 2024 por Unearthed y The Ferret, basadas en datos oficiales del Gobierno inglés, alrededor de 300 toneladas de petróleo de plataformas marinas se derramaron en áreas marinas protegidas británicas en la última década. A pesar de ello, el Gobierno del Reino Unido concedió 64 nuevas licencias en el Mar del Norte en octubre de 2023, 17 de las cuales se encontraban en áreas protegidas.

Si se tienen en cuenta todos los tipos de licencias —incluidas las de exploración— que se solapan con áreas protegidas a nivel internacional, los 10 países más afectados son, principalmente, del Sur Global, con la excepción de Rusia y Australia. Australia encabeza nuestra clasificación con unos solapamientos equivalentes a 115.400 km².

En Brasil, InfoAmazonia, medio parte de Fueling Ecocide, ha descubierto que el Gobierno ha concedido una licencia de exploración de gas que abarca el 75% del territorio indígena de Krenyê, en la sabana tropical biodiversa del estado de Maranhão, en la región administrativa de la Amazonia Legal. Según la información publicada por la empresa brasileña Eneva, se espera que las primeras perforaciones comiencen en 2026.

El permiso se expidió en 2017 a pesar de que el pueblo Krenyê había obtenido un acuerdo para la protección de estas tierras en 2016, tras años de lucha, según un documento que nos mostró su líder, el jefe Cu'tetet. La legislación brasileña prohíbe la extracción de combustibles fósiles en tierras indígenas y no se ha consultado al pueblo Krenyê sobre la concesión de la licencia.

Al ser contactada, Eneva afirma que respeta "los procedimientos legales establecidos por las autoridades competentes". La agencia nacional brasileña del petróleo nos informó de que la zona indígena no fue designada oficialmente como área protegida hasta enero de 2018, cuando ya se había concedido la concesión para la exploración de gas. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama), declaró a InfoAmazonia que la zona del bloque de gas que se solapa con el territorio indígena debe ser excluida.

Nuestra investigación también muestra que los países pobres, autocráticos y devastados por la guerra están dispuestos a ofrecer enormes territorios protegidos a las empresas petroleras. La República Centroafricana ocupa el sexto lugar en km² de superposiciones debido a dos permisos de exploración concedidos en 2013 por el antiguo dictador François Bozizé a PTIAL, una empresa petrolera controlada por Poly Technologies, una corporación armamentística propiedad del Gobierno chino. Según nuestros cálculos, estos permisos invaden 13.800 km² de siete áreas naturales protegidas de excepcional importancia ecológica, entre ellas el Parque Nacional de Bamingui Bangoran y el Parque Nacional de Manovo Gounda, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante la guerra civil que siguió al derrocamiento del presidente Bozizé en 2013, PTIAL financió a grupos armados para continuar con sus operaciones, según un panel de la ONU. La licencia fue renovada en 2018 por el nuevo presidente, Faustin-Archange Touadéra, quien consolidó su poder con la ayuda del Grupo Wagner, una organización paramilitar rusa a la que se ha definido como de ideología neonazi. Desde 2024, Poly Technologies, la empresa matriz de PTIAL, ha sido sancionada por Estados Unidos y luego por la Unión Europea por vender armas a Rusia tras la invasión de Ucrania.

No está claro si se han reanudado los trabajos preparatorios para la primera operación de perforación, que se detuvo en 2018 por "razones de seguridad". Poly Technologies y el Ministerio de Minas de la República Centroafricana no han respondieron a las solicitudes de comentarios de Fueling Ecocide.

La lista de ecosistemas amenazados sigue creciendo. En la República del Congo, séptimo país de nuestra clasificación, ya hay 20 permisos petroleros que invaden 13.600 km² de 13 áreas naturales protegidas internacionalmente. El autócrata Denis Sassou N'Guesso acaba de añadir uno nuevo: el permiso Niamba, concedido en abril de 2025 por decreto a la empresa china Oriental Energy en asociación con la Compañía Nacional de Petróleo del Congo (SNPC).

Las ONG congoleñas han condenado enérgicamente esta decisión, ya que la licencia invade una zona sensible del Parque Nacional Conkouati-Douli, un área con triple protección (UICN, UNESCO y Ramsar). Sus selvas tropicales albergan la mayor biodiversidad del país, incluyendo especies en peligro de extinción como monos, elefantes y tortugas marinas.

La producción de hidrocarburos en áreas protegidas es un problema político y económico global extremadamente delicado, ya que muchos de los puntos más ricos en biodiversidad del mundo se concentran de manera abrumadora en el Sur Global, en bosques tropicales, arrecifes de coral y sabanas, mientras que la expansión de la extracción de petróleo y gas está impulsada en gran medida por empresas con sede en el Norte Global y China.

Según el Global Oil and Gas Extraction Tracker, desde 2015, alrededor del 22% de los nuevos recursos de petróleo y gas se descubrieron en América Latina y el Caribe, casi el 26% en Asia y el 12% en África. El análisis de datos de InfoAmazonia muestra que la región amazónica alberga casi una quinta parte de las reservas mundiales identificadas entre 2022 y 2024, lo que establece una nueva frontera para la industria de los combustibles fósiles.

Esta asimetría geográfica plantea cuestiones apremiantes sobre la equidad y la responsabilidad, a la vez que el objetivo de proteger el 30% de los mares y tierras del mundo choca con la falta de aplicación de políticas y la insuficiencia de compromisos corporativos. Mientras tanto, la perforación continúa. Y la naturaleza y las especies en peligro de extinción están pagando el precio.

El 28 de enero de 2015, un proyectil de artillería israelí impactó contra un puesto de observación de Naciones Unidas en la frontera entre Israel y Líbano. El cabo del Ejército español Francisco Javier Soria Toledo, destinado en la misión UNIFIL, —una fuerza de paz de la ONU que mantiene la estabilidad del territorio— murió en el acto. 

Israel atribuyó el disparo a un error operativo y el Gobierno del PP se apresuró a anunciar que el Ejército israelí asumiría responsabilidades y pagaría indemnizaciones. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, destacó la falta de intencionalidad por parte de Israel, y el diputado del PP Vicente Ferrer declaró en la comisión parlamentaria que los artilleros israelíes “son buenos, pero fallan”. Lo que se presentó como un accidente militar con asunción de responsabilidades terminó derivando, sin embargo, en una cadena de decisiones opacas, gestiones discretas y comunicaciones alejadas de los cauces formales.

El caso pasó primero por la jurisdicción militar española, que se inhibió y lo remitió a la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Andreu abrió diligencias previas para investigar la muerte del cabo y, como primer paso, remitió una comisión rogatoria a Israel para un asunto básico: no pedía investigar allí, sino simplemente saber si había alguna investigación abierta sobre los hechos y, de existir, en qué fase se encontraba. Israel ignoró al menos tres comunicaciones de esta solicitud, y envió su respuesta más de un año después de recibir, por fin, el aviso. La Audiencia Nacional, que había tenido el caso paralizado durante todo ese tiempo, terminó archivando la causa en 2017.

La investigación Israel Files, llevada a cabo por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos confidenciales y correos publicados en el portal de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS), revela cómo el Departamento de Guerra Legal de Israel, por medio del despacho de abogados español Cuatrecasas, no solo monitorizó y trató de influir en reformas legislativas en España, sino que, según dichos mails, llegó a recibir de la Fiscalía de la Audiencia Nacional información procesal sobre el caso Soria Toledo antes de que esta fuera comunicada formalmente al propio juez o a la familia del militar fallecido, un hecho que la Fiscalía niega.

El proyectil que derribó la torre de vigilancia en la que se apostaba el cabo Soria Toledo —de 36 años y con su esposa a punto de dar a luz— fue un obús de 155 mm que, según declaró el ministro Morenés, “disparaba al máximo de su alcance”, lo que reduce su puntería. Las tropas israelíes apuntaban a efectivos de Hezbolá situados a solo 500 metros de la base de la ONU, cuyas coordenadas conocían. En sus documentos internos y en su respuesta a la Audiencia Nacional, el Ministerio de Justicia de Israel se refiere al proyectil como “antitanque”, aunque su calibre es más pesado que el que se utiliza contra los vehículos acorazados, y corresponde más al de artillería general, según fuentes militares consultadas por infoLibre. 

El que acabó con la vida del cabo Soria no fue el único proyectil lanzado sobre la posición de las tropas de la ONU. De acuerdo con lo declarado por los militares españoles en un informe reservado del Estado Mayor al que tuvo acceso El País, el bombardeo israelí fue intenso y prolongado y obligó a todos los soldados de la base a refugiarse. De hecho, el cadáver de Soria no pudo ser evacuado por un helicóptero porque los obuses seguían impactando en la base e impedían su aterrizaje. Ninguno de los informes, ni los elaborados por el Ejército español, ni por el israelí, ni por la ONU, fueron facilitados al Congreso por el Gobierno del PP, que alegó que estaban clasificados.

Entre las decenas de proyectiles que las fuerzas israelíes lanzaron sobre la base de Naciones Unidas había también bombas de racimo, según declararon los militares españoles en el informe de Defensa. Este tipo de munición —prohibida por una convención internacional que Israel no ha suscrito— explota en el aire en vez de impactar contra el objetivo y expande sus proyectiles indiscriminadamente, poniendo en riesgo a la población civil. El uso de bombas de racimo en el Líbano por parte de Israel ha vuelto a ser documentado en 2024 por The Guardian.

Seis meses después de la muerte de Soria, en julio de 2015, la justicia militar, que había abierto diligencias previas sobre el caso pero que solo puede juzgar aquellos en los que el acusado sea español, lo remitió a la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Andreu envió una comisión rogatoria internacional a Israel en enero de 2016 para averiguar si allí se había realizado alguna investigación sobre al respecto, paso necesario antes de decidir si España podía seguir instruyendo la causa.

Según los correos internos del Ministerio de Justicia israelí desvelados en Israel Files, la comisión rogatoria enviada por España en enero no fue debidamente identificada ni tramitada al llegar a Israel. La carta que la acompañaba no fue registrada como recibida hasta el 7 de marzo, pero la solicitud formal ni siquiera constaba adjunta en los archivos israelíes. La carta “con o sin la solicitud” —según los correos— fue remitida a la Administración de Tribunales. El 24 de mayo, España envió un primer recordatorio preguntando por su paradero; la unidad israelí encargada de asistencia judicial contactó con sus tribunales y su policía sin encontrar el documento.

La situación se repitió el 11 de julio, cuando Israel recibió un segundo recordatorio español que esta vez sí incluía la copia íntegra de la rogatoria. Apenas una semana después, el 20 de julio, una unidad de policía judicial israelí escribió a España informando de que “las solicitudes no habían llegado a su destinatario y debían reenviarse”, sin saber que esa misma semana la petición ya había sido recibida a través del recordatorio anterior. 

Un tercer aviso español, fechado el 3 de agosto, volvió a adjuntar la solicitud. En un correo interno del 17 de agosto de 2016, el responsable internacional del ministerio israelí admite que hay “un cierto grado” de que “la mano izquierda no sabe lo que hacía la derecha”, reconoce que durante meses solo tuvieron “cartas de recordatorio que no mencionaban la naturaleza o sensibilidad del asunto” y propone contestar a España para confirmar por fin la recepción y prometer una respuesta.

Sin embargo, los meses siguieron pasando sin que nadie en Israel se diese por aludido. En noviembre, El País informó de que Israel “desoía sistemáticamente” las comisiones rogatorias de la Audiencia Nacional, que ya en octubre había lamentado que venía enviándolas “mensualmente”. 

En enero de 2017, transcurridos ya dos años desde la muerte del cabo, y uno desde el primer envío de la comisión rogatoria, Andreu ordenó a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional que realizara “urgentemente” las gestiones necesarias para aclarar en qué punto estaba la solicitud y exigió que se le comunicaran “de forma precisa” los motivos que impedían su trámite. El magistrado subrayaba que había transcurrido “un tiempo más que prudencial” desde que, en octubre, se recordara a Israel su obligación de contestar. 

El País calificó este movimiento de “ultimátum” del juez, y la noticia fue reproducida por medios de comunicación en Israel. El Ministerio de Justicia israelí escribió entonces al despacho Cuatrecasas, enviando un enlace al artículo del diario español y solicitando conseguir una copia del oficio librado por el magistrado Andreu. El despacho español aseguró al ministerio que no solo trataría de localizar dicha copia, sino que “hablaría pronto” con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Dos semanas después, el 15 de febrero, el socio de Cuatrecasas encargado de asesorar al ministerio israelí mantuvo una reunión con Rosana Lledó, la fiscal de la Audiencia Nacional que llevaba el caso del cabo Soria Toledo, según consta en la factura generada ese mes por el despacho. Al día siguiente, según los correos internos del Ministerio de Justicia israelí, Cuatrecasas informó a sus clientes de que la fiscal Lledó le había comunicado su intención de pedir el archivo de la causa por falta de jurisdicción y de indicios penales. La Fiscalía —según este relato— explicó que esperaba a que Israel respondiera a la comisión rogatoria para presentar su solicitud al juez, y confirmó —ante las preguntas del ministerio a raíz del artículo— que éste había reprochado la ausencia de contestación. 

Contactada por infoLibre, la fiscal Lledó niega haber tenido ninguna clase de reunión con el despacho Cuatrecasas relacionada con este proceso —aunque añade que “hace muchos años— , y afirma que envió al magistrado la solicitud de archivo de la causa en julio de 2015. Es decir, el mismo mes en que la Audiencia Nacional abrió la investigación, antes siquiera de que se le solicitaran explicaciones a Israel a través de la comisión rogatoria y, por tanto, antes del encuentro al que Cuatrecasas y el Ministerio de Justicia hacen referencia en sus documentos internos, y cuya existencia Lledó niega.

Esta reunión, de haberse producido, no sería una simple gestión administrativa. La causa seguía en diligencias previas e Israel no estaba dentro del procedimiento ni figuraba como parte investigada, lo único que debía hacer era responder a la comisión rogatoria que llevaba casi un año sin atender. Aun así, según la documentación recabada por Israel Files, la fiscal habría comunicado a un bufete privado, que representaba los intereses de un Estado potencialmente concernido, una decisión procesal —su intención de pedir el archivo— antes de trasladarla al propio juez o a la familia del militar fallecido. El ministerio israelí tomó nota de la información y urgió a su equipo a rematar la respuesta esa misma semana, insistiendo en que ya habían prometido a las autoridades españolas enviarla de inmediato.

El 21 de febrero, apenas cinco días después de recibir de Cuatrecasas la advertencia de la fiscal, un borrador casi definitivo de la respuesta israelí empezó a circular internamente. El documento, marcado como confidencial, no cuestionaba los hechos básicos —la muerte del cabo en un ataque de respuesta israelí a Hezbolá—, pero sí situaba el incidente fuera del alcance judicial español. Israel afirmaba que había investigado el caso, que su Fiscalía militar descartó responsabilidades penales y que se habían pagado indemnizaciones “en expresión de su pesar” —Israel pagó 200.000 euros a la viuda del cabo Soria, lo que su familia calificó de “vergonzoso”—. 

Aun así, el borrador subrayaba que Israel no reconocía base alguna para una investigación penal en España y presentaba su respuesta como una decisión voluntaria, adoptada “por respeto” a las autoridades judiciales españolas, a pesar de que ambos países son firmantes del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, que obliga a Israel a dar una contestación o a justificar la negativa en casos muy concretos. 

El borrador reflejaba también el resultado de una discusión que los correos internos habían documentado días antes: si asumir o no en el texto errores operativos. El ejército israelí prefería evitarlo, pese a reconocerlos internamente, mientras que los juristas del ministerio defendían incluir una referencia mínima a que se habían extraído lecciones del incidente. La fórmula finalmente elegida fue la más contenida: la “desafortunada muerte” del cabo se debió al “desvío totalmente involuntario de un proyectil de artillería”. La frase se reprodujo textualmente en el auto de Andreu que archivó la causa al mes siguiente.

En 2009, coincidiendo con el regreso de Benjamin Netanyahu al poder y con la ofensiva sobre Gaza conocida como Operación Plomo Fundido, el Gobierno israelí decidió crear dentro del Ministerio de Justicia una unidad específica para gestionar las causas abiertas en el extranjero por presuntos crímenes de guerra. Esa estructura, embrión del actual Departamento de Guerra Legal, pasó a coordinar la defensa de altos mandos políticos y militares señalados en procedimientos penales o civiles fuera del país y a diseñar la estrategia jurídica ante tribunales extranjeros y la Corte Penal Internacional —donde el departamento se jacta de que sus “buenas relaciones” llevan años retrasando una investigación al Estado, según documentación de la filtración—. Para ello el ministerio trabaja con una red formada por prestigiosos despachos de abogados contratados en países clave.

Una filtración de más de dos millones de correos electrónicos del Ministerio de Justicia que cubren principalmente de 2009 a la primavera de 2023, permite seguir durante más de una década el trabajo de ese engranaje: desde el cierre discreto de causas en Europa hasta el seguimiento de reformas legislativas consideradas peligrosas para los intereses de Israel. Entre los destinatarios habituales de sus consultas aparecen varias firmas europeas en los que, internamente, el departamento llama “países objetivo”, entre los que está España. 

Como revela Israel Files, una investigación realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos confidenciales publicados en el portal de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS), dichos emails permiten seguir más de una década de relaciones discretas entre Israel y España.

La sensibilidad de Israel hacia la jurisdicción española no es nueva. Entre los documentos filtrados figura un correo interno de 2009, enviado por la Fiscalía General de Israel (dependiente de la cartera de Justicia) el mismo día en que la Audiencia Nacional archivó una causa penal contra el entonces ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y seis altos mandos militares por el asesinato de catorce civiles en un ataque a Gaza, entre ellos varios niños y bebés. En ese mensaje, un alto cargo del Ministerio de Justicia felicita a su equipo por el trabajo realizado con los abogados españoles, que, según afirma, había “contribuido sin duda a influir” tanto en la Fiscalía española como en el tribunal. 

La documentación sitúa a la histórica firma catalana Cuatrecasas, la segunda del país por volumen de facturación, como el despacho de referencia para defender y asesorar a Israel en asuntos de jurisdicción universal, viajes de altos cargos y cuestiones que afectan a ciudadanos con vínculos con Israel. Pero también como un actor clave para anticipar y moldear el escenario legislativo español: los correos muestran cómo el bufete informa al ministerio israelí de qué reformas pueden perjudicarle, del estado de algunos trámites en el Congreso y, sobre todo, de qué cambios legales sería conveniente promover ante las autoridades españolas y a través de qué interlocutores institucionales convendría hacerlo.

España aparece de manera recurrente en los correos del ministerio israelí por una razón concreta: durante más de una década fue uno de los países que aplicó con mayor amplitud el principio de jurisdicción universal. Ese marco legal permitía a los jueces españoles investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera del país, incluso cuando no había víctimas españolas. El ministerio seleccionó a Cuatrecasas en 2004 “para representar al Estado de Israel y proporcionar una opinión general sobre la cuestión de la jurisdicción universal en España”.

Aunque hoy Israel considera la jurisdicción universal un riesgo para sus altos cargos, durante buena parte del siglo XX defendió activamente ese mismo principio para perseguir a dirigentes nazis por sus crímenes contra la humanidad que, según el principio de jurisdicción universal, podían ser juzgados con independencia del lugar en que se hubieran cometido. 

Con el tiempo, sin embargo, la jurisdicción universal pasó de ser una herramienta útil a convertirse en una fuente de preocupación. A medida que tribunales europeos —incluidos los españoles— comenzaron a abrir causas contra altos cargos israelíes por actuaciones en Gaza o Cisjordania, los documentos muestran un creciente interés del Ministerio de Justicia israelí por las reformas legislativas españolas. Pese a los cambios aprobados en 2009 y, más tarde, en 2014 —que restringieron de forma significativa el alcance de la jurisdicción universal—, las comunicaciones revelan que España seguía siendo un “país objetivo” para Israel y que el ministerio continuó pidiendo a Cuatrecasas análisis constantes sobre los riesgos de nuevas investigaciones, el avance de cada posible reforma y las opciones de influir en su tramitación.

Los correos filtrados muestran que el papel de Cuatrecasas fue mucho más amplio que el de un despacho contratado para atender consultas puntuales. Durante años, el Ministerio de Justicia israelí le encargó rastrear cualquier intento de modificar la jurisdicción universal en España y adelantarse a sus implicaciones políticas y jurídicas. Cuando en 2017 el Congreso aceptó tramitar una proposición de ley para ampliarla, Israel, tras ser informado por el despacho, solicitó un análisis del proyecto legislativo “según nuestros intereses”, una valoración de qué partidos podían impulsarlo o frenarlo, y una serie de mensajes políticos breves —“talking points”— para trasladarlos a las autoridades españolas. 

También solicitó algo aún más delicado: identificar a qué cargos del Gobierno y del Congreso había que hacer llegar esos mensajes, y si convenía hacerlo de forma directa o a través de canales informales. Cuatrecasas respondió con una lista de cargos políticos, sobre todo del PP —entonces en el Gobierno— aunque también del PSOE, junto con un mapa detallado del clima político que rodeaba la reforma. Análisis similares sobre la situación parlamentaria en España y sus posibles consecuencias en el avance de la jurisdicción universal se sucedieron a lo largo de los siguientes años, como por ejemplo tras las elecciones de 2020, cuando Cuatrecasas reportó que la situación política era “imprevisible”. 

Todo este trabajo no se quedaba sólo en el papel. En 2018, un grupo de responsables jurídicos del Gobierno israelí encabezados por Avichai Mandelblit, abogado general del Estado, viajó a Madrid y mantuvo reuniones con algunos de los, por aquel entonces, máximos representantes del ordenamiento jurídico español: el abogado general del Estado, Eugenio López Álvarez; la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; y el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. 

El dossier preparado para ese viaje incluía un mensaje idéntico para ser trasladado a todos ellos: Israel mostraba su preocupación por las “propuestas para modificar la legislación relativa a la jurisdicción universal” y pedía información sobre “las medidas que se puedan tomar para garantizar que no se modifique el texto actual”. Es decir, los emisarios israelíes debían preguntar directamente a las autoridades españolas cómo interferir en un proceso legislativo para asegurarse de que sus intereses no se vieran perjudicados.

En ese mismo viaje apareció otro asunto sensible: una querella presentada en España contra Ángel Mas, presidente de la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), conocida por defender los intereses israelíes en la arena judicial y política española. El ministerio seguía ese caso de cerca, aunque el dossier recomendaba “no plantear el tema de forma proactiva” en reuniones oficiales, “dada su delicadeza”, y reservar las gestiones al embajador israelí en España.

Los correos posteriores muestran que esa relación iba más allá de un caso concreto: ACOM enviaba directamente al ministerio boletines y resoluciones judiciales relevantes para los intereses de Israel, y funcionarios del departamento incorporaban esa información a sus informes internos. La tarea judicial de ACOM sigue hoy igual de activa que entonces: en los últimos tres meses la asociación ha denunciado a varios clubes de fútbol “por complicidad con el odio a los judíos”, a la Universidad del País Vasco por un manifiesto de apoyo a Palestina, o a la periodista Ana Iris Simón, a la que acusa de hacer “apología del yihadismo”. 

Al Departamento de Guerra Legal también le interesaban las valoraciones de Cuatrecasas sobre otros asuntos de especial relevancia para el Estado de Israel. El despacho actuaba como asesor de riesgo para las visitas privadas o profesionales de dirigentes israelíes a España. Entre los consultantes figuran perfiles de máximo nivel: los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, el exdirector del servicio de inteligencia interior Yuval Diskin, o el almirante Eliezer Marom, comandante de la Armada de Israel durante el asalto en el que murieron nueve activistas turcos en la Flotilla de la Libertad en 2010.

El despacho revisaba, caso por caso, si alguno de ellos había sido mencionado en querellas relacionadas con Gaza o con el asalto a la Flotilla de la Libertad, y evaluaba si una visita podía activar alguna actuación judicial. Aunque la conclusión habitual era que el riesgo era “bajo”, las recomendaciones siempre se centraban en hacer viajes discretos, sin exposición pública y evitando cualquier actividad que pudiera llamar la atención por “si algunos activistas se enteran de que está en España”, en palabras del bufete. 

Este asesoramiento recogía incluso advertencias logísticas y de seguridad más adecuadas para un fugitivo que para un ex alto mandatario: en un correo de 2017, Cuatrecasas señalaba al ministerio que no existen controles fronterizos para cruzar de España a Francia. El despacho añadía de todos modos el contacto de un abogado francés por si fuera necesario, y mantenía el mismo criterio de siempre: confidencialidad y perfil bajo.

A Israel también le preocupaban las consecuencias penales que podría tener para ciudadanos con doble nacionalidad española e israelí el alistamiento en las Fuerzas de Defensa de Israel. En España, combatir en un ejército extranjero está prohibido y, en el caso de quienes obtuvieron la nacionalidad por vías no originarias —como los sefardíes naturalizados—, puede acarrear la pérdida de la ciudadanía, además de responsabilidades penales, como informó Cuatrecasas.

Hasta ahora, el trabajo de Cuatrecasas para el Ministerio de Justicia israelí permanecía completamente fuera del escrutinio público. La propia documentación interna explica por qué: según un informe del departamento dirigido a la cúpula del ministerio en 2020, Israel oculta sistemáticamente qué firmas representan sus intereses en el extranjero porque revelar esos vínculos podría perjudicar a los despachos en términos de imagen pública, pero también comprometer la estrategia exterior del Estado. 

El ministerio reconoce que todo su entramado en los llamados “países objetivo” se basa en la opacidad, y que hacerlo visible tendría un coste diplomático directo. Según este documento, el hecho de que Israel trabaje con bufetes extranjeros “entre bastidores” y “de un modo no necesariamente transparente para el país objetivo” plantea riesgos para sus relaciones con esos Estados y para la continuidad de este sistema.

infoLibre se ha puesto en contacto con el despacho Cuatrecasas y con el Ministerio de Justicia de Israel para recabar su versión sobre los hechos relatados en este artículo, pero no ha recibido respuesta. 

El segundo mandato de Benjamin Netanyahu, iniciado en 2009, marcó un giro profundo en la estrategia israelí hacia los palestinos: el abandono de cualquier expectativa realista de una solución negociada de dos Estados. Sin horizonte político y ante la constatación de que la ocupación de Cisjordania y la guerra en Gaza era indefinida, las instituciones del Estado empezaron a prepararse para las consecuencias internacionales. Esto se tradujo en un aumento del gasto en comunicación exterior, campañas de vigilancia y difamación contra organizaciones de derechos humanos y movimientos propalestinos en el extranjero.

Desde el inicio, una de las prioridades fue el frente jurídico. Con la entrada en funcionamiento de la Corte Penal Internacional y el desarrollo de leyes europeas que permitían investigar crímenes de guerra bajo el principio de jurisdicción universal, la posibilidad de que militares o responsables israelíes fueran detenidos en el extranjero dejó de ser hipotética. Al mismo tiempo, el avance de normas de responsabilidad empresarial encendió las alarmas del Gobierno, que temía sanciones comerciales vinculadas a la ocupación.

La publicación de más de dos millones de correos del Ministerio de Justicia israelí —principalmente de 2009 a la primavera de 2023— en la página de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS) expone por primera vez las estrategias jurídicas diseñadas para blindar al Estado ante violaciones del derecho internacional. El hackeo, atribuido a un grupo desconocido llamado “Anonymous for Justice”, solo ha tenido repercusiones fuera de Israel: una orden de censura prohíbe a los medios israelíes informar de la existencia de la filtración y de la propia orden de censura. Un análisis técnico realizado por Amnistía Internacional para The Guardian concluyó que los documentos provienen de un ataque real de “hackeo y filtración” y no muestran signos de manipulación.

infoLibre, junto con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) ha analizado los documentos y correos electrónicos en el marco de la investigación internacional Israel Files.

Buena parte de los documentos procede del Departamento de Asuntos Internacionales Especiales, creado en 2010 y dirigido inicialmente por Roy Schöndorf, un ex jurista militar que previamente había elaborado justificaciones legales para ejecuciones extrajudiciales. Le acompañaba Marlene Mazel, abogada que representaba al Ayuntamiento de Nueva York antes de incorporarse al ministerio.

Su misión oficial era “gestionar todos los asuntos relacionados con procedimientos jurídicos internacionales derivados de las acciones del Estado en su lucha contra el terrorismo”. En paralelo, el departamento impulsó el uso ofensivo del derecho —lo que denomina “lawfare”—, para combatir lo que califica como la “explotación cínica de herramientas legales legítimas contra el Estado de Israel”. Para ello trabajó con más de una docena de despachos en Europa, EEUU, Sudáfrica o Japón, que ayudaron en secreto a proteger los intereses del Estado y de empresas vinculadas a él a cambio de decenas de millones de euros.

Más allá de la labor en los juzgados, una de sus funciones principales consistía en evaluar si altos cargos del Estado podían viajar a ciertos países sin riesgo de detención. Los correos filtrados contienen decenas de consultas detallando visitas privadas u oficiales que, en varios casos —hasta ahora desconocidos—, tuvieron que ser canceladas. El departamento también solicitó a despachos extranjeros informes sobre la legalidad de que ciudadanos binacionales sirvieran en el Ejército israelí o que voluntarios extranjeros se unieran a él.

Otra faceta clave del trabajo del departamento fue tejer relaciones con fiscales generales, asesores jurídicos y ministerios de justicia extranjeros. Formalmente se presentaban como contactos técnicos, pero los documentos muestran objetivos explícitos de captar apoyos informales para cerrar o frenar investigaciones contra responsables israelíes. La estrategia de “befriending” —literalmente, “hacerse amigos”— está descrita explícitamente en los documentos internos y se aplicó también al personal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a académicos y expertos en Derecho Internacional.

En Alemania, por ejemplo, este acercamiento a juristas y fiscales resultó útil en el cierre de un caso sobre la muerte de una familia palestino-alemana en Gaza. El departamento también intercambió información con juristas de la OTAN y, en 2019, Marlene Mazel recibió junto a un experto de las Fuerzas Armadas israelíes el Premio Serge Lazareff de la alianza militar por su labor “combatiendo el lawfare”.

Un informe clasificado de finales de 2020 que analiza una década de trabajo del departamento presume de que el departamento “ha cambiado irrevocablemente la manera en que Israel afronta la ‘guerra legal’ ” y enumera sus “logros excepcionales”: cerrar decenas de causas penales y civiles en el extranjero, así como retrasar durante una década la apertura de una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Estado.

En 2015, el Gobierno de Netanyahu creó el Ministerio de Asuntos Estratégicos para combatir la “deslegitimación”, especialmente del movimiento BDS (boicot, desinversión y sanción) y campañas de derechos humanos que pedían sanciones a los asentamientos ilegales. El ministerio —acusado de injerencia política en el extranjero— colaboró intensamente con el Ministerio de Justicia, dirigido entonces por la ultraderechista Ayelet Shaked, especialmente con el Departamento de Asuntos Internacionales. 

El departamento ayudó a constituir un grupo de coordinación legal con organizaciones como NGO Monitor, Kohelet Forum y otros lobbies pro-Israel en Europa y Estados Unidos, con el objetivo de criminalizar el activismo propalestino. También monitorizó iniciativas legales en Estados Unidos y Europa, e intervino discretamente en Francia para asegurar que se siguiera procesando a activistas del movimiento BDS pese a una sentencia que protegía su libertad de expresión.

De especial relevancia fue la labor del bufete belga Van Bael & Bellis, contratado para diseñar estrategias legales contra la promoción de leyes contrarias a los intereses de Israel, contra las restricciones a productos procedentes de asentamientos ilegales o contra campañas mediáticas que señalaban a empresas como Airbnb o Ben & Jerry’s por lucrarse de la ocupación. El despacho de Bruselas recibió al menos 750.000 euros hasta 2021 y su contrato se prorrogará hasta, como mínimo, 2026.

Tras las recomendaciones de la Comisión Turkel —creada por el Gobierno de Israel a raíz del asalto a la flotilla rumbo a Gaza en 2010 que acabó con el asesinato de varios tripulantes— el departamento profundizó en el derecho de guerra y trabajó con juristas militares para construir argumentos que justificaran las agresiones israelíes. Trabajó en estrecha colaboración con la unidad de derecho internacional del ejército para desarrollar argumentos legales que justificaran las acciones de Israel, e incluso participó en la normativa sobre incendios en la frontera de Gaza durante la Gran Marcha del Retorno en 2018. 

Como argumentó recientemente el jurista Or Bassok en Haaretz, estos actos no se han producido a pesar de la supervisión legal, sino que han sido posibles gracias a ella, proporcionando a los soldados participantes la ilusión de un escrutinio legal sobre los llamados “daños colaterales”. 

Los documentos más recientes de la filtración revelan que Israel seguía preparándose activamente para hacer frente a posibles órdenes de detención de la Corte Penal Internacional tras la decisión de 2021 de la Corte de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania, y que estaba en contacto con un número cada vez mayor de abogados de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional para que asesoraran al Estado sobre esta cuestión.

Los últimos correos datan de la primavera de 2023, cuando Israel vivía una de las revueltas ciudadanas internas más importantes de los últimos años por una reforma judicial. Paradójicamente, muchos de los juristas —internos y externos— cuyos esfuerzos permitieron blindar al Gobierno en el exterior expresaban en privado su inquietud por el auge de la ultraderecha y del movimiento colonizador, que comenzaban a amenazar sus propias instituciones.

Los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y la posterior destrucción de la Franja de Gaza por parte de Israel, que desencadenó una oleada de procedimientos judiciales, han dado aún más importancia al trabajo del departamento. Al mismo tiempo, el abierto desprecio de los dirigentes israelíes —a menudo mostrado públicamente—  por las normas internacionales,  así como el fracaso de la Fiscalía militar para enjuiciar incluso los casos más evidentes de crímenes de guerra, contrastan radicalmente con las propias recomendaciones del departamento a la cúpula política. Sin embargo, el jefe del departamento, Gilad Noam, sigue defendiendo enérgicamente la legalidad de la conducta de Israel hasta el día de hoy. 

En un chat encriptado de febrero de 2021, presuntos narcotraficantes de los Balcanes se jactaban de tener los derechos exclusivos para traficar cocaína disimulada en contenedores de plátanos exportados por la empresa familiar del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Un documento confidencial de la fiscalía de Croacia registró a dos personas, que usaban la plataforma de mensajería encriptada Sky ECC y que solo son identificados por números PIN anónimos, alardeando de que "nadie más que ellos" tenía permiso para embarcar cocaína en los contenedores de Noboa Trading Co TCN SA.

Noboa Trading es parte de Noboa Corporation, un extenso imperio empresarial que produce plátanos bajo la marca 'Bonita y es' dirigido por la familia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Ni Noboa Trading ni la oficina del presidente Noboa respondieron a las solicitudes de comentarios de OCCRP, consorcio de investigación del que es socio infoLibre.

Mientras que los documentos de Croacia solo muestran PINs anónimos, el medio de investigación serbio KRIK —también socio de OCCRP— identificó a uno de los interlocutores gracias al cruce con documentos judiciales de otros casos en Serbia en los que los narcos también habían utilizado la aplicación Sky ECC. Se trata de Nikola Đorđević, una presunta figura del crimen organizado. La policía de Serbia lo busca actualmente por un caso de tráfico de cocaína distinto al de los cargamentos de Noboa Trading. 

Aunque no está claro exactamente cómo Đorđević y sus asociados habrían accedido a los contenedores de un importante exportador de frutas, existen pruebas de que su afirmación no era solo una fanfarronada.

En sus chats encriptados, los presuntos traficantes se refirieron a tres envíos específicos de cocaína y transmitieron detalles sobre las fechas, nombres de los barcos y números de contenedores. OCCRP ha cotejado los datos compartidos en esas conversaciones con envíos reales de plátanos de Noboa Trading utilizando registros de envío y datos de exportación.

Por ejemplo, mencionaron un cargamento de 430 kilos de cocaína oculto en el contenedor MEDU9747725, el cual dijeron que había salido de Ecuador el 25 de enero de 2021. Al consultar registros de envío y datos de exportación, los reporteros confirmaron que Noboa Trading efectivamente envió ese mismo contenedor en esa fecha.

Los tres cargamentos, que reporteros de KRIK, OCCRP y el Investigative Journalism Bureau examinaron en detalle, se mandaron desde el puerto ecuatoriano de Guayaquil. Todos habían ido a bordo del buque portacontenedores de bandera liberiana MSC Mirella a lo largo de un periodo de tres meses entre finales de 2020 y principios de 2021, antes de ser transferidos a otros barcos.

En total, contenían 535 kilos de cocaína, lo que puede alcanzar un valor en el mercado de al menos 26 millones de euros. El último de los envíos, que contenía 60 kilos de cocaína, fue incautado por autoridades croatas a principios de marzo de 2021, tras ser descargado en Ploče, un puerto en el mar Adriático, indica el documento de la fiscalía croata.

Mientras que el grupo de Đorđević se encargaba de cargar la cocaína en el punto de origen, archivos de la fiscalía croata revelan que otra banda de narcos de los Balcanes se encargaba de descargar la droga de los contenedores de Noboa Trading cuando llegaban a Croacia.

Esta cuadrilla estaba presuntamente liderada por Petar Ćosić, quien actualmente enfrenta un juicio en Croacia por organizar y liderar una organización criminal, por homicidio agravado y por tráfico de cientos de kilos de cocaína desde Ecuador, incluyendo droga hallada en los contenedores de plátanos de Noboa. Ćosić no ha contestado a las preguntas que OCCRP le ha hecho llegar a su abogado.

Esta nueva evidencia proporciona detalles sobre la creciente colaboración entre grupos criminales que trafican cocaína hacia Europa, y demuestra la facilidad con la que la exportación de bienes legales cotidianos puede verse afectada.

La cooperación parece ser parte de una tendencia más amplia hacia cadenas de suministro criminales modulares, afirma Anna Sergi, experta en crimen organizado y profesora de sociología en la Universidad de Bolonia.

En este caso, un grupo de presuntos traficantes de los Balcanes organizó la carga de la droga en contenedores en Ecuador, mientras que otra cuadrilla fue responsable de descargarla en Croacia, indican diversos documentos legales.

"Hay grupos que se especializan en el relleno en origen (origin stuffing), en la logística marítima o en la distribución local, y luego venden o intercambian esas capacidades", dijo Sergi a OCCRP.

Las pruebas obtenidas por OCCRP y KRIK muestran además que la cadena de mando criminal del grupo que descargó la cocaína en Croacia no terminaba en Ćosić. Al cruzar documentos judiciales croatas con documentos adicionales de un caso en Serbia, esta investigación pudo comprobar que Ćosić recibía órdenes a través del servicio de mensajería encriptada Sky ECC de una figura criminal de muchos más quilates: el capo Darko Šarić. 

Šarić, originario de Montenegro y quien cumple una condena por tráfico de cocaína, enfrenta actualmente un juicio en Serbia por lavado de dinero y por organizar cuatro asesinatos, entre otras acusaciones.

Los fiscales serbios han acusado a Šarić de haber seguido al mando de una organización criminal desde la cárcel por medio de la aplicación Sky ECC. Šarić niega estas acusaciones. Su abogado, Dalibor Katančević, ha asegurado que la celda de Šarić ha sido registrada innumerables veces sin que se hayan encontrado evidencia de dispositivos para comunicarse.

"Estoy seguro de que en todos los archivos de la fiscalía y del tribunal a los que se refieren, no pudieron haber encontrado ninguna prueba indiscutible de que Darko Šarić esté conectado con ninguno de los individuos mencionados, ni con ninguno de los presuntos envíos", señaló Katančević.

Esta nueva revelación llega en un momento incómodo para el presidente Noboa, quien se ha presentado como un combatiente de la lucha antidrogas, y que a principios de este año pidió a los ejércitos de Estados Unidos y Europa unirse a su "guerra" contra los que llamó "narcoterroristas".

"Las revelaciones exponen un conflicto de intereses masivo para un presidente que ha basado toda su carrera política en una narrativa de combate a la violencia y freno a la influencia corrosiva de los cárteles de la droga", dijo Jake Johnston, director de investigación internacional en el Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR).

En marzo de este año, la revista colombiana Raya reveló que entre 2020 y 2022 la policía incautó casi 700 kilos de cocaína en tres contenedores de plátanos de Noboa Trading en el puerto ecuatoriano de Guayaquil.

Durante un debate presidencial a principios de este año, la candidata de oposición Luisa González le preguntó de manera repetida sobre la publicación de Raya al presidente Noboa, quien entonces buscaba su reelección.

"Investiguen lo que es Noboa Trading, donde exportan drogas en cajas de banano de la empresa del señor Daniel Noboa hacia Croacia e Italia”, dijo González sobre la empresa familiar del presidente.

El presidente Noboa rechazó las acusaciones, indicando que la compañía había cooperado en cada caso y que los funcionarios de Noboa Trading habían sido exonerados "de cualquier acto ilícito". También negó tener alguna participación personal en la empresa: "No, no soy el dueño, pero sí están miembros de mi familia en esa empresa”.

Durante el debate presidencial a principios de este año, el presidente Noboa afirmó que no estaba involucrado personalmente con la empresa bananera que comparte su apellido, pero los registros de la empresa y el propio sitio web de la presidencia muestran vínculos históricos con él y relaciones actuales con su familia.

El padre del presidente Noboa, Álvaro Noboa, quien se postuló sin éxito a la presidencia de Ecuador cinco veces, encabeza tanto Noboa Corporation como Noboa Group, las empresas matrices de un vasto conglomerado empresarial que incluye a Noboa Trading, según las páginas web tanto de Álvaro Noboa como de la empresa.

Antes de convertirse en presidente, Daniel Noboa trabajó en Noboa Corporation, donde llegó a ser el director naviero más joven de la historia de la compañía, indica el sitio web de la presidencia.

Roberto Jorge Ponce Noboa, primo de Álvaro Noboa, era el CEO de Noboa Trading en el momento en que los tres envíos identificados por OCCRP y KRIK llegaron a Croacia, según documentos de la empresa y medios locales.

Noboa Trading es por su parte propiedad de otras dos empresas: el accionista mayoritario Lanfranco Holding SA, registrado en Panamá, y la firma ecuatoriana Inmobiliaria Zeus SA.

Debido a que Panamá permite a las empresas mantener a sus accionistas en el anonimato, no fue posible determinar quién posee actualmente Lanfranco Holding, pero un documento de 2015 de la filtración de los Pandora Papers muestra que ese año Álvaro Noboa transfirió la propiedad de la firma a dos de sus hijos: Daniel y Juan Sebastián.

Para 2021, Inmobiliaria Zeus era propiedad de otras empresas registradas en las Bahamas y Panamá. Aunque su propietario mayoritario está oculto, entre los accionistas de Inmobiliaria Zeus en 2021 se encontraban cuatro empresas y 12 individuos, incluida la tía del presidente Noboa, Isabel Noboa Pontón, y varios primos.

Tanto Lanfranco Holding como Inmobiliaria Zeus también poseen otras firmas vinculadas a la familia Noboa. Inmobiliaria Zeus, por ejemplo, es accionista de Noboapallets SA., mientras que Lanfranco Holding es accionista de otras 45 empresas agrícolas, navieras, de embalaje y de fertilizantes conectadas con la familia Noboa.

Aunque no hay evidencia de que Noboa Trading estuviera al tanto del contrabando oculto en sus contenedores de plátanos, Anna Sergi —la experta en crimen organizado— señaló que los hallazgos sugieren vulnerabilidades sistémicas en el principal puerto de Ecuador: controles débiles, contratación opaca de empacadores externos y prácticas informales en las puertas que crean oportunidades para la captura criminal.

"[El chat descifrado] no prueba por sí mismo la participación de la gerencia de la empresa. Pero sí indica con fuerza que alguien con control sobre el proceso físico de carga de contenedores y salida es cómplice o ha sido captado por criminales", explica Sergi.

Aunque un contratista de Noboa Trading responsable de realizar inspecciones antinarcóticos ha sido objeto de procedimientos judiciales al menos cuatro veces, esta persona nunca ha sido inculpada.

Los registros de embarque muestran que Firma Leon Van Parys NV, una empresa de frutas inscrita en Amberes que es el mayor comprador de plátano para el mercado croata, fue consignataria en uno de los envíos y la parte notificada en los otros dos. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios de OCCRP.

La naviera MSC dijo a OCCRP que permanece firmemente opuesta al comercio de cocaína y continúa intensificando sus esfuerzos de seguridad. "En los últimos años, la industria del transporte marítimo de línea ha mejorado drásticamente su capacidad para detectar cargamentos de drogas ilegales como las mencionadas en el informe gracias a los avances en tecnología y asociaciones efectivas con las autoridades aduaneras", indicó MSC en una respuesta por correo electrónico. "El panorama hoy es muy diferente".

Como el mayor exportador de plátanos del mundo, los envíos de la fruta tropical a través de los concurridos puertos de Ecuador, como Guayaquil, son un objetivo atractivo para los traficantes de cocaína.

A principios de este año, el Defensor del Pueblo de Ecuador afirmó en una entrevista con la Deutsche Welle que hasta el 70% de las drogas consumidas en Europa se exportan ahora desde Ecuador. Aunque Bélgica, los Países Bajos y España siguen siendo los principales puntos de entrada de cocaína a Europa, la mejora en la intercepción ha llevado a los traficantes a utilizar con más frecuencia puertos secundarios más pequeños.

Así como las bandas de los Balcanes han ganado una posición creciente en el negocio, Croacia, con sus seis puertos comerciales, se ha convertido en un destino más popular.

Al ser el cuarto mayor exportador de plátanos de Ecuador, los contenedores de Noboa Trading terminaron en el centro de este fenómeno. Entre 2014 y 2024, la empresa y sus marcas asociadas, como Bonita, exportaron 190 millones de dólares de la fruta a Croacia, uno de sus mercados clave.

"Cuanto más envías a esa región, mayor es la probabilidad de que los contenedores estén contaminados", dijo Bruce Goldberg, un exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que trabajó en Ecuador media década.

"Y Ecuador envía plátanos a todas partes. A todas partes".

El equipo de R&D contribuyó a este reportaje.

En una tarde crepuscular a finales de septiembre, un grupo de hombres vestidos con trajes a medida y camisas impecables, con pesados relojes brillando en sus muñecas, se reunió en una azotea de Marbella. Por la forma en que fumaban puros y hacían girar licores en vasos de tallo corto, podría haber sido cualquier fiesta privada y lujosa de la ciudad costera española.

Pero se trataba de una ocasión especialmente exclusiva: los invitados habían conseguido una de las apenas 25 plazas disponibles para la primera cata europea del nuevo tequila de Tristan Tate. En los vídeos del evento que circulan en redes sociales se ve a Tate conectándose por videollamada, sonriente con un traje burdeos, invitando a los asistentes a un brindis.

Los hermanos Tate, británico-estadounidenses, siguen siendo figuras influyentes en el centro de la llamada “manosfera” o “machosfera”, un ecosistema difuso de comunidades masculinas en internet que ha ganado una enorme audiencia entre hombres jóvenes y adolescentes, y que ha sido duramente criticado por denigrar y demonizar a las mujeres. (También enfrentan cargos por trata de personas y violación en el Reino Unido y están siendo investigados penalmente en Rumanía por trata y por formar un grupo criminal organizado —acusaciones que ellos niegan rotundamente–).

Ahora, en Marbella, la manosfera está echando raíces en el mundo real.

A través del análisis de conexiones en redes sociales, emprendimientos empresariales y eventos públicos y privados, esta investigación ha descubierto que la soleada ciudad de la Costa del Sol —célebre como refugio de famosos, oligarcas y crimen organizado— se ha convertido en un imán para influencers masculinos y autodenominados emprendedores, incluidos varios del círculo personal y profesional de los Tate.

Algunos de los miembros de esta comunidad son visitantes habituales de Marbella, mientras que otros se han mudado allí definitivamente. Además de aparecer como invitados en el contenido digital de unos y otros —incluidas entrevistas mutuas para podcast y vídeos— también hacen networking en la vida real en eventos sociales y empresariales. Algunos han expresado abiertamente opiniones misóginas; otros han dado plataforma a quienes las expresan. Usan Marbella, y su reputación de glamour y riqueza, para potenciar sus marcas personales.

“No es casualidad que esto esté ocurriendo en un lugar como Marbella, donde el estatus económico y las demostraciones de poder forman la columna vertebral de las relaciones sociales”, afirma Jesús Moreno, psicólogo social y responsable de participación social de la Fundación Iniciativa Social en Sevilla. La organización se centra, entre otros temas sociales, en la igualdad de género.

Moreno subraya que, aunque las comunidades sociales exclusivamente masculinas no son nada nuevo —desde grupos de caza hasta clubes deportivos—, el peligro aquí es que terminen reforzando las ya tóxicas ideas de la manosfera. “Estas interacciones corren el riesgo de endurecerse en dinámicas de tipo sectario que refuercen continuamente sus narrativas misóginas y antifeministas”, aseguró.

Las figuras de la manosfera en Marbella investigadas en este reportaje promueven principios de autoayuda que incluyen la forma física y la importancia del éxito financiero logrado por uno mismo. Pero algunos también caen en referencias misóginas hacia las mujeres en su contenido público: “puta”, “chocho”, “cosa”.

Su incursión en Marbella se produce en un contexto de preocupación en España por la entrada de la misoginia en el discurso público dominante.

La formación de extrema derecha Vox es ahora la tercera fuerza política en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía. Como parte de su programa, ha dicho que la pionera ley española de violencia de género, que busca proteger a las mujeres frente a la violencia por parte de parejas o exparejas, debe revertirse porque discrimina a los hombres.

La activista feminista andaluza Pamela Palenciano señala la violencia de género como uno de los principales puntos de conexión entre la manosfera online y la extrema derecha española. “‘La violencia no tiene género’, ‘las mujeres también maltratan’, ‘hay víctimas masculinas de las que nadie habla’, ‘la ley es injusta’, son algunos de los mensajes que impulsa la extrema derecha”, explica. “Todo eso lo replican los youtubers, que encienden a sus jóvenes seguidores, y esos chavales repiten el mismo discurso en sus colegios”.

Situada entre los escarpados relieves de la Sierra Blanca y largas franjas de costa mediterránea, Marbella adquirió fama de glamour y celebridad en los años cincuenta y sesenta, cuando estrellas de Hollywood como Audrey Hepburn o Cary Grant frecuentaban el icónico hotel Marbella Club.

Desde entonces, se dice que actores, deportistas y músicos de talla mundial han adquirido propiedades allí, aunque también ha crecido la reputación de la ciudad como centro de actividad criminal. Un exagente de policía español que trabajó más de 20 años en crimen internacional describió Marbella como “el Wall Street del crimen organizado” en una entrevista concedida al Diario Sur a principios de este año, afirmando que cualquier organización criminal que se respetara debía tener un puesto avanzado allí.

Andalucía abolió su impuesto sobre el patrimonio en 2022, allanando el camino para inversores, incluidos extranjeros. Marbella y su localidad vecina, Benahavís, cuentan ahora con seis de las diez calles más caras de España, según la web inmobiliaria Idealista. Se dice que en un nuevo complejo diseñado por Dolce & Gabbana, situado en las colinas que dominan la “Milla de Oro” costera de Marbella, se han vendido viviendas multimillonarias sobre plano.

Elisa García Mingo, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo trabajo se ha centrado en la manosfera en España, afirma que Marbella encaja con la estrategia de los creadores de contenido, que necesitan ser vistos en los lugares adecuados: “Marbella es donde ha vivido la jet set española y extranjera durante 50 años. Es el sitio de los ricos, de los ultrarricos, y es un lugar de ostentación”.

La fiesta del tequila de Tristan Tate tuvo lugar en las colinas situadas detrás de Puerto Banús –famoso por su puerto deportivo repleto de yates–, en una terraza que forma parte de un nuevo club privado abierto por un amigo de Andrew Tate llamado Luke Barnatt.

Este exluchador británico de artes marciales mixtas se ha descrito a sí mismo como parte del “liderazgo” del War Room de Tate, que se define como “una red global en la que modelos de individualismo trabajan para liberar al hombre moderno de la reclusión inducida socialmente” y a la que cuesta casi 8.000 dólares unirse.

Barnatt organiza con frecuencia reuniones de aficionados al cigarro para emprendedores en la terraza donde se celebró la fiesta del tequila. Las suscripciones a este club cuestan hasta 300 euros al mes y ofrecen “una plataforma exclusiva de formación en la que aspirantes a expertos y aficionados experimentados forjan conexiones poderosas alrededor de los mejores puros del mundo”. La web recibe a los visitantes con el mensaje: “Bienvenido a la hermandad”.

El acceso a la terraza también forma parte de los paquetes de afiliación de Marbella Casa Creative, otro club solo para miembros que Barnatt anunció en enero. Promete una “comunidad de visionarios”, con membresías anunciadas entre 6.000 y 25.000 euros. Entre los miembros que aparecen públicamente figura el actor porno retirado Stirling Cooper, que se describe como “el coach sexual número 1 del mundo para hombres” y tiene casi 400.000 suscriptores en YouTube.

Cooper fue criticado recientemente por sus comentarios sobre cómo “disciplinaba” a las mujeres con las que salía. Una investigación de The Sydney Morning Herald y The Age señaló que vídeos, fotos y relatos internos situaban a Cooper en reuniones clave de neonazis en Australia y que formaba parte de una campaña de captación dirigida a hombres jóvenes. Ha aparecido en vídeos con los hermanos Tate y ha sido fotografiado con Luke Barnatt en sus viajes a Marbella.

Barnatt y otro británico, Bradley Marchant —que se describe en LinkedIn como estratega de crecimiento empresarial y figura como miembro de Casa Creative—, han lanzado recientemente una serie de proyectos en Marbella, incluido un café, un estudio de podcast y una productora de cine llamada A Beautiful Kill.

Cooper, Barnatt, Marchant y los hermanos Tate no han respondido a las preguntas que les ha hecho llegar esta investigación.

También estuvo en el lanzamiento del tequila de Tate en Marbella Gabriel Rapisarda, que dirige la empresa suiza de bebidas que distribuye el tequila de Tristan Tate y una marca de cerveza de otra conocida figura de la manosfera, el luchador irlandés de MMA Conor McGregor. A pesar de que su carrera está marcada por la violencia fuera del ring, Marbella acogió a McGregor el año pasado como anfitrión de un evento del Bare Knuckle Fighting Championship.

Desde entonces, un jurado lo ha declarado responsable de agresión sexual en un caso civil. Andrew Tate calificó el veredicto del jurado como “una mierda” y posteriormente respaldó la efímera candidatura del luchador a la presidencia irlandesa. McGregor perdió en julio su apelación contra el veredicto.

McGregor y Rapisarda tampoco han contestado a las preguntas que se les han formulado.

Junto a Barnatt, Marchant y Rapisarda, en la fiesta del tequila había sobre todo hombres afincados en Marbella, no españoles, que encarnaban esa idea de éxito que promueven figuras de la manosfera como los Tate, centrada en el dinero y la apariencia. Uno de los invitados ofrecía cursos que prometían hacerse rico y escapar de la rutina gracias al forex trading; otro se presentaba como un “closer” y presumía de poder cerrar acuerdos de miles de euros en solo dos días. También había un entrenador personal y un sastre a medida.

Los influencers masculinos y emprendedores de Marbella utilizan lo que Marie Heřmanová, antropóloga social e investigadora de la Universidad College de Londres, describe como una fórmula probada para crear una comunidad que se autopromociona. “Los influencers cooperan estratégicamente: forman núcleos, aparecen en los podcast de otros y crean un ecosistema mediático paralelo que evita el periodismo tradicional. Eso los hace extremadamente eficaces”, dice.

Para otros, Marbella es un atajo simple para transmitir lujo y éxito. El joven influencer británico Harrison Sullivan, conocido en redes como HSTikkyTokky, utilizó Marbella como escenario glamouroso hasta su detención en el Reino Unido, en octubre, en relación con un accidente de tráfico cuando conducía un superdeportivo McLaren.

Sullivan recibió este mes por parte de un tribunal británico una condena de 12 meses de prisión, en suspenso tras declararse culpable de conducción temeraria y conducir sin seguro. Está obligado a cumplir un toque de queda durante tres meses y lleva un dispositivo electrónico. También está siendo investigado en España por agredir con un vaso a un hombre en una discoteca.

Sullivan había ganado seguidores en internet con vídeos sobre fitness y sobre cómo conseguir dinero y sexo en los que se refería a las mujeres como “cosas”.

La antropóloga social Heřmanová explica que envolver la misoginia en el lenguaje de la autoayuda se ha convertido en una parte extendida y normalizada de la “manosfera”. “Tate fue la punta de lanza más radical, pero cuando su lenguaje entró en el discurso dominante, ya no le hizo falta. Él hizo visible y mainstream la cultura misógina e hipermasculina de los influencers, aunque muchos ahora lo consideren demasiado radical”, afirmó. Y añade: “Los influencers intervienen con promesas alternativas: si te esfuerzas, te haces rico, dominas a las mujeres, entonces puedes vivir una buena vida”.

El agente inmobiliario Jesse Meester, afincado en Marbella, un actor holandés que apareció en el reality estadounidense 90-Day Fiancé, presenta un podcast sobre salud, negocios y lecciones de vida que incluye tanto invitados hombres como mujeres. Pero también cae en representaciones de la mujer que son un pilar de algunas comunidades de la manosfera. En un episodio junto a Luke Barnatt, ambos conversan distendidamente sobre cómo los “hombres de alto valor” se dejan engañar por las mujeres y no establecen estándares suficientemente altos al elegir pareja. Barnatt advierte de que una relación no debería ser con “una puta que vaya a quitarte todo”. (Al ser preguntado por si respaldaba esta afirmación o si la consideraba misógina, no hubo respuesta). En el episodio, más adelante , un Meester serio lamenta cómo a menudo los hombres “quedan absolutamente destruidos o toman malas decisiones vitales por culpa de una mujer, por culpa de un coño”.

Meester, que tiene 1,3 millones de seguidores en Instagram y cuya inmobiliaria homónima anuncia propiedades de hasta 8,5 millones de euros, habló abiertamente con los reporteros en Marbella sobre diversos temas, desde su trayectoria profesional hasta su fe en Dios y sus valores fundamentales. Dijo estar en desacuerdo con la actitud de Andrew Tate hacia las mujeres porque priorizaba “el placer sobre la responsabilidad” y criticó a los hombres que controlan el dinero de sus parejas —pero también dijo que la culpa era de las propias mujeres por permitirlo–. “Es manipulación financiera o abuso, dicen algunos. Pero no estoy de acuerdo porque la mujer también elige eso. Así que si eliges a un hombre que te hace eso, en realidad no es abuso”, afirmó Meester.

Meester no respondió a las preguntas posteriores sobre si consideraba que su comentario en el podcast o sus observaciones a los reporteros habían sido misóginos.

Desestimar el abuso y la violencia contra las mujeres —incluida la narrativa de que las denuncias falsas son generalizadas— es un mensaje promovido por algunas figuras y grupos de la manosfera. Andrew Tate ha dicho que las mujeres tienen parte de responsabilidad por permitir que las violen.

Estudios recientes han indicado una creciente apatía y pesimismo entre los hombres jóvenes en Europa, así como una creencia cada vez mayor de que la búsqueda de igualdad para las mujeres ha terminado discriminando a los hombres.

Zuzana Očenášová, investigadora de la Academia Eslovaca de Ciencias que estudia la igualdad de género, asegura que los influencers están explotando una profunda crisis de identidad a medida que los roles masculinos se diversifican: “Mientras algunos pueden ver esto como una oportunidad para desarrollar su potencial, ya que no tienen que tratar de encajar en una caja predeterminada, otros pueden verlo como inquietante, al percibir que se les imponen expectativas diversas y, a menudo, contradictorias”.

Algunas figuras prominentes de la manosfera, incluido el exkickboxer Andrew Tate, promueven la fuerza física como una vía para que los hombres retomen el control de sus vidas y encuentren propósito y estructura. Las playas de Marbella, sus gimnasios al aire libre y sus pulidos clubes deportivos hacen de la ciudad un destino acorde con ese mensaje.

El influencer y emprendedor británico Mike Thurston, que tiene 1,6 millones de suscriptores en YouTube y 1,3 millones de seguidores en Instagram, además de una plataforma de entrenamiento y una línea de ropa, se ha grabado a sí mismo sin camiseta levantando pesas en Marbella.

Aunque su foco principal es el fitness, Thurston también ha realizado dos entrevistas virales con Andrew Tate, la segunda publicada en Dubái a principios de 2025. La entrevista tiene lugar en el Bugatti de Tate y abarca temas que van desde sus opiniones sobre la política europea hasta su respuesta a las acusaciones penales en su contra.

“Una vez que deciden acabar con un hombre, llaman a 100 exnovias o a 100 mujeres que conociste y solo necesitan un 1% de posibilidades. Solo necesitan una de esas cien. Una de cada mil. Pueden conformarse con una tasa de éxito del 0,1%. Si consiguen que una zorra tonta mienta, ya estás jodido. Es una locura porque el 27% de las mujeres toman antidepresivos. Porque están básicamente clínicamente locas. Así que 27 de esas cien ni siquiera pueden pensar con claridad porque están drogadas”, le dice Tate a Thurston.

Como en gran parte de la manosfera, el acceso al conocimiento especializado de Thurston y la oportunidad de codearse con personas afines tiene un precio.

Thurston ha organizado retiros empresariales en Dubái y Marbella que se promocionan como encuentros entre emprendedores para hacer contactos y fijar objetivos. Una promoción de su Marbella Mastermind fijaba el coste de asistencia en 9.000 libras (unos 11.800 dólares).

Un influencer y amigo de Thurston, el emprendedor irlandés Rob Lipsett —que dirige un programa online de fitness, negocios y coaching vital—, también celebró en junio de este año un encuentro de mastermind –un retiro o reunión exclusiva de networking, envuelto en lenguaje aspiracional y selecto– en una lujosa casa de Marbella, que prometía acceso a una “comunidad élite” de líderes del sector e inversores.

Thurston y Lipsett aparecen como miembros del club privado Marbella Casa Creative. Ninguno ha respondido a las preguntas enviadas.

Lipsett, que según se informa es amigo de Conor McGregor y ha tenido como invitados en su podcast a Meester, Barnatt y Cooper, publicó recientemente que planea más encuentros presenciales en el futuro. “Da la sensación de que todo lo que publicas online de repente se vuelve real cuando estás en la misma habitación”, escribió en LinkedIn. “Si quieres ponerte en forma o empezar realmente a ganar dinero online en lugar de simplemente deslizar el dedo todo el día, es aquí donde ocurre”.

En el último mes, infoLibre ha revelado que varios médicos inhabilitados en Reino Unido han trabajado posteriormente en la sanidad española, algunos de ellos incluso en la pública. Tras esos hechos desvelados en el marco de la investigación Bad Practice (Mala Praxis, en español) —coordinada por OCCRP, The Times y VG,—, la duda que surge es: ¿cuántos médicos inhabilitados en otro país ejercen en España sin ningún tipo de problema?

El Ministerio de Sanidad ha reconocido, en respuesta a consultas de infoLibre, que no lo sabe. Este medio preguntó: "¿Tiene constancia el ministerio de cuántos médicos con inhabilitaciones o sanciones en otros países tienen actualmente colegiación en España?". El departamento dirigido por Mónica García respondió que "no se tiene constancia". 

La excusa dada por Sanidad para desconocer esa información es "que el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) continúa con su implementación y todavía no se ha incorporado la totalidad de los datos". El REPS es un sistema gestionado por el ministerio en el que las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las organizaciones y colegios médicos deben subir información sobre los profesionales sanitarios que trabajan en España.

Tal y como explicó infoLibre, debía estar operativo en 2018, pero aún a día de hoy sigue faltando información en el mismo. Por ello, el Ministerio de Sanidad no sabe cuántos médicos han sido inhabilitados en España y, según reconoce ahora, tampoco cuántos médicos inhabilitados en otro país ejercen en el nuestro.

De todos modos, la explicación del ministerio resulta sorprendente en tanto que la información sobre inhabilitaciones en el extranjero no llega a través de lo que vuelcan esos otros organismos españoles en el REPS, sino que es el propio ministerio quien la recibe a través de otro mecanismo. Se trata del sistema de Información del Mercado Interior (IMI), un aplicativo informático utilizado por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) para, entre otras cuestiones, lanzar alertas cuando inhabilitan o sancionan con una suspensión del ejercicio a un profesional sanitario.

El IMI tampoco se ha implementado de la mejor forma posible y, de hecho, no todos los países envían las alertas que deberían, pero el principal problema en España se da con la posterior custodia de la información. El Ministerio de Sanidad integra la información que recibe en el REPS y la remite a la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la organización que agrupa a los colegios de médicos españoles —existe uno por provincia—. 

Después, la OMC - CGCOM es la que se encarga de avisar a los colegios provinciales en caso de que alguno de esos médicos sancionados pueda estar colegiado en nuestro país. En ese proceso, se han dado casos en los que el colegio provincial en el que el médico sancionado en el extranjero estaba colegiado no había llegado a saber de esa sanción previamente. Aun así, para la mayoría no se conoce siquiera si el colegio estaba al día de esa inhabilitación porque no ha accedido a aclararlo.

infoLibre ha preguntado también al ministerio por qué no se ha hecho esa investigación o estimación a través de la información que llega de alertas de otros países y si se piensa hacer en un futuro. Sanidad no ha aclarado nada más sobre esa supuesta imposibilidad para conocer el número exacto de médicos inhabilitados en el extranjero que pueden ejercer en España.

Este medio hizo llegar las mismas preguntas a la OMC - CGCOM. La organización simplemente contestó: "No deben estar colegiados si tienen una inhabilitación. Es necesario un certificado de idoneidad profesional". Pero el problema en España es otro.

Los Estados de la UE para colegiar a un médico le exigen un certificado de idoneidad si ya está trabajando en otro país. Ese documento lo expide la autoridad médica del Estado donde ya está colegiado para acreditar que el doctor es apto para ejercer y no tiene sanciones. Pero la cosa se complica cuando un médico está colegiado en dos países.

En ese caso, puede ser sancionado o inhabilitado en uno de los Estados, pero como ya está colegiado en otro, se puede ir a trabajar a ese sin necesidad de volver a colegiarse y, por tanto, sin que nadie le pida un certificado de idoneidad. Ese tipo de casos son los que se han producido en España, tal y como han demostrado infoLibre y Bad Practice.

Quien sí ha realizado una investigación para saber cuántos médicos inhabilitados en otros países tenían entre sus doctores es el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA). Uno de los casos revelados por infoLibre ha sido el del doctor Jorge Horacio Esbry, que tras ser inhabilitado en Reino Unido por mala praxis e insinuaciones sexuales a una paciente, había seguido trabajando en Murcia y Alicante.

Esbry estaba colegiado en Alicante. El colegio ha decidido abrirle un expediente, remitir su caso a la Fiscalía y suspenderle provisionalmente. Además, el COMA ha hecho una investigación para "verificar si existe algún otro caso como el de este doctor [entre los colegiados en Alicante], sin que se haya constatado ninguna otra incidencia".

No solo eso. Tras la investigación de este medio, el COMA ha trasladado a infoLibre su intención de modificar los estatutos del colegio para dar mayor publicidad a las inhabilitaciones y sanciones médicas, asunto sobre el que pesa una gran opacidad en España. También tiene la pretensión de poner impedimentos para que no se puedan producir este tipo de casos.

De hecho, su intención es homologar la sanción de Esbry en Reino Unido para que tampoco pueda ejercer en nuestro país. Además, en España existe al menos un precedente como este caso y también relacionado con el COMA. El colegio ya expulsó a un médico tras haber sido inhabilitado en el extranjero —en ese caso, en Alemania—. 

El COMA alegaba que como un doctor no puede colegiarse en España si está inhabilitado en otro país —ya que no se le expediría el certificado de idoneidad—, en el caso de que ya estuviera colegiado aquí y resultara suspendido en el extranjero, tampoco podría ejercer en España. La razón sería que no cumpliría los requisitos que se piden para poder colegiarse y, por tanto, su registro  previo no sería válido.

El médico inhabilitado en Alemania recurrió la decisión del COMA de expulsarle y en 2011 un juzgado resolvió dando la razón al colegio. La Justicia falló que el médico había "dejado de ser idóneo, según la normativa vigente en España, para desempeñar la profesión médica en nuestro país".

Habrá que ver si el caso de Esbry termina de la misma forma y acaba habiendo jurisprudencia al respecto. En cualquier caso, sin una investigación oficial previa —que por ahora, ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM pretenden hacer— que determine cuántos médicos inhabilitados en el extranjero están trabajando en España, tampoco se puede saber en cuántos casos se podría actuar de esta forma. De hecho, de los distintos casos revelados por Bad Practice en nuestro país por ahora solo ha habido consecuencias para Esbry.

Además, mientras en Europa distintos Gobiernos han anunciado medidas para que el sistema funcione mejor a nivel internacional y dejen de darse este tipo de situaciones, en España ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM han comunicado nada similar. Ni públicamente ni ante las múltiples preguntas que les ha hecho llegar infoLibre.

Entre los patrocinadores de criptomonedas y trading presentes en el fútbol europeo se encuentran empresas y operadores no regulados, señalados por las autoridades por suponer un riesgo para los consumidores, según revela Investigate Europe, la red internacional de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre. Según los datos recopilados, más de un tercio de los equipos de las cinco grandes ligas europeas están asociados con empresas de criptomonedas o trading esta temporada. La Premier League es la más saturada, con un 70% de sus clubes con al menos una de estas alianzas. Alrededor de tres de cada diez clubes de La Liga, la Bundesliga y la Serie A tienen acuerdos similares. Pero algunas de estas empresas identificadas carecen de licencia para operar en Europa.

Las plataformas que venden una abrumadora variedad de productos de inversión, incluidas las criptomonedas altamente especulativas, se han convertido en los patrocinadores preferidos de los clubes en los últimos años. Los acuerdos se producen en medio del auge de la popularidad de la inversión en línea y las crecientes restricciones a los patrocinios de apuestas.

Entre los 14 clubes de la Premier League que tienen al menos un acuerdo se encuentra el Manchester City. Su socio oficial de criptomonedas es OKX, una de las mayores plataformas de intercambio del mundo. A principios de este año, la empresa registrada en Seychelles fue declarada culpable de violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales y multada con más de 500 millones de dólares.

OKX no está registrada como empresa de criptoactivos en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, pero muchos de sus productos siguen estando disponibles allí. Su sitio web informa a los posibles clientes del Reino Unido de que no estarán cubiertos por las protecciones al consumidor de la FCA ni por el Plan de Compensación de Servicios Financieros. El Manchester City y OKX no respondieron a las solicitudes de comentarios.

“Los clubes de fútbol se consideran marcas con prestigio y estas empresas quieren aprovecharse de ello. Pueden llegar a un sector demográfico que a menudo tiene cierto poder adquisitivo y conexiones con la industria tradicional del juego”, afirma Kieran Maguire, experto en finanzas del fútbol de la Universidad de Liverpool. “La inversión en criptomonedas, en particular, es un mercado muy especulativo y, en realidad, no es más que un juego de azar en mayúsculas”.

Por otra parte, el Newcastle ha iniciado su segunda temporada con VT Markets como “socio financiero”. Esta empresa con sede en Australia ofrece operaciones con divisas, metales preciosos y otras materias primas e instrumentos. Su sitio web presume de las “posibilidades ilimitadas” que ofrece a los clientes en su plataforma.

Sin embargo, Investigate Europe ha descubierto que VT Markets figura en la lista oficial de advertencias de la FCA desde 2023 y no cuenta con ninguna autorización nacional. En Europa, la marca también aparece en las listas de advertencia de Italia , Bélgica y Dinamarca. El sitio web de la FCA afirma que la empresa “puede estar proporcionando o promocionando servicios o productos financieros sin nuestro permiso. Debe evitar tratar con esta empresa y tener cuidado con las estafas”.

Al intentar registrarse desde el Reino Unido, se informa a los visitantes de que VT Markets solo está regulada por las autoridades sudafricanas y que los usuarios que abran una cuenta lo hacen “bajo su propia responsabilidad e iniciativa”. Varias otras empresas identificadas en el análisis utilizan una redacción similar. VT Markets también ha pagado anuncios en Facebook en los que se menciona la asociación con Newcastle y se dirige al público del Reino Unido.

“Una simple advertencia sobre la falta de protección al consumidor no exime a la empresa de todas sus responsabilidades. Si promocionan u ofrecen productos o servicios regulados sin los permisos necesarios, podrían estar infringiendo la ley y podríamos tomar medidas contra ellos”, afirmó un portavoz de la FCA.

Newcastle no respondió a las preguntas remitidas por Investigate Europe, mientras que la Premier League se negó a hacer declaraciones.

En octubre, VT Markets se convirtió en el socio comercial oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol en Oriente Medio y el norte de África, bajo el lema “Invest in Greatness” (invierte en la grandeza). La empresa no tiene licencia en Portugal, aunque la plataforma es accesible para los usuarios de ese país. VT Markets no respondió a las solicitudes de comentarios.

La investigación ha revelado problemas similares con empresas que patrocinan a otros equipos de la Premier League, así como en España e Italia. La ausencia de autorización nacional o de la UE significa que los consumidores tienen menos recursos para denunciar presuntas irregularidades y están menos protegidos si un operador quiebra, mientras que las empresas pueden ofrecer productos de inversión aún más arriesgados. 

Con la prohibición de los patrocinios de apuestas en la parte delantera de las camisetas que entrará en vigor en la Premier League la próxima temporada, y con leyes similares ya en vigor en varias ligas europeas, muchos clubes están recurriendo a acuerdos con industrias relacionadas con el juego.

La mayoría de los acuerdos identificados involucran a empresas que están totalmente reguladas y que bloquean activamente el acceso a sus sitios web desde países en los que no tienen autorización. Investigate Europe encontró 53 acuerdos que involucran a 36 empresas con clubes europeos para esta temporada. Los logotipos y las marcas aparecen de diversas formas en las mangas de las camisetas, en las vallas publicitarias de los estadios, en los sitios web de los clubes y en las promociones en las redes sociales.

Aunque no hay indicios de irregularidades, los resultados plantean dudas sobre el grado de escrutinio que los clubes realizan a los posibles patrocinadores. “Si asocias tu club con una marca, estás sugiriendo a los aficionados que confías en ella”, afirmó a principios de este año el experto en marketing deportivo Tim Crow al comentar este fenómeno en auge. “Tienes que estar completamente seguro de que has hecho las comprobaciones necesarias, para que tus aficionados no se arrepientan más adelante”. 

En los últimos años, numerosos clubes se han visto en apuros tras firmar acuerdos con empresas de criptomonedas y de trading. El Sporting de Lisboa rescindió su acuerdo con Bitci en 2022 por un supuesto impago, el Atlético de Madrid ha demandado a la plataforma de intercambio de criptomonedas WhaleFin tras incumplir, según recogieron los medios, un contrato de 20 millones de euros por temporada, mientras que el Leeds United prescindió de FXVC en 2023 después de que la FCA le revocara la licencia por “promociones financieras engañosas”.

En Italia, siete equipos de la Serie A tienen 11 patrocinadores contratados para la temporada 2025/26. El Inter firmó un contrato por valor de 6 millones de euros en 2024 con Gate.io, una plataforma de intercambio de criptomonedas. La empresa está ahora registrada ante las autoridades italianas, pero en 2021 fue señalada por la Consob, el regulador nacional de valores, por realizar actividades no autorizadas .

El Inter ha añadido a Ultima Markets, una plataforma de CFD (un tipo de inversión de venta al descubierto) y otros productos, como su socio comercial en Asia para esta temporada. La empresa no está regulada en la UE. A pesar de ello, su sitio web está abierto a los visitantes de Italia. La empresa incluso ofrece “ventajas especiales” a los clientes en función de los resultados del Inter, como bonificaciones por beneficios y garantías de devolución del dinero.

Un portavoz del Inter declaró: “El acuerdo de patrocinio con Ultima Markets solo se aplica a Asia y, dentro de Asia, solo a aquellos territorios en los que el patrocinador cuenta con las autorizaciones necesarias para vender o publicitar sus servicios”. Ultima Markets no ha respondido a las preguntas que se les han remitido.

Algo similar ocurre con Hantec Markets, una empresa con sede en Hong Kong que se ha convertido en el socio comercial del Atlético de Madrid en Latinoamérica para esta temporada. No tiene licencia para operar en la UE, pero sus servicios siguen estando disponibles para los usuarios de España y de toda Europa. Esta plataforma informa a los visitantes españoles de que no está sujeta a la normativa nacional y de la UE ni a la protección de los consumidores, y que los clientes que se registran para abrir una cuenta lo hacen bajo su propia responsabilidad. Ni el Atlético de Madrid ni Hantec Markets han querido hacer comentarios.

A pesar de los evidentes riesgos para los aficionados, las relaciones de los clubes de fútbol con las empresas de inversión continúan. Las plataformas de intercambio de criptomonedas invirtieron 565 millones de dólares en patrocinios deportivos a nivel mundial la temporada pasada, y solo el fútbol representó el 59 % del total gastado, según la empresa de marketing SportQuake. Por su parte, las marcas de comercio en línea han triplicado su gasto en patrocinios deportivos desde 2019, alcanzando los 183 millones de dólares, según las estimaciones del estudio.

“A menudo hay una falta de educación financiera entre las personas que compran estos productos de inversión en lo que es una industria de alto riesgo”, afirma el experto en finanzas futbolísticas Kieran Maguire. “Mi consejo para cualquiera sería, en general, evitarlos”.

Natalia Prego y Ángel Ruíz-Valdepeñas fundaron durante la pandemia Médicos por la Verdad, que hoy es ya una de las principales organizaciones negacionistas de España. Tanto Médicos por la Verdad como Prego y Ruíz-Valdepeñas se dedicaron a desinformar y difundir teorías de la conspiración durante los peores momentos del covid-19. Los dos eran doctores, pero él fue sancionado y ella no. ¿La principal diferencia entre ambos? Que cada uno estaba colegiado en una provincia distinta.

Los médicos en España necesitan estar colegiados para poder ejercer. Pero no existe un único colegio, sino que hay uno por provincia. En total, 52. Se agrupan en la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), pero cada colegio tiene potestad para tomar sus propias decisiones y marcar sus reglas y normas. Y las sanciones médicas no son una excepción.

Los colegios provinciales establecen su régimen disciplinario y se encargan de sancionar (o no) a los médicos que cometen alguna infracción. Los colegios son también quienes deciden qué consideran infracción y qué no, algo que suelen desarrollar en sus estatutos.

Esa autonomía de cada colegio provincial y la falta de transparencia que hay en España con las sanciones médicas generan una falta de control sobre las inhabilitaciones y suspensiones a doctores. Los problemas de coordinación son habituales. La sociedad no puede fiscalizar si los médicos sancionados están cumpliendo con las penalizaciones que se les han impuesto y ni siquiera el Ministerio de Sanidad tiene el listado completo de los médicos que tienen prohibido ejercer.

La investigación Bad Practice (Mala praxis en español), de la que forma parte infoLibre, ha revelado cómo más de 100 doctores tienen permiso para ejercer en algún país europeo tras haber sido inhabilitados en otro. Pero los mencionados desajustes en España provocan también situaciones como que haya médicos inhabilitados que han logrado saltarse la sanción y los controles dentro del territorio nacional, simplemente marchando a trabajar a otra provincia distinta de la que están colegiados.

Además, los criterios de un colegio de médicos y otro para sancionar pueden ser completamente distintos. Ruíz-Valdepeñas, como ya ha explicado infoLibre, fue inhabilitado durante seis años por el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB) en 2021 por postular la negación de la pandemia y alentar a no cumplir con las medidas recomendadas para frenar el covid-19. El COMIB consideró que había tenido actitudes que suponían "un importante riesgo para la salud pública" —aunque la sanción ahora mismo está paralizada, después de que el facultativo la recurriera, a espera de decisión judicial—.

El propio colegio anunció esa suspensión temporal. El COMIB es una excepción en la opacidad española con las sanciones médicas, ya que el resto de colegios no acostumbra a publicar ni difundir el nombre de los médicos a los que sanciona. El colegio balear sí lo hace para las sanciones por infracciones graves. Pero cada colegio es autónomo y actúa según su propio criterio. De hecho, así lo demuestra la comparación entre los casos de Ruíz-Valdepeñas y Prego.

La doctora Natalia Prego está inscrita en el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra (CMPONT). Su colegio también informó públicamente sobre su caso al inicio de 2021. El CMPONT difundió que había acordado remitir a la OMC - CGCOM el expediente abierto a Prego para que se resolviera a nivel estatal debido "al alcance y a la repercusión que en diferentes medios de comunicación nacionales y redes sociales han tenido las declaraciones [de la doctora]".

El CMPONT había abierto un expediente a Prego por realizar "declaraciones presuntamente negacionistas sobre el covid-19" y "poner en entredicho las distintas medidas de las autoridades sanitarias". Los motivos alegados eran los mismos que el COMIB con Ruíz-Valdepeñas. Pero Prego se salvó de la sanción.

La OMC - CGCOM concluyó que no tenía competencias sobre la posible infracción de Prego y que tenía que ser su colegio quien decidiera. El CMPONT, finalmente, no resolvió el expediente. Según ha explicado a infoLibre, porque "pasó la pandemia y el boom de todo este tema, así que fue perdiendo fuerza y quedó en nada". La decisión de la OMC de devolver el expediente al CMPONT y la del CMPONT de no resolverlo y no imponer ninguna sanción no fueron comunicadas públicamente.

Lo cierto es que la OMC - CGCOM no tiene competencias para sancionar a los médicos, que dependen de sus colegios provinciales. La organización estatal solo tiene potestad cuando los posibles infractores son miembros de las juntas directivas u órganos de gobierno de los distintos colegios. Los estatutos del Colegio de Médicos de Pontevedra tampoco recogen la posibilidad de derivar un expediente a la OMC. 

Prego y Ruíz-Valdepeñas, por su parte, siguen con sus labores en la actualidad. Ella sin haber sido sancionada y él a la espera de que la Justicia decida si la suspensión que le impuso el COMIB se convierte en firme. Prego está completamente volcada en Médicos por la Verdad. Ahora tienen en marcha una campaña de petición de donativos para convertir la organización en una fundación. 

Ambos médicos han seguido desinformando y difundiendo mensajes negacionistas. Ruíz-Valdepeñas, además, ofrece consultas por su propia cuenta con un amplio catálogo de pseudoterapias y supuesta medicina alternativa. El doctor ha sido incluso investigado por homicidio imprudente después de que falleciera un bebé en un parto que él mismo asistió en un domicilio particular.

Ruíz-Valdepeñas y Prego demuestran cómo las sanciones médicas en España dependen de la normativa, la forma de actuar y la predisposición que tenga cada colegio de médicos. De todos modos, aunque cada organización decida qué tipo de régimen disciplinario establece para sus propios colegiados, se apoyan en las líneas generales que marca la OMC - CGCOM en sus estatutos. Varios colegios parten de estos para redactar los suyos propios, incluido el apartado disciplinario. 

De hecho, los estatutos de las organizaciones provinciales están supeditados jurídicamente a los de la OMC. Aun así, cada colegio adapta, modifica, amplía o personaliza lo que considera. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Madrid recoge como una falta grave el impago "de dos o más trimestres de las cuotas colegiales". En cambio, los de Pontevedra, Barcelona o Valencia no recogen ningún tipo de falta similar.

Lo mismo sucede con mentir en el currículum. Mientras el Colegio de Médicos de Navarra, el de Baleares o el de Valencia consideran una falta grave que un doctor indique "una competencia o título que no se posee", otros, como el de Barcelona, el de Almería o el de Vizcaya, no recogen nada similar.

Eso sí, el Colegio de Médicos de Vizcaya aprobó unos nuevos estatutos en 2024 y su régimen disciplinario ahora va más allá que la mayoría en cuanto a la lucha contra el negacionismo y las pseudoterapias. Así, entre las faltas muy graves recoge "ofrecer prácticas inspiradas en el charlatanismo, carentes de base y autorización científica, que prometan a las y los pacientes, o a sus familiares, curaciones imposibles" o "proponer o aconsejar actuaciones contrarias a las recomendaciones médicas científicamente aceptadas".

A pesar de las diferencias en las faltas establecidas en unos estatutos y otros, muchos colegios recogen también fórmulas genéricas como "la infracción negligente de las normas deontológicas" —en el de Valencia— o "las simples irregularidades en la observación de la normativa profesional vigente" —en el de Navarra—. Ese tipo de indicaciones les permite sancionar por infracciones que no vengan recogidas de forma expresa en los estatutos. 

Luis Calvo, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario, explica a infoLibre que se hace para "poder sancionar otras cosas, sobre todo si están ya recogidas en el código deontológico". "Es lo que en derecho se conoce como tipificación por remisión y es algo habitual. Una norma, en este caso los estatutos, tipifica una infracción si te saltas otras normas. No hace falta llevarlo todo a los estatutos porque si no el régimen disciplinario sería una norma muy larga".

A este problema de que determinadas actuaciones solo sean consideradas como infracciones por algunos colegios, se suma la falta de transparencia en este asunto, como ya ha explicado infoLibre. En España no se puede saber quiénes son los médicos sancionados ni a qué colegio pertenecen. Por tanto, es imposible fiscalizar cuántas sanciones impone cada colegio, de qué tipo son o por qué motivos.

Esa falta de transparencia impide saber si hay colegios que no están poniendo sanciones o comprobar si hay médicos suspendidos o inhabilitados en nuestro país que han marchado al extranjero a trabajar. Pero esos fallos no solo se producen de cara al exterior. También pasa dentro de nuestras fronteras.

El traumatólogo Luis Santiago Mesa empezó a trabajar para el Servicio Canario de Salud en 2016. No hubo ningún problema con su contratación ni saltó ninguna alerta. Otro médico se dio cuenta de que Mesa, debido a una sentencia judicial, estaba inhabilitado desde 2012 hasta 2017 y denunció el caso. La Consejería de Sanidad de Canarias lo despidió, pero el médico llegó a trabajar durante 15 días en la sanidad pública de las islas a pesar de su inhabilitación.

Para evitar este tipo de casos las Administraciones disponen de acceso al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), que gestiona el Ministerio de Sanidad. Se creó a partir de un decreto ley de 2012. Debía estar operativo en 2018, pero no se cumplió con el plazo que marcaba la ley. De hecho, no llegó a abrirse a la ciudadanía hasta 2022 y, a día de hoy, aún hay problemas porque no tiene la información de todos los sanitarios ni de todas las comunidades autónomas, lo que ahonda en la falta de control de las sanciones médicas.

Las comunidades pueden ver en el sistema si un sanitario tiene alguna sanción, pero únicamente si esa información ha sido incluida. Al no estar completo, un caso como el de Mesa podría llegar a repetirse. De hecho, la Consejería de Sanidad madrileña denunció en declaraciones a infoLibre que el ministerio no pone a disposición de las comunidades "ningún registro ni ningún protocolo" que avise de si un doctor tiene una inhabilitación o sanción en España o en el extranjero. Esa es, precisamente, una de las finalidades del REPS, pero ni contiene todas las sanciones que se han impuesto en territorio nacional ni incluye las extranjeras. 

El propio ministerio ha reconocido en declaraciones a infoLibre que el registro aún se está implementando. La Comunidad de Madrid realizó esa queja cuando infoLibre le preguntó por el caso de la doctora Claudia Loren Martínez Higueros, que, a pesar de haber sido inhabilitada en Reino Unido tras equivocarse en dos operaciones y mentir para ocultarlo, ha podido trabajar posteriormente en la sanidad pública española —incluida la madrileña— sin problema.

Para la doctora Martínez Higueros no ha habido consecuencias en España. El Colegio de Médicos de Navarra, donde está registrada, no ha hecho nada al respecto. El organismo tampoco ha contestado a infoLibre, a pesar de que este medio lleva más de un mes contactándole y haciéndole llegar distintas consultas.

Para quien sí las ha habido es para el doctor Jorge Horacio Esbry. Este cirujano fue inhabilitado en Reino Unido, al igual que Martínez. Ambos siguieron trabajando en España tras esa sanción, tal y como ha revelado la investigación Bad Practice (Mala Praxis, en español), coordinada por OCCRP, The Times y VG, y llevada a cabo por 50 medios entre los que se encuentra infoLibre.

La diferencia es que Esbry está colegiado en Alicante. El colegio de esa provincia ha decidido abrirle un expediente, remitir su caso a la Fiscalía y suspenderle de forma provisional mientras la Justicia se pronuncia al respecto. La intención es poder homologar su inhabilitación de Reino Unido en nuestro país para que aquí tampoco pueda seguir ejerciendo.

Pero lo que ha pasado con Esbry es una excepción. infoLibre ha desvelado varios casos de médicos inhabilitados en el extranjero que ejercen en España. Solo el Colegio de Médicos de Alicante ha tomado medidas y, por ello, Esbry es el único que ha tenido que afrontar consecuencias en nuestro país. De nuevo, cada colegio ha actuado según su propio criterio.

La ley de transparencia obliga a las Administraciones a publicar determinada información con el objetivo de que cualquier ciudadano pueda fiscalizar la gestión y el uso del dinero público —lo que se conoce como publicidad activa—. Pero no solo a ellas: algunas entidades privadas, como las que reciben más de 100.000 euros al año de subvenciones o ayudas públicas, también deben cumplir ciertas obligaciones de publicidad activa sobre asuntos como su gestión económica o su organización institucional. A pesar de la obligación legal, no todas lo hacen. 

Un ejemplo de ello es Cruz Roja Española. En 2024 recibió 913,25 millones de euros en subvenciones y, por tanto, supera holgadamente el umbral a partir del cual debe cumplir con la ley de transparencia en materia de publicidad activa. Sin embargo, la organización no publica determinadas informaciones que exige la ley, como la remuneración anual de sus responsables y directivos. Todo ello, a pesar de haber sido informada de la obligatoriedad de hacerlo en varias ocasiones por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). 

Este incumplimiento lleva prolongándose desde hace al menos seis años, durante los cuales Cruz Roja no ha tomado ninguna medida al respecto a pesar de ser consciente de la situación. En junio de 2019, el Consejo de Transparencia— a raíz de la denuncia de un periodista de infoLibre— recordó a la entidad su obligación de publicar esta información y solicitó explicaciones por su parte, sin recibir respuesta.

En julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno volvió a recordar a Cruz Roja sus obligaciones cuando evaluó a la organización en un informe de cumplimiento de la publicidad activa. En esta ocasión la entidad sí contestó al Consejo presentando alegaciones sobre el caso, y afirmó que "sus máximos responsables son voluntarios y no perciben retribución". El Consejo de Transparencia solicitó entonces que esta aclaración se incluyera en el portal, cosa que la ONG no hizo. 

Lo cierto es que, a pesar de las alegaciones que hizo ante el Consejo, ese mismo año Cruz Roja gastó 3,57 millones de euros en remuneraciones a sus directivos, como se refleja en la auditoría de sus cuentas de ese año. Ese dinero fue para el personal de lo que la organización define como "alta dirección", que entonces estaba integrada por 62 personas, según la misma información de las cuentas. Por tanto, esos directivos habrían cobrado 57.694 euros de media. 

En 2024, último ejercicio disponible, esta cifra ha aumentado hasta alcanzar los 4,31 millones de euros. La alta dirección ese año estuvo formada por 67 personas; y la media salarial ascendió hasta 64.299 euros por cabeza. En cualquier caso, Cruz Roja no detalla —ni en sus cuentas anuales ni en su portal de transparencia ni en ningún otro lugar— el desglose del sueldo para los distintos cargos dentro de esa alta dirección.

Entre ese personal directivo se encuentran la presidenta de la organización, la secretaria general, la coordinadora general, los secretarios autonómicos y provinciales y los gerentes de los centros sanitarios de Cruz Roja, entre otros cargos. Como es evidente, no todos cobran el mismo salario, pero la opacidad de la organización imposibilita hacer otros cálculos más allá de esa media. 

Además, las cuentas no aclaran si el número de personas que indican para la alta dirección corresponde al número de cargos que ha habido ese año o al número de personas concretas que los han ocupado. Un mismo puesto puede haber sido ocupado por varias personas distintas a lo largo del ejercicio, en cuyo caso el sueldo medio de cada cargo sería más alto. 

Contactada por este medio en varias ocasiones, la entidad se ha negado a hacer público el desglose de estos sueldos, o en su defecto a facilitarlo a infoLibre, que también se lo ha solicitado en múltiples ocasiones. Cruz Roja no ha vuelto a utilizar el argumento de que sus directivos son voluntarios, como afirmaron al Consejo en 2020. En esta ocasión, en una de sus respuestas a este medio, la entidad afirma que cumple con todas sus responsabilidades de transparencia y no tiene "mayores obligaciones de información" que las contenidas en los artículos 6.1 —sobre la estructura organizativa— y 8.2 —sobre contratos o convenios con la Administración pública— de la ley de transparencia. 

La trampa está en que la obligación de publicar "las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades" se encuentra en el artículo 8.1 de la ley. Pero el criterio del Consejo de Transparencia, el organismo que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia en nuestro país, es claro. 

En un criterio interpretativo de 2015 el CTBG establece de forma expresa que las entidades sin ánimo de lucro y las organizaciones privadas que reciban más de 100.000 euros al año de fondos públicos deben cumplir el artículo 8 en su totalidad, incluido el 8.1 y, por tanto, la obligación de publicar las retribuciones de sus directivos. El CTBG, además, ha confirmado a este periódico que ese criterio interpretativo sigue plenamente vigente. Cruz Roja no ha vuelto a responder cuando infoLibre le ha hecho llegar esa información.

Cruz Roja, además, debería ser consciente de este hecho, ya que cuando el CTBG evaluó a la organización en 2020, en el informe de cumplimiento —que se encuentra disponible en la propia web de la organización— se valoró su grado de cumplimiento de todo el artículo 8, no solo de su apartado 2. 

Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho en la Universidad Complutense y director del Centro de Investigación en Transparencia y Gobierno Abierto, explica a infoLibre que al carecer la ley de transparencia de un régimen sancionador, este incumplimiento no tiene ninguna consecuencia práctica para la entidad. 

María Díez, profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid y experta en transparencia, coincide: "Si buscamos organizaciones sociales en las que confiar, lo lógico sería que ellas fueran las primeras interesadas en ser transparentes. Pero tenemos un problema con el cumplimiento de la norma, debido a que esta no contempla sanciones. Su cumplimiento depende de la voluntariedad de las Administraciones y organizaciones, y en España tenemos una falta de cultura de la transparencia brutal", señala.

Como prueba de ello, en su respuesta a infoLibre, Cruz Roja también declara que no tiene que responder a las peticiones de información que puedan hacer los ciudadanos al amparo de la norma, puesto que esa obligación se limita a la Administración pública. Esta afirmación sí es cierta y se alinea con la ley y con el criterio del CTBG, que en julio de 2024 dio la razón a la ONG cuando no contestó a una petición de información sobre la gestión de los bienes inmuebles que obtiene mediante herencias. 

Lo que resulta sorprendente es que, a pesar de ello, la entidad mantiene un formulario en su portal de transparencia que permite enviar solicitudes en virtud de dicha ley. infoLibre, por ello, decidió preguntar tanto por esa vía como directamente al departamento de prensa por cuestiones como el coste de los dos despidos colectivos que realizó la entidad y fueron anulados por la Justicia o qué otras remuneraciones en especie o beneficios perciben los directivos de la organización que, según fuentes internas, incluyen el disfrute de un apartamento en Madrid en el caso de la directora, y el de un coche con chófer en el caso de la secretaria general.

El departamento de prensa declinó informar sobre ambas cosas —aunque sí respondió a otras cuestiones— y el de transparencia solo indicó que no respondería ninguna de las solicitudes al no estar obligado por ley a hacerlo.

El Consejo de Transparencia analiza cada año el grado de cumplimiento de distintas organizaciones y Administraciones sobre la publicidad activa que les exige la ley. La última vez que lo hizo con la Cruz Roja fue en 2020 y detectó que los salarios de sus directivos no eran lo único que la organización estaba ocultando.

El Consejo indicó que la ONG cumplía en un 65% con la información que debe publicar. Conseguía un aprobado, pero escondía varios datos que la legislación le exige publicar. En el caso de la información económica, además, el grado de cumplimiento bajaba hasta situarse en un 51%.

El organismo también destacó "el escaso uso de formatos reutilizables y la carencia de referencias a la fecha en que se actualizó o se revisó por última vez la información" por parte de la Cruz Roja. 

Algunas de las informaciones que ocultaba ya son públicas a día de hoy, como los contratos que le han sido adjudicados por Administraciones públicas. Otras, como las obligaciones económicas suscritas con Administraciones a través de convenios o los propios sueldos del personal directivo, siguen sin ser reveladas seis años después de que el Consejo les escribiera por primera vez sobre este asunto.

De hecho, al realizar la evaluación de 2020, el CTBG remitió ocho recomendaciones a Cruz Roja para mejorar su publicidad activa. En 2021 el Consejo volvió a evaluar a la organización para comprobar si había cumplido con ellas. Solo había aplicado tres y el organismo volvió a destacar en su informe que "no se publica información sobre las retribuciones percibidas por los máximos responsables de la organización".

Más de 100 médicos han sido inhabilitados en España desde 2010 debido a lo que los colegios de médicos consideran faltas graves o muy graves. Así lo ha podido averiguar infoLibre tras varias solicitudes de acceso a la información pública. Estos datos nunca se habían publicado. Hasta ahora.

En nuestro país, ni la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ni el Ministerio de Sanidad ni los colegios de médicos —hay uno por provincia— difunden las identidades de los facultativos inhabilitados. Hay alguna excepción, pero lo habitual es que estas sanciones se produzcan sin que ni siquiera la ciudadanía se entere. 

Ahora, la investigación Bad Practice (Mala praxis en español) revela, al menos, las cifras que maneja la OMC - CGCOM, que recopila la información de estas sanciones después de que se las notifiquen los colegios provinciales. Son 126 doctores los que han sido suspendidos en los últimos 15 años. ¿Pero quiénes son?

No hay respuesta. Ante las solicitudes de información que ha realizado infoLibre, al amparo de la ley de transparencia y en el marco de la investigación Bad Practice —coordinada por OCCRP, The Times y VG—, tanto la OMC - CGCOM como el Ministerio de Sanidad se han negado a hacer públicos sus nombres.

Hay una excepción, el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB), que sí informa sobre los médicos a los que inhabilita. Pero esto no es lo habitual. La razón de los colegios de médicos para ocultar la identidad de los doctores sancionados es la protección de sus datos personales.

Los actores implicados en las inhabilitaciones son multitud: la OMC - CGCOM, el Ministerio de Sanidad, los colegios provinciales, las comunidades autónomas —que tienen las competencias de sanidad transferidas— o incluso la Justicia —que también puede decretar ese tipo de sanciones—. Pero, más allá de la OMC - CGCOM, ningún otro organismo agrupa todas las suspensiones que se imponen a los médicos en nuestro país, y mucho menos, publica la información. 

El Ministerio de Sanidad aseguraba a infoLibre el pasado mes de mayo que en ese momento solo tenía constancia en su registro de 14 facultativos inhabilitados. A la OMC - GCCOM le constan más de 100 desde 2010, pero eso no significa que todos sigan suspendidos. Esta operativa hace muy complicado saber cuántos doctores sancionados hay en España en un determinado momento, quiénes son y qué ha sido de ellos. La fiscalización, a diferencia de en otros países europeos, es casi tarea imposible.

A pesar de las trabas y la opacidad, infoLibre ha podido confirmar ya varios casos de médicos inhabilitados en Reino Unido que están ejerciendo en España. Pero encontrar casos a la inversa —facultativos inhabilitados en España que se han ido a atender a otros lugares— es más complicado por esa ocultación de su identidad.

En el caso de la excepción del COMIB, sus estatutos ya recogen que "las faltas graves serán sancionadas con amonestación pública". Otros colegios, como el de Madrid, el de Granada o la propia OMC, aunque estipulan que "en caso de sanción por falta muy grave que afecte al interés general se podrá dar publicidad" o fórmulas similares, no acostumbran a hacerlo.

En 2021, el COMIB suspendió al doctor Ángel Ruíz-Valdepeñas. En 2023, a la doctora Nadiya Papel. Ambos son célebres negacionistas. Ruíz-Valdepeñas fue dado de baja de colegiación durante seis años por negar el covid-19 en redes sociales y medios de comunicación y alentar a incumplir con las medidas sanitarias recomendadas durante la pandemia, entre otros motivos. "Ha promovido acciones contrarias a la evidencia científica, así como una inadecuada praxis profesional", resolvió el COMIB.

Papel, por su parte, también ha pronunciado declaraciones controvertidas sobre el coronavirus y contra las vacunas, pero fue expulsada del colegio por promocionar como soluciones médicas productos como "lejía, agua oxigenada o disolvente industrial" para pacientes con cáncer.

Pero más allá de excepciones como las inhabilitaciones del COMIB, pocos casos de médicos sancionados en España tienen nombre y apellido. ¿No existen doctores con infracciones tan graves como las de Ruíz-Valdepeñas y Papel? Sí. Entre el centenar de médicos inhabilitados seguramente habrá situaciones de igual, o incluso mayor, gravedad. Pero en la mayoría de casos no se puede saber quiénes son ni por qué fueron sancionados.

Los colegios de médicos establecen en sus estatutos el régimen disciplinario que imponen a sus colegiados. Normalmente recogen tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. Entre las leves se encuentra, por ejemplo, no comunicar la información profesional de forma adecuada al colegio.

Entre las graves, infringir el secreto profesional, emitir informes faltando a la verdad o actuar indisciplinadamente respecto al colegio. Por último, entre las faltas muy graves está atentar contra la dignidad de los pacientes, desatender intencionadamente a los enfermos o cualquier conducta que pueda ser constitutiva de delito doloso —aquel cometido con conocimiento de causa—. 

Los médicos que han sido inhabilitados por los colegios son los que han cometido alguna falta grave o muy grave. Esos dos tipos de infracciones se sancionan, normalmente, con una inhabilitación temporal, conocida también como suspensión temporal del ejercicio profesional, que puede extenderse de unos meses a unos años. La inhabilitación permanente, conocida también como expulsión del colegio, se da, según recogen los estatutos de la mayoría de colegios provinciales, cuando hay una "reiteración en la comisión de faltas muy graves".

Pero no solo los colegios pueden suspender a un médico. También lo puede hacer la Justicia en los casos en los que sus acciones sean constitutivas de delito. Normalmente el tribunal que toma una decisión de este tipo lo notifica al colegio provincial donde el médico estaba registrado y ese colegio, a la OMC. Por tanto, esos casos también deben estar incluidos en la contabilización de la OMC - CGCOM. Sin embargo, en ocasiones también es complicado conocer cuáles han sido los doctores sancionados por la Justicia porque las sentencias en España se publican anonimizadas.

Los casos de inhabilitación contabilizados y recopilados por la OMC - CGCOM incluyen tanto las inhabilitaciones permanentes como las temporales. La organización no ha accedido a aclarar cuántos casos corresponden a cada tipo de sanción a pesar de que las solicitudes de infoLibre pedían ese desglose.

Pero no recoge solo 126 inhabilitaciones. En realidad, la OMC - CGCOM tiene contabilizadas casi medio millar. ¿Cuál es el problema? La forma de actuar del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) en 2012, que desvirtúa la estadística.

Ese año la OMC - CGCOM contabilizó 359 inhabilitaciones, cuando el promedio anual del resto de ejercicios es de ocho. 355 de las 359 corresponden al colegio de Madrid. En 2012, la doctora Sonia López Arribas fue escogida presidenta del ICOMEM. Tras ello, la organización inhabilitó a 355 médicos que no estaban al corriente de pagos.

Ahora, el ICOMEM ya no utiliza ese tipo de sanción, destinada a las infracciones más graves, para los médicos en situación de impago. Tampoco es una causa habitual de inhabilitación en los colegios de otras provincias. Por ello, para tener en cuenta únicamente las inhabilitaciones por infracciones médicas graves o muy graves, hay que descontar esos 355 casos. Lo que resulta en el dato de 126 doctores suspendidos desde 2010.

Sin contar 2012, el récord se dio en 2019, con 13 inhabilitaciones. En lo que va de 2025 se han decretado ocho. infoLibre ha podido conocer el dato de las inhabilitaciones del ICOMEM en 2012, pero para el resto de ejercicios se desconoce el desglose por colegios provinciales. La OMC - CGCOM no ha facilitado ese detalle, solicitado por este medio. La organización alega que informar de cuántos médicos han sido inhabilitados y desglosarlo para cada colegio provincial podría permitir que alguien identificara quiénes son y quedara, así, desprotegida su identidad.

Esa protección de los datos personales es la máxima de la mayoría de colegios de médicos y del propio ministerio. Pero no conocer quiénes son los médicos suspendidos también impide saber qué están haciendo a día de hoy: si realmente están cumpliendo con la sanción, si siguen ejerciendo pero en otro país, si han cambiado de profesión…

Bad Practice ha revelado que más de 100 doctores inhabilitados en algún país europeo cuentan a día de hoy con permiso para ejercer en otros Estados. Algunos de ellos fueron sancionados en el extranjero y ahora trabajan en España. Pero por esa falta de transparencia de las Administraciones españolas, no se ha podido comprobar si también hay médicos inhabilitados en nuestro país que han utilizado la misma treta y ejercen en otros lugares.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Sanidad si se plantea algún cambio normativo para que las sanciones a los doctores en España empiecen a ser públicas, igual que sucede en países como Reino Unido, Suecia o Noruega. El ministerio ha asegurado que ese cambio "requeriría una norma con rango de ley que estableciera expresamente los supuestos, finalidades, destinatarios y salvaguardas aplicables" de un posible registro de inhabilitaciones, pero no ha aclarado si tiene intención de llevarlo a cabo.

A pesar de esa posible necesidad de una ley, que, en cualquier caso, por lo menos serviría para reforzar la base legal para hacer públicas las inhabilitaciones, ya hay instituciones como el COMIB anunciando las sanciones más graves con la identificación del doctor afectado. El Colegio Oficial de Médicos de Baleares detalla a infoLibre que actúa de esta forma porque "es obligación del colegio velar no solo por la buena praxis médica, sino por el bien de toda la sociedad y de los ciudadanos".

"Nosotros entendemos que es importante decir quiénes son los médicos a los que se inhabilita para que se les pueda fiscalizar y la sociedad sepa quiénes son. Nuestros casos surgieron a raíz de la pandemia y hay una doctora que ha ido más allá con tratamientos con lejía para el cáncer. Eso afecta a los pacientes y a la sociedad. No podemos ocultarlo, es una realidad que está ahí y hay que denunciarlo", explica el COMIB.

"Allí donde es público quien incumple, y hablamos de infracciones graves, las cosas funcionan mejor. Es una de las mejores maneras de proteger y promover servicios de calidad. ¿Por qué nos sigue resultando tan difícil señalar a quien incumple?", reflexiona Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia.

La publicación de las inhabilitaciones a doctores ayudaría a su fiscalización e incluso a evitar que se salten los controles y sigan ejerciendo. La publicidad de estas sanciones en Reino Unido ha permitido que Bad Practice e infoLibre revelaran que varios médicos inhabilitados en ese país ahora atienden a pacientes en España.

Del mismo modo, se han conocido casos de médicos inhabilitados en nuestro país que han seguido ejerciendo dentro de nuestras fronteras. Como el doctor mallorquín Mateu Verd Vallespir, que a pesar de estar inhabilitado por la Justicia por negligencia médica en una liposucción que acabó con el fallecimiento de la paciente, entre otros motivos, continuó con su desempeño profesional. Tal y como explicó el Diario de Mallorca, cuando ya estaba suspendido de colegiación, realizó una operación de cirugía estética a otra paciente que también falleció y fue detenido por ello.

Algo similar pasó con Ruíz-Valdepeñas. Su caso acabó en la Justicia, ya que recurrió la inhabilitación del COMIB. A día de hoy hay dos procesos penales abiertos al respecto y hasta que los tribunales decidan no se sabrá si la suspensión del colegio de médicos se convierte en firme, así que ha podido seguir ejerciendo. De hecho, ha asistido partos a domicilio. Uno de esos partos, en Ibiza, acabó con el fallecimiento del bebé. Por ello ha sido investigado por homicidio imprudente. 

Tanto en el caso de Ruíz-Valdepeñas como en el de Verd, la ciudadanía se enteró de que no se estaban cumpliendo las sanciones cuando hubo consecuencias fatales para los pacientes y su mala praxis llegó hasta la Justicia y saltó a la prensa. Pero, ¿qué están haciendo el resto de médicos inhabilitados? ¿Cuántos han seguido ejerciendo en España? ¿Alguno está colegiado en el extranjero y atiende a pacientes en otro país? No se puede saber.