Más de 100 webs de citas pobladas de perfiles falsos para, según algunos usuarios de las mismas, "estafarlos". Es el negocio de una empresa española, radicada en Barcelona, que opera los pagos de todos sus supuestos clientes a través de CentralPay.

CentralPay es una empresa financiera, con sede en Francia, y lleva años trabajando con multitud de comercios dudosos. Desde esas falsas webs de citas afincadas en España a múltiples estafas en internet pasando por tiendas de productos ilegales de cannabis o distintos casos sospechosos de blanqueo de capitales.

Así lo revela una investigación liderada por Mediapart, en la que participa infoLibre. CentralPay, fundada en 2002, opera como una plataforma o proveedor de pagos con tarjeta y ha hecho la vista gorda ante las prácticas dudosas, e incluso ilegales, de comercios electrónicos que trabajan con ella, según revelan documentos confidenciales obtenidos por Mediapart, socio editorial de infoLibre.

La empresa sabe de las prácticas dudosas de muchos de sus clientes clasificados como "de alto riesgo", pero no ha puesto problemas para seguir trabajando con ellos. Así se detalla en varios informes internos elaborados este mismo 2026, tras los cuales la dirección de CentralPay aparentemente no ha tomado medidas para revertir la situación.

Esta nueva investigación confirma los problemas estructurales del sector de los pagos en línea en la lucha contra la delincuencia financiera, un año después de la investigación Dirty Payments de la red European Investigative Collaborations (EIC), publicada por infoLibre en España, que revelaba cómo se habían movido miles de millones de euros durante años en oscuras transacciones a través del proveedor de pagos francés Worldline, uno de los gigantes del sector. Hace tan solo dos meses, EIC —red formada por medios entre los que se encuentran Mediapart o infoLibre— también sacó a la luz que Wise, otra empresa fintech, está siendo investigada por la Justicia europea por motivos similares.

Ahora es el turno de CentralPay, una empresa con sede en la ciudad de Tours, que en 2019 obtuvo una licencia como "entidad de dinero electrónico" de la Autoridad de supervisión prudencial y de resolución (ACPR, por sus siglas en francés), el organismo regulador del sector financiero francés. CentralPay es una empresa especializada en la gestión de pagos online con tarjeta, con servicios similares a los de Worldline o Wise, pero centrada en el mercado francés. Aun así, se dirige a todo el sector europeo y, por ello, tiene clientes con sede en otros países, como es el caso de las falsas webs de citas afincadas en España. 

Cafecoquin.com (café picante en español), cougars-infideles.com (cougars es una palabra moderna que se utiliza en francés para describir a mujeres de edad adulta atraídas por hombres más jóvenes) o plaisir-libre.com (placer libre). Son solo tres del más de centenar de sitios webs acusados por múltiples clientes de tratarse de páginas estafa y que han sido controlados por empresas españolas con sede en Barcelona que operaban sus pagos a través de CentralPay.

La mayoría, como esos tres ejemplos, están dirigidos al público francés, pero no solo. La empresa controla también webs para el mercado español, como folla-maduras.es; el italiano, como atuttoflirt.it; el suizo, como lebigcoup.ch; o el belga, como coup-en-or.be.

Las páginas comparten diseño y están pobladas de perfiles falsos. Incluso se utiliza inteligencia artificial para que esos perfiles fake hablen con los usuarios reales de la página y conseguir que paguen por suscripciones premium.

El modus operandi es siempre el mismo. Un usuario crea un perfil en una de esas webs y comienza a recibir mensajes de perfiles falsos. Tras un tiempo de conversación, el sitio ya no deja mandar ni recibir mensajes y lanza al usuario una oferta de suscripción de pago para poder continuar hablando.

La mayoría de las webs dan a 'Juan Romaguera' como supuesto director de las mismas, alias que corresponde a Juan Romagosa. Los dominios .es también están registrados a su nombre. Romagosa, en conversación telefónica con Mediapart, negó utilizar perfiles falsos en las webs y procedió a colgar sin dar mayores explicaciones. A las consultas posteriores que se le han hecho llegar no ha respondido.

A pesar de sus declaraciones, las propias condiciones de uso de las páginas confirman la presencia de perfiles falsos gestionados mediante inteligencia artificial. En webs como Trustpilot, además, multitud de clientes se quejan de esas malas prácticas en las falsas páginas de citas y de cómo han perdido dinero a través de las mismas, algunos incluso señalando directamente a Romagosa y acusándolo de "estafador".

Pero el aviso legal de los sitios no lo identifica solo a él. También suele dirigir a Salamandra Web SL, empresa radicada en Barcelona a la que pertenecen la mayoría de las webs. Aun así, el entramado es más complejo y cuenta con más compañías en España, Francia, Canadá o Hong Kong. El resto de webs pertenecen a estas otras sociedades. Todas ellas forman parte de un mismo grupo corporativo controlado por un empresario francés llamado René Carrillo.

En el caso de Salamandra Web SL, esta pertenece en un 98% a Carrillo y el 2% restante corresponde a Juan Romagosa. Según las últimas cuentas presentadas ante el registro mercantil, la sociedad facturó 3,7 millones de euros en 2024 y solo contaba con un trabajador.

A pesar de que como entidad con licencia de la ACPR, CentralPay está sujeta a estrictas obligaciones de cumplimiento normativo, los clientes del proveedor de pagos muestran multitud de conductas dudosas. La propia CentralPay tenía constancia de que varios de ellos eran "de alto riesgo".

Este tipo de comercios, como las webs de pornografía o citas, se clasifican en esa categoría por parte de las compañías de tarjetas de crédito debido a su actividad, más propensa a riesgo de fraude o blanqueo de capitales. Aun así, estos negocios son especialmente lucrativos para las empresas a través de las que operan. Eso sí, tienen un alto porcentaje de devoluciones de cargos por parte de clientes —tasa de chargeback—.

La política de CentralPay, sobre el papel, consiste en excluir a los comercios cuyas operaciones generan más de un 1% de devoluciones. Sin embargo, un documento interno indica que CentralPay mantuvo como clientes a varias empresas que superaban regularmente ese umbral, entre ellas las falsas webs de citas de Barcelona.

Una alta tasa de chargeback supone un indicador de posible mala praxis. Además, entre los clientes de CentralPay también se daba el pago de elevadas comisiones, otro indicador de posible fraude.

Un comerciante electrónico necesita un proveedor de pagos para recibir las transacciones de su negocio. La empresa que le presta esos servicios cobra generalmente menos del 5% de comisión por cada pago procesado. Uno de los clientes de CentralPay ha explicado para esta investigación que la empresa francesa le cobraba al menos el 20% del importe de cada operación.

Guillaume Ponsard, presidente y accionista mayoritario de la empresa francesa, ha declinado responder a las consultas que se le hicieron llegar. Su única respuesta ha sido que CentralPay cumple sus obligaciones legales y reglamentarias y que "rechaza cualquier insinuación de que tolera conductas fraudulentas por motivos de rentabilidad".

A pesar de lo afirmado por Ponsard, esta investigación ha identificado distintos clientes sospechosos entre la cartera de CentralPay. En Rumanía, por ejemplo, opera también una red de webs falsas de citas. 

De hecho, las investigaciones de EIC, Mediapart e infoLibre en los últimos tiempos muestran no solo cómo el sector de pagos online está teniendo continuos problemas con clientes de dudosa legalidad o reputación. Sino también cómo esquemas concretos como falsas webs de citas sirven para ganar dinero rápido y al margen de las autoridades. infoLibre ya reveló un esquema de este tipo con multitud de empresas pantalla radicadas en Mallorca que operaban con Worldline y parecían esconder un caso de blanqueo de capitales.

Entre los clientes de CentralPay también ha habido estafas relacionadas con videojuegos, páginas que vendían seguidores falsos en redes sociales o webs francesas que vendían semillas de cannabis ilegales en el país galo.

En la Comunidad de Madrid existen solo tres empresas de distribución de gas natural, que se reparten todo el territorio autonómico. Estas compañías no son las comercializadoras que facturan el gas consumido, con las que solemos tratar los clientes, y que podemos escoger libremente, sino las que explotan la red de tuberías que lleva el gas hasta cada domicilio o industria.

Dos de ellas, Madrileña Red de Gas (MRG) y Redexis, tienen importantes lazos mercantiles con el Estado chino, a través de su banco central y su Consejo de Estado. Así lo revela la investigación transnacional OpenLux, liderada por el consorcio de investigación periodística OCCRP y realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva en España.

Los expertos consultados coinciden en que, a pesar de tratarse de compañías relativamente desconocidas para el gran público, la presencia china en ellas reviste gran relevancia por tratarse de un sector clave como la energía. También señalan la "asimetría" de un modelo en el que Pekín invierte con normalidad en infraestructuras europeas mientras mantiene cerrado a la inversión extranjera su propio sector energético, considerado estratégico dentro de sus fronteras.

La propia UE está preocupada por la inversión china y estudia la posibilidad de limitarla en sectores como este porque, según advierte la Comisión Europea, las potencias están utilizando cada vez más los aranceles, las dependencias económicas y otros instrumentos comerciales para alcanzar objetivos geopolíticos. 

Entre Madrileña Red de Gas y Redexis sirven a más de 1,6 millones de puntos de suministro en nuestro país, un 19,6% de la red nacional, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La mayoría se encuentran en la Comunidad de Madrid, pero no únicamente. Redexis distribuye también en otras comunidades autónomas, como Aragón o Baleares, y MRG centra sus operaciones en Madrid, pero también sirve a algunos municipios de Castilla-La Mancha.

Los volúmenes económicos también muestran la importancia de ambas compañías. En 2025, MRG declaró una cifra neta de negocios de 139 millones de euros, que le reportó unos ingresos antes de impuestos de 109 millones. En el caso de Redexis, el volumen de negocios fue de 243 millones de euros y los ingresos antes de impuestos, de 161 millones. El músculo económico de estas energéticas lo evidencia el hecho de que ambas tienen una filial en Países Bajos destinada específicamente a la operativa financiera de la compañía.

La participación del Estado chino en MRG y Redexis se da a través de la Administración Estatal de Divisas de China (SAFE, por sus siglas en inglés), un organismo que opera bajo el paraguas del Banco Popular de China, que es el banco central del país. En el caso de Redexis también interviene el propio Consejo de Estado.

El caso de las dos distribuidoras de gas en Madrid no es una excepción. Los tentáculos de China en Europa se están extendiendo gracias a las inversiones de SAFE, que controla bienes en al menos ocho países europeos, tal y como ha revelado OpenLux. En varios de ellos se trata de activos que los expertos valoran como estratégicos, como edificios que se utilizan como sede de instituciones europeas o instalaciones energéticas, como tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas. 

La estrategia para hacerse con esos activos, o con parte de ellos, pasa por tejer entramados societarios que van desde el país europeo donde está el activo a China, tras una o varias paradas en jurisdicciones como Luxemburgo, Reino Unido o las Islas Vírgenes Británicas con varias empresas intermediarias. Es decir, la participación en las sociedades o en los activos inmobiliarios no es de SAFE u otra institución china de forma directa, sino que se canaliza a través de complejas y opacas cadenas de propiedad. 

"SAFE ha dedicado en los últimos tiempos esfuerzos considerables a enmascarar el tamaño de sus inversiones", explica Brad Setser, investigador del think tank Council on Foreign Relations y ex subsecretario adjunto del Tesoro estadounidense. "Es evidente que la agencia quiere permanecer fuera del foco".

Lo mismo sucede en el caso de MRG y Redexis. Ambas parten de una compañía en España que pertenece a otras empresas y pasa por varias jurisdicciones hasta llegar a la participación china. De hecho, ni Madrileña Red de Gas SA ni Redexis Energía SA revelan de forma directa en sus documentos financieros públicos su conexión con el régimen de Pekín, a pesar de que un tercio de la primera está controlado por SAFE y un tercio de la segunda por SAFE y el Consejo de Estado chino.

Alicia García-Herrero, investigadora sénior del centro de estudios económico Bruegel y profesora adjunta en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, explica a infoLibre que "el Banco Popular de China gestiona sus reservas internacionales de forma diversificada invirtiendo en activos estables en Europa" si bien matiza que, técnicamente, invertir en activos energéticos en España "no es el papel de un banco central", y señala que China, por su parte, no abre su propio sector energético a la inversión extranjera. 

Madrileña Red de Gas nació en 2010 después de que la extinta Comisión Nacional de la Competencia —predecesora de la actual CNMC— obligara a Gas Natural Fenosa —resultante de la compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, y más tarde renombrada como Naturgy— a desprenderse de varios de sus activos para cumplir con los requisitos exigidos para la fusión. La decisión del regulador la aprovechó entonces la firma estadounidense Morgan Stanley, que compró la recién creada distribuidora para ponerla en marcha, aumentar sus puntos de suministro y venderla cinco años después al mejor postor.

Ahí, en 2015, entró en el accionariado el fondo chino Gingko Tree Investment. Esta firma, cuyo "propietario último" es el organismo SAFE, según declara en sus cuentas anuales de 2024 en el Reino Unido, es una de las identificadas en esta investigación como parte del brazo inversor del banco central chino, y controla otros activos en Europa como el ferry que une la isla de Wight con la ciudad inglesa de Portsmouth. La propia Madrileña Red de Gas detalla en sus informes de sostenibilidad que Gingko Tree es su última compañía matriz, y la CNMC, en su informe sobre el sector gasista publicado en 2024, la identifica como dueña de un 33,75% al cierre de 2022.

Sin embargo, existe otro rastro documental que también apunta en dirección a Pekín pero lo hace por un camino distinto. Las cuentas anuales de MRG señalan a otra sociedad española, Elisandra Spain V, como propietaria de la compañía. Y es aquí donde el rastro de propiedad se bifurca según el registro que se consulte. 

Las cuentas anuales del grupo en 2024 identifican como propietaria de Elisandra Spain V a otra sociedad llamada Elisandra Spain IV, y como titular del 33,75% de las acciones de esta última, a una sociedad luxemburguesa —JCSS Mike Sàrl— que la CNMC no menciona pero que los informes de sostenibilidad de MRG asocian con Gingko Tree. Sin embargo, cuando ese rastro se sigue en el registro mercantil de Luxemburgo, la respuesta cambia. A través de otras dos mercantiles luxemburguesas, el socio único de la matriz española no es Gingko Tree, sino Okra Gee Investment Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. A pesar de ello, Okra Gee, que también controla activos energéticos en el Reino Unido, no aparece mencionada en ninguna documentación pública de Madrileña Red de Gas. 

Por otro lado, el registro caribeño no obliga a las sociedades participadas por administraciones estatales a declarar su titular real, y cuando el consorcio OpenLux solicitó formalmente esa información sobre Okra Gee y otras once sociedades caribeñas identificadas en la trama, el sistema devolvió un mensaje de error en todos los casos.

En todo caso, la conexión de Okra Gee con Pekín no es una inferencia: Wind UK Invest Limited, una sociedad participada por Okra Gee que opera tres parques eólicos en el Reino Unido, declara oficialmente en el registro mercantil británico que su "persona con control significativo" es la propia SAFE. Es decir, el mismo brazo inversor del banco central chino que MRG identifica públicamente como matriz de Gingko Tree aparece también, por otra vía documental independiente, en la cúspide del entramado que llega hasta Okra Gee.

Preguntada por infoLibre y OCCRP sobre cuál de las dos identidades corresponde realmente a la matriz última de ese 33,75% —dada la divergencia entre lo que declara en sus propios informes de sostenibilidad y lo que consta en el registro de Luxemburgo—, Madrileña Red de Gas no ha respondido. En ambas rutas, el destino es el mismo: el 33,75% de la distribuidora de gas pertenece, con varias pantallas intermedias, al brazo inversor del Banco Popular de China.

La relación entre MRG y su matriz Elisandra ya había sido objeto de un pronunciamiento del regulador español antes de esta investigación. En marzo de 2023, la CNMC obligó a Madrileña Red de Gas a recuperar 101,2 millones de euros que había transferido a Elisandra Spain V, su siguiente escalón en la cadena de propiedad. La operativa venía funcionando desde 2019 bajo la fórmula de un préstamo: MRG concedía formalmente crédito a su matriz —con un tope de mil millones de euros—, Elisandra V retiraba el dinero periódicamente y con esos fondos se pagaban los dividendos a los accionistas últimos del grupo, incluido el fondo del banco central chino. 

En la práctica, el mecanismo permitía extraer caja de la sociedad regulada española sin que en su balance figurase como reparto de beneficios. La forma de actuar de MRG incumplía la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entró en vigor en 2021, y cerró esa vía al prohibir a las gasistas reguladas conceder préstamos, garantías o avales a otras sociedades de su grupo, con el fin de proteger la solidez financiera del sistema. 

Al frente del consejo de administración de Madrileña Red de Gas, con el cargo de presidenta independiente desde noviembre de 2024, se sienta Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve. Su trayectoria previa la sitúa en el epicentro regulatorio y energético español: subdirectora de Mercados de Petróleo en la extinta Comisión Nacional de la Energía, directora general de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), y directiva en Enagás, Repsol, Unión Fenosa y BP Oil España.

En abril de 2012 fue nombrada consejera independiente de Red Eléctrica de España, —actual Redeia— la sociedad semipública que opera el sistema eléctrico nacional y que está considerada infraestructura estratégica del Estado. Desde 2013 fue además coordinadora del consejo y en enero de 2020, tras la dimisión de Jordi Sevilla como presidente, asumió transitoriamente las funciones de presidenta hasta el nombramiento de Beatriz Corredor. Su relación con Redeia terminó el 4 de junio de 2024 tras agotar el plazo máximo legal de doce años como consejera independiente. Cinco meses después, Gómez de Barreda asumió la presidencia de MRG. 

Las ramificaciones de Elisandra IV, la matriz de MRG, se extienden más allá del gas natural. Otra de sus filiales, la consultora energética Aliara Energía, participa al 33% en la joint venture Madrid Inspira Hidrógeno Verde junto con FRV —empresa española de energía solar perteneciente a un grupo saudí —y Grupo Ruiz— holding familiar dedicado al transporte por carretera—. El proyecto, que consiste en generación de energía renovable mediante hidrógeno, fue presentado en 2023 como "la palanca definitiva de descarbonización de la movilidad en la Comunidad de Madrid" y obtuvo en 2024 una subvención de 7,4 millones de euros del programa CEF AFIF, dependiente de la Comisión Europea. La ayuda europea cubría la construcción de una planta de hidrógeno en Villanueva del Pardillo y cinco estaciones de repostaje en la Comunidad de Madrid.

Desde el anuncio de la subvención han transcurrido más de dos años. Las estaciones estaban previstas para 2025. En la fecha de esta publicación no consta inicio de obras de la planta, ni comunicación pública de las ubicaciones de las estaciones, ni cronograma actualizado del proyecto. Según el último informe de sostenibilidad de MRG, publicado el pasado junio, el proyecto ha sufrido "dificultades administrativas y operativas" y ha recibido una prórroga de la Unión Europea para extender el calendario. Consultados los tres socios del consorcio y el Ministerio de Transportes —este último hasta en cinco ocasiones entre mayo y julio—, infoLibre no ha recibido ninguna respuesta sobre el estado del proyecto ni la ejecución de los fondos.

Si todos los caminos societarios de MRG llevan a Pekín, la situación de Redexis no es muy distinta. Este grupo se presenta a sí mismo como "líder en el desarrollo de infraestructuras energéticas" en España. Se trata de una compañía especializada en infraestructuras de gas natural, "al tiempo que avanza en su consolidación como operador de referencia en el ámbito de los gases renovables", como el hidrógeno verde, al igual que sucede con MRG.

Redexis cuenta con un 8,2% de cuota de mercado por puntos de suministro de gas natural en España, una cifra algo inferior a la de Madrileña Red de Gas. Eso sí, su implantación en el territorio es más variada. Mientras MRG está centrada en la Comunidad de Madrid, Redexis, según sus propios números, tiene presencia en 929 municipios de 39 provincias distintas y suma un total de 772.906 puntos de suministro y 10.498 kilómetros de redes de distribución. De hecho, Redexis solo es distribuidora de gas natural en cinco municipios de Madrid —datos muy inferiores a los de MRG y Nedgia, la tercera distribuidora de la región—. Tiene más presencia en otras comunidades, como Aragón o Baleares. Presume de contar con 250 empleados directos en España y en los últimos años ha emprendido una apuesta por impulsar plantas de biometano, instalaciones que transforman residuos orgánicos en gas 100% renovable.

La compañía ha recibido cuantiosos préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el órgano financiero más importante de la UE. En 2015, obtuvo un crédito de 160 millones de euros —en condiciones ventajosas, según describió la empresa en su informe de resultados— y en 2018, otro de 125 millones. Ambos fueron concedidos antes de producirse la entrada de capital chino en la empresa, pero siguen vigentes. A día de hoy, según la información financiera de la compañía, Redexis debe al BEI más de 210 millones de euros, a pagar en tres tandas en 2036, 2039 y 2040. 

Redexis Energía SA, la actual empresa matriz del grupo, y, por tanto, el grupo Redexis al completo, pertenece a tres propietarios distintos a partes iguales: el fondo de pensiones danés Arbejdsmarkedets Tillægspension, Chase Gas Investments —una filial de Universities Superannuation Scheme (USS), el fondo de pensiones privado más grande del Reino Unido— y Guotong Romeo Holdings Limited. Los fondos danés y británico tenían un 49,9% de Redexis hasta 2018; el otro 50,1% era de Goldman Sachs a través de su fondo de inversión GSIP.

De hecho, Goldman Sachs, que había creado Redexis en 2010 tras comprar 800 millones de activos de Endesa, era quien controlaba el grupo. Cuando decide vender la empresa, su valoración ascendía a unos 3.000 millones de euros. En ese momento, Redexis pasa de estar dirigido por Goldman Sachs en solitario —aunque hubiera otros accionistas— a estar controlado a partes iguales por los dos fondos de pensiones y Guotong Romeo Holdings Limited, que se convierte en nuevo accionista con un tercio de Redexis.

En este último accionista está la clave. Guotong Romeo Holdings Limited es una "sociedad participada por los fondos de inversión Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited", según explica Redexis. Lo que no menciona es que, una vez eliminadas todas las capas societarias, ambos fondos son propiedad del Gobierno y el sector público chino. 

Encontrar el corazón de la cebolla bajo todas las capas es una tarea intrincada: Guotong Romeo Holdings Limited es una sociedad constituida en Reino Unido que tiene como propietaria y empresa matriz a GXGT (Zhejiang) Investment Fund LLP, según consta en las cuentas anuales de ambas empresas. Por su parte, GXGT es propiedad al 49% de Carren Holdings Corporation Limited y al 51% de GXGT UK Holdings Corporation Limited. 

Carren Holdings está registrada en Hong Kong y pertenece a otra compañía del mismo país: CNIC Corporation Limited. Esta es propiedad al 90% de otra compañía hongkonesa —Compass Investment Company Limited— que, a su vez, pertenece a otra sociedad en este país —Pagoda Tree Investment Company Limited— que pertenece al 100% a SAFE. Así, tras toda la cadena de propiedad, el 90% de CNIC Corporation Limited resulta ser propiedad del Estado chino a través de SAFE. Pero tampoco se escapa el otro 10%. Esa décima parte de CNIC es propiedad de una compañía china llamada China Reform Holdings Corporation Ltd que pertenece directamente al Consejo de Estado de China, según una lista oficial de empresas propiedad del mismo. 

De nuevo, el camino acaba en el Gobierno de Pekín y, así, la parte de Guotong Romeo Holdings Limited perteneciente a CNIC Corporation Limited está totalmente controlada por el Estado chino. 

Pero no nos olvidemos del otro socio: el fondo Guoxin Guotong Fund LLT. A este le corresponde el 51% de GXGT LLP —dueña de Guotong Romeo Holdings Limited— a través de GXGT UK Holdings Corporation Limited. Esta compañía pertenece en un 99,99% a Guoxin Guotong Fund LLP, la que, a su vez, es propiedad de China Reform Holdings Corporation Limited, según la web de esta última. Y China Reform Holdings es propiedad directamente, de nuevo, del Consejo de Estado chino, que conocido también como Gobierno Popular Central, es, precisamente, el máximo órgano del poder ejecutivo del país.

La red societaria tras Redexis no es sencilla. Pero, como en el caso de MRG, un tercio de la empresa energética está en manos del Estado chino. Y no solo no se recoge en su documentación pública. Tampoco reparó en ello la CNMC en su informe del sector de 2024, en el que desentrañó el accionariado hasta llegar a Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited, los socios de Guotong Romeo Holdings Limited que reconoce Redexis. Pero no fue más allá. En cambio, sobre el tercio de Chase Gas Investments Limited el regulador sí suele destacar que está controlado de forma indirecta por el megafondo de pensiones británico USS.

Redexis y Guotong Romeo tampoco avisaron a la CNMC cuando tuvieron oportunidad en 2018. Ese año se dio la operación de salida de Goldman Sachs y la entrada del dinero chino, así que el organismo regulador evaluó que el movimiento no supusiera un problema para la concentración en el sector. El organismo estudió el caso y aprobó la operación. De hecho, aseguró que el cambio de socios no suponía "una amenaza para la competencia efectiva en los mercados afectados".

Pero lo hizo en base a la información que tenía, aportada por la propia empresa: "Guoxin Guotong Fund LLP, constituido en Hangzhou, China, en el año 2016, es una sociedad comanditaria por acciones (limited partnership) que tiene como fin la inversión en infraestructuras y energías renovables, fabricación avanzada y/o tecnologías, industrias relacionadas con el sector sanitario y productos de consumo". El organismo encargado de preservar la transparencia y el buen funcionamiento de los mercados españoles también recogió que la sociedad, según había notificado, "no está controlada por ninguna entidad". La empresa no mencionó nada sobre cómo el rastro de sus sociedades acaba en manos del Estado chino.

Lo que sí reconocieron desde Guoxin Guotong es que por aquel entonces tenían una participación minoritaria en Urbaser SA, una empresa española que se encarga de la limpieza y gestión de residuos urbanos en municipios de todo el país. Ya no mantienen esa inversión, pero para llegar a la misma también había que recorrer todo un entramado de sociedades, desde la sociedad española hasta llegar a una compañía de Guoxin Guotong en China, pasando por jurisdicciones como Hong Kong. 

infoLibre ha preguntado a Redexis por la composición de su accionariado y sus vínculos con SAFE y el Consejo de Estado chino. La empresa ha respondido asegurando que cumple con todas sus obligaciones legales y que "actualmente Guotong Romeo Holdings Limited, sociedad participada por los fondos de inversión Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited, ostenta el 33,33%" de la misma. Pero, de nuevo, omite cualquier mención a la propiedad del Estado chino tras Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited, a pesar de las preguntas directas de este medio a ese respecto. infoLibre ha hecho llegar el mismo tipo de consulta a Madrileña Red de Gas, pero esta directamente no ha contestado.

En el corazón de Bruselas, a pocas manzanas del barrio europeo, se levanta un moderno edificio de oficinas de casi 100 metros de altura —Covent Garden Building—que alberga numerosos servicios de la Comisión Europea. Otro enorme y vanguardista edificio de cristal, a diez minutos a pie de distancia, hace las veces de sede operativa de la Policía Federal belga. Ninguno de los inmuebles da ninguna pista a viandantes o trabajadores de que pertenecen en parte —en ambos casos, al 50%— a sociedades controladas por el banco central de la República Popular China.

El caso de Bruselas, el corazón de una Unión Europea (UE) cada vez más preocupada por su soberanía, es paradigmático pero está lejos de ser una anomalía. La Administración Estatal de Divisas de China (SAFE, por sus siglas en inglés), que opera como un organismo bajo el paraguas del banco central del propio país oriental, controla o participa en activos en al menos ocho Estados europeos. 

Así lo revela la investigación transnacional OpenLux, liderada por el consorcio de investigación periodística OCCRP —y realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva en España—. Además de los dos edificios institucionales en Bruselas, la lista incluye varios activos de valor estratégico como tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas, un servicio de ferry entre la isla de Wight y la costa inglesa, una operadora de fibra óptica y centros de datos en Francia o centros logísticos en Polonia. 

Las participaciones del organismo público chino varían mucho dependiendo de la inversión concreta, desde un porcentaje minoritario del 1% hasta la propiedad al completo. En cualquier caso, en ciertos sectores, como el energético, la propia UE está preocupada por la inversión china y está estudiando la posibilidad de limitarla. 

"Estas inversiones están siendo analizadas por la Unión Europea porque se considera que la presencia china en sectores estratégicos puede resultar excesiva. China, por su parte, no abre su sector energético a la inversión extranjera al considerarlo estratégico, ya que es importante evitar dependencias excesivas, como demostró el caso de Alemania con el gas ruso", explica Alicia García-Herrero, investigadora sénior del centro de estudios económico Bruegel y profesora adjunta en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, a infoLibre.

SAFE no solo está optando por el sector energético. También cuenta con activos en España o incluso con inversiones inmobiliarias en otros países europeos. La institución china tiene parte de la propiedad, por ejemplo, del histórico Grand Hotel Krasnapolsky en Ámsterdam —usado con frecuencia por la Corona neerlandesa para recepciones de Estado—, varios inmuebles residenciales en el barrio rojo de la misma ciudad, oficinas y centros comerciales en el Reino Unido o residencias universitarias en varias ciudades británicas. 

Detrás de cada uno de esos activos hay una arquitectura societaria de tres o cuatro capas registradas en Luxemburgo. Todas esas cadenas —28 sociedades en total en Luxemburgo— culminan a su vez en empresas ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción cuyo registro mercantil impide conocer al titular real en estos casos.

Son doce las sociedades identificadas en el territorio caribeño; cada una controlando una porción del conjunto, y todas ellas actuando como agentes del brazo inversor del Banco Popular de China. Esa arquitectura es la que ha permitido a Pekín adquirir infraestructuras, inmuebles y participaciones en compañías europeas sin que su nombre aparezca públicamente asociado a las inversiones.

A diferencia de otros bancos centrales, que operan con cierta autonomía respecto a sus gobiernos, el Banco Popular de China opera bajo la dirección directa del Consejo de Estado y del Partido Comunista Chino. SAFE es la agencia responsable de gestionar los 3,4 billones (millones de millones) de dólares en reservas de divisas que acumula el Estado chino —las mayores del mundo— y convertirlos en activos internacionales: deuda soberana, acciones cotizadas, inmuebles e infraestructura.

"SAFE ha dedicado en los últimos tiempos esfuerzos considerables a enmascarar el tamaño de sus inversiones. Es evidente que la agencia quiere permanecer fuera del foco", afirma Brad Setser, investigador del think tank Council on Foreign Relations y ex subsecretario adjunto del Tesoro estadounidense. En total, infoLibre y los socios de OCCRP han identificado 28 sociedades luxemburguesas utilizadas por SAFE durante los últimos 14 años para adquirir participaciones en un abanico heterogéneo de activos europeos. La mayoría de esas sociedades no habían sido públicamente vinculadas al banco central chino hasta ahora.

Junto a los dos edificios institucionales de Bruselas, los activos con mayor peso estratégico identificados por el consorcio se concentran en el sector energético, los transportes y las telecomunicaciones.

En el capítulo energético, SAFE controla el 49% de tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas, un porcentaje que la convierte en la mayor accionista del conjunto y le otorga capacidad de influencia relevante sobre la operación de esa capacidad de generación renovable en territorio británico.

En transporte, una de las sociedades caribeñas del entramado, Okra Gee Investment, posee, entre otros activos, el 10,63% del servicio de ferry que conecta la isla de Wight con la costa inglesa. Se trata de una participación minoritaria, pero simbólicamente reveladora del alcance del ecosistema inversor de SAFE: una conexión marítima cotidiana entre una isla británica de 140.000 habitantes y el puerto de Portsmouth —que linda con una de las principales bases navales del Reino Unido— figura, indirectamente, en el balance de activos del banco central chino.

En telecomunicaciones, el brazo inversor de Pekín mantiene, a través de un fondo de inversión luxemburgués, alrededor del 0,8% del capital de Vauban Infra Fibre, operadora francesa que despliega redes de banda ancha en zonas rurales y ha comenzado a operar centros de datos urbanos. Es una participación pequeña en términos porcentuales, pero se traduce en presencia en un sector de infraestructuras críticas.

El capítulo logístico se concentra en Polonia: nueve sociedades polacas utilizadas como vehículos de inversión por SAFE, a través de Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas, figuran como titulares en más de 71 asientos del registro de la propiedad polaco. Cada uno de esos asientos cubre múltiples parcelas repartidas por el país, en las que se levantan centros logísticos y almacenes explotados por gigantes como Amazon y DPD. Ocho de las nueve sociedades comparten oficina en Varsovia.

En el sector inmobiliario, además del Krasnapolsky y de los inmuebles residenciales en el barrio rojo de Ámsterdam —canalizados a través de una sociedad denominada Limba Luxco 2 Sàrl, que posee el 50% del grupo hotelero—, SAFE mantiene participaciones en un edificio corporativo de doce plantas en el oeste de Londres, en los centros comerciales Cabot Circus de Bristol y Fosse Shopping Park de Leicester, y en residencias universitarias de varias ciudades británicas.

El primer hilo del que tirar vino de una investigación previa del diario belga De Tijd, socio de la investigación OpenLux, sobre la propiedad del edificio que alberga la sede de la Policía Federal belga. Aquel trabajo desveló que una sociedad registrada en Luxemburgo y controlada, a su vez, desde las Islas Vírgenes Británicas había hecho inversiones para SAFE, incluida la adquisición de esa sede. A partir de ahí, los periodistas de OCCRP, De Tijd, Le Monde, Follow the Money, FRONTSTORY.PL/VSquare e infoLibre replicaron el ejercicio: identificaron a los accionistas y administradores de aquella sociedad y descubrieron que las mismas personas ocupaban idénticas posiciones en al menos otras 27 sociedades luxemburguesas, la mayoría con la misma dirección postal en la capital del ducado, y todas propiedad última de sociedades caribeñas.

El siguiente paso consistió en cruzar los informes anuales presentados en Luxemburgo y en el Reino Unido, donde aparecieron menciones expresas a las sociedades caribeñas como agentes fiduciarios de SAFE. Los registros mercantiles y de la propiedad de los distintos países europeos permitieron después identificar los activos concretos adquiridos por esas sociedades interpuestas. En algunos casos hubo que deshacer cadenas societarias de múltiples capas.

Aunque las Islas Vírgenes Británicas han puesto en marcha recientemente un registro de beneficiarios reales, las sociedades participadas por entidades estatales o filiales del Estado quedan exentas de aportar esa información. Cuando OCCRP y los medios socios solicitaron formalmente los datos de titularidad de doce sociedades caribeñas identificadas en la trama, el sistema devolvió un mensaje de error en todos los casos.

El Parlamento Europeo y las agencias de inteligencia comunitarias han expresado en los últimos años inquietud por los riesgos de dependencia económica, espionaje y sabotaje asociados a la presencia china en infraestructuras críticas y sectores estratégicos del club comunitario.

"Está claro que las estructuras de propiedad ambiguas u ocultas, especialmente en sectores económicos o infraestructuras estratégicas, pueden suponer un riesgo enorme", advierte Engin Eroğlu, eurodiputado alemán del partido centrista Freie Wähler. "Ya sabemos por Estados Unidos que empresas chinas, algunas de ellas de propiedad estatal, adquieren específicamente terrenos junto a instalaciones militares. Un problema similar podría surgir en Europa si no obtenemos una visión clara de este enfoque no transparente".

Mario Esteban, profesor de estudios sobre Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid, matiza que esas preocupaciones deben ser sopesadas con la necesidad de inversión china: "Tenemos que caminar por la línea fina que separa evitar la sobredependencia y demonizar toda inversión china; algunos de estos proyectos aportan valor real al país". Esteban advierte también de una tendencia general hacia la opacidad en la titularidad empresarial: "No es exclusivo de China. Hay una tendencia cada vez más generalizada hacia la opacidad por parte de los grandes inversores".

Mientras los grandes inversores procuran cubrir sus huellas, destaparlas resulta cada vez más difícil por la falta de coordinación entre los registros mercantiles europeos y el coste de acceder a la información. Una sentencia dictada en 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que restringió el acceso público a los registros de titularidad real de las sociedades con el argumento de proteger la privacidad individual, ha agravado el problema, sostiene Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network: "Debemos temer al anonimato. Es mejor para todos saber quién es propietario de los inmuebles o de las infraestructuras críticas".

La preocupación se produce además en plena rivalidad entre Estados Unidos y China, con tensiones por Taiwán, el control de los semiconductores, las tierras raras, las tecnologías verdes, las telecomunicaciones y las rutas comerciales. La propia Comisión Europea advierte de que las potencias están utilizando cada vez más los aranceles, las dependencias económicas y otros instrumentos comerciales para alcanzar objetivos geopolíticos.

Si durante décadas Europa trató las inversiones y el comercio principalmente como cuestiones económicas, la guerra de Ucrania y la dependencia alemana del gas ruso mostraron que una relación comercial puede convertirse rápidamente en una vulnerabilidad estratégica. De ahí que la UE haya adoptado la idea de "reducir riesgos" —concepto conocido como de-risking, en inglés—. En la práctica: no romper sus vínculos con China, pero sí evitar dependencias excesivas en sectores imprescindibles.

Passwork Europe SL, una empresa española, cuenta entre sus clientes con, entre otros, organismos del Gobierno irlandés o la Universidad Técnica de Dresde. Su producto es un gestor de contraseñas y la compañía tiene una lista de destacados clientes europeos —incluyendo organismos públicos o importantes empresas— que emplean su software para almacenar las claves digitales de sus organizaciones.

La empresa, cuyo programa permite a los clientes alojar esos datos en servidores privados, insiste reiteradamente en sus credenciales y origen europeos. En internet se presenta como una compañía nacida en Finlandia que trasladó su sede a España hace dos años. "Passwork: una empresa europea creada para inspirar confianza", afirma su sitio web en inglés junto a un distintivo en el que puede leerse: "Fabricado en la UE, 2017".

Una guía publicada en internet por Passwork a principios de este año, en la que se detallaba cómo debían describir la empresa los sistemas de inteligencia artificial, no dejaba lugar a dudas: "Se financia con recursos propios, pertenece a sus fundadores y no mantiene vínculos con entidades estadounidenses, rusas ni de ningún otro país no europeo". Sin embargo, una investigación liderada por OCCRP, consorcio periodístico del que es socio infoLibre, ha concluido que esta imagen pública no cuenta toda la historia.

El gestor de contraseñas fue desarrollado por dos cofundadores rusos que siguen vinculados a una opaca compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos, la cual ha estado suministrando actualizaciones de software a la empresa española, según ha podido comprobar OCCRP.

Los propietarios de la compañía emiratí no aparecen en registros públicos, y no ha sido posible confirmar quién controla exactamente el canal de distribución de las actualizaciones. Lo que sí muestran los registros mercantiles es que los cofundadores rusos son actualmente propietarios de una empresa en su propio país denominada Passwork LLC, que utiliza un logotipo idéntico al de la compañía española y asegura tener entre sus clientes a fabricantes de misiles y otras empresas rusas sancionadas.

La empresa rusa está certificada por el Servicio Federal de Control Técnico y de Exportaciones (FSTEC, por sus siglas en inglés), un organismo dependiente del Ministerio de Defensa del Gobierno de Vladímir Putin, y por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la principal agencia rusa de contrainteligencia interna.

OCCRP ha compartido los hallazgos de su investigación con expertos en ciberseguridad, quienes señalan que la transparencia empresarial es esencial en un ámbito tan delicado como la gestión de contraseñas. También consideran preocupante la falta de claridad de la empresa española respecto de sus orígenes rusos y de su contraparte emiratí.

"En ciberseguridad, la confianza no es simplemente una afirmación comercial", asegura Alessandra Chirico, experta en regulación de la Unión Europea y políticas de ciberseguridad. "Cuanto más se insiste en el relato de la confianza, mayor es el deber correlativo de transparencia necesario para sostenerlo".

Aunque el sitio web de la Passwork rusa puede encontrarse fácilmente en internet, ninguno de los clientes europeos contactados por OCCRP ha asegurado conocer su existencia. Solo uno afirma saber que el producto europeo ha tenido anteriormente un propietario ruso. Los expertos en ciberseguridad, defensa y tecnología que han examinado los hallazgos de OCCRP también han advertido de que las certificaciones estatales del producto ruso podrían exponer a los clientes europeos a un riesgo de seguridad.

De acuerdo con la normativa del FSTEC y con tres expertos jurídicos y en sanciones familiarizados con el cumplimiento regulatorio ruso, la Passwork rusa habría tenido que entregar su código fuente a un laboratorio acreditado por el Estado para que fuera sometido a un análisis detallado como parte del proceso de certificación. Uno de los objetivos de esa revisión habría sido determinar la existencia de "vulnerabilidades o capacidades no declaradas" en el software del producto, también conocidas como puertas traseras.

Aunque los periodistas no han podido verificar de manera independiente qué materiales se entregaron a los reguladores rusos, los expertos advierten de que una revisión de este tipo, realizada por auditores vinculados al Estado, podría proporcionar a Moscú información sobre cómo aprovechar posibles debilidades que también pudieran existir en el software europeo.

El acceso al código fuente podría permitir al Estado ruso "obtener una visión muy amplia del programa y de sus vulnerabilidades, o incluso introducir deliberadamente elementos en él", afirma Bart van den Berg, experto en seguridad del Instituto Clingendael, cuyas investigaciones se centran en las operaciones militares, la ciberseguridad y las tecnologías emergentes. Van den Berg ha calificado estos escenarios de "graves riesgos".

Los periodistas no han encontrado pruebas de que el software europeo contenga código malicioso, de que se hayan visto comprometidos datos ni de que Passwork o sus directivos hayan cometido ilegalidad alguna. Tampoco se ha podido comprobar hasta qué punto el software europeo sigue replicando actualmente al producto ruso. Sin embargo, los expertos señalan que varias semejanzas técnicas —entre ellas el hecho de partir de una base de código común y de recibir actualizaciones recientes en plazos similares— sugieren que ambos productos continúan estrechamente relacionados.

"Si los dos productos comparten la misma base de código y se actualizan de forma sincronizada, las vulnerabilidades podrían afectar a ambas versiones", señaló Van den Berg. Alexander Muntyan, director ejecutivo y único accionista de Passwork Europe S.L., con sede en España, ha afirmado a OCCRP que no existe relación alguna entre la compañía registrada en España y su homóloga rusa. "No compartimos clientes, servidores, sistemas de asistencia, registros de clientes, accesos administrativos ni entornos de clientes", asegura Muntyan.

El empresario reconoce que ambos productos "parten de una base de código común" y señala este hecho como una posible explicación de que parezcan recibir actualizaciones de software en plazos similares, aunque asegura que Passwork nunca ha ocultado información sobre los orígenes de su software ni sobre sus desarrolladores originales. Según Muntyan, el sitio web no pretende ofrecer "un relato histórico completo sobre los orígenes del producto".

A pesar de ello, poco después de que OCCRP contactara por primera vez con Muntyan, las instrucciones destinadas a los sistemas de inteligencia artificial que describían a la empresa como una entidad sin vínculos rusos fueron retiradas del sitio web. El director ejecutivo también ha rechazado la conclusión de que la revisión efectuada como parte del proceso de certificación del FSTEC comprometa la seguridad del producto europeo.

"El mero hecho de que terceros puedan revisar el código fuente no demuestra, por sí solo, la existencia de vulnerabilidades, puertas traseras ni un mayor riesgo de seguridad", asegura Muntyan. Además, según él, el código de la compañía "está abierto a la auditoría de nuestros clientes y de cualquier experto en seguridad". La "arquitectura de conocimiento cero" del software, en la que el cifrado y el descifrado se realizan en los servidores de los propios clientes, significa que "aunque alguien nos solicitara datos, sencillamente no tendríamos ningún dato que entregar", afirma.

Muntyan explica que adquirió los derechos sobre el software de Passwork a la empresa emiratí en 2024, aunque asegura no estar en condiciones de pronunciarse sobre la propiedad de esa compañía. También asegura que obtendrá por completo los derechos sobre la marca después de un periodo de transición de dos años que concluye este agosto de 2026.

Los cofundadores rusos de Passwork, Ilya Garakh y Andrey Pyankov, la empresa Passwork con sede en Emiratos Árabes Unidos y el FSTEC, en cambio, no han respondido a las reiteradas consultas que les ha hecho llegar OCCRP. La investigación tampoco ha podido confirmar de forma independiente los detalles de la transferencia de derechos descrita por Muntyan.

Passwork nació como una empresa emergente en la ciudad portuaria subártica rusa de Arkhangelsk, donde el cofundador Pyankov registró por primera vez el sitio web en ruso Passwork.ru en junio de 2014. Al día siguiente registró Passwork.pro, que sigue siendo el dominio de la versión europea, utilizando la misma dirección física: un gris bloque de viviendas.

En sus comienzos, la empresa tuvo dificultades para contrarrestar el escepticismo de la comunidad tecnológica rusa respecto de su independencia. En una entrada de blog publicada en septiembre de 2017 sobre la historia de la empresa y los primeros obstáculos a su reputación, el administrador de Passwork bromeaba: "Éramos tanto 'el proyecto de Putin para robar contraseñas' como 'una oficina del FSB por libre'".

Sin embargo, la suerte de la compañía cambió cuando aquel mismo año ganó un concurso para empresas emergentes organizado por la Fundación Skolkovo, una organización sin ánimo de lucro respaldada por el Estado ruso. La fundación había creado en Moscú, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una universidad privada de posgrado e investigación conocida como Skoltech. La Fundación Skolkovo y Skoltech fueron sancionadas posteriormente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en agosto de 2022, por contribuir al desarrollo de tecnologías informáticas estratégicas fundamentales para la seguridad nacional y la defensa de Rusia.

Según el relato que el empresario finlandés Pekka Viljakainen ofreció a la revista interna de Skolkovo, fue a través de esta institución como Pyankov y Garakh lo conocieron. Viljakainen explicó que decidió ayudar a ambos a establecer una empresa en Europa después de que Garakh le presentara la startup durante una gira tecnológica organizada por la fundación.

Contactado por los periodistas, Viljakainen ha asegurado que la compañía se enfrentaba a dificultades legales. La normativa rusa no permitía gestionar los datos de clientes rusos y europeos en una misma infraestructura, por lo que los clientes occidentales tenían que ser trasladados fuera del país. "Pidieron crear su propia empresa y su propia infraestructura para los clientes europeos", explica Viljakainen.

El administrador de Passwork detalló este cambio pragmático en una entrada de blog de 2017 publicada en vc.ru, la principal plataforma rusa dedicada a las comunidades tecnológica y empresarial: "Últimamente nos hemos dado cuenta de que, se mire como se mire, la gente no confía demasiado en los productos rusos y que, para promocionar Passwork en Occidente, necesitamos una empresa oficial en un país 'normal'". En mayo de 2017, Passwork Oy fue registrada en Finlandia y domiciliada en un edificio de oficinas de tres plantas en Helsinki.

Garakh y Pyankov recibieron una participación inicial del 35% cada uno. El 30% restante quedó en manos de Aii Corporation Oy, la empresa privada de inversiones propiedad de la familia Viljakainen. Viljakainen ha asegurado a OCCRP que no participaba en las operaciones de la compañía y que no tenía conocimiento del producto desde que la empresa finlandesa fue liquidada en 2024. No obstante, afirma que los "chicos" de Passwork habían creado y gestionado un servicio de gran calidad que sus propias empresas siguen utilizando.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciada en febrero de 2022, transformó el clima empresarial en Europa. Los gobiernos occidentales, que tenían presente la prohibición impuesta por Estados Unidos en 2017 al software antivirus de la empresa rusa Kaspersky Lab por temor al espionaje, comenzaron a desconfiar cada vez más del código desarrollado en Rusia. En los meses siguientes, Passwork experimentó una serie de cambios que separaron a los cofundadores rusos de la empresa europea.

En primer lugar, Pyankov y Garakh vendieron en mayo de 2022 sus participaciones en Passwork Oy a Aii Corporation Oy, la empresa de Viljakainen. Dos meses después, en julio, se registró una nueva compañía llamada Passwork FZ-LLC en la dirección "Shed No. 23", dentro de la Zona Económica de Ras al-Jaima, en Emiratos Árabes Unidos. Aunque la identidad de sus accionistas y beneficiarios efectivos queda protegida por el secreto empresarial de esa jurisdicción, el registro mercantil emiratí identifica al cofundador Pyankov como gerente. Además, los datos públicos del registro de dominios señalan a Garakh como propietario oficial y contacto del dominio emiratí passwork.ae.

Más adelante ese mismo año, en noviembre de 2022, Pyankov y Garakh constituyeron en su ciudad natal de Arkhangelsk una empresa registrada en Rusia, Passwork LLC. Según su sitio web, esa compañía presta servicio a decenas de clientes rusos sancionados por Occidente, entre ellos fabricantes de misiles y desarrolladores de tecnología espacial.

Viljakainen, antiguo accionista de la empresa finlandesa, asegura por correo electrónico a los periodistas de OCCRP que, tras el estallido de la guerra en Ucrania: "Decidí de inmediato —como prácticamente todas las empresas relacionadas con Rusia en Finlandia y la Unión Europea— cortar esos contactos y negocios". Una decisión que, según dice, "no tenía nada que ver con Passwork como tal". "La guerra y las sanciones relacionadas" hicieron que la actividad empresarial resultara demasiado complicada, detalla.

Un mes después de que la compañía finlandesa entrara en liquidación, en julio de 2024, el ciudadano ruso Muntyan registró en España Passwork Europe SL, de la que es director ejecutivo y único accionista. Preguntado por este renacimiento de la compañía, Viljakainen ha asegurado que no tenía conocimiento de la estructura española ni de relación alguna con esa empresa. Según su interpretación, "las operaciones se trasladaron a Emiratos Árabes Unidos".

Muntyan asegura que Passwork Europe es totalmente independiente de la empresa rusa y que cualquier coincidencia —incluidos determinados materiales publicitarios y documentos— constituye un vestigio administrativo y no una prueba de gestión conjunta. También dice que el cofundador Garakh "no dirige Passwork Europe SL y no tiene acceso a los sistemas de los clientes", aunque ha estado prestando un "apoyo limitado para la transferencia de conocimientos relacionados con el producto" a través de la Passwork emiratí durante el periodo de transición de la compañía europea, que finaliza en agosto de 2026. Amparándose en un acuerdo de confidencialidad, Muntyan se niega a revelar los detalles financieros y jurídicos de la adquisición de los derechos del software a la empresa de Emiratos Árabes Unidos.

Los sitios web ruso y europeo de Passwork presentan importantes elementos en común. Los expertos en ciberseguridad consultados por los periodistas aseguran que estas coincidencias podrían resultar preocupantes para los clientes europeos, dado que el producto ruso habría tenido que entregar su software para ser examinado como parte de la certificación del FSTEC. Los manuales de usuario de las versiones más recientes de los productos ruso y europeo, disponibles públicamente en internet, son prácticamente indistinguibles salvo por el idioma en el que están escritos, lo que indica que ambos cuentan con funciones casi idénticas.

Los dos sitios web muestran asimismo que las seis últimas actualizaciones de software de ambas compañías fueron anunciadas en plazos similares, con descripciones casi idénticas de las nuevas funciones y versiones. El 6 de abril de 2026, por ejemplo, el dominio passwork.ru anunció el lanzamiento de la versión 7.6 del software. Al día siguiente, el sitio europeo passwork.pro comunicó el lanzamiento de Passwork Pro 7.6 con la misma descripción de las nuevas funciones.

Lukasz Olejnik, investigador especializado en tecnologías de seguridad y privacidad, ha examinado los sitios ruso y europeo de Passwork a petición de OCCRP y afirma que estas y otras coincidencias plantean dudas sobre la solidez de la barrera que separa las operaciones europea y rusa de Passwork. Según Olejnik, la cuestión "merece una revisión". "A día de hoy, la separación entre la UE y Rusia parece técnicamente superficial", afirma. Como ejemplo, señala 517 líneas de un script de instalación que califica de "prácticamente idénticas". Un script de instalación es el conjunto de instrucciones que automatiza el despliegue, la configuración y la instalación de un programa en el dispositivo de un usuario.

Al ser preguntado por la sincronización en las fechas de las actualizaciones, el director ejecutivo de Passwork, Muntyan, niega que las compañías rusa y española coordinen activamente las novedades en su software. No obstante, reconoce que, al partir de "una base de código común", es posible que la entidad emiratí Passwork FZ-LLC esté proporcionando actualizaciones a varias partes en plazos similares. Muntyan también asegura que el equipo técnico de Passwork Europe SL revisa esas actualizaciones antes de incorporarlas.

Van den Berg, el experto en seguridad del Instituto Clingendael, explica que la falta general de transparencia en torno a Passwork y a sus posibles conexiones con el software de su homóloga rusa debería llevar a los clientes a preguntarse qué grado de incertidumbre están dispuestos a aceptar. Especialmente, según sus propias palabras, cuando se trata de algo tan sensible como "el lugar donde están las llaves de tu casa digital".

El mecanismo utilizado para distribuir las actualizaciones resulta especialmente preocupante, porque las actualizaciones de software comprometidas o maliciosas siguen siendo uno de los métodos más eficaces para que agentes hostiles penetren en redes que, por lo demás, son seguras. "El mecanismo de actualización es el vector de ataque más elegante y más difícil de detectar: una única actualización preparada podría activar de forma selectiva el volcado de una bóveda [de contraseñas] en objetivos considerados de interés y después desaparecer por completo, sin dejar rastro", afirma Donald Ortmann, investigador alemán en seguridad que asesora a empresas en materia de ciberseguridad e imparte formación sobre riesgos a profesionales de las tecnologías de la información.

Ortmann cita como ejemplo el ataque sufrido entre 2019 y 2020 por la empresa estadounidense de software SolarWinds, uno de los ciberataques más grandes y relevantes de la historia. Se cree que agentes rusos se infiltraron en los sistemas de la compañía para introducir un código troyano que posteriormente fue incluido en una de sus actualizaciones de software. Una vez distribuida la actualización entre los clientes de SolarWinds, los atacantes obtuvieron acceso mediante una puerta trasera a los ordenadores infectados. El ataque comprometió, entre otros sistemas, el correo electrónico del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Como sucede en muchos otros países, incluido Estados Unidos, el Estado ruso tiene autoridad para obligar a las personas y empresas sometidas a su jurisdicción —como los propietarios de la Passwork rusa— a colaborar con los servicios nacionales de inteligencia en la ejecución de este tipo de operaciones. "Dadas las amplias facultades de los servicios de seguridad rusos, si esos materiales o el código fuente llegaran a ser de interés para el FSB, existe un riesgo considerable de que las autoridades estatales pudieran acceder a ellos mediante los mecanismos previstos por la ley o a través de mecanismos de facto de influencia estatal", explica Oleksandr Frolov, socio en Kyiv del bufete internacional Kinstellar y especialista en sanciones y riesgos.

En su sitio web, la Passwork rusa confirma que "la arquitectura del producto, los algoritmos criptográficos, el control de acceso y los mecanismos de registro han superado todas las fases de una verificación detallada para comprobar el cumplimiento de los requisitos de la Orden n.º 76 del FSTEC, de 2 de junio de 2020".

Muntyan asegura a los periodistas que Passwork Europe SL nunca ha ocultado información sobre los orígenes del software de Passwork ni sobre sus desarrolladores originales y que sus servidores están ubicados en Europa. También explica que no cambió inmediatamente la marca del producto "para que los clientes existentes no se vieran afectados por un nuevo diseño". Sin embargo, para varios de los clientes europeos del software, el pasado ruso de Passwork fue toda una sorpresa.

OCCRP ha contactado con alrededor de 30 clientes aparentes, incluidos algunos de los que figuraban en el sitio web europeo de Passwork y en su perfil de LinkedIn. Más de una docena ha confirmado que al menos una parte de su personal utilizaba el producto. Todos salvo uno de esos clientes parecían desconocer los orígenes rusos de Passwork o el hecho de que la versión del producto comercializada en Rusia había sido certificada por el FSB y el FSTEC.

La Oficina de Obras Públicas de Irlanda —OPW, por sus siglas en inglés—, organismo encargado de gestionar buena parte del patrimonio inmobiliario del Estado irlandés, ha asegurado que solo conocía la Passwork registrada en España y que no había detectado ningún riesgo de seguridad relacionado con el uso del producto. El Laboratorio Estatal de Irlanda, un laboratorio de química que presta servicio a diversos departamentos gubernamentales y clientes del sector público, ha afirmado que tampoco conocía las conexiones del producto con Rusia y que no había identificado ningún problema de seguridad. "Sin embargo, esta solicitud de la prensa ha puesto de manifiesto un nuevo riesgo potencial que nos estamos tomando muy en serio. Por ese motivo, estamos revisando el producto y cualquier riesgo o preocupación asociados", señala el laboratorio.

Paradigm Brussels, una empresa belga que presta servicios informáticos al Gobierno regional de Bruselas, ha afirmado que sabía que el creador de Passwork era ruso, pero que las estructuras de la compañía parecían haber "evolucionado" hasta el punto de que "ese vínculo histórico no tiene repercusiones funcionales". Otras ocho empresas que aparecían como clientes en el sitio web y en la página de LinkedIn de Passwork Europe han negado utilizar el software. Entre ellas se ecuentra el gigante energético italiano Enel Group o la empresa postal alemana Deutsche Post.

Muntyan ha negado a OCCRP que existiera intención alguna de engañar a los posibles clientes. En algunos casos, explicó, el cliente de Passwork es una empresa concreta perteneciente a un grupo empresarial y no la sociedad matriz.

Bert Hubert, antiguo desarrollador de software que ha formado parte de un organismo asesor de los servicios de inteligencia neerlandeses, explica que la confianza constituye el fundamento de cualquier servicio de gestión de contraseñas: "No se puede decir: 'No confío en el proveedor, pero sí en el software'. Esa opción no existe".

infoLibre ha desvelado esta semana las inversiones en Luxemburgo del capitán de la selección española de fútbol, Rodri, y del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. Se trata solo de dos de los nombres revelados en el marco de OpenLux, una investigación periodística —liderada por Le Monde y OCCRP— realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva para el caso de España, y que muestra cómo empresas internacionales y grandes fortunas eligen Luxemburgo para mover su dinero.

La investigación muestra la predilección que tienen algunos célebres multimillonarios por la opacidad y las ventajas fiscales del Gran Ducado de Luxemburgo. Entre otras esferas, la del deporte de élite español parece mantener esa predilección. No solo Alonso o Rodri tienen inversiones allí. También multitud de directivos del fútbol patrio y de otros deportes, como expresidentes del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid o importantes agentes futbolísticos. 

El deporte se ha adaptado totalmente al mundo financiero de Luxemburgo. En el Gran Ducado se puede, por ejemplo, invertir en derechos de imagen de futbolistas como quien compra acciones de una empresa o pone su dinero en un fondo. Otro ejemplo: más del 98% de las acciones del Real Zaragoza han pertenecido a una empresa radicada en Luxemburgo, al menos hasta hace tan solo unos meses.

Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón, explica a infoLibre que perfiles como los de los deportistas de élite o los directivos del mundo del fútbol "se comportan ya como inversores institucionales". "Luxemburgo sigue siendo un territorio que permite una combinación de ventajas fiscales, financieras y regulatorias. La industria financiera de Luxemburgo les ofrece muchos productos más sofisticados que en otros territorios y los intereses que reciben de esas inversiones tienen también un tratamiento fiscal muy ventajoso. Su razón para operar en Luxemburgo suele ser invertir a través de figuras fiscalmente mucho más ventajosas", detalla.

Uno de esos nombres vinculados al deporte español es Vicente Boluda, que fue presidente del Real Madrid entre enero y mayo de 2009. El expresidente del club blanco es el accionista mayoritario de Boluda Corporación Marítima, una importante empresa naviera y de transporte marítimo. En la actualidad, según el registro de Luxemburgo, hay dos sociedades en el país de las que Vicente Boluda tiene de forma indirecta el 50% de las acciones: Boluda Towage Luxembourg Sàrl y Boluda Towage Holding SA.

Boluda Towage Holding fue constituida en 2022 y Boluda Towage Luxembourg, en 2023. La creación de ambas sociedades ha supuesto un cambio de rumbo después de que la empresa naviera cerrara sus filiales previas en el Gran Ducado en 2020 a raíz de la pandemia. Eso sí, antes de la disolución de las mismas las empresas luxemburguesas transfirieron 100 millones de euros en dividendos a otra compañía del grupo en Canarias, tal y como explicó elDiario.es en su momento.

Volviendo a las actuales, Boluda Towage Luxembourg tiene unos activos superiores a los 1.500 millones de euros, principalmente porque es la propietaria de la empresa española Boluda Towage SL. La firma luxemburguesa, además, sirve para prestar dinero a otras compañías del grupo. Una práctica habitual para rebajar la carga fiscal de grandes empresas internacionales. 

El esquema suele funcionar como sigue: primero la empresa de Luxemburgo presta dinero a las filiales en otros países y después estas tienen que devolverlo con intereses, consiguiendo así traspasar parte de los beneficios de las filiales a Luxemburgo.

La otra sociedad luxemburguesa del grupo, Boluda Towage Holding, replica la misma estrategia: da préstamos a compañías del grupo y también tiene unos activos algo por encima de los 1.500 millones de euros. En su caso, porque es propietaria de acciones de otras seis sociedades españolas de la corporación y porque posee el 100% de la otra sociedad en el Gran Ducado.

Otro exdirectivo del fútbol español con negocios en Luxemburgo es Carlos Tusquets Trias de Bes, que fue presidente del Barça desde la marcha de Josep Maria Bartomeu en 2020 hasta la vuelta de Joan Laporta en 2021. Es un reconocido economista y ya fue tesorero del club en la época en la presidencia de Josep Lluís Núñez.

Tusquets es propietario de forma indirecta del 99% de BTC Doce Sàrl, según la información del registro de Luxemburgo. La sociedad está vinculada a otras firmas y fondos relacionados con el grupo de inversión Black Toro Capital, que se ha ido desmantelando, pero estaba especializado en el rescate de empresas. Tusquets fue uno de los fundadores de Black Toro.

Según la última información disponible, BTC Doce se encuentra en pérdidas después de declarar el impago de un préstamo que había otorgado a otra empresa. Esa información y las relaciones con otras sociedades de Black Toro parecen mostrar que se puede tratar de una empresa del grupo, pero Trias de Bes no ha respondido a las preguntas de infoLibre para conocer a qué se dedica exactamente la sociedad que controla en Luxemburgo.

El caso de la sociedad que controla Juan Forcen está algo más claro. El empresario de la construcción aragonés es propietario de forma indirecta del 100% de la sociedad Real Z Luxco Sàrl. Forcen, directivo del Real Zaragoza y amigo del presidente de Aragón, Jorge Azcón, utiliza esta compañía como vehículo para el control de las acciones del propio club de fútbol Real Zaragoza.

La empresa fue constituida en 2022 con un capital que correspondía a 100.000 acciones del Real Zaragoza propiedad de Sport Around the World SL, empresa española que actuaba como socia única de la compañía luxemburguesa en su creación. Pero desde entonces, la sociedad en el Gran Ducado ha ido adquiriendo más participaciones del club de fútbol. En junio de 2025 tenía ya 44,4 millones de acciones del Real Zaragoza, convirtiéndose en propietaria del club en un 98,71%, según las últimas cuentas presentadas ante el registro de Luxemburgo.

La mayoría de esas participaciones provenían de Real Z LLC, otra empresa del entramado de Forcen relacionada con las acciones del Real Zaragoza, tal y como ya explicó en su momento el diario aragonés AraInfo. En este caso la empresa está radicada en Delaware, considerado por muchos expertos como un paraíso fiscal interno dentro de los propios Estados Unidos. 

La red societaria que se creó para la gestión y traspaso de esas acciones remite a Forcen una y otra vez. Sport Around The World SL, la empresa española a la que pertenece la luxemburguesa, es propiedad, a su vez, de Business Plaza 14 SL. El Grupo Plaza 14 es el holding empresarial de Juan Forcen, con sede en Zaragoza y dedicado principalmente al sector inmobiliario y de la construcción. 

De todos modos, la estructura del Real Zaragoza previsiblemente cambiará en los próximos meses. Este mismo 14 de julio el club ha anunciado que A.GAIN, una firma perteneciente a la plataforma de inversión y gestión de capital internacional IDC Network, se ha convertido en su socio mayoritario. Aun así, la nota de prensa del club también recoge que Juan Forcen y Jorge Mas, actual presidente del Real Zaragoza, siguen como accionistas. 

Hasta que no se hagan públicos nuevos detalles o la sociedad luxemburguesa tenga que presentar nuevas cuentas, no se podrá conocer cómo han sido los movimientos de las acciones, que hasta ahora han estado valoradas como activos millonarios en las cuentas de la empresa luxemburguesa. Aun así, El Periódico de Aragón recoge que la idea es que A.GAIN se haga con el 60% de las acciones del Real Zaragoza mientras Juan Forcen y Jorge Mas mantendrían un 40%.

Mas, nacido en Miami (Estados Unidos) y de origen cubanoamericano, es un empresario multimillonario que preside el club desde 2022. También es propietario del Inter de Miami junto a su hermano, José Mas, y al exfutbolista David Beckham. 

Según explica el club, Mas y Forcen continuarán en la propiedad del club aragonés pero sale el resto del accionariado. El Periódico de Aragón explica que Global Tavira SL era la sociedad mayoritaria de Real Z LLC, la empresa estadounidense que tenía las acciones antes de que pasaran a Luxemburgo, y que a su vez, esta empresa española pertenece a Pablo Jiménez de Parga y Joseph Oughourlian, con el primero como socio mayoritario y el segundo como minoritario. En cualquier caso, esas acciones convertían a Global Tavira en el accionista principal del Real Zaragoza.

Pablo Jiménez de Parga es abogado y forma parte también del consejo de administración del Atlético de Madrid. Oughourlian, por su parte, es un empresario francés, conocido por ser el fundador, CEO y dueño del célebre fondo de inversión Amber Capital. A través del mismo, se ha convertido también en el accionista mayoritario del Grupo Prisa, del cual ejerce como presidente no ejecutivo. También ha sido nombrado, recientemente, presidente de El País. Ahora, con la nueva operación, tanto Jiménez de Parga como Oughourlian salen de la propiedad del club maño.

La inversión en el Gran Ducado no toca solo a directivos del fútbol. Otro ejemplo es el de Ignacio Triana, presidente del Club Estudiantes de Baloncesto —conocido ahora también como Movistar Estudiantes—. Triana es gerente de la sociedad luxemburguesa Lionrock Fitness (Lux) Sàrl.

La sociedad pertenece al Grupo Forus, que tiene gimnasios y centros deportivos en España, Portugal e Italia. A pesar de ello, no consta en el listado de empresas del grupo publicado propiamente por Forus.

Triana es presidente y fundador del grupo, aunque desde 2024 este pertenece a un único accionista: el banco estadounidense JP Morgan. Aun así, Triana ha seguido al frente del negocio, al igual que sigue como gerente de la compañía en Luxemburgo. Empresa, que, por otra parte, no ha declarado quiénes son sus beneficiarios últimos o titulares reales ante el registro del país centroeuropeo, a pesar de las obligaciones legales para hacerlo.

La sociedad fue constituida en 2022, antes de la compra del grupo por parte de JP Morgan, y se creó como una sociedad holding, con la intención de que sea propietaria de otras empresas del conglomerado. A cierre del ejercicio 2024, último año para el que ha presentado cuentas, la sociedad contaba con unos activos de más de 26 millones de euros, principalmente debido a que es propietaria de Lionrock Fitness SL, otra empresa del grupo. La filial está radicada en España y sí aparece en el listado oficial de empresas del grupo.

Grupo Forus no solo utiliza la sociedad luxemburguesa como propietaria de filiales. De nuevo, se repite la estrategia de constituirse en prestamista para otras compañías del grupo; en este caso radicadas en España. De hecho, Grupo Forus también realiza la operación a la inversa y Lionrock Fitness (Lux) Sàrl ha dado, pero también recibido, préstamos de otras empresas del conglomerado.

infoLibre ha preguntado a Triana si el objetivo de la compañía en Luxemburgo es ser propietaria de filiales del grupo y operar préstamos financieros con otras compañías de Forus para beneficiarse de una política fiscal más ventajosa, pero no ha habido respuesta ni a esa consulta ni al resto que le ha hecho llegar este medio.

Quien también ha invertido en Luxemburgo es Josep Maria Minguella hijo, conocido también como Junior Minguella. Su padre, con quien comparte nombre, es un célebre agente de jugadores español y exentrenador de fútbol. El hijo también ha ejercido como agente de futbolistas. Este mismo mes de mayo fue imputado por un caso de comisiones ilegales en un fichaje del Barça.

Minguella hijo es propietario del 30% de la sociedad Tokenchampions SCSp, que se constituyó en Luxemburgo en 2021 e indicaba entre sus objetivos "la adquisición, directa o indirecta, de una cartera de activos compuesta por derechos de propiedad intelectual de futbolistas".

El otro 70% pertenece a Carlos Salas, CEO de la empresa. La compañía se presenta a sí misma como el "primer fondo de inversión creado para la adquisición y gestión de los derechos de imagen de jugadores de fútbol". Así, los inversores que optan por operar a través de la misma adquieren parte de los derechos de imagen de futbolistas en lugar de acciones de empresas, participaciones en fondos u otros valores financieros más habituales.

La inversión en ese tipo de activos, y que la empresa esté radicada en Luxemburgo, muestra cómo el deporte de élite y las figuras de esa esfera están ya totalmente acostumbrados a operar a nivel financiero desde el Gran Ducado. Además, la empresa está constituida como una SCSp (société en commandite speciale), el instrumento estrella de la opacidad financiera luxemburguesa. Estas sociedades no tienen ni siquiera que presentar cuentas anuales; lo que complica sobremanera poder fiscalizar sus actuaciones.

Este reportaje se ha realizado en colaboración con la AI Accountability Network del Pulitzer Center.

En el Estadio Centenario de Montevideo, feudo de la selección uruguaya —dos veces campeona del mundo—, el público desfila antes de cada partido por los torniquetes de entrada, bajo la atenta mirada de cuarenta y un cámaras de seguridad. Tras sus lentes funciona un software que escanea unas veinticinco caras por segundo y las coteja con una lista de vigilancia en manos del Ministerio del Interior, la Policía, la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes. Cuando hay coincidencia, salta una alerta en la tableta que sostiene un agente en la puerta. El software detrás de todo este proceso se escribió en Barcelona.

Su fabricante, Herta Security, ha exhibido el despliegue uruguayo como un trofeo. Su software de reconocimiento facial funciona en el Centenario desde abril de 2017 y más tarde se extendió a los otros dos grandes estadios del país —el Campeón del Siglo, campo del Peñarol, y el Gran Parque Central, campo del Nacional—, dentro de un plan que el Ministerio del Interior impulsó para dejar fuera de las gradas a los alborotadores. Preguntada por infoLibre e Investigate Europe, Herta confirmó su participación en los tres recintos, aunque puntualizó que se limitaba a aportar el software: ni operaba el sistema ni “definía las listas de vigilancia”.

La compañía presume de que su tecnología “ganó” la Copa Libertadores de 2021, el mayor torneo de clubes de Sudamérica, al escanear a los espectadores de la final de noviembre, en un operativo que el ministerio calificó de “impecable”. La violencia en los estadios, llegó a proclamar Herta, “puede ser ya cosa del pasado”.

Pero no lo era. Investigadores uruguayos acabarían describiendo 2025 como un año “marcado por la violencia en el deporte”. El 6 de julio de ese año, un policía resultó gravemente herido por una bengala lanzada desde las gradas del Centenario. Preguntada por infoLibre e Investigate Europe acerca del episodio, Herta respondió que no había tenido noticia de él y que la persona implicada “no figuraba en la lista pertinente de delincuentes conocidos”: su sistema, adujo, puede dejar fuera a los infractores fichados, pero no impedir lo que haga alguien que nunca ha sido señalado como un riesgo.

El próximo gran acto del estadio será uno de los más importantes. En junio de 2030, el Centenario acogerá el partido inaugural del Mundial, la edición del centenario de un torneo cuyo primer encuentro se disputó justo allí, en Montevideo, en 1930, y cuya organización recae conjuntamente en España, Portugal y Marruecos. Si las cámaras siguen encendidas para entonces, la afición que acuda al duelo inaugural hará lo que lleva haciendo en las gradas del Centenario desde 2017: desfilar, cara a cara, ante un sistema español de vigilancia biométrica.

Aquí, en el país donde se escribió ese software, la práctica sería casi imposible, sostiene Lorena Pérez Campillo, profesora de Derecho y experta en protección de datos de la Universidad Europea de Madrid. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva años tirando por tierra la vigilancia biométrica en los estadios españoles. Su golpe más rotundo llegó en diciembre de 2024: una multa de un millón de euros a LaLiga por exigir a los aficionados una huella dactilar o un escaneo del rostro para entrar en las gradas de animación de Primera y Segunda. La patronal, concluyó la agencia, había instalado la tecnología sin la evaluación de impacto que marca la ley. La AEPD ordenó apagar los escáneres hasta que LaLiga demostrara que eran necesarios y proporcionados. La patronal ha recurrido.

Las objeciones de la agencia iban más allá de un defecto de forma. El consentimiento de los aficionados, dictaminó la AEPD, nunca fue libre: la única alternativa era quedarse fuera del campo. Medidas menos invasivas —un abono nominativo cotejado con el DNI— habrían servido para lo mismo. Lo que la resolución no dice es quién desarrolló la tecnología hoy suspendida en España.

Herta Security nació en Barcelona en 2009 de la mano de Javier Rodríguez Saeta, un ingeniero que había trabajado en biometría en el grupo industrial alemán Bosch. La baza de su empresa fue la velocidad: al ejecutar el reconocimiento sobre los chips gráficos que hoy mueven casi toda la inteligencia artificial, Herta era capaz de aislar un rostro dentro de una imagen abarrotada en tiempo real. En 2019, Rodríguez presumía ya de más de 200 empresas asociadas en 50 países. Una huella notable para una firma que, según el Registro Mercantil, no llega a la veintena de empleados.

Su producto estrella, BioSurveillance NEXT, está pensado para las multitudes. La ficha técnica promete búsquedas en vivo contra bases de datos de hasta 100 millones de rostros, y el software sigue funcionando aunque el individuo se cubra en parte con una bufanda, una gorra o una mascarilla. Rodríguez no ha ocultado nunca para qué escenarios lo concibe. El producto, dijo a una publicación del sector, “puede aplicarse a grandes concentraciones de personas, como manifestaciones, carreras, congregaciones religiosas y aeropuertos”.

El fútbol le abrió a Herta las puertas de América Latina, donde hoy mantiene oficinas en México y Uruguay. Pero su alcance va mucho más allá de las gradas de la región. Los materiales comerciales consultados para esta investigación citan entre sus clientes un hospital en Brasil, el principal aeropuerto de Nicaragua y cuerpos policiales mexicanos. En Medellín, la policía colombiana conectó su software a ochenta cámaras de calle para cruzar a los viandantes con una lista de 19.000 personas reclamadas por la justicia. En la frontera con Venezuela, el servicio de inmigración colombiano empleó una tecnología parecida para registrar los datos biométricos de los migrantes y contrastarlos con una base de datos, un despliegue reconocido por la propia empresa. En una respuesta escrita a infoLibre e Investigate Europe, Herta confirmó despliegues en Colombia, pero no quiso identificar clientes concretos: alegó que sus “materiales de marketing históricos" pueden aludir a proyectos pasados, pilotos o "referencias heredadas”.

Los estadios, con todo, siguen siendo uno de los principales escaparates de la empresa. Y Uruguay no es el único país donde el software de Herta escanea a los hinchas. En Perú, el club Alianza Lima recurre al sistema español en su campo, el Estadio Alejandro Villanueva. Cuando renovó la seguridad del recinto y cambió dieciséis viejas cámaras analógicas por cincuenta conectadas en red, varias de las nuevas incorporaron las analíticas de reconocimiento de Herta, que cotejan a los espectadores con una base de datos criminal en tiempo real. El gerente general del club celebró la mejora: se declaró "entusiasmado por implementar el software de reconocimiento facial de Herta Security" y animó a que todos los estadios del país siguieran el ejemplo. Herta confirmó dicho despliegue; Alianza Lima no respondió a esta investigación.

En una respuesta escrita, Herta asegura que no comenta "información confidencial de clientes". La empresa desarrolla su tecnología “conforme a los principios europeos de protección de datos, sea cual sea el mercado en el que se despliegue”, y sostiene que la responsabilidad de “definir la finalidad lícita del despliegue” recae, en último término, en quien opera el sistema. “Nuestro software se suministra bajo contratos que obligan a clientes e integradores a cumplir las leyes y normativas locales”, añade. Puede rescindir esos contratos ante violaciones de derechos humanos, dice, y vigila su cumplimiento “dentro de nuestras posibilidades”.

Despliegues como los de Uruguay o Perú serían difíciles de concebir en España, y no solo por la multa a LaLiga. El obstáculo de fondo es el propio Reglamento General de Protección de Datos, apunta Pérez Campillo. Escanear a los espectadores para cruzarlos con una lista no es el control rápido que describen los clubes, argumenta, sino una identificación masiva de todo el que pasa, “por muy veloz que sea el escaneo”. Y el consentimiento no parece ser la respuesta: en la cola de un estadio “no es libre ni voluntario”, porque negarse significa perderse el partido. La única justificación que quedaría, un “interés público esencial”, exigiría una ley expresa. Y ninguna norma española, recuerda, permite a un club someter a sus aficionados a vigilancia biométrica masiva. Surge entonces, según Pérez Campillo, la pregunta de la proporcionalidad: si lo que se gana en seguridad compensa “el sacrificio de la privacidad de 50.000 ciudadanos inocentes que van a ver un partido de fútbol”.

Herta rechaza la idea de que el reconocimiento facial en los estadios sea "siempre ilegal” en Europa y apunta a Dinamarca, que lo ha autorizado en campos de fútbol bajo condiciones estrictas. Lo que defiende, dice, “no es un uso sin restricciones, sino un uso selectivo, lícito y proporcionado”.

La multa millonaria fue solo el último eslabón de una cadena de avisos. Ya en 2022, la AEPD dictaminó en un informe que los planes de la Comisión Antiviolencia para colocar controles biométricos en las entradas de las gradas de animación no encajaban con la ley de protección de datos. Al año siguiente, cuando LaLiga sacó a concurso una tecnología de reconocimiento facial, la agencia volvió a intervenir y advirtió de que primero era necesaria una evaluación de impacto; y aunque los controles biométricos pudieran resultar “útiles”, difícilmente cabía justificarlos como “necesarios”. En diciembre de 2023 ordenó a todos los clubes de las dos primeras divisiones suspender esos controles hasta que existiera una evaluación válida, una decisión que un tribunal avaló la primavera siguiente. Menos de un año después, el Osasuna fue multado con 200.000 euros por escanear rostros en sus accesos sin acreditar que la medida fuera necesaria ni proporcionada. Ni LaLiga ni Osasuna han respondido a las preguntas de infoLibre e Investigate Europe.

Sobre el papel, al otro lado del Atlántico existen protecciones parecidas a las españolas. La Unión Europea reconoce como “adecuado” el régimen uruguayo de protección de datos, lo que equivale a decir que un uruguayo goza de garantías legislativas equiparables a las europeas. Desde 2020, su ley exige una evaluación de impacto antes de tratar cualquier dato biométrico. Las cámaras de los estadios nunca pasaron ese examen: cuando se encendieron, en 2017, esa exigencia aún no existía, y el Gobierno se había limitado a aprobar la tecnología por decreto y dar cuatro meses a la asociación de fútbol para instalarla. Y cuando el Ministerio del Interior compró en 2020 una plataforma nacional de reconocimiento facial, se saltó la revisión que la ley ya imponía. La misma omisión que a LaLiga le costó un millón de euros. Una demanda de transparencia del colectivo Datysoc acabó demostrándolo, y algo más: la base de datos nunca se había registrado ante el regulador y los responsables no sabían decir para qué servía. Ni el Ministerio del Interior uruguayo ni la asociación de fútbol respondieron a las preguntas detalladas de esta investigación.

Y el Gobierno del país quiere ir más lejos. En la rendición de cuentas de este año, el Ministerio del Interior pide fondos para una nueva plataforma biométrica nacional —un “Sistema Automatizado de Identificación Biométrica”— que fusione los registros civiles y penales, con variantes para cárceles, control de fronteras y, “llegado el momento”, la verificación de personas buscadas en la vía pública. La memoria del proyecto no la describe como una compra informática, sino como “infraestructura crítica de identidad y seguridad pública”.

Las gradas han dejado sus propios damnificados. En 2017, la primera temporada del sistema, un hincha de Peñarol fue retenido en el Centenario porque las cámaras lo confundieron con un hombre de la lista de vetados. Contó después que guardias privados y policías lo golpearon antes de que se aclarara el error. DDBA, el socio de Herta que da soporte técnico al sistema, cifra la tasa de falsos positivos en el 0,015%: entre diez y veinte identificaciones erróneas por cada 150.000 rostros escaneados. Cuando salta la alerta, según la respuesta de la compañía, la persona es detenida en la entrada y se le pide la identificación. 

Cuando el Parlamento se sirvió del aparente éxito de los estadios para autorizar en 2020 la base nacional de rostros —alimentada con la foto del documento de identidad de cada adulto—, más de una veintena de organizaciones protestaron. Datysoc lo llamó un "cheque en blanco" para el Ministerio del Interior y desde entonces sostiene que hoy no hay base legal para que la policía use reconocimiento facial automatizado. Un empleado de la firma que equipó los estadios lo dijo sin rodeos: la tecnología "sustituye al humano de forma muy eficaz”. DDBA afirma justo lo contrario: “ayuda al operador y nunca lo sustituye”.

La ley peruana de protección de datos, calcada de la europea, clasifica la información biométrica como sensible y exige consentimiento expreso. Si eso convierte en ilegal un escáner como el del estadio de Alianza Lima es, de momento, una cuestión de interpretación más que una resolución publicada. Dilmar Villena, abogado del grupo de derechos digitales Hiperderecho, interptreta que la norma reserva la tecnología de reconocimiento facial en tiempo real a la policía y la fiscalía; una lectura que, a su juicio, dejaría el sistema del club fuera de la ley, aunque admite que "la fiscalización es débil". Incluso el nuevo reglamento de 2025 establece como voluntarias las evaluaciones de impacto, y los sistemas instalados antes de su aprobación —"no solo en estadios; también en colegios o en hospitales"— siguen funcionando sin escrutinio.

Hasta dónde llega esa fiscalización lo ha puesto a prueba la organización de Villena en el mismo distrito en el que está el campo del Alianza Lima. Cuando la municipalidad de La Victoria anunció cámaras de reconocimiento facial en 2019, Hiperderecho y el grupo internacional Access Now preguntaron con qué base legal. La respuesta solo llegó después de que un tribunal de transparencia obligara a darla: el distrito reconoció operar nueve de esas cámaras sin ninguna de la documentación exigida —ni protocolos, ni medidas de seguridad, ni estudios de impacto—. La denuncia terminó en una sanción por la red de cámaras, pero la cuestión biométrica quedó sin resolver: La Victoria alegó que, pese a estar instaladas y anunciadas, las cámaras nunca se habían encendido, así que no se había tratado ningún dato. Y cuando Hiperderecho señaló el reconocimiento facial en el centro de Lima, donde se celebran las mayores protestas del país, la autoridad respondió que la ley de protección de datos no se aplicaba a la ciudad. "Un vacío total", resume Villena. Además de la falta de protección legal, Villena señala también la falta de debate social al respecto, y la imposibilidad de ofrecer soluciones políticas a la violencia que no sean tecnológicas: "Está la coartada fácil del 'es por seguridad', y si te opones, estás del lado de los delincuentes".

La Unión Europea vigila el uso de estas herramientas dentro de casa. Su exportación, en cambio, no se vigila en absoluto. Nada en el derecho europeo impide a una empresa como Herta vender sus productos en países donde los ciudadanos están mucho menos protegidos por la legislación.

Es más: Europa ayudó a pagar la investigación que ha llevado al desarrollo de estos productos. Desde 2020, Herta ha recibido más de 3,3 millones de euros en fondos europeos para trabajos que incluyen el "análisis del comportamiento de multitudes" y el reconocimiento facial. El caso de uso que detallan sus propios documentos de proyecto —la identificación en tiempo real de sospechosos en espacios públicos concurridos— es precisamente el que la Agencia Española de Protección de Datos no deja de tumbar.

La Comisión Europea dejó sin responder a este medio las preguntas planteadas. Herta, por su parte, declaró que "el conocimiento adquirido en proyectos de investigación puede contribuir a la evolución general de nuestra experiencia, nuestras metodologías y nuestra hoja de ruta de producto", y negó usar "proyectos financiados por la UE para eludir los estándares legales o éticos europeos". Los fondos europeos, agregó, "no se emplean para financiar, operar ni subvencionar despliegues comerciales concretos en América Latina ni en ningún otro lugar".

La FIFA, que impone requisitos de derechos humanos a los anfitriones del Mundial, no respondió a si el sistema estará operativo durante el torneo.

En junio de 2030, si las cámaras siguen en su lugar actual, la multitud que llene el Centenario para el partido inaugural del Mundial 2030 será sometida al mismo ritual al que ha sido sometido cada visitante desde hace trece años. Los rostros de cada aficionado serán captados en el torniquete y contrastados, en tiempo real, con una lista que nunca han visto ni pueden disputar. Una forma de vigilancia de la que Europa ha decidido, en gran medida, proteger a sus propios ciudadanos, y que una empresa de Barcelona llevará al mundo en el estadio donde nació el Mundial.

Luxemburgo, el segundo Estado menos poblado de la Unión Europea (UE), es famoso por sus ventajas fiscales. Multitud de grandes fortunas y empresas de todo el mundo escogen el país para crear sociedades y mover su dinero. En la mayoría de casos, establecerse en el Gran Ducado les sirve para pagar menos impuestos que en sus lugares de origen. Las tretas y la operativa fiscal del país son conocidas en las altas esferas y el deporte español no es una excepción.

De Fernando Alonso a Rodri Hernández. O de Enrique Riquelme a Víctor Font, quienes en los últimos meses han intentado desbancar a Florentino Pérez y Joan Laporta como presidentes del Madrid y del Barça, respectivamente. Son solo cuatro de la multitud de nombres vinculados al deporte español que han creado sociedades en Luxemburgo para operar con su dinero desde allí y que ahora revela OpenLux, una investigación periodística —liderada por Le Monde y OCCRP— realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva para el caso de España.

Uno de los nombres más famosos entre los españoles con sociedades en Luxemburgo es el de Rodrigo Hernández. Más conocido como Rodri, el futbolista del Manchester City y capitán de la selección española posee el 37,5% de la sociedad luxemburguesa Bestinver Alternative Investments SCA SICAV-RAIF, según ha podido comprobar infoLibre en el registro mercantil del Gran Ducado. El otro 62,5% pertenece a Paul Buscail —que aparece en el registro como Pol Francesc Buscail Pavía—, quien fue director general de la Federación Catalana de Fútbol y en la actualidad es CEO de Promoesport, una empresa dedicada a la representación y gestión de carreras de futbolistas de primer nivel.

Un fondo de inversión alternativa reservado (RAIF, por sus siglas en francés) es un vehículo financiero que inversores profesionales y grandes patrimonios utilizan en Luxemburgo para invertir en una amplia gama de activos. Una de sus ventajas es que no necesita una autorización previa del registrador luxemburgués y, por tanto, puede constituirse y comenzar a operar muy rápidamente.

En el caso del fondo de Rodri Hernández y Paul Buscail, se constituyó en septiembre de 2024 y tomó la forma de una SCA (société en commandite par actions). Además, opera como una SICAV (sociedad de inversión de capital variable), ya que el fondo puede modificar su patrimonio libremente, tanto al alza como a la baja, sin necesidad de modificaciones o aprobaciones formales. Las SICAV, de hecho, sirven, entre otras cosas, para que puedan entrar y salir inversores de forma ágil y sencilla sin que los cambios en el patrimonio supongan un problema para la sociedad.

El fondo está gestionado por Bestinver, una firma que se dedica a la gestión de activos e inversiones y que opera fondos de inversión, de capital riesgo o figuras de inversión colectiva como las SICAV para multitud de clientes. Bestinver es una marca española y pertenece a la multinacional Acciona.

El objetivo de la sociedad de Hernández y Buscail es, según sus propias cuentas, invertir en otro fondo de Bestinver: el Bestinver Infra II. De acuerdo con Acciona, se trata de un fondo de capital riesgo dirigido principalmente a inversores profesionales. Los activos del mismo son "infraestructuras de alta calidad en Europa, América del Norte y otras posibles geografías". La empresa requiere una inversión mínima de al menos 100.000 euros que se debe mantener durante diez años. Y el fondo cuenta ya con activos en Suecia, donde tiene un parque eólico, o en Estados Unidos, donde ha comprado una residencia de estudiantes de la Universidad de Texas.

Este fondo maestro —la sociedad/fondo luxemburgués únicamente es el vehículo financiero que el futbolista, residente en Reino Unido, y el CEO, residente en Andorra, utilizan para invertir en el maestro, que se encuentra en España— tiene ya comprometidos más de 119 millones de euros por parte de los distintos inversores a 31 de diciembre de 2025, según las cuentas hechas públicas por Acciona. Además, al estar gestionado desde España se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La sociedad del capitán de la selección española, que jugará este domingo la final del Mundial, cataloga la inversión en el fondo maestro como sostenible ante las autoridades de Luxemburgo. Según el fondo maestro, fueron sostenibles a nivel medioambiental el 58,6% de sus inversiones en el último ejercicio con cuentas públicas. Los fondos de inversión en Luxemburgo tienen que abonar un impuesto anual llamado taxe d’abonnement (impuesto de suscripción). No se cobra a los inversores individuales, sino directamente al propio fondo, pero este paga tipos más reducidos respecto a la parte de patrimonio que se haya invertido en actividades sostenibles o verdes.

A 31 de diciembre de 2024, la compañía de Rodri tenía un compromiso de inversión de 500.000 euros con el fondo maestro de Acciona —de los cuales 375.000 ya habían sido transferidos—. Aun así, la cifra tendrá que ir aumentando en los próximos años, ya que la ley en Luxemburgo requiere a los vehículos de inversión como las SICAV un capital mínimo de 1,25 millones de euros; y la sociedad de Hernández y Buscail tiene el compromiso con Bestinver de invertir al menos el 85% de su capital en el fondo maestro. En principio, Acciona mantiene abierto el periodo durante el cual se puede invertir en el fondo hasta 2028.

Pero Rodri no es el único deportista de élite español que invierte desde Luxemburgo valiéndose de las ventajas de las sociedades que operan desde allí. Fernando Alonso, la estrella española de la Fórmula 1, también cuenta con una sociedad en el pequeño pero lucrativo país. 

Alonso, que reside en Mónaco —el micro-Estado también es conocido por sus ventajas fiscales—, posee en Luxemburgo el 45,73% de Tokyo Invest SCSp, una sociedad creada en febrero de 2024 para la gestión de inversiones y participaciones financieras a nivel internacional. 

Las SCSp (société en commandite speciale) son el instrumento estrella de la opacidad financiera de Luxemburgo. Se trata de un tipo de sociedad que no tiene que presentar cuentas anuales y que permite a los socios y accionistas no registrarse en el documento de constitución de la misma. Así, resulta imposible fiscalizar al detalle el valor o actividad de las mismas o establecer un histórico del accionariado. Los verdaderos dueños de la empresa en cada momento solo constan —o deberían constar— en el registro de titularidades reales, que no es de acceso libre. infoLibre ha podido comprobar en ese registro que Alonso es propietario de casi la mitad de Tokyo Invest SCSp, pero no se puede saber desde cuándo ni cuál es el volumen de negocio de la empresa o qué inversiones concretas tiene.

Aun así, los datos mercantiles públicos de Tokyo Invest parecen remitir a las inversiones en el sector alimentario de la estrella del automovilismo. En 2025 se hizo público que Fernando Alonso había invertido en una cadena de sushi danesa, Sticks'n'Sushi, junto al fondo especializado en el sector de la alimentación McWin Capital Partners. En el registro de Luxemburgo, Alonso consta como propietario parcial de Tokyo Invest, pero también aparecen otros dos nombres: Paloma Gamo Giménez y Malgorzata Ewa McGovern. 

Ambas controlan parte del capital de la sociedad por otros medios; es decir, no son necesariamente las propietarias, pero sí tienen control sobre la sociedad, por ejemplo, a través de otra compañía que sea en parte la dueña de la sociedad principal o porque otros accionistas les hayan cedido su derecho a voto.

En el caso de Malgorzata Ewa McGovern, controla de esa forma más del 50% de Tokyo Invest SCSp. De origen polaco, es la mujer de Henry McGovern, fundador del fondo McWin, y tanto ella como Gamo Giménez constan como propietarias de Sticks'n'Sushi, según páginas danesas. El fondo McWin es también propietario de restaurantes en Madrid, como Bel Mondo o Villa Capri.

La estructura y personas de referencia de Tokyo Invest hace pensar que la empresa podría servir para controlar la marca Stick'n'Sushi o tener algún tipo de relación con la misma. En muchas ocasiones, por ejemplo, empresas extranjeras crean filiales en Luxemburgo para repartir los dividendos en este país y beneficiarse de su baja carga fiscal. Pero, una vez más, la opacidad mercantil del Gran Ducado no permite comprobar si este es el caso de la empresa de Alonso.

No solo los deportistas de élite están utilizando las tretas fiscales y mercantiles de Luxemburgo. Otras personalidades del deporte español también han apostado por el Gran Ducado. Es el caso de Víctor Font y Ferran Soriano. Font es un empresario que ha sido candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona en 2021 y 2026. En ambas ocasiones perdió ante Joan Laporta. La última vez hace solo unos meses. Font es, además, uno de los fundadores del diario catalán Ara.

Soriano, socio y amigo de Font, es director ejecutivo del Manchester City, equipo inglés, desde 2012. Además, entre 2003 y 2008 fue vicepresidente económico y director general del Barça, durante el mandato de Laporta. También fue presidente de Spanair desde 2009 hasta la desaparición de la aerolínea en 2012.

Ambos comparten dos sociedades en Luxemburgo. Se trata de Melta SCSp y Melta GP Sàrl. Cada uno tiene un tercio de ambas sociedades. El restante 33,33% corresponde a Valérie Marie Marcelle Holvoet, según la información del registro luxemburgués consultada por infoLibre.

Las dos fueron constituidas en 2021 y tienen como objetivo la inversión y participación en otras sociedades, aunque a día de hoy, al menos Melta GP Sàrl no mueve apenas dinero y no parece estar muy activa. De nuevo, sobre la otra compañía, como en el caso de Alonso, no se puede saber mucho, ya que se trata de una SCSp. infoLibre ha preguntado tanto a Font como a Soriano por los negocios de las dos sociedades en el Gran Ducado. Ninguno ha respondido a las consultas de este medio.

En el caso de Font, además, consta en el registro de Luxemburgo que también controla el 50% de Delta Partners Luxembourg SV Coop. SA. Esta sociedad pertenece a Delta Partners, una firma de inversión y consultoría global que fundó él mismo. En 2020 Font vendió Delta Partners a la consultora FTI. Ahora Font trabaja para FTI consulting y tampoco ha respondido por qué Delta Partners tiene una filial en Luxemburgo, controlada en parte por él, cuando la empresa no tiene sede en ese país.

Otro aspirante a mandamás del fútbol con negocios en Luxemburgo es Enrique Riquelme. El empresario valenciano, que perdió las elecciones a la presidencia del Real Madrid contra Florentino Pérez hace tan solo un mes, tiene de forma indirecta el 56,44% de dos sociedades: NewCo Holding EUR 30 Sàrl y NewCo Holding EUR 31 Sàrl.

Estas sociedades luxemburguesa fueron creadas en febrero de este mismo 2026, así que todavía no han tenido que presentar cuentas ante el registro de Luxemburgo. Aun así, de nuevo, se trata de sociedades que tiene ncomo pretensión invertir y adquirir participaciones en otras empresas. Esa finalidad es habitual en las empresas luxemburguesas, ya que es la forma de que sean propietarias de filiales u otras compañías en otros países y poder beneficiarse así de las ventajas fiscales que ofrece el país a través de este tipo de esquemas societarios.

Además, en la constitución ante el registro luxemburgués, la inscripción de las dos sociedades identificadas como NewCo Holding EUR corrió a cargo de Centralis Group, un grupo empresarial con sede en el Gran Ducado que se dedica precisamente a administrar fondos y otros servicios corporativos para empresas y firmas de multitud de países. Las dos sociedades parecen ser nuevas filiales de Grupo Cox, el grupo empresarial a nivel internacional que preside Enrique Riquelme.

Este reportaje se ha realizado en colaboración con la AI Accountability Network del Pulitzer Center.

En la estación de Howrah, en Calcuta, los trenes nunca acaban de detenerse. Las cámaras, tampoco. Es una de las terminales ferroviarias más transitadas de India: cerca de un millón de personas la atraviesan cada día, en una marea tan compacta que seguir un solo rostro resulta prácticamente imposible. Al menos, para un ojo humano.

A varios metros de altura, sin embargo, sobre los tornos de entrada y salida, los andenes, la zona de restauración y las salas de espera, un centenar de cámaras de reconocimiento facial en directo toman nota en silencio. El sistema, instalado durante el último año, extrae las caras del vídeo en tiempo real y las coteja con una base de datos de fotografías: delincuentes buscados, sospechosos, personas desaparecidas. Cuando hay coincidencia, la policía ferroviaria recibe un aviso con el punto exacto en el que se ha visto a esa persona, y queda autorizada a abordarla.

Buena parte de los viajeros ni siquiera parecen conscientes de estar siendo vigilados así. Barnali Biswas, empleada del sector privado, pasa por allí seis días a la semana y no le da mayor importancia cuando se lo pregunta un reportero. Le parece, dice, que probablemente sea bueno para la seguridad. "Quien no tiene nada que ver con el crimen no tiene nada que temer", zanja.

Ese tipo de cámara, dotada de software de reconocimiento facial, es cada vez más habitual en India. Y en el este del país, uno de los proveedores de ese software es la firma española Herta Security. Según los socios locales de la compañía y documentación corporativa, Herta suministra su tecnología a centenares de estaciones de tren de la región, al mayor complejo penitenciario de Delhi, a un centro de peregrinación en Ayodhya y a las salas de control municipales de Ahmedabad.

La empresa confirma que su tecnología se utiliza en India, pero en una respuesta escrita afirma que no va a "revelar información confidencial de sus clientes". Su software podría estar operando también en la propia estación de Howrah, aunque los responsables ferroviarios locales no lo confirmaron al ser preguntados.

Una fuente de uno de los socios indios de Herta calcula, en conversación con Investigate Europe, que más de 4.000 cámaras repartidas por la mayor democracia del mundo funcionan ya con tecnología de la empresa española.

Al menos una parte de ese despliegue está ligada al Fondo Nirbhaya, una bolsa de dinero público creada para combatir la violencia sexual tras la brutal violación grupal cometida en un autobús de Delhi en 2012. Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres sostienen que los millones de euros dedicados a ese fondo han acabado financiando vigilancia masiva en lugar de protección y apoyo directo a las víctimas.

Cuatro juristas especializados en derecho europeo de la inteligencia artificial y la biometría coinciden en que dos de esos despliegues serían ilegales si se ejecutaran dentro de la Unión Europea: el sistema de la Región Este de los ferrocarriles indios y el programa de videovigilancia que cubre toda la ciudad de Ahmedabad.

Herta asegura que se toma en serio ese tipo de preocupaciones y sostiene que sus productos están "desarrollados conforme a los principios europeos de protección de datos, con independencia del mercado en el que se desplieguen". Eso sí, matiza que no puede "controlar cómo las autoridades públicas o los integradores de sistemas implementan la tecnología en entornos concretos".

Para el eurodiputado italiano Brando Benifei, en cambio, los hallazgos abren un problema incómodo para los legisladores europeos. "Que tecnologías de vigilancia prohibidas en Europa se exporten y se desplieguen en otros lugares, como las estaciones de tren de India, evidencia un peligroso doble rasero", afirma.

Porque mientras la UE ha restringido con dureza esa misma vigilancia sobre sus propios ciudadanos, Investigate Europe ha constatado que también financió a la empresa española para desarrollar su tecnología. Desde 2020, Herta ha recibido más de 3,3 millones de euros en fondos europeos de investigación para proyectos que incluyen "análisis del comportamiento de multitudes" y reconocimiento facial.

Herta Security nació en Barcelona en 2009 de la mano de Javier Rodríguez Saeta, exempleado de Bosch y especialista en biometría —la identificación automatizada a partir de rasgos físicos o de comportamiento.— "Ya en 2005", recordaría el propio Rodríguez años después en una entrevista de 2019, "pensaba que en el futuro haría falta identificar a personas que no quieren ser identificadas".

Su producto estrella, BioSurveillance NEXT, está concebido para lo que sus propios materiales comerciales describen como "despliegues a escala de multitud". Rodríguez ha hablado de usarlo en "manifestaciones, carreras deportivas, congregaciones religiosas y aeropuertos". La ficha técnica promete búsquedas en tiempo real contra bases de datos de hasta 100 millones de personas.

La tecnología se apoya en unidades de procesamiento gráfico, los mismos chips que mueven hoy casi toda la inteligencia artificial y que aceleran el reconocimiento facial hasta permitir que se ejecute en tiempo real. En 2015, el fabricante de chips Nvidia distinguió a Herta como una de las empresas emergentes destacadas del sector. En 2019, la compañía presumía ya de más de 200 clientes en 50 países.

El mercado en el que se mueve ha crecido a toda velocidad. Esta tecnología se utiliza hoy en estadios deportivos de Estados Unidos, la emplean cuerpos policiales del Reino Unido y ha sido ensayada por policías de varios países de la UE.

En Europa, sin embargo, su uso está severamente restringido. Desde 2025, el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial prohíbe con carácter general los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real, y muy en particular el reconocimiento facial, en espacios públicos y con fines policiales. Quienes redactaron la norma lo situaron entre los pocos usos de la IA que consideraron directamente inaceptables.

La prohibición admite tres excepciones tasadas: la búsqueda selectiva de víctimas de trata, explotación sexual o secuestro y de personas desaparecidas; la prevención de una amenaza terrorista concreta e inminente; y la identificación de sospechosos de una lista cerrada de delitos graves, entre ellos terrorismo, asesinato y violación. Incluso en esos supuestos, cada uso concreto debe contar con autorización judicial previa y quedar registrado en una base de datos europea.

Herta acumula experiencia trabajando para clientes fuera de las fronteras comunitarias. En una presentación comercial de 2021 a la que ha tenido acceso Investigate Europe, la empresa enumera varios de sus proyectos.

Ahí aparecen programas de videovigilancia urbana —los llamados "proyectos de ciudad segura (safe cities)"— en Jamaica, Tailandia y Bombay. Y también cuerpos policiales en Colombia e Indonesia, estadios de fútbol en Bielorrusia y Rusia, y aeropuertos en México, Nicaragua y Nigeria. No está claro si esas colaboraciones siguen vigentes.

El software de Herta también se ha usado en Europa. La Policía Federal alemana lo probó en 2017 y 2018 en una estación de tren de Berlín.

En 2019, a Rodríguez le preguntaron por el riesgo de que sus productos se utilizaran de forma indebida. "En Europa estamos muy bien protegidos, tenemos una legislación muy clara que fija los usos de esta tecnología. No hay nada que temer", respondió. Por entonces no existía aún la prohibición comunitaria del reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos: el veto del Reglamento de IA no entró en vigor hasta febrero de 2025. Nada dijo de las garantías para los ciudadanos de sus otros mercados, como India, donde no hay una legislación igual de estricta.

La expansión de Herta en India se ha cocinado a lo largo de una década. Hacia 2014, la compañía suministró cuatro o cinco cámaras para el proyecto Mumbai Safe City, según un socio comercial local.

Un antiguo investigador sénior de la empresa, que pide mantener el anonimato, sostiene que los datos obtenidos en aquellos primeros despliegues indios fueron decisivos para corregir el mal rendimiento del algoritmo con rostros no blancos.

Herta responde a Investigate Europe que "no utiliza por defecto datos operativos de clientes procedentes de despliegues para entrenar o mejorar sus algoritmos", y que cualquier uso de datos personales o biométricos con fines de entrenamiento algorítmico "requeriría una base legal clara".

El salto real llegó ocho años más tarde. En 2022, una empresa con sede en Delhi se adjudicó un contrato de 11,5 millones de euros para un sistema de videovigilancia que cubre centenares de estaciones de tren del este de India. La capa de reconocimiento facial de ese sistema funciona con software de Herta.

Eastern Railway anunció el año pasado que ya había 540 sistemas de reconocimiento facial operativos en 143 estaciones. El plan completo abarca 392, algunas de las mayores de la región. Los socios locales de Herta calculan que en el futuro los sistemas podrían llegar a integrarse en más de 1.500 cámaras.

Las autoridades cotejan de forma rutinaria los rostros captados contra una lista de personas de interés. No está claro con qué criterios se incluye a alguien en ese registro, pero uno de los socios comerciales de Herta en el país cifra en torno a un millón las personas que figuran en él.

La escala del sistema, añade esa misma fuente, no tiene parangón en Europa: "En la estación más concurrida, con una sola cámara pasas 10.000 personas en cinco minutos". Si el sistema devuelve una coincidencia, asegura, se envía un aviso a un cuerpo policial armado autorizado a dar el alto.

En 2022, la Policía de Delhi reconoció que daba por válida como identificación positiva cualquier coincidencia facial con un 80% de similitud. Con millones de viajeros en circulación, incluso un margen de error pequeño deja de serlo. Y hay un detalle no menor: ni los datos de la lista de vigilancia ni los criterios de inclusión son públicos, y no existe vía alguna para impugnar una falsa coincidencia.

La presencia de Herta en la red ferroviaria india no se limita a la Región Este. A través de un programa de Railway Land Development Authority, el organismo que moderniza estaciones en todo el país, su software ha llegado a terminales tan alejadas como las de Jaipur y Secunderabad, según su socio local.

Ese mismo socio afirma que la tecnología de la empresa opera además los sistemas de reconocimiento facial de tres complejos penitenciarios de Delhi: Tihar, Mandoli y Rohini. El contrato público del despliegue asciende, según esa información, a 352 millones de rupias (3,2 millones de euros).

Pero el sistema no se circunscribe en exclusiva a infraestructuras públicas o estatales: también funciona en el templo Ram Mandir de Ayodhya, donde, según el socio local, la vigilancia alerta a la Policía cuando identifica a alguien incluido en una lista. Hay despliegues similares en marcha en otros dos templos, añade.

Herta opera igualmente en el marco de los programas de ciudad segura. En una presentación comercial obtenida por Investigate Europe, la compañía afirmaba haber instalado 140 cámaras de reconocimiento facial en Ahmedabad y enumeraba despliegues en otras ciudades.

Investigate Europe solicitó explicaciones a Eastern Railway, a la autoridad que ejecuta el proyecto Safe City de Ahmedabad y a los responsables de la gestión de las prisiones de Delhi. Ninguna de las consultas obtuvo respuesta.

La expansión de Herta en India está ligada, todo apunta, a un giro político que arranca de un caso de violación tristemente célebre. En diciembre de 2012, una joven estudiante de fisioterapia subió a un autobús privado en Delhi con un amigo después de ver una película en el cine del barrio. Ninguno de los dos sabía que el vehículo estaba fuera de servicio: el conductor y otros cinco hombres se habían detenido a recogerlos fingiendo que llevaban pasajeros.

Durante más de una hora, esos seis hombres golpearon a su amigo, la violaron en grupo y arrojaron a ambos del autobús, gravemente heridos. Ella murió dos semanas después. El caso desató protestas masivas en todo el país y forzó un debate nacional sobre la violencia de género, la seguridad en el espacio público y la incapacidad del Estado para proteger a las mujeres.

En 2013, el Gobierno anunció una inversión millonaria a través de la creación de un nuevo fondo económico. Las organizaciones de la sociedad civil que se movilizaron tras el crimen habían pedido otra cosa: atención a las víctimas, asistencia jurídica y una red de casas de acogida, recuerda una abogada de derechos humanos que participó en aquellas discusiones.

El compromiso inicial, 10.000 millones de rupias (92 millones de euros), se destinaba al "empoderamiento, la seguridad y la protección de mujeres y niñas". El fondo acabó siendo conocido por el mismo nombre no oficial con el que la prensa india se refirió a la joven: Nirbhaya, "la que no tiene miedo".

Con los años, el Gobierno indio fue engordando la partida. En marzo de 2025 se habían desembolsado unos 58.000 millones de rupias (532 millones de euros). Los datos oficiales publicados en febrero de 2024 muestran que en torno al 50% fue a parar a funciones de vigilancia y policiales, frente al 31% dedicado a servicios de atención directa a las víctimas y teléfonos de emergencia.

Hay quien sostiene que esos nuevos sistemas de vigilancia no han aportado más seguridad a las mujeres. En 2014, un año después de la creación del Fondo Nirbhaya, la Oficina Nacional de Registros Criminales contabilizó 340.000 delitos contra mujeres en India. En 2023, el último ejercicio con datos disponibles, la cifra había subido cerca de un tercio, hasta los 450.000.

Flavia Agnes, abogada afincada en Bombay que calcula haber trabajado en unos 100.000 casos de violencia contra las mujeres a lo largo de cuarenta años de carrera, cree que la respuesta al clamor nacional estaba mal diseñada desde el principio: "No me he encontrado con casos en los que esta clase de vigilancia haya servido para identificar al acusado", afirma. La mayor parte de la violencia contra las mujeres en India, explica, no ocurre en los lugares que ven las cámaras, como las estaciones de tren, sino dentro de casa. "Alrededor del 95% de las violaciones las cometen personas conocidas".

Audrey D'Mello, directora de un centro que presta asistencia jurídica a supervivientes de la violencia en Bombay, tampoco ha visto en su terreno pruebas de que la vigilancia funcione. La infraestructura levantada en nombre de la seguridad de las mujeres, dice, rara vez ha tenido que ver con esa seguridad de las mujeres. Y es más ácida con el proyecto gubernamental: "También se dieron cuenta de que es más fácil colarlo en nombre de las mujeres".

Al margen de los datos de la Oficina Nacional de Registros Criminales, no hay elementos verificables que permitan sostener que la seguridad de las mujeres en el país se ha visto afectada a peor por el uso de estas cámaras de vigilancia en espacios públicos. El Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Infantil indio, del que depende el Fondo Nirbhaya, no respondió a las peticiones de comentarios.

Cuatro juristas especializados en derecho europeo de la inteligencia artificial y la biometría coinciden en que los despliegues de la Región Este de los ferrocarriles indios y del programa Safe City de Ahmedabad serían ilegales en la UE. "Un despliegue así en un Estado miembro vulneraría con bastante claridad" el Reglamento europeo de IA, sostiene Rita Matulionyte, de la Macquarie Law School de Sídney.

Catherine Jasserand, de la KU Leuven, llega a la misma conclusión: "No creo que estos dos casos sean buenos ejemplos de uso en vivo del reconocimiento facial por parte de la Policía en espacios públicos". "Los dos despliegues son demasiado amplios para encajar en alguna de las excepciones", señala, en referencia a los supuestos tasados para la búsqueda de personas vulnerables, las amenazas terroristas y los sospechosos de delitos graves. Incluso acogiéndose a esas excepciones, la norma europea exige que antes exista una ley nacional que autorice la práctica, con reglas detalladas de supervisión, notificación y control judicial. 

España, donde está la sede de Herta, no ha aprobado ninguna ley de ese tipo: la empresa no podría operar legalmente aquí el sistema que opera en India.

El marco legal indio no ofrece una protección comparable. El país no cuenta con una ley integral de protección de datos en vigor y la que ha aprobado exime a la Policía y a las fuerzas de seguridad de forma tan amplia que despliegues como estos quedan, en la práctica, sin regular. "India es sin duda uno de los países que más está adoptando el reconocimiento facial en el mundo, y lo hace sin ninguna salvaguarda", resume Apar Gupta, abogado de derechos digitales en Delhi y fundador de la Internet Freedom Foundation.

Herta ha recibido dinero público europeo para desarrollar precisamente el tipo de tecnología que vende en India. Según el análisis de Investigate Europe, la compañía ha captado al menos 3 millones de euros en fondos comunitarios de investigación en los últimos cinco años, a los que se suman ayudas de programas nacionales españoles. La subvención más cuantiosa, de 2,36 millones de euros entre 2022 y 2024, sostuvo un proyecto de la empresa llamado FUTURE.

La tecnología desarrollada al amparo de ese proyecto estaba diseñada, según la propia Herta, para realizar "análisis del comportamiento de multitudes con el fin de identificar actividades anómalas y amenazas potenciales en grandes concentraciones, eventos públicos y zonas de alta afluencia".

Otra página de la web del proyecto, hoy retirada pero conservada en los archivos de internet, describía su capa de reconocimiento facial como una herramienta para que las fuerzas de seguridad pudieran "identificar de forma rápida y precisa a sospechosos y terroristas".

El caso de uso que describe Herta —identificación en tiempo real de sospechosos en espacios públicos concurridos— es exactamente el escenario que la UE prohibió con carácter general en su propio territorio poco después de que terminara el proyecto FUTURE. Y es, a la vez, el modelo que la empresa parece estar replicando en India.

"Como ocurre con muchas empresas tecnológicas, el conocimiento adquirido en proyectos de investigación puede contribuir a la evolución general de nuestra experiencia, nuestras metodologías y nuestra hoja de ruta de producto", responde un portavoz de Herta. "Sin embargo, los fondos europeos de investigación no se utilizan para financiar, operar o subvencionar despliegues comerciales concretos en India ni en ningún otro sitio". La Comisión Europea no respondió a las peticiones de comentarios antes del cierre de esta edición.

El eurodiputado italiano Brando Benifei fue el negociador del Parlamento Europeo en la recta final del Reglamento de IA. Aunque el uso de este reconocimiento facial está hoy prohibido con carácter general de puertas adentro, cree que la ley debe ir más lejos e impedir también su exportación fuera de la Unión: "La Unión Europea no puede pretender ser un campeón global de los derechos digitales si permite que sus empresas se lucren en el extranjero con herramientas que consideramos demasiado peligrosas para los ciudadanos europeos", afirma. "Deberíamos encontrar fórmulas para no permitir la exportación y el uso fuera de nuestras fronteras de sistemas que no autorizaríamos en casa".

La aristocracia y la nobleza históricas españolas no solo custodian palacios, títulos nobiliarios, colecciones de arte o grandes fincas. Los datos del Registro Mercantil de Luxemburgo, analizados por infoLibre en el marco de la investigación internacional OpenLux, liderada por el consorcio periodístico OCCRP y el periódico francés Le Monde, revelan que algunos de los apellidos más tradicionales de la heráldica y el dinero patrios comparten también una marcada —y muy contemporánea— predilección por los discretos vehículos financieros del Gran Ducado.

Lejos de los focos del mercado nacional, solo cuatro de estos nombres —los hermanos Cotoner Martos, Pelayo Cortina Koplowitz, la marquesa de Arriluce de Ybarra y los hermanos Fontecilla Lira— acumulan un patrimonio corporativo que supera los 480 millones de euros en activos bajo la legislación luxemburguesa, que les brinda un búnker financiero construido a base de ventajas fiscales y fórmulas de anonimato mercantil muy convenientes para el abolengo de sus títulos.

El primer bloque de la nobleza española en el registro luxemburgués apunta directamente al núcleo duro que acompañó el diseño de la España democrática y el entorno más íntimo de la jefatura del Estado. Se trata de los hermanos Nicolás, José Luis e Íñigo Cotoner Martos. Para entender el peso de este apellido hay que remontarse a su progenitor: Nicolás Cotoner y Cotoner, Marqués de Mondéjar y jefe de la Casa del Rey entre 1975 y 1990. Cotoner fue el hombre de máxima confianza de Juan Carlos I, su mentor, y en palabras del propio monarca emérito, "el padre adoptivo" que guió sus primeros y convulsos años en el trono.

Décadas después de que su padre manejara los hilos de la Zarzuela, los tres hermanos Cotoner Martos, poseedores hoy de sus propios títulos de nobleza, prefieren manejar sus fortunas desde el anonimato que ofrece el extranjero. Juntos suman 126,4 millones de euros en activos en Luxemburgo mediante una estructura transfronteriza: el dinero duerme en el Gran Ducado, pero las sociedades se controlan desde un céntrico piso de la madrileña calle de José Abascal.

Nicolás Cotoner Martos, marqués de Ariany y de Adeje, es quien maneja la mayor porción del pastel familiar. Aparece vinculado a la sociedad Convenitrade Comércio Internacional e Serviços S.à r.l., con 71,8 millones de euros en activos. Esta firma se inserta dentro de una muñeca rusa de sociedades luxemburguesas que a su vez cuelgan de una española: Convenitrade pertenece a la luxemburguesa Ketten Sarl, que a su vez depende de Keldeo Holdings Limited S.à r.l. —con otros 14,3 millones en activos y también en el Gran Ducado—. El rastro de esta última termina en la mercantil española Belgravia Holdco SL, domiciliada en el citado piso de José Abascal. 

El menor de los hermanos, José Luis Cotoner Martos, marqués de Bélgida, administra Tanebo Holdings Limited S.à r.l., un vehículo patrimonial con 27 millones de euros en su balance que a su vez controla la filial European Projects Holding. Al igual que sus hermanos, el rastro mercantil termina en el mismo bloque de José Abascal, en la firma Acolux 2017 SL, de la que es administrador único. En 2021, Cotoner fue condenado por fraude fiscal en España y aceptó una pena de prisión de año y medio, precisamente por haber simulado que residía en Luxemburgo para evitar el pago del IRPF. El benjamín de los Cotoner, que la semana pasada cumplió 73 años, era también titular de una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Seychelles llamada, irónicamente, Falsea Inc, como desveló El Confidencial en su investigación Papeles de Panamá. 

El círculo familiar lo cierra el mayor de los tres, Íñigo Cotoner Martos, que heredó el título histórico de su padre como marqués de Mondéjar. Íñigo figura como titular de Chelsindo Holdings Limited S.à r.l., una mercantil que declara activos por valor de 13,1 millones de euros y que, repitiendo el esquema de sus hermanos, está controlada desde Madrid por la sociedad Greenford Holdco SL en la misma dirección postal. 

El primogénito de los Cotoner, de 82 años de edad, saltó al foco mediático en 2016 durante el caso Nóos, que terminó con la imputación —más tarde suspendida— de la infanta Cristina por presunta apropiación indebida de fondos públicos. El líder del pseudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, declaró en una conversación filtrada por El Mundo que el rey Juan Carlos le ofreció, a través de Íñigo Cotoner, dos millones de euros para retirar la acusación contra su hija. Cotoner negó los hechos y declaró estar fuera del país en la fecha de la reunión referida por Bernad. Más allá de este episodio, el marqués de Mondéjar tiene una actividad profesional y personal difícil de seguir, exceptuando su participación en algún torneo de caza.  

El segundo gran polo financiero de la aristocracia en el Gran Ducado nos traslada a la aristocracia de los negocios del Ibex 35. El protagonista es Pelayo Luis Cortina Koplowitz, conde de San Fernando de Peñalver e hijo menor de dos de los nombres propios más poderosos de las finanzas y la construcción españolas de las últimas décadas: Alicia Koplowitz y Alberto Cortina. Pelayo es uno de los tres hijos del matrimonio, pero el que ha heredado la vocación empresarial de sus padres. Gestiona varias empresas de turismo de lujo, y según su LinkedIn, es fundador y socio gestor de la firma de inversión Ilanga Capital, cuyo consejo asesor preside su padre, Alberto Cortina. Según revela OpenLux, es Pelayo el que consta como titular real de varias de las filiales de Ilanga en Luxemburgo. Además, padre e hijo figuran juntos como titulares de la firma Cinainvest Holding Lux, que cuenta con 20,8 millones de euros en su activo.  

Cortina Koplowitz ha desplegado en Luxemburgo un imponente holding blindado bajo la marca Illanga. Lo llamativo de su caso es cómo aprovecha todo el catálogo de figuras jurídicas que el Gran Ducado pone a disposición de las grandes fortunas mundiales, combinando las tradicionales Sociétés Anonymes (S.A.) con las Sociétés en Commandite par Actions (S.C.A.) y, especialmente, la codiciada figura de las sociedades comanditarias especiales (SCSp). Esta última modalidad permite no declarar la identidad de los socios en el registro público ni presentar cuentas anuales detalladas, lo que dificulta cualquier posibilidad de fiscalizar en qué invierten o de dónde viene el dinero.

A través de esta red (que incluye Ilanga Investments Longevity S.C.A., Ilanga Investments III, Ilanga Carry SCSp o Cinainvest Holding Lux), el aristócrata e inversor mueve decenas de millones. Solo las firmas de la red Ilanga que están obligadas a presentar balances públicos declaran un activo conjunto que asciende a 159,8 millones de euros. 

El registro de Luxemburgo guarda también un hueco de honor para el dinero histórico del industrialismo vasco. Hablar de Carmen Ybarra Careaga, marquesa de Arriluce de Ybarra, es hablar de una de las grandes dinastías del País Vasco. Ybarra, de 62 años, tiene una fortuna estimada en 700 millones de euros, según Forbes, y controla un patrimonio con inversiones diversificadas que van desde el sector inmobiliario y el metalúrgico hasta los medios de comunicación, manteniendo un peso del 10% en el grupo Vocento, editor del diario ABC. Ybarra mantiene un perfil público muy bajo, sin apariciones ni entrevistas. 

Para gestionar su cartera de inversión internacional, la marquesa de Arriluce de Ybarra ha dejado a un lado las estructuras tradicionales y se ha decantado por el uso de las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) luxemburguesas, unos vehículos de inversión colectiva que disfrutan de una tributación prácticamente nula, dado que están exentos del impuesto de sociedades, el impuesto municipal y el impuesto sobre el patrimonio. Ybarra Careaga figura como titular de dos firmas en el país: Bisonte SICAV y Albatros Patrimonio SICAV, que declaran de forma conjunta un activo de 158,6 millones de euros invertidos en bolsas, bonos y fondos internacionales.

Los documentos oficiales de Albatros Patrimonio SICAV esconden un cruce de caminos empresariales: la aristócrata vizcaína comparte la gestión de sus 69,9 millones de euros con Julio Baviera. Baviera es el médico oftalmólogo que cofundó la célebre red de clínicas oftalmológicas Clínica Baviera, hoy propiedad del gigante hospitalario chino Aier Eye Hospital Group. 

El último vértice de esta investigación sobre la nobleza española en Luxemburgo lo protagonizan dos hermanos: Enrique Fontecilla Lira, marqués de Rocafuerte, y Mariano Fontecilla Lira, marqués de Montepío. Ambos comparten la propiedad de la sociedad 4F SPF Sàrl junto con otros dos hermanos, Francisco y Rodrigo Fontecilla (en total, cuatro Fontecilla: 4F); su activo declarado asciende a 36,1 millones de euros. El padre de los Fontecilla Lira es el abogado y diplomático chileno Mariano Fontecilla de Santiago Concha, marqués de Casa Concha y embajador de Chile en España de 1983 a 1985, durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

Mariano, de 75 años y el mayor de los hermanos, solicitó el pasado 1 de julio el título de marqués de Casa Concha, a raíz de una cesión de su padre —de 101 años de edad—, que aún conserva el marquesado mientras se hace efectivo el traspaso. Según su perfil de LinkedIn, la actividad laboral de Mariano Fontecilla durante los últimos 21 años ha sido la de "asesor y colaborador internacional" en la bodega familiar, Viña Concha y Toro, S.A., con sede en Chile. La huella digital de su hermano Enrique —el segundo de los cuatro— se centra más en su faceta como jugador de golf en diversos torneos amateur.

El caso de los hermanos Fontecilla es idóneo para ilustrar cómo Luxemburgo crea figuras empresariales específicas pensadas como un traje a medida para que las grandes fortunas familiares eviten pasar por la caja de Hacienda en sus países de origen. Las siglas SPF corresponden a la Société de Gestion de Patrimoine Familial (Sociedad de Gestión de Patrimonio Familiar). Estas sociedades están completamente exentas de pagar el impuesto de sociedades, el impuesto municipal o el impuesto sobre el patrimonio. Están diseñadas con el único propósito de funcionar como un holding familiar para acumular de forma pasiva acciones, participaciones, bonos o cuentas bancarias, y no pueden tener fines comerciales. Al operar bajo este régimen legal, los 36 millones de euros de los marqueses de Rocafuerte y Montepío quedan guarecidos de la presión fiscal ordinaria en España, soportando a cambio de su estancia en el Gran Ducado una tasa anual, el 0,25%, que roza lo testimonial.

infoLibre ha contactado con todos los individuos mencionados en el artículo para recabar sus comentarios, pero no ha recibido ninguna respuesta. 

La familia Bongo gobernó durante más de medio siglo Gabón, un país rico en petróleo, y dejó tras de sí un legado de pobreza generalizada y de acusaciones de corrupción que han puesto a la dinastía en el punto de mira de organismos de control internacionales y de autoridades que van de París a Libreville, la capital gabonesa. Ahora, siguiendo un nuevo rastro de registros mercantiles e inmobiliarios, OCCRP ha identificado bienes hasta ahora desconocidos pertenecientes a otro miembro del clan Bongo.

Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo —hijo del fallecido presidente Omar Bongo y de la juez Marie-Madeleine Mborantsuo— adquirió inmuebles en Dubái por valor de varios millones de dólares mientras ejercía como director general del Presupuesto y las Finanzas Públicas de Gabón, según ha podido documentar esta investigación.

Tras el derrocamiento de su hermanastro Ali Bongo en el golpe militar de 2023, Andjoua pasó a dirigir, bajo el gobierno de transición, la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude. Sin embargo, según informó la prensa gabonesa, fue destituido en septiembre de 2025 tras las críticas públicas por estar tratando de gestionar el organismo a distancia, desde Dubái.

Cuánto dinero llegó a ganar exactamente Andjoua durante su paso por la administración sigue sin estar claro. Las autoridades gabonesas no respondieron a una solicitud de información sobre los detalles de su sueldo oficial. No obstante, un decreto de 2015 de la dirección del Presupuesto gabonés al que ha tenido acceso esta investigación indica que el funcionario mejor pagado, con 30 años de servicio, percibiría el equivalente a unos 1.900 dólares al mes, una cifra que contrasta con los millones volcados en una extensa cartera inmobiliaria.

Las revelaciones coinciden en el tiempo con una investigación judicial recién abierta en Luxemburgo en relación con Andjoua y un socio. Según el departamento de Justicia luxemburgués, la instrucción se abrió en mayo, después de una investigación preliminar iniciada a partir de los informes remitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Administración del Registro y de los Dominios.

El departamento de Justicia no detalló qué acusaciones concretas pesan sobre Andjoua o su socio y precisó que "a día de hoy, el señor Andjoua no figura específicamente como objeto de la investigación". Sí indicó, no obstante, a los reporteros de Le Monde —socio de OCCRP e infoLibre en esta investigación— que la causa examina indicios de falsificación y uso de documentos falsos, falta de publicación de las cuentas anuales, blanqueo de bienes y patrimonio, fraude fiscal agravado e introducción de información inexacta, incorrecta o desactualizada en el Registro de Titulares Reales.

Un amplio volumen de datos de sociedades luxemburguesas, analizados por OCCRP y Le Monde, constataron que Andjoua había estado vinculado en los últimos años a dos empresas registradas en el Gran Ducado. Los datos identificaban a Andjoua como titular real último de una sociedad luxemburguesa llamada Epila SCI, que cofundó en 2022 y que sigue figurando como activa en la actualidad. Según sus estatutos, la actividad de Epila incluye "la tenencia de todo tipo de bienes inmuebles y vehículos a motor", además de "la adquisición de participaciones en toda clase de bienes muebles".

Los registros luxemburgueses mostraban también que Andjoua y un socio adquirieron en 2021 una empresa denominada Miura Racing SC y la rebautizaron como Autoword SC. Entre las actividades declaradas de la firma figuraba la tenencia de "bienes muebles e inmuebles, valores, la propiedad privada y el uso de toda clase de vehículos motorizados y no motorizados, así como su puesta a disposición en el Gran Ducado de Luxemburgo o en el extranjero".

Ambas firmas estaban registradas como société civile (sociedad civil). Los reporteros no pudieron determinar si las empresas poseían algún activo, ya que este tipo de sociedades no están obligadas por ley a presentar cuentas públicas. Las autoridades luxemburguesas no quisieron aclarar si estas dos compañías son objeto de la investigación judicial.

Aunque los defensores de la transparencia en Luxemburgo subrayan que estas estructuras son legales, también insisten en la necesidad de reforzar su supervisión: Bastian Schwind-Wagner, de la organización sin ánimo de lucro Luxembourg for Transparency, declina pronunciarse sobre el caso concreto de Andjoua, pero señala que, con carácter general, las empresas en manos de personas con cargos públicos o conexiones con el poder deberían ser objeto de "un escrutinio reforzado" por parte tanto de los proveedores de servicios profesionales como del registro público luxemburgués, "por el mayor riesgo asociado a la corrupción, la contratación pública, las sanciones, la fiscalidad y la recuperación de activos".Los titulares de este tipo de sociedades, añade Schwind-Wagner, "deberían poder explicar por qué eligieron Luxemburgo [como sede], quién controla en última instancia la estructura, el origen de los fondos y cómo se gestionan los activos".

Andjoua no respondió a las consultas remitidas a sus direcciones de correo electrónico, por mensaje de texto y a través de un abogado que representa a un miembro de su familia.

En mayo, dos días después de que los reporteros le trasladaran preguntas sobre la finalidad de las sociedades luxemburguesas, Andjoua y su socio gestionaron la disolución de Autoword, según las inscripciones que presentaron ante el registro mercantil. Pero el rastro documental de Andjoua va mucho más allá de las firmas luxemburguesas. Los reporteros descubrieron una extensa cartera inmobiliaria, hasta ahora no revelada, adquirida mientras trabajaba para el Gobierno de Gabón.

Cuando murió, en 2009, el padre de Andjoua, Omar Bongo, había amasado una fortuna que según las informaciones de la época incluía al menos 183 coches, 39 propiedades de lujo en Francia y 66 cuentas bancarias.

El enriquecimiento de la familia Bongo y de su círculo más cercano mientras ocupaban cargos públicos se produjo sobre un telón de fondo de profunda desigualdad en Gabón, donde más de un tercio de la población sigue viviendo en la pobreza, según el Banco Mundial.

Ocho de los hermanastros de Andjoua han sido imputados en Francia, según informa a OCCRP la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF, por sus siglas en francés). Aunque la PNF no ha especificado los cargos que pesan sobre cada uno, sí precisa que la causa se refiere a la presunta recepción de fondos públicos malversados y a corrupción. La PNF señaló que Andjoua no está investigado en el marco de ese caso.

A lo largo de los años, los abogados de varios de los hijos de Bongo han defendido a sus clientes y han cuestionado la investigación en sus declaraciones a los medios.

En el conocido como el caso de los 'bienes mal adquiridos', la investigación penal se prolonga desde hace más de 15 años, desencadenada por una denuncia civil presentada en 2008 contra las familias gobernantes de Gabón, la República del Congo y Guinea Ecuatorial por la ONG francesa Sherpa, junto a Transparencia Internacional y Survie.

Sherpa explicó que el objetivo de la campaña era "lograr la devolución de activos" presuntamente sustraídos a los ciudadanos de esos países, y subrayó que el valor de los inmuebles supera con creces los salarios de los jefes de Estado y de sus allegados. La PNF añadió que la fiscalía aún no ha emitido su acusación definitiva en esta dilatada causa, y que después será un juez de instrucción quien decida si el caso debe ir a juicio.

Sobre este trasfondo de interrogantes en torno al patrimonio de los Bongo, los reporteros sacaron a la luz las inversiones inmobiliarias de Andjoua en Dubái. Andjoua figuraba como propietario de 43 inmuebles en Dubái, según datos inmobiliarios filtrados. Todos esos apartamentos se habían comprado entre 2020 y 2023 —el periodo en el que dirigió el Presupuesto del Estado— por un total aproximado de 15 millones de dólares.

De los 43 inmuebles que adquirió, 28 eran apartamentos de uno y dos dormitorios situados en un mismo edificio: la torre A de Sobha Creek Vistas, en la exclusiva zona de Meydan, en Dubái. Aunque Andjoua ya ha vendido esos apartamentos, junto a otros varios, los reporteros confirmaron que, a fecha de mayo, seguía siendo propietario de 10 apartamentos en otro edificio de la urbanización de lujo Golf Town.

Los reporteros constataron además que una sociedad patrimonial inmobiliaria francesa llamada Nouo, constituida por Andjoua y su madre, Marie-Madeleine Mborantsuo, posee una vivienda de notable tamaño en Bougival, un elegante municipio a las afueras de París. Adquirida en 2000, la propiedad se asienta sobre una parcela de 754 metros cuadrados dentro de una urbanización cerrada de alto nivel. Bougival, a orillas del Sena, es célebre por haber inspirado a algunos de los pintores impresionistas más importantes de la Belle Époque —entre ellos Monet y Renoir, que titularon sendos cuadros con el nombre de la localidad—.

Los documentos de constitución muestran que Mborantsuo aportó al capital de la sociedad, cuando esta se creó en 2000, el equivalente en francos franceses a casi 590.000 euros. Andjoua —entonces un estudiante de 24 años— aportó el equivalente a 15 euros. En los registros figura como administrador de la sociedad.

No está claro cuánto vale hoy la propiedad, pero una vivienda vecina similar se vendió por más de un millón de euros en diciembre de 2021, según los registros de la web oficial de la Hacienda francesa. Ni Mborantsuo ni Andjoua respondieron a las peticiones de comentario.

Mborantsuo está bajo investigación judicial en Francia desde 2014, por sospechas de "blanqueo agravado de malversación de fondos públicos". La PNF indicó que esa instrucción sigue abierta, pero que no se han formulado cargos. Andjoua tampoco está investigado en ese caso, precisó la fiscalía.

Apodada "3M", Mborantsuo fue la presidenta fundadora del Tribunal Constitucional de Gabón, cargo que ocupó durante más de 30 años. Fue una pieza clave para la perpetuación del régimen de los Bongo: su tribunal supervisó los disputados resultados electorales de 2009 y 2016, y en ambas ocasiones falló a favor de Ali Bongo. Tuvo dos hijos con el difunto presidente Omar Bongo: Andjoua y una hija, Esther. OCCRP y su socio Le Monde ya informaron en 2024 de que Mborantsuo poseía más de 3 millones de dólares en propiedades en Dubái.

Mborantsuo tuvo una pareja sentimental en Gabón, Lin Mombo, que durante más de una década estuvo al frente de la autoridad reguladora de las comunicaciones. Los datos inmobiliarios filtrados muestran que, en 2023, Mombo figuraba como propietario de un apartamento y copropietario de una villa en Dubái; los reporteros confirmaron que sigue siendo dueño de la villa.

Mombo compró también cinco propiedades por más de un millón de euros en Francia, en 2014 y 2015, a través de una sociedad domiciliada en la misma mansión de Bougival que posee la SCI de Mborantsuo y Andjoua, según los registros mercantiles. La sociedad de Mombo fue dada de baja en marzo de 2026. No está claro si por entonces ambos mantenían una relación sentimental.

La investigación ha descubierto una disputa mercantil de 2023, hasta ahora no revelada, en torno a las propiedades francesas de Mombo. Según la sentencia, Mombo y su hijo habían vendido las participaciones de su SCI a un asesor en Francia por apenas 2.000 euros. La venta se hizo porque Mombo estaba siendo investigado en Francia en aquel momento y quería proteger sus activos, según señaló un tribunal mercantil francés en su resolución sobre el caso. La investigación no ha podido establecer si Mombo fue investigado en el marco de la causa contra Mborantsuo.

La resolución del tribunal mercantil francés recogía: "El señor Mombo, ciudadano gabonés y alto funcionario reconoce que le convenía no figurar en los estatutos de la SCI", y añadía que su asesor en Francia había "ideado y propuesto el subterfugio de transmitir las participaciones por 2.000 euros y cambiar la denominación de la sociedad. El señor Mombo precisa, no obstante, que no tenía intención de renunciar a sus inmuebles".

El asesor traspasó los activos a sus propios hijos antes de fallecer, según consta en la documentación judicial. Mombo presentó la demanda mercantil para intentar recuperar las propiedades, alegando que el precio de la venta no reflejaba su valor real, pero el tribunal desestimó el caso, dado que el propio Mombo había aceptado vender a ese precio.

Ni Mombo ni Mborantsuo respondieron a las peticiones de comentario.

Más allá de su patrimonio inmobiliario en los Emiratos Árabes Unidos y en Europa, la investigación ha hallado otros rastros de la trayectoria empresarial de Andjoua, y de su debilidad por los coches de lujo.

Los registros mercantiles muestran que Andjoua, su madre y otros familiares fueron administradores de una empresa en Sudáfrica entre 2006 y 2012. La compañía fue dada de baja temporalmente en 2011 por incumplir la presentación de cuentas anuales y, por el mismo motivo, fue dada de baja de forma definitiva en 2024.

En Europa se repitió un patrón parecido. Andjoua constituyó en 2023 una empresa belga que, según se anunciaba, ofrecía una amplia gama de servicios, entre ellos la importación y exportación de coches y la venta de inmuebles. De nuevo, la sociedad no presentó cuentas. Vendió sus participaciones en la empresa en mayo de 2024.

Menos de un año después abrió una firma de alquiler de coches de lujo con sede en Las Vegas, More4LessExotics, que alquila Ferrari, Bentley, Mercedes, BMW y Lamborghini por entre 1.000 y 2.000 dólares al día en Miami, Nueva York, Boston o Los Ángeles. Ni Andjoua ni More4LessExotics respondieron a las peticiones de comentario.

El vídeo promocional de More4LessExotics en su web muestra coches de gama alta circulando a toda velocidad por carreteras de costa. Los registros mercantiles de Nevada siguen identificando a Andjoua como socio gestor de la compañía.

Los registros de transporte marítimo obtenidos por OCCRP apuntan a que el propio Andjoua tiene gusto por los vehículos de lujo: en octubre de 2023 hizo entregar un superdeportivo Brabus GLE900 Rocket desde Amberes a Libreville.

Los reporteros rastrearon los registros de envío, que muestran que el GLE900 Rocket salió del puerto belga dos semanas antes del golpe de Estado en Gabón, en agosto de 2023, cuando Andjoua todavía dirigía el Presupuesto del Estado. Brabus, una firma de personalización de coches de lujo, fijó el precio de la serie Rocket en más de 400.000 dólares.

Según la propia promoción del vehículo, solo se fabricaron 25 unidades, y se describe como el SUV más rápido del mundo.

Cientos de bidones de petróleo oxidados, baterías de coche, tuberías desechadas, cables y planchas de amianto hechas añicos yacen en montones a lo largo de la costa, hasta donde alcanza la vista. El contraste con los icebergs de un azul cristalino que se deslizan lentamente al fondo resulta sobrecogedor.

Storch Lund, de 69 años, señala hacia el paisaje. "Todo esto son restos americanos", explica. Estamos en Narsarsuaq, en el sur de Groenlandia, el emplazamiento de la mayor base de Estados Unidos (EEUU) en Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial. Un pequeño aeropuerto con una localidad cercana, donde se trasladaron miles de soldados estadounidenses después de que la base se estableciera en 1941.

Storch Lund ha vivido en el pueblo durante más de 50 años y conoce cada colina y cada camino de la zona. Incluido el llamado "vertedero" cerca del fiordo, a unos pocos cientos de metros de la pista de aterrizaje.

Aquí, toneladas de residuos están esparcidos a lo largo de varias hectáreas en la orilla. Abandonados en el río de un verde claro de agua de deshielo que desemboca en el fiordo. En varios lugares, los bidones de petróleo y los restos se acumulan en capas de metros de altura. En otros sitios, están enterrados.

"Se puede ver que lo han empujado hacia el agua. Si caminas por la playa, ves la cantidad de contaminación que hay", dice Storch Lund. De niño, jugaba entre chatarra, alquitrán solidificado y planchas de amianto. Hoy ve la contaminación de otra manera. "Es un auténtico desastre", afirma.

Teme que el fiordo también se haya contaminado. "Durante muchísimos años, el petróleo se filtró al agua. Varios aviones se han hundido ahí, en el fiordo", dice Storch Lund, mecánico de formación que anteriormente ejerció como director del aeropuerto de Narsarsuaq durante más de 20 años.

El interés de Estados Unidos por Groenlandia ha crecido —y se ha desvanecido después— varias veces a lo largo de la historia. Los estadounidenses abandonaron la base militar de Narsarsuaq en 1958, sin limpiar nada. Ahora quieren volver.

Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos operó al menos 36 bases e instalaciones militares en Groenlandia. Hoy, los estadounidenses solo conservan la gran base de Pituffik, en el norte de Groenlandia. Pero actualmente se están desarrollando intensas negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, en las que el Gobierno estadounidense pretende reabrir varias bases.

Un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha identificado específicamente Narsarsuaq y Kangerlussuaq como bases a las que Estados Unidos desea regresar.

Como ruido de fondo dramático, el presidente estadounidense Donald Trump lleva mucho tiempo amenazando con apoderarse de la isla más grande del mundo. Esta misma semana, el enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, publicó un mensaje sobre Groenlandia en el que afirmaba de forma amenazante que Estados Unidos podría tener un estado más el año que viene.

Politiken ha viajado a Groenlandia para investigar cómo Estados Unidos ha dejado atrás sus numerosas antiguas bases y los periodistas han podido ver la contaminación con sus propios ojos.

A lo largo de los años, varios artículos han cubierto los legados estadounidenses en Groenlandia, pero Politiken es el primer medio que cartografía la contaminación de las bases de Estados Unidos a partir de miles de páginas obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública sobre estudios y documentos medioambientales de las autoridades danesas y groenlandesas. Varios de esos estudios medioambientales obtenidos al amparo de las leyes de transparencia no se habían hecho públicos hasta ahora.

La investigación de Politiken, que se publica en toda Europa a través de la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que es socio infoLibre, revela que la magnitud de la contaminación es considerable: varios miles de toneladas métricas de residuos peligrosos o contaminados han quedado abandonadas en los parajes naturales de Groenlandia. Hasta 100.000 bidones de petróleo oxidados y corroídos. Contaminación por petróleo procedente de más de 400.000 litros de gasóleo. Hasta 24 millones de litros de aguas residuales de baja radiactividad bajo la capa de hielo. Varias toneladas métricas de baterías desechadas. Hallazgos del tóxico ambiental PCB en niveles que superan con creces los límites reglamentarios, así como de metales pesados, como el plomo y el cadmio, en casi todas las, al menos, 36 antiguas bases e instalaciones militares estadounidenses.

La magnitud real de la contaminación es incluso mayor. Muchas antiguas bases y emplazamientos estadounidenses nunca se han investigado a fondo en busca de contaminación medioambiental, incluidos algunas de los más grandes, como Narsarsuaq y Pituffik.

Varios destacados políticos groenlandeses se muestran muy críticos con la contaminación dejada en Groenlandia. "Es una vergüenza. Y se puede ver. Así es como tratan a nuestro país", dice Aleqa Hammond, presidenta del partido Siumut y exjefa del Gobierno groenlandés.

Considera que Estados Unidos ha salido "demasiado bien parado". "No hemos visto absolutamente ninguna implicación estadounidense en limpiar su propio desastre", afirma.

Bentiaraq Ottosen, miembro del Comité de Medio Ambiente y Conservación del parlamento groenlandés, el Inatsisartut, en representación del partido Atassut, está de acuerdo. "Creo que los estadounidenses han eludido su responsabilidad. Simplemente han dejado atrás todo tipo de basura y han tirado coches y muchas otras cosas en el entorno natural", dice.

Naaja Nathanielsen, miembro del parlamento danés, el Folketing, por el partido groenlandés Inuit Ataqatigiit —Comunidad Inuit—, y exministra groenlandesa de Industria, Comercio, Recursos Naturales y Justicia, se hace eco de la crítica y la pone en perspectiva: "Hemos intentado decirles, con mayor o menor éxito, que dejar las cosas atrás es una señal de falta de respeto. "Se os permitió venir y estar ahí". "Os habéis beneficiado de ciertas ventajas por estar en esa posición". Así que también creo que lo mínimo que se puede hacer es limpiar lo que uno ensucia", dice Naaja Nathanielsen.

Para entender cómo se ha llegado a esto, hay que adentrarse en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros días de la Guerra Fría, la gran isla se convirtió en un foco de interés para el ejército estadounidense. Primero, en la guerra contra la Alemania nazi y, más tarde, como depósito de recursos, campo de pruebas para la guerra ártica y avanzadilla frente a la Unión Soviética comunista.

Desde el principio, los términos de la presencia estadounidense se negociaron en un complejo juego de política de defensa en el que los estadounidenses no siempre dijeron al Gobierno danés la verdad sobre sus planes, y el Gobierno danés a menudo actuó por encima de los intereses de los groenlandeses.

El 9 de abril de 1941 —primer aniversario de la ocupación alemana de Dinamarca— el enviado danés a Estados Unidos, Henrik Kauffmann, actuando como representante autoproclamado del Gobierno de Copenhague, suscribió por su cuenta un acuerdo de defensa con Estados Unidos que otorgaba a este el derecho a establecer aeropuertos y puertos como bases militares en Groenlandia.

El Gobierno danés destituyó posteriormente a Henrik Kauffmann, lo acusó de traición y declaró el acuerdo inválido, pero Estados Unidos lo ignoró. Los estadounidenses empezaron a establecer bases por toda Groenlandia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se veía a sí mismo como el protector del mundo libre y consideraba que esto conllevaba claros privilegios.

Inmediatamente después de la guerra, el Gobierno estadounidense intentó —ni por primera ni por última vez— comprar Groenlandia. Ofreció unos 100 millones de dólares. La respuesta desde Copenhague fue un cortés "no, gracias". "Aunque le debemos mucho a Estados Unidos, no siento que les debamos toda la isla de Groenlandia", dijo el entonces ministro de Asuntos Exteriores danés, Gustav Rasmussen.

En 1950, los estadounidenses formularon una estrategia ártica que contemplaba extraer uranio en Groenlandia, instalar misiles teledirigidos con un alcance de 2.000 a 2.500 kilómetros y desarrollar "medios de transporte bajo el hielo". Era una estrategia que los daneses no conocerían al completo hasta décadas después.

Al año siguiente —en 1951— los Gobiernos danés y estadounidense suscribieron un acuerdo de defensa para proteger conjuntamente Groenlandia bajo los auspicios de la OTAN. Estados Unidos quedó autorizado a establecer "zonas de defensa" en Groenlandia mediante acuerdo con Dinamarca. En esas zonas —"así como en el espacio aéreo situado sobre ellas y en las aguas adyacentes"— Estados Unidos podía "adaptar la zona para uso militar".

El artículo XI del acuerdo de defensa de 1951 contenía la redacción que desde entonces ha servido como argumento de Estados Unidos para no tener que limpiar lo que ha ensuciado: "Queda entendido que cualquier zona o instalación puesta a disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América en virtud del presente Acuerdo no tiene por qué dejarse en las condiciones en que se encontraba en el momento en que fue así puesta a disposición".

Muchas de las bases estadounidenses en Groenlandia fueron, por tanto, abandonadas con prisas, en el estado en que se encontraran. Esto también se aplica a una de las instalaciones militares más controvertidas de Estados Unidos en Groenlandia.

A unos 225 kilómetros al este de la gran base de Pituffik, en el rincón nororiental de Groenlandia, Estados Unidos estableció en 1959 una estación de investigación digna de la ciencia ficción, con una pequeña central nuclear bajo la capa de hielo. La llamaron Camp Century.

La estación de investigación consistía en un extenso sistema de túneles con una "carretera principal" de 330 metros de longitud y más de 20 túneles adyacentes. El reactor nuclear suministraba electricidad y calor a la base y a su personal de 225 personas. Los estadounidenses iniciaron la construcción sin haber recibido la aprobación final de Copenhague. A los daneses no se les dijo que el campamento estaba concebido como la primera instalación de un revolucionario proyecto de la Guerra Fría diseñado para permitir a los estadounidenses transportar y lanzar misiles con cabeza nuclear desde la base bajo el hielo.

Esa estrategia se abandonó posteriormente. Estados Unidos retiró el reactor nuclear unos años antes de abandonar la base en 1966. Pero, según un informe de 2016 elaborado por un equipo internacional de investigadores, se dejaron atrás bajo el hielo hasta 24 millones de litros de aguas residuales de baja radiactividad, 9.000 toneladas métricas de residuos de construcción y 200.000 litros de gasóleo. Ahí permanecen hasta el día de hoy.

Al igual que otras zonas, Camp Century fue abandonado sin demasiada participación de los groenlandeses. "La construcción de las bases y la forma en que se abandonaron ocurrieron pasando por encima de los intereses de los groenlandeses, que no tuvieron absolutamente ninguna influencia sobre lo que sucedió", dice Mikkel Myrup, responsable de área en el Museo Nacional de Groenlandia.

La contaminación por petróleo, en particular, es un problema enorme en las antiguas bases estadounidenses. Esto es especialmente cierto en la isla de Simiutaq, en el sur de Groenlandia, a la que los estadounidenses dieron el nombre de Bluie West 3 y que utilizaron como estación meteorológica y de radio tripulada. Más de 50 años después de que Estados Unidos abandonara la base, los restos americanos siguen afeando el paisaje natural único de Groenlandia.

A los pocos minutos de llegar al antiguo puerto natural de la isla, nos encontramos con la imagen de bidones de petróleo oxidados, vehículos y restos. Tres lugares de vertido distintos, llenos de bidones y chatarra, están repartidos por el paisaje, despeñados por las laderas y escondidos en los valles. El petróleo y el alquitrán se han solidificado en pequeños arroyos que descienden hacia el fiordo.

También hay basura más reciente. Pero los restos americanos son inconfundibles. También están claramente identificados en el estudio medioambiental que hemos traído con nosotros a la zona.

En muestras tomadas por la ingeniería Niras se ha encontrado una "grave contaminación por petróleo", consistente en el llamado petróleo en fase libre, lo que significa que el petróleo puede desplazarse por el terreno. En total, se estima que hay aproximadamente 10.000 metros cúbicos de suelo contaminado con petróleo, es decir, 10 millones de litros. Eso equivale a cuatro piscinas olímpicas llenas de suelo contaminado con petróleo. Y eso solo en la estación meteorológica de Simiutaq.

Más arriba, en la costa oeste de Groenlandia —a poco menos de 70 kilómetros al sur de Nuuk— los estadounidenses dejaron atrás al menos 8.000 bidones de petróleo en la base de Marraq, o Bluie West 4, como la llamaban los estadounidenses. Aquí, la ingeniería Carl Bro también ha documentado una "grave contaminación por petróleo", según la información obtenida por una solicitud de acceso de Politiken.

"Una estimación conservadora de la cantidad total de gasóleo que ha contaminado el emplazamiento es de aproximadamente 120.000 litros de gasóleo o más", señala el informe. La contaminación era "tan grave que aún podía detectarse un fuerte olor a petróleo en el lugar", a pesar de que la contaminación se había producido aproximadamente 50 años antes.

La contaminación por petróleo es más grave en la base de Ikkatteq, en la costa oriental de Groenlandia, en gran parte inaccesible. Aquí, los estadounidenses han dejado decenas de miles de bidones de petróleo y vehículos viejos esparcidos por una zona de más de 25.000 metros cuadrados. En varios lugares, los bidones se han apilado en dos o tres capas. Hace siete años, las autoridades danesas pusieron en marcha una limpieza del lugar. Como parte de ese esfuerzo, Mikkel Myrup, del Museo Nacional de Groenlandia, visitó la remota base. "Pudimos ver que de muchos de los barriles se filtraba aceite usado. Se notaba en el suelo que estaba contaminado con petróleo", dice.

La base de Ikkatteq, que servía como pista de aterrizaje para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, almacenaba miles de litros de combustible para vuelos de escala. "Más de 100.000 bidones estaban esparcidos por el paisaje. Vehículos y edificios que contenían amianto se han derrumbado. La base fue abandonada sin ningún tipo de limpieza", dice Mikkel Myrup.

La zona es popular entre los recolectores locales de mejillones. En un solo día, la consultora Cowi observó "15 pequeñas embarcaciones" frente a Ikkatteq. Y esto podría ser problemático, según un informe de Cowi obtenido por Politiken. "Las sustancias detectadas en las muestras de suelo y agua pueden suponer un riesgo para la vida marina cercana a la costa, en particular para los mejillones del fiordo donde el arroyo procedente del lago desemboca en el agua. Los mejillones son recolectados y consumidos por los habitantes locales que navegan hasta Ikkatteq", señala el informe.

El hecho de que la contaminación se haya extendido al medio marino cerca de las bases es un problema confirmado en varios lugares, tanto en Marraq como en la base de Simiutaq, que Politiken ha visitado. Aquí, la ingeniería Niras también concluye que la contaminación por petróleo ha causado un "impacto significativo en la zona marina", ya que "se han encontrado altos niveles de petróleo en mejillones y sedimentos". Sin embargo, no se advierte a los pescadores locales groenlandeses sobre la contaminación.

"El Ministerio no ha emitido recientemente directrices para la recolección de animales cerca de las bases estadounidenses en Groenlandia", escribe Anna Jespersen, veterinaria jefa del Ministerio groenlandés de Pesca, Caza, Agricultura y Autosuficiencia. Explica que el departamento no "dispone del conocimiento ni de los recursos necesarios para hacer recomendaciones".

Otro gran problema medioambiental es la cantidad de amianto dejada atrás por los estadounidenses. Los estudios medioambientales de las bases estadounidenses muestran que el amianto está presente en edificios abandonados en casi todas las bases que se han estudiado.

Esto es especialmente evidente en Narsarsuaq, la base principal de los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. A pocos kilómetros de la pista de aterrizaje, Estados Unidos construyó un hospital militar de 250 camas. El hospital permaneció relativamente intacto hasta 1972, cuando se incendió, y durante años después quedó como un montón de escombros en el paisaje.

"Lo recuerdo yo mismo. Vi los edificios cuando era un niño pequeño", dice Ole Guldager, que creció en Narsarsuaq en los años 70, es licenciado en arqueología por la Universidad de Copenhague y dirige el pequeño Museo de Narsarsuaq.

En los años 80, los restos del hospital militar fueron arrasados con excavadoras, pero las planchas de amianto se dejaron atrás. Hoy, pequeñas planchas blancas de amianto yacen esparcidas por todo el valle.

Varios habitantes locales describen cómo han dejado que sus hijos jugaran en la zona durante años, sin tener conocimiento del amianto del viejo hospital durante décadas. "Tal como está ahora, la zona está completamente cubierta de planchas de amianto. No se ha limpiado en absoluto", dice el exdirector del aeropuerto Storch Lund.

Un documento obtenido por Politiken mediante una solicitud de acceso a la información muestra que tanto las autoridades danesas como las groenlandesas son conscientes de la contaminación.

En 2019, un pequeño grupo de investigadores de la Universidad de Aarhus realizaba trabajo de campo en Narsarsuaq. Allí observaron cómo había planchas de amianto hechas añicos esparcidas por toda la zona. Los investigadores se llevaron muestras y determinaron poco después que el material era amianto.

A Ole Guldager se le permitió revisar los resultados de las pruebas. "Eran tan graves que la universidad se planteó si era seguro tener a sus estudiantes paseando por la zona", dice. Los investigadores daneses también informaron al médico jefe de Groenlandia sobre los graves hallazgos. "El médico jefe ha pedido a las autoridades groenlandesas que tomen medidas para reducir el riesgo para la salud", según las actas de la reunión revisadas por Politiken.

Pero desde entonces, no parece que haya pasado gran cosa. Un memorando del Mando de Patrimonio (ETK) de la Defensa danesa señala que "deberían haberse colocado carteles en la zona advirtiendo de la presencia de materiales de amianto". Pero no había ningún cartel cuando Politiken atravesó las pequeñas planchas de amianto rotas.

El caso del amianto en Narsarsuaq ilustra cómo la responsabilidad se pierde en el trasiego entre autoridades. Los estadounidenses dejaron el amianto en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente de Copenhague deja claro que la responsabilidad de Narsarsuaq se ha transferido a las autoridades groenlandesas. El Departamento groenlandés de Medio Ambiente, Energía, Naturaleza e Investigación afirma en una respuesta a Politiken que el principio básico es que "quienes han dejado atrás los residuos deben pagar para que se retiren". Es responsabilidad del municipio local "intentar encontrar al propietario", ya que los municipios son la autoridad principal en materia de gestión de residuos.

Ole Guldager contactó con el municipio local de Kujalleq. Informó a un concejal del problema y solicitó "una investigación exhaustiva sobre la contaminación por amianto en todo Narsarsuaq". Pero nunca recibió respuesta del municipio. Hemos preguntado al municipio de Kujalleq qué medidas ha tomado en respuesta a la consulta de uno de sus residentes, pero el municipio no ha respondido.

Hoy, varios residentes de Narsarsuaq temen que los fuertes vientos que bajan de las montañas estén arrastrando amianto desde Hospitalsdalen sobre el pueblo. "Estamos justo en la trayectoria del viento. ¿Ha afectado esto a personas que han vivido aquí durante 50 o 60 años? No hay forma de saberlo. Pero creo que se lo debemos a la gente de Narsarsuaq —y también a todos los que han vivido aquí en el pasado— al menos investigar esto. Sería inaceptable no hacerlo", dice Ole Guldager.

En la década de 1990, los estadounidenses habían perdido temporalmente el foco sobre Groenlandia. La mayoría de las bases habían sido abandonadas. Solo la base aérea de Thule —que pasó a llamarse Pituffik Space Base en abril de 2023— permanecía bajo control estadounidense.

Los políticos groenlandeses expresaron su preocupación por las enormes cantidades de residuos que los estadounidenses habían dejado atrás, con la aprobación tácita de Dinamarca.

El 13 de marzo de 1991, el entonces ministro de Asuntos Exteriores Uffe Ellemann-Jensen y su homólogo estadounidense firmaron un acuerdo en el que Estados Unidos prometía "retirar o neutralizar de otro modo" todas las sustancias peligrosas conocidas —incluidos aceite usado, disolventes químicos, amianto y PCB— de las instalaciones militares que los estadounidenses estaban desalojando.

Al parecer, los estadounidenses incumplieron esa promesa 11 años después. Cuando Estados Unidos se preparaba para marcharse y devolver la zona de Dundas, estrechamente ligada a la base de Pituffik en el extremo norte de Groenlandia, se negaron, según el entonces ministro de Medio Ambiente Svend Auken, a limpiar lo que habían ensuciado, porque entonces se verían obligados a hacer lo mismo en sus otras bases por todo el mundo.

Mikaela Engell, del Ministerio danés de Asuntos Exteriores, que más tarde se convirtió en Alta Comisionada de Dinamarca en Nuuk, fue citada diciendo que había habido "una inversión completa de la posición de Estados Unidos sobre el medio ambiente entre 1991 y 2003".

Un portavoz del Pentágono lo describió en la misma publicación como un reparto de la carga: con sus instalaciones militares, Estados Unidos había proporcionado una defensa para el mundo libre, así que otros tenían que poner de su parte ocupándose de la limpieza.

La situación jurídica era ambigua. El acuerdo de 1991 dejaba claro que no sustituía al acuerdo de defensa de 1951, que estipulaba que Estados Unidos no tenía obligación de dejar las zonas de Groenlandia en las mismas condiciones que cuando las recibió. Por tanto, se convirtió en gran medida en una cuestión política de con cuánta firmeza insistiría Dinamarca en que Estados Unidos limpiara el lugar. Cuando finalmente se cerró el Acuerdo de Dundas en 2002, bajo el entonces primer ministro Anders Fogh Rasmussen, Dinamarca acabó asumiendo toda la responsabilidad por las enormes cantidades de residuos estadounidenses en Dundas.

Politiken ha preguntado al Departamento de Defensa de Estados Unidos y al Ministerio danés de Medio Ambiente si consideran que el acuerdo de 1991 es válido y se está cumpliendo. Ni las autoridades danesas ni las estadounidenses han respondido.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos tampoco ha respondido a las preguntas sobre por qué Estados Unidos no contribuirá al coste de la limpieza en Groenlandia, ni a ninguna de las demás preguntas de Politiken.

En la década de 2010, destacados políticos groenlandeses intensificaron su crítica al legado del ejército estadounidense. Esta crítica contribuyó al acuerdo del Gobierno danés de 2012 con el Autogobierno groenlandés para limpiar lo que había dejado el ejército danés en Groenlandia. Pero el acuerdo no mencionaba los residuos militares estadounidenses.

En 2017, el entonces ministro groenlandés de Asuntos Exteriores, Vittus Qujaukitsoq, se hartó. Sin el respaldo del presidente del Autogobierno, presentó una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que, en su opinión, Dinamarca no asumía suficiente responsabilidad para garantizar la limpieza de las instalaciones militares estadounidenses.

Era la primera vez que Groenlandia presentaba una denuncia contra Dinamarca ante la ONU. El relator especial de la ONU sobre residuos peligrosos, Baskut Tuncak, se tomó en serio la denuncia y posteriormente concluyó que "Dinamarca debe identificar y retirar todos los residuos militares dejados atrás en Groenlandia" que el pueblo groenlandés desee que se retiren.

En la misma carta, se instaba "encarecidamente" a Estados Unidos a participar y contribuir al esfuerzo. Esto no cambió la posición de Estados Unidos, pero al año siguiente el Gobierno danés decidió destinar 180 millones de coronas danesas a lo largo de seis años para limpiar bases estadounidenses seleccionadas.

Un comité de dirección dano-groenlandés, encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha quedado a cargo del trabajo, al que Estados Unidos no está contribuyendo. Los fondos de 2018 están lejos de haberse gastado, y hasta ahora solo se ha limpiado una pequeña parte de las bases.

Politiken ha planteado una serie de preguntas a la ministra danesa de Medio Ambiente, Maria Reumert Gjerding, sobre la contaminación estadounidense y los esfuerzos de limpieza daneses. No respondió a todas ellas.

En un correo electrónico a Politiken, Maria Reumert Gjerding escribe: "Es importante que cumplamos el acuerdo político para limpiar lo que dejó la antigua presencia militar estadounidense en Groenlandia, y que lo hagamos bien. Se lo debemos a la naturaleza y al pueblo groenlandés. El trabajo está en marcha, pero las condiciones son difíciles y lleva tiempo. Estoy haciendo un seguimiento de los avances, y hemos destinado fondos para continuar la tarea en estrecha cooperación con Groenlandia".

Pero, en retrospectiva, parece "tanto erróneo como inapropiado" que Dinamarca durante tanto tiempo no implicara a Groenlandia ni asumiera la responsabilidad por el legado de los estadounidenses, según Kristian Hvidtfelt Nielsen, que dirige el Centro de Estudios sobre la Ciencia de la Universidad de Aarhus y es coautor de un libro sobre Camp Century.

Esto ha dejado una desconfianza fundamental en Groenlandia que ahora se interpone en el camino, en un momento en que Groenlandia y Dinamarca deben abordar conjuntamente las amenazas que plantea Donald Trump, señala. "Es difícil decir si esto podría haberse evitado, pero desde luego no ayuda en la situación actual que hayamos creado ese tipo de conflicto y hayamos creado estereotipos del enemigo", dice Kristian Hvidtfelt Nielsen.

Ahora que Estados Unidos quiere regresar a varias de sus antiguas bases y ampliar su presencia militar en Groenlandia, muchas voces en Groenlandia reclaman medidas para garantizar que no se repitan los errores del pasado.

"Dado lo que sabemos hoy sobre el pasado, sería prudente considerar si hay una forma más adecuada de proceder al cerrar nuevos acuerdos, de modo que no acabemos enfrentándonos de nuevo a los mismos problemas", dice Mikkel Myrup, del Museo Nacional de Groenlandia.

"Al fin y al cabo, tenemos el principio de "quien contamina, paga" en Groenlandia. Eso debería aplicarse a todos, incluido Estados Unidos", dice Naaja Nathanielsen, miembro del Parlamento groenlandés. El Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha respondido a las críticas de los políticos groenlandeses.

En Narsarsuaq, Storch Lund todavía sueña con ver limpias las zonas contaminadas, que solían ser su lugar de juegos cuando era niño. "Sería maravilloso que se retirara todo. Pero es una tarea descomunal. Hay muchísimo suelo contaminado", dice.

Varios habitantes locales cuentan a Politiken que representantes del ejército estadounidense han visitado Narsarsuaq en los últimos seis meses para inspeccionar la pista de aterrizaje, el hotel del pueblo y el viejo aeropuerto.

Cuando se le pregunta si el personal militar estadounidense visitó también la gran zona que contiene los residuos americanos, Storch Lund responde: "No, no fueron hasta allí".

Un país de 660.000 habitantes y menos extenso que la provincia de Cuenca custodia 8,3 billones de euros, según la acepción española —es decir, 8,3 millones de millones—, en fondos de inversión. Es, de hecho, el mayor domicilio de fondos de Europa en cuanto a volumen de dinero, y el segundo país de la Unión Europea con más compañías de gestión de fondos, solo por detrás de Francia. La gran mayoría de empresas allí registradas está controlada por ciudadanos extranjeros. Sin embargo, ni la Agencia Tributaria española ni la Unión Europea (UE) lo consideran un paraíso fiscal. 

Este país es Luxemburgo, el Gran Ducado, cuyo entramado societario reveló en 2021 la investigación 'OpenLux' —liderada por Le Monde y OCCRP—. Entender qué revelaron los 3,3 millones de documentos de aquella investigación, realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre, exige responder antes a una pregunta: ¿cómo funcionan las empresas que se montan allí, y por qué tantas grandes fortunas y entramados internacionales eligen este rincón en el corazón de Europa para sus gestiones financieras?

La respuesta reside fundamentalmente en sus ventajas fiscales. Según explican los expertos consultados por infoLibre, el pequeño Estado europeo es especialmente beneficioso para grandes multinacionales y holdings de sociedades que operan a nivel internacional. Es decir, las empresas más grandes y más ricas. Tanto estas como las grandes fortunas gozan en Luxemburgo de diversos beneficios fiscales, especialmente para mover dinero entre sociedades de diferentes países.

En la elección del Gran Ducado también influye la opacidad que, para algunos aspectos, aún existe en su registro mercantil. Aunque Luxemburgo comparte información tribiutaria con el resto de Estados miembros de la UE y persigue activamente delitos económicos como la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, el país sigue ofreciendo cierto nivel de confidencialidad a las empresas que operan desde allí, apuntan los expertos.

En un documento técnico de la Comisión Europea de este mismo mes de junio se asegura que la planificación fiscal agresiva "sigue siendo un desafío" en Luxemburgo, ya que "distorsiona la competencia leal y pone en peligro un entorno fiscal equitativo en la UE". El análisis de la Comisión concluye que el Gran Ducado "ha adoptado medidas limitadas para abordar esta cuestión" y habla de "la necesidad de una acción más integral para garantizar un entorno fiscal justo y transparente". Es casi con las mismas palabras lo que denuncia Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón: "Hemos avanzado en el primer peldaño, que es la transparencia fiscal, pero no se ha hecho nada por combatir la agresividad fiscal".

El documento de la Comisión pone el foco especialmente en los pagos al exterior. Se trata del proceso que utiliza una empresa o filial en Luxemburgo para pagar intereses o royalties a otra compañía del grupo situada en otro país, habitualmente con una fiscalidad aún más ventajosa. Esos desembolsos se convierten en gastos deducibles, a pesar de que suelen ser gastos artificiales empleados para reducir el beneficio final de la empresa en Luxemburgo y trasladar parte de las ganancias a esa otra jurisdicción donde van a tributar menos por ellas.

Luxemburgo solo ha limitado que ese tipo de gastos no sean deducibles cuando se realizan a empresas en países de la lista negra fiscal de la Unión Europea —lo que la UE considera como 'países que no cooperan con la UE o no han cumplido plenamente sus compromisos'—, que a día de hoy solo está formada por diez Estados. Debido a ello, esta estrategia mercantil —uno de los principales beneficios fiscales que opera en Luxemburgo— puede seguir siendo utilizada con muchas otras jurisdicciones de baja tributación. Según explica Giulia Aliprandi, investigadora del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, "en términos mercantiles, Luxemburgo es muy bueno adoptando las normas europeas, pero es aún mejor encontrando huecos que les permiten sortearlas legalmente". 

La Comisión resume esa estrategia con los gastos deducibles en el informe de la siguiente forma: "El país se utiliza como canal para los flujos de capital y la optimización financiera por parte de los grupos multinacionales". Es decir, las grandes empresas multinacionales utilizan Luxemburgo para trasladar beneficios de forma artificial de unos países a otros y conseguir, así, pagar menos impuestos.

Esa forma de operar con los gastos artificiales para enviar beneficios a otro país es uno de los mecanismos tradicionales utilizados por las multinacionales para evitar pagar más impuestos. Este tipo de tretas se engloban dentro de la estrategia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), contra la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva luchando desde 2013 y a la que define como una forma de "aprovecharse de las lagunas y discrepancias en la normativa fiscal" internacional.

Otro de esos mecanismos BEPS que se llevan a cabo en Luxemburgo es el régimen de exención de dividendos y plusvalías que opera en el país. La fiscalidad del Gran Ducado permite a las empresas crear una sociedad para que ejerza como matriz y reciba los dividendos de las compañías del grupo en otros países sin volver a tributar en Luxemburgo.

Esta medida no es exclusiva de este pequeño Estado centroeuropeo, está implantada en la mayoría de países occidentales, incluso en España. "Se hace para evitar la doble imposición. Los dividendos quedan exentos porque ya han tributado los beneficios originales en el otro país. Pero en España se exige que el tipo nominal del impuesto de sociedades del país donde se generaron esos beneficios sea de, al menos, el 10%. Luxemburgo no exige ese mínimo", resume José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Si el factor de los gastos deducibles hace que el dinero fluya de Luxemburgo hacia fuera, la exención de dividendos opera de forma inversa, es decir, el dinero llega desde otros países a Luxemburgo. En cualquier caso, ambos mecanismos operan como beneficios fiscales y convierten al país en un "canal para los flujos de capital y la optimización financiera", como asegura la Comisión Europea en su reciente análisis del país. 

Esta estrategia es la que utiliza, por ejemplo, Amancio Ortega con su holding inmobiliario internacional. Tal y como ha revelado infoLibre en la primera entrega de esta investigación, muchas de las sociedades del mismo pertenecen a sus empresas luxemburguesas, lo que le permite beneficiarse de esa exención en el reparto de dividendos. 

Estos entramados de sociedades a nivel internacional utilizan Luxemburgo como un "país conducto" o intermediario que neutraliza la carga fiscal, "logrando disminuir los impuestos globales en toda la estructura del grupo empresarial", explica Giulia Aliprandi.

Todos estos factores, junto con las cifras de inversión extranjera "desproporcionadas respecto a su PIB" que atrae Luxemburgo, provocan que, en opinión de Susana Ruiz, el Gran Ducado "siga siendo un paraíso fiscal". De forma oficial, sin embargo, ya no lo es. Para España dejó de figurar en la lista de paraísos —técnicamente,"jurisdicciones no cooperativas"— en 2010, cuando entró en vigor el convenio de doble imposición y se instauró el intercambio de información. Un año antes la OCDE ya lo había sacado de su "lista gris", y en la de la UE nunca ha estado incluido porque solo evalúa a países externos a la Unión. 

Aun así, el Parlamento Europeo lo señaló en 2019 —junto a Irlanda, Países Bajos, Malta y Chipre— como un país con características propias de un paraíso fiscal. Los expertos consultados por infoLibre coinciden en denominar, a día de hoy, a los mismos países como los más atractivos de la UE a nivel fiscal para grandes fortunas tanto empresariales como familiares. 

La primera entrega de 'OpenLux' fue posible gracias a que en 2021, los titulares reales de las empresas —conocidos también como beneficiarios finales— eran públicos. Le Monde pudo extraer esos datos de las sociedades luxemburguesas de un registro abierto, sin necesidad de que se produjera una filtración. Pero esto ya no es así. 

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE cerró en noviembre de 2022 el acceso público, y hoy quien quiere consultar quién está detrás de una sociedad debe acreditar un "interés legítimo" para utilizar el registro. Pero la opacidad de Luxemburgo nunca dependió exclusivamente de la facilidad de acceso a su registro: ya cuando el acceso era libre la mitad de sus empresas no declaraba su titularidad real, como reveló 'OpenLux'.

Susana Ruiz lo resume en dos realidades que se dan a la vez: "Hay más transparencia formal porque el marco regulatorio de la UE y de la OCDE así lo exige", pero al mismo tiempo hay "una gran impunidad para seguir operando con opacidad". El problema, sostiene, "no es la falta de información teórica, porque los datos están ahí, sino que el tratamiento fiscal que reciben sigue siendo desproporcionadamente ventajoso".

Esa opacidad real tiene un instrumento estrella: la SCSp (société en commandite speciale), una figura que permite a los socios y accionistas no registrarse en el documento de constitución. Así, los verdaderos dueños de la empresa en cada momento solo constan —o deberían constar— en el registro de titularidades reales, que no es de acceso libre. Sin embargo, con esta forma de proceder es imposible establecer un histórico de los accionistas. Además, estas compañías tampoco registran sus cuentas anuales, por lo que no se puede fiscalizar su valor o su actividad.

Esta figura societaria es la elegida, por ejemplo, por Jordi Pujol Gironès, nieto del expresident de Cataluña Jordi Pujol, uno de los primeros nombres revelados por la investigación de infoLibre. Es titular al 50% de una SCSp denominada Casa de Datos, que comparte con Niccolò Belingardi Clusoni. La naturaleza de la mercantil impide rastrear su actividad e inversiones, pero Belingardi es fundador de Belfin Capital, una compañía suiza dedicada a la inversión inmobiliaria en activos de lujo, que posee varios edificios en Suiza y el norte de Italia.

Esta línea de negocio no es ajena a Pujol Gironés, que ha desarrollado parte de su carrera laboral en Blackstone, precisamente uno de los mayores fondos de inversión inmobiliaria del mundo, como informó El Confidencial. Pujol y Belingardi también tienen en común ser 'hijos de'. El primero, de Jordi Pujol Ferrusola, que no ha ocupado ningún cargo público, pero sí ha acumulado relevancia mediática a cuenta de su imputación en la Audiencia Nacional —junto a su exesposa y madre de Pujol Gironès, Mercè Gironés— por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito fiscal; y el segundo de Vittorio Belingardi, que ha ostentado importantes cargos en sociedades públicas italianas como las que gestionan el metro o el aeropuerto de Milán, los ferrocarriles estatales o el Comité de Inversiones Públicas de Lombardía.

Las leyes europeas obligan a Luxemburgo a colaborar con otros países en materia de lucha contra los delitos económicos, y la "transparencia formal" ha aumentado mucho en los últimos años, apunta Susana Ruiz. Sin embargo, en la práctica, la opacidad persiste, asegura la experta. El hecho de que el registro de titulares no permita identificar con precisión a todos los beneficiarios finales de las empresas o figuras como las SCSp dificultan enormemente la labor de las autoridades fiscales. 

Sobre el papel, la Hacienda española y el resto de agencias europeas deberían recibir de forma automática la información de todos los titulares de cuentas y fondos en Luxemburgo. Pero, "si cruzamos el volumen descomunal de sociedades y activos registrados allí con lo que realmente se declara en los países de origen, las cifras son totalmente incompatibles", señala Ruiz. 

Aunque Luxemburgo no ofrece acceso público al registro de titularidades reales de sus empresas, sino que exige cumplir determinados requisitos, no sale perdiendo respecto a España en términos de transparencia. En nuestro país el acceso a este registro tampoco es libre y también exige justificar un interés legítimo, que da acceso a datos limitados y previo registro. Además, otros datos se publican únicamente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), que tampoco tiene un buscador con toda la información en abierto.

Luxemburgo, en el caso de las sociedades que no son SCSp, permite consultar las cuentas anuales sin declarar la causa del interés ni abonar ningún coste, mientras que en España es necesario pagar una tasa para acceder a los mismos documentos, lo que en el caso de grandes entramados empresariales con muchas matrices y sociedades relacionadas, encarece y dificulta la investigación periodística, especialmente para medios independientes como infoLibre. 

Susana Ruiz coincide en el diagnóstico y en la necesidad de mejorar la transparencia del registro mercantil en España, pero matiza que, dado el volumen de transacciones e inversión que acumula Luxemburgo, supone un mayor "foco de problemas" que el resto de países. Mollinedo coincide en que, en algunos aspectos, el registro de Luxemburgo funciona en términos de transparencia mejor que el español: "En Luxemburgo el acceso para conocer quiénes son los beneficiarios últimos de manera pública es gratuito. En España, por mantener el status quo de los registradores, es necesario solicitarlo y pagar por ello".

El martes 9 de diciembre de 2025, el doctor Carlos Mur de Viu no se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla. El que fuera alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la crisis del covid estaba citado a declarar como investigado por la gestión de los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, desvelados en exclusiva por infoLibre. El plantón judicial provocó un terremoto inmediato: las acusaciones particulares de las víctimas solicitaron orden de busca y captura al alegar que el ex alto cargo de la Comunidad de Madrid se encontraba en paradero desconocido.

Tampoco se presentó el ex director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a su siguiente cita relevante, fechada justo una semana después, el martes 16 de diciembre, en una notaría de Luxemburgo. Pero allí, al menos, se había molestado en delegar. Mediante un poder firmado por Mur, una empleada de la notaría comparecía en su nombre para un fin muy distinto al de dar explicaciones a la Justicia. En el Gran Ducado buscaba formalizar la disolución de Rentados SA, una sociedad anónima familiar registrada en Luxemburgo de la que el médico, en ese momento, controlaba el 100% de las acciones.

La extinción de esta firma mercantil, ejecutada mediante una transmisión universal de patrimonio a favor de Mur —es decir, los fondos que quedaban en la empresa pasaron a pertenecerle a él, como único accionista— puso fin a un vehículo societario abierto a finales de 2011. La empresa llegó a manejar en su pasivo un préstamo de 1,5 millones de euros que durante años se distribuyó en forma de créditos a "empresas vinculadas". 

La identidad de las empresas receptoras no aparece desglosada en las cuentas públicas debido a que la legislación de Luxemburgo exime de ese nivel de detalle a las sociedades que presentan balances en formato abreviado. El desmantelamiento definitivo de la estructura se ha completado después de la mudanza del ex director general a Andorra la Vella (un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España), localidad que ya declaró como su domicilio oficial ante el notario y desde la que actualmente comparece ante el juez por videoconferencia tras haberse ampliado recientemente la investigación penal al delito de prevaricación.

Como director general de Coordinación Sociosanitaria del SERMAS, Carlos Mur de Viu firmó en marzo de 2020 los protocolos que restringieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales. Destituido por Isabel Díaz Ayuso en mayo de ese año, es el principal cargo político del Gobierno madrileño que ha sido imputado por la gestión de la pandemia. En su caso, por homicidio imprudente y denegación de auxilio, en distintas causas repartidas por diversos juzgados de la región.

El procedimiento se ha convertido en un cruce de acusaciones donde, por un lado, directores de centros y mandos intermedios han testificado que Mur redactó y ordenó por correo aplicar los criterios de exclusión. Por otro, en sus declaraciones por videoconferencia desde Andorra, Mur deriva la responsabilidad hacia arriba y sostiene que las directrices formaban parte de un plan diseñado por la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero.

La semilla de Rentados SA se plantó formalmente el 14 de diciembre de 2011. Su único accionista y fundador original fue el padre de Carlos Mur, José María Mur Bernad, líder histórico del Partido Aragonés (PAR) —por el que fue presidente de las Cortes de Aragón, diputado nacional y senador— y que eligió el Gran Ducado para registrar la mercantil el mismo año en que dejó su escaño como senador en las Cortes Generales, su último cargo público.  

La vinculación de Mur padre con los negocios inmobiliarios, sin embargo, venía de lejos y ya le había causado problemas fiscales. En los años noventa, el entonces diputado nacional tuvo que comparecer ante la Comisión del Estatuto de los Diputados en el Congreso para defender la compatibilidad de su escaño con su actividad privada como agente de la propiedad inmobiliaria y socio mayoritario en una veintena de empresas de su comunidad. En esa misma época, el Ejecutivo aragonés llegó a cifrar en unos 80 millones de pesetas un presunto fraude fiscal cometido por el político en la venta de unos terrenos en Zaragoza. El caso se originó tras una denuncia del PSOE, que criticaba el desfase entre las cantidades que Mur había escriturado y la valoración real del suelo.

Décadas después de aquella batalla política y fiscal, las cuentas anuales de su firma luxemburguesa reflejan que funcionaba sin estructura operativa alguna: nunca llegó a tener a un solo trabajador en nómina y carecía de actividad comercial directa. Pese a ello, la sociedad dispuso desde su primer ejercicio fiscal de un notable músculo financiero, registrando en su pasivo deudas con entidades de crédito a largo plazo por valor de 1,5 millones de euros.

El relevo definitivo en la propiedad de la estructura internacional luxemburguesa se produjo en el momento más delicado para el ex alto cargo del Gobierno de Ayuso. Según los datos del registro de Luxemburgo, fue el 18 de enero de 2023 cuando se formalizó el cambio de titularidad familiar en el que José María Mur cedió el total de las acciones a su hijo Carlos. Por aquellas fechas, la gestión sanitaria del facultativo ya acumulaba un goteo constante de querellas y denuncias en los juzgados por parte de los colectivos de familiares de las víctimas del covid.

A partir de ese traspaso entre padre e hijo, la contabilidad de la firma luxemburguesa pisó el acelerador para su desmantelamiento. En un movimiento paralelo al avance de las pesquisas judiciales en España, las "empresas vinculadas" devolvieron de golpe los saldos pendientes a la matriz. Con esa liquidez, la sociedad amortizó y saldó por completo la deuda histórica de 1,5 millones de euros que arrastraba en su pasivo desde su fundación, dejando el valor de la mercantil en 111.000 euros invertidos en valores bursátiles.

Para asegurar el control de la última fase de la empresa, Carlos Mur se inscribió formalmente como administrador en el consejo de administración a finales de 2024. 

Aunque las cuentas en Luxemburgo mantuvieron bajo llave la identidad de las firmas receptoras de los fondos, el rastro de las inversiones familiares en España apunta hacia el sector del ladrillo. En octubre de 2019, al ser nombrado director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur cumplimentó su correspondiente declaración de bienes ante la Comunidad de Madrid.

En aquel documento público, el facultativo no incluyó rastro de la firma de Luxemburgo —cuyas participaciones seguían en ese momento a nombre de su padre—, pero sí declaró poseer acciones por un valor de 32.000 euros en la mercantil española Valiner SL, a la que describió de su puño y letra como una "empresa inmobiliaria y promotora familiar". Esta sociedad promotora, que maneja un capital social superior al millón de euros, cuenta con María Pilar de Viu Oliván, la madre de Carlos Mur, como administradora única y controla a su vez una red de empresas dedicadas a la construcción en territorio nacional.

Los balances oficiales de Valiner SL depositados en el Registro Mercantil demuestran que, detrás de la modesta etiqueta de "empresa familiar", se esconde un mastodóntico holding patrimonial. La sociedad maneja un activo total de 16,4 millones de euros y unos fondos propios que rozan los 15,7 millones. Con apenas dos empleados en plantilla —uno de ellos la propia María Pilar de Viu—, opera como el centro financiero de un entramado que controla al 100% diversas filiales de construcción y que riega con créditos internos a más de una docena de empresas del grupo.

En el corazón de este entramado también aparece el hermano del ex alto cargo, José Ángel Mur Viu, que consta en el accionariado y ejerce actualmente como apoderado de la matriz. Su nombre arrastra un complejo historial en las crónicas de tribunales. El hermano del firmante de los Protocolos de la Vergüenza madrileños fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, tras probarse que participó en el desvío ilícito de casi 10 millones de euros pertenecientes a un gigante fotovoltaico chino mediante facturas falsas emitidas a sociedades pantalla en Países Bajos y Chequia.

La magnitud de los negocios energéticos de los Mur y sus socios llegó a salpicar a las cloacas del Estado. La multinacional asiática estafada contrató en secreto al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su grupo empresarial Cenyt, según declaró uno de sus socios, para que recuperara el dinero robado por la trama española. Una carambola de reuniones grabadas y amenazas que terminó en la Audiencia Nacional bajo el mando del juez Manuel García-Castellón, dentro del conocido como caso Villarejo. 

infoLibre ha contactado con Carlos y José María Mur para recabar su versión sobre los hechos que se detallan en este artículo. El histórico líder del PAR y exparlamentario en ambas cámaras no ha atendido a las preguntas de este periódico. Su hijo Carlos sí ha respondido para defender la legalidad de los movimientos y desvincularse de la matriz española: "En el caso de Valiner, he sido y soy completamente ajeno a su desarrollo de negocio y al detalle de su ejecución". 

Respecto a la sociedad luxemburguesa, Mur declara que asumió el control de Rentados SA tras una "sobrevenida situación personal" de su padre y que la firma estaba al corriente de sus obligaciones pero sin actividad. "Si decidí su extinción fue por la única razón de que ni tenía operativa ni la iba a tener. Dicha decisión no tuvo relación con el avance de ninguna causa", afirma.

En febrero de 2021 se publicó OpenLux, una investigación internacional que analizaba cómo las empresas de Luxemburgo facilitan el blanqueo de capitales y la evasión fiscal y destapaba cómo multitud de fortunas y poderosos se benefician de esa forma de operar. La investigación estuvo liderada por OCCRP —un consorcio de investigación periodística del que es socio infoLibre— y por el periódico francés Le Monde. En España, infoLibre se encargó del caso y reveló la identidad de multitud de ciudadanos que tenían sociedades en el Gran Ducado de Luxemburgo, caracterizado por su opacidad mercantil y sus ventajas fiscales.

Cinco años después, la historia continúa. OpenLux es una investigación a largo plazo y ahora decenas de medios a nivel internacional —coordinados otra vez por OCCRP y Le Monde— vuelven a unir sus fuerzas para revelar nuevas historias relacionadas con la opacidad financiera y las empresas y negocios radicados en Luxemburgo. infoLibre, de nuevo, es el medio encargado, en exclusiva, de la parte española.

Solo en este periódico se podrán leer en los próximos días y semanas multitud de informaciones sobre ciudadanos españoles —y de otros países— que han decidido operar desde Luxemburgo. De aristócratas o deportistas a importantes directivos y empresarios patrios. Incluso personas que han ocupado altos cargos políticos en administraciones españolas.

Uno de los nombres propios que revela esta investigación es el de Jordi Pujol Gironès, hijo de Jordi Pujol Ferrusola (Jordi Pujol junior) y de Mercè Gironès —ambos procesados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito fiscal— y nieto del expresident de Cataluña. 

Pujol Gironès aprovecha la opacidad que ofrece la figura de la sociedad comanditaria especial (SCSp, por sus siglas en francés), un tipo de mercantil luxemburguesa que no obliga a presentar cuentas anuales, lo que impide fiscalizar su actividad o inversiones. El nieto del expresident —cuyos siete hijos están acusados en el juicio aún pendiente de sentencia, pero del que él ha sido eximido por su delicada salud— ostenta el 50% de la sociedad Casa de Datos SCSp —cuya actividad se desconoce— junto a un socio italiano.

Otro caso es el de Amancio Ortega. La persona más rica de España, según la lista Forbes —y la décima del mundo en ese ránking—, tenía en 2021 dos empresas en Luxemburgo a través de las que gestionaba diversas inversiones inmobiliarias y que contaban con más de 1.000 millones de euros en activos, tal y como explicó infoLibre durante las primeras publicaciones de OpenLux.

Una de las dos empresas era Adelphi Property Sàrl, la sociedad propietaria del edificio Adelphi, un emblemático complejo de oficinas en el centro de Londres, donde tienen sede compañías como Spotify, The Economist, Condé Nast o PetroChina. Ortega compró esa sociedad y, por tanto, el edificio, al fondo buitre Blackstone en 2018. Pero Adelphi Property Sàrl ya no existe. En 2022 arrancó el proceso para disolver la empresa, que terminó finalmente en diciembre de 2024, tal y como ha podido comprobar infoLibre en el registro mercantil de Luxemburgo.

infoLibre contó ya en 2021 que las empresas de Ortega explicaban entonces que era "probable que el edificio Adelphi se traslade a una compañía del Reino Unido y se disuelva la sociedad luxemburguesa", ya que su política habitual era que los edificios pertenecieran a sociedades del país en el que se encuentran. Y así terminó sucediendo. En la liquidación de la sociedad luxemburguesa consta, precisamente, la transmisión de los activos a otra compañía, Almack Ltd, una de las sociedades en Reino Unido que forman parte del holding inmobiliario internacional del dueño de Inditex.

La otra sociedad en Luxemburgo era Hills Place Sàrl, que a finales de 2019 gestionaba algo más de 750 millones de libras esterlinas en activos, tal y como explicó este medio. Esta sociedad sigue activa en el Gran Ducado y, de hecho, ha ido aumentando su valor. Según sus cuentas de 2024 —las últimas presentadas ante el registro de Luxemburgo—, sus activos ascienden ya a más de 2.400 millones de libras (más de 2.800 millones de euros al cambio de diciembre de ese año).

Esa cifra se debe esencialmente a que la sociedad luxemburguesa ahora controla completamente a Pontegadea UK Ltd, otra de las compañías en Reino Unido del holding inmobiliario que Amancio Ortega ha ido construyendo a lo largo de los años y de forma paralela a su imperio textil.

No es la única empresa en Luxemburgo controlada por el dueño de Zara e Inditex. A día de hoy, Ortega es también el beneficiario final de otras nueve sociedades con sede allí, como Pontegadea RE Luxembourg Sàrl, Pontegadea Luxembourg Sàrl, Pontegadea Netherlands Sàrl o Pontegadea Logistics Holdings Sàrl.

La mayoría forman parte del citado grupo inmobiliario a nivel internacional. Muchas de ellas, como Pontegadea Luxembourg Sàrl o Pontegadea Logistics Holdings Sàrl, fueron creadas tras las primeras publicaciones de OpenLux hace ahora cinco años. La última en constituirse ha sido, precisamente, Pontegadea Logistics Holdings Sàrl, que se inscribió en el registro de Luxemburgo el 3 de abril de 2026.

El volumen de las inversiones inmobiliarias de Amancio Ortega ha ido creciendo en los últimos años, al igual que los activos que gestiona desde Luxemburgo. Por ejemplo, Pontegadea Luxembourg Sàrl declaró en sus cuentas de 2024 unos activos por valor de más de 7.000 millones de euros. Esto se debe a que es propietaria, a su vez, de diez sociedades del holding, repartidas entre el Gran Ducado y otros países como Estados Unidos, Italia o Irlanda. 

Entre esas compañías que dependen de Pontegadea Luxembourg Sàrl están, por ejemplo, Ponte Gadea USA Inc, Pontegadea Canada Inc o Pontegadea RE Luxembourg Sàrl. Muchas de las sociedades de Amancio Ortega comparten esa mención a Pontegadea en su denominación. Ese término es el que da nombre al grupo o holding inmobiliario que el empresario maneja a nivel internacional, con sociedades en multitud de países, como Luxemburgo, Reino Unido o España.

En total, las sociedades de las que Ortega es titular final en Luxemburgo tienen un valor, según los activos que ellas mismas declaran ante el registro del país, de más de 10.000 millones de euros —incluyendo las filiales en otros Estados que pertenecen a una empresa matriz en el Gran Ducado—. Esa cifra no incluye a ITX Luxembourg SA, la sociedad que gestiona el negocio de Inditex en el país y que no forma parte del holding inmobiliario y los otros negocios de Ortega.

10.000 millones de euros es una cifra superior al Producto Interior Bruto (PIB) de países como Mónaco o Sudán del Sur. El monto también es mayor que lo que destinan los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en España, por ejemplo, a agricultura, pesca y alimentación —8.868 millones de euros— o a fomento del empleo —8.029 millones de euros—. Si se pone en relación con el sistema de pensiones de España, 10.000 millones de euros darían para abonarlas durante unos 20 días, según la nómina de la Seguridad Social correspondiente a este mes de mayo.

Además de Amancio, su hija Sandra Ortega también posee acciones de compañías en Luxemburgo utilizadas para inversiones inmobiliarias a nivel internacional, tal y como ya explicó infoLibre en 2021. Se trata de 30 AGVH 1 Sàrl y 30 AGVH 2 SA, valoradas en 208 y 189 millones de euros, respectivamente, según los activos que declararon en 2024 ambas compañías. La hija mayor de Amancio, que al contrario que su hermana Marta, no ocupa cargo en Inditex, posee el 40,16% de ambas sociedades, y su socio principal es el ciudadano saudí Osama Hussein Al Sayed.

La investigación de infoLibre afecta, entre otros, a nombres ilustres que forman parte de la nobleza española y eligen el Gran Ducado como refugio de sus fortunas. Entre ellos, el marqués de Bélgida, José Luis Cotoner Martos, grande de España e hijo del mentor de Juan Carlos I. Cotoner fue condenado en España por fraude fiscal y posee el 100% de un holding en las afueras de Luxemburgo con más de 27 millones de euros en su activo.

Cotoner no es el único hijo de una persona cercana a Juan Carlos I, y con problemas judiciales en España, cuyo nombre consta en el registro mercantil del pequeño Estado europeo. infoLibre irá desgranando en próximas fechas las identidades de empresarios, ex altos cargos, aristócratas, deportistas y otras conocidas personalidades españolas o vinculadas a España que han escogido la opacidad de Luxemburgo o las ventajas de su régimen tributario para sus operaciones financieras. 

La investigación internacional destapa que el uso de estas redes mercantiles cruza fronteras y afecta a clanes políticos de todo el planeta. Un ejemplo revelado por OCCRP y Le Monde es el de Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo, hijo del fallecido presidente de Gabón, Omar Bongo. Mientras ejercía como director general de Presupuesto y Finanzas Públicas de su país, Andjoua inyectó millones de dólares en un imperio inmobiliario con 43 propiedades en Dubái, y operaba en paralelo dos sociedades luxemburguesas. Las autoridades del Gran Ducado han abierto una investigación judicial contra él por presunto fraude fiscal agravado, blanqueo y falsedad documental. 

En 2020 y 2021, Le Monde obtuvo información sobre los titulares reales de todas las empresas registradas en Luxemburgo y la compartió con el resto de medios que participaron en OpenLux. Cinco años después de las primeras publicaciones, varios de ellos han vuelto a unir sus fuerzas para investigar qué fue de quienes ya operaban en Luxemburgo por aquel entonces y para dar a conocer nuevos nombres e historias relacionados con los entramados societarios en el Gran Ducado.

Ya en aquel momento la investigación tuvo un gran impacto. OpenLux demostró, por ejemplo, cómo fondos sospechosos de provenir de actividades delictivas o vinculados a organizaciones criminales como la mafia italiana, la 'Ndrangheta o el crimen organizado ruso se escondían en sociedades en el Gran Ducado. La investigación también destapó que famosos y grandes fortunas utilizaban Luxemburgo para pagar menos impuestos que en sus propios países. Fue el caso de Cristiano Ronaldo, Tiger Woods o Shakira. En los próximos días y semanas, nuevos nombres.

Con la cabeza rapada, el cuello grueso y la mandíbula pronunciada, Andrei tiene el aspecto de un hombre intimidante.

Su trayectoria profesional encaja con esa impresión. El currículum de Andrei lo describe como antiguo comandante de una unidad aerotransportada de élite rusa que sirvió en “operaciones de combate” en Chechenia, trabajó como guardaespaldas personal y más tarde ocupó altos cargos en el ámbito de la seguridad corporativa.

La misión más reciente de Andrei, sin embargo, era muy distinta: garantizar que los petroleros que transportaban crudo ruso sancionado llegaran a sus destinos en el extranjero. Su trabajo, dice, consistía en "vigilar, informar y no permitir que el buque se desviara de su rumbo".

Tensionada por su agotadora guerra contra Ucrania, Moscú necesita desesperadamente esta llamada ‘flota fantasma’ de buques antiguos y de propiedad opaca para seguir entregando su petróleo a clientes de todo el mundo. En marzo, una investigación de OCCRP, Delfi Estonia, Helsingin Sanomat e iStories, que publicó infoLibre en exclusiva en España, expuso en detalle cómo se estaba colocando de forma encubierta a tripulantes rusos con antecedentes en seguridad, como Andrei, junto a tripulaciones mayoritariamente extranjeras.

Ahora, OCCRP se ha unido a un consorcio de medios europeos liderado por Follow the Money y el Dossier Center para identificar a decenas más de estos hombres, trazar las rutas que tomaron y hablar con varios de ellos de primera mano.

Aunque a menudo figuran como ‘técnicos’ o ‘supernumerarios’ en las listas de tripulación, sus antecedentes son ya una indicación de que no eran marineros corrientes. Una combinación de datos filtrados e investigación de fuentes abiertas muestra que muchos son veteranos del Ejército ruso, de compañías militares privadas o antiguo personal de seguridad del Estado.

Haciéndose pasar por reclutadores en busca de guardias de seguridad para próximas travesías de la flota fantasma, los reporteros lograron hablar con Andrei (seudónimo) y otros tres hombres para conocer mejor sus experiencias a bordo. Los hombres afirmaron que, entre sus tareas, la principal era vigilar a los capitanes y tripulaciones extranjeras que manejaban los buques, en particular en situaciones en las que existía riesgo de abordaje.

Durante el último año, las autoridades europeas han interceptado petroleros pertenecientes a la flota fantasma rusa en unas cuantas ocasiones, a menudo por hacer uso de una bandera falsa o porque se sospechaba que habían dañado cables submarinos.

En estas situaciones, explicó Andrei en una videollamada con un “reclutador”, algunos capitanes se "comportaron correctamente", mientras que otros "cedieron". Su misión, dijo, era "asegurarse de que tales acciones incorrectas [ceder] no tuvieran lugar".

Andrei dijo que sus funciones también incluían mantener informados a sus superiores, a quienes no identificó, sobre la ubicación, velocidad y rumbo de su buque mediante informes dos veces al día. Y “naturalmente”, dijo, debía hacer un "informe inmediato" en caso de cualquier emergencia.

Otro vigilante, Mikhail, afirmó haberse graduado en un centro de formación de oficiales de las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia y que había pasado ocho años en Siria dirigiendo un destacamento de seguridad personal para un contratista militar privado. Aunque oficialmente estaba registrado a bordo de un buque sancionado como ‘técnico’, su trabajo, dijo, consistía en "vigilar a la tripulación, al capitán y al primer oficial".

"Averiguaba quién era el chivato, para quién trabajaban, o qué información salía del barco hacia tierra", afirmó Mikhail. "Hacia las autoridades indias, o quizá incluso hacia países de la OTAN". Los hombres también revelaron detalles más cotidianos sobre su tiempo en el mar, como quejas sobre la comida picante —preparada por una tripulación india— y de las infestaciones de chinches en los camarotes. "Cuando subí al barco por primera vez, estaba contento con todo, el camarote estaba limpio", declaró Mikhail. "Pero una semana después, descubrí que había empezado a despertarme cubierto de picaduras, y hay manchas de sangre en las sábanas". 

"Este trabajo se convirtió en un infierno", dijo. "Un verdadero infierno".

Un oficial de inteligencia europeo, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los hallazgos de esta invesyigación coinciden con su valoración de la tarea principal de los vigilantes: "mantener a raya al capitán". Su papel, dijo, consiste en "asegurarse de que los capitanes no pierdan los nervios y entren en las aguas territoriales de las naciones occidentales. Si no entran, los países occidentales no pueden hacer nada".

Michelle Bockman, analista de inteligencia marítima especializada en flujos de petróleo sancionado, señala que los barcos a veces llevan guardias armados en zonas donde la piratería es una amenaza. Pero el despliegue "constante" de hombres que han trabajado para compañías de seguridad vinculadas al Estado, como la antigua organización de mercenarios Grupo Wagner, es "una mezcla realmente preocupante de lo militar y lo comercial", dijo.

La Armada rusa y el portavoz del presidente Vladímir Putin, Dmitri Peskov, no respondieron a las solicitudes de comentarios. Ante las preguntas de un periodista que sí se identificó como tal, Andrei describió cualquier referencia a su trabajo en la flota fantasma como una "mentira", y Mikhail dijo que nunca había estado a bordo de un petrolero.

Para iniciar esta investigación, los reporteros del Dossier Center obtuvieron las listas de tripulación de 757 petroleros de la ‘flota fantasma’ que realizaron travesías entre enero de 2023 y abril de 2026. Los buques habían sido sancionados por Estados Unidos o la Unión Europea, o señalados por las autoridades ucranianas.

Entre las decenas de miles de tripulantes que figuraban, los reporteros lograron identificar a 83 hombres que parecían encajar en el patrón de los vigilantes: rusos en tripulaciones mayoritariamente extranjeras, la mayoría figurando como ‘supernumerarios’, ‘técnicos’ o, en algunos casos, ‘guardias de seguridad’. A diferencia de otros marineros de las listas, muchos no tenían junto a su nombre ningún diploma náutico pertinente ni otra titulación.

El número de viajes que realizaron estos hombres aumentó bruscamente en el verano de 2025, unos meses después de que la Armada estonia detuviera un petrolero de la flota fantasma rusa y estuviera a punto de abordar otro. La presencia de los hombres se redujo después a partir de este enero, un cambio que los analistas todavía intentan descifrar.

Se les desplegaba con mayor frecuencia en una de las rutas petroleras comercialmente más importantes de Rusia: la mayoría de sus barcos zarpaban de los puertos rusos del mar Báltico antes de viajar a través del Mediterráneo para entregar su petróleo a la India, en gran parte a los puertos colindantes de Sikka y Vadinar, en el estado de Guyarat.

La información de las plataformas de reclutamiento, las redes sociales o las apps de citas, junto con  información filtrada de bases de datos oficiales rusas, permitieron a los reporteros del Dossier Center saber más sobre los antecedentes profesionales de los “vigilantes”.

Muchos provenían del mundo de la seguridad privada, un número significativo tenía antecedentes militares y aproximadamente una cuarta parte de los 83 eran veteranos de compañías militares privadas. Entre estas últimas se incluye Redut, una organización sancionada por Occidente que, según se informa, opera bajo el Ministerio de Defensa, y el más conocido Grupo Wagner, que durante casi una década combatió en conflictos de todo el mundo en nombre de Moscú.

Muchos de los hombres han servido en Siria, donde el Grupo Wagner ayudó al Kremlin a apuntalar el régimen de Assad. Entre ellos está Yuri Rzhevsky, un hombre de 52 años que trabajó el pasado noviembre en el Selva, un petrolero sancionado que navegaba bajo bandera de Omán. Según archivos filtrados del Grupo Wagner obtenidos por el Dossier Center, Rzhevsky sirvió en Siria como jefe de escuadra e ingeniero de combate bajo el indicativo ‘Poruchik’, un rango militar de la época zarista.

El perfil de Rzhevsky en VKontakte, una red social rusa, presenta otra faceta del vigilante. Mientras algunas fotos lo muestran posando con armas modernas, otras lo muestran participando en recreaciones históricas de la guerra civil rusa posterior a la revolución; y en una publicación exhibe un certificado que acredita 300 horas de formación como profesor de yoga.

Otros hombres perfeccionaron sus habilidades de seguridad en cuerpos policiales u otras agencias estatales. Por ejemplo, los registros filtrados muestran que Evgenii Skorovarov, de 45 años, sirvió en una unidad especial de respuesta rápida del servicio de aduanas de Rusia. Cuando un reportero encubierto, que se hacía pasar por un reclutador, lo contactó, Skorovarov negó trabajar en seguridad marítima. Aun así, su fecha de nacimiento coincide con su entrada en la lista de tripulación, y su foto de perfil en la plataforma de mensajería rusa VK parece mostrarlo de pie a bordo de un gran barco.

Rzhevsky y Skorovarov no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por los reporteros que se identificaron como tal.

Fuentes de inteligencia han delcarado previamente a OCCRP que estos hombres se despliegan para disuadir a las autoridades de abordar, inspeccionar o, potencialmente, incautar los barcos, que constituyen un salvavidas económico para Moscú. En las entrevistas con reporteros encubiertos, varios vigilantes confirmaron que esta es una de sus tareas más importantes.

"Las tareas habituales y estándar", explicó uno, incluyen "vigilar a la tripulación del buque para garantizar el cumplimiento de todos los protocolos para contrarrestar la detención o incautación del buque". Parte del papel consistía también en garantizar que las tripulaciones ,mayoritariamente extranjeras, que gobernaban los petroleros actuaran en virtud del interés de Rusia, según los vigilantes.

Mikhail recordó tensiones y "peticiones interminables," —aunque no quedó claro de quién— cerca de los países europeos o al pasar por el canal de la Mancha de camino a la India. "Tienes que estar atento a todo esto, porque algún oficial asistente del capitán podría soltar algo inapropiado", dijo.

También relató un episodio, en que el su barco fue abordado cerca de Dinamarca por dos prácticos francófonos, cuyo papel es ayudar a los capitanes a navegar en las condiciones locales. "Lo primero que hizo [uno de ellos] fue abalanzarse sobre mí con una pregunta: "¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué estás en el puente?"", recordó Mikhail, refiriéndose al centro de mando del barco. "Les dije: soy ingeniero de radio, estoy aquí porque debo estar".

Mikhail, según narra, acabó saliendo del puente y quedándose de pie en cubierta, observando a los pilotos a través de la ventana durante horas. "Estuve ahí de pie prácticamente toda la noche", dijo. "Porque pensé... podría haber algún tipo de provocación... Pensé que incluso podrían venir algunos grupos de abordaje. Así que quería estar preparado y tener la oportunidad, al menos, de comunicar que nos habían atacado".

Los reporteros también hablaron con varios marineros corrientes que trabajaron en buques de la flota fantasma para conocer el papel de los hombres rusos a bordo. "Lei", que trabajó en un petrolero de la flota fantasma durante nueve meses y pidió no ser identificado por temor a perder el trabajo, le dijo a un reportero de SourceMaterial, una plataforma de investigación con sede en el Reino Unido, que vio por primera vez a los rusos a mediados de 2025.

Exhibían con orgullo sus antecedentes militares con el resto de la tripulación, recordó Lei, mostrando fotos de sí mismos en despliegues anteriores, posando con armas y vehículos blindados. "Uno era el oficial ruso", añadió Lei. "Tenía un rango muy bueno".

Lei acabó por creer que los vigilantes no estaban a bordo simplemente para vigilar a la tripulación, sino para actuar como enlace entre el buque y el Ejército ruso. "Si otras fuerzas venían detrás de nosotros", dijo, "debían informar a la Armada rusa, para que puedan ayudarnos en la batalla". Otro marinero cuyo barco transportaba guardias rusos dijo que, cuando estos embarcaron en Port Said, en Egipto, el oficial jefe del buque simplemente les dijo a la tripulación que "venían de parte del armador".

Aunque sigue sin estar claro a quién rinden cuentas los vigilantes, un analista del Servicio de Inteligencia y Seguridad finlandés (SUPO) declaró a OCCRP en marzo que probablemente actuaban como ‘enlaces’ para el Ejército ruso. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, suelen ser contratados por compañías de seguridad rusas, como el Moran Security Group que Andrei incluye en su currículum como último empleador. La compañía no respondió a las preguntas de los periodistas.

Lei, el marinero, también compartió otros detalles de su tiempo en el mar. Dijo que muchos de la tripulación llegaron a sentir resentimiento hacia los rusos, de quienes se pensaba que comían demasiado pero contribuían poco al funcionamiento del buque.

A veces eran cordiales, mostrando a los miembros de la tripulación fotos de sus familias y novias. Aun así, Lei dijo que sentía que no "merecían" estar a bordo. "A ninguno de nosotros nos caína bien, porque solo se quedaban ahí como si estuvieran de vacaciones, disfrutando de un picnic".

Los vigilantes tenían sus propias quejas. Durante una conversación con un reportero encubierto, Mikhail dijo que pidió repetidamente al cocinero indio del barco que preparara las comidas "a la europea" porque "era imposible comer" la comida picante que servían.

Incluso el acceso básico a internet se convirtió en una fuente de frustración, según Mikhail, que en ocasiones apenas contaba con la conexión necesaria para enviar a tierra sus informes diarios, relata.

A pesar de sus antecedentes relacionados con el combate, dos de los vigilantes que hablaron con los reporteros insistieron en que estaban desarmados mientras estaban a bordo. Pero sí relataron haber enfrentado algunas "emergencias" en el mar, incluidos ataques con drones de Ucrania, que ha atacado varios buques durante el último año: "Atrapamos uno de esos ataques", dijo Andrei, "ataques de canallas".

Los detalles de su relato coinciden con el ataque al Qendil, un buque con pabellón de Omán que había entregado un cargamento de petróleo en Port Sikka, en la India, y cruzaba el Mediterráneo de regreso a Rusia cuando fue alcanzado en diciembre de 2025. Unas imágenes granulosas de la cámara de seguimiento divulgadas por el Servicio de Seguridad de Ucrania parecen mostrar explosivos alcanzando la cubierta del barco y estallando en una bola de fuego blanca al impactar.

Andrei describió el posterior viaje del barco averiado como un "calvario". "Fuimos a repararlo", explica, "y mientras esperábamos cerca de la costa turca, el ancla se desprendió y nos estrellamos contra la costa. Estuvimos varados allí durante una semana y media o dos semanas. Esas fueron las consecuencias del ataque, podría decirse…”

El Qendil no fue el primer petrolero de la flota fantasma en ser atacado, pero el ataque de largo alcance de Ucrania, que tuvo lugar a unos 2.000 kilómetros de sus fronteras, marcó la expansión de su campaña de drones desde el mar Negro hasta el Mediterráneo. Inmediatamente después del ataque, el número de vigilantes que aparecían en los datos de los reporteros se desplomó. Los expertos siguen sin estar seguros del motivo.

Una fuente de inteligencia occidental dijo que el coste de colocar a los guardias pudo haberse vuelto demasiado alto a la luz de la caída de los ingresos petroleros. Un oficial de otro país se hizo eco de esta idea: "Es más barato no desplegarlos porque todo el mundo [en Occidente] habla ya de que están a bordo".

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no sabe con exactitud cuántos funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado están en excedencia. No es que los datos sean difíciles de obtener: es que el organismo admite, en un documento remitido a infoLibre por orden del Consejo de Transparencia, que perdió la pista de una parte de ellos. Y no sabe cuántos son.

Cuando un inspector sale de la AEAT para trabajar en otro organismo público y desde allí solicita la excedencia, la Agencia Tributaria deja de tener constancia de su situación administrativa. Pierde el rastro. Nadie le comunica nada. Y si ese inspector se jubila estando en excedencia sin que el hecho llegue a la AEAT, ese funcionario desaparece del registro.

La cifra que la AEAT ha podido reunir es de 186 inspectores en excedencia voluntaria, frente a los 2.127 que estaban en servicio activo dentro del organismo, según los datos que la agencia sí proporcionó a este periódico el pasado mes de octubre. Pero el propio documento que entrega esos datos advierte que pueden no ser exactos, que hay casos que son “imposibles de aportar” y que, sorprendentemente, quien tiene el cuadro completo es otro ministerio, no Hacienda.

Este dato, en todo caso, no llegó a infoLibre de forma voluntaria. Fue ofrecido por el ministerio después de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ordenara a Hacienda que lo entregara, tras una reclamación presentada al amparo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).

La solicitud de acceso, registrada el 31 de julio de 2025, pedía dos cosas: el número de inspectores en servicio activo con desglose por destino, y el número de inspectores en excedencia con indicación del tipo. La primera pregunta la respondió la AEAT el 9 de octubre de 2025, adjuntando un Excel con el desglose territorial. La segunda no solo no la respondió: la inadmitió formalmente a trámite.

Esa inadmisión se fundamentó en el artículo 18.1.c) de la LTAIBG, que permite rechazar solicitudes cuando su respuesta exija una acción previa de reelaboración de información que no está disponible como tal. La AEAT argumentó que los datos sobre excedencias están fragmentados entre decenas de organismos —ministerios, comunidades autónomas, administración local— y que reunirlos requeriría un proceso que excede las obligaciones legales del organismo.

Este periódico recurrió ese mismo día ante el Consejo de Transparencia. El Consejo estimó la reclamación, rechazando el argumento de la reelaboración e instando al Ministerio de Hacienda a entregar la información en el plazo máximo de diez días hábiles. La respuesta definitiva llegó en mayo de 2026.

La información entregada en octubre de 2025 como respuesta a la primera pregunta permite, al menos, trazar un mapa preciso de dónde trabajan los inspectores en activo. La Delegación Especial de Cataluña es la que más concentra, con 350 inspectores, seguida de la Delegación Especial de Madrid con 289 y la Delegación Central de Grandes Contribuyentes con 270. Esta última, que se ocupa de las empresas y fortunas más relevantes del país, tiene más efectivos que cualquier delegación autonómica salvo la catalana. La Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla suma 236, y la de Valencia, 178. En el extremo opuesto, la Delegación de Navarra cuenta con tres inspectores, y la de La Rioja, con 12.

El total, a fecha de extracción de datos del 22 de agosto de 2025, era de 2.127 inspectores en activo dentro de la Agencia Tributaria.

Frente a ese número, la AEAT reporta 186 en excedencia voluntaria en sus distintas modalidades. La categoría más numerosa con diferencia es la excedencia voluntaria por interés particular, con 169 funcionarios. A esos se añaden diez en excedencia por incorporación a otro cuerpo o escala de la Administración, cuatro por cuidado de hijos, uno por servicios en otro organismo, uno por agrupación familiar y uno por cuidado de familiares.

La excedencia voluntaria por interés particular es la modalidad más amplia del régimen previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015. Permite al funcionario suspender temporalmente su relación de servicio sin necesidad de acreditar un motivo concreto, conservando su condición de miembro del cuerpo y el derecho a solicitar el reingreso una vez transcurrido el tiempo mínimo legalmente exigido.

La explicación institucional de esta laguna es más estructural que operativa. Los inspectores de Hacienda no son empleados de la AEAT en el sentido contractual del término: son funcionarios de carrera de un cuerpo de la Administración General del Estado que está adscrito a ese organismo. Un inspector puede, por los mecanismos previstos en la normativa de función pública, ocupar puestos en otros ministerios, en comunidades autónomas, en organismos reguladores o en instituciones europeas, sin dejar de pertenecer al cuerpo.

Cuando ese inspector, destinado fuera de la AEAT, solicita la excedencia, quien tramita y resuelve el expediente es el organismo donde está en ese momento. La AEAT no interviene y no tiene garantizado recibir notificación del resultado. Si ese inspector, ya en excedencia, se jubila o cambia de situación administrativa, ese movimiento tampoco llega necesariamente a la Agencia Tributaria.

Una cosa es que un cuerpo esté adscrito a un departamento ministerial y otra distinta que ese departamento tenga el control o la capacidad de registro de todos los movimientos administrativos de cada uno de sus miembros. La competencia registral completa corresponde, por mandato legal, al Registro Central de Personal, regulado en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y gestionado por la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Es el órgano donde se inscriben preceptivamente todos los actos que afectan a la vida administrativa de cualquier funcionario del Estado.

El expediente ilustra uno de los puntos de fricción más habituales en la aplicación práctica de la ley de transparencia española: la distancia entre el derecho a saber y la capacidad institucional de responder. La LTAIBG reconoce el derecho de acceso a la información pública, pero los tribunales han precisado de forma reiterada que ese derecho alcanza a la información que ya existe y está disponible, no a la que la Administración tendría que producir de nuevo.

La AEAT invocó exactamente ese argumento para inadmitir la pregunta sobre excedencias. El Consejo de Transparencia lo rechazó, considerando que el organismo sí debía intentar responder. El resultado fue una tabla con 186 registros y una advertencia expresa: los datos pueden no ser exactos, hay casos imposibles de aportar, y quien tiene el cuadro completo está en otro ministerio.

Los 2.127 inspectores en activo de la AEAT que aparecen en el Excel de agosto de 2025 tienen nombre, delegación y número de registro. Los 186 en excedencia que la Agencia Tributaria pudo localizar solo figuran con el tipo de excedencia, pero sin destino ni circunstancias. Y los que están en excedencia pero salieron desde otro organismo no aparecen en ninguno de los dos documentos. 

Las excedencias de los inspectores de Hacienda son relevantes porque, a menudo, acaban trabajando contra la Agencia Tributaria y al servicio de grandes corporaciones. La Asociación de Inspectores de Hacienda calcula que alrededor del 15% del cuerpo está en excedencia y que muchos de ellos trabajan para grandes firmas privadas.

Un ejemplo relativamente reciente es el de Pablo Meijide Doval. Hasta el mes de julio de 2025, este inspector de Hacienda del Estado, reconocido por su experiencia en IVA intracomunitario y con un extenso conocimiento de tecnologías digitales y gestión avanzada de oficinas tributarias, era el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Vigo. Pero se pasó al otro lado, convirtiéndose en el nuevo director fiscal de la multinacional gallega Inditex, en la que ha puesto al servicio de la multinacional gallega una larga carrera (17 años) dentro de la AEAT.

No es el único, naturalmente. Ni será el último. El nuevo fichaje de Inditex es uno más de los muchos que esta empresa ha incorporado a su plantilla con el indisimulado objetivo de poner años de conocimientos adquiridos gracias a un acceso privilegiado a la manera en que trabaja la Administración, en este caso Hacienda, al servicio de los intereses privados de una corporación.

Algo que tampoco es exclusivo de la empresa fundada por Amancio Ortega: muchos otros inspectores de Hacienda han pasado a ocupar altos cargos en bufetes que luego asesoran a empresas del IBEX. Es el caso de EY, PwC o del bufete Equipo Económico, creado por el exministro Montoro, y sometido a investigación judicial por la comisión de supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Otros, como Fernando Peña, escogieron el camino de hacer negocio ahorrándoles impuestos a los famosos, aunque a algunos la elusión fiscal les acabó saliendo cara.

La Fiscalía belga ha abierto una investigación sobre la empresa financiera Wise por blanqueo de capitales. Así lo ha revelado esta misma semana un trabajo periodístico transnacional de la red de medios de comunicación European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre. El caso se ha desencadenado después de que la Fiscalía de Bruselas recibiera cientos de solicitudes de asistencia judicial de más de 30 países sobre cuentas o transacciones realizadas a través de Wise.

infoLibre y otros 10 medios europeos han identificado multitud de casos de fraude, estafas y otros oscuros negocios en esas investigaciones judiciales nacionales que han llegado a la Fiscalía belga. Entre ellas, hay más de 30 que pertenecen a España. Se trata de decenas de requerimientos en los que las autoridades de nuestro país han solicitado congelaciones de cuentas o investigaciones bancarias relacionadas con personas que operaban a través de esta empresa fintech, que promete la posibilidad de mover dinero entre países de forma más barata que los bancos tradicionales. 

Entre esos casos españoles se encuentran desde estafadores a empresarios relacionados con fraudes o blanqueo de capitales. Incluso hay personas vinculadas a organizaciones criminales o a la trata de personas y la prostitución. Los delitos por los que estos presuntos delincuentes están siendo investigados son múltiples, aunque destacan el fraude y la estafa, y todos tienen algo en común: tenían cuentas en Wise u operaban a través de la plataforma.

Muchos de los casos aún están siendo investigados por la Fiscalía en España. Otros están pendientes de juicio. Sucede así, por ejemplo, con Lowis Daniel Pérez Sierra, contra el que la Fiscalía de Cantabria ha emitido acusación formal por un delito de estafa informática. Se ha abierto juicio oral y el caso está pendiente de que el letrado del acusado formule escrito de defensa, según ha confirmado la Fiscalía cántabra a infoLibre.

La cuenta del acusado donde presuntamente se recibió el dinero de la estafa estaba abierta en Wise. Por ello, el año pasado las autoridades españolas, durante la fase de instrucción, pidieron a Bélgica, donde Wise tiene su sede para la Unión Europea, que congelara la cuenta del sospechoso, tal y como ha podido saber la investigación de EIC e infoLibre.

Esa forma de proceder con las solicitudes de asistencia judicial a Bélgica se ha ido repitiendo con decenas de casos tanto españoles como de otros países europeos y, por ello, la Fiscalía de Bruselas ha acabado abriendo el procedimiento contra Wise. La Fiscalía del país reprocha a la empresa financiera, que podría acabar en los tribunales belgas, que se "utilizan sus cuentas con fines delictivos" y apunta a "indicios de incumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales".

Uno de los casos españoles más sonados que han tenido que ver con la investigación abierta a Wise es el de Madeira Invest Club. En 2023 el empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, lanzó esta marca que se presentaba como un club privado de inversión y que supuestamente operaba a través de grandes oportunidades como contratos de compraventa de obras de arte digitales. 

Las personas que querían entrar a Madeira Invest Club debían pagar una membresía, pero como parte del club se les prometían altas rentabilidades para las inversiones que realizaran a través del mismo. Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Madeira Invest Club era, en realidad, una estafa piramidal que se utilizó para desviar fondos y apropiarse del dinero de los inversores.

Romillo y Madeira Invest Club saltaron a los medios especialmente a partir de abril de 2024, cuando Alvise Pérez participó a escasas semanas de las elecciones europeas en un acto del club. Todo ello a pesar de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había avisado el año anterior de que no tenía autorización para ejercer como institución de inversión colectiva y que, por tanto, se trataba de un chiringuito financiero.

La situación se volvió aún más mediática cuando meses después elDiario.es reveló que Alvise había cobrado 100.000 euros de Romillo durante la campaña electoral. El Tribunal Supremo está investigando a ambos por ese pago por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito electoral y de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. Romillo asegura que el pago se hizo para financiar la campaña del hoy ya eurodiputado, mientras Alvise lo niega y asegura que cobró ese dinero por su participación en la charla del club, que no duró más de media hora.

Más allá de esta investigación del Supremo, Romillo tiene otro problema en los tribunales. La estafa de Madeira Invest Club se encuentra en la Audiencia Nacional donde el conocido como Cryptospain y otras nueve personas están imputadas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024, cuando el sistema piramidal colapsó y dejaron de pagar a los miembros del club. 

El tribunal los ha procesado por delitos de estafa masiva y organización criminal y ha abierto también una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. Según han podido conocer EIC e infoLibre, la Audiencia Nacional solicitó la asistencia judicial belga para este caso. Las autoridades españolas pidieron información sobre dos cuentas bancarias que operaban en Wise y los movimientos vinculados a las mismas para poder proseguir con la investigación.

El sumario del caso, al que ha podido acceder infoLibre, detalla que la web de Madeira Invest Club en 2023 permitía tres opciones de pago para hacerse miembrb: tarjeta de crédito o débito, bitcoins o transferencia bancaria. Esta última opción dirigía el pago a una cuenta en Wise. 

La investigación judicial también muestra, por la documentación presentada por los inversores afectados, que se realizaron pagos a cuentas bancarias belgas, portuguesas, lituanas y españolas, y a varias direcciones de criptomonedas. Entre las cuentas belgas, figuran al menos dos en Wise, la que aparecía en la web y otra más.

Estas cuentas son las que llevaron a las autoridades españolas a solicitar la asistencia judicial belga, ya que se desconocía a quién pertenecían. Tras esa orden, una magistrada belga pidió a Wise que identificase a los titulares de las mismas y que detallase distinta información pedida por las autoridades españolas, como el saldo, los movimientos bancarios, los documentos de apertura o el listado de personas autorizadas o con un poder sobre las mismas.

La respuesta de Wise mostró que la primera cuenta —la que aparecía en la web de Madeira Invest Club— estaba a nombre de una sociedad estadounidense de la trama —Proelucyon LLC— y que era manejada por Domingo Romillo, que es el padre de Álvaro CryptoSpain y también está imputado en el caso. Sobre la otra cuenta se pudo ver que también estaba vinculada a Domingo Romillo y a nombre de otra empresa estadounidense —Masavant LLC—.

La información facilitada por la empresa de pagos mostraba, incluso, que Domingo Romillo disponía de una tercera cuenta personal a su propio nombre, y que las tres formaban parte de un mismo usuario único en el sistema de Wise. Además, todas fueron desactivadas el 14 de julio de 2023. 

En ese momento las tres cuentas habían sido ya vaciadas, pero la documentación entregada por Wise muestra que en los meses anteriores habían llegado a albergar millones de euros y que la red las utilizaba no solo para recibir las supuestas inversiones sino también para transferir luego ese dinero a otras cuentas y otras jurisdicciones. 

Gran parte de esas transferencias se realizaron hacia las empresas portuguesas de la trama, desde las que, luego, CryptoSpain —actualmente en prisión provisional debido a este caso— y su padre desviaron el dinero a una cuenta en Singapur, a nombre de una empresa hongkonesa, a la que lograron transferir hasta 29 millones de euros.

Madeira Invest Club no ha sido la única criptoestafa relacionada con Wise. De hecho, los neobancos y las entidades financieras que operan online suelen ser protagonistas de este tipo de casos, ya que normalmente es más sencillo y más anónimo operar con ellos que con los bancos tradicionales, tal y como explicaba Henric Fagher, fiscal jefe de la Autoridad Sueca contra los Delitos Económicos, a EIC.

Entre las más de 30 investigaciones españolas en las que se ha pedido asistencia a Bélgica relacionada con Wise, hay al menos cuatro vinculadas a estafas con criptomonedas. Una de ellas ha sido la de FX Winning.

En este caso, al igual que con Madeira Invest Club, los investigados crearon una plataforma de inversión en criptomonedas que, en realidad, no era más que una estafa piramidal. A través de la misma se hicieron supuestamente con millones de euros de los afectados. La Audiencia Nacional está investigando por esta trama a varias personas por delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Se estima que la estafa hizo perder más de 400 millones de euros a más de 10.000 afectados en todo el mundo. En España, según la información recopilada y puesta a disposición en la causa por la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, existirían al menos 496 perjudicados, que declaran un valor estafado de más de 39 millones de euros, pero también hay procedimientos judiciales relacionados con el caso en otros países.

En un primer momento, FX Winning devolvía dinero a los inversores con lo que ingresaban los nuevos supuestos inversores, pero la estafa piramidal o esquema ponzi saltó por los aires en 2023 y dejaron de pagar.

Tras ello, la operativa fue descubierta y se empezó a cubrir en prensa. Aun así, la UCO muestra en su investigación que David Merino, quien sería el cabecilla de la trama, presuntamente siguió pagando a algunos de sus colaboradores. De hecho, según un informe de esta unidad, al que ha tenido acceso infoLibre, el presunto estafador realizó desde una cuenta de Revolut distintos pagos a otros dos implicados y estos utilizaron sendas cuentas en Wise para recibirlo. La Audiencia Nacional solicitó a la Justicia belga que congelara esas dos cuentas, que pertenecían a Selene Marsolaire Rodríguez y Enrique Nogueira, tal y como han podido comprobar EIC e infoLibre.

Según el informe de la UCO, los implicados en la trama de FX Winning tenían cuentas en multitud de bancos a nivel internacional y no solo Rodríguez y Nogueira tenían cuenta en Wise, también el propio Merino. La trama, además, operaba con esa tercera cuenta, según muestran los SMS de un teléfono incautado por los investigadores, que en teoría utilizaba Selene Marsolaire Rordríguez pero en el que se recibían comunicaciones dirigidas a David Merino, a quien ella luego se las transmitía, según el informe policial.

Merino ha sido detenido hace solo unos días en Dubái, después de varios años fuera del alcance de la Justicia española, según avanzó este lunes Atlántico Hoy. Además, según el mismo periódico, ha sido encarcelado en la ciudad emirato, pero por una causa distinta a la estafa cripto por la que la Audiencia Nacional había emitido una orden internacional de detención.

Casos como el de FX Winning muestran que no siempre se sabe a qué nivel llegaba la utilización de Wise por parte de los implicados en las estafas u otros delitos. En ocasiones, las cuentas en esta empresa fintech no eran centrales en las tramas delictivas pero los delincuentes sí tenían cuentas personales en ella para operar o recibir algunos pagos.

Algo similar sucede con Romualdo Soriano y Dolores Ariza, una pareja de presuntos estafadores, que habrían creado una trama de estafas millonarias para timar a empresarios con falsos préstamos, según explicó El Cierre Digital. La Justicia española pidió a Bélgica la congelación de dos cuentas en Wise vinculadas a Soriano y Ariza, que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, pero no se sabe hasta qué punto estas jugaron un papel clave en la supuesta estafa.

A medida que se resuelvan las investigaciones judiciales, se podrán conocer más detalles sobre la implicación y uso de Wise en los distintos casos. Lo mismo ocurre con el caso de la Fiscalía de Bruselas contra la propia empresa. Si sigue adelante, como parece hasta ahora —aunque también podría haber un acuerdo con la Fiscalía—, la Justicia belga resolverá hasta qué punto Wise ha cumplido o no con sus obligaciones como empresa financiera y hasta qué punto ha podido estar implicada en el blanqueo de capitales a nivel internacional.

"Meet money without borders" —en español: conoce el dinero sin fronteras— ha sido uno de los eslóganes de Wise, una de las principales empresas europeas de pagos. Ese lema podría ser el sueño de cualquier organización criminal internacional. Y muchas de ellas lo cumplieron precisamente con Wise, según la Justicia belga, y sin que el departamento de cumplimiento normativo de la empresa se diera cuenta de ello.

Wise —antes llamada TransferWise— es una entidad de pago británica. La empresa fintech está especializada en cambio de divisas, pagos internacionales y cuentas multidivisa y se ha convertido en una de las grandes plataformas europeas para mover dinero entre países de forma más barata que la banca tradicional. El año pasado operó con más de 19 millones de clientes y a través de la misma se transfirieron 200.000 millones de euros.

Wise Europe, la filial de Wise que opera para la Unión Europea (UE) y tiene su sede en Bélgica, está siendo investigada por blanqueo de capitales por la Fiscalía de Bruselas, según ha confirmado esta a 11 medios de comunicación europeos, entre los que está infoLibre, coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC) y autores el año pasado de la investigación periodística Dirty Payments, un proyecto que analizaba el sector de los pagos bancarios y los oscuros negocios que en ocasiones se esconden tras él.

Según la Fiscalía de Bruselas y según desvela ahora esta nueva entrega de Dirty Payments, liderada por el medio belga Le Soir, "cientos de causas penales que han llegado a Bélgica" están relacionadas con cuentas o transacciones hechas a través Wise Europe. Esta información ha llegado a la Justicia belga a través de solicitudes de asistencia judicial de otros países, que representaban en total "más de 500 millones de euros en transacciones sospechosas" hechas a través de la plataforma financiera.

Las autoridades judiciales españolas y de otros 30 Estados europeos han comunicado a los magistrados belgas multitud de transacciones y cuentas bancarias de presuntos delincuentes que operaban en Wise Europe y estaban vinculadas a casos de fraude, estafas, corrupción, casinos ilegales, tráfico de drogas o incluso trata de personas. Algunos de esos casos, además, están relacionados con poderosas organizaciones criminales, según ha podido comprobar la investigación de EIC.

Las autoridades de los países europeos realizaban esas comunicaciones a la Justicia belga en el marco de sus propias investigaciones nacionales. La intención de ese tipo de solicitudes es pedir información, sobre las cuentas y transacciones, o directamente medidas de cooperación internacional, como la congelación de cuentas. Tras esos cientos de solicitudes de asistencia judicial, las autoridades belgas han abierto una investigación judicial por blanqueo de capitales, que arrancó en 2025, y de la que se encargan los servicios centrales de la Policía Judicial Federal del país.

El asunto, además, está preocupando a autoridades judiciales de toda Europa. Henric Fagher, fiscal jefe de la Autoridad Sueca contra los Delitos Económicos, ha explicado a EIC que están acostumbrados a ver en sus investigaciones cómo delincuentes utilizan Wise para el blanqueo de capitales y alerta sobre los riesgos de las nuevas entidades bancarias que operan únicamente online. "Registrarse como cliente es rápido y sencillo, a menudo de forma más anónima que en un gran banco convencional. El cliente puede enviar una foto de carné de otra persona o mantener su identidad en secreto de otras formas. No hay reuniones presenciales; a veces, las empresas ni siquiera tienen oficina. Las transacciones pueden realizarse rápidamente, y con la misma rapidez se puede cerrar la cuenta", detalla.

Por su parte, Wise niega "categóricamente" que no verifique minuciosamente la identidad de sus nuevos clientes: "Wise Europe compara visualmente a cada cliente con el documento de identidad que presenta", asegura un portavoz*.

El Servicio del Defensor del Pueblo Financiero de Reino Unido también ha alertado en algunas de sus resoluciones sobre mala praxis por parte de Wise. El año pasado obligó a la empresa a devolver parte de las transacciones que había realizado un ciudadano a una estafa de criptomonedas. En su resolución, el Financial Ombudsman Service resolvió que Wise no actuó de forma justa y razonable al permitir pagos de alto riesgo sin una intervención adecuada contra el fraude y sin preocuparse en defender los intereses de su cliente.

La investigación llevada a cabo por infoLibre y el resto de socios de EIC ha identificado varias docenas de esas investigaciones judiciales nacionales realizadas en diversos países europeos y relacionadas con Wise, entre ellas más de 30 en España.

La Fiscalía de Bruselas reprocha a la empresa fintech que se "utilizan cuentas de Wise con fines delictivos" y apunta a "indicios de incumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales", concretamente por no "identificar al cliente y sus actividades".

A diferencia de otras entidades de pago —como la empresa francesa Worldline, la principal señalada en la investigación Dirty Payments y que también era utilizada por delincuentes y negocios turbios—, Wise permite a particulares y empresas abrir cuentas bancarias y obtener una tarjeta de débito, al igual que un banco tradicional —mientras en Worldline y otras compañías similares solo pueden, al menos supuestamente, operar negocios y comercios—.

Esos servicios que ofrece Wise, además de ser más baratos que la banca tradicional y realizarse completamente por internet, han permitido que la plataforma sea utilizada por decenas de negocios oscuros, al igual que pasaba con Worldline. Según ha podido saber infoLibre, existen también casos protagonizados por ciudadanos españoles o que han tenido lugar en nuestro país.

Un ejemplo de ello es la macroestafa de criptomonedas FX Winning, que está siendo investigada por la Audiencia Nacional. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este medio, se trata de un caso de estafa piramidal y blanqueo de capitales a través de una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas que, en realidad, no era tal cosa. Los impulsores de la estafa atraían a clientes prometiéndoles altas rentabilidades por invertir en criptomonedas pero en lugar de invertir se quedaban ese dinero. Crearon una estafa piramidal o esquema ponzi, que acabó saltando por los aires en 2023.

La trama estaba liderada presuntamente por David Merino Quintana. Una vez esta operativa  ya había sido descubierta y se empezaba a hablar de ella en prensa, la Guardia Civil cree que Merino siguió pagando a algunos de sus colaboradores. De hecho, según el informe de la UCO, el presunto estafador realizó desde una cuenta de Revolut distintos pagos a otros dos implicados en la trama y estos utilizaron sendas cuentas en Wise para recibirlo. La Audiencia Nacional solicitó a la Justicia belga que congelara esas dos cuentas, según se ha podido saber gracias a esta nueva entrega de Dirty Payments.

La Justicia española ha pedido a la belga la congelación de cuentas en Wise de otros estafadores o personas relacionadas con delitos de fraude, blanqueo u organización criminal y que han operado en nuestro país. De hecho, las autoridades españolas han llegado a solicitar a Bélgica que se realizara la investigación bancaria de personas que operaban con la entidad y estaban vinculadas a presuntas tramas de trata de personas. 

La investigación por blanqueo de capitales contra Wise Europe está "llegando a su fin" y la Fiscalía de Bruselas está "ultimando su citación directa ante el tribunal penal y transmitiendo los resultados de su investigación al Banco Nacional de Bélgica", según explica la propia Fiscalía a EIC.

Wise cuenta con una licencia belga que obtuvo en 2018 con la intención de poder seguir operando en el mercado único europeo tras el Brexit. El caso es probable que vaya a los tribunales, pero también podría acabar con un acuerdo con la Fiscalía —antes o después de una posible remisión al tribunal penal—, un mecanismo de la legislación belga que permite, a cambio del pago de una suma de dinero negociada entre la Fiscalía y la empresa sospechosa, el archivo del procedimiento sin admisión de culpa.

"La lucha contra la delincuencia financiera es un reto que afecta a todo el sector y que Wise se toma muy en serio como entidad financiera con más de 80 licencias regulatorias en todo el mundo, lo que nos permite prestar servicio a más de 19 millones de clientes activos en todo el mundo y procesar alrededor de 4,7 millones de transacciones al día. Actualmente estamos colaborando con la Fiscalía de Bruselas para responder a las consultas sobre nuestra actividad, tal y como hacemos habitualmente con los organismos reguladores y las autoridades policiales" ha respondido la empresa a las preguntas de infoLibre y el resto de medios socios de EIC.

La fintech, eso sí, no ha valorado los casos concretos que EIC le ha planteado, como el de la macroestafa FX Winning, y se escuda en que "Wise Europe tiene su sede en Bélgica y desde ahí presta servicios a más de 25 países del Espacio Económico Europeo (EEE) a través del sistema de pasaporte de la UE para servicios financieros. Por consiguiente, las solicitudes de las fuerzas del orden procedentes de todo el EEE se dirigen actualmente a Bélgica". "Al igual que cualquier institución financiera, nos enfrentamos a la realidad de que cada vez hay más delincuentes sofisticados que intentan aprovecharse de nuestra plataforma, e invertimos continuamente en sistemas tecnológicos para adelantarnos a las amenazas en constante evolución", añade la empresa.

La investigación por blanqueo de capitales puede resultar especialmente incómoda para la empresa en este momento, ya que Wise ha salido a bolsa en el Nasdaq estadounidense este mes de mayo. Además, la financiera mantiene también su cotización en Londres como mercado secundario. ¿Ha informado Wise a los responsables del Nasdaq sobre la investigación penal en curso que está teniendo lugar en Bélgica? La empresa tampoco ha respondido a esa pregunta concreta que le ha hecho llegar EIC.

En cualquier caso, no es la primera vez que Wise se ve afectada por deficiencias normativas. En 2021, el Banco Nacional de Bélgica (NBB) llevó a cabo una auditoría rutinaria de Wise Europe tras el Brexit y, posteriormente, impuso un proceso de rectificación a la filial europea: la investigación administrativa reveló que Wise Europe carecía de pruebas de residencia de cientos de miles de clientes, según reveló el Financial Times.

Para conservar su licencia belga y tratar de evitar una multa, Wise tuvo que solicitar a sus clientes una prueba de domicilio en un plazo de unas semanas y congelar los activos de aquellos que no pudieran proporcionar la documentación requerida.

Además, la empresa ya ha tenido problemas por incumplir sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. El año pasado, la filial estadounidense de Wise pagó una multa administrativa de 4,2 millones de dólares —unos 3,7 millones de euros— por ese motivo.

En 2022, fue la autoridad reguladora de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, la que impuso a la filial local de Wise una multa de 360.000 dólares por el mismo motivo. La investigación señalaba, ya entonces, fallos en el análisis de los riesgos planteados por determinados clientes. Wise reconoció los hechos.

Por su parte, el regulador financiero británico impuso en 2024 una multa personal de 350.000 libras —algo más de 400.000 euros— a Kristo Käärmann, el CEO de Wise y uno de los dos cofundadores de la empresa, por incumplir sus obligaciones fiscales. En 2021, el multimillonario ya había recibido otra multa fiscal de un importe similar.

*Esta información se ha actualizado el 1 de junio de 2026 para añadir unas declaraciones que Wise Europe hizo llegar a EIC tras la publicación.

Julio Martínez Martínez constituyó una sociedad en los Emiratos Árabes Unidos cuya función, según la investigación judicial en curso, era recibir fuera de España la comisión pactada a cambio de las gestiones realizadas para obtener el rescate público de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021. 

La empresa se llama Landside Middle East FZCO e infoLibre ha podido comprobar su existencia en el registro de Dubái, con la colaboración de OCCRP, consorcio de investigación periodística del que es socio este medio. Pertenece a DAFZ, la zona económica especial del aeropuerto de Dubái, y quedó registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate— con validez hasta 2041. La actividad declarada corresponde a servicios de consultoría, gestión, información y marketing.

La Dubai Airport Freezone, conocida como DAFZ, gestionada por la Dubai Airport Freezone Authority y ubicada junto al aeropuerto internacional del emirato, es una de las más de 20 “zonas especiales” que ofrecen los Emiratos Árabes a sus empresas. Entre sus ventajas se incluye la posibilidad de que la propiedad sea extranjera al 100% —sin necesidad de un socio emiratí—, la exención de impuestos corporativos, la repatriación total de beneficios y un proceso de constitución que puede completarse íntegramente de forma telemática. La DAFZ cuenta con más de 3.300 empresas registradas, a las que les exige un capital mínimo de un dírham —equivalente a algo más de 20 céntimos de euro—. Solo es necesario un accionista para la constitución, y se permite un máximo de 50.

Lo que DAFZ no ofrece, ni ningún otro registro público de Dubái, es información sobre los propietarios reales de las empresas inscritas en ella. El registro de accionistas, administradores o cuentas anuales no es público. La sigla FZCO responde a "Free Zone Company", la denominación estándar para empresas constituidas en una zona franca emiratí, diseñadas para operar internacionalmente y no en el mercado local de los Emiratos.

En los correos intervenidos por la investigación judicial, la empresa aparece referenciada de dos formas distintas: "Landside Dubai Fzco" y "Landside Middle East Fzco". El auto reproduce ambas denominaciones tal como figuran en las comunicaciones internas de la red. El nombre con el que la sociedad acabó siendo registrada es el segundo, y no es casualidad: las zonas francas emiratíes prohíben explícitamente el uso del término "Dubai" —junto a otros como "UAE", "Emirates" o nombres de la familia real— en la denominación de empresas privadas, por considerarlos términos protegidos. 

El auto del juez Calama reconstruye el origen de la sociedad a partir de los correos y mensajes intervenidos. El 19 de enero de 2021, la sociedad Idella Consulenza Strategica SL —controlada por Julio Martínez Martínez, identificado por el juez como lugarteniente principal de la red— había suscrito con Plus Ultra un contrato por el que percibiría el 1% más IVA de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate de la SEPI: con el rescate fijado en 53 millones de euros, esa comisión ascendía a 530.000 euros. 

En algún momento entre la firma del contrato y la aprobación del rescate, Zapatero convocó una reunión en el restaurante Portonovo de Madrid, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, director del Halal Trade and Marketing Centre, que se describe como un “centro de desarrollo de negocios global” centrado en la economía de productos halal. El centro está registrado en la Dubai Airport Freezone.

Al día siguiente de esta reunión, Guerrero Blanco envió a Julio Martínez Martínez la documentación para constituir la sociedad en los Emiratos, "según lo conversado ayer". El 3 de marzo, cuando el Consejo Gestor del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) ya había aprobado internamente el rescate —la supuesta trama tuvo conocimiento de esta aprobación antes de que se decidiera formalmente, según se desprende del auto—, Cristóbal Cano (gestor del entramado societario de Julio Martínez Martínez) enviaba a este un documento denominado "Landside Middle East FZCO Business Plan", un plan de negocio que preveía ganancias de tres millones de dólares en cinco años. Según el auto, esto “permite inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero”.

El Consejo de Ministros aprobó definitivamente la ayuda el 9 de marzo de 2021. La sociedad quedó constituida ocho días después, el 17 de marzo, participada al 100% por Idella Consultanza Strategica, según las comunicaciones intervenidas por la UDEF. Idella no presenta sus cuentas anuales al Registro Mercantil desde 2018 —tres años antes de la constitución de la offshore— por lo que no se puede comprobar si esta aparece en sus documentos financieros. 

De estos hechos, el juez concluye que "las instrucciones parten necesariamente" de Zapatero. Según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria recogidos en el auto con fecha de febrero de 2026, no consta que se haya efectuado en España pago alguno en ejecución del contrato con Plus Ultra. El auto señala que el patrón detectado "encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo", en particular en lo relativo a la "creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia" para impedir el rastreo de los fondos.

El 23 de junio de 2010, el doctor E.O. no imaginaba el tamaño de la espina que estaba a punto de clavarle al Estado de Israel. Ese día, los abogados de este ciudadano belga-palestino presentaron una denuncia ante la fiscalía federal belga, invocando el principio de jurisdicción universal, que permite a a un país perseguir a sospechosos de violaciones graves del derecho internacional por hechos ocurridos fuera de su territorio.

El denunciante relataba la destrucción de un terreno del que es copropietario en Gaza, arrasado por un ataque durante la operación Plomo Fundido —que se saldó con más de 1.400 muertos en 2008 y 2009—. Según su relato, el ejército israelí bombardeó la parcela, destruyó varias infraestructuras y 110 árboles, y extendió fósforo sobre la tierra, inutilizándola para el cultivo.

En este expediente, conocido como el ‘caso del olivar’, el denunciante reclamaba el procesamiento de 14 altos cargos israelíes: entre ellos, los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, la exministra de Exteriores Tzipi Livni, y el entonces general Yoav Gallant.

El 17 de noviembre de 2010, una segunda denuncia se presenta también al amparo de la competencia universal, esta vez por la abogada Joke Callewaert en nombre de cuatro ciudadanos belgas que habían participado meses antes en una flotilla humanitaria cuyo barco fue interceptado por soldados israelíes en una operación que se saldó con nueve muertos. Un general y un vicealmirante israelíes, y el propio Ehud Barak son acusados de violaciones graves.

Dieciséis años después de los hechos, ambas causas han caído prácticamente en el olvido. La primera sigue en instrucción; la segunda acabó en sobreseimiento en diciembre de 2024. Pero durante años mantuvieron en vilo al Estado de Israel, que, como revela la investigación Israel Files, hizo todo lo posible por ahogarlas.

Como ya informó infoLibre en diciembre de 2025, el Ministerio de Justicia israelí construyó durante más de una década una red internacional de despachos de abogados en países considerados ‘objetivo’, entre ellos España, donde la firma Cuatrecasas trabajó en secreto para anticipar reformas legislativas e influir en procesos penales. El patrón que revelan los documentos belgas es el mismo.

El año 2017 estuvo marcado por una intensa presión israelí para impedir cualquier procesamiento en Bélgica. Las gestiones ante el fiscal federal, el Ministerio de Asuntos Exteriores y hasta el primer ministro se volvieron muy insistentes. Mientras tanto, en Jerusalén se llegó a considerar la posibilidad de impulsar una modificación de la ley belga.

En enero de 2017, las denuncias llevaban ya siete años en manos de la fiscalía federal belga sin que esta hubiera iniciado formalmente una instrucción —lo que, en los casos de jurisdicción universal, requiere asignar el expediente a un juez de instrucción—. El escollo era una cuestión de fondo: ¿era el sistema judicial israelí capaz de juzgar con imparcialidad las actuaciones de su propio ejército? La ley establece que, de ser así, el caso debe remitirse al país concernido “en interés de una buena administración de la justicia”. La fiscalía belga se debatía en la duda.

En 2011, ya había pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel información sobre el sistema judicial con la esperanza de obtener un dictamen claro. Como le ocurrió a la Audiencia Nacional española al investigar la muerte del cabo Soria Toledo en el Líbano, solo recibió documentación que consideró insuficiente. Y siguió esperando.

Todo se precipitó el 17 de enero de 2017. Ese día, la exministra Tzipi Livni, imputada en el ‘caso del olivar', canceló un viaje previsto a Bruselas tras ser aparentemente advertida de que la justicia belga podría aprovechar su visita para tomarle declaración. Un fiscal federal confirmó entonces al diario Le Soir que la fiscalía contaba efectivamente con “aprovechar su viaje” para intentar hacer avanzar la investigación. La indignación de Israel fue inmediata: denunció un “abuso cínico del sistema judicial en beneficio de una agenda política”.

El Estado israelí no podía resignarse a ver a sus altos representantes expuestos a tal riesgo. A través de su Departamento de Asuntos Internacionales Especiales —la unidad del Ministerio de Justicia encargada de gestionar los contenciosos internacionales, cuyo funcionamiento reveló Israel Files en diciembre de 2025— se articuló en Bélgica un equipo de respuesta.

Al frente de ese trío de abogados belgas, compuesto también por Morgan Bonneure y Nicolas Angelet, estaba la letrada Michèle Hirsch. Esta jurista veterana ya se había labrado un nombre en Israel, que la contrató a principios de los años 2000 para defender al ex primer ministro Ariel Sharon —entonces señalado en Bélgica, también al amparo de la jurisdicción universal, por las masacres de refugiados palestinos en los campamentos libaneses de Sabra y Chatila—.

“Hola Michèle, ¿hay alguna base factual en el artículo de ayer, según el cual un tribunal belga habría emitido órdenes de detención?”, le pregunta directamente en un correo del 23 de enero Marlène Mazel, responsable del departamento de contenciosos internacionales del Ministerio de Justicia israelí, a propósito de una información de la prensa israelí que resultó ser falsa. La abogada responde de inmediato y sale a buscar más datos. A mediados de febrero de 2017, ya ha conseguido acceder a Philippe Meire, el fiscal federal encargado de los asuntos internacionales. Con ello, el objetivo israelí es, sobre todo, llegar al entonces fiscal federal, Frédéric Van Leeuw.

El exjefe del Ministerio Fiscal revela al diario Le Soir que el 1 de febrero ya había sido contactado por el Ministerio de Asuntos Exteriores belga, que le preguntaba si podía recibir al día siguiente al fiscal israelí Roy Schöndorf para hablar de los expedientes. Van Leeuw declina “dada la falta de consideración que implicaba semejante petición con tan poco margen”, y porque estimaba que no tenía que justificarse ante las autoridades israelíes.

Menos de un mes después llegó una nueva solicitud, esta vez a través de la embajada israelí. “Tras deliberar internamente y con nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, consideramos que rechazar una segunda petición de ese tipo podía provocar fricciones diplomáticas innecesarias, y respondí que estaba dispuesto a recibir al señor Schöndorf el 21 de marzo de 2017”, explica Van Leeuw, hoy fiscal general de Bruselas.

Como prueba de la importancia que Israel concedía a esa cita, el Ministerio de Justicia preparó para Schöndorf un largo documento de argumentario para persuadir al fiscal belga de no provocar la apertura de una instrucción. Según esa hoja de ruta, el emisario israelí debía describir el ‘caso del olivar’ como “una maniobra de denigración jurídica” y señalar que los demandantes “no parecen estar en condiciones de reunir las pruebas necesarias para un proceso penal”.

Van Leeuw recuerda que Schöndorf le presentó fotografías aéreas del olivar para demostrar que desde allí se habían lanzado cohetes. “Le pedí que me transmitiera oficialmente esas informaciones para añadirlas al expediente. Esa transmisión, en mi opinión, nunca se produjo”, afirma. Sobre el caso de la Flotilla, dice que solo fue abordado de forma incidental.

El ex fiscal federal también rechazó la petición del emisario israelí de facilitarle la lista de personalidades israelíes señaladas en la denuncia. Le respondió que para ello necesitaría una solicitud formal del abogado de alguna de las personas imputadas o una comisión rogatoria. Tras ese encuentro, Van Leeuw recibió dos nuevas solicitudes, en mayo y en junio, para volver a reunirse con el magistrado israelí. Afirma haberlas rechazado educadamente. “No hubo más contactos ni peticiones después”, asegura.

Uno de los elementos que más le llamó la atención fue descubrir, más tarde, que en su reunión con el magistrado Meire, la abogada Hirsch había declarado estar en posesión de una copia de la denuncia original, “lo que nos sorprendió”. Se niega a especular sobre cómo pudo obtenerla. Alexis Deswaef, abogado del doctor E.O., reacciona con contundencia: “Esa denuncia no se la habíamos dado a nadie”. Y añade: “Si Hirsch estaba en posesión de ella, dado el despliegue de medios israelíes, plantear la pregunta sobre cómo pudieron obtenerla es, prácticamente, responderla”, apuntando a una posible actuación de los servicios de inteligencia.

Tras el encuentro entre fiscales, los temores israelíes a que el caso fuera enviado a un juez de instrucción no amainan. En un memorándum de mayo de 2017, Hirsch y sus colegas recomiendan endurecer la estrategia de influencia: “Es esencial comunicar a los Asuntos Exteriores o al primer ministro que es su responsabilidad evitar que el expediente sea remitido a un juez de instrucción”. El consejo fue atendido.

El 14 de junio de 2017, Roy Schöndorf, acompañado de la entonces embajadora israelí, se reúne con el Ministerio de Asuntos Exteriores belga. La demanda es diáfana: que Exteriores emita un dictamen sobre la justicia israelí que impida cualquier instrucción. Israel advierte que si la respuesta se considera insuficiente, ello “arrojaría una sombra sobre nuestras relaciones bilaterales”.

Tres meses después, y tras “tres recordatorios”, según la fiscalía, la diplomacia belga remite a la fiscalía una serie de documentos sobre la justicia israelí —entre ellos uno facilitado por las propias autoridades israelíes—, aunque especificando que se trata de información puramente documental y sin avalar su contenido. El Ministerio de Exteriores belga asegura que su posición fue constante: “No ceder a una demanda que equivaldría a sustituir al poder judicial”.

Los esfuerzos israelíes dan solo un resultado parcial. La fiscalía termina dictaminando que los tribunales israelíes no presentan, para el caso concreto, las cualidades de independencia, imparcialidad y equidad requeridas. El 27 de octubre de 2017 se designa un juez de instrucción para el ‘caso del olivar’.

Este primer revés no frena las gestiones israelíes. Los documentos de Israel Files revelan que el entonces primer ministro belga, Charles Michel, también fue objeto de una aproximación directa por parte de Benjamin Netanyahu en el Foro Económico Mundial de Davos de enero de 2018. Un correo consultado por Le Soir, enviado el mes siguiente por uno de los asesores de Michel a diplomáticos israelíes y luego transmitido al fiscal israelí Roy Schöndorf, da fe de ello: “A raíz del encuentro en Davos entre nuestros dos primeros ministros, me pongo en contacto con usted en relación con el problema judicial planteado al final de la reunión. Su embajadora en Bélgica, la señora Simona Frankel, me ha contactado al respecto y estamos tratando de organizar una reunión con mis colegas del gabinete de Asuntos Exteriores para discutirlo. Esta reunión tendría lugar la semana que viene”.

El equipo de comunicación del ex primer ministro responde a Le Soir que Michel “no está en condiciones hoy de confirmar ni desmentir” que se produjera dicha conversación, aunque precisa que si Netanyahu “abordó un tema judicial, Charles Michel sin duda le remitió a la separación de poderes”. Como explicación del seguimiento dado por su gabinete, añade: “Cuando un tema judicial genera una tensión diplomática, puede ocurrir que se gestione por vías diplomáticas para clarificar el funcionamiento del sistema judicial belga”.

El desenlace de esos contactos sigue siendo desconocido. Pero un correo interno de junio de 2019, firmado por Marlène Mazel, demuestra que, año y medio después, los “problemas” siguen inquietando a Israel. El asunto del mensaje: “Iniciativa para reformar la legislación en Bélgica”. El contenido: dar continuidad a una reunión “en la que se planteó la posibilidad de iniciar una modificación legislativa en Bélgica sobre la competencia jurisdiccional universal, en particular sobre los poderes del fiscal”. Se trataría de lograr que los fiscales federales pudieran archivar expedientes de derecho humanitario internacional sin necesitar examinar el fondo ni remitirlos a un juez de instrucción. Si Hirsch llegó a recibir ese encargo, no ha quedado constancia en los documentos consultados.

La propia fiscalía federal belga admite que “iniciativas de este tipo ya han tenido lugar” en el pasado, y que fue precisamente “a raíz de presiones” relacionadas con denuncias contra altos cargos estadounidenses e israelíes que la ley de competencia universal sufrió “una modificación en 2003”. 

Junto a su ofensiva política y diplomática, el Estado israelí también actuó en el plano judicial con un objetivo claro: recabar el máximo de información sobre las instrucciones en curso y anticipar posibles detenciones o citaciones de los investigados.

El 4 de diciembre de 2017, la abogada Michèle Hirsch conoce en primicia la noticia de la apertura de instrucción del ‘caso del olivar’ en una nueva cita con el fiscal Philippe Meire. El detalle más llamativo: esa información le es comunicada cuando Hirsch no defiende a ninguna de las catorce personas señaladas en la denuncia, sino únicamente los intereses del Estado israelí. 

El segundo detalle: los demandantes, según el abogado Nicolas Angelet en un correo dirigido a sus clientes israelíes resumiendo el encuentro, “no han sido informados todavía a estas alturas del hecho de que el expediente ha sido remitido a un juez de instrucción”. La Fiscalía afirma que las partes civiles sí fueron informadas en algún momento, “dado que uno de los primeros actos del juez de instrucción fue tomarles declaración”, pero no precisa cuándo.

El fiscal también revela a los abogados israelíes el nombre del juez instructor, Olivier Leroux, al que Angelet describe como “una personalidad bastante prudente y moderada”, e informa de que probablemente enviará una comisión rogatoria a Israel y de que es improbable que recurra a órdenes de detención. El fiscal Meire reconoce ante Le Soir haber informado a Hirsch de la apertura de instrucción y sostiene que ese encuentro “no plantea ningún problema”. Niega, en cambio, haber especulado sobre los próximos pasos del juez.

Seguros de la información obtenida, los tres abogados belgas proponen a sus clientes israelíes organizar cuanto antes un encuentro entre Hirsch y el juez. Con una advertencia expresa: Roy Schöndorf “no debe reunirse con el juez de instrucción”. “Probablemente sería percibido como una presión inadmisible”.

En enero de 2018, Hirsch ya ha logrado su propósito. En un correo a Marlène Mazel, hace un balance de su entrevista con el juez Leroux: “Como era de esperar, fue extremadamente prudente. Considera que no puede hablar conmigo porque no represento a ninguna de las personas investigadas”. Aun así, según la abogada, se deslizaron algunos datos: el expediente es ya voluminoso y no ha tenido tiempo de examinarlo a fondo, y lo esencial del dossier estaría constituido por los anexos a las denuncias. Un mes más tarde, de acuerdo con el ministerio israelí, Hirsch se persona ante el juez como abogada de Tzipi Livni para maximizar su acceso a la información.

El 19 de diciembre de 2019, nuevo giro en el caso de la Flotilla: la fiscalía había considerado la denuncia original inadmisible, pero la sala de acusación discrepa y fuerza la apertura de una instrucción. Ambos expedientes acaban en manos del mismo juez, Olivier Leroux, aunque por poco tiempo. En 2021 cambian de titular y la nueva jueza, Ludivine Kerzmann, se muestra favorable a conceder a los abogados israelíes acceso a los dos expedientes. En un memorándum de abril de 2021, Hirsch lo celebra con evidente sorpresa: “Nótese que la jueza de instrucción nos ha dado acceso al expediente de la Flotilla aunque no intervenimos oficialmente en nombre de ninguno de los individuos señalados en la denuncia”.

La jueza remite a Le Soir a la Fiscalía, invocando su deber de reserva. La Fiscalía respalda la decisión y asegura haber dado su aval para que Hirsch pudiera consultar el expediente en el registro. El Código de Procedimiento Criminal permite, en efecto, que el ministerio público autorice el acceso de partes sin interés directo. Pero la propia Fiscalía admite que no puede citar ningún otro ejemplo de un Estado que haya obtenido acceso a un expediente que afecta a sus altos cargos, aunque afirma que “no es la primera vez”.

Para Alexis Deswaef, la revelación resulta escandalosa: “Primero se transmite la información sobre la apertura de instrucción al abogado del Estado vinculado a los imputados, y se dice que no se transmite a los abogados de los demandantes. Eso no está bien. Hay que respetar la igualdad de armas”. Y ante el acceso a los expedientes: “Que alguien me cite otro país al que se le haya concedido ya un acceso semejante”. Joke Callewaert, abogada de las demandantes en el caso de la Flotilla, comparte la misma indignación: “Técnicamente es legal. Pero, ¿es justo?”. Y constata el privilegio manifiesto: en muchos expedientes en los que actúa para partes civiles, conseguir acceso a los sumarios es enormemente difícil.

En 2023, ambas instrucciones cambiaron de manos de nuevo. La nueva titular, Julie Erpelding, fue contactada en enero de ese año, pero estimó “no apropiado” conceder un nuevo acceso a los expedientes, según un correo interno israelí que recoge la información transmitida por los abogados belgas. Ese correo es una de las últimas huellas que los documentos de Israel Files dejan sobre la trayectoria de los casos belgas.

Hoy, la instrucción del ‘caso del olivar’ sigue en curso. En mayo de 2025, la fiscalía requirió incluso la realización de diligencias complementarias, todavía en ejecución. Durante la investigación se cursó una solicitud de cooperación judicial a Israel que fue rechazada. El caso de la Flotilla, por su parte, concluyó en sobreseimiento tras pasar por la sala del consejo: “ningún elemento permitía atribuir responsabilidades individuales precisas”, según la Fiscalía.

El Ministerio de Justicia israelí no respondió a las preguntas formuladas por Le Soir. Tampoco lo hicieron Michèle Hirsch ni su asociado Morgan Bonneure. Nicolas Angelet declinó responder.

Una incógnita adicional pesa sobre la continuidad del Departamento de Guerra Legal. Un correo en hebreo enviado por Marlène Mazel a sus colegas tras una reunión con Hirsch en la primavera de 2023 deja entrever un distanciamiento ligado a la polémica reforma judicial del Gobierno Netanyahu: “Al comienzo de la reunión, Michèle mencionó que estaba muy preocupada por la evolución de la situación en Israel y que encontraba serias dificultades para seguir representando al Estado de Israel”.

Los documentos de Israel Files revelan que el Departamento de Guerra Legal del Ministerio de Justicia israelí aplicó en Bélgica un esquema casi idéntico al que aplicaba mientras tanto en España.

La obsesión con la jurisdicción universal es el denominador común. España fue durante años uno de los países que más preocupaba a Israel en este frente: la Audiencia Nacional había abierto causas contra altos mandos por actuaciones en Gaza y Cisjordania, y los correos filtrados muestran un seguimiento constante de cada reforma legislativa que pudiera ampliar o restringir ese marco. 

El protocolo para los viajes de altos cargos también se replica con precisión. En España, Cuatrecasas elaboraba informes de riesgo caso por caso para figuras como los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, el exdirector del Shin Bet Yuval Diskin o el almirante Eliezer Marom —comandante durante el asalto a la Flotilla de la Libertad—, evaluando si alguno de ellos figuraba en querellas activas y recomendando siempre discreción y perfil bajo en los desplazamientos. 

Otra similitud reside en los dossieres preparados por el Departamento de Guerra Legal para reunirse con las autoridades. En España, cuando en 2018 el abogado general del Estado israelí, Avichai Mandelblit, viajó a Madrid, el departamento elaboró un argumentario idéntico para trasladar a todos sus interlocutores —el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, la secretaria de Estado de Justicia y el abogado general del Estado español— con un único mensaje: que España no modificara su legislación sobre jurisdicción universal. 

El paralelismo más perturbador, sin embargo, es el de los contactos entre el bufete designado y la Fiscalía para obtener información procesal reservada, sin representar a nadie dentro de la causa. En Bélgica, Michèle Hirsch supo antes que los propios demandantes que el ‘caso del olivar’ había sido enviado a un juez de instrucción, e incluso obtuvo el nombre del magistrado y especulaciones del fiscal sobre su probable línea de actuación. 

En España, según los correos internos del ministerio israelí, el socio de Cuatrecasas encargado del caso se reunió en febrero de 2017 con la fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó —hecho que ella niega— y comunicó al ministerio la intención de la fiscal de solicitar el archivo de la causa por falta de jurisdicción antes de que esa decisión fuera trasladada al juez o a la familia del cabo Francisco Javier Soria Toledo, muerto por un proyectil israelí en el Líbano. En ambos países, el bufete contratado operaba en los márgenes del procedimiento, sin figura procesal conocida, pero con acceso a información que en ocasiones ni las partes legítimas de la causa tenían.