El doctor Antonio Burgueño, exasesor de la Comunidad de Madrid, ha dicho este miércoles ante el Tribunal de Instancia de Collado Villalba (Madrid) donde estaba citado para declarar como imputado, que en el inicio de la pandemia del coronavirus no se medicalizaron las residencias porque no había médicos, según informa EFE.

En la Sección Civil y de Instrucción de este tribunal, plaza número 2, estaban previstas las comparecencias como investigados de Burgueño, del ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y de su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por el caso de las residencias.

La abogada de la acusación particular, Alejandra Jacinto, ha explicado que las declaraciones han sido suspendidas porque hay un informe del Ministerio Fiscal que todavía no ha sido notificado a las partes para que se pronuncien. 

En declaraciones a los periodistas, Burgueño ha asegurado que las residencias no se medicalizaron porque no había médicos para hacerlo y ha responsabilizado de la gestión de la crisis sanitaria en 2020 al Gobierno central, culpando de todo al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

También ha reconocido que él elaboró un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego ha asegurado que se lo encargó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

En los primeros días de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su principal asesor para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y le encargó elaborar el plan de choque aprobado por el Ejecutivo regional, una de cuyas medidas principales era medicalizar las residencias, algo que finalmente no se hizo. 

Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que su testimonio puede ser clave para saber por qué se discriminó a las personas mayores que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Carlos Mur firmó los llamados protocolos de la vergüenza, revelados por infoLibre, que impidieron el traslado de personas mayores de residencias a hospitales públicos, mientras que Peromingo está considerado el autor intelectual del documento. Ambos ya han declarado en otras causas como imputados. 

Este procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las querellas impulsadas por Marea de Residencias entre 2020 y 2021, ni de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, sino que fue promovido por un particular, hijo de una persona fallecida en el Hospital La Fuenfría, ubicado en el municipio de Cercedilla.

La Cañada sigue a oscuras. Lo que comenzó como un corte del suministro de la red eléctrica el 2 de octubre de 2020, en plena pandemia, se mantiene desde hace más de cinco años en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que discurre por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid. Pero, de las 4.500 personas que viven allí, 1.800 están sufriendo algo que, en muchas ocasiones, es lo único que han conocido. 

Los niños y adolescentes de la Cañada sufren las consecuencias económicas, sociales y políticas de vivir apartados del mundo. Pero la posibilidad de salir de allí cada vez se hace más pequeña. Con la falta de electricidad, el ascensor social más efectivo de la democracia, la educación, se rompe ante una realidad: en la oscuridad y en el frío, no hay quien estudie. 

La excusa de Naturgy para dejar a toda una población sin luz fue que en el asentamiento había sobrecargas en la red debido a varios enganches ilegales. No ha habido soluciones reales, a pesar de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha establecido que se están violando derechos fundamentales como el de tener una vivienda digna. En este mismo escrito, se recoge que el Estado no está garantizando el derecho a la educación de la población de la Cañada. 

Precisamente, en la Cañada hay muchos que ni siquiera pueden ir a la escuela. Según un informe de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander, recogido por Vallecas Va, tan solo un 20% de los niños entre tres y seis años están escolarizados y de doce a dieciséis, solo el 24%. Los jóvenes tampoco pueden acceder a un centro que sea próximo, sino que se mueven hacia otras zonas madrileñas como Villa de Vallecas, Rivas-Vaciamadrid o Perales del Río, en Getafe, con alrededor de 1.296 desplazamientos diarios, según este mismo estudio. 

De ellos, no muchos logran superar la etapa. La falta de recursos en casa también hace que el abandono de la escuela llegue pronto. “Muchos de los chavales ven más viable ponerse a hacer una FP y quitarse los estudios rápido o directamente ponerse a trabajar para ayudar en casa”, cuenta María, profesora de un instituto de Vallecas, que escolariza a varios jóvenes de la Cañada. 

Tampoco si se quedan es fácil. Según el informe La Cañada Responde, realizado por el Centro Sira, junto al Grupo de Acción Comunitaria, un 78,4% de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Cañada Real tienen o han tenido dificultades en el aprendizaje y en su proceso educativo debido al corte del suministro eléctrico. Los propios familiares de los jóvenes acreditan en el estudio que sus hijos han empeorado su rendimiento y que su actitud frente a los estudios ha ido cambiando a peor. 

La propia forma en la que ha evolucionado la educación supone un problema para estos jóvenes. Ahora, con las nuevas tecnologías, tener una conexión a internet es casi indispensable para poder rendir en la escuela. De los libros de texto se ha pasado a los PDF y de los deberes a mano a las actividades interactivas. Algo que en la Cañada es prácticamente imposible. Y eso, en la escuela, se nota. 

Un 92% de la población en la Cañada tiene dificultades para realizar acciones que ahora nos resultan tan naturales como acceder al wifi o cargar el móvil, según el estudio de La Cañada Responde. “En la educación me ha afectado mucho. Justo antes de que cortaran coincidió con la pandemia y era todo online, así que tenía muchos problemas para poder cargar el ordenador e iba fatal el generador”, cuenta una de las entrevistadas por el Centro Sira.

“El acceso a poder estudiar en invierno a partir de las cinco y media de la tarde, o a poder tener internet para consultar o para realizar trabajos o aprender, está completamente delimitado”, explica Gabriela López Neyra, coordinadora del Centro Sira. La propia dependencia de los alumnos durante la pandemia, que ha derivado en un mayor uso de las TIC en las aulas, ha hecho que aquellos alumnos que no puedan optar a una conexión se queden atrás.

Tampoco sus padres pueden hacer mucho más por ellos. Desde el Centro Sira cuentan a infoLibre que, al no tener acceso a la electricidad, las tareas de casa se acumulan y, para solucionarlas, necesitan más tiempo y esfuerzo. Hasta hacer la comida se convierte en una odisea. “La estructura familiar también se ve afectada porque quienes son los proveedores de recursos sufren un impacto derivado de la falta de suministro eléctrico y no pueden atender a sus hijos”, denuncia López Neyra. 

La posición socioeconómica de los padres también condiciona la forma en que los hijos afrontan los estudios. Según un estudio de la Fundación Foessa, los estudios de los padres tienen un impacto directo sobre los estudios de los hijos. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en este informe, el 80,2% de las personas cuyas madres tenían estudios universitarios alcanzaron su mismo nivel. Pero si por el contrario, la madre no tenía estudios primarios, la cifra se reducía al 4,6%. Es simple: si los padres han podido estudiar, los hijos podrán estudiar. Y si no ha sido así, se convierte en casi una misión imposible. 

La distancia también es un gran impedimento a la hora de mantener la motivación por la escuela. La Cañada no tiene un centro propio y a los que pueden ir, en Rivas, Vallecas o Getafe, están a kilómetros y kilómetros del asentamiento. 

Antes de que consiguieran tener un autobús –un derecho que lograron hace solo seis años–, los alumnos tenían que ir en coche (si sus padres podían llevarles) o a pie. Aunque ahora pueden ir en transporte público, la mejora no ha sido suficiente. Los trayectos que hacen los alumnos para llegar a sus centros de estudio pueden durar horas y horas, si es que los autobuses pasan. Muchos de ellos tienen que esperar y perder un tiempo que, en muchas ocasiones, no pueden permitirse. 

De hecho, María cuenta que varios de sus alumnos no siempre llegan a la hora de clase. De nuevo, no porque no quieran, sino porque no pueden. “La ruta de la Cañada es complicada. Hay chavales que tienen que estar una hora esperando el autobús, llega tarde o no llegan porque la ruta falla. Entonces tienen más faltas y más retrasos, pero está justificado. No es solo una cuestión de ‘me da igual el instituto’. Son muchas las razones por las que puede haber absentismo”, cuenta María al otro lado del teléfono. 

La propia situación en la que se encuentran los vecinos de la Cañada causa que concentrarse sea una misión imposible. El informe del Grupo Sira también pone nombre a lo que muchos se imaginan que sucede cuando se corta el suministro eléctrico. En un entorno así, afloran el miedo, la ansiedad y el estrés. En concreto, el 90% de los vecinos de la Cañada sienten tristeza prácticamente a diario. 

Todo ello acompañado de la discriminación. En el mismo informe, los investigadores encontraron –a través de entrevistas– que un 54,3% de la población de la Cañada percibe que el estigma sobre ellos se ha agravado. Algo a lo que contribuye (como todo) la falta de electricidad. 

La imposibilidad de mantener una higiene debido a la falta de agua hace que el rechazo de los otros se encuentre con “justificación”. A ello también se le añade la etiqueta de criminalidad impuesta y normalizada por muchos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a justificar los cortes relacionando delincuencia y Cañada como si se tratasen de sinónimos. La frase “tener los Porsche ahí aparcados, bien; pagar las facturas, no”, todavía resuena en el asentamiento.

“Hay toda una narrativa institucional y mediática que ha conseguido criminalizar a la Cañada y eso afecta a los chavales que viven ahí. Al final cuando llegan a otros entornos, no saben si va a ser un lugar seguro, acogedor o si les van a juzgar; y eso hace que vayan a la escuela con esa percepción”, zanja López Neyra. 

Una nueva jueza de instrucción en Navalcarnero ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa que investiga a la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y 'número tres' del PP regional, Ana Millán, por unos presuntos delitos de prevaricación administrativa durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de la localidad de Arroyomolinos (Madrid), según informa EFE.

Según el escrito, al que ha tenido acceso EFE, la nueva magistrada de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, Plaza nº6, la jueza Marta Hernández Lafuente, ha archivado la investigación al no quedar acreditada "la existencia de indicios racionales de comisión de delito de prevaricación administrativa ni de cohecho, ni de tráfico de influencias, ni fraude contra la Administración Pública".

El dictamen llega después de que la Fiscalía solicitara el pasado 4 de marzo el sobreseimiento provisional al "no quedar debidamente acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

Este asunto se remonta al año 2016, cuando el entonces alcalde de esta localidad, Carlos Ruipérez (Cs), denunció la relación existente entre Ana Millán y la empresa Neverland Eventos S.L en la época en que la primera ostentaba la condición de concejala del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

En concreto, denunciaba un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación a la adjudicación de unos supuestos contratos irregulares por parte de Millán a la mercantil Neverland Eventos SL, del empresario Francisco Vicente Roselló Baldó, quien a su vez había efectuado una serie de pagos a una cuenta corriente de Millán.

Unos pagos que, según lo declarado a la Agencia Tributaria por Neverland Eventos SL, se justificaban bajo el pago de alquiler de un ático, por lo que también se le imputaba por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública.

En relación a estos pagos, la jueza ha deducido que se corresponden con un contrato de alquiler con opción de compra concertado entre las partes sobre un ático sito en la Plaza Mayor de Arroyomolinos, propiedad de Millán.

La magistrada ha descartado así que la conexión temporal de estos ingresos con la etapa de concejal de la investigada indique alguna relación entre los ingresos percibidos y los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a las empresas de Roselló y sea "indicio suficiente de la comisión de delito por los investigados".

Ha concluido que "no se infieren indicios con la solidez suficiente para atribuir la participación en la comisión de delitos constitutivos de prevaricación, de tráfico de influencias o de negociaciones o actividades prohibidas".

Lafuente ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, "puedan corresponder al perjudicado", además, ha suspendido las declaraciones testificales señaladas el día 3 de junio de 2026.

Madrid ha rendido homenaje este miércoles a las 193 víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 con la tradicional ofrenda floral en la fachada de la Real Casa de Correos, en un acto presidido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, según recoge EFE.

Díaz Ayuso y Martínez Almeida han colocado una corona de laurel bajo la placa de la fachada de la Real Casa de Correos en recuerdo de las víctimas de los atentado, junto a los presidentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, María Soledad Pérez.

Antes de colocar la corona de laurel en la placa que homenajea en el kilómetro cero de la capital a los 193 fallecidos y los más de 2.000 heridos, así como a los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y a todos los ciudadanos que las auxiliaron, ha sonado el tañido de las campanas del reloj de la sede del Gobierno regional durante dos minutos, al igual que en multitud de municipios de la región en señal de recuerdo.

Al acto han acudido los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, además del delegado del Gobierno, Francisco Martín. El homenaje en recuerdo de las 193 víctimas ha contado con el acompañamiento musical de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (Ocram), tras el cual ha sonado el himno nacional.

Este es el primero de los homenajes que se sucederán este miércoles en la capital. Díaz Ayuso y Martínez Almeida también participarán en el que organiza la Asociación Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo del parque de El Retiro. Además, están previstos un acto y una ofrenda floral en la estación de Atocha y un homenaje en el memorial de la calle Téllez. Y, por la tarde, se celebrarán sendos actos de recuerdo en las estaciones de Cercanías de Santa Eugenia y El Pozo, que también fueron golpeadas en el atentado.

Un mes después de que se hiciera pública la denuncia de una concejala del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde de la ciudad, el popular Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral —que presuntamente el Partido Popular de Madrid encubrió y Génova ignoró— el regidor del PP sigue en su puesto gracias al apoyo expreso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las únicas dimisiones las han protagonizado quienes dieron amparo a la víctima: el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Móstoles, Raúl Gallego, y la coordinadora de Digitalización y Nuevas Tecnologías del Consistorio, Victoria Moyano.

Gallego hizo pública este lunes su renuncia en una carta en la que evitó detallar las razones de su marcha, pero reivindicó que cada decisión que ha adoptado ha estado "guiada por la conciencia y el compromiso con lo que consideraba justo". El hasta ahora concejal del PP había dado credibilidad al testimonio de la exedil y, según fuentes conocedoras de la situación, había sido víctima de presiones internas desde entonces. Hace dos semanas la citada Victoria Moyano, alto cargo del Ayuntamiento, también renunció por "un deber de compromiso con la veracidad" y "coherencia con los hechos que han sido objeto de conocimiento público".

La marcha de Gallego se produce después de que la pasada semana su pareja, Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, fuera destituida de su cargo de portavoz. Un movimiento que fuentes del PP madrileño atribuyen a su relación con Gallego, aunque el equipo de la presidenta madrileña lo niega. El edil del PP asegura marcharse "con la satisfacción de haber defendido sus convicciones" y "con la certeza de que el servicio público es una de las tareas más nobles cuando se ejerce con responsabilidad".

A esa lista hay que añadir la propia denunciante, que dejó su acta y solicitó la baja en el partido el 3 de octubre de 2024, al sentirse desamparada por su propio partido ante la falta de respuesta a sus denuncias. "Me he encontrado con que los órganos de mi partido me han negado cualquier tipo de amparo haciendo oídos sordos a mis denuncias, sin realizar ninguna intervención, lo cual me ha resultado inaudito, por inesperado", escribió, después de haber enviado seis escritos a la dirección de su partido, incluido uno de 20 folios, relatando su calvario al comité de Garantías del PP nacional —que nunca la recibió en persona para dirimir la denuncia—.

El caso, según el relato que ofreció la mujer al PP, comenzó con proposiciones sexuales explícitas y no deseadas por parte del alcalde y continuó con la difusión de rumores falsos sobre una supuesta relación entre ambos. Una situación que después derivó en un acoso laboral por la negativa de ella, lo que llevó a Bautista a apartarla de sus funciones como concejala. Tras siete meses de denuncias internas, acabó entregando el acta y solicitando la baja como afiliada del partido, en el que militaba desde 2010.

En paralelo a este caso, este último mes se han producido más dimisiones en el PP madrileño, la de los diputados Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, conocidos en la Asamblea de Madrid como "los Pocholos". Se trata de un movimiento muy poco frecuente a mitad de legislatura, que no pocos en el PP madrileño interpretaron como un desafío a la baronesa del PP. Ayuso los fichó para las elecciones de 2023 como la "nueva generación" del PP, aconsejada por su 'gurú en materia educativa, Antonio Castillo Algarra, que los había 'formado' en su compañía de teatro. Esta circunstancia, sin embargo, no era del agrado de la vieja guardia del PP de Madrid, que siempre ha defendido que hay que apostar por "gente del partido" porque "son más leales".

Su dimisión se produjo como respuesta al cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, por parte de la presidenta madrileña el día anterior, lo que también provocó la marcha del citado Algarra, que había ganado influencia en la trastienda del Ejecutivo madrileño y hasta hace pocas semanas dirigía el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Algarra atribuyó la campaña en su contra al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que este martes ha sufrido un golpe en los tribunales después de que la Audiencia de Madrid haya ordenado reabrir la investigación sobre él por difundir datos de dos periodistas.

La marcha de 'Los Pocholos' provocó la remodelación del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid que, a su vez, ha reforzado a otro núcleo duro, apodado 'Los Pancetas'. Este grupo está dirigido por el portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, el claro ganador de la crisis interna frente al número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, al que no pocos reprochan la falta de diligencia en el caso del acoso sexual de Móstoles. Así, los diputados diputados afines a Díaz-Pache como Ainhoa García, Isabel Vega y Ester Platero entran en la dirección del grupo parlamentario junto a Ana Millán, número tres del PP de Madrid e implicada también en la denuncia de Móstoles, y a otro grupo de diputados que rondan al portavoz, Andrés Navarro y Lorenzo Pérez.

Todos estos elementos sitúan a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ante la mayor crisis de la legislatura, pese a gozar de una cómoda mayoría absoluta. El próximo jueves 5 de marzo comparecerá en la Asamblea a petición propia por el polémico cese del consejero de Educación, el citado Emilio Viciana. La versión oficial es que la baronesa del PP lo cesó por su incapacidad de consensuar con los rectores universitarios el nuevo modelo de financiación, un proyecto que la baronesa del PP quería enarbolar como un logro de gestión pero que veía cómo se encallaba semana tras semana.

Sin embargo, desde la oposición creen que su marcha tiene que ver con la denuncia sobre el troceo de contratos en la consejería de Educación en el caso FP, que cerca a altos cargos del Gobierno regional por una serie de irregularidades detectadas en la construcción de centros educativos. Para sortear las adjudicaciones, se troceaban las partidas en contratos pequeños. Un caso que podría llegar hasta Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea y a Rocío Albert López-Ibor, consejera de Hacienda.

Ayuso, por lo pronto, ha tratado de zanjar este martes una de las carpetas de Viciana y ha alcanzado un acuerdo con los seis rectores de las universidades públicas de Madrid para poner en marcha un plan de financiación plurianual en los centros públicos. En estos meses las universidades han denunciado su infrafinanciación, lo que les dificultaba mantener los campus y hasta pagar las nóminas de los funcionarios. El pacto contempla un aumento de los fondos de más de un 40% en la parte que aporta la Comunidad de Madrid, al final del ciclo 2026-2031 y también de los controles económicos a las universidades.

La Audiencia Provincial de Madrid ha instado a una jueza a investigar si Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, pudo incurrir en presunta revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas –sus nombres, apellidos y una foto– que habían sido identificados por un policía, según informa EFE.

La sección quinta de la Audiencia ha ordenado admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario El País afectados, y ha revocado el archivo decretado por la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid hace casi un año. "Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos", subrayan los magistrados en su auto, al que ha tenido acceso EFE este martes. 

El tribunal establece que la magistrada debe investigar si en la presunta divulgación de dichos datos "existió infracción penal", de forma que le insta a practicar las diligencias pertinentes "a los efectos de la investigación de un posible delito de revelación de secretos por el querellado".

Según la denuncia, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja. El mensaje se envió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.

La resolución de la Audiencia de Madrid, que estima los recursos de apelación interpuestos por el PSOE y los periodistas afectados contra el archivo inicial de la causa, subraya que la ley establece que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben "guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones".

"Por lo tanto, los datos de los periodistas que un agente de policía recibió en un primer momento tenían un indudable carácter reservado y por ello mismo, se debe investigar si en la divulgación de los mismos existió infracción penal", enfatiza.  

Al estudiar el caso, la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid rechazo abrir una investigación en contra del criterio de la Fiscalía, que sí consideraba que los hechos denunciados "podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos".

La magistrada vio "intrascendente penalmente" la identificación de estos dos periodistas con nombre y apellido, así como su foto, y consideró que tienen "escasa o nula relevancia" en la afectación de la intimidad o esfera privada de quien ejerce su trabajo, dado que no incorpora "referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales". 

Al analizar el delito de revelación de secretos, que debe ser cometido por autoridad o funcionario público sobre secretos conocidos por razón de su cargo, la jueza afirmó que la "simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales" no puede "estar comprendido en el concepto de 'secreto, dato o información reservada', pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal".

La Comunidad de Madrid ha acordado con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas incrementar hasta los 14.800 millones de euros en seis años, de 2026 a 2031, la financiación para estas instituciones, que han celebrado este "hito" asegurando que abre "una nueva etapa", informa EFE.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este martes el acuerdo con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Carlos III en la sede del Gobierno regional, junto a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.

El acuerdo se firma tras una reunión mantenida el lunes entre los rectores y las consejerías de Educación y de Hacienda, tras el cese en febrero del exconsejero de Educación Emilio Viciana y el fracaso de su ley de Enseñanzas Superiores y Universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de la comunidad educativa con protestas y huelgas masivas.

Tras la firma, Díaz Ayuso ha detallado que las universidades recibirán un total de 14.800 millones de euros en seis años, de los cuales el 83% provendrá de los presupuestos generales de la Comunidad, es decir, 12.300 millones, y el resto de los precios públicos, obtenidos por tasas o servicios prestados.

En total, se estima que las universidades públicas recibirán anualmente una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad, cifra superior a los 1.239 millones presupuestados para 2026, que los rectores consideraban "insuficiente".

Es la primera vez que las universidades públicas contarán con una propuesta de financiación plurianual "para que puedan planificar con tiempo y eficacia su propio futuro estratégico", ha destacado Díaz Ayuso.

Habrá una financiación básica para la actividad ordinaria de las universidades y una financiación por objetivos "para mejorar la calidad docente e investigadora", ha subrayado la presidenta madrileña.

El modelo se articula, además, mediante un fondo de convergencia para corregir desequilibrios; un fondo adicional para competitividad y proyectos singulares, así como una financiación específica dirigida a inversiones para acometer la modernización de infraestructuras.

En el último ejercicio (2031), las universidades contarán con 549 millones adicionales de la Comunidad y los fondos específicos recogidos en el acuerdo habrán crecido un 41% (480 millones de euros más), según las cifras facilitadas por el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, se estima que las universidades puedan tener otros ingresos propios cercanos a los 2.500 millones en los años del modelo.

Cada universidad deberá aprobar un plan estratégico a cinco años, con la participación del Consejo Social, y presentará cada año una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos.

Se reforzarán los mecanismos de auditoría interna y externa y, si hay desequilibrio, la universidad afectada deberá aprobar un plan económico financiero.

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) y rectora de la Autónoma (UAM), Amaya Mendikoetxea, ha mostrado su "enorme satisfacción" y ha calificado de "hito" el acuerdo, que abre "una nueva etapa" y el camino hacia un sistema universitario madrileño "más fuerte, más estratégico y con mayor estabilidad".

En su discurso, Mendikoetxea ha recordado cómo desde abril de 2024 los rectores habían alertado del "creciente desequilibrio entre ingresos y gastos que ponía en riesgo" la situación de los campus madrileños, atrapados en una financiación que solo "garantizaba unos mínimos sin un marco estable plurianual".

Por ello, ha agradecido a la presidenta madrileña "su sensibilidad" e "interés personal" en la consecución de una financiación "suficiente y estable", a la vez que ha reconocido la labor del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, por liderar el proceso "con cintura", y del exconsejero Emilio Viciana por haber iniciado del camino.

Igualmente ha agradecido a los demás rectores y ha añadido que el acuerdo no solo cierra una etapa sino que "abre otra, de reconocimiento explícito de una necesidad estructural que debe ser atendida en el tiempo".

Le ruego me disculpe el atrevimiento de dirigirme a usted, así, sin avisar. De repente y sin darle tiempo a prepararse. Es posible que jamás lea usted esto que le quiero decir, y no me importa demasiado. Lo dejo escrito por si acaso usted se animase un día a leerlo. Soy mayor y a estas alturas de la vida ya hay cosas que no me importan demasiado. 

Pero ojo: mayor sí, pero tonto no. ¿Le suena esto, verdad?

Quería decirle que no es usted una buena persona. Así, sin rodeos. Y lo digo porque le he escuchado a usted decir que es la presidenta de la Comunidad más libre del mundo. Que, además, es la casa de todos los españoles. Y si estoy en mi casa: quiero opinar.

Casualidades del calendario: casi al mismo tiempo que se aprobó la Constitución del 78 en el Congreso, nació usted. Igual estamos equivocados, igual la democracia llegó gracias a su nacimiento. Usted decidió regalarnos la libertad y posiblemente lo que teníamos entonces era un borrador de país.

Yo no estoy dispuesto a darle las gracias por traernos la democracia.

Según usted, vivimos bajo una dictadura. Una dictadura extraña, con elecciones, prensa libre, manifestaciones y tertulianos gritándose cada noche, pero dictadura al fin y al cabo, porque lo dice usted desde un atril con logo institucional.

Una dictadura donde se puede llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno, sin que pase nada. Usted no sabe lo que es una dictadura. A usted le entregan cuatro líneas escritas y luego las repite como un papagayo. Cuando murió el dictador, usted no estaba seguramente en el imaginario de este mundo.

Nada más que comienza usted a hablar, se ve claramente que tiene muy poco sentimiento, muy poca empatía y que no es compasiva ni sensible. Sin embargo, le sobra indiferencia y chulería. Pero eso sí, depende con quién.

Da usted lástima porque es muy manipuladora. Se aprovecha de cualquier víctima que le venga bien para intentar obtener réditos políticos. Lo hace muy menudo con las víctimas de ETA, y lo ha hecho recientemente con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Y le voy a poner algunos ejemplos más, que apoyan lo que digo:

La plataforma llamada 7291 Verdad y Justicia para las víctimas en residencias está formada por familiares y personas afectadas que reclaman verdad, justicia y reparación por las muertes de sus familiares y por la gestión de los "protocolos de la vergüenza" durante la pandemia. Usted ha tenido la cara dura de llamarles "plataforma de frustrados". Describir de esta forma tan despectiva a la asociación de familiares de las 7.291 personas fallecidas en residencias sin atención hospitalaria, debería de acabar con su carrera política. Al fin y al cabo, lo que estas víctimas pretenden es saber por qué murieron sus familiares de aquella forma, solos y abandonados.

Estas víctimas, parece que no le vienen bien.

Con el genocidio de Gaza, no le he escuchado la más mínima palabra a favor de las niñas, niños, mujeres y hombres de Palestina asesinados por Israel. 

¡Asesinados, sí, señora!

Usted ha dado a Israel un apoyo incondicional, sin grietas, como lo hace la ultraderecha de todo el mundo. Me extraña (tiene que haber intereses económicos importantes para su Comunidad), que a una mujer que ha intentado ser madre no se le haya escapado una lagrimilla por todas las niñas y niños víctimas de este horror, no lo puedo entender.

¿Qué me dice usted de un tal González Amador?

Este debe de ser un señor al que parece que van a juzgar por un delito de fraude a Hacienda (ya están tardando, por cierto) y por otro de corrupción en los negocios. Sus enredos con Quirón le han hecho millonario y a pesar de que según me dicen duerme con usted en un piso de lujo, el muy listillo ha intentado defraudar a todos los madrileños. Y usted, que tiene que velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos y dar ejemplo, no ha sido capaz de reprochárselo. Me parece que es usted un poco cínica.

Después de lo que ha ocurrido con el escándalo de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón, alargando listas de espera y seleccionando pacientes en función de la rentabilidad que dejan, o reutilizando material médico de "un solo uso" para ahorrar dinero. 

Con los miles de millones que le ha dado a Quirón en estos años (se dice que han sido más de 5.000), y que son millones que se podían haber invertido en la Sanidad Pública: ¿Sigue usted pensando que la sanidad madrileña es la mejor del mundo?

¿Qué me dice usted del alcalde de Móstoles, un tal Manuel Bautista?

Seguramente para sus amigos es una buena persona y posiblemente muchos vecinos pensarán que ella, la denunciante, es la culpable de todo. Aparece la mujer despechada y todo esto se parece a lo que ocurrió también hace muchos años en Ponferrada. Usted ha hecho una defensa que huele a manual viejo: minimizar y relativizar el acoso. Cerrar filas y convertir todo en un “malentendido”. Lo que ha hecho usted es defender al compañero, como manda el catecismo del partido. El acoso pasa a ser “polémica”, la víctima se vuelve “ruido” y el acusado, pobrecito, "un daño colateral". Primero se salva al colega, luego, si sobra tiempo, ya hablamos de las mujeres. Ahora, eso sí: con las presuntas víctimas de un tal Salazar le falto a usted tiempo para pedir todas las dimisiones posibles.

Y para finalizar, tengo que completar esta carta con una noticia que me ha dejado descolocado (esto no estaba previsto). Después de reconocer a Israel a pesar del genocidio contra Palestina y también a Milei y su motosierra, se ha descolgado usted dándole otra medalla a Estados Unidos, país al que llama "faro del mundo libre". Ya lo siento, señora mía, no sé a quién pretende engañar. Sus actitudes huelen a fascismo descarnado y sin complejos. 

Podría seguir, porque usted no da tregua. No voy a hablar de Julio Iglesias, ni del hermano Tomás, tampoco de Madrid Network, del Hospital Zendal, ni de Avalmadrid. La carta sería interminable y me tengo que marchar. 

Me despido, señora Isabel Díaz Ayuso, deseándole una larga carrera… lejos del Servicio Público. Que la vida le regale muchos micrófonos privados y que los pueda disfrutar. Y me gustaría que algún día descubra que gobernar no es señalar, sino cuidar de los gobernados. Darles una sanidad y una educación gratuitas y de mucha calidad. Unas pensiones dignas y reconocerles el derecho a la vivienda.

Por mi parte, mientras tanto, seguiré esperando que España tenga memoria, y que ni usted ni el Partido Popular vuelvan a confundir mayoría con impunidad. Me da miedo pensar lo que podría ocurrir si ustedes llegaran a gobernar.

Atentamente,

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

Uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo Algarra, ha presentado su dimisión tras el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y la renuncia a sus actas por parte de tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid, según fuentes del Ejecutivo autonómico que ha recogido EFE.

El pasado lunes, el Gobierno regional anunció a través de un comunicado la sustitución de Viciana y el nombramiento como nueva consejera de Educación de la hasta ahora viceconsejera Mercedes Zarzalejo. El martes presentaron la renuncia a sus actas los diputados del PP de la Asamblea de Madrid Pablo Posse, portavoz de Educación; Mónica Lavín, de Política Social, y Carlota Pasarón, de Juventud.

También se esperan, en los próximos días, los ceses de al menos otros dos altos cargos de la Consejería: el director general de Universidades, Nicolás Javier Casas, y el de la directora general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado este lunes a Mercedes Zarzalejo como consejera autonómica de Educación, Ciencia y Universidades en detrimento de Emilio Viciana, que ocupaba el cargo desde 2023 y cuya gestión ha estado marcada por la tramitación de la ley universitaria autonómica, informa EFE.

Se trata del primer cambio en el Consejo de Gobierno de Díaz Ayuso en esta legislatura y, consultadas por los motivos del relevo, fuentes del Ejecutivo autonómico han trasladado a EFE que la presidenta había encargado a Viciana en 2023 "un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas" que no se había visto cumplido.

Por ello ahora Díaz Ayuso "ha decidido dar un nuevo impulso" a la Consejería con el nombramiento de Zarzalejo, cuyo objetivo será "sacar adelante este ambicioso proyecto universitario" que la presidenta madrileña "encargó hace ya más de dos años".

Estas fuentes evitan poner la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) en el centro de ese proyecto, definiéndola como "otra herramienta más que el consejero comenzó a trabajar, pero que tampoco ha fructificado".

En cualquier caso, la Lesuc es desde hace meses, y sin haber pasado de la fase de borrador, el foco de las iras de las universidades públicas madrileñas, que se movilizaron durante todo 2025 contra una norma que, denuncian, "perpetúa la infrafinanciación", favorece a las privadas y recorta la autonomía universitaria.

Durante todo el año pasado hubo protestas en las seis universidades públicas madrileñas -Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Alcalá-, culminando con una huelga de dos días en noviembre, y ya se prepara una nueva escalada de protestas.

Más allá de la polémica en el ámbito universitario, el paso de Viciana por la Consejería ha incluido numerosas novedades que a menudo han abierto, incluso, debates a escala nacional, como su apuesta por la jornada partida, las restricciones al uso de pantallas en las aulas o la incorporación de los dos primeros cursos de la ESO en numerosos colegios de Educación Infantil y Primaria.

En cuanto a la nueva consejera, empezó la legislatura como diputada del PP en la Asamblea de Madrid y fue la encargada de interrogar a Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre su cátedra de la Universidad Complutense. En octubre de 2025 había sido nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha avisado este miércoles de que, si llegara a aprobarse el anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios, "tendría su correspondiente respuesta en los tribunales" por parte de la Comunidad de Madrid, según recoge EFE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín ha afirmado que la norma supondría una invasión de las "competencias exclusivas" de la Comunidad de Madrid.

En todo caso, el portavoz duda "mucho" que la ley pueda ser aprobada por el Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta la minoría parlamentaria del Gobierno y que la norma afectaría a Cataluña, una región "donde tienen una dependencia muy alta de hospitales de gestión privada".

Madrid, por su parte, tiene cinco hospitales de titularidad pública concesionados a operadores privados, la mayoría operados por Quirón, un modelo de "éxito", según García Martín, que le permite "prestar la mejor sanidad a los ciudadanos".

García Martín ha acusado a la "incompetente" ministra de Sanidad, Mónica García, de pretender "exportar el caos sanitario" propiciado por su gestión a las autonomías. "Deje trabajar a las comunidades autónomas y, especialmente, a la Comunidad de Madrid, que hemos demostrado que sabemos hacerlo bien", ha zanjado.

Mónica García apuntó ayer directamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, diciéndole que el anteproyecto de ley persigue cargarse "su chiringuito, su negociete".

La ministra dijo que con esta iniciativa, que deroga la ley de 1997 que permitió desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid, se "pone coto a las garras especuladoras y privatizadoras de nuestra sanidad".

En el texto del anteproyecto se define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales. La permite sólo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. Los conciertos y contratos existentes seguirían vigentes hasta su vencimiento, y se aplicaría la nueva normativa a los procedimientos futuros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que siempre se ha mirado a Estados Unidos con "admiración por ser el principal faro del mundo libre" y ha anunciado que concederá a este país la Medalla Internacional que otorga su Gobierno, según recoge EFE.

Así lo ha asegurado esta noche en un vídeo emitido durante The hispanic prosperity gala (La gala de la prosperidad hispana), un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente Donald Trump en Florida, en el que se le ha concedido un reconocimiento por su labor en favor de la hispanidad.

Ayuso ha asegurado que el mundo no se entendería sin la visión hispana que está unida por "la alegría, la celebración, el humanismo cristiano, el mestizaje, la familia, el derecho y el español como el idioma común" con los "valores occidentales que más prosperidad y avances ha dado al mundo a lo largo de los siglos".

"El nuevo orden mundial necesita nuestra forma de ser y estar para que Norteamérica, el resto del continente americano y Europa sean los lugares más libres y pujantes", ha afirmado la dirigente madrileña, quien ha señalado que la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos, "contaminando naciones enteras".

Desde la Comunidad de Madrid, ha dicho, se celebra cada paso que Estados Unidos está dando en su defensa de la hispanidad porque eso significa defender la verdad en la historia y un futuro de oportunidades.

A renglón seguido ha asegurado que la libertad de Venezuela es la herida más importante que hay que curar ante la salida de más de ocho millones de personas "a las que el comunismo les ha arrebatado todo".

La presidenta madrileña ha mostrado su deseo de que pronto otros países como Cuba, Nicaragua y México sigan los pasos de Argentina y "rompan sus cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja", destruyendo familias y creando negocios que "destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad".

Ayuso ha anunciado que concederá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos en el año que se conmemora el 250 aniversario de su independencia, y por ser el "principal faro del mundo libre".

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España.

Este mismo reconocimiento ha sido entregado en los últimos años a los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); Ecuador, Daniel Noboa (2023); y Argentina, Javier Milei (2024). 

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado este viernes que la exconcejala de Móstoles que denunció un presunto acoso sexual y laboral del alcalde del municipio, Manuel Bautista, actuó "de mala fe" y por una "vendetta" personal, aparentemente "grabando conversaciones sin autorización", y ha amenazado con emprender acciones legales si se confirma este extremo, según informa EFE.

En una rueda de prensa, Serrano ha acusado a la exedil de intentar "involucrar" en el caso a la presidenta autonómica y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "no tiene absolutamente nada que ver", y ha insistido en que este caso "pretende tapar el desastre del PSOE" en la campaña electoral aragonesa.

El País publicó el miércoles por la noche que la mencionada exedil denunció internamente que Bautista la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", y cuando la exedil se plantó ante esa situación, comenzó lo que ella define como "un acoso laboral". La misma información señalaba que el PP no amparó y supuestamente encubrió la denuncia.

Después de cuatro intentos, Carlos Mur, firmante de los Protocolos de la Vergüenza aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, va a declarar en calidad de imputado. Será durante la mañana del próximo lunes 26 de enero en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid.

Mur, junto con Francisco Javier Martínez Peromingo, es uno de los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid señalados por la causa judicial como responsables directos de los protocolos, ya que ambos eran los directores de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia.

Al contrario que Mur, Peromingo sí que ha llegado a declarar e incluso, culpó en sede judicial a Mur de ser quien incluyó los elementos discriminatorios dentro de los protocolos. Por ellos, no se permitió que los mayores que no tuvieran un seguro médico privado, fueran derivados a los hospitales públicos. Fallecieron 7.291 mayores por estos protocolos, como reveló infoLibre.

El lunes será la primera vez que dará a conocer su versión de los hechos, después de no declarar en cuatro ocasiones anteriores, en las que fue citado. Sin embargo, no lo hará presencialmente sino por videoconferencia, ya que ha alegado que trabaja y reside en Andorra. Desde Marea de Residencias piden que Mur “tire de la manta” y cuente lo que sabe sobre lo que sucedió para que 7.291 personas fallecieran sin ser derivadas a un hospital.

En mayo, tanto Mur como Peromingo debían comparecer en el Juzgado número 3 de Madrid como imputados. Algo que no sucedió por la suspensión de ambas ya que alegaron que no habían recibido las actuaciones.

Más tarde, el 17 de junio, tenían que haber declarado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. Esta vez no sucedió debido a que el juez decidió suspender las declaraciones al inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”.

Ya más recientemente, Mur debería haber declarado en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, el 9 de diciembre, y al día siguiente en el Juzgado número 2 de Collado Villalba. En ambas ocasiones no se presentó asegurando que no había recibido la notificación del Juzgado citándolo a declarar. Días después, Mur solicitó declarar por videoconferencia.

La Audiencia Nacional sienta desde el lunes en el banquillo al exconsejero madrileño Francisco Granados en el que será su segundo juicio por el caso Púnica, que estalló en octubre de 2014 con su arresto y el de medio centenar de personas por presunta corrupción, entre ellas varios alcaldes de la región, según informa EFE.

Granados, que pasó dos años y medio en prisión preventiva, solo ha sido juzgado en todo este tiempo por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil sobre la operación policial, por el que fue condenado a dos años de cárcel. 

El juicio que arranca este lunes, y que se prolongará hasta el próximo mes de marzo, se centra en la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para la organización de festejos de municipios madrileños gobernados por el PP entre 2004 y 2013.

Granados, que fue número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y dirigente del PP madrileño, afronta una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por dos delitos continuados de fraude y prevaricación, que la acusación del PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) eleva a 38.

Además de él, están acusadas otras trece personas, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y varios exalcaldes de municipios madrileños. 

Es el caso de los exregidores de Valdemoro, José Miguel Moreno y José Carlos Boza (recientemente absuelto en otra pieza de la Púnica); Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; Móstoles, Esteban Parro, también exsenador, y Daniel Ortiz, y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Los dos últimos fueron condenados recientemente por otra rama del caso.

La Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los dos y los cuatro años de cárcel, salvo en el caso de Ortiz, para quien pide inhabilitación de ocho años.

La Audiencia Nacional juzgará si en los diferentes consistorios madrileños "existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas en unos casos con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial, en otros", según exponía el juez en su auto de procesamiento.

La Fiscalía destaca en su escrito de conclusiones provisionales la "relación de amistad" entre Granados y el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huertas, ya fallecido, que llegó a correr con los gastos de dos fiestas privadas del exconsejero.

Subraya la "gran influencia" de Granados en el PP de Madrid y en el Gobierno regional y su posición de "prevalencia y superioridad" ante autoridades y funcionarios, que fue utilizada presuntamente para favorecer al citado empresario "ante posibles contrataciones que dependían de la Comunidad de Madrid".

Fiestas patronales, festejos de Navidad, cabalgatas, orquestas de verano o incluso alguna actuación musical en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid fueron adjudicadas de manera presuntamente irregular a Waiter Music. 

En concreto, logró la adjudicación de los festejos en Valdemoro (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), y en Moraleja de Enmedio (104.565,12 euros), entre otros.

Había, según la Fiscalía, "contraprestaciones". El empresario proporcionaba "unos servicios extras a requerimiento de los políticos", también para actos del PP, que no facturaba, y hacía "regalos", como un reloj y una pluma Montblanc por 1.000 euros a Granados, entre otros.

La adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid se encuentra con obstáculos. La idea, que aprobó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado noviembre, ha sido recurrida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio, el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto a través de la Abogacía del Estado y presentado el pasado 12 de enero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Fuentes del ministerio, dirigido por Diana Morant, aseguran que es algo inédito que un colegio profesional pueda repartir títulos. Además, afirman que “la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”.

La aprobación de la adscripción a la UCM del centro de la ICAM tendría que ver, según recoge elDiario.es, con la falta de financiación de la Universidad Complutense, algo que se podría aliviar mediante esta operación ya que las universidades reciben dinero por alojar centros adscritos. También, apunta el medio digital, sigue la línea del gobierno de Ayuso, que querría tener más influencia en el sector de un organismo jurídico con buenas conexiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con su constante privatización de la educación.

Precisamente, fuentes del ministerio han asegurado a elDiario.es que “el resultado de esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense. La decisión adoptada por el Gobierno de la señora Ayuso sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados”.

Con este centro, la propia Complutense se estaría haciendo competencia a si misma, ya que en el grado de Derecho no llena todas las plazas, con una tasa de cobertura del 90%. De esta forma, dicen fuentes del ministerio, "se abre otra vía para desmantelar la universidad pública". También han alertado de que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales".

El recurso del Gobierno se une al que ya presentó el PSOE hace pocos días y, además, podrían no ser los únicos. El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, anunció que también lo haría ya que considera que es un paso "forzado" y "un error". El rector asegura que es una “puerta falsa para formalizar como universidades ámbitos que no lo son”, una declaración que también comparte la Universidad Complutense.

El 21 de diciembre ha hecho un año que no estás, y en este tiempo he comprendido algo que quizá solo se entiende cuando falta alguien imprescindible, y es que tu labor no terminó contigo, pero sí dejó un vacío que obliga a mirar la realidad con una mezcla de responsabilidad y lucidez. Desde entonces, cuando veo tus textos, tus análisis y tus intervenciones públicas, lo hago con una mirada nueva. Y cuanto más los analizo, más evidente resulta que muchos de tus diagnósticos no solo eran certeros, sino premonitorios. Parece mentira que, pese a compartir toda una vida, hoy que ya no estás siga aprendiendo de ti.

Tú insistías en que “la salud no es una mercancía, sino un derecho fundamental”, una idea que hoy, en pleno avance de dinámicas privatizadoras, adquiere un sentido especialmente urgente. Lo decías porque sabías que la estructura de un sistema sanitario no es neutral, responde a decisiones políticas, a modelos de gestión y a intereses que, cuando no están bien alineados con el bien común, generan inequidad.

Mientras escribo estas líneas, también sigo con preocupación cómo continúa el sufrimiento en Palestina, aunque ya no sea noticia. Los bombardeos y asesinatos se suceden sin que la comunidad internacional detenga el genocidio, y pienso a menudo en cómo tú analizabas esta masacre desde la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Sé que te dolería profundamente ver cómo sigue creciendo una tragedia que afecta, sobre todo, a población civil indefensa, especialmente niñas y niños.

Hace unos días se fue, también, Robe Iniesta, de Extremoduro, otro placentino y uno de tus cantantes preferidos. Podría decir que, allí donde estés, a buen seguro os habéis encontrado para conversar sin imposturas, como solo saben hacerlo las voces honestas, mientras escribís nuevos versos, cuales poetas.

En el ámbito sanitario, en estos últimos meses han estallado casos que materializan todo aquello que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), y tú de forma muy particular, veníamos señalando desde hace décadas. Las terribles consecuencias de la privatización de los cribados de cáncer, que estallaron en Andalucía y se han extendido por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), y las grabaciones del Hospital de Torrejón en Madrid, donde directivos de Ribera Salud, empresa que gestiona el hospital bajo el modelo de concesión administrativa (gestión privada), discutían abiertamente estrategias para seleccionar pacientes según rentabilidad o aumentar listas de espera, constituyen una prueba empírica de cómo el ánimo de lucro altera la lógica del servicio público.

Nada de esto te habría sorprendido. Lo anticipaste cuando defendías que los mecanismos privados trasladados a lo público generan incentivos incompatibles con los valores del Sistema Nacional de Salud (SNS). Tus argumentos siempre fueron claros al respecto y, como bien trasladabas, el aseguramiento universal es sostenible solo si se basa en planificación, control público y cohesión territorial. La evidencia internacional lo respalda, y tú insistías en ella mucho antes de que fuera políticamente oportuno reconocerlo, incluso cuando había quien miraba para otro lado.

El debate actual sobre una posible ley estatal que elimine la gestión privada del SNS, y que refuerce la transparencia y los controles públicos, es precisamente el tipo de avance regulatorio que llevabas pidiendo desde que comenzaste tu actividad en la FADSP. Es más, se trata de aquel documento de consulta previa al que ya hicimos alegaciones hace casi 20 meses, denominada “Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud”. 

Los datos, una vez más, han terminado dándote la razón: cuando la gestión se privatiza, la opacidad crece, se fragmenta la asistencia y se favorecen decisiones guiadas por el beneficio empresarial a costa de la salud de la población.

Si algo tengo claro este año es que te sentirías orgulloso de la continuidad del trabajo que impulsaste. Casi 45 años después de su creación, la FADSP no solo se mantiene activa, sino que sigue siendo un actor clave en el análisis de políticas sanitarias, en la denuncia de desigualdades territoriales, en la defensa de la Atención Primaria como pilar del sistema y el azote de las políticas privatizadoras.

Tu capacidad para unir rigor técnico con compromiso social es hoy una herencia organizativa. La metodología de los informes, la insistencia en la comparación territorial, la mirada crítica hacia la privatización, el uso de indicadores objetivos, todo ello forma parte del ADN de la Federación.

Y en cada debate que mantenemos, en cada posicionamiento público, aparece una frase tuya que se ha convertido casi en un principio rector: “El Sistema Nacional de Salud seguirá existiendo mientras haya personas dispuestas a defenderlo.”

No era un mensaje retórico, era un recordatorio sobre la dimensión política de lo común, un aviso sobre la necesidad de vigilancia democrática.

En este sentido, hemos impulsado la movilización social, consiguiendo que salieran a la calle cientos de miles de personas en todo el territorio, exigiendo la defensa de la sanidad pública, con especial hincapié en la Atención Primaria, y el fin de la privatización creciente.

No voy a fingir que la pérdida no pesa. Pero también sé que tu legado no es una parte del pasado, sino una estructura de pensamiento que nos sigue guiando. En lo personal, echo de menos muchísimos momentos y cosas, pero si me centro en este ámbito del que hablo, destaco tus argumentos precisos, tu ironía fina, tu humor negro y tu capacidad para desmontar una tesis con dos datos y una reflexión incómoda. En lo colectivo, echo de menos tu autoridad intelectual, que siempre ejerciste sin arrogancia y ahora es más necesaria si cabe.

Te escribo este artículo porque, aunque ya no pueda consultarte, sigo recurriendo a tu manera de analizar la realidad y, con ello, construir un argumento propio. La situación sanitaria de este país aún requiere una mirada crítica, firme y fundamentada, la misma que tú ejerciste con una coherencia que nunca se quebró. Y en ese sentido, continúas siendo el referente.

Seguiremos defendiendo lo que tú defendiste. Seguiremos organizándonos, porque, como te gustaba repetir parafraseando a Gramsci, continuamos luchando “con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad”. Si algo hemos aprendido es que no basta con tener razón; hay que trabajar para que la razón se convierta en realidad.

Y seguiremos haciéndolo desde la convicción de que una sanidad pública accesible, robusta, universal, equitativa y de calidad no solo es justa, sino eficiente y necesaria para una sociedad que quiere reconocerse a sí misma.

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Sergio Fernández Ruiz es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y colaborador de la Fundación Alternativas.

No sé cuál puede ser la palabra más indicada para calificar la cara de espanto que se nos queda a los españoles cuando oímos la barbaridad de las concesiones sanitarias a empresas privadas. Se privatiza la sanidad pública a costa de nosotros mismos, de los españoles, que somos quienes la financiamos con nuestros impuestos.

Tanta desvergüenza me deja sin aliento.

¿Dónde va a parar el dinero de nuestros impuestos? Pues, en gran parte, se lo embolsan nada más y nada menos que las empresas sanitarias privadas que, sobornando a los políticos responsables, consiguen que se les conceda la gestión de los hospitales públicos. Pero las empresas solo piensan en enriquecerse y no cumplen los objetivos que –se supone– han pactado. En consecuencia, la precariedad de la asistencia sanitaria aumenta vergonzosamente y el desmantelamiento progresivo de lo público es un hecho constatado.

Una empresa, según la RAE, es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.

¿Y cómo se lucran estas empresas que se encargan de gestionar los hospitales públicos? Pues se lucran desatendiendo a los pacientes, que no se curan y mueren sin haber recibido los cuidados necesarios. Está claro que el dinero, que reciben de los diferentes gobiernos de las Comunidades Autónomas, no lo emplean en que la población goce de una sanidad adecuada y digna, sino que se lo apropian de forma fraudulenta y lo convierten en beneficios crematísticos (efectivo contante y sonante).

Pero no solo se lucran las empresas, pues al haber sido seleccionadas por las Comunidades Autónomas para la privatización pagan un canon sustancioso a los políticos que las han elegido (o a su pareja) que, sin duda, será proporcional a los beneficios que ellas mismas obtienen.

Y todos contentos.

Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estas empresas que se enriquecen a costa del abandono y muerte de los españoles son asesinas. Y, en consecuencia, los políticos que se lucran a costa de ese abandono y muerte de los enfermos, que esas empresas privadas no han atendido, son también cómplices de esas muertes.

Así las cosas, tras el escándalo del grupo Ribera Salud en Torrejón de Ardoz y el de la empresa Quirón, en la Comunidad de Madrid, ya nos estamos acostumbrando a que la señora presidenta, cuando se pone nerviosa y carece de argumentos, enarbole la bandera de la ETA que, según dice ella, se está preparando para cometer muchos desmanes en Euskadi y en Navarra. Lo hace para meter miedo al personal y desviar la atención; y porque, al parecer, no se ha enterado de que ETA ya no existe desde el 20 de octubre de 2011. Aun así, yo en su lugar tendría la boca cerrada y me plantaría ante el señor MAR para decirle que, si quiere mentir, sea él quién lance esos bulos al aire, porque afortunadamente llevamos década y media sin muertes.

Tanta desvergüenza me deja sin aliento.

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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.

El Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto una demanda civil contra el programa Mañaneros de RTVE por la emisión de un rótulo que vinculaba una subvención de la Comunidad de Madrid al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con el papel de esta institución como acusación contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, según ha informado EFE.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Comunidad de Madrid, después de que este miércoles se haya dado cuenta al Consejo del Gobierno de la encomienda a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de acciones ante la Jurisdicción Civil contra el programa, según consta en el listado de acuerdos del Consejo.

Este rótulo fue emitido el pasado 1 de diciembre y rezaba: "Ayuso premia a la acusación contra el fiscal. Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal y, después, licencia para convertirse en universidad".

Este último punto aludía a la constitución de un centro universitario del ICAM adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ese mismo día, el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, envió una carta al codirector de Mañaneros, Pablo del Pozo, donde esgrimía que la tramitación de ese centro universitario comenzó en 2023 y "ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente", contando con "todos los informes favorables".

En cuanto a la subvención, el consejero explicaba que corresponde a un abono correspondiente a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio que viene prestando y abonando a los colegios profesionales, entre ellos el ICAM, desde que la Comunidad de Madrid asumió en 2003 las competencias en materia de Justicia.

"Cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita a los profesionales de la abogacía y la procura con otro tipo de circunstancia responde solo, a nuestro juicio, a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al ICAM y tratar de justificar la actuación del fiscal general del Estado, condenado por saltarse la ley", decía la misiva.

Por todo ello, el Ejecutivo madrileño exigió al programa "la inmediata rectificación" de esa información "por tendenciosa y por no ajustarse a la verdad" que, aseguran, no se ha producido y, en consecuencia, se ha procedido a interponer la demanda.

La sentencia que inhabilita al fiscal general del Estado cuenta con el voto particular de dos magistradas que no ven pruebas para condenar a Álvaro García Ortiz por revelar datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y apuntan a que "se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía", según informa EFE.

El voto particular de las magistradas Susuna Polo y Ana Ferrer, que acompaña a la sentencia condenatoria, apuesta por absolver al fiscal de un delito de revelación de secretos al considerar que no ha quedado acreditado que fuese él, de forma directa o a través de un tercero, quien filtró a la prensa el correo en el que el abogado de Alberto González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales.

Además, no ven delito en la difusión de la nota de prensa con la que la Fiscalía negó haber retirado una oferta de pacto a González Amador -como habían publicado varios medios- pues este comunicado contenía datos que ya habían sido revelados previamente y porque se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía", que era "la única opción legal" ya que "lo contrario habría sido dar por válida la afirmación que atacaba de plano la legalidad de la actuación de la Fiscalía".