¿Puede sobrevivir la libertad de creación cuando depende casi por completo del dinero y de las prioridades de un solo hombre? En Francia, esta no es una pregunta retórica. El debate ha estallado en el país vecino después de que Canal+, una pieza clave de la producción audiovisual francesa, haya anunciado que no volverá a dar trabajo a los 600 profesionales que se han atrevido a criticar las afinidades ultras de su propietario, el multimillonario de extrema derecha Vincent Bolloré.

El magnate francés, a quien muchos comparan con el australiano Rupert Murdoch, tanto por la acumulación de poder mediático como por sus preferencias políticas, nació en 1952 en un municipio a las afueras de París, en el seno de una familia acomodada. Fue él, sin embargo, quien multiplicó la fortuna familiar, construida a partir de una fábrica de cigarrillos.

Curtido en mil batallas financieras, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, amigo personal de Nicolas Sarkozy y salpicado como él por la corrupción, ha acumulado capital apoyándose en un emporio mediático que después ha usado descaradamente en beneficio de sus negocios y que, al mismo tiempo, ha puesto al servicio de la extrema derecha de su país.

En 2018, tras su imputación en varios casos de corrupción vinculados a sus negocios en África occidental, abandonó formalmente las funciones operativas de Vivendi, pero siguió en el consejo de administración del grupo y, aunque sus hijos Yannick y Cyrille se hicieron cargo del área de medios, a él se le sigue atribuyendo el control efectivo del conglomerado familiar.

El suyo es un imperio mediático y cultural levantado a base de compras encadenadas, hasta el punto de que hoy atraviesa casi todos los soportes del espacio público francés. Bajo su paraguas caben canales como Canal+, C8 o CNews; radios de referencia como Europe 1; semanarios de referencia como Paris Match o Le Journal du Dimanche (JDD); el gran grupo editorial Hachette —con sus sellos literarios y escolares—; y revistas y webs heredadas de Prisma Media, además de redes de quioscos y librerías extendidas por todo el país. Es, en la práctica, una constelación de medios generalistas, cadenas de información continua, editoriales y dispositivos de distribución que le permite intervenir desde la producción de libros hasta la agenda diaria de los programas de debate político.

Lo singular es que Bolloré ha convertido ese conglomerado en un instrumento de guerra cultural. En 2017, la antigua i-Télé renació como CNews, transformada en una cadena de opinión que multiplicó las tertulias al servicio de editorialistas ultras y que ofrece desde entonces una plataforma casi permanente al líder extremista Éric Zemmour, contribuyendo a que ideas xenófobas como la del “gran reemplazo” circulen en horarios de máxima audiencia como si fueran un punto de vista más. Para muchos, es el equivalente en Francia de la Fox News estadounidense.

Su toma de control del grupo de edición, prensa, radio y distribución Lagardère (matriz de Hachette) extendió esa lógica a Europe 1, al JDD y a Paris Match, mientras los sellos del grupo publicaban y relanzaban libros de dirigentes de la nueva derecha dura y de la extrema derecha, que luego encontraban un escaparate privilegiado en las antenas y portadas del propio sistema Bolloré.

La operación se acompañó de purgas y alineamientos internos: redacciones como las de i-Télé/CNews, Europe 1 o el JDD fueron desmanteladas o disciplinadas, y sustituidas por equipos más dóciles respecto a la nueva línea ideológica. Diversos análisis describen este proceso como la construcción deliberada de un polo mediático reaccionario, capaz de empujar el centro de gravedad del debate público hacia la derecha radical y de presentar a la extrema derecha como una opción perfectamente normalizada, invitándola a los platós y las portadas con la misma frecuencia –o más– que a las fuerzas de gobierno tradicionales. 

El resultado es que los medios de Bolloré no solo han amplificado a los ultras, sino que han contribuido a borrar la línea que antes excluía a la extrema derecha del perímetro aceptable del juego democrático.

En paralelo, los segmentos más rentables y respetables del grupo —el prestigio de ciertos sellos editoriales, la pata de entretenimiento de Canal+, las revistas familiares heredadas de Prisma— sirven de fachada y de fuente de financiación para los dispositivos abiertamente militantes.

Librerías y quioscos del grupo destacan los libros de líderes como Jordan Bardella o Éric Ciotti, mientras CNews, Paris Match o el JDD se ocupan de darles una cobertura preferente, cerrando así el circuito de promoción política dentro de un universo que se presenta, hacia fuera, como un simple actor normal del mercado.

Incluso la entrada en el terreno de la formación —con la compra de una escuela de periodismo en París— se interpreta como una pieza más de ese proyecto de largo plazo: formar periodistas y cuadros a la medida de una guerra cultural cuyo objetivo último, según varios observadores, es acompañar y acelerar la llegada de la extrema derecha al poder estatal, dotándola de un ecosistema mediático amigo.

Sin embargo, el poder de Vincent Bolloré desborda ampliamente las fronteras francesas: durante décadas construyó un entramado de negocios en África —logística portuaria, transporte ferroviario, publicidad y comunicación política— que le dieron una posición de influencia privilegiada sobre gobiernos y élites económicas del continente, y que hoy se proyecta también a través de sus inversiones mediáticas y digitales.

Sus redes de puertos y terminales de contenedores, desarrolladas bajo la marca Bolloré Africa Logistics y luego vendidas a Mediterranean Shipping Company (MSC) en 2022, se combinaron con la actividad del gran grupo de publicidad, comunicación y consultoría Havas –también propiedad de Bolloré– en campañas electorales y comunicación institucional, hasta el punto de que la justicia francesa ha acabado condenándole por intercambiar favores a través de servicios de consultoría electoral y concesiones portuarias en países como Guinea y Togo.

Ese sistema Bolloré ha sido descrito como una trama en la que la influencia mediática, la publicidad política y el control de infraestructuras estratégicas se retroalimentan, y donde la construcción del conglomerado audiovisual europeo de Vivendi se financia en parte con los beneficios acumulados en el área de influencia francesa en África.

En el espacio europeo, Bolloré ha convertido Vivendi en uno de los grandes grupos de medios y entretenimiento del continente, con ramificaciones en televisión de pago, canales de noticias, música, edición de libros y revistas, publicidad y plataformas digitales. Desde París, su influencia se extiende a través de Canal+ y sus filiales en varios países europeos, distribuidoras de contenidos, editoriales del grupo Hachette y redes de publicidad y relaciones públicas gestionadas por Havas, lo que le permite articular campañas y mensajes a escala regional. 

Analistas y observatorios de medios señalan que el modelo CNews—una cadena de información continua desplazada hacia el comentario militante, con una presencia masiva de voces reaccionarias— se ha convertido en referencia para otros proyectos mediáticos conservadores en Europa.

En España, la huella de Bolloré es menos visible para el gran público, pero significativa en términos de poder estructural. A través de Vivendi, su grupo se ha convertido en el segundo accionista de Prisa, la matriz de El País y la Cadena SER, con el 11,8% del capital y presencia en el consejo de administración. Una posición que ha despertado recelos en el Ejecutivo español, que ha puesto límites a nuevos incrementos ante el temor de que el principal grupo de prensa y radio del país quede bajo la influencia de un magnate identificado con una agenda conservadora y una guerra cultural muy del gusto de Santiago Abascal y del ala dura del Partido Popular.

El universo Bolloré llegó a tener en España una participación relevante —en torno al 29%— en Mediaset España, heredada de su alianza con el entorno de Silvio Berlusconi, lo que le otorgaba una palanca adicional en el audiovisual español, pero acabó vendiéndola: la última parte, un residual del 1%, hace apenas tres años.

Más recientemente, el grupo ha reforzado su presencia en el ecosistema político-mediático español mediante la compra, a través de Havas, de la consultora de asuntos públicos Acento Public Affairs, fundada por los exministros José Blanco y Alfonso Alonso, que cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas.

Con esa operación, Bolloré se ha asegurado una plataforma de lobby con fuerte implantación en instituciones españolas y europeas, que complementa su posición en Prisa y, según algunos medios, sienta las bases de su enésimo intento de hacerse con la plataforma Movistar Plus+, en manos de Telefónica, en cuyo capital Vivendi ya tuvo una fuerte presencia en el pasado y en la que las decisiones dependen, en última instancia, del Gobierno de turno.

Aunque en España su influencia no ha cristalizado, todo el mundo en el sector de la comunicación da por hecho que, en cuanto la política le facilite las pistas de aterrizaje que necesita, en particular si PP y Vox consiguen hacerse con el Gobierno a partir de 2027, el desembarco de Bolloré estará asegurado. En particular, en medios tan sensibles como El País o la Cadena SER.

El ejemplo más reciente de su poder y de cómo lo ejerce se ha hecho muy visible estos días en pleno Festival de Cannes. En respuesta a un manifiesto público en el que unas 600 personas del sector cinematográfico, agrupadas en el colectivo Zapper Bolloré –algo así como “boicotear a Bolloré”–, denunciaban la influencia cada vez más opresiva del millonario ultraderechista en la creación audiovisual, Canal+, uno de sus principales resortes mediáticos, ha decidido enseñar los dientes. Lo ha hecho a través del director general de la cadena, Maxime Saada, quien ha anunciado que Canal+ dejará de trabajar con quienes suscribieron ese texto.

Una represalia que el sector se ha tomado como una exhibición del poder que Bolloré está dispuesto a ejercer sobre una profesión entera, clave para uno de los pilares de la cultura francesa. La decisión de cortar relaciones con 600 profesionales, aseguran, confirma la inquietud central del manifiesto: que resulta “oficialmente imposible” expresarse contra Bolloré sin exponerse a sanciones profesionales.

El manifiesto que tanto ha enfadado a Bolloré denunciaba “la emprise” –“la influencia”– del multimillonario sobre el cine francés y la progresiva dependencia de buena parte de la profesión del dinero procedente de su grupo. Se publicó después del despido del editor Olivier Nora en Grasset, una de las editoriales más prestigiosas de Francia, hoy integrada en el grupo del ultraderechista. Y de la entrada de Canal+ en el capital de UGC, uno de los grandes circuitos de exhibición cinematográfica de Francia y Bélgica, el tercer operador de salas del país y un actor importante también en producción y distribución que Bolloré tendrá derecho a controlar, según el acuerdo anunciado, a partir de 2028.

Los firmantes —entre ellos nombres tan distintos como Juliette Binoche, Swann Arlaud, Damien Bonnard, Adèle Haenel, Arthur Harari, Raymond Depardon o la directora de fotografía Caroline Champetier— reclaman “romper el silencio insidiosamente impuesto” y alertan contra la uniformización de las películas y la concentración de poder cultural en manos de un multimillonario abiertamente situado en la extrema derecha.

El episodio revela, según Mediapart, socio editorial de infoLibre, las fracturas internas del campo cinematográfico francés frente a la figura de Bolloré. Algunos cineastas y productores presentes en Cannes, como Pierre Salvadori o Dimitri Rassam, se han distanciado del manifiesto y se esforzaron en defender a Canal+ como sostén indispensable de la diversidad del cine francés, al tiempo que minimizaban los riesgos de injerencia ideológica. Las principales organizaciones representativas del sector, como la SRF o el sindicato de productores independientes, rehusaron firmar el texto, alegando que es “inapropiado en el contexto actual” y que los autores “gritan antes de tener dolor”.

Otros profesionales, en cambio, ven en la ofensiva de Bolloré la consecuencia lógica de unas dependencias financieras que “tienen al cine francés cogido por la garganta” y apuestan por reforzar los dispositivos públicos de financiación para limitar el poder disciplinario del capital privado.

La sublevación de una parte del sector audiovisual contra Bolloré tiene lugar apenas a un año de las elecciones presidenciales, en las que las fuerzas de ultraderecha impulsadas por el magnate ultra y su familia tienen muchas posibilidades de hacerse con la jefatura del Estado francés. En gran parte gracias a la “cruzada cultural” que Bolloré ha llevado a cabo y todavía lidera a través de sus medios, sus editoriales y su capacidad de decidir sobre los contenidos audiovisuales del cine francés.

Una cita decisiva que coincide en el tiempo con las elecciones en España, cuyo resultado Bolloré espera con impaciencia.

Hace ya tiempo que en España se ha instalado la zafiedad como marca. Hace ya tiempo que la sensatez se ha refugiado en algún rincón perdido, incapaz de doblegar a la zafiedad. Es lo que lamentablemente se llevará el Secretario General de la OMS de su presencia en España.

El máximo responsable del organismo que vela por la salud de los terrícolas (incluidos los españoles) que lleva sobre su mochila toda la información científica de cada rincón del mundo y de los recursos que poseen las autoridades de aquellos rincones, no dudó ni un segundo en señalar a España como el lugar con la capacidad necesaria para solventar los problemas sanitarios que, en torno al hantavirus, se habían producido en el barco crucero My Hondius procedente de Ushuaia (Argentina). “Estamos orgullosos de que haya sido la OMS quien haya elegido España para esta operación, dada la robustez de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica y de nuestro sistema sanitario”, ha señalado la ministra de Sanidad. 

Pero lo que seguramente no lleva en su mochila es la zafiedad que lleva instalada en España desde hace más de 7 años. Que al presidente de Vox no se le ocurra otra estupidez que señalar al inquilino de La Moncloa como “el responsable de generar una epidemia en España” ya no aguanta ningún comentario. Pero que el responsable del Gobierno canario, Fernando Clavijo, no permita el amarre del buque en el puerto tinerfeño y determine la distancia exigible para fondear (una milla) para evitar que las posibles ratas “se lancen al agua” para llegar a tierra y extender el virus por la isla de Tenerife (lo había consultado en IA) escapa a cualquier comentario dotado de sensatez. Supongo que Tedros Adhanom Ghebreyesus se estará meando de risa o llorando por los límites de la estupidez humana.

Más aún, según la Constitución es un asunto 100% competencia del Gobierno de España (AGE) al ser una alerta comunitaria (UE) e internacional (OMS).

Por ello, el Gobierno de Canarias es incompetente en Puertos y Aeropuertos (Transportes) y Sanidad Exterior con ciudadanos afectados de varias CC.AA. Sanidad delega ahora en un hospital militar (Defensa). Y el ministerio del Interior es la fuerza coercitiva vía Policía Nacional y Guardia Civil para asegurar la operación sanitaria.

A Clavijo le informan por cortesía, no por obligación legal, al tener 0 competencia en este asunto. Pero a este “gobierno dictatorial” no le queda más remedio que tragar el sapo y esconderse para que no salpiquen al resto de Europa las “aportaciones científicas” del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Un total de 94 pasajeros del buque MV Hondius afectado por Hantavirus han desembarcado durante la jornada de este domingo en el puerto de Granadilla para tomar los diferentes vuelos que los han llevado a sus lugares de origen mientras que este lunes está previsto que lo hagan 24.

Este dato ha sido aportado por la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa para hacer balance de la jornada junto a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, así como con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.

García ha explicado que se han realizado 7 vuelos que han transportado personas de ocho nacionalidades y en el planificado por Países Bajos han viajado ciudadanos de 11 nacionalidades distintas.

La jornada, ha dicho la ministra, se ha desarrollado con "total normalidad y seguridad", y se ha congratulado que tanto la mujer de Alicante como la de Barcelona, que se mantenían aisladas por ser contactos de una de las afectadas, han tenido una PCR negativa.

Ha añadido que, según el protocolo, a la persona de Alicante se le practicará otra prueba dentro de 48 horas y que en el caso de Barcelona también se seguirá el procedimiento previsto para confirmar esa negatividad, si bien ambas tendrán que cumplir la cuarentena.

Ha esgrimido que la diferencia entre ambos es que el caso de Alicante presenta síntomas, por lo que sigue unos protocolos distintos al de una persona sin síntomas.

Ha detallado que en el caso de Alicante falta una tercera PCR, mientras que en el caso de Barcelona está pendiente una segunda PCR.

La ministra ha precisado que se trata de dos vías de protocolo diferentes y ha agregado que cuando aparecen los síntomas es cuando las personas se convierten en contagiosas.

Este lunes el barco ha realizado un repostaje a las 7 de la mañana y por la tarde se realizarán los últimos vuelos procedentes de Australia, que trasportará a seis personas, y otro de Países Bajos, a 18 pasajeros.

Tras esas salidas quedarían en el barco 34 personas de la tripulación que continuarán el trayecto hasta Países Bajos, ha agregado la ministra, quien ha concluido que previsiblemente mañana por la tarde, a última hora, todo el pasaje habrá abandonado el buque y este podrá continuar su operativa.

Asimismo, ha informado de que el último vuelo previsto para Australia saldrá previsiblemente a las 18.00 horas y de que los pasajeros australianos se encuentran bien.

También ha comunicado que una de las personas que viajaba en el vuelo de Francia ha presentado síntomas y ha indicado que esta situación podía ser previsible en algún momento.

Según ha agregado, alguno de los pasajeros podía presentar síntomas, como ya había ocurrido en personas que habían tenido contacto previamente, y que lo que corresponde es seguir los protocolos establecidos.

Por ello, ha continuado, serán las autoridades sanitarias francesas las que continuarán aplicando los diferentes protocolos.

En relación con una imagen de un técnico bajándose de un autobús con un equipo de protección individual debajo del brazo, ha explicado que se trataba de un técnico del Ministerio de Sanidad, en concreto un psiquiatra, que tenía previsto acompañar a los pasajeros españoles y hacer seguimiento de su salud emocional.

Ha agregado que, una vez llegado al aeropuerto, iba a retirarse las medidas de protección que había llevado dentro del autobús y que tanto el EPI como el resto del material de protección fueron depositados en el puesto de mando auxiliar instalado en el aeropuerto.

La ministra ha confirmado que todo ello estaba previsto y que discurrió con total normalidad.

Preguntada también por la imagen de una persona con la mascarilla bajada, ha admitido que en alguno de los autobuses extranjeros se había producido esa situación.

Ha señalado que las personas que viajaban en esos autocares habían estado en el buque y debían guardar las medidas de seguridad previstas.

No obstante, ha hecho hincapié en que ninguna de las personas desembarcadas durante la jornada eran casos confirmados ni pacientes, sino contactos.

En respuesta a una pregunta sobre las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la ministra no ha querido enviarle ningún mensaje y ha reiterado que durante la jornada se ha "trabajado fenomenal” y se ha desarrollado todo el dispositivo previsto.

Además, ha lamentado que el Gobierno de Canarias estaba invitado al operativo y que no acudió.

Preguntada por los pasajeros españoles trasladados a Madrid, ha comentado que han llegado bien al Hospital Gómez Ulla y que ya se han iniciado todos los protocolos.

Según ha señalado, tenían "muchísimas ganas" de estar en España y de ser bien recibidos y han pedido que se respete su privacidad.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha apostillado que la recomendación internacional para los contactos del crucero afectado por la alerta sanitaria es mantener una cuarentena de 42 días con seguimiento activo a partir del 10 de mayo.

Esa cuarentena puede realizarse en una instalación específica o en el domicilio, ha asegurado, si bien ha matizado que la OMS asesora a los países, pero no impone medidas obligatorias, pues cada Estado aplica sus propias directrices nacionales y decide las actuaciones en función de su evaluación de riesgo.

En relación con el caso con síntomas detectado en Francia, ha dicho que la aparición de síntomas no implica necesariamente relación con el hantavirus.

Muchas de las personas que viajaban en el crucero son de edad avanzada y presentan otras patologías crónicas que también pueden provocar síntomas similares, ha apostillado el director de la OMS.

No obstante, ha indicado que cualquier síntoma debe ser comprobado y evaluado por las autoridades sanitarias competentes.

Además ha insistido en que este virus no tiene nada que ver con la COVID ni con el coronavirus y que tiene otras particularidades, siendo los síntomas los que marcan el inicio del posible contagio.

Llevamos varios días hablando de la cocina del CIS. De nuevo los sondeos electorales interpretados con el método de Tezanos dan una clara mayoría al PSOE de Pedro Sánchez. En un país dividido en burbujas sociales, una parte de la opinión pública se congratula de que las medidas sociales de las últimas semanas estén siendo reconocidas por el electorado. Otra sigue cantando "Pedro Sánchez hijo de p***" en eventos públicos, segura de que la derecha está con un pie en la Moncloa. Pero sea como fuere, algo está pasando, aunque Tezanos rime con "inflar los resultados de sus hermanos".

Llevamos una semana de regularización extraordinaria. Quienes, como yo, han trabajado durante seis años para llegar aquí entenderán que para mí esto es un momento de júbilo, pese a todas las trabas, las colas interminables y los toques de confusión. No dejo de hablar con personas esperanzadas porque su vida va a cambiar para siempre. Amigas, vecinas, cuidadoras de alguno de los abuelitos que viven en mi bloque. Mi barrio tiene muchos bloques que se construyeron para una población obrera y de clase media baja entre los años 60 y 70. Quienes en aquella época tenían 30 años ahora tienen entre 80 y 90. Con la gentrificación y el encarecimiento del centro, en mi barrio coexisten familias con niños pequeños, ancianitos y personas que cuidan a unos y otros. Muchas de esas personas están ahora regularizándose. La gran mayoría son mujeres latinas. Algunas tienen historias tremendas que, cuando te las cuentan, te dan ganas de llorar o de estrujar una pelota antiestrés hasta romperla. Son historias que no representan el país que yo habito, la burbuja social que me acoge. 

Me preguntaban ayer en una entrevista qué pensaba yo que iba a cambiar con la regularización extraordinaria. Respondí que estamos haciendo historia, que hemos conseguido tener una sociedad unida, orgullosa de poner orden y legalidad, de reconocer derechos y responsabilidades a todas sus ciudadanas por igual. Y si hacer una regularización premia al progresismo, entonces quizás los progresistas vuelvan a serlo. Que llevamos años esperando que las políticas sociales sean la prioridad y defiendan los intereses de la mayoría y no los de una pequeña élite. Y si lo malo se pega, lo bueno también. Tenemos los ojos de millones de ciudadanos en todo el mundo pendientes de cómo saldrá esto. Y va a salir bien, y se va a convertir en el combustible que necesitan las propuestas progresistas de los países de la OCDE.

Pero por muy importante que sea para mí la regularización, hay que admitir que el punto de giro ha venido de la mano de la prórroga de los alquileres. Según el CIS, la vivienda es la mayor preocupación, con una decena de puntos sobre el resto. No sé tú, pero yo vivo rodeada de familias con niños pequeños y gente que comparte piso, todas atenazadas por la inseguridad habitacional. Yo tengo la suerte infinita de tener unos caseros que se han convertido casi en mi familia. Fuimos las primeras inquilinas de Pablo y Manuel tras la muerte repentina de sus padres. Esta es la casa donde nacieron y crecieron. Durante la primera visita, Pablo me confesó que un idealista le había escrito para advertirle que podía pedir 200 euros más por el alquiler. Qué asco de especulación, dijimos los dos. Aquí llevo siete años, protegida por la integridad y los valores de dos personas que, por desgracia, son excepcionales. Y por eso, porque al final esto es una lotería y no debería serlo, pago emocionada mi cuota al Sindicato de Inquilinas. Y si el Gobierno avanza lo suficiente en las medidas de vivienda, es posible que yo sea una de esas excepciones que ha identificado Tezanos y mi voto se tiña de rojo por primera vez en muchos, muchos años. Y de nuevo, todos los ojos del mundo atentos a lo que hará nuestro país para ver si merece la pena copiarlo o no. Por el momento, la encuesta encargada por el grupo europeo The Left y publicada el pasado 20 de abril aporta unos resultados absolutamente indiscutibles: el 73,6% de la población de nuestro país apoya la medida. Eso quiere decir que la mayoría de los votantes del PP y de Vox también están ahí. Y en efecto, el 65% de los votantes del PP y el 60% de los de Vox se declaran a favor de la prórroga, pero incluso un tercio de esos electores confiesa que este asunto podría llevarle a cambiar de voto.

Después de tanto miedo resulta que todo era más fácil de lo que parecía. Que la agenda puede ser progresista y ganar elecciones. Pues claro que sí. Esto ya lo predijo Piketty en el año 2013 cuando publicó El Capital. La distancia entre las grandes fortunas, que viven del rendimiento del capital, y el resto cada vez es mayor. La gran mayoría de las personas formamos parte de una clase media cada vez más empobrecida a la que el sistema machaca por defecto. Y hemos estado un poco confundidas con todos los cambios, tecnológicos y comunicativos, que nos obligan a correr y nos someten a una sobrecarga informativa que está siendo casi inasumible y no nos ha dejado pensar. Pero este ciclo de confusión puede estar llegando a su fin. Como anunció Piketty, parece razonable aplicar un impuesto progresivo global sobre la riqueza. El movimiento Tax the Rich está poco a poco más presente en países como el nuestro. Los Verdes de Reino Unido están subiendo vertiginosamente en las encuestas llevando esta propuesta como una de las principales de su campaña. Igualmente, Bernie Sanders y los demócratas socialistas en Estados Unidos, abanderados del Fair Share Act for Billionaires, un impuesto del 5% para los súper ricos, suben peldaños en las encuestas. Zohran Mamdani, uno de los representantes más mediáticos de este movimiento y alcalde de Nueva York, ya ha anunciado su apoyo al llamado Impuesto Pied-à-Terre para las segundas residencias de lujo de los más ricos, con el fin de financiar servicios públicos.

En el debate público aparece claro que la culpa de las miserias de la clase media no la tienen ni los migrantes, ni las personas trans, ni las personas musulmanas, como nos han intentado hacer creer. Igualmente, la solución a la violencia no es la securitización sino la comunidad y la inversión cultural, como en Medellín, o como en Nueva York, que iluminó las calles y vio cómo el crimen caía un 30%. Cada vez se habla más de amor y menos de odio. Estamos recuperando la esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Es gratificante, después de tanto tiempo, volver a sentir que tenemos voz y que nuestro voto puede ser decisivo para que nuestra vida sea mejor. Así que a lo mejor esta vez Tezanos rima con "dale que nos vamos" y resulta que la burbuja de "queremos una sociedad inclusiva, equilibrada, con servicios públicos de calidad, donde se proteja a las personas más vulnerables, y quienes más tienen más aporten" gana las elecciones otra vez. Ya veremos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este lunes de que su partido va a presentar mociones en los ayuntamientos de todo el país para exigir que se paralice la regularización de inmigrantes, informa EFE.

"Este disparate no tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado en una rueda de prensa Tellado, en la que ha explicado que además los alcaldes se dirigirán por escrito a los delegados del gobierno de sus comunidades para exigir explicaciones "por el caos generado" con esta medida aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Según Tellado, toda España está viendo "el descontrol" de la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "está provocando el caos", con oficinas municipales "colapsadas" y "desbordadas" en toda España.

En ampliación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes al Partido Popular que escuche a la patronal y a la Iglesia católica para apoyar la regularización de inmigrantes que va a aprobar el Ejecutivo, según informa EFE. Sánchez ha salido así al paso en rueda de prensa en Pekín a las críticas del PP, y también de Vox, a esa regularización que prevé aprobar el Gobierno este martes.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que lo que hace el Gobierno es reconocer derechos a ciudadanos que ya viven en España y ha recordado que ha habido anteriores procesos de regularización. Así, ha llamado la atención sobre el hecho de que el Gobierno del PP de José María Aznar regularizara a medio millón de inmigrantes sin papeles.

"Por lo tanto, no estamos haciendo nada más que, desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral, reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país", ha añadido.

Además, ha señalado que se trata de un proceso de regularización que ha sido demandado por distintos actores que poco o nada tienen que ver con el Gobierno, como la Iglesia católica o los agentes sociales, ya que se necesita mano de obra para seguir la senda de creación de empleo.

Por eso, tras asegurar que de Vox no se puede esperar nada, ha instado al PP a que escuche a la patronal y a la Iglesia y tengan en cuenta su propia historia al haber hecho ya regularizaciones.

Sánchez ha insistido en que se trata de algo bueno para España, para el reconocimiento de derechos y para el crecimiento económico, para tener unas cuentas de la Seguridad Social lo más saneadas posibles y para garantizar las pensiones.

En una carta a la ciudadanía firmada este martes, el presidente del Gobierno ha asegurado que esta medida es un acto de "normalización" al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles, cuidan de sus mayores, trabajan para que los alimentos lleguen a sus mesas y emprenden. "Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos -ya la que aspiramos a ser", ha resumido. 

Pero también se trata, ha señalado, de un acto de justicia con los antepasados de los españoles que emigraron a América y Europa en busca de una vida mejor y de muchos jóvenes que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008. Todos ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron y contribuyeron a modernizar España, ha recalcado.

El jefe del Ejecutivo ha apuntado que se trata también de "una necesidad" para el país, ya que este, "como otros países europeos, envejece" y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos -sanidad, pensiones, educación- sufren. 

Por todo ello, Sánchez ha asegurado que el camino es "integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya viven" en España y la regularización avanza en esta vía, al reconocer derechos pero también exigir obligaciones. 

Ha defendido que la integración solo es posible desde la regularidad: "Desde el acceso a un empleo digno, desde la contribución al sistema, desde la participación plena en nuestra sociedad", ha señalado. 

Sánchez ha contrapuesto el camino de "quieres quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión" frente al de quienes entienden que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida.

El presidente del Gobierno ha dedicado unas palabras en su carta a los cientos de organizaciones y más de 600.000 personas que, durante años, han trabajado "sin descanso" para sacar adelante la iniciativa legislativa popular para la regularización, que logró "algo insólito en tiempos de polarización: la capacidad de unir". 

PP, Vox y Junts han criticado este martes al Gobierno tras aprobarse la regularización extraordinaria de inmigrantes, pese a que tanto la Iglesia como la patronal sí apoyan este decreto.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, lo ha definido como "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de esta legislatura.

Saiz ha resaltado que para acceder a esta regularización se requerirá carecer de antecedentes penales, por lo que "no supone una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

"Frente a quienes defienden un mundo lleno de muros y de expulsiones, la España real habla muchos idiomas, viene de muchos sitios y conoce muchas culturas", ha subrayado la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Otro ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, ha incidido en que "quien vive aquí, quien trabaja aquí, tiene que tener responsabilidades, pero también tiene que tener derechos".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión con sus diputados y senadores, ha dicho que la regularización "no es humanitaria" y "alienta a las mafias", ya que extiende el mensaje de que "pueden hacer su trabajo con éxito" dado que en España "podrá entrar cualquiera".

Además, según Feijóo, no tiene "exigencias suficientes" para quienes vayan a regularizar su situación, que cree que podrían ser no solo medio millón, sino incluso "más de un millón".

"Es momento de deportaciones masivas, de prioridad nacional y de controlar nuestras fronteras", ha dicho la dirigente de Vox Isabel Pérez Moñino al presentar una campaña de concienciación de su partido sobre las consecuencias de la inmigración.

Vox recurrirá al Tribunal Supremo para que paralice la medida cautelarmente, antes de que el jueves comience a aplicarse, y también su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha criticado que se haga por real decreto y así el Gobierno "se salte" la votación en el Congreso.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha señalado que una regularización masiva no es una solución y que su partido apuesta por "integrar a quienes llegan en la lengua, valores y cultura" de la sociedad de acogida, por lo que reclama "competencias plenas para gestionar la inmigración desde Cataluña".

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha recordado que el PP votó a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular de regularización, pero finalmente Feijóo ha optado "por el miedo, por el odio y por el racismo como proyecto de país".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha indicado que su partido ha negociado hasta el último momento el real decreto y ha lamentado que el Gobierno haya hecho "concesiones" en cuanto a las restricciones por antecedentes penales tras el informe que emitió el Consejo de Estado.

Otras críticas desde la izquierda han llegado de los dos diputados de Compromís: de Andrés Ibáñez, porque ve incompatible la regularización con que continúen abiertos los CIES, que son "cárceles ilegales", y de Àgueda Micó, por quedar los saharauis al margen de este proceso de regularización. 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó este lunes a China a que contribuya más a un sistema multilateral estable exigiendo que el derecho internacional se cumpla y cesen conflictos como los de Irán, Ucrania, Líbano, Gaza o Cisjordania, según informa EFE.

Sánchez hizo esta petición a China en su intervención en la Universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas del país asiático y que ha visitado en el primer acto oficial de su viaje a Pekín.

Acompañado de su esposa, Begoña Gómez, se reunió con rectores del centro universitario antes del acto central de esta visita, en el que, ante medio millar de estudiantes, tomó la palabra para subrayar que sin la colaboración de las grandes potencias, como China, no se puede conseguir un sistema multilateral equilibrado.

"China hace mucho, y lo celebramos, pero puede hacer más exigiendo como hace que el derecho internacional se cumpla y cesen conflictos como los de Irán, el Líbano, Cisjordania o Ucrania", recalcó. Sánchez hizo esta petición después de que el fin de semana hayan fracasado las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar un acuerdo que suponga el cese definitivo de la guerra.

En su opinión, el derecho internacional (que tanto él como el Gobierno consideran que se ha incumplido con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán) es la base del orden y tanto Europa como China pueden hacer mucho para intentar que se respete.

"Europa -prosiguió- es un actor clave en la estabilidad, en la prosperidad y en la paz del mundo, y sin una Europa unida no puede haber ni habrá un orden internacional estable ni un futuro próspero para la humanidad, como tampoco podrá haberlo sin la participación de este gran país que es China".

El presidente del Gobierno subrayó que China está reconstruyendo su grandeza, es ya el primer exportador de bienes de todo el planeta y el cuarto en servicios, y su industria y su ciencia están transformando la lucha contra el calentamiento global y reduciendo la pobreza.

"China está llamada a jugar un papel esencial en el futuro del mundo", apostilló antes de advertir de que es errónea, e incluso peligrosa, por inmovilista, la interpretación de quienes dicen que el crecimiento de unos es una pérdida para el resto o que profundizar en determinadas relaciones implica renunciar a otras.

A su juicio, lo que está ocurriendo en la actualidad no es un trasvase de hegemonías, sino una multiplicación de polos de poder y de prosperidad, algo que consideró como una gran noticia para el mundo.

Esa multipolaridad es la que dijo que abraza España desde el respeto, el realismo, la responsabilidad y la esperanza, y aún siendo consciente de que hay asuntos en los que hay diferencias y quizás nunca se vaya a estar de acuerdo en ellos. "La humanidad avanza cuando construimos sobre lo que nos une, no cuando profundizamos las zanjas que nos dividen, y con ese espíritu -añadió- trabajamos desde España con muchos otros países, como Brasil, India, Sudáfrica, México o China".

Para que el orden multipolar funcione, insistió en que se necesita reforzar el multilateralismo, que haya unas relaciones comerciales equilibradas y recíprocas y una mayor implicación de las grandes potencias en la gestión y provisión de los bienes públicos globales, como la lucha contra el cambio climático y la desigualdad, la seguridad y la defensa.

Sánchez incidió en la importancia de las relaciones entre China y la Unión Europea y pidió al país asiático que no crea que Europa es pequeña ya que supone el mayor bloque comercial del mundo y la segunda mayor economía, el primer receptor de inversión extranjera directa y el segundo ecosistema más innovador.

La primera semana del juicio al exministro José Luis Ábalos ha girado poco o nada en torno al presunto amaño de contratos de mascarillas, y ha servido para conocer los tejemanejes en la contratación de dos mujeres vinculadas a él en empresas públicas y volver a hablar de la entrega o recogida de dinero en la sede del PSOE.

La imagen que han proyectado los testimonios de algunos de los más de veinte testigos que han pasado por el Tribunal Supremo es la de la España de los enchufes, en la que la expareja de un exministro ha reconocido cobrar de dos empresas públicas sin ir trabajar y una "amiga" y compañera de partido, aunque aseguró que trabajó, y mucho, admitió que al principio se dedicó a leer libros de trenes en horario laboral. 

Su "arbitraria" contratación forma parte de la acusación que dirige la Fiscalía contra Ábalos y su asesor, Koldo García, que también están siendo juzgados por el supuesto concierto con el tercer acusado en discordia, el empresario Víctor de Aldama, para beneficiarle en sus negocios con la administración -como varios contratos millonarios de mascarillas- a cambio de presuntas mordidas.

Así ha transcurrido la primera semana de juicio: 

Tras varios meses en prisión preventiva, el exministro de Transportes y en su día hombre fuerte del PSOE, José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García han aparecido sentados tras sus abogados y separados por un policía de Víctor de Aldama, el único en libertad. 

Frente al hieratismo de Aldama, a veces interrumpido por alguna ligera mueca, el transcurso del juicio pronto mostró a un enérgico Koldo tomando constantes notas y trasladando cada discrepancia a sus abogados, y a un Ábalos más tranquilo, con alguna sonrisa irónica, que también departía con su defensa.

El de Jéssica Rodríguez era uno de los testimonios más esperados. Admitió que cobró de Ineco y Tragsatec (43.978 euros en dos años y medio) sin trabajar y que Ábalos "estaba al tanto de todo". No sabía que eran empresas públicas y le dijeron que estaba a las órdenes del hermano de Koldo, que lo negó y rechazó haber trabajado en Tragsatec.

En Ineco, "fue una sorpresa su declaración" pues, según una directiva, "a todos los ojos" de la empresa, ella trabajaba. 

Después llegó Claudia Montes, una "amiga" a quien el ministro ayudó a "culturizarse en la política". Koldo García envió su currículum al expresidente de Renfe, Isaías Táboas, que lo remitió a recursos humanos, el "trámite habitual". 

Hizo entrevistas y entró en LogiRail, pero al principio no trabajaba porque no tenía un lugar de trabajo adecuado, así que iba a la Biblioteca de Oviedo a coger libros de trenes. Después hizo muchas horas extras.

Un socio de Aldama reconoció que pagó el alquiler de un piso para Jéssica Rodríguez -unos 2.900 euros mensuales- porque se lo pidió su socio; ella dijo que no sabía quién lo pagaba, pero que "daba igual quién pagara las cosas porque era Ábalos quien sufragaba todos los gastos". 

Después, la empresaria Carmen Pano vinculó la compra de un chalé para alquilárselo al ministro por su presunta mediación para que otro socio de Aldama, Claudio Rivas, tuviese una licencia de hidrocarburos. Aldama indicó que "el señor ministro quiere una casa". Su hija Leonor, con un rosario en la mano, dijo que la compró por orden de Rivas, ella "no preguntaba". Los cuatro están investigados por un fraude millonario en hidrocarburos.

"¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?", preguntó el abogado de Ábalos a Jéssica Rodríguez para sorpresa de todos. Y reformuló la pregunta por orden del tribunal: "Usted, su profesión, ¿tiene que ver con la contraprestación económica del sexo? Es que no se cómo explicarlo". "No, soy dentista y estoy colegiada", respondió ella, "y antes, azafata de imagen".

En una nueva estrategia de defensa, el abogado quiso saber si Rodríguez fue "una captación de Aldama" para Ábalos.

La primera alusión a dinero en la sede socialista la hizo Joseba García, hermano de Koldo, cuando naturalizó haber ido dos veces a recoger dos sobres, petición de su hermano mediante, que gestionaba dinero para Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE.

Después, Carmen Pano se reafirmó en que llevó, a petición de Aldama, dos bolsas con 45.000 euros cada una, que entregó a "un señor" que no reconoció que la esperaba en la segunda planta. "Yo no sé para quién era ni a qué correspondía", dijo.

Si en algo coincidieron las empresarias Pano fue en las "muy buenas" relaciones con el Gobierno, especialmente con el ministro, de las que presumía Aldama, a quien Claudio Rivas dio mucho dinero por sus "gestiones" sobre la licencia de hidrocarburos.

Carmen Pano ratificó la reunión que mantuvo con Claudio Rivas, en presencia de Koldo García, con el jefe de gabinete de Industria; y un asesor confirmó que otro jefe de gabinete, el del Ministerio de Hacienda, le ordenó trasladar a la Agencia Tributaria una petición de una empresa de Aldama de aplazar su deuda, aunque con la orden de que no hubiese "trato de favor". No se aplazó.

También las Pano refirieron que, según contó el propio Aldama, el comisionista recibió junto a Koldo 500.000 euros en casa del dueño de Air Europa.

La familia estuvo muy presente en la primera jornada del juicio. El hijo de Ábalos y el hermano de Koldo intentaron disipar las dudas sobre su patrimonio y el de sus familiares.

Con naturalidad, Joseba afirmó hacer favores: viajó a República Dominicana, pero no a recoger mordidas de Aldama como cree el fiscal, sino por otras razones y aprovechó para llevar documentación del comisionista, con quien solo le unió la "peor compra" de su vida, un Volkswagen Passat que le "encantaba", pero que dio muchos fallos.

El juicio arrancó con los informes remitidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, eximidos de declarar presencialmente por razón de su cargo, en los que negaron haber dado o recibido órdenes para comprar mascarillas a una empresa promovida por Aldama.

Ya venía siendo una tendencia habitual en los últimos años, pero ahora con un porcentaje mucho más elevado. Cuando el Gobierno de España no está en manos del PP, las propuestas de resolución populares en el debate de política general del Parlamento de Galicia, como el que se está celebrando esta semana, disparan el número de peticiones al Estado. En anteriores debates las reclamaciones al ejecutivo central solían situarse en alrededor de la mitad del total de las propuestas de resolución, pero en el debate de este año 27 de las 40 propuestas contienen peticiones expresas al Gobierno de Sánchez.

Por su parte, las peticiones de BNG y PSdeG se centran en reclamar actuaciones a la Xunta, sobre la que tiene las competencias de control e impulso el Parlamento gallego. Pero mientras las 40 propuestas del PP tienen garantizada su aprobación gracias a su mayoría absoluta, las formuladas por nacionalistas y socialistas deben ser negociadas con los populares para que estos acepten apoyar alguna en la votación final que se producirá este viernes.

En este documento puedes consultar las 160 propuestas, 40 por grupo, formuladas por PP, BNG, PSdeG y DO:

Las propuestas de resolución del PP piden actuaciones del Gobierno de Sánchez en cuestiones tan dispares y habituales en su discurso político como volver a rechazar el terrorismo de ETA, impulsar el Xacobeo o que el pazo de Meirás no solo recuerde la dictadura de Franco sino también a Pardo Bazán. Son resoluciones que reclaman al Estado mejores infraestructuras, le atribuyen responsabilidades en la situación de la sanidad gallega o le piden mayor implicación en el desarrollo industrial del país.

Las propuestas del PPdeG fueron presentadas por la número 2 del partido, Paula Prado, quien volvió a criticar a la oposición, como también hizo este miércoles en el debate su portavoz, Alberto Pazos, tirando de una supuesta "ouija bloqueira".

Por su parte, desde la oposición el BNG apuesta con sus propuestas de resolución por "quitarle el freno de mano" a la Xunta. Según la viceportavoz primera del BNG, Olalla Rodil, el presidente debe "una disculpa por criminalizar a las y los trabajadores tratándolos de vagos y defraudadores con las bajas". Los nacionalistas también ponen el foco en sus propuestas en reclamar más vivienda pública, el refuerzo de la atención primaria y la dependencia o una financiación autonómica justa.

Por el PSdeG fue su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, quien presentó sus propuestas de resolución destacando que "Galicia necesita un gobierno que actúe ya". Los socialistas ponen el foco en la vivienda, la sanidad o en una "implicación real de la Xunta en la candidatura de Vigo como sede del Mundial de fútbol".

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, centró sus propuestas de resolución en peticiones que reclaman un mejor reequilibrio territorial con el interior de Galicia.

El ingreso mínimo vital (IMV) ya bate récords. En este mes de marzo ha llegado a 829.399 hogares en marzo, un 18% más que hace un año, con una cuantía media de la prestación que se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros.

En términos interanuales, el IMV continúa su crecimiento. Este mes se registran 125.920 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone un incremento cercano al 18% en el número de hogares beneficiarios. El número de personas protegidas también aumenta en la misma línea, con un crecimiento del 18,1%, es decir, 387.278 beneficiarios más que en marzo de 2025.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado un comunicado en el que reconoce que 2,53 millones de personas en nuestro país vive con este ingreso y que, dentro de estas familias, 1,03 millones son niños y adolescentes. En marzo, el 68% de los titulares de la prestación son mujeres, lo que equivale a 563.741 personas. En el conjunto de beneficiarios, las mujeres representan el 53,4%, con más de 1,35 millones.

El IMV continúa siendo una herramienta clave en la protección de familias con hijos. En concreto, el 69% de los hogares beneficiarios (570.548) cuentan con menores a cargo. De ellos, cerca de 140.000 son familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres. Por lo que más de 1,03 millones de menores están cubiertos por esta prestación, lo que consolida al IMV como uno de los principales instrumentos contra la pobreza infantil en España.

Los menores suponen el 41% de los beneficiarios. Precisamente, el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, llegó a 573.831 unidades de convivencia en marzo, con una cuantía media de 66,4 euros por cada menor y de 120,7 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes. Hay distintas cuantías según la edad de los menores: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años. 

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión y, en España, la cifra sigue siendo alarmante. Según un estudio realizado por el Consejo de Juventud de España, tres de cada diez jóvenes están en riesgo de exclusión social. Ni siquiera quienes tienen un empleo se libran: el 18,8% de los que tiene un trabajo están en la misma situación.

Si miramos las comunidades autónomas, Andalucía es la que tiene una mayor cantidad de hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital: más de 266.000. Con alrededor 820.000 personas en ellos. Y entre sus provincias, la que alberga la capital, Sevilla, se sitúa en el primer puesto, seguida de Málaga y Cádiz.

Además, en el resto de país, destacan regiones como la Comunitat Valenciana, Cataluña y Madrid. Las tres están por encima de los 200.000 beneficiarios. En el polo opuesto, de los que tienen una menor cantidad de prestaciones, se sitúan La Rioja, Cantabria o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque con ratio de beneficiarios por hogar más elevados.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas. Comenzó como una forma de amortizar el impacto económico de la crisis derivada del covid y fue enmarcada como una medida urgente dentro del "escudo social" ideado por el Gobierno. Fue aprobado mediante el Real Decreto-ley 20/2020, que estableció el ingreso como una prestación no contributiva de la Seguridad Social para combatir la pobreza severa y garantizar unos ingresos mínimos. 

Ya han pasado seis años y, aunque sigue vigente, varios colectivos demandan más. Por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que un 55% de potenciales beneficiarios se quedan fuera. En su actualización, el organismo concluyó que esa cifra asciende al 75% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV "marca la diferencia, especialmente en la infancia", y demuestra que el Gobierno está "donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país".

La Comisión Europea ha advertido a España de que rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la Directiva europea sobre este impuesto, según informa EFE. 

La Directiva 2006/112/CE establece el sistema común del IVA en la UE y prohíbe explícitamente los tipos reducidos para suministros de combustibles fósiles como gasolina y diésel, según el artículo 102 y anexos. Solo autoriza reducciones para ciertos energéticos como el gas natural, la electricidad o la calefacción y para bienes orientados al consumidor final con objetivos sociales.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anticrisis que el Gobierno de Sánchez ha aprobado para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.  

Desde el Ejecutivo comunitario se ha instado al Gobierno a reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos no así el IVA general, pero España ya lo hace a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo. 

El departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda a los Estados miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean "selectivas" y "temporales" para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles. En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.  

"Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético", dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.  

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello. Bruselas insiste en no incrementar la demanda de combustible, lo que podría contribuir a la inflación, y pide seguir potenciando las renovables.

En caso de que España no revierta esta rebaja en los combustibles, la Comisión Europea puede llevar el caso al TJUE y será este tribunal quien fije un lump sum (pago fijo inicial) o multas periódicas (diarias hasta cumplimiento), basadas en la gravedad, duración y capacidad económica del país infractor. En el caso del incumplimiento de esta directiva, el montante puede estar entre los 7,5 y 25 millones de euros en pago único o hasta 80.000 € diarios en multas periódicas.

España ya acumula varias multas por retrasos a la hora de transponer directivas comunitarias como por ejemplo el lump sum de 2020 por la gestión de residuos de 2,5 millones o en 2020 o en 2021 cuando la multa fue de 15 millones de euros más 89.548 diarios por el retraso de la Directiva 2016/680 de protección de datos penales.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden, en declaraciones a La Sexta, que la rebaja es una "medida temporal y no estructural", añadiendo que su prioridad es "defender a las familias y empresas frente a los efectos de la guerra". El ejecutivo también ha asegurado que mantienen un "diálogo constructivo y fluido" con la Comisión Europea.

El único precedente que existe sobre una advertencia de la UE, se encuentra en Polonia en 2022. La Comisión monitoreó la rebaja al 8% del país centroeuropeo. Las autoridades polacas aseguraron, al igual que España, que la bajada se circunscribía en el ámbito de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y era algo temporal.

La Comisión, advirtió, al igual que a España de que esta decisión se tomó “de manera unilateral” y “sin haber consultado a la Comisión”, pero el TJUE no tomó medidas al entender que era temporal.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha recordado que esta rebaja es una medida temporal, y ha dicho que confía en que siga en marcha, de momento, estos tres meses "y lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse con agentes de los sectores petrolero y gasista, indicando que "es una medida, de momento, temporal". La también ministra española para la Transición Ecológica ha recalcado que el Ejecutivo se encuentra "en constante y permanente monitorización de la situación" y sigue trabajando en otro paquete de actuaciones ante la coyuntura actual.

En cualquier caso, España "por supuesto" que mantiene contacto con la Comisión Europea, ha añadido Aagesen, que espera que este debate "no tenga repercusiones en ningún consumidor" y que el IVA reducido "siga en marcha estos tres meses y lo que sea oportuno" dependiendo de cómo evolucionen los mercados.

A la pregunta de si Bruselas está satisfecha con las explicaciones que ha dado el Gobierno español, la vicepresidenta tercera ha incidido en que la Comisión Europea está "en un momento en el cual está planteando qué actuaciones se tienen que acometer a nivel europeo". Pero, todavía "no hay ninguna propuesta conjunta, sino que hay distintas declaraciones en materia de ahorro, en materia fiscal...", ha afirmado la ministra.

No obstante cree que el órgano comunitario está en una fase en la que aún tiene que pronunciarse sobre las iniciativas puestas sobre la mesa por sus miembros en estos tiempos, en alusión a los efectos económicos y, en particular, sobre la energía, de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz. "Esperamos que, ante estas circunstancias, la Comisión sea consciente de que eran (medidas) necesarias y justificadas", ha sentenciado Aagesen.

El Gobierno ha aprobado blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del PP de que no apoyará esta reforma constitucional que necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado, según informa EFE.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta este añadido al artículo 43.3, para así establecer la obligación de todos los poderes públicos a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley de 2010 y ratificada en 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo han ratificado tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado que ve "constitucional" la propuesta del Ejecutivo.

Esta reforma, que requiere mayorías de tres quintos en el Parlamento, se impulsa porque el Ejecutivo quiere "proteger" el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y "reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional".

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este lunes de la muerte "hace escasos segundos" de un segundo casco azul indonesio en Líbano durante un ataque a un convoy y ha manifestado su "enorme preocupación" por la situación en el sur del país donde están desplegados 700 militares españoles en la misión de paz de la ONU (UNIFIL) que se encuentran "bien", según informa EFE.

"Además del ataque que hubo ayer en el que falleció un militar indonesio y otro resultó muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy en el que ha fallecido un segundo militar indonesio", ha informado Robles en declaraciones a los periodistas a su llegada al Ministerio de Industria, donde se va a presentar el programa IN+DEF. 

Robles ha explicado que, a pesar de la gravedad de la situación, los cascos azules siguen realizando convoyes y en el caso de la mañana del lunes el primero de los vehículos de esa patrulla de vehículos ha sido alcanzado.

En cuanto al contingente español, Robles ha emplazado a esperar las decisiones que tome Naciones Unidas, organismo al que ha pedido que traslade a los responsables políticos que hay que garantizar la seguridad no solo de los efectivos españoles sino de los 10.000 cascos azules que forman en este momento la misión. Está previsto que la misión acabe el mandato de Naciones Unidas a finales de este año.

Con el ataque de este lunes ya son dos los cascos azules indonesios fallecidos en Líbano después de que en la noche del domingo muriera un militar de esa nacionalidad a raíz de la explosión de un proyectil en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr, en el sur del Líbano, mientras que otro fue herido de gravedad.

Este militar herido se encuentra en estado "crítico", ha señalado Robles, que ha recordado que el contingente de Indonesia está bajo mando español en la base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayou. 

La ministra ha explicado que los militares españoles se están volcando en ayudar a los indonesios y ha insistido en que la situación es de "total preocupación" y, por ello, ha exigido a Naciones Unidas que exija a Israel y, en su caso, al grupo chií Hezbolá también, el fin de los ataques.

"Esta situación que está ocurriendo es gravísima desde todos los puntos de vista de UNIFIL, que es una misión de paz y, por tanto, las hay que respetarla siempre y en todo caso.

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito, según informa EFE.

Según el protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.

El monto de las indemnizaciones no está precisado en el texto, ya que se trata de “una propuesta integral sin cifras y sin horquillas”, por lo que no detalla baremos o cantidades económicas, ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en declaraciones tras la firma.

Con el nuevo mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. 

El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

“A partir de ahora, existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad”, han señalado la CEE y la Confer en un comunicado. En este sistema, la colaboración de las instituciones “será muy importante”, han subrayado.

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

El protocolo señala que el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios.

Por su parte, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formado por expertos profesionales independientes, se encargará de llevar a cabo una evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

En su trabajo, esta unidad tendrá en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el Plan de reparación Integral a víctimas de abusos (PRIVA) y la Comisión Asesora, que trabaja desde febrero de 2025 PRIVA , cuando fue constituida, atendiendo a las 131 solicitudes recibidas.

Así, la CEE y la Confer se encargarán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, de emitir un informe motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule el Defensor del Pueblo.

En caso de discrepancia, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.

Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta.

La Iglesia ha recordado que este sistema “no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”.

Además ha subrayado que se trata de una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año más), para aquellas causas “que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado este lunes que la encargada de negocios de Israel en España ha sido convocada en la sede de su ministerio para trasladarle oficialmente la "protesta" del Gobierno español por impedir celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, en Jerusalén, según informa EFE.

En declaraciones a RAC1, Albares ha deplorado que la Policía de Israel impidiera este domingo al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa en el Santo Sepulcro, una medida que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó por motivos de seguridad.

"Hemos convocado a la encargada de negocios de Israel, esta mañana, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle nuestra protesta, para indicarle que esto no puede volverse a repetir, que el culto católico debe poder celebrarse con normalidad, como se ha celebrado históricamente siempre", ha explicado Albares. Para el ministro, se trata de una "medida muy preocupante" que no se justifica "en absoluto" por supuestos motivos de seguridad y que resulta "inaceptable".

"Esto ya viene de antes. Tampoco se ha permitido a otros cultos, al culto musulmán, por ejemplo, acceder a los Santos Lugares. Viene habiendo una serie de obstáculos para distinto credos, incluido el cristiano y el católico", ha denunciado.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó el domingo este "ataque injustificado a la libertad religiosa", a lo que respondió el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que le afeó sus críticas y afirmó que "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel". 

Por otra parte, se ha mostrado preocupado por la "extensión de la guerra por todo Oriente Medio", una región que avanza hacia un "escenario de guerra perpetua", lo que podría motivar movimientos migratorios de refugiados que "no tardarán en llegar a Europa".

Asimismo, Albares ha confirmado que el Consejo de Ministros tiene previsto otorgar este martes la nacionalidad española al opositor venezolano exiliado en Madrid Leopoldo López por la vía exprés.

"Se ha utilizado esa vía porque hay algunos documentos que, por la situación tan especial en la que se encuentra Leopoldo López, le era imposible producirlos y, por lo tanto, hemos decidido utilizar esa norma, que está en el Código Civil español", ha argumentado.

Albares ha destacado la "protección" que el Gobierno de Pedro Sánchez ha prestado a López y otros opositores venezolanos, "a pesar de las calumnias que se vertieron".

"Este es el Gobierno del mundo que más ha hecho por los venezolanos y el único Gobierno de España que ha hecho por ellos todo lo que ha podido, porque el del PP no movió un dedo por ellos, por mucho que se den golpes en el pecho", ha remarcado.

El Gobierno ha ordenado el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación lanzada por este país e Israel contra Irán que ha originado una guerra en Oriente Próximo que se prolonga ya más de un mes, según informa EFE.

España no solo no permite el uso de las bases aéreas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones norteamericanos sino que tampoco autoriza a esta aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español según publica esta lunes El País y han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

La negativa de España al uso de las bases de Rota y Morón ha aumentando la tensión entre ambos países y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya cargado contra España en numerosas ocasiones

No obstante, el Ejecutivo español se ha mantenido firme en su postura de "No a la guerra" ante las amenazas de Trump de imponer un embargo comercial tras la negativa de España a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota en las operaciones contra Teherán.

El cierre del espacio aéreo español a los vuelos militares de Estados Unidos no tendrá ninguna afectación a los vuelos comerciales, según han indicado a EFE fuentes del gestor de navegación aérea Enaire. La medida por tanto afecta a las operaciones militares, no a las operaciones comerciales.

Preguntado por si la decisión de cerrar el espacio aéreo puede deteriorar o perjudicar las relaciones con EEUU, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado este lunes que esta decisión forma parte de la postura adoptada por el Gobierno de España de no participar ni contribuir a una guerra iniciada de manera "unilateral" y en contra del Derecho internacional.

Asimismo, ha subrayado que las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones que otras europeas en EEUU y que el objetivo del Gobierno es intentar mejorar las relaciones también a nivel bilateral, entre España y Estados Unidos. 

Por ello, ha anunciado en una entrevista en la Cadena Ser la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston, cuyo cometido es ayudar a las empresas a establecerse en Estados Unidos "de manera efectiva y exitosa".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para indicarles que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten, que caduquen entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, según informa EFE. 

Entre todos ellos concentran más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el país, según ha apuntado en un comunicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

La misiva recuerda a estas empresas que la prórroga de los contratos de alquiler deberá ser aceptada obligatoriamente una vez sea solicitada por el arrendatario, según el reciente real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros y que por el momento no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

El Ministerio ha solicitado a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato. El documento remitido a estas compañías explica, por tanto, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

En función de este decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de marzo, el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Por tanto, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor.

Esto no será de aplicación cuando arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior a la prevista en el contrato vigente. 

El decreto establece asimismo una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2%, aunque si el arrendador no es "gran tenedor", ésta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes.

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.

Los gobiernos central y vasco han llegado a un acuerdo para ceder a Euskadi siete nuevas transferencias, entre ellas la que facultará al Ejecutivo autonómico a participar en la gestión de los tres aeropuertos de Euskadi.

Así lo ha anunciado el lehendakari, Imanol Pradales, tras reunirse este viernes en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente ambos han presidido la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi.

En ella se ha acordado crear un órgano bilateral que permitirá al Gobierno Vasco "influir en las inversiones y en los planes" de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, "mejorar la conectividad y el servicio" de estas infraestructuras y "tener un papel" en sus tarifas y tasas.

Pradales ha salido "satisfecho" con los siete traspasos acordados porque se ha "cumplido" con la primera fase del calendario pactado por ambos gobiernos para transferir las competencias pendientes, pero ahora toca "trabajar duro" para completar la segunda fase para llegar a julio  —fecha estimada de la próxima Comisión Bilateral — con acuerdos sobre la segunda fase.

Además de la gestión de los aeropuertos hoy se ha dado luz verde a otros seis traspasos. Dos de ellos se refieren al Instituto Vasco de Finanzas (IVF), que podrá mejorar el acceso a la financiación de pymes y empresas, en este último caso en cooperación con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

"Estas dos transferencias fortalecerán nuestras capacidades para la promoción de proyectos industriales transformadores", se ha felicitado el lehendakari.

También se ha acordado traspasar la competencia sobre los centros de reconocimiento médico y reeducación vial sobre a los permisos de conducción, así como aumentar la capacidad de Euskadi en formación o habilitación en seguridad privada.

Ambos gobiernos han llegado también a un acuerdo para que la comunidad autónoma asuma "el ejercicio efectivo" de la vigilancia, inspección y control en aguas interiores y exteriores, tanto en pesca comercial como recreativa; y para que el País Vasco se encargue de la gestión de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios combinados.

"Hoy damos un paso más" pero "queda mucho por hacer y acordar", ha declarado el lehendakari, que ha considerado que "los tiempos y el contexto exigen más ritmo en la cooperación, más capacidades políticas y asumir más riesgos", aunque es consciente de que "los siguientes meses son complejas y debemos abordarlos con la máxima exigencia y compromiso".

En una rueda de prensa posterior, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recalcado la relevancia de todos los traspasos de competencias a las comunidades autónomas acordados por el Gobierno de Pedro Sánchez desde su investidura en 2018.

“Son ya cuarenta los traspasos de competencias a once comunidades autónomas, siempre de acuerdo a sus peticiones. En el período de gobierno del PP que va del 2011 al 2018 hubo dieciséis traspasos", ha detallado Torres, que ha defendido que las transferencias cerradas hoy son totalmente acordes con la Constitución y el Estatuto de Gernika.

También ha defendido la política autonómica del Ejecutivo y ha asegurado que él forma parte de un Gobierno "que cree que el Estado de las autonomías no significa un adelgazamiento de la capacidad o la gestión del Gobierno central".

Torres se ha sumado al lehendakari en su reconocimiento a la labor del anterior secretario de Estado de Política Territorial y nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, "en la primera quincena de abril", pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según informa EFE.

Durante su intervención en las jornadas de eldiario.es, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF. 

"Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha dejado claro el ministro.

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.