La opacidad mediática gana el pulso al Reglamento Europeo de Libertad de Medios en España

La entrada en vigor, en agosto de 2025, del Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), prometía inaugurar una nueva era de luz y taquígrafos en el sistema comunicativo de la Unión. Y también en España, donde la opacidad es la norma. 

Sin embargo, casi un año después de que sus obligaciones se volvieran directamente aplicables sin necesidad de transposición nacional, el panorama de nuestro país ofrece una radiografía de resistencias, enlaces escondidos y silencios calculados. 

Los dos grandes pilares de la norma —la identificación accesible de los titulares reales y el detalle exhaustivo de la publicidad institucional— siguen siendo, para la mayoría de los grandes grupos y digitales nativos, una asignatura pendiente o aprobada con el mínimo esfuerzo formal.

El mandato de la transparencia: el artículo 6 como frontera

El EMFA no deja lugar a interpretaciones creativas. En su artículo 6, el reglamento impone a los prestadores de servicios de medios de comunicación la obligación de hacer accesible, de forma sencilla y directa, información actualizada sobre su denominación legal, sus datos de contacto y, fundamentalmente, los nombres de sus titulares directos e indirectos y de sus beneficiarios reales. El objetivo es que los ciudadanos puedan detectar conflictos de intereses y comprender quién tiene la capacidad de influir en las decisiones estratégicas y editoriales.

Junto a la propiedad, el reglamento pone el foco en el dinero de todos. Los medios deben declarar el importe total anual de los fondos públicos destinados a publicidad institucional y los ingresos publicitarios recibidos de autoridades de terceros países. El espíritu de la ley busca evitar que los recursos públicos se utilicen como una herramienta de subvención encubierta o de castigo político, algo muy habitual y cada vez mejor documentado en el caso español. 

Pero la realidad, según revela el examen de la práctica totalidad de los medios en España que ha publicado infoLibre, es la de un sector que prefiere seguir moviéndose en las sombras de la autorregulación laxa o limitarse al mero cumplimiento burocrático ante una Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) que —por culpa de PP y Vox, que se niegan a darle trámite en el Congreso— sigue sin contar con la habilitación necesaria para exigir el cumplimiento de la norma europea.

Los gigantes de la televisión y la prensa: opacidad en la cúspide

Los grandes conglomerados audiovisuales y los diarios históricos de Madrid presentan los niveles más bajos de transparencia proactiva. Atresmedia, el grupo que lidera las audiencias con Antena 3 y laSexta, es un ejemplo de esta política de “información fraccionada”. Aunque se sabe que el control reside en la alianza entre el Grupo Planeta (familia Lara) y los italianos de De Agostini, nada de esta información es fácilmente accesible en las webs de sus canales. Atresmedia se limita a publicar datos incompletos en su web matriz, ignorando que el EMFA exige que la identificación sea directa para el destinatario del servicio.

En el caso de Mediaset España, la situación es de incumplimiento flagrante. Ni telecinco.es ni cuatro.com ofrecen rastro alguno sobre sus propietarios reales —los herederos de Silvio Berlusconi a través de Media for Europe (MFE)— ni sobre el dinero que reciben de las administraciones públicas. El grupo se beneficia de inversiones millonarias del Estado (más de 5,7 millones de euros en 2025 solo del Gobierno central), pero mantiene sus portales ciegos a la obligación de transparencia.

El bloque de la prensa tradicional no ofrece un mejor balance. Prisa (El País, SER) y Unidad Editorial (El Mundo, Marca, Expansión) recurren a una táctica similar: remitir al lector a la web corporativa del grupo y, desde allí, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con la excusa de ser sociedades cotizadas. 

Este procedimiento vulnera el requisito de accesibilidad “sencilla y directa” del EMFA. Como resultado, un lector de El País no sabe, a menos que investigue por su cuenta, que el fondo Amber Capital o el millonario francés Vincent Bolloré son quienes tutelan el medio, ni cuánta publicidad institucional sostiene sus cuentas en un momento de deuda asfixiante. 

Vocento (Abc) aplica una receta idéntica, con enlaces diminutos al pie de página que no aclaran que el gestor Francisco García Paramés es hoy su primer accionista individual.

La estrategia del “enlace escondido” en los grupos regionales

Frente a la opacidad total, los grandes grupos con fuerte implantación territorial como Prensa Ibérica y Godó han optado por un cumplimiento formal, pero de difícil acceso. Ambos han incorporado enlaces en el pie de sus portales, a menudo bajo epígrafes poco descriptivos, que conducen a una página de transparencia.

El Grupo Godó identifica así a Javier Godó como “titular real” de la propiedad, pero sin detallar el porcentaje exacto de acciones de los miembros de la familia en la compañía matriz. En cuanto a la publicidad institucional, declaran haber recibido más de 15 millones de euros en 2024 a través de sus distintas cabeceras (La Vanguardia, Mundo Deportivo, RAC1). Lo más revelador de este dato es que la suma más que cuadruplica los beneficios netos del grupo en ese ejercicio, evidenciando una dependencia crítica del dinero público.

Prensa Ibérica, bajo el mando de Javier Moll, declara una cifra récord: casi 38 millones de euros en publicidad institucional durante 2024 para sus 24 diarios. El grupo cumple formalmente con el EMFA, pero evita desglosar qué parte procede de cada Administración, aunque la comparativa con los datos del Gobierno central sugiere que la inmensa mayoría (más de 35 millones) emana de comunidades autónomas y ayuntamientos, donde sus cabeceras suelen ejercer posiciones de dominio.

Digitales nativos: del modelo de transparencia de infoLibre al silencio de la ultraderecha

El análisis de los diez principales nativos digitales en España arroja un veredicto de claroscuros extremos. Solo dos medios, infoLibre y publico.es, cumplen íntegramente con las exigencias de transparencia tanto en propiedad como en publicidad institucional. infoLibre destaca por mostrar un enlace prominente en su cabecera con la identidad de sus accionistas, el detalle anual de sus ingresos públicos –que en 2025 supusieron un 9,31% del total– y una declaración de intereses de sus directivos.

En el polo opuesto se sitúa el ecosistema de medios vinculados a la derecha y la ultraderecha. Okdiario.com, de Eduardo Inda, reconoce su propiedad de forma parcial pero omite porcentajes de otros socios. Sin embargo, ofrece un dato demoledor: en 2025 recibió más de 2,1 millones de euros en publicidad institucional estatal, una cifra seis veces superior a la de medios de gran audiencia, como eldiario.es. Otros portales como edatv.news (Javier Negre), vozpopuli.com o elindependiente.com guardan un silencio absoluto en sus webs sobre quién financia sus estructuras o quiénes son sus dueños reales, a pesar de que investigaciones externas vinculan a algunos de ellos con redes de contratos menores en administraciones del Partido Popular.

Eldiario.es, por su parte, se queda a medio camino. Aunque detalla quiénes trabajan en la redacción y poseen capital, no precisa los porcentajes exactos de propiedad. En cambio, sí es exhaustivo en la declaración de ingresos públicos, que representaron apenas el 2% de su facturación en 2025, según declaran. Elconfidencial.com también presenta un modelo híbrido, remitiendo a una web corporativa donde sí figura un accionariado repartido entre su fundador, José Antonio Sánchez, y otros inversores.

El brazo mediático de la Iglesia y el poder local: zonas de sombra

Un caso singular de resistencia al EMFA es el de Ábside Media, el holding de la Conferencia Episcopal (COPE y Trece). A pesar de financiarse en parte con el excedente del IRPF y recibir 2,4 millones en publicidad del Gobierno central, el grupo no publica quiénes son sus dueños últimos ni cuánto ingresa de las administraciones regionales y locales. La COPE contraviene así la norma europea en un momento de beneficios récord impulsados por su crecimiento en la radio generalista.

En el ámbito regional, grupos como La Voz de Galicia o Diario de Navarra ofrecen un grado de transparencia superior al de sus homólogos en Castilla y León. El diario gallego declara que su propietario es la Fundación Santiago Rey y que la publicidad institucional supone un muy relevante 16% de sus ingresos. Por contra, los grupos Promecal (Méndez Pozo) y Edigrup (familia Ulibarri) en Castilla y León mantienen una opacidad casi total, ocultando tanto la identidad de sus dueños —vinculados a procesos judiciales por corrupción— como las cuantías de las ayudas públicas que reciben de la Junta.

La publicidad institucional: un desglose inexistente

Uno de los mayores fallos en la aplicación del EMFA en España es la falta de detalle sobre el origen de los fondos públicos. Aunque el reglamento exige detallar “de quién” se recibe el dinero, la mayoría de los medios que declaran cifras lo hacen de forma agregada bajo el concepto de “administraciones españolas”.

La CNMC recuerda a los medios que tienen que revelar ya su propiedad y la publicidad que reciben

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Esta falta de desglose oculta realidades políticas significativas. Por ejemplo, en el caso de Vocento, el 83% de su publicidad institucional declarada no procede del Gobierno de España, lo que implica una dependencia masiva de gobiernos autonómicos y locales, mayoritariamente bajo control del PP en las zonas donde el grupo es hegemónico. Lo mismo sucede con Henneo en Aragón, donde su simbiosis con la televisión pública y el gobierno regional es total, pero sus páginas de transparencia omiten las cifras absolutas y el origen detallado de sus ingresos.

Un reto para el Media Board

El panorama descrito revela que la transparencia en los medios españoles es todavía un ejercicio voluntarista y no una realidad institucionalizada. La mayoría de los prestadores de servicios de medios en España parecen confiar en que la falta de un organismo supervisor fuerte en estos primeros meses les permita prolongar su opacidad histórica.

El EMFA estableció en su día la creación del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, conocido como el Media Board de la UE, para velar por la aplicación coherente del reglamento. Sin embargo, hasta que no se activen los mecanismos de seguimiento y las bases de datos nacionales sobre propiedad que el reglamento encomienda a las autoridades reguladoras (en el caso español, la CNMC), el ciudadano seguirá enfrentándose a un laberinto de cláusulas legales y enlaces invisibles. Mientras tanto, la información en España sigue teniendo dueños que prefieren no presentarse y financiadores públicos que no salen a la luz.