Bankia reclamó a Hacienda un total de 347,2 millones de euros en devoluciones por el impuesto de sociedades entre 2015 y 2016. De esa cantidad, 344,88 millones corresponden a la Hacienda del Estado y el resto, a las forales vasca y navarra. Según las declaraciones de ese impuesto a las que ha tenido acceso infoLibre, el banco nacionalizado. Esa cantidad reclamada en la liquidación anual se corresponde exactamente con la cifra que la entidad financiera había ingresado en Hacienda por adelantado, a través de pagos fraccionados y retenciones a cuentas. Por tanto, en términos netos, Bankia no abonó ni un sólo euro por el impuesto de sociedades en esos dos ejercicios.

En 2015 y 2016, Bankia obtuvo unos beneficios de 1.050,38 millones de euros en 2015 y de 493,9 millones en 2016. En total, 1.490,28 millones de euros.

La única forma de saber cuánto ha pagado una empresa o un banco por el impuesto de sociedades es consultando los documentos que presentan ante la Agencia Tributaria, puesto que la que tienen que aportar a organismos o registros públicos es parcial –CNMV, Banco de España, Registro Mercantil–. La mecánica del impuesto de sociedades es similar a la del IRPF. En ambos casos, las personas físicas o jurídicas van abonando durante el ejercicio fiscal unos pagos adelantados a Hacienda: en el caso del IRPF son las retenciones mensuales que se realizan sobre los ingresos de los trabajadores, mientras que en las empresas son los denominados pagos fraccionados, que las sociedades tienen que abonar tres veces a lo largo del ejercicio –en octubre, diciembre y abril–. Y luego, una vez al año, tienen que hacer la liquidación con la Agencia Tributaria: si una persona o una empresa ha ido pagando durante el año más de lo que les corresponde de acuerdo con sus ingresos o beneficios, les sale a devolver; es decir, Hacienda les devuelve lo que ha cobrado de más durante el año. Y si han abonado menos de lo que deberían, la liquidación les sale a ingresar, de forma que el trabajador o la compañía pagan la diferencia entre lo que ya aportaron y lo que realmente les corresponde según sus rentas o beneficios.

Pues bien, infoLibre ha tenido acceso al modelo 220 –la liquidación anual que presentan ante Hacienda los grupos consolidados– de declaración realizada por Bankia en 2015 y 2016, lo que permite saber cuánto dinero ingresó la entidad en Hacienda en concepto de pagos fraccionados y retenciones a cuenta y cuál fue el resultado de la liquidación anual. 

Bankia sigue así la misma operativa que el Grupo Santander, que como desveló este periódico, tampoco abonó ni un solo euro por el impuesto de sociedades entre 2013 y 2016. En esos cuatro años, la entidad presidida por Ana Botín también reclamó a la Agencia Tributaria que le devolviese exactamente la misma cantidad que había abonado por adelantado a lo largo del ejercicio.

Deducciones

En 2015, siempre según los datos que constan en los modelos 220, la base imponible de Bankia resultó ser positiva, 425,55 millones de euros. Pero, tras aplicarse deducciones por doble imposición interna pendientes de años anteriores por importe de 124,51 millones y de 3,15 millones más por doble imposición internacional, sumadas a las retenciones ya practicadas por la Agencia Tributaria y a los pagos fraccionados realizados previamente por el banco, en la liquidación anual le salió "a devolver" 152,75 millones para la Hacienda central.

En 2016, por el contrario, la base imponible fue directamente negativa, -27,98 millones de euros, gracias a que se aplicó una correcciones de 41,15 millones de euros. No activó ninguna deducción a esa base imponible, pero gracias a las retenciones y los pagos fraccionados realizados con anterioridad, la devolución que reclamó a la Hacienda central se elevó hasta 192,12 millones de euros.

Bankia explica su base imponible negativa por el hecho de que ese año se produjeron la mayoría de los pagos a clientes derivados de su salida a Bolsa en 2011. En ejercicios anteriores, el grupo había provisionado los importes a los que calculaba que iba a tener que hacer frente e hizo los “ajustes positivos correspondientes” por considerar estas provisiones no deducibles; es decir, tributó por ellas. En 2016 practicó los “ajustes negativos” de esas cantidades.

De esta forma, en 2016 aún disponía de un total de 12.643,53 millones de euros en bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que podrá seguir usando en años futuros para rebajar su factura fiscal. Al igual que otros 422,27 millones de euros en deducciones no utilizadas. Entre estas últimas, Bankia acumulaba en ese ejercicio 203,95 millones de euros en deducciones pendientes por reinversión de beneficios extraordinarios, 178,13 millones por doble imposición interna, 6,03 millones por doble imposición internacional, 4,9 millones por innovación tecnológica o 3,89 millones de euros más por donativos a entidades sin fines de lucro.

Así que esos créditos fiscales se convirtieron en un colchón tributario de 8.304 millones de euros en 2016, de los cuales 7.996,52 son activos fiscales diferidos (DTA).

Los DTA se originan a partir de las provisiones que los bancos realizan –para cubrir el riesgo de los créditos e inmuebles tóxicos, por ejemplo–, de las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas y de las pérdidas de ejercicios anteriores. Estas cantidades no son deducibles en el impuesto de sociedades, pero Hacienda permite a los bancos acumularlas en forma de DTA y utilizarlos en los siguientes ejercicios para reducir sus pagos fiscales.  

38,25 millones 'a devolver'

En junio de 2017 Bankia absorbió Banco Mare Nostrum (BMN), también participada mayoritariamente por el Estado y fruto de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra. De nuevo, en BMN la práctica es idéntica a Santander y Bankia: las cantidades abonadas por adelantado durante los ejercicios 2015 y 2016 en concepto de pagos fraccionados y retenciones a cuenta, la entidad financiera reclama a Hacienda que se las devuelva en la liquidación anual del impuesto. En total, pidió un reembolso de 38,25 millones de euros a la Hacienda central –no operaba en País Vasco y Navarra–.

BMN declaró a Hacienda en 2015 unos beneficios de 40,74 millones, pero un año después ya se encontraba con unos números rojos de 40,82 millones de euros. En ese primer ejercicio su base imponible también fue positiva, 63,69 millones de euros. Después se aplicó una compensación de 23,9 millones de euros por bases imponibles negativas de años anteriores y deducciones por doble imposición interna e internacional que sumaron 19,1 millones de euros. Con las retenciones practicadas con anterioridad y los pagos fraccionados realizados previamente, finalmente la declaración le salió a devolver por un importe de 26,04 millones de eurosa devolver.

En 2016, en cambio, la base imponible fue negativa, -80,68 millones de euros. Descontando las retenciones y pagos fraccionados, pidió un reintegro a Hacienda de 12,21 millones de euros. Ese año le quedaron unas bases imponibles pendientes de compensar de 245,07 millones de euros, así como deducciones para ejercicios futuros de 79,3 millones. De ellas, el capítulo más importante es el que se refiere a las deducciones por doble imposición interna, que ascienden a 55,34 millones de euros.

Los activos fiscales de BMN heredados por Bankia

El colchón fiscal con que contaba BMN al término de 2016 era de 2.357,78 millones de euros en activos por impuestos, de los cuales 2.305,17 millones correspondían a DTA. Ahora esos créditos fiscales los ha heredado Bankia, a la que ayudarán a recortar su factura a Hacienda en próximos ejercicios. De hecho, nada más absorber BMN, el banco de José Ignacio Goirigolzarri pidió a Hacienda, en la misma declaración de 2016, que le pagara 37,98 millones por ese concepto. La Ley del Impuesto de Sociedades permite a cualquier empresa, no sólo a los bancos, convertir los DTA en “créditos exigibles frente a la Administración tributaria” si registra pérdidas o si es liquidada o declarada insolvente por un juez. Es lo que hizo el Santander al comprar el Popular –solicitó al fisco que le abonara 474,23 millones de euros también en la declaración de 2016– y Bankia.

No obstante, no todos los DTA cuentan con esa garantía del Estado y puede pedirse su abono en efectivo. Sólo se permite con los DTA generados por provisiones y por aportaciones a planes de pensiones, que equivalen a un 60% de los activos fiscales diferidos, pero no a los generados por bases imponibles negativas.

En 2015, Bruselas abrió una investigación para determinar si esa garantía sobre algunos DTA constituía una ayuda de Estado ilegal. Así que el Gobierno impuso a los bancos una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5%, que fue aceptada por Bruselas para cerrar la investigación. Por esa tasa el Estado recaudó 471 millones en 2017, según los datos de la Intervención General del Estado. También se limitaron las deducciones por estos activos, que llegaban al 60% en la base imponible en 2016 y al 70% a partir de 2017, pero se han quedado en el 25%.  

__________________

Este reportaje es el tercero de una serie de infoLibre sobre los beneficios fiscales de la banca. Puedes consultar aquí los anteriores:

1. Lo que realmente pagan los bancos a Hacienda por el impuesto de sociedades

2. Hacienda le devuelve al Banco Santander 2.440 millones en cuatro años por el impuesto de sociedades

La mecánica del impuesto de sociedades es similar a la del IRPF. En ambos casos, las personas físicas o jurídicas van realizando unos pagos adelantados a Hacienda: en el caso del IRPF son las retenciones mensuales que se realizan sobre los ingresos de los trabajadores, mientras que en las empresas son los denominados pagos fraccionados, que las sociedades tienen que abonar tres veces a lo largo del ejercicio –en octubre, diciembre y abril–. Y luego, una vez al año, tienen que hacer la liquidación con la Agencia Tributaria: si una persona o una empresa ha ido pagando durante el año más de lo que les corresponde de acuerdo con sus ingresos o beneficios, les sale a devolver; es decir, Hacienda les devuelve lo que ha cobrado de más durante el año. Y si han abonado menos de lo que deberían, la liquidación les sale a ingresar, de forma que el trabajador o la compañía pagan la diferencia entre lo que ya aportaron y lo que realmente les corresponde según sus rentas o beneficios.  

La cantidad de la liquidación anual, por tanto, no es necesariamente indicativa de cuántos impuestos ha pagado una persona o una sociedad mercantil: les puede salir a devolver, pero simplemente porque han ido pagando durante el año mucho más de lo que deberían en las retenciones mensuales de sus nóminas o en los pagos fraccionados. Y al revés, a una persona física o jurídica les puede salir a ingresar en la liquidación anual del IRPF o del impuesto de sociedades, y que el motivo sea que Hacienda les ha ido reteniendo a lo largo del año mucho menos de lo que debería.

En definitiva, para saber lo que realmente ha pagado una entidad financiera por el impuesto de sociedades no sirve la cifra a devolver o a ingresar de la liquidación anual y tampoco la que figura en la documentación contable que depositan en el Registro Mercantil o la CNMV. Hay que tener además los datos sobre los pagos fraccionados y las retenciones a cuenta (las dos figuras fiscales que permiten a la Agencia Tributaria cobrar por adelantado ciertas cantidades). Todas esas cifras figuran en el modelo 220, que es el formulario del impuesto de sociedades que deben presentar todos los grupos consolidados en julio de cada año, para liquidar el ejercicio del año anterior.

infoLibre ha conseguido copia del modelo 220 de cuatro bancos: Santander, Popular, Bankia y BMN. Corresponden a los ejercicios de 2015 y 2016, y la conclusión es demoledora: tres de ellos no pagaron ni un solo euro en el impuesto de sociedades y el Banco Popular abonó 24 millones de euros en 2015.

  El desglose, banco a banco

El modelo 220 del Banco Santander en 2015 y 2016 muestra que en ninguno de esos ejercicios obtuvo una cuota líquida positiva. En ambos años, en la liquidación anual pidió a la Agencia Tributaria que le devolviera exactamente la misma cantidad que había ido abonando en pagos fraccionados y retenciones a cuenta. En definitiva, el Santander no pagó ni un euro a Hacienda por el Impuesto de Sociedades en 2015 y 2016.

En 2016, el banco que preside Ana Botín reclamó a Hacienda que le reintegrara 690 millones de euros, 661,65 millones a la Agencia Tributaria y otros 13,85 millones a las haciendas forales del País Vasco y Navarra, tras haber realizado pagos fraccionados por importe de 646,65 millones a las tres administraciones y después de que se le hubieran practicado retenciones a cuenta por valor de 28,85 millones. En 2015 ocurrió otro tanto: reclamó una devolución de 546 millones –488,9 millones a la Agencia Tributaria y 11,64 millones a las haciendas forales– una vez abonados 468,82 millones en pagos fraccionados y unas retenciones a cuenta de 31,72 millones. El saldo neto con el fisco fue cero de nuevo.

Y todo ello pese a que el grupo Santander obtuvo unos beneficios de 3.455,2 millones de euros en 2015 y 2.326,69 millones en 2016, según sus declaraciones fiscales.

El caso de Bankia, entidad propiedad en un 60,6% del Estado, es exactamente el mismo, sólo varían las cifras. Reclamó 153,66 millones al fisco en 2015, tras haber pagado por adelantado 151 millones de euros y habérsele retenido a cuenta 2,67 millones. Una vez más, el saldo con el fisco fue cero, pese a que ese ejercicio había ganado 1.050,38 millones de euros.

En 2016 pidió a Hacienda en la liquidación anual 193,53 millones, después de haber ingresado 190,85 millones de euros en pagos fraccionados y otros 2,68 millones por retenciones a cuenta. Por tanto, no pagó ni un euro. Ese año la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri había declarado unos beneficios de 493,9 millones de euros.

De los cuatro bancos a cuya documentación fiscal ha tenido acceso infoLibre, sólo hay un caso en que la cuota líquida resultó positiva, es decir, que Hacienda logró un saldo neto favorable: fue el Banco Popular en 2015, que declaró una cuota líquida positiva de 24,05 millones de euros. En la liquidación anual (el modelo 220), ese año reclamó una devolución de 77,6 millones, pero simplemente porque durante el ejercicio la Agencia Tributaria le había retenido 101,6 millones de euros en pagos fraccionados y retenciones a cuenta.

En 2016, el Banco Popular ya no tuvo una cuota líquida positiva. En el modelo 220, reclamó a Hacienda que le devolviera 36 millones de euros, exactamente la cifra que había adelantado durante el año en pagos fraccionados y retenciones a cuenta.

En ese ejercicio, por cierto, sus números rojos se habían disparado hasta los 3.483 millones de euros. El 7 de junio de 2017 Santander compró el Banco Popular por un euro, ahogado por la falta de liquidez.

Por último, en Banco Mare Nostrum (BMN) vemos la misma dinámica: en la liquidación anual de 2015 solicitó a Hacienda un reembolso de 26,04 millones de euros y en la de 2016 pidió un reintegro de 12,21 millones. En ambos casos, la cantidad coincide al céntimo con la suma de pagos fraccionados y retenciones a cuenta que había ido abonando durante el ejercicio. Por tanto, tampoco pagó ni un euro a Hacienda en 2015 y 2016.

BMN declaró unas ganancias de 40,74 millones en 2015 y unas pérdidas de 40,82 millones de euros en 2016. En junio de 2017 Bankia compró BMN por 825 millones de euros.

  Cómo se rebaja la factura

¿Cómo es posible que teniendo beneficios multimillonarios los grupos bancarios no paguen nada a Hacienda en concepto de Impuesto de Sociedades?

Los bancos, como cualquier otra gran empresa, pueden reducir su factura fiscal gracias a la batería de deducciones, exenciones y bonificaciones que les permite la ley. Así, en 2015, las entidades financieras se aplicaron deducciones, exenciones y otros ajustes a sus resultados contables por un importe total de 24.453,27 millones de euros, de los cuales casi un tercio –8.789,2 millones– corresponden a exenciones por doble imposición sobre los dividendos y las rentas que las entidades reciben de filiales de las que poseen al menos un 5% del capital o en las que su participación supera los 20 millones de euros.

Además, en los últimos años, los bancos han utilizado con profusión los llamados activos fiscales diferidos (DTA) para rebajar sus pagos al fisco. Su origen está en las provisiones que realizaron durante la crisis –para cubrir el riesgo de los créditos e inmuebles tóxicos–, las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas y las pérdidas de ejercicios anteriores. Estas cantidades no son deducibles en el impuesto de sociedades, pero Hacienda ha permitido a los bancos acumularlas en forma de DTA y utilizarlos en los siguientes ejercicios para desgravar.

Según las últimas cifras publicadas por el Banco de España y referidas al 31 de diciembre de 2014, los bancos españoles acumulaban un total de 68.464 millones de euros en activos fiscales diferidos, de los cuales 44.287 millones, el 64,8%, tienen garantizada su recuperación por las entidades. Un cálculo posterior realizado para el Boletín Económico de Información Comercial Española, del Ministerio de Industria, cifraba los DTA en poder de los nueve principales bancos en 68.870 millones de euros para el año 2016. De ellos, 39.337 millones eran activos fiscales cuyo recobro garantiza el Estado a cambio del pago de una prestación patrimonial, una tasa, del 1,5%.

Desde la reforma del impuesto de diciembre de 2016, en cualquier caso, la recuperación de los DTA se ha rebajado del 60% inicial a un máximo del 25% de la base imponible. Pero las entidades pueden utilizarlos para rebajar su factura fiscal a lo largo de 18 años. Y es lo que están haciendo. Los estados financieros consolidados que publica la patronal bancaria AEB cifran en 55.488 millones los activos fiscales de todo tipo que suman los bancos españoles en sus cuentas a diciembre de 2017, un 6,8% menos que el año anterior. Éste es el volumen que las entidades tienen acumulado para deducirse en el futuro.

  Propuestas de reformas fiscales

El PSOE propuso, cuando estaba en la oposición, que las multinacionales paguen más impuestos; en concreto, que tributen al 15% de tipo efectivo, el doble del actual. También planteó un recargo del 8% en el impuesto de sociedades para la banca, así como otro sobre las transacciones financieras, para ayudar a sufragar el déficit de la Seguridad Social y, por tanto, pagar parte de las pensiones. Las ministras de Hacienda y Trabajo ya han manifestado su intención de poner en marcha estos nuevos tributos. Además, el Gobierno parece dispuesto a negociar la propuesta fiscal recién enviada por Unidos Podemos. Eso sí, cuenta con la oposición declarada de las entidades financieras, desde Bankia hasta el BBVA, la patronal bancaria e incluso el Banco de España, que han levantado la voz en contra de la medida.

Podemos apoya subir la factura fiscal a la banca, mientras que el PP y Ciudadanos la tachan de contraproducente. En cambio, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, descarta que el impuesto a los bancos vaya a trasladarse inevitablemente a los clientes como advierten las entidades. De hecho, cuando el Banco de España obligó a los bancos a destinar parte de su beneficio a provisiones, recuerda, los créditos no se encarecieron.

En su propuesta, el PSOE justificaba la subida fiscal a la banca en los millones de dinero público que ha costado el rescate financiero. Ahora, decía el documento, le toca a la banca contribuir al rescate de las pensiones públicas, “el sistema que mejor representa los intereses de todos los españoles”. Según los últimos resultados publicados por la Asociación Española de Banca (AEB), el sector tuvo unos beneficios consolidados de 15.264 millones de euros en 2017, un 41,5% más que el año anterior. ___________________

Este reportaje se publicó inicialmente bajo el título: "Lo que realmente paga la banca por el impuesto de sociedades".

Este nuevo planteamiento implicaría una reducción del 9% de la plantilla conjunta de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), absorbido recientemente por el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri, según han informado fuentes de la representación de los trabajadores. Desde la propuesta inicial de 2.510 trabajadores, el número de salidas se ha rebajado un 36%.

Además, la entidad ha planteado a los sindicatos subir las indemnizaciones a los trabajadores que se acojan a las bajas voluntarias incentivadas, así como a los afectados por movilidad geográfica y reducir hasta los 54 años las prejubilaciones de los afectados en Andalucía, Murcia, Alicante y Baleares.

El pasado lunes, Bankia accedió a rebajar hasta los 55 años la edad de prejubilación, algo que hacía por segunda vez tras bajarla desde los 57 años, que era el planteamiento inicial. Para este colectivo, la entidad financiera ofrecía el 50% del salario bruto hasta los 61 años, que ahora ha subido hasta el 60% con convencio especial hasta los 63 años.

Los trabajadores de entre 54 y 55 años percibirán esta retribución hasta los 61 años, los de 56 años hasta los 62 años y los de 57 años en adelante hasta los 63 años. Se exige una antigüedad de 15 años para estos colectivos.

El banco también ha mejorado las condiciones económicas de las bajas incentivadas para los menores de 55 años, a los que propone una indemnización de 30 días por año trabajado, con un límite de 22 mensualidades, más una prima de 1.500 euros por cada tres años de prestación de servicio.

Los sindicatos, que demandan una reducción de las salidas hasta las 1.600, bajas voluntarias para los mayores de 55 años con el 80% del salario bruto total y aportación al plan de pensiones hasta los 63 años, no descartan mantener la huelga prevista para este viernes en protesta por este ERE en función de cómo termine la negociación de hoy.

En cuanto a las salidas para menores de 55 años, los sindicatos plantean que las indemnizaciones sean de importe equivalente a 33 días de su retribución bruta con un límite de 24 mensualidades más primas.

CCOO, ACCAM, UGT, SATE, SESFI, ASIP y ACB consideran que esta propuesta "desbloquea el camino" para acercar posturas, lo que permite el aplazamiento de la huelga y la continuación de las negociaciones.

La fusión entre Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) se materializará esta semana, dado que los accionistas de la segunda se convertirán en titulares de acciones de la primera a partir del próximo jueves, 11 de enero, cuando está previsto que se les entreguen los títulos correspondientes al canje.

Será al día siguiente, el 12 de enero, cuando las nuevas acciones emitidas por Bankia para proceder al canje empiecen, previsiblemente, a cotizar. En concreto, serán admitidos a negociación 205,63 millones de títulos ordinarios de un euro de valor nominal.

Podrán acudir al canje de la fusión un total de 1.610 millones de acciones de BMN, es decir, los 1.613 millones de títulos que componen el capital social de la entidad absorbida menos las 3,59 millones de acciones que tiene en autocartera.

Los accionistas de BMN que dispongan de una cantidad de títulos que no dé derecho a recibir un número entero de acciones de Bankia -la relación de canje es de una acción ordinaria de Bankia por cada 7,82987 de BMN-, podrán adquirir o transmitir títulos para recibir un número entero de acciones. Para ello, se ha designado a GVC Gaesco Beka como agente de picos.

Este paso se produce después de que la entidad obtuviera todas las autorizaciones administrativas necesarias para llevar a cabo la fusión por parte del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), del Banco Central Europeo (BCE), del Banco de España y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

Además, el pasado viernes, 5 de enero, estaba previsto que se inscribiera la fusión en el Registro Mercantil de Valencia, localidad en la que Bankia tiene ubicada su sede social. La entidad otorgó la escritura de fusión por absorción de BMN por parte de Bankia una semana antes.

Inicio de las consultas por el ERE

Los accionistas de BMN se convertirán en titulares de Bankia coincidiendo con el inicio del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que negociarán la entidad y los sindicatos en el marco de la integración tras la finalización de los contactos previos la pasada semana.

El planteamiento inicial del proceso de reestructuración contempla la salida de 2.510 trabajadores, de los que de los que 1.118 corresponderían a la red comercial y otros 817 a los servicios centrales.

Además, se prevé el recorte de 200 puestos de trabajo con motivo de la digitalización y la salida de unos 375 empleados que actualmente se encuentran en excedencia voluntaria por la aplicación de otros ERE y que se incorporarán a partir de 2018.

Bankia y BMN cuentan conjuntamente con 17.531 empleados, por lo que el ajuste planteado supondría la salida del 14,32% de la plantilla de la sociedad resultante de la fusión.

Asimismo, la entidad planea cerrar unas 99 oficinas de ambas entidades en el marco de este proceso, de las que la mayoría, el 72,72%, corresponderá a BMN.

La dirección de Bankia se ha reunido este lunes con los sindicatos en el marco de las consultas previas a la negociación sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acometerá la entidad por la fusión con Banco Mare Nostrum (BMN) y que afectaría a unos 2.510 trabajadores, informa Europa Press.

Concretamente, unos 817 trabajadores corresponderían a los servicios centrales de la entidad, mientras que 1.118 serían empleados de las oficinas, incluyendo direcciones territoriales.

Además, según han explicado a Europa Press fuentes sindicales, la entidad ha planteado la necesidad de prescindir de otros 375 empleados que están en excedencia voluntaria por la aplicación de otros ERE y que se incorporarán el 1 de enero de 2018, así como de otros 200 puestos que se recortarían por el efecto de la digitalización.

De acuerdo con las mismas fuentes, no se ha detallado cuántos afectados saldrían de la entidad y cuántos se someterían a movilidades geográficas. El periodo de consultas previas concluirá la próxima semana, tras lo cual a principios de 2018 se iniciará la negociación.

Los representantes de los trabajadores han calificado de "excesiva" la cifra propuesta por la dirección de la entidad y han manifestado su compromiso por "que no haya tantas salidas" y "que el proceso sea voluntario en su totalidad".

El Banco de España ha rebajado en un año la cuantía del rescate financiero que el Estado espera recuperar. A cierre de diciembre de 2015, calculaba que reingresaría 15.664 millones de los casi 57.000 millones de dinero público inyectado entre 2008 y 2014. Al término del ejercicio de 2016, cifra en 14.275 millones el importe de lo que el Estado espera recobrar. Son 1.389 millones menos, resultado de la devaluación que ha sufrido la participación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en Bankia y en Banco Mare Nostrum (BMN). En sus últimas cuentas, el FROB rebaja en 474 millones el valor de su 67,1% del capital de Bankia, y en 915 millones el del 65% que posee en BMN. El pasado marzo el organismo anunció la fusión de ambos bancos, asegurando que vender en Bolsa ambas entidades le reportaría 401 millones de euros más que si las ofrecía al mercado cada una por separado. La operación será aprobada por las juntas de accionistas de los dos bancos el próximo día 14.

Hay que recordar que Bankia recibió fondos por importe de 22.424 millones de euros y BMN, 1.645 millones más. Es decir, si se cumplen las previsiones del Banco de España, el Estado perderá el 40% de los 24.069 millones inyectados en ambas entidades.

El Banco de España ha actualizado en su último informe las cifras del rescate bancario, que no son muy prometedoras. Las ayudas concedidas por el FROB ascienden a 56.865 millones de euros, de las que se recuperarán el 6,8%. Es decir, el supervisor da por perdidos 42.590 millones. De los 14.275 millones antes citados, 3.873 ya han sido reembolsados, sólo 407 más que un año antes. El resto corresponde a la cantidad que debería pagarse por la venta de las acciones de Bankia y BMN.

Pero si las arcas públicas no van a volver a ver el dinero inyectado en las entidades financieras rescatadas, otro tanto puede decirse del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de los bancos privados. El FGD concedió un total de 19.872 millones de euros, según la última actualización del Banco de España, de los que sólo han recuperado hasta ahora 673 millones de euros, el 3,1% de lo aportado.

Una factura total que roza los 80.000 millones

El rescate financiero se componía de cinco tipos de ayudas: las inyecciones de capital, la compra por parte del FGC de las acciones no cotizadas que se habían dado a los preferentistas y tenedores de deuda subordinada de Nova Galicia Banco y Catalunya Banc, los avales, garantías y Esquemas de Protección de Activos (EPA) concedidos por el Estado, créditos extraordinarios del Banco de España y del FROB, y finalmente las aportaciones del FROB a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo.

De las primeras, 54.353 millones aportados por el FROB y 9.745 millones por el Fondo de Garantía de Depósitos, se han recuperado 3.873 millones: 977 millones de Caixabank por las ayudas a Banca Cívica, 800 millones de CajaSur, 782 millones de Catalunya Banc, 783 millones de Nova Galicia Banco, 407 millones de Ibercaja y 124 millones de Liberbank. A esa cantidad habrá que sumarle los 604 millones de euros cuya devolución anunció Unicaja el pasado día 1.

El Fondo de Garantía de Depósitos compró las acciones no cotizadas concedidas a los preferentistas de Nova Galicia y Catalunya Banc por importe de 1.803 millones de euros. Las ha vendido después, pero sólo ha obtenido por ellas 673 millones de euros.

Además, el Estado otorgó avales por valor de 110.895 millones de euros, que ya se encuentran cancelados. El Banco de España asegura que de ellos no se ha derivado ninguna pérdida para las arcas públicas; por el contrario, han permitido el cobro de comisiones. No obstante, los EPA se concedieron sobre carteras de créditos e inmuebles tóxicos que han perdido valor y dan lugar a pérdidas: 883 millones al FROB –392 de CajaSur y 491 millones del Banco de Valencia– y 10.008 millones al FGD –5.844 de la CAM, 2.475 de Caja Castilla-La Mancha y 1.689 de Unnim, adquirido por el BBVA–. En garantías el FROB empeñó otros 1.629 millones y el Fondo de Garantía de Depósitos, 389 millones más.

Hasta aquí, la factura neta del rescate bancaria suma 62.754 millones de euros, según el Banco de España, una vez realizados ajustes por inversiones iniciales del FGD y por garantías del FROB. Si a esa cifra se le añaden los 16.300 millones en créditos extraordinarios concedidos como “provisión urgente y transitoria de liquidez” por el Banco de España –9.800 millones– y por el FROB –6.500 millones–, el rescate se eleva hasta los 79.054 millones.

Finalmente, el FROB aportó 2.192 millones de euros a la Sareb. Y el Estado avaló con 40.925 millones la deuda emitida por el banco malo, al que se traspasó el ladrillo tóxico de las entidades rescatadas.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) registró unas pérdidas de 1.693 millones de euros en el ejercicio 2016, un 11% más que en 2015, después de anotarse un impacto negativo de 1.390 millones de euros por la disminución del valor de sus participaciones en BFA, matriz de Bankia, y Banco Mare Nostrum (BMN).

Concretamente, el FROB contaba a cierre de 2016 con un activo de 14.354 millones de euros, un pasivo de 15.963 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 1.609 millones de euros.

En relación con BMN, de cuyo capital el FROB posee el 65%, este organismo registró en el pasado ejercicio un deterioro de 916 millones de euros. Este impacto negativo tiene su origen en la comparación del importe registrado en las cuentas del FROB al cierre del ejercicio anterior con el "valor razonable" de la entidad obtenido del proyecto de fusión de BMN y Bankia, que valora el patrimonio neto de la primera en 825 millones de euros, según ha explicado el organismo.

Además, el Fondo que preside Jaim Ponce registró un impacto negativo de 474 millones de euros por la disminución del valor de su participación en BFA como consecuencia de la reducción del saldo de las plusvalías en las carteras de renta fija del grupo.

Por otra parte, el FROB registró en 2016 un deterioro de 155 millones de euros por su participación en Sareb, el conocido como 'banco malo'. Este impacto negativo surge de la comparación de la participación del FROB en el capital de Sareb resultante de las operaciones de reducción de capital para compensar pérdidas y de conversión de parte de la deuda subordinada realizadas por la empresa en mayo de 2016 con el valor actual de la previsión de flujos de efectivo futuros obtenidos del plan de negocio aprobado por la compañía.

Deterioro de 60 millones por mayores provisiones

Asimismo, el organismo registró un impacto negativo de 60 millones de euros por movimientos de provisiones relacionadas con garantías otorgadas en las ventas de distintas entidades.

Mientras que las provisiones por garantías por la venta de NCG Banco en relación con las cláusulas suelo aumentaron en 97 millones de euroslas cláusulas suelo aumentaron en 97 millones de euros, las relacionadas con el esquema de protección de activos (EPA) de la venta de Banco de Valencia se redujeron en 35 millones de euros.

Según ha explicado en una nota, el FROB dispone de una posición de tesorería "suficiente" para hacer frente a sus compromisos a medio plazo. Concretamente, al cierre de mayo de 2017 contaba con tesorería no comprometida por 916 millones de euros, colocados en deuda pública y cuentas corrientes remuneradas.

En julio de 2016, el FROB realizó una amortización de una emisión de bonos simples emitidos en julio de 2011 por importe nominal de 2.505 millones de euros.

Por otra parte, el Fondo ingresó una tasa procedente de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión para la cobertura de gastos de funcionamiento por 18 millones de euros.

En relación con el pasivo, el FROB se financia mediante un préstamo recibido por el Estado que tenía un saldo de 13.456 millones de euros a 31 de diciembre de 2016.

En cuanto al activo, el organismo señala que a lo largo del ejercicio 2016 "no ha experimentado cambios significativos" en cuanto a su composición (participaciones en BFA, BMN y Sareb, así como apoyo financiero a CEISS y Caja 3, ahora Ibercaja).

El FRN gana 1,9 millones

Por su parte, el Fondo de Resolución Nacional (FRN), administrado por el FROB, registró un resultado de 1,9 millones de euros, la mayor parte por recaudación de las contribuciones realizadas por empresas de servicios de inversión no incluidas en el ámbito de la supervisión.

El patrimonio neto de este fondo se sitúa en 2,9 millones de euros, cifra que recoge las contribuciones realizadas en los ejercicios 2015 y 2016.

Conversión de un préstamo del Estado

Por otra parte, el FROB ha informado de que ha acordado una conversión del préstamo concedido por el Estado por 3.000 millones de euros que ha dado lugar a un saldo vivo de 10.456 millones de euros.

De esta forma, se reduce el pasivo del FROB y aumenta la partida de fondo patrimonial por este mismo importe, con lo que el saldo del patrimonio neto del FROB ascenderá a un importe positivo de 1.391 millones de euros tras la aprobación de estas cuentas.

Según ha aclarado el FROB, esta conversión no supone una inyección de nuevos fondos al organismo, no afecta a la capacidad del Estado para recuperar las ayudas públicas concedidas y no tiene impacto en el déficit ni en la deuda pública.

Los consejos de administración de Bankia y BMN han aprobado su proyecto de fusión, con la primera entidad como sociedad absorbente y la segunda como sociedad absorbida, valorada en 825 millones de euros, según han informado este martes ambas partes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la operación se articulará mediante la entrega de 205,6 millones de acciones de nueva emisión de Bankia a los accionistas de BMN, según informa Europa Press. Eso supone otorgar un valor a BMN de 825 millones de euros (0,41 veces su valor en libros).

Los accionistas de BMN pasarán a tener un 6,7% del capital de Bankia una vez completada la operación. Poseerán acciones líquidas, que cotizan en Bolsa y que pagan un dividendo que ha sido creciente desde que Bankia abonó el primero en julio de 2015, con cargo al beneficio de 2014.

Como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)  posee el 65% del capital de BMN –el mismo importe que tiene de Bankia–, el Estado recibirá ese porcentaje de los 825 millones en que ha sido valorado el banco: 536,25 millones de euros. Puesto que BMN recibió ayudas públicas por importe de 1.645 millones, el Estado –el contribuyente– perderá casi 1.109 millones. En el informe sobre el rescate financiero recién publicado por el Banco de España, el supervisor calculaba que podrían recuperarse hasta 1.453 millones: la cantidad real será, por tanto, tres veces menor. En todo caso, la cifra final dependerá de cómo se privatice la entidad resultante de la fusión entre Bankia y BMN cuando llegue el momento.

El FROB se ha abstenido de tomar parte en la votación relativa a la aprobación del proyecto común de fusión, pero ha manifestado su valoración sobre la operación.

Está previsto que este proyecto de fusión sea sometido a las respectivas juntas generales de accionistas de BMN y Bankia para su aprobación.

Bankia ha destacado que la operación le refuerza como cuarta entidad en el mercado español y se produce en un momento de perspectivas positivas para el sistema financiero, tanto por el crecimiento esperado del negocio como por la previsible evolución de los tipos de interés.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha resaltado que tras haber culminado "con éxito" el proceso de reestructuración de la entidad, ahora Bankia está preparada para iniciar una nueva fase de crecimiento, en la que la integración de BMN es "tremendamente positiva" porque permite a la entidad completar la franquicia "en unos territorios muy dinámicos en los que tenía una presencia muy limitada".

"La operación es muy buena para todos los accionistas de Bankia por lo que supone de creación de valor. Y es muy positiva para los contribuyentes porque la unión de ambas entidades incrementa la capacidad de devolver las ayudas recibidas", ha apuntado Goirigolzarri.

Por su parte, el presidente de BMN, Carlos Egea, ha afirmado que la fusión es una "buena operación" para sus accionistas, empleados y clientes, por cuanto BMN se integra en el cuarto grupo financiero del país, que es, además, el "más solvente, eficiente y rentable".

Egea ha añadido que este es el mejor modo para "continuar siendo útiles" a las familias y las empresas de los territorios en los que BMN está implantado para seguir contribuyendo a su desarrollo socioeconómico.

Sube un 2,7% en el IBEX

El selectivo Ibex 35 ha comenzado la sesión de este martes con descensos del 0,23% que llevaban al índice de referencia de la Bolsa de Madrid a cotizar en los 10.671,6 puntos tras una apertura marcada por el acuerdo para la fusión entre Bankia y BMN, que impulsaba un 2,7% al alza el precio de las acciones de la primera.

Bankia espera alcanzar un ratio fully loaded del 12% a finales de este año

Bankia prevé un crecimiento del beneficio por acción del 16% y un retorno de la inversión (ROIC) del 12% en el tercer año de la integración con BMN, según ha informado este martes la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, que ha destacado que la operación es positiva en términos de creación de valor para sus accionistas.

La rentabilidad de Bankia, medida como el retorno sobre fondos propios (ROE), crecerá unos 120 puntos básicos.

Con la integración de BMN, Bankia hace un uso eficiente y rentabiliza el capital generado de forma orgánica en los últimos años, que ha llevado su ratio de solvencia CET1 fully loaded del 6,82% en 2012 hasta el 13,37% en marzo de 2017.fully loaded

Bankia espera tener un ratio fully loaded del 12% a finales de 2017fully loaded, para cuando se prevé que se produzca el cierre efectivo de la operación.

La fusión permitirá alcanzar unas sinergias de 155 millones de euros a partir del tercer año, equivalentes al 40% de la actual base de costes de BMN, si bien se espera conseguir ya en el segundo año la práctica totalidad de ellas, 149 millones de euros.

Los saneamientos adicionales por 700 millones de euros en la cartera de créditos y adjudicados de BMN permiten que las coberturas de Bankia se mantengan tras la operación en sus estándares actuales.

La entidad resultante tendrá un peso del sector promotor sobre el total de préstamos de apenas el 1,5%, la cifra más baja de todos los bancos cotizados, mientras que el volumen de adjudicados netos de provisiones será el segundo más bajo, de apenas el 1,4% de los activos.

La operación se articulará mediante la entrega a los actuales accionistas de BMN de 205,6 millones de acciones de Bankia de nueva emisión, de forma que Bankia pasará a tener un capital total de 3.085 millones de acciones.

El FROB tendrá una participación del 66,56%.

Con la actual composición de los accionariados de las dos entidades (el FROB es el principal accionista de ambas), el reparto accionarial del banco resultante dejaría al FROB con un 66,56% del capital aproximadamente; los actuales accionistas privados de Bankia contarían con el 31,11%, y los accionistas privados de BMN, el 2,33%.

BMN aporta a Bankia unos 38.000 millones de euros en activos y una franquicia líder en Murcia, Granada Y Baleares. El volumen de créditos crece un 20% y el de depósitos lo hace un 28%.

Tras la operación, Bankia contará con cuotas de mercado superiores al 30% en Granada y Murcia y del 25% en Baleares. Complementará de esta manera una franquicia que ya es líder en territorios de gran tamaño y dinamismo económico, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana.

La determinación de la ecuación de canje se ha realizado tras un proceso de due diligence de ambas entidades. En el mismo, Bankia ha contado con Ernst&Young para realizar la parte financiera, legal, fiscal y laboral, y con Accenture para la tecnológica.

Al mismo tiempo, Garrigues y Morgan Stanley han actuado como asesores legal y financiero.

El seguimiento y supervisión del proceso de negociación con BMN lo ha realizado por parte de Bankia una comisión de consejeros independientes, presidida por Joaquín Ayuso, que es el consejero independiente coordinador y presidente de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable.

También han formado parte de la misma Antonio Greño, presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento; Eva Castillo, presidenta de la Comisión de Retribuciones, y Javier Campo, presidente de la Comisión Consultiva de Riesgos.

Morgan Stanley y Rothschild han emitido sendas fairness opinion dando por correcta la valoración de la operación para el conjunto de los accionistas de Bankia.

Los consejeros ejecutivos de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, presidente; José Sevilla, consejero delegado, y Antonio Ortega, consejero director general de Personas, Medios y Tecnología, se han abstenido en la votación del acuerdo siguiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Próximos pasos

El siguiente paso es la petición conjunta por parte de Bankia y BMN al Registro Mercantil de Valencia de la designación de un experto independiente que dé su visto bueno al proyecto de fusión.

Una vez recibido, se procederá a la convocatoria de las correspondientes juntas extraordinarias de accionistas, cuya celebración está prevista para el mes de septiembre.

Tras aprobarse la operación por parte de las juntas, se solicitarán las autorizaciones a los distintos reguladores, supervisores y autoridades que deben aprobar el proceso.

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes una proposición no de ley con la que Unidos Podemos –el grupo que la presenta– quiere instar al Gobierno a que obligue a reducir a los bancos las comisiones que cargan a sus clientes por la retirada de efectivo en los cajeros.

Además de cobrar por el servicio en los cajeros, las entidades financieras facturan a sus clientes por conceptos como el mantenimiento de cuentas o tarjetas, el cobro de cheques, la compra y venta de valores, el cambio de divisas o la comercialización de fondos de inversión o de pensiones. Así, en 2016, las principales entidades españolas ingresaron más de 10.400 millones de euros a través de las diferentes tasas.

En diciembre del año 2015, ls tres entidades que más cajeros tienen distribuidos por el territorio español –Santander, BBVA y Caixabank– decidieron comenzar a cobrar una comisión a quienes no fueran clientes suyos por la retirada de efectivo de sus cajeros automáticos. Desde entonces, Caixabank cobra dos euros a los clientes de otras entidades que utilicen sus cajeros para retirar efectivo, mientras BBVA les carga una comisión de 1,87 euros y Santander hace lo propio con una cantidad casi idéntica: 1,85 euros.

Este sistema vino a sustituir al anterior, en el que existía una tasa de intercambio que las entidades emisoras de las tarjetas pagaban a las dueñas de los cajeros por el uso de este servicio, y en el que era la entidad emisora de la tarjeta la que decidía si corría completamente con el coste de la comisión o se la repercutía al cliente. Además de una forma de recaudar en un contexto en el que los bajos tipos de interés perjudican el balance de los bancos, con esta medida las entidades más grandes pretendían arrebatar clientes a los bancos más pequeños, que disponen de una red de cajeros más limitada, tal y como reconocía a finales de 2015 el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez.

Vista esta escalada, a finales de 2015 el Gobierno prohibió por decreto a los bancos cobrar esta comisión y, además, aplicar el sistema antiguo a la vez, con el fin de evitar que los consumidores terminasen pagando dos recargos. Y ese es el decreto que quiere eliminar Unidos Podemos, pero no para volver al sistema anterior: el grupo apunta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendría que "realizar un informe pormenorizado sobre la situación del sector bancario que permita obtener una imagen fiable del coste de mantenimiento de los cajeros" y, hasta conocer esas cifras, el Gobierno debería "restringir el cobro de comisiones por la retirada de efectivo".

Caixabank, casi 2.000 millones en comisiones

La banca ingresa una cantidad notable cada año a través de comisiones, aunque la mayor parte de las entidades no ofrecen desglosada la cifra que consiguen a través del recargo por sacar efectivo de sus cajeros a los clientes de otros bancos. Quien más se benefició del total de comisiones que cobran a los clientes fue Caixabank, que obtuvo 1.972 millones de euros en 2016 por este concepto. Su informe financiero de ese año apunta que la mayor parte de ese ingreso (844 millones) procedió de la "comercialización de productos financieros no bancarios", como son los fondos de inversión o de pensiones.

Por su parte, el segundo banco más grande de España, el BBVA, ingresó un total de 1.886 millones de euros en concepto de comisiones el año pasado. En su caso, la mayor parte del montante (668 millones) es calificado en el informe financiero de 2016 como "otras comisiones", mientras que la segunda cuantía más grande es la que reportan las comisiones cobradas por el mantenimiento de tarjetas de crédito y débito. En cualquier caso, BBVA tampoco concreta la cantidad recaudada por comisiones en los cajeros.

Las otras dos entidades que superan los mil millones de ingresos a través de comisiones son el Banco Santander y el Banco Sabadell. En el caso de la segunda, la suma ascendió a 1.376 millones de euros, mientras que la primera únicamente concreta que ganó 1.781 millones de euros en comisiones una vez descontados los gastos que el banco realizó precisamente en el mismo concepto. Es decir, el Santander indica los ingresos netos, mientras que el resto de entidades ofrecen cantidades brutas.

En el resto de los principales bancos, la suma baja de los mil millones: Bankia obtuvo 825 millones de euros a través de comisiones; el Banco Popular, 601; Bankinter, 470; e Ibercaja, 349. Ninguno de ellos detalla la cuantía del ingreso que recibieron por cobrar a clientes de otras entidades que utilizaron sus cajeros, aunque lo cierto es que la cantidad de máquinas que operan es mucho menor que la que poseen los tres principales bancos españoles.

El resto de entidades bancarias de mayor tamaño se mueve por debajo de esas cifras en lo relativo a la cuantía de sus ingresos por comisiones. Unicaja cobró un total de 137 millones de euros el año pasado a través de este concepto, mientras Liberbank consiguió 120 millones. Kutxabank, Banca March, Banco Mare Nostrum y Abanca únicamente tienen publicados sus informes financieros del año 2015: ese año ingresaron en concepto de comisiones, respectivamente, 327, 250, 224 y 145 millones de euros. Por su parte, ING Direct y Deutsche Bank no tienen depositados sus informes financieros en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al no ser entidades españolas.

Una "cuenta de servicios mínimos"

En cualquier caso, la iniciativa que debatirá este martes el Congreso se centra en las comisiones por el uso de los cajeros automáticos, que según plantea la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos suponen "una anomalía en Europa" por su elevada cuantía. "Además, tiene un impacto desigual en función de la renta, penalizando la retirada de cantidades pequeñas", sostiene el grupo, que argumenta que las personas de renta más baja acuden con mayor frecuencia al cajero porque retiran cuantías más pequeñas.

"Su ineficacia", apunta igualmente la iniciativa, "se basa en los incentivos perversos que genera, al proveer de una fuente de ingresos alternativa a la concesión de créditos, lo que puede tener un efecto negativo sobre el normal funcionamiento del sistema crediticio". Y, además, Unidos Podemos presenta un tercer efecto negativo: una eventual "merma de la competencia", dado que "las entidades que han iniciado la guerra de las comisiones son las más grandes que a su vez son las que poseen una mayor y más extensa red de cajeros" y eso plantea "dificultades" a los bancos pequeños que quieren entrar en el sistema.

La proposición no de ley también plantea una segunda propuesta: el establecimiento de una norma para que los bancos se vean obligados a ofrecer una "cuenta corriente de servicios mínimos esenciales" para terminar con "la exclusión financiera que sufren los más desfavorecidos". La cuenta únicamente se podría mantener si el usuario no tuviese otra cuenta abierta y no superase un umbral máximo de saldo, y la entidad debería ofertar, como mínimo, una tarjeta de crédito para poder operar, así como ofrecer la posibilidad de "realizar depósitos, reintegros, pagos y transferencias interbancarias nacionales sin restricciones en el número de operaciones".

La cifra no sólo casi duplica la de despedidos del sector hace un año, sino que se acerca a la de trabajadores de banca afectados por ERE en todo 2015 – 3.723–, incluso en 2012 –3.855–. Y anuncia un ejercicio en el que se prevé el regreso de los bancos a los recortes de plantilla, debido a las fusiones y la transformación digital de las entidades. Desde 2010 el sector financiero se ha deshecho de 27.959 empleados mediante ERE, pero en total ha recortado sus plantillas en 57.704 trabajadores desde 2010. Si la cuenta se hace desde el estallido de la crisis financiera e inmobiliaria, hace 10 años, el sector se ha desprendido de 70.634 empleados, según las cifras facilitadas por la patronal bancaria (AEB) y la de las cajas de ahorro (CECA).

Para este año ya anunciado un ERE Ibercaja, que afectará a 600 trabajadores, el 10% de la plantilla, y supondrá el cierre de 160 oficinas. Acaba de empezar a negociarlo con los sindicatos. Además, el BBVA tiene previsto despedir a unos 450 trabajadores este año, así como cerrar 132 sucursales. De hecho, ya ha empezado a extinguir contratos en Madrid, Murcia y Pamplona, todos ellos por “bajo rendimiento”. Y Kutxabank quiere prejubilar a 310 empleados, el 8% de la plantilla. También habrá recortes de personal tras la fusión de Bankia y BMN, que se formalizará a finales de este mismo año. “Aunque todavía no sabemos en qué territorios se producirán duplicidades”, señala Agustín Nieto, responsable del sector financiero de UGT. “No sobran bancarios en España, somos el cuarto país por la cola en Europa en número de empleados por habitante”, advierte Joan Sierra, secretario general del sector financiero de CCOO. A su juicio, lo demuestran “las prolongaciones de jornada, que enmascaran la falta de personal”. La Inspección de Trabajo acumula centenares de denuncias sindicales por las miles de horas extraordinarias impagadas que se hacen en el sector. En estos momentos, sindicatos y patronal negocian, con dificultades, cómo registrar los excesos de jornada de las plantillas.

En 2016, aunque sólo fueron despedidos usando el procedimiento del ERE un total de 1.274 empleados de banca, hubo recortes significativos en Banco Santander –680 extinciones– y en Caja España-Duero –850–. Según explica CCOO en un informe sobre los Expedientes de Regulación de Empleo del año pasado, otras entidades, como Liberbank, han recurrido además a excedencias voluntarias que se renuevan anualmente o a despidos pactados para reducir personal. “Las entidades financieras”, indica el sindicato en su estudio, “parecen estar iniciando un nuevo proceso de despidos masivos con el argumento de la digitalización”. Se trata, añade, de sustituir empleo cualificado y con remuneraciones superiores contratando “comerciales autónomos retribuidos en función de sus ventas” y ofreciendo atención al cliente desde call centers con plantillas temporales y de bajos salarios.

La mayoría, al acabar su contrato temporal

En cualquier caso, los despidos colectivos representan sólo el 1% de las extinciones de contrato que se produjeron en 2016. “La vía de salida más importante del mercado laboral español”, destaca el estudio de CCOO, sigue siendo la finalización de un contrato temporal. El 83% de todos los que pierden su empleo lo hacen de esta manera, exactamente igual que antes de la crisis y de la reforma laboral. El año pasado fueron 2,9 millones de personas, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Empleo sobre acceso a prestaciones por desempleo.

La segunda vía son los despidos individuales: 460.000 en 2016, el 13% de los que perdieron el trabajo. El fin del periodo de prueba de un contrato constituye la tercera vía más común: 93.000 personas, el 3%. Los ERE son la cuarta, como queda dicho más arriba; en total, 26.079 trabajadores sufrieron un despido colectivo en 2016, incluidos los inmersos en concursos de acreedores. Entre 2008 y 20016 han perdido su empleo mediante uno de estos procedimientos 462.585 trabajadores. Y casi la mitad de esos despidos –el 47%, para ser precisos– se produjeron en empresas grandes y muy grandes, de más de 250 trabajadores. Es decir, los destruidos fueron los “empleos de mayor calidad” del mercado laboral español, puesto que se ejecutaron en las compañías que disfrutan de las mejores condiciones de trabajo y mayor protección sindical”, lamenta el informe.

Por el contrario, las reducciones de jornada, el procedimiento menos utilizado, constituyen el preferido de las empresas de menos de 50 trabajadores –el 96% de ellas–, ubicadas en su mayor parte en el sector de los servicios.

No obstante, es el despido colectivo el procedimiento de regulación de empleo favorito de las empresas del sector servicios. El 60% de ellos fueron ejecutados en este segmento de actividad, que supusieron la pérdida del empleo para 14.600 personas. La industria, por el contrario, opta por la suspensión de contratos: 36.303 trabajadores, el 68% de los afectados por regulaciones de empleo. Fue el procedimiento seguido en la factoría de Opel en Figueruelas (Zaragoza), en las plantas de Sestao (Vizcaya) y Zumárraga (Guipúzcoa) de la siderúrgica Arcelor Mittal, la papelera Unipapel o las mineras Asturleonesa y Unión Minera del Norte.

CCOO destaca que, pese al descenso del número total de regulaciones de empleo según la economía ha ido saliendo de la crisis, los despidos aumentaron el año pasado en la industria y en la construcción, un 13,5% y un 38,2%, respectivamente. De hecho, y pese a usar con profusión las suspensiones de contrato, ejecutaron despidos colectivos desde la factoría de Citroën en Vigo –400 trabajadores–, hasta Bimbo –cerró su planta en Palma de Mallorca–, pasando por Abengoa, General Electric, Repsol –870 despidos– Elcogas, ABB, Ericsson, Abantia…

No cambia el patrón pese a la reforma laboral

Si se observa el reparto entre tipos de regulación de empleo, no ha cambiado en los últimos ocho años, pese a los cambios normativos. La reforma laboral se pensó, como repite la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para que “el despido fuera el último recurso de las empresas”. Pero lo cierto es que en 2016 los despidos colectivos representaron el 28% de los procedimientos de regulación de empleo, casi los mismos que en 2008, cuando eran el 27,4%. Las suspensiones equivalieron el año pasado al 62% de las regulaciones, sólo un poco por encima del 55,5% de 2008. Sí han aumentado las reducciones de jornada, desde un escasísimo 0,04% hace ocho años al 9% de 2016.

Tanto Isabel Araque, secretaria confederal de UGT, como Rita Moreno, coordinadora de Acción Sindical de CCOO, destacan la reducción del número de empresas y trabajadores afectados por ERE en los dos últimos años. “No esperamos este año un repunte al alza de las regulaciones de empleo”, apunta Moreno, pese a que el patrón de comportamiento de las empresas no ha cambiado y el número total de afectados sigue por encima de las cifras de 2007 aun cuando ahora el volumen de empleo fijo es muy inferior al de entonces. Además, el número de empresas que recurrieron el año pasado a estas medidas – 4.000– es más del doble que en 2007 –1.820–.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha detonado la fusión de Bankia con Banco Mare Nostrum (BMN), dos de las entidades que fueron nacionalizadas durante la crisis financiera. La decisión se esperaba desde el pasado mes de septiembre, cuando el FROB anunció la contratación de asesores externos para analizar las posibilidades de la operación. Una vez recibidos los trabajos de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y de Société Générale, el FROB ha pedido a Bankia y BMN que pongan en marcha la maquinaria para fusionarse, considerando que vender en Bolsa ambas entidades le reportará 401 millones de euros más que si las ofrece al mercado cada una por separado.

Pero lo cierto es que también se trata de la solución menos mala, toda vez que el interés de otras entidades por BMN ha sido escaso. El banco, fruto de la fusión de Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, no tiene una posición determinante de mercado y su ámbito de actuación está muy localizado. Las fuentes del sector consultadas por infoLibre aseguran que el Gobierno invitó a las principales entidades a pujar por BMN. Pero el propio FROB reconoce en su comunicación a la CNMV que Société Générale sólo ha recibido una oferta firme por el banco. Y ésta asciende a 1.300 millones de euros, por debajo del valor que el propio banco francés había calculado.

En cualquier caso, la operación tiene “toda la lógica industrial y financiera”, destacan otras fuentes bancarias. Como señala el mismo comunicado del FROB, se trata de dos entidades complementarias desde el punto de vista geográfico, por lo que el sector descarta también que se produzcan distorsiones en la competencia: “Va a ser irrelevante para el mercado”. El FROB justifica la fusión en que es “la mejor estrategia” para recuperar las ayudas públicas inyectadas en ambos bancos, tanto por esos 401 millones adicionales como por la “sinergias” que generaría la operación y que también “podrían ser capitalizadas”. El FROB las cifra en 616 millones de euros por el 100% de BMN.

Sin embargo, eso no significa que el Estado vaya a recobrar el dinero público invertido en sanear Bankia y BMN. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri recibió 22.424 millones de euros para su rescate, mientras que BMN consiguió 1.645 millones. Un total de 24.069 millones de euros. El Estado, a través del FROB, posee el 65,9% y el 65% de las acciones de las dos entidades, respectivamente. Hasta el momento, Bankia ha devuelto un total de 1.835 millones de euros, sólo el 8,1% del rescate. De esa cantidad, 1.304 millones corresponden a la venta en Bolsa del 7,5% de su capital en febrero de 2014. Otros 128 millones proceden del dividendo que recibió el FROB por los beneficios obtenidos en 2014 y 194 millones más por el de 2015. Finalmente, el porcentaje que le corresponde al Estado como accionista del dividendo de 2016 asciende a 209 millones de euros.

La mitad de las ayudas públicas recibidas

Bankia vale en Bolsa 12.173 millones de euros, por lo que el 65,9% que el FROB –el Estado, todos los contribuyentes– posee de la entidad vale ahora unos 8.022 millones de euros. El 65% de los 1.300 millones en que se ha fijado el precio de BMN son 690 millones más. Es decir, el Estado podría sacar vendiendo hoy ambas entidades 8.712 millones de euros. Si a esa cifra se le suman los 1.835 millones ya devueltos por Bankia, el Estado recuperaría 10.547 millones. Añadiendo los 401 millones adicionales calculados por el FROB y los 616 millones de sinergias capitalizadas, la cantidad total ascendería a 11.564 millones de euros. Aún menos de la mitad de los 24.069 millones de euros públicos utilizados en rescatar a Bankia y BMN.

Coincidiendo con el anuncio de la fusión, las acciones de Bankia subieron en Bolsa este miércoles un 3,22%, por lo que el valor de cada título alcanza los 1,057 euros, aun así muy lejos de los 1,58 euros a que cotizaba en febrero de 2014 cuando el FROB hizo la primera y única venta de una pequeña parte de sus acciones.

Es decir, en tres años la acción de Bankia ha perdido un 33% de su valor. El FROB pretende colocar en el mercado “paquetes accionariales” de las entidades fusionadas “aprovechando los momentos más favorables de mercado” antes de diciembre de 2019, el plazo que se ha fijado el Gobierno para la completa privatización de la entidad. El fondo asegura que de esta forma “optimizará” la capacidad de recobrar las ayudas públicas concedidas a Bankia y BMN. Pero, para acercarse a un porcentaje “óptimo” de recuperación, los beneficios de ambos bancos y su valor en Bolsa deberían "multiplicarse por cifras casi imposibles", según explican las fuentes del sector consultadas: recuérdese que el actual importe bursátil de Bankia equivale sólo a la mitad de las ayudas públicas que recibió.

Las fuentes del sector apuntan también que Bankia tiene capacidad suficiente para hacerse con BMN y, de hecho, el mercado ya ha descontado que no necesitará una ampliación de capital –operación que la Unión Europea no le permitiría hacer, en cualquier caso, antes de julio–. Sí precisará de la luz verde de las autoridades de competencia de Bruselas.

Habrá recortes de plantilla

Además, habrá otros costes. “Los de la restructuración”, advierten en el sector. Los sindicatos se han apresurado a exigir el mantenimiento del empleo en Bankia y BMN. Fuentes de UGT en la primera entidad no descartan que la fusión implique recortes del plantilla. “Exigiremos que se hagan con medidas lo menos traumáticas posible, con prejubilaciones y traslados, sobre todo teniendo en cuenta los muchos esfuerzos hechos ya en los dos bancos”, explican. Bankia ejecutó en 2012 el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del sector financiero español, que afectó a 4.500 trabajadores, entre despidos y venta de unidades de negocio completas. Cientos de los despidos terminaron en los tribunales. El Supremo aún está pendiente de dictar sentencia en algún caso y el Tribunal Constitucional debe dictaminar igualmente sobre los recursos de amparo presentados por cuatro trabajadores. Mientras, BMN ha sufrido tres ERE desde 2010, que han recortado su plantilla a la mitad.

El problema estriba en que, pese a la complementariedad geográfica de ambas entidades, en Alicante, también en Murcia, sí se pueden producir duplicidades –Bankia integra la antigua red de Bancaja en la Comunidad Valenciana–. Igualmente estarán en el centro de la diana los servicios centrales de BMN. Además, el banco que preside Carlos Egea se apoya aún más en sus oficinas de lo que lo hace Bankia, lanzada sin freno a la transformación digital del negocio. En 2015 puso en marcha sus oficinas multicanal, con gestores remotos que dan asesoramiento personalizado a clientes digitales. Además, una vez fusionadas las empresas, habrá que equiparar las condiciones laborales de ambas plantillas. Las secciones sindicales de UGT en ambos bancos ya empezaron a intercambiar información sobre sus plantillas el pasado mes de septiembre, cuando el FROB reveló su intención de comenzar el proceso.

Tras la reestructuración sufrida, Bankia cuenta con una red de 1.866 sucursales y BMN, con 660. La plantilla de la primera incluye a 13.505 empleados, a los que la segunda añadirá otros 4.029. La entidad resultante seguirá siendo la cuarta del ránking nacional, tras Santander, BBVA y Caixabank. Sumará 190.167 millones en activos de Bankia y 38.874 millones de BMN. Éste aportará al nuevo banco un 20% tanto de los depósitos –22.600 millones– como de los créditos –22.465 millones– que posee Bankia.

La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha acordado que la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) es la "mejor estrategia" para optimizar la capacidad de recuperación de las ayudas públicas ante un futuro proceso de desinversión, por lo que ha comunicado a ambas entidades este acuerdo a fin de que inicien las actuaciones necesarias, según ha informado Europa Press.

Esta decisión del FROB se basa en los análisis y estudios encargados a AFI y Société Générale, según ha comunicado el organismo este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras recibir la correspondiente comunicación del FROB, Bankia ha informado al supervisor de que someterá próximamente a su consejo de administración el inicio de las actuaciones necesarias para llevar a cabo un análisis independiente de la operación.

Asimismo, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha señalado que no se ha tomado ninguna decisión hasta el momento y que "en la actualidad no existe acuerdo o propuesta de ningún tipo relativa al análisis de los términos de una posible fusión".

En todo caso, Bankia recuerda que el proceso de fusión requeriría, además de la aprobación por los consejos de administración de ambas entidades y de sus juntas de accionistas, el cumplimiento de los requerimientos legales establecidos por la normativa nacional y comunitaria aplicable.

Por su parte, BMN ha informado a la CNMV de que, recibida la comunicación del FROB, procederá "de manera inmediata" a iniciar los trabajos necesarios para el análisis de la operación, "teniendo siempre en cuenta la defensa de los intereses de todos sus accionistas, y con pleno respeto a la legalidad y a los trámites exigibles".

Al igual que en el caso de Bankia, BMN asegura que no se ha tomado ninguna decisión hasta el momento y que la fusión debería ser aprobada por los consejos de administración y junta de accionistas de las dos entidades.

El Gobierno recurrirá a la privatización de Bankia y BMN, donde mantiene una participación aproximada del 65%, para devolver "la mayoría" del préstamo que pidió al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) por valor de 60.000 millones de euros para sanear el sistema bancario, informa Europa Press.

Así lo comunicó en el Pleno del Congreso el ministro de Economía, Luis de Guindos, al ser preguntado por el diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Xavier Domènech sobre las medidas que se llevarán a cabo para recuperar este crédito.

"Al FROB le queda el 65% de Bankia y BMN, dos bancos que valen mucho dinero y que vamos a ir privatizando para ir recuperando la mayoría", manifestó.

El ministro defendió la inyección de liquidez llevada a cabo, con la que se ha conseguido "sanear y reestructurar el sistema financiero español" y sin la que "los depositantes tendrían que haber pagado el agujero".

"Aparte de haber sido injusto, eso habría generado una situación de desconfianza y llevado a que la situación de crisis en España no hubiera sido la que hemos vivido, sino mucho más grave", argumentó.

Además, destacó que países de alrededor que se vieron en situación similar y no pidieron ese rescate no han experimentado la recuperación ni el crecimiento económico que España y que "los analistas internacionales dicen que el principal factor de crecimiento en el país es el saneamiento del sector financiero".

Por otra parte, recordó que el Gobierno del PP ha sido el responsable no solo del saneamiento del sistema financiero, sino de la mejora de la gobernanza económica de las entidades, de la limitación del sueldo de los banqueros y de la comunicación a la Fiscalía de más de 70 casos en los que había prácticas "que teóricamente podrían ser susceptibles de haber contravenido alguna normativa".

De Guindos ya anunció ayer las intenciones de continuar con la amortización anticipada del préstamo del MEDE, alcanzando los 10.000 millones de devolución anticipada a finales de 2017.

Para la desinversión en Bankia y BMN, el Gobierno dispone de un plazo de dos años, aunque el FROB todavía está valorando qué opción es más interesante para los contribuyentes, si vender las dos entidades de forma individual o fusionarlas para su venta combinada.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) está estudiando la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), además de otras alternativas, como medio para reordenar sus entidades de crédito participadas.

"A fecha de hoy, se trata exclusivamente de una actuación de estudio sin que, hasta el momento, se haya tomado decisión alguna para que la mencionada transacción se lleve a cabo. De tomarse alguna decisión, se realizaría el correspondiente anuncio", señala Bankia en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), informa Europa Press.

La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha precisado que cualquier posible operación de integración "se realizará con la finalidad de maximizar el valor del grupo" para todos sus accionistas y optimizar la capacidad de las ayudas públicas.

En cualquier caso, la medida, que fue adelantada por Cinco Días, tendrá que ser adoptada por el nuevo Gobierno. Y no sólo por el hecho de que el Ejecutivo está en funciones: Bruselas no permite a Bankia realizar operaciones corporativas hasta junio de 2017. De ser elegida BMN, la entidad de Goirigolzarri, con unos activos que superan los 200.000 millones de euros, absorbería a esta entidad, resultado de la fusión de Caja Murcia, Sa Nostra y Caja Granada y que suma activos por valor de 40.000 millones. Si Bankia recibió 22.000 millones en ayudas públicas para su rescate, BMN percibió 1.645 millones de euros del Estado. 

Para devolver ese dinero, la idea inicial era sacar a Bolsa BMN, pero la situación de los mercados y de las propias cuentas de la entidad han descartado esa opción. La fusión con Bankia, que necesita la aprobación de las autoridades de la competencia de Bruselas, supondría que el banco de Goirigolzarri pagara unos 1.000 millones de euros, según los cálculos de la firma de análisis N+1.

La operación aumentaría hasta el 10% la cuota de mercado de Bankia, en la que el Estado cuenta con una participación del 64%, casi el mismo porcentaje en que participa en BMN –65%–.

Un rumor desde el pasado verano

La eventual fusión entre ambas entidades estaba presente en los círculos financieros desde antes del verano. De hecho, el presidente de Bankia llegó a afirmar que la operación tendría "sentido industrial" y desde un punto de vista de negocio, al considerar que ambos bancos son "complementarios" por su red de distribución.

Durante su intervención en los cursos de verano organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el banquero insistió en que cualquier tipo de operación corporativa debe respetar los intereses de los accionistas minoritarios de ambas entidades.

El Banco Central Europeo (BCE) dejó en marzo los tipos de interés en el 0%. Dinero más barato que nunca, pues. O eso se podría pensar con los préstamos personales que ofrecen La Caixa, BMN y Globalcaja. Los tres al 0% TIN (Tipo de Interés Nominal). Pero muy lejos de ser gratuitos. Que el BCE preste dinero a los bancos al 0% no significa que las entidades lo regalen después a sus clientes. De hecho, el TAE (la Tasa Anual Equivalente, el precio real del préstamo, que añade al TIN los gastos y las comisiones) del Préstamo Estrella Exprés de La Caixa alcanza el 10,64%. El del Préstamo Ahora de BMN llega al 5,6%. Y el de Globalcaja –resultado de la fusión de las cajas rurales de Ciudad Real, Albacete y Cuenca–, un 6,74%.

Así, el TAE medio de los préstamos personales concedidos en España en marzo de este año, las últimas cifras que ofrece el Banco de España, asciende al 8,64%. Ha bajado desde un máximo del 10,99% en 2008, antes de la crisis, pero aún dista de haber tocado fondo, según los expertos consultados por infoLibre. Debería bajar más, no sólo porque a los bancos no les cuesta nada el dinero que toman prestado del BCE y éste, además, está forzándoles a aumentar el volumen de créditos –cobrándoles por guardarles el dinero en sus arcas–. También por el mismo efecto de la competencia entre las entidades, ahora volcadas en el segmento del préstamo personal y de la hipoteca a tipo fijo, en vista de que el euríbor anda hundido en tasas negativas.

Según la clasificación que elabora el portal kelisto.es, el préstamo con el menor TIN del mercado es el que ofrece Liberbank, con un 4,95%, que se convierte en un 5,95% TAE. Y el del Banco Caixa Geral, con un TIN del 5,5%, que aumenta hasta el 5,95% TAE porque cobra una comisión de apertura del 1%. Otras entidades, como Catalunya Caixa, incluso han subido del 6,95% al 7,45% el TIN de su préstamo personal –8,769% TAE–.

“Hay que tener en cuenta la situación económica del país: las cifras de paro son aún muy altas y el empleo que se crea incluye salarios bajos, por lo que el riesgo para los bancos es todavía muy elevado”, explica un analista de kelisto.es, “así que se cubren con tipos altos”.

Además, la banca está atenazada por unos márgenes que no despegan precisamente por culpa de esos bajos tipos de interés. Para combatir esa escasa rentabilidad intentan aumentar el volumen de crédito de concedido, pero hasta el momento no lo han conseguido en la medida suficiente, explica Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas frente a la Crisis. La banca ha concedido a las familias un total de 163.526 millones de euros en préstamos personales a fecha de abril, un 3% más que un año antes.

Comisiones y múltiples productos añadidos

Así que, en los préstamos personales, donde los bancos carecen de la garantía de un inmueble para protegerse como en los hipotecarios, los tipos son más elevados que en estos últimos. Y aprovechan las comisiones y el añadido de obligar a contratar otros productos financieros de la entidad para sacar el máximo partido a estas operaciones. Según kelisto.es, el 60% de los préstamos personales del mercado cobran comisiones de apertura. Calcula que su coste medio es del 1%. Pero La Caixa pide una comisión de apertura y estudio del 4,5% y la de Globalcaja alcanza el 4%.

En el caso de la oferta del Banco Caixa Geral, la comisión de apertura es del 1%, pero exige que el cliente domicilie una nómina, al menos dos recibos y contrate una tarjeta de crédito o débito. La de Liberbank también incluye una comisión de apertura del 1%, al tiempo que pide al cliente no sólo que domicilie una nómina y dos recibos, sino también que contrate una tarjeta de crédito y un seguro de vida. Además debe elegir entre un plan de pensiones, un seguro de protección de pagos y un seguro de coche. En resumen, le exige que adquiera todo un catálogo de productos financieros a cambio de un préstamo que no puede superar los 40.000 euros.

“Los bancos están muy enfocados hacia el buen cliente, el que ya tienen. Por eso hay préstamos preconcedidos y otros, por el otro contrario, que sigue siendo muy caros”, destaca la analista de kelisto.es. Por ejemplo, Uno-e, la banca online del BBVA, concede préstamos personales con un TIN del 6% –del 6,94% al 14,61% TAE, dependiendo de la cuantía solicitada– a clientes que tengan la nómina o tres recibos domiciliados desde hace al menos tres meses.

Las hipotecas bajarán un cuarto de punto más

En los préstamos hipotecarios, los tipos son mucho más bajos. Según el Banco de España, el TAE medio era en marzo del 2,29%, también en mínimos históricos tras desplomarse desde el 5,83% de 2008. Kutxabank ofrece una hipoteca con un interés del 0,90%, pero al tiempo exigen al cliente que contrate cinco productos añadidos: nóminas domiciliadas con un importe mínimo de 3.000 euros, un consumo en comercios con sus tarjetas por valor de 4.800 euros al año, una aportación a un plan de pensiones por otros 2.000 euros anuales, un seguro del hogar de 61.287 euros y un seguro de vida.

ING Direct, Banco Mediolanum, Santander y Liberbank también tienen préstamos hipotecarios con tipos del 0,99%. Eso sí, para protegerse del bajo euríbor, los bancos aplican un interés de salida, fijo, durante una media de 13,6 meses, explica kelisto.es, por un valor medio que calcula en el 1,75%; es decir, superior al que tendría si usara el tipo variable y que se traduce en unos 650 euros más.

Julio Rodríguez augura un año más de política monetaria expansiva del BCE y, por tanto, de bajísimos tipos de interés. Por eso cree que los tipos aplicados a los préstamos hipotecarios aún pueden recortarse más, hasta “un cuarto de punto”. Una mala situación, recalca, para el negocio bancario.

El Gobierno en funciones no ha tomado aún una decisión sobre una posible fusión entre las entidades nacionalizadas Bankia y BMN,BankiaBMN,ambas controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y dejará este asunto en manos del próximo Ejecutivo, según informaron este lunes fuentes de Economía a Europa Press.

"No es una decisión tomada y no corresponde tomarla a un Gobierno en funciones. En todo caso deberá ser el próximo Ejecutivo el que tome una decisión al respecto", han explicado las mismas fuentes.

Según han publicado en los últimos días varios medios digitales, el FROB estaría negociando con la Comisión Europea para obtener su visto bueno Comisión Europea a una posible fusión entre Bankia y BMN, donde el Estado, a través del FROB, posee un 64% y un 65%, respectivamente.

Bankia tuvo unos beneficios de 1.040 millones de euros en 2015, un 39,2% más que el año anterior. Esa cifra le permitirá repartir entre los accionistas un dividendo de 302 millones. De ellos, 194 irán a parar a las arcas públicas, puesto que el 64,2% del capital de Bankia es propiedad del Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así, hasta el momento, Bankia ha devuelto 1.626 millones de euros, sólo el 7,2% del dinero público que recibió en 2012 para sanear sus cuentas.

“Nos vamos a seguir dejando la piel [para devolver las ayudas públicas]”, prometió este lunes el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, tras presentar los resultados de la entidad. Hasta ahora, el Estado ha recuperado 1.304 millones de euros gracias a la venta, en febrero de 2014, del 7,5% del capital de Bankia. También recibió otros 128 millones correspondientes al dividendo de 2014. Y ahora se le pagarán los 194 millones de euros del dividendo de 2015. Como queda dicho, la suma es tan sólo una pequeña parte de los 22.424 millones de euros que el Estado le dio para salvarla de la quiebra.

El FROB puso a la venta el 7,5% del capital de Bankia en febrero de 2014, a un precio de 1,5 euros la acción. El objetivo es terminar vendiendo toda su participación. Pero, hasta el momento, no se ha repetido la operación, en vista del bajo precio de las acciones de Bankia en Bolsa. Este lunes cerró a sólo 0,93 euros, aupada por la presentación de beneficios, aunque llegó a caer hasta 0,87 euros en el último año. En principio, la fecha límite para privatizar Bankia es el 31 de diciembre de 201731 de diciembre de 2017. “Es decisión del propietario [el FROB] decir cuándo, a qué precio y cómo se privatiza, pero ahora no es el mejor momento para hablar con las autoridades”, apuntó Goirigolzarri este lunes sobre la ausencia de Gobierno.

El Estado aumenta su participación en Bankia

Curiosamente, la participación del Estado en Bankia no hace más que aumentar. Las numerosas sentencias judiciales que condenan a la entidad por el engaño de las preferentes o la salida a Bolsa –el Supremo acaba de anular la compra de acciones de Bankia por las “graves inexactitudes” del folleto de la oferta pública–, obligan al banco a devolver la inversión y a recomprar las acciones fruto del canje obligatorio. A finales de 2014 el FROB poseía el 62% del capital y ahora ya es el propietario del 64,2%. Bankia ha tenido que asumir unos 253 millones de acciones.

Al tiempo, dos de los fondos con mayor participación en el capital, Europacific Growth Fund (Eupac) y Capital Research and Management Company, han reducido su participación desde 2014 por debajo del 3% –superaban el 5% cada uno–. El capital privado de Bankia se lo reparten inversores institucionales españoles –un 4,94% a 30 de noviembre de 2015–, minoristas –que han pasado de casi el 22% en 2013 a menos del 13% a finales del año pasado por las sentencias judiciales– e inversores institucionales extranjeros como los dos fondos antes citados. Éstos rebajaron su participación en 2015 en casi un punto porcentual, tras haberla nada menos que quintuplicado el año anterior.

Hasta el momento, un total de 49 inversores institucionales han presentado demandas contra Bankia. Para hacer frente a los litigios que le esperan por la salida a Bolsa, la entidad ha provisionado 1.840 millones de euros.

El mismo exiguo porcentaje de devolución en el resto 

Ese 7,2% reingresado por Bankia es casi el mismo exiguo porcentaje con que el Estado ha recuperado el dinero del rescate a todo el sistema bancario español. De los 53.553 millones de euros53.553 millones de euros aportados desde 2009, el Estado ha recobrado sólo 2.666 millones, a los que habría que sumar los 1.304 de la venta de acciones de Bankia antes citada. Es decir, 3.970 millones, un 7,4%, según los datos de la última nota del Banco de España sobre las ayudas a la restructuración bancaria, fechada el pasado mes de mayo.

De esos 2.666 millones, 977 millones los devolvió Caixabank en abril de 2013 y corresponden a ayudas recibidas por Banca Cívica –resultado de la fusión de Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja de Burgos y luego absorbida por la entidad catalana–; otros 782 millones proceden de la venta de la participación del Estado en Catalunya Banc,783 millones más de la venta de Novacaixagalicia, y 124 millones amortizados por Liberbank de una emisión de obligaciones convertibles en acciones.

Cascada de millones para el rescate

En cualquier caso, son unas cifras muy alejadas de las cantidades aportadas por el Estado: 12.052 millones a Catalunya Banc y 8.982 millones a Novacaixagalicia, hoy Abanca tras haber sido vendida al venezolano Banesco. Catalunya Banc ha terminado en manos del BBVA. A Banco Mare Nostrum –resultado de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra– le otorgó el FROB 1.645 millones de euros y a CEISS –la antigua Caja España –Duero, hoy absorbida por Unicaja–, 1.129 millones. Caja 3 –Caja Inmaculada, Caja Círculo y Caja de Badajoz– se llevó 407 millones y Liberbank –Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura–, 124.

Además, el Estado concedió a las entidades avales por un importe de 110.895 millones que han sido devueltos en un 95%, y garantías en forma de Esquemas de Protección de Activos (EPA) de los que el FROB calcula una pérdida de 1.039 millones de euros. La suma se amplía con las garantías adicionales que el FROB concede para la cobertura de contingencias como posibles reclamaciones por las preferentes: 1.553 millones. Y con las líneas extraordinarias de crédito que habilitó el Estado por un máximo de 16.300 millones, que ya han sido canceladas. La cuenta termina con 2.192 millones de euros aportados a la Sareb, el banco malo, y 45.028 millones concedidos en forma de avales públicos a la deuda emitida por éste.

Hay que recordar que España solicitó en junio de 2012 el rescate financiero, integrado por una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros. De estos fondos se pidieron finalmente 40.000 millones, y de ellos se han devuelto ya al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) más de 5.600 millones, un 15%, según el informe de evaluación elaborado por la Comisión Europea y publicado el pasado 29 de enero.

Tanto los responsables del Banco de España y el ministro de Economía, Luis de Guindos, en sus declaraciones públicas, como el propio FROB en sus cuentas han dado por perdidos los miles de millones entregados por el Estado a las entidades financieras rescatadas. Ya lo advirtió el propio Goirigolzarri en fechas tan tempranas como mayo de 2012. “El Estado va a inyectar capital en Bankia y la obligación de una compañía cuando recibe capital, sea de quien sea, no es devolver dicho capital, sino ser capaz de generar valor y ofrecer rentabilidad a esa aportación”.

La banca española mantiene congelado el nuevo proceso de concentración y fusión de entidades financieras por las elecciones generales y por la incertidumbre ante la posibilidad de que del 20-D surja un gobierno de izquierdas que altere alguna de las piezas del puzzle bancario. Desde el Banco de España y en fuentes del sector admiten que en el primer trimestre de 2016 arrancará en cualquier caso una reestructuración obligada por las nuevas exigencias regulatorias de Basilea III y condicionada por unos tipos de interés en mínimos históricos que estrechan los márgenes de la rentabilidad bancaria. Ese proceso de concentración significará también, como temen los sindicatos, el cierre de miles de oficinas y el despido de más de 30.000 empleados.

El resultado que salga de las urnas no paralizará en ningún caso los planes de fusiones en el sector financiero, pero si los movimientos previstos en principio para este otoño se han aplazado es sobre todo por razones políticas. Desde el Gobierno y el PP, no interesaba que en vísperas de elecciones se produjeran tensiones en los llamados “mercados” y mucho menos que surgieran conflictos laborales con la pérdida de puestos de trabajo en un sector sensible que además se interpreta como una especie de barómetro de si hay crisis o “recuperación”. Desde la propia banca confirman además que “la incertidumbre sobre la formación del próximo Gobierno aconseja esperar y comprobar si el resultado afecta a alguna de las piezas del tablero”, en palabras del portavoz de uno de los grandes bancos.

En realidad ese resultado influiría fundamentalmente en el futuro de Bankia, la entidad cuyo saneamiento ha costado ya más de 22.000 millones de euros a las arcas públicas tras provocar en 2012 el rescate concedido por la troika con la exigencia de medidas concretas de política económica al Gobierno de Mariano Rajoy. No es lo mismo que Bankia salga a subasta con sus números saneados, libre de deudas y a un precio atractivo (incluso de saldo) para varios compradores o que se mantenga como banca pública. O que sólo se privatice con la exigencia de que los contribuyentes recuperen todo o buena parte de lo “escotado”. En el dibujo final del nuevo mapa bancario no es un asunto menor, y depende en buena parte de si sale de las urnas un Gobierno partidario de una opción u otras.

Los grandes y los "siete enanitos"

Uno de los presidentes de banco que más claro han hablado sobre la inminente “revolución” del sector es Ángel Ron, del Banco Popular. En una entrevista en La Nueva España en septiembre pronosticó que pronto habrá “más concentración” y que en España “es probable que las entidades más rentables sobrevivan y acaben absorbiendo a las demás”. En la realidad de la banca tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el rescate de las cajas, las seis “grandes” entidades son Santander, Caixabank, BBVA, Bankia, Popular y Sabadell. En todos los pronósticos de macrofusiones se da por hecho que a medio plazo esas seis entidades quedarían en tres.

Pero previamente, y arrancando incluso desde enero próximo, se producirán operaciones de compra o absorción de peces grandes a otros mucho más chicos. Siete entidades, conocidas como “los siete enanitos”, están bajo la lupa: Liberbank, Ibercaja, Bankinter, Abanca, BMN (Banca Mare Nostrum), Kutxabank y Unicaja. Esos primeros “bocados” sólo precisan el acuerdo de los consejos de administración implicados y la autorización del Banco de España, de modo que su ejecución sería relativamente rápida. Operaciones de mayor enjundia necesitarían la supervisión y aprobación del BCE y de los supervisores comunitarios.

Esta misma semana se ha conocido el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España. Después de recordar las exigentes condiciones regulatorias de Basilea y el elevado volumen de activos tóxicos aún presentes en los balances de los bancos, en su página 13 refleja que el sector bancario “ha dejado atrás las pérdidas muy elevadas de 2012” y ha vuelto a generar beneficios a sus accionistas. A continuación dice literalmente el Banco de España: “en estas condiciones, las entidades deberán ajustar su modelo de negocio y, cuando sea preciso, su estrategia corporativa, con objeto de adecuar su organización y estructura a un entorno económico y regulatorio muy exigente”. Para entendernos, “adaptar la estrategia corporativa” es un eufemismo de comprar o ser comprado, mientras que si una entidad decide sostenerse por sí misma lo que hace es seguir una “estrategia de crecimiento orgánico”.

En 2014 la banca española ganó 9.384 millones de euros, un 35% más que en 2013, sumando así dos años de beneficios. En el tercer trimestre de este 2015, sólo entre los cuatro mayores bancos (Santander, BBVA, Caixabank y Bankia) obtuvieron unas ganancias de casi 8.700 millones, de los cuales 5.106 corresponden a los beneficios netos publicados por el Santander. Sin embargo, los bajos tipos de interés, próximos a cero y sin perspectivas de subidas a medio plazo por la debilidad de la actividad económica, y las duras exigencias regulatorias sobre el capital bancario estrechan el horizonte de rentabilidad del negocio. Lo que imponen los acuerdos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea III fundamentalmente son mayores requisitos de capital para generar “colchones” contracíclicos, es decir para prevenir nuevas crisis que puedan poner en riesgo la liquidez de las entidades. Además se amplían las condiciones de transparencia, las exigencias de provisiones y se impone una nueva normativa contable (IFRS9). Todo ello impactará en la rentabilidad del negocio precisamente cuando el supervisor (tanto el Banco de España como el BCE) pone el énfasis en que esa rentabilidad debe superar el coste de capital. La vía tradicional de exprimir a los clientes vía comisiones en cualquier tipo de operación tiene el techo de cristal.

Despidos y cierre de oficinas

En el momento clave del estallido de la burbuja inmobiliaria y el consiguiente crack financiero, en otoño de 2008, el sector bancario tenía 278.121 empleados. A 31 de diciembre de 2014 eran 208.659. Es decir que la crisis se había llevado por delante 70.000 empleos en entidades de ahorro y de crédito. “A finales de 2015 es probable que ya bajemos de 200.000 trabajadores”, pronostica Juan José Giner, responsable de banca en Comisiones Obreras.

Es imposible hacer cálculos precisos sobre el nuevo recorte al empleo que supondrá la reestructuración que se iniciará tras el 20-D, porque depende en parte de las operaciones concretas de compras, absorciones o fusiones que se vayan produciendo, pero “no sería descabellado pensar que hablamos de la amenaza sobre más de 30.000 puestos de trabajo”, reconoce el responsable del sector financiero en UGT, Sebastián Moreno.

En los sindicatos son conscientes de las exigencias de Basilea y la presión para una mayor concentración bancaria a escala europea, pero denuncian no sólo los riesgos para el empleo sino el carácter ideológico de la futura reestructuración. “Ya está ocurriendo pero con ella se afianzará el modelo de oligopolios financieros similares a los que se han impuesto en otros sectores como el energético o las eléctricas”, advierte Moreno, que además incide en “lo injusto” de que vuelvan a pagar el precio de esas decisiones “precisamente quienes han sufrido el paro, los recortes y además han dado la cara en las oficinas ante un montón de gente indignada por la gestión de la crisis bancaria”.

Un portavoz de una de las principales entidades reconoce también que las futuras fusiones o absorciones supondrán recortes de empleo. “La reducción del número de oficinas y de puestos de trabajo en la primera fase de reordenación bancaria ha sido insuficiente”, mantiene la citada fuente, que calcula que puede afectar a otro 20% de la actual plantilla total en el sector financiero. Lo justifican los bancos no sólo por las exigencias de un mayor tamaño de cada entidad sino también por lo que implica el desarrollo de la banca digital y los nuevos canales de relación con los clientes.

Los sindicatos se remiten a los datos para recordar que es cierto que España tiene un número de oficinas bastante superior a la media europea, pero también que en número de empleados estamos muy por debajo de esa media. De hecho España es uno de los países a la cola en el ránking de empleados bancarios por cada 1.000 habitantes. “El modelo de oficinas con tres, dos o incluso un solo empleado es lo que explica esos datos; y es erróneo continuar reduciendo el número de profesionales, que son precisamente los que pueden potenciar el crédito”, argumenta Juan José Giner. Los representantes de los empleados de banca sostienen que la banca por Internet está por llegar y falta muchísimo. “Yo no daría un crédito hipotecario por internet, ni tampoco lo pediría”, concluye Giner.

La política y las quinielas

Pese a los múltiples vaticinios que, especialmente en medios económicos, se manejan sobre posibles fusiones concretas, hasta el momento sólo existe la seguridad de que primero se abordarán las operaciones que afectan a los llamados “siete enanitos” y hay margen para abordar acuerdos que unan a varios de los grandes bancos entre 2016 y 2018, fecha tope para algunas de las exigencias más duras de Basilea III.

Las fuentes consultadas en distintas entidades coinciden en resaltar que el rescate de Bankia y su futuro condicionan los planes concretos de fusiones o adquisiciones en el sector. Y desde medios sindicales se advierte de un riesgo importante que tampoco niegan los portavoces de la banca: la ciudadanía ha “tragado” con los rescates de cajas valencianas, catalanas o gallegas, que han costado como mínimo 61.366 millones de euros al erario público, y con operaciones de privatización de las mismas que han significado “verdaderos regalos” a los compradores, como denuncian los portavoces sindicales. El caso Novagalicia es muy claro: el Estado inyectó 9.050 millones de euros para reflotarla y se vendió al venezolano Banesco por 1.000 millones para transformarla en Abanca. En el sector se ha atribuido esa operación al empeño político del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en favor del aspirante venezolano y en perjuicio de ofertas de otras entidades españolas.

Lo cierto es que nadie quiere imaginar que se repita una operación similar con Bankia. “No es fácil que la sociedad acepte sin más que Bankia se regale a alguien por 5.000 millones después de que hemos pagado entre todos 22.000, y menos cuando seguimos conociendo por capítulos el escándalo de la gestión de Rato, Blesa y demás”, afirma Juan José Giner. Y lo reconocen también las fuentes consultadas en la banca: “no puede repetirse la fórmula de sumar manzanas podridas para generar un cesto disparatado”.

Aunque no haya quinielas precisas, en el sector hay algunos parámetros que se dan por seguros. Uno, que el BCE no quiere fusiones entre bancos pequeños. Dos, que Santander y BBVA tienen más interés en bancos que en antiguas cajas (como Unicaja, Liberbank o Ibercaja). Y tres: que por mucho que algunos medios lo hayan publicado, a Caixabank no le interesa el Sabadell, porque no son complementarios en territorios sino que además habría múltiples duplicaciones en redes de oficinas.

La próxima nueva reestructuración de la banca espera por tanto que pase el 20-D y se despeje la incógnita de si una posible coalición de izquierdas apostaría por una banca pública pilotada por Bankia. Pero hay una coincidencia absoluta, tanto en la cúpula bancaria como en medios sindicales: a partir de enero empezarán los movimientos que en dos años pueden dejar un mapa bancario mucho más reducido en número de entidades y de trabajadores. Un proceso encaminado también a reforzar un nuevo oligopolio.

El Banco Mare Nostrum (BMN) no detectó durante el año en que el hoy ministro Luis de Guindos presidió su comité de auditoría las cinco operaciones irregulares enviadas ahora por el FROB a la Fiscalía. Y no lo hizo porque, según BMN, en esa primera etapa de la vida de la nueva entidad bancaria –de diciembre de 2010 al mismo mes de 2011– sólo se analizaron los grandes números de la fusión, entonces aún no completada en todos sus aspectos.

Cuando en 2012 el banco ya alcanzó plena operatividad, pudo comenzar las auditorías específicas y el encargo de informes periciales –los llamados forensics- como los que ahora han destapado las cinco operaciones denunciadas.

Esas cinco operaciones, confirmó BMN, son anteriores a 2009, ocasionaron un perjuicio económico que el FROB cifra en 175 millones y se relacionan con créditos inmobiliarios o de compra de acciones en empresas participadas.

Por qué es el FROB el que acude a la Fiscalía y no BMN se explica por lo siguiente: con 1.600 millones de ayudas públicas recibidas, el FROB, el fondo público de reestructuración bancaria dependiente del Ministerio de Economía, es el accionista mayoritario de Mare Nostrum con el 65% de su capital.

Sa Nostra, Caixa Penedès y Caja Granada

Según BMN, las cinco operaciones objeto de denuncia fueron aprobadas y ejecutadas por tres de las cuatro cajas que luego formaron la entidad bancaria: tres de los créditos que ahora investigará el ministerio público corresponden a la balear Sa Nostra; uno a Caixa Penedès y otro más, el de menor envergadura –una operación de 3,2 millones sin suficientes garantías–, a Caja Granada.

Este es el segundo gran escándalo que afecta a la hoy extinta Caixa Penedès. El primero, destapado en 2011 por el diario La Vanguardia, fue el formidable pensionazo que se habían asignado sus antiguos rectores. El hallazgo se saldó en 2014 con el primer juicio por saqueo de una caja y condenas leves para cuatro exdirectivos a cambio de devolver 28 millones de euros. 

En la lista no hay ningún préstamo o acuerdo de refinanciación bajo sospecha aprobado por Caja Murcia, la mayor de las cuatro entidades de ahorro que primero se unieron bajo el paraguas de un SIP (Sistema Institucional de Protección, una especie de holding financiero de cajas que permitía a sus miembros mantener su autonomía) para finalmente constituir el BMN.

"Nada que ver con el ministro"

De Guindos cesó como miembro del consejo de administración de BMN y presidente de su comité de auditoría en diciembre de 2011, cuando Mariano Rajoy le nombró ministro de Economía.

A preguntas de infoLibre, una portavoz oficial del ministerio se limitó este viernes a señalar escuetamente que las irregularidades detectadas “son anteriores a 2009”. “La fusión con BMN –añadió la portavoz– se produce en 2010, nada que ver el ministro”.

Fuentes de Banco Mare Nostrum ofrecieron explicaciones más detalladas sobre ese "nada que ver": si bien la ficha bancaria le fue otorgada a BMN en diciembre de 2010, “hasta bien entrado 2012 el banco coexistió con las cajas” que habían dado origen a su nacimiento. Mientras eso ocurrió, el comité de auditoría de BMN sólo estudió los estados generales contables de los socios que habían confluido en el banco pero no créditos concretos.

Sólo en Grant Thornton, que adquirió la división de auditoría y asesoría jurídica de Bankia con sus 37 empleados, ya suman siete sentencias de juzgados de lo Social que declaran nulo el acuerdo de externalización por constituir un fraude de ley o los recortes salariales incluidos en él. Se han presentado unas 20 demandas, según explican a infoLibre fuentes de la plantilla. En Promontoria, rebautizada como Haya Real Estate y a la que Bankia vendió su división inmobiliaria –incluidos 457 trabajadores– las demandas interpuestas alcanzan la decena. Y otras tantas han presentado los empleados de Energuia Web, la filial de Accenture que se quedó con el departamento de Recuperaciones.

Pero los pronunciamientos contra esta práctica empresarial han llegado también de instancias superiores. El pasado mes de julio la Audiencia Nacional tumbó el acuerdo por el que Banco Mare Nostrum (BMN) externalizó su área de Operacionestumbó el acuerdo. Fruto de la integración de Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra, BMN traspasó a la citada filial de Accenture, Energuia Web, 150 trabajadores. El pacto establecía recortes salariales de hasta el 35%, el aumento de la jornada anual, la reducción de los días de vacaciones y la supresión del plan de pensiones, entre otras rebajas.

Eso sí, al mismo tiempo incluía una tabla de indemnizaciones muy generosa para quienes prefirieran extinguir su contrato –la ley fija 20 días por año trabajado y el acuerdo ofrecía 30 días más una prima de 10.000 euros y compensaciones adicionales por el recorte salarial o el traslado, si era el caso–, por lo que de los 150 empleados inicialmente previstos, sólo 13 prefirieron quedarse en Energuia Web.

Pues bien, la Audiencia Nacional dictaminó que tal acuerdo es “un pacto frontalmente opuesto a la normativa nacional y comunitaria” que “persigue un fin prohibido por el ordenamiento”: alterar el derecho al “mantenimiento de las condiciones contractuales y convencionales de los trabajadores cedidos [a Energuia Web]”. El tribunal anuló el pacto porque constituye un fraude de ley, dando la razón a la Unió Obrera Balear (UOB), que presentó la demanda contra las dos empresas y los sindicatos firmantes.

Un acuerdo paralizado

Los argumentos de la Audiencia Nacional, apoyados en la normativa de la Unión Europea y en jurisprudencia del Tribunal Supremo, coinciden con los esgrimidos por los juzgados de lo Social, de Barcelona y Valencia, que están anulando las externalizaciones de Bankia: la ley prohíbe modificar las condiciones laborales de los trabajadores antes de que sean cedidos a la nueva empresa. Tiene que ser ésta la que negocie después con sus empleados recién adquiridos el cambio de convenio colectivo y los recortes salariales. Justo lo contrario de lo que ha hecho Bankia en todas sus externalizaciones.

Tanto BMN como Energuia Web han recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. Aunque el banco no ha esperado al fallo, que puede demorarse un año o más. Según la UOB, los 13 trabajadores externalizados han sido “presionados” para firmar un documento donde cada uno de ellos acepta las rebajadas condiciones laborales que incluye el acuerdo anulado.

Mientras, en Grant Thornton y Accenture los trabajadores han denunciado ante los jueces no sólo los pactos de externalización, sino que también exigen recuperar sus antiguas condiciones laborales. Otros han optado por reclamar la rescisión de su contrato por despido improcedente. Fuentes de la plantilla de externalizados en Grant Thornton prevén que el número de demandas siga aumentando. Y recuerdan que el pasado mes de julio los trabajadores llegaron a un acuerdo con la auditora, representada por el despacho de abogados Sagardoy, para rescindir los contratos de todo el personal. “Pero lo paralizaron, no sabemos si Bankia o Grant Thornton”, revelan. También aseguran que los afectados pidieron en su día a los sindicatos que no firmaran el acuerdo de externalización. No les hicieron caso. Los seis pactos fueron suscritos por todos los sindicatos de Bankia, tanto UGT y CCOO como los profesionales –ACCAM, CSICA y SATE–. Sólo CGT lo rechazó.

Cesión ilegal de trabajadores

Otro detalle que, a juicio de los afectados, avala la ilegalidad de las externalizaciones tal y como las diseñó Bankia apunta a un posible delito de cesión ilegal en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. “Mi ordenador, mi teléfono, las aplicaciones informáticas… son las mismas que tenía en Bankia”, repiten los trabajadores de Grant Thornton y Bankia consultados por este periódico. Sólo ha cambiado la oficina, pero el trabajo, recalcan, es idéntico al que hacían en el banco. En el caso de la auditora, además, los jefes ante quienes responden en Bankia siguen siendo las mismas personas que tenían antes de la externalización. Grant Thornton no lleva a cabo ningún tipo de control sobre estos empleados procedentes de Bankia, indican.

Un extremo que confirma el sindicato ACCAM sin proponérselo. En un correo electrónico enviado en mayo a la plantilla de Bankia, denunciaba que los coordinadores de equipo continúan coordinando a los mismos trabajadores de siempre, sólo que éstos ahora están empleados en otras empresas. “Pero mantienen la misma relación de dependencia funcional”, indican. Precisamente una característica que la ley considera constitutiva del delito de cesión ilegal de trabajadores: debería coordinar quien les paga; si no es así, no es su empleador real.

Despidos disciplinarios

Mención aparte merecen los tres despidos que ha ejecutado ya Accenture entre los externalizados de Bankia. Dos en Energuia Web y otro más en Accenture Outsourcing, que adquirió el departamento de Compras y sus ocho trabajadores. Se trata de despidos disciplinarios, los únicos excluidos de la cláusula de salvaguarda que establece el acuerdo de externalización. Según ésta, la nueva empresa no puede despedir a los empleados cedidos en un plazo de dos años –cinco en el caso de Accenture Outsourcing–.

Los despedidos también han demandado a la empresa. Apuntan que la baja productividad que se alega en las cartas de despido no es real; tampoco ha mediado ningún apercibimiento verbal o escrito. Por el contrario, resaltan, el único motivo detrás de la medida es deshacerse paulatinamente de los trabajadores procedentes de Bankia, con sueldos –y antigüedad– que doblan los del resto de sus compañeros en Energuia Web, la mayoría contratados por Empresas de Trabajo Temporal (ETT).Los empleos de Promontoria dependen de la Sareb

También se ha producido un goteo constante de abandonos. Tanto en esta filial de Accenture –nueve personas– como en Haya Real Estate –una veintena– muchos han optado por pactar su salida con los 20 días de indemnización que ofrece la ley a quien no acepte cambios en sus condiciones de trabajo. Y no han sido menores: los recortes de sueldo varían según la empresa, pero en algunos casos alcanzan hasta el 30%, fruto de la rebaja del sueldo fijo y la pérdida de complementos salariales. También se les ha aumentado la jornada laboral, han perdido beneficios sociales o han sido trasladados. De Valencia a Madrid, por ejemplo.

Sobre la plantilla de Haya Real Estate, la externalización de mayor volumen, también la que gozó de mejores condiciones, se cierne ahora una amenaza. La empresa, de la que es consejero uno de los hijos de José María Aznar, está pendiente de que la Sareb (el banco malo) le adjudique de nuevo la gestión de los créditos a promotor de Bankia y los activos del Banco de Valencia que supone el núcleo de su negocio. Si pierde ese contrato, la cláusula de protección frente al despido que incluyó su acuerdo de externalización dejará de funcionar. Los responsables de la empresa han comunicado al comité su “confianza” en renovar la adjudicación, que caduca el 31 de diciembre de este año.

Consultada por infoLibre, Bankia se ha limitado a señalar que las externalizaciones se han hecho “ateniéndose a la estricta legalidad”. También destaca que, gracias a estas operaciones, “se han salvado 1.500 puestos de trabajo [añade a los 616 de las externalizaciones los empleos del National City Bank of Florida, que fue vendido al chileno Banco de Crédito e Inversiones] de los 6.000 que la UE obligaba a recortar”.