El Partido Popular, como también el PSOE y otros partidos políticos, se comprometió en 1998 a “impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas” y a “desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario”. Un compromiso que renovó en 2020, pero que no le impidió beneficiarse del tamayazo, el caso de transfuguismo más célebre hasta la fecha, gracias al cual el PP evitó en 2003 un gobierno de izquierdas en Madrid e inició dos décadas de hegemonía política en la comunidad que todavía continúan. 

El pacto nació precisamente para eso: dificultar que concejales o diputados traicionasen a los partidos que les incluyeron en las listas, favoreciendo gobiernos de signo diferente. Incómodo con esa limitación, el PP se la saltó en más de una ocasión. La última y más sonada, comprando la voluntad de cuatro diputados de Ciudadanos en Murcia para derrotar la moción de censura que este partido, de común acuerdo con el PSOE, había presentado para poner fin a 26 años de gobierno ininterrumpido del PP en la Región.

Esa actuación motivó una resolución de los expertos de la comisión antitransfuguismo que certificó la “condición de “tránsfugas” de los cuatro exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura en Murcia, así como del presidente de esta región, Fernando López Miras, al considerar que fue “inductor y beneficiario” de la conducta tránsfuga de estos parlamentarios.

El pacto contra los tránsfugas, firmado el 7 de julio de 1998 y ampliado en 2020 para extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico, también con el visto bueno del PP, nació para poner freno a las prácticas corruptas que tratan de pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas fichando representantes de partidos rivales para apuntalar mayorías o forzar cambios de gobierno.

No tiene rango de ley y de su incumplimiento no cabe otra consecuencia que un reproche moral. La culpa es de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en su momento estableció que, aunque los diputados y los concejales son elegidos en España en listas cerradas presentadas por los partidos políticos, no pueden ser removidos de sus escaños.

Las consecuencias de la “práctica reiterada” del transfuguismo, sostiene el acuerdo firmado en su día por el PP, “cuando sus efectos suponen la alteración de la representación política durante la misma legislatura, cambiando la orientación de la relación de fuerzas surgida de las urnas, no sólo son perjudiciales para la gobernabilidad, sino que deterioran los fundamentos del sistema político, propiciando disfunciones y comportamientos que pueden instalarse de forma endémica en nuestra vida pública”.

El acuerdo original lo impulsó en su momento Mariano Rajoy siendo ministro de Administraciones Públicas y lo firmaron los representantes del PP, PSOE, Izquierda Unida, Convergència, PNV, Coalición Canaria, BNG y ERC entre otras formaciones.

La renovación del documento en el año 2000 reconocía que, dos años después de su firma, se podía “constatar una significativa reducción del transfuguismo, debida esencialmente, sin duda, a la constancia de los esfuerzos realizados por los partidos políticos para ser consecuentes con el compromiso asumido, y a la creciente condena y estigmatización social de tales conductas”.

 “El transfuguismo supone, desde una perspectiva política y ética, una deslealtad tanto hacia las fuerzas políticas que depositaron su confianza en personas que, posteriormente, acreditan no ser merecedoras de ella, como hacia los electores, que emiten su voto desde la constatación evidente de tal inclusión”.

El pacto se amplió en dos ocasiones. La primera en 2006, estableciendo por primera vez una definición de tránsfuga en el ámbito local que la adenda de 2020 hizo extensible a las instituciones autonómicas: “Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

“Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”.

Si existen dudas, “será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso” para el puesto “quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”.

La segunda adenda del pacto, aprobada hace 14 años, establecía además que las medidas de castigo contra los tránsfugas deben extenderse “a aquellos que se beneficien de su conducta”.

Pedir al PP que volviese al pacto fue precisamente una de las primeras demandas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a Alberto Núñez Feijóo en la primera entrevista que mantuvieron en la Moncloa en abril de 2022, una vez que el expresidente de la Xunta relevó a Pablo Casado. Pero no obtuvo respuesta.

Feijóo no solamente no ha manifestado nunca el menor interés por someterse de nuevo al pacto, del que en la actualidad están fuera el PP y Vox, que nunca lo suscribió, sino que su partido y él mismo llevan semanas alentando una traición en las filas del PSOE apelando a “la conciencia” de los diputados socialistas para que impidan la aprobación de una amnistía, bien haciéndole a él presidente, bien impidiendo la reelección de Sánchez.

Su número dos, Cuca Gamarra, insistió en ello este lunes, a menos de 24 horas del inicio de la sesión de investidura, en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en la que acusó a Sánchez de ser él mismo un tránsfuga pro defender ahora lo que rechazaba antes de las elecciones y en la que evitó expresamente rechazar la posibilidad de que Feijóo sea elegido gracias a una traición como las previstas en el pacto antitransfuguismo.

Según Gamarra, “no hay más transfuguismo” que el de Sánchez. “Yo creo que el mayor ejercicio de transfuguismo que se está produciendo en nuestro país en estos momentos lo está protagonizando Pedro Sánchez. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay mayor transfuguismo que el ideológico que está detrás de haberte presentado con un programa electoral que no recoge la amnistía y estar dispuesto a pactar un Gobierno asumiendo una amnistía”, señaló. Las urnas, aseguró negando la legitimidad del Congreso, “no habilitaron a nadie” a articular una amnistía ni para llevar a cabo el préstamo de diputados a Junts que permitió a esta formación contar con grupo parlamentario propio.

El último ejemplo de transfuguismo notorio a escala nacional lo protagonizó también el PP de Casado, pero sus consecuencias llegaron hasta Feijóo. Fue su dirección la que consumó el premio a los dos tránsfugas de UPN que a punto estuvieron de dar al traste con la reforma laboral al darles cobijo en sus listas.

Ficharlos supuso una flagrante violación del pacto antitransfuguismo, que prohíbe expresamente a los partidos “admitir” a concejales o diputados elegidos en una lista diferente “mientras mantengan el cargo conseguido en su partido original”. Es decir: admitir a Sergio Sayas y a Carlos García Adanero en el PP incumplió el pacto contra el transfuguismo porque previamente no renunciaron a sus escaños en el Congreso.

Ambos fueron expulsados de UPN después de incumplir el acuerdo que su partido había suscrito con el Gobierno para apoyar en el Congreso la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los dos diputados, conscientes de que sus votos eran decisivos, engañaron deliberadamente al Ejecutivo diciéndoles que votarían a favor de la iniciativa con la intención de causarle una inesperada derrota.

Sin embargo, el azar hizo que la votación saliese adelante sin su apoyo gracias al error cometido por un diputado del PP, Alberto Casero. Su voto favorable a la reforma laboral arruinó la estrategia de los dos tránsfugas así como la del Partido Popular y de Vox, que confiaban en ellos para causar una seria derrota al Gobierno.

Doce años después de que un juzgado de la madrileña Plaza de Castilla comenzara a investigar en 2006 la existencia de una caja b en la Universidad Complutense de Madrid desde la que se pagaron cientos de miles de euros en sobresueldos hasta 2003, la Fiscalía ultima el escrito de calificación penal, y así lo han confirmado a infoLibre fuentes del ministerio público. Denunciado por Carlos Berzosa, rector de la Complutense entre 2003 y 2011, el caso afecta a varios antiguos cargos de la principal institución académica del país, entre ellos su exgerente, Dionisio Ramos.

El hallazgo que condujo a la denuncia de Berzosa –unas carpetas con recibos almacenadas en el edificio administrativo de los colegios mayores– destapó que no solo funcionarios del llamado Personal de Administración y Servicios (PAS) y otros miembros de la universidad habían cobrado con cargo a esos fondos opacos sino también el escolta privado José Antonio Expósito, que en 2003 protegió a los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras el tamayazo, la espantada que impidió la formación de un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid y abrió las puertas del poder a Esperanza Aguirre.

En abril de 2006, el diario El País desveló la existencia de la caja b y publicó los recibos cobrados por el vigilante. Expósito vinculó inicialmente a Dionisio Ramos con el encargo de protección para Tamayo y Sáez, pero luego se retractó tras ser contratado por la empresa Intereconomía. El círculo del exgerente de la Complutense sostiene que ni siquiera conocía a Expósito personalmente y que si plasmó aquella acusación en "un manuscrito mientras estaba en prisión" preventiva por hacerse pasar por agente del CNI, luego se desdijo tras un careo con Ramos. "Lo escribiría para perjudicar al PP", opina una fuente cercana a Ramos.

Según fuentes de la Fiscalía madrileña, el enjuiciamiento de la caja b de la Complutense, en la que se investiga un presunto delito de malversación, quedará encomendado a un jurado popular. Ni el ministerio público ni el juzgado de instrucción 40 de Madrid, encargado de las diligencias previas, han accedido a desvelar la relación de personas contra las que se dirige finalmente la acción penal.

La Complutense, que según el entorno de Dionisio Ramos "dejó de mantener una posición activa en el procedimiento" hace años, ha rehusado aportar su punto de vista sobre la deriva seguida por la causa. Este periódico no ha logrado averiguar el porqué de tan dilatadísima instrucción judicial, nada menos que de una docena de años. Juristas consultados por este periódico matizan que, aun siendo inusual, no es la primera vez que unas diligencias se prolongan durante tantos años.

Fianzas de los colegios mayores y dinero de California

El nombre de Dionisio Ramos ha aflorado de nuevo estos meses –pertenece al núcleo más cercano a Cristina Cifuentes y, según eldiario.es, cursó el mismo máster de la Universidad Rey Juan Carlos que le ha costado la carrera política a la expresidenta de Madrid–, pero fuentes de su entorno aseguran que de los más de cuarenta investigados con que arrancó el procedimiento permanecían imputados "hace unos meses" en torno a una decena. Y cuestionan que deba considerarse al exgerente de la Complutense como el principal imputado.

Esas mismas fuentes expresaron su sorpresa ante el hecho de que la Fiscalía esté ultimando el escrito de calificación, es decir, el que determinará a quiénes acusa y por qué. "Hay –adujeron– un recurso pendiente ante la Audiencia Provincial porque el juzgado denegó una declaración testifical y que sepamos no hay todavía ninguna resolución". "Hace ya más de un año –agregaron los portavoces de Ramos–, la Fiscalía pidió que se iniciase el juicio y no nos consta que se haya producido ningún cambio". 

Los próximos a Ramos niegan de forma taxativa que este participase en ninguna estructura financiera paralela. La existencia de esa –presunta– caja b fue denunciada por el rector Berzosa ante la justicia después de que una funcionaria hubiese encontrado los recibos de sobresueldos en un armario del edificio del campus desde el que se gestionan los asuntos administrativos de colegios mayores. Tras aquel hallazgo, Carlos Berzosa encargó de inmediato una auditoría. Y ya con el dictamen en la mano, se fue a los juzgados.

La auditoría –detalla el exrector en conversación con infoLibre– constató cómo aquella caja b se había nutrido "de las fianzas que entregaban los alumnos para reservar plaza en un colegio mayor, fianzas que en realidad no se les devolvían, y de las cantidades procedentes de los cursos de español para extranjeros organizados de manera conjunta con la Universidad de California".

El dinero se destinó a sobresueldos "de PAS [siglas de Personal de Administración y Servicios] aunque también de vicerrectores", pero también –y el catedrático lo recuerda a la perfección– sirvieron esos fondos para pagar al vigilante José Antonio Expósito. "Le pregunté a Dionisio Ramos y me dijo que lo que Expósito había hecho eran unos barridos por si había micrófonos pero la pregunta era la de por qué se le paga por la caja B, si tan necesario es el servicio le pagas por la caja A, como le pagas al que viene a fumigar".

"El pago a Expósito –replica el entorno de Ramos– no se hizo de ninguna forma rara. Se hizo contra una factura y con una cuenta de la universidad. El señor Expósito, que trabajaba para el Banco Central, hizo lo que en el resto de las instituciones para las que trabajaba, un barrido cada cuatro años [telefónicos, de despachos, etc]. Dos veces en ocho años lo hizo porque era quien la seguridad del Banco Central nos recomendó esa persona y se hizo de una forma absolutamente normal". "Hay recibos de Expósito que luego se plasmaron en facturas", añade el círculo de Ramos.

El contrato con 'Gürtel' que "nunca" existió

Antes de desembarcar en 1996 en la universidad madrileña como gerente general, Dionisio Ramos había ocupado durante un año el cargo de secretario general de la Consejería de Educación de Madrid en el primer mandato de Alberto Ruiz-Gallardón. Entonces, la Consejería de Educación estaba gobernada por su gran valedor, Gustavo Villapalos, que a su vez había recalado oficialmente en la política tras dirigir el Rectorado de la Complutense.

Al caso de la caja b de la Complutense y el tamayazo se suma un tercer episodio conflictivo para Dionisio Ramos. En 2011, el diario Público reveló que entre los múltiples documentos incautados durante los registros de Gürtel se contaba un contrato privado donde uno de los gestores financieros de la trama, Luis de Miguel Pérez, ahora condenado y ya en prisión vendía a Ramos participaciones sociales de una empresa denominada Gestión y Equipamientos Deportivos SL. Fechado en mayo de 2002, el documento contiene los nombres y apellidos de los dos intervinientes así como sus respectivos DNI pero no está rubricado.

En virtud de ese contrato, Luis de Miguel traspasaba a Dionisio Ramos 1.800 de las 5.990 participaciones que una segunda sociedad, Spinaker 2000 SL poseía en Gestión y Equipamientos Deportivos SL. La sentencia de la pieza troncal del caso Gürtelcaso Gürtel [puedes consultarla pinchando aquí] declara como hecho probado que Spinaker fue una de las mercantiles utilizadas para que distintos dirigentes del PP ocultasen fondos. La página 168 de la resolución judicial lo expone así: "Este entramado se diversificó en distintas estructuras societarias, y, aunque se ideó para la ocultación de los fondos de Francisco Correa, alguna de sus sociedades, como Spinaker, fue utilizada, con la misma finalidad de ocultación, por Luis Bárcenas, Jesús Merino y Jesús Sepúlveda".

Ramos negó en 2011 y lo sigue haciendo hoy que en algún momento adquiriese participaciones de Gestión y Equipamientos Deportivos. "Ese contrato no existió nunca y si alguna vez apareciera firmado es que alguien suplantó a Ramos", dice su entorno. ¿Y qué razón podría haber guiado a Luis de Miguel para mantener en sus ordenadores y en perjuicio de Dionisio Ramos un contrato falso con sus datos personales y su DNI? Ese mismo entorno afirma ignorarlo. El 8 de mayo de 2002, que es el día en que aparece datado el documento, Ramos desempeñaba el cargo de gerente de la Complutense.

–M. Rajoy: Cristina, ya sabes que te he apoyado todo lo que he podido, y que me he negado a actuar con la cabeza caliente, pero… ya sabes que lo primero es el partido, y no podemos perder Madrid… y el lenguaraz este de Rivera es capaz… En fin, yo creo que deberías plantearte dar un paso…

–C. Cifuentes: Pero Mariano, tú mismo has dicho que ya he dado todas las explicaciones, y que es la Universidad la que… y además, si Maíllo no anduviera… ¿O es que no te acuerdas de lo que yo he hecho para cargarnos a Espe y a toda la tropa…?

–M. R.:  Ya, Cristina, pero entiende la presión… Has quedado muy tocada… al decir que tenías el máster y después que no aparezca… yo creo que es oportuno y conveniente…

–C. C.: ¿Me estás diciendo que tengo que irme por haber mentido? ¿De verdad? Espera un momento, que me descojono…

(Perdón por el vocabulario, pero cualquiera que conozca a Cifuentes sabe que no ahorra tacos, como tampoco lo hace su predecesora e íntima adversaria Aguirre, tan aficionada a justificar cualquier patinazo con su célebre sentencia: “A cojón visto, macho seguro”).

A estas alturas del escándalo del máster desvelado por eldiario.es todo el mundo se pregunta cómo es posible que el asunto haya llegado hasta aquí, por qué no dimitió la afectada al día siguiente del estallido, incluso por qué no optó por asumir el disparate, renunciar al falso título, pedir disculpas a la ciudadanía y ponerse en manos del partido y de su socio de gobierno. Habría sido menos ofensivo aparecer como culpable y arrepentida en lugar de mentirosa y reincidente.

Todo lo cual no quitaría razón a Cristina Cifuentes para colocarse en jarras ante Rajoy con el sólido argumento citado: "¿Tú me vas a decir a mí que debo retirarme de la política por mentir?" Por la vía más insospechada, la de esa obsesión por la apariencia y la titulitis, ha estallado en el PP esa bomba de efecto retardado que significa tener al frente del partido y del Gobierno a alguien que jamás ha asumido su responsabilidad por mentir sobre la Gürtel, los sobresueldos, su relación con Luis Bárcenas, etcétera, etcétera. Al final alguien le soltará el mismo refrán que el propio Rajoy dedicó en la tarde del viernes a los grupos de la oposición: “consejos vendo que para mí no tengo”.

Lo que asoma detrás y al fondo del caso Cifuentes tiene mucho más calado que el ya de por sí indecente conchabeo entre un catedrático de universidad y una dirigente política a la que regala un título que no merece. El verdadero máster es el que desde hace décadas ha cursado el Partido Popular en el ejercicio del poder, como si todo lo público le perteneciera por derechos adquiridos, lo mismo da que se trate de una caja de ahorros que de una televisión, un gran hospital o una universidad. Lo aprendido y practicado por muchos dirigentes ‘populares’ es ese concepto patrimonialista de lo público, reconvertido en coto particular, en una especie de cortijo en el que funcionan como señoritos que, una vez elegidos por las urnas, no sólo mandan sino que disponen de haciendas, títulos y personas. Siempre, por supuesto, priorizando el interés de amigos, parientes, compañeros de pupitre, sagaces empresarios… sin excluir los favores a algún falso izquierdista que ocupe la cuota suficiente para aparentar pluralidad. Es la fórmula de Cajamadrid bajo el mandato del difunto Miguel Blesa, aplicada de forma clónica en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Los tribunales establecerán la verdad judicial, en la que deberán aparecer, como mínimo, los responsables de delitos de falsedad documental, y más le vale a la propia URJC ser ella la que limpie de sus campus todas aquellas “manzanas podridas” que han causado un daño irreparable a la imagen de la universidad. Me temo que se pueden llenar varios cestos, y que si de verdad hubiera disposición a levantar las alfombras habría que revisar a fondo los rectorados de Pedro González Trevijano (hoy magistrado del Tribunal Constitucional propuesto y venerado por el PP) y de su sucesor Fernando Suárez, especialista en plagios al por mayor, sin disimulos ni intertextualidades.

Que nadie se despiste en el puro morbo de avergonzar a quienes han engordado su currículum con títulos que no tenían. Esa vanidosa trampa no es exclusiva de la política (también hay periodistas e ilustres analistas e intelectuales que comparten el pecado). Porque el verdadero motor de ese Instituto de Derecho Público (IDP) dirigido por el ínclito Enrique Álvarez Conde era el habitual en esa “charca de ranas” en la que convirtieron la comunidad de Madrid desde el Tamayazo hasta anteayer: los negocios particulares al amparo o a costa de los recursos públicos. ¡Estas sí que son élites extractivas! No hay más que pinchar en este enlace y comprobar que a ese mismo máster fantasma de Cifuentes envió el Gobierno de Aguirre a unos cuantos funcionarios pagándoles 1.500 de los 1.800 euros que costaba la matrícula. O pinchar en este otro para observar que durante años ese instituto de la URJC fue el beneficiario exclusivo de todos los contratos de la Comunidad con universidades públicas (hay seis en Madrid).

Ojalá el caso Cifuentes sea un nuevo empujón regenerador que sirva para que a ningún político se le ocurra ya inventarse un título ni a ningún catedrático (estatus no incompatible con el de presunto delincuente) hacer negocio con un máster bajo el paraguas de una universidad pública. Pero sobre todo debería servir para tomar conciencia del verdadero postgrado en el que parecen haberse especializado quienes presumen de liberales y se dedican desde el poder a facilitar el desprestigio y el desmantelamiento de lo público, sin desperdiciar, eso sí, los recursos de todos a la hora de llenar bolsillos privados o maquear biografías.

Si además resulta que en España empieza a pasar factura inmediata la mentira de un político, significará que pese a toda la regresión a la que asistimos en derechos y libertades hay una corriente de cambio, de exigencia ética en la sociedad civil, que no tiene marcha atrás.

El tamayazo es probablemente la traición política más conocida de la democracia. 15 años después hay un condenado, pero no es ninguno de los políticos o empresarios relacionados con los hechos. Su nombre es Alberto Moreno, entonces un trabajador de Telefónica, sentenciado por filtrar datos de las llamadas de teléfono de alguno de los implicados en la traición. Moreno niega de forma rotunda que fuese él y ahora teme perder la casa en la que vive en el madrileño barrio de Vallecas, porque la condena incluye una indemnización en concepto de responsabilidad civil. “Que en algo tan serio como fue no permitir un gobierno y repetir elecciones, con asuntos tan oscuros detrás, se acabe culpando a un trabajador que en ese momento era de la escala más baja de la compañía…”, reflexiona Alberto en conversación con infoLibre. Pero no se resigna y afirma que seguirá peleando para que se haga justicia.

Todo empezó el 10 de junio de 2003. Aquella mañana, el socialista Rafael Simancas llegaba a la Asamblea de Madrid sonriente. No era para menos. El entonces líder del PSOE madrileño había alcanzado un acuerdo con Izquierda Unida para ser investido durante aquella jornada presidente de la Comunidad de Madrid tras las elecciones autonómicas celebradas un mes antes. Aunque Esperanza Aguirre se había impuesto en los comicios con más del 46% de las papeletas, la aritmética parlamentaria era favorable a las formaciones de izquierdas: 55 asientos conservadores frente a los 56 que juntaba el PSM e IU. Sin embargo, el guion que aquella mañana manejaba Simancas no contaba una modificación de última hora: dos de sus diputados, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, no ocupaban sus respectivos escaños y nadie sabía dónde estaban. La traición en el seno de los socialistas se tradujo, meses después, en unas nuevas elecciones en las que el PP se hizo con 57 escaños frente a los 54 que aglutinó el bloque de izquierdas. Ahora sí, Esperanza Aguirre se alzó con la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Horas después de la deserción, la dirección socialista, en boca de su presidente –Manuel Chaves en aquel momento–, empezó a difundir la teoría de que la “traición” respondía a “intereses económicos y urbanísticos”, algo que el PP rebajó a un simple problema interno del PSOE. Sin embargo, pocos días después varios medios de comunicación –Interviú, El Mundo y Cadena Ser, principalmente– comenzaron a publicar sospechosos cruces de llamadas entre Tamayo y empresarios en las horas previas y posteriores a la sesión de investidura. Así, se reveló que el diputado había mantenido contactos con el promotor inmobiliario Francisco Bravo, que según destapó posteriormente el diario El Mundo se había reunido en las horas posteriores a la espantada con el entonces secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. También conversó con el abogado José Esteban Verdes, quien, según se desprendía de las llamadas, “hizo de intermediario” entre Tamayo y Romero de Tejada, y con José Luis Balbás, líder de la corriente socialista a la que pertenecían los tránsfugas: Renovadores por la Base.

La actuación de los dos diputados, unida a todas las informaciones que iban saliendo, condujo a la creación de una comisión de investigación en la Asamblea que se cerró sin avances de ningún tipo. Tampoco prosperaron las querellas interpuestas contra los implicados en la presunta trama. Y los intentos de la Fiscalía Anticorrupción, por aquel entonces liderada por Carlos Jiménez Villarejo, quedaron finalmente en papel mojado. A día de hoy, casi quince años después de que en la Asamblea de Madrid estallara el escándalo, sólo una persona ha sido condenada. Se llama Alberto Moreno y es extrabajador de Telefónica Móviles –desde marzo de 2003 ocupaba un puesto en el Centro de Relaciones a Clientes Empresas–. La Justicia le ha condenado a seis meses de prisión al considerar probado que fue él quien filtró los registros telefónicos de políticos y empresarios. Sin embargo, Moreno denuncia, en conversación con infoLibre, que ha sido “utilizado como cabeza de turco”. El extrabajador de la compañía telefónica sigue dando la batalla en los tribunales para intentar “demostrar” su “incocencia”. Y, dice, llegará hasta el Tribunal Constitucional si es necesario.

  Condena en primera instancia

La causa en la que se encuentra inmerso Moreno se inició después de que un responsable de Telefónica señalase en la Comisión de Investigación del tamayazo que la revelación del cruce de llamadas había sido realizada por dos empleados de la empresa, Alberto Moreno y Álvaro Sáez, que habían sido despedidos. Sin embargo, el juicio, en el que participaron hasta cuatro acusaciones –ejercidas por Romero de Tejada, el PP, José Esteban Verdes y la mercantil Euroholding, liderada por Francisco Bravo–, no se celebró hasta febrero y marzo de 2016, casi 13 años después. Tras el paso de los acusados por sede judicial, el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid dictó sentencia: absolución para Álvaro Sáez al no quedar acreditada su participación en los hechos y condena de seis meses de prisión para Alberto Moreno “como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos”. Sobre las cabezas de ambos pendían peticiones de cárcel que iban desde el año y diez meses que solicitaba la Fiscalía hasta los cinco años que pedía Verdes.

Tras el análisis de las pruebas aportadas al proceso y de las declaraciones realizadas tanto por los acusados como por diferentes testigos, el juez consideró probado que Moreno había utilizado “sin consentimiento” la clave de su compañero, que había sido su formador y tenía mayores privilegios en la empresa, para acceder a los registros de todos los señalados en la supuesta trama. A diferencia de su propio código de usuario, con el que únicamente podía visualizar los cinco primeros dígitos de un número de teléfono, el de Sáez permitía conocer las nueve cifras y consultar una amplia base de datos de clientes en la que figuraban el titular del móvil, el contrato que tenía, la domiciliación de las facturas, el listado de llamadas realizadas y la fecha, hora y duración de las mismas. El formador de Moreno, por su parte, fue absuelto gracias a que la Policía, revisando el control de las entradas al centro de trabajo, comprobó que cuando se accedía a esos datos “uno estaba en su puesto de trabajo mientras que el otro estaba fuera”.

En sede judicial, Sáez aseguró que no cedió ni a Alberto ni a ninguno de sus compañeros sus claves y que si el condenado la tenía sería porque se la habría dado su supervisor “para sustituirle”. “¿Por qué no se tiene en cuenta en la sentencia todo lo que dijo Álvaro en instrucción y en vista oral?”, se pregunta el extrabajador de Telefónica en conversación con infoLibre. En este sentido, la defensa de Moreno se centró en que las contraseñas estaban a mano de cualquier empleado. “Estaban publicadas las claves de todos en una hoja”, apostilló el acusado durante el juicio. En la misma línea se pronunciaron también otros dos testigos que trabajaban en la compañía. “Reconocieron que las contraseñas eran públicas”, recuerda a día de hoy Moreno. Sin embargo, otros trabajadores, que declararon como testigos, negaron dicho extremo ante el juez.

Durante el juicio se pusieron sobre la mesa tres informes. El primero, presentado por la defensa como única pericial y elaborado por un experto de la Universidad Politécnica de Madrid, concluía que “el hecho de no poder garantizar el sistema [de Telefónica] como seguro, implica que no se pueden imputar a D. Alberto Moreno las acciones de acceso no permitido a información sensible”. Y el segundo y tercero, elaborados por la Policía y la Agencia Española de Protección de Datos, señalaban que el acceso a la información se había realizado desde las cuentas de los dos imputados. “Tal prueba no deja de ser más que un informe teórico, basado en hipótesis, sin base real y que, por tanto, ofrece a este juzgador muchas dudas sobre sus conclusiones”, asevera la sentencia sobre el estudio de la defensa. Moreno, por su parte, plantea varias dudas sobre los dos informes oficiales. “Todo es oscuro. No reflejan quiénes fueron los expertos técnicos que lo realizaron”, sostiene.

  Un detective a quien no conoce

Una vez desgranada la parte del acceso a la información, la sentencia se mete de lleno en la divulgación. “El acusado cedió la información obtenida mediante sus consultas informáticas a tercero o terceros no identificados que les permitió identificar a los usuarios”, recoge el escrito judicial. Durante el juicio, las acusaciones se centraron en las 152 llamadas que Moreno realizó durante los meses de junio y julio a Mario T.G., su amigo y por aquel entonces vicepresidente de una sociedad mercantil. Dicha compañía tenía como presidente a Manuel C., que se dedicaba también, según aseguraron varios de los testigos en sede judicial, a la investigación. Sin embargo, en su parte final la sentencia hace una conexión directa entre Moreno y el presunto detective.

El extrabajador de Telefónica condenado niega tajantemente conocer al detective, y menos haber señalado que era su amigo. No obstante, sí reconoce las llamadas hechas a Mario T.G. “Yo hablaba con un trabajador, que era Mario, pero no he contactado con el dueño de aquella empresa en toda mi vida. Ni le conozco ni sé quién es”, explica a infoLibre. “La sentencia –completa Moreno– da por hechos probados que yo accedí a la información y la pasé ‘a tercero o terceros’. Pero en ningún momento indican cómo está eso probado. Ni cómo se hizo, ni si hubo testigo alguno que lo cerciorase, ni en qué formato…”.

  Recurso ante la Audiencia Provincial

La decisión del Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid cayó como un jarro de agua fría sobre Moreno. Sin embargo, decidido a llegar hasta el final, y recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid. En su escrito, el abogado del extrabajador de Telefónica sustenta el recurso sobre dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la “absoluta falta de racionalidad en el discurso valorativo de la prueba”: “Que la sentencia reconozca que ‘no ha quedado acreditado que’ nuestro representado ‘facilitase la información a los medios de información’ es radicalmente incompatible con el hecho de que (…) se le condene por un delito de descubrimiento y revelación”, señala. Durante el juicio, afirma Moreno, los periodistas que testificaron –entre ellos el director de infoLibre, Manuel Rico, que en la época de los hechos trabajaba en la revista interviú– indicaron que “ni directa ni indirectamente las pruebas salieron de Telefónica”.

Por otro lado, la defensa del antiguo empleado de la empresa considera que durante el proceso se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia de su representado. “Nos encontramos ante un procedimiento con gravísimas irregularidades en lo que a su supuesta valoración se refiere”, apostilla el recurso. En este sentido, el abogado de Moreno sostiene “que la investigación”, que califica de “absolutamente deficiente” al no haber sido investigados ni “todos los posibles autores de los hechos” ni “todos los medios de acceso a la información”, ha estado “liderada y controlada por una parte plenamente implicada –en referencia a Telefónica– y con interés absoluto en el curso y el resultado del procedimiento”. Con todo esto sobre la mesa, el letrado solicitaba también de cara a la segunda instancia dos pruebas testificales de viejos compañeros de Moreno que habían sido rechazadas durante el juicio.

El recurso de apelación interpuesto fue desestimado en su totalidad por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de septiembre. La Sala consideró que “la conjunta alegación de error” en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia “constituye una contradicción”. “La presunción de inocencia queda desvirtuada desde que existe ‘una mínima’ (en el sentido de ‘suficiente’) actividad probatoria, de cargo y válida”, apunta el escrito judicial al respecto. En cuanto a la conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva, los jueces de la segunda instancia consideraron que la sentencia impugnada “argumenta los motivos por los que llega a la conclusión probatoria y explicita cuál ha sido la razón de dicho pronunciamiento, que no es otra que la prueba practicada en el acto del juicio oral”. “Otra cosa es que no coincidan con las pretensiones del recurrente”, completa.

  Responsabilidad civil directa

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid sí que estimó parte de las apelaciones presentadas por Romero de Tejada, Euroholding y Verdes. En concreto, la parte relativa a la responsabilidad civil directa del condenado y la subsidiaria de Telefónica Móviles. El Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid consideró que no procedía hacer pronunciamiento condenatorio contra Moreno en este sentido al no haber quedado probado que cediese de forma directa la información a la que había accedido a los medios de comunicación. Sin embargo, para la Audiencia Provincial dicho razonamiento es “ilógico” pues, aunque no hubiese filtrado a los periodistas esos datos, sí que se ha acreditado “que accedió mientras se encontraba en su puesto de trabajo y cuando no debía ser así porque dicho acceso no correspondía con el que en ese momento ostentaba”.

“Con independencia de la existencia de terceras personas desconocidas, el acusado facilitó los datos necesarios para que dicha información saliera publicada, pues la acción nuclear es revelar y él reveló, lo cual causó perjuicios a los titulares y usuarios de los teléfonos, al descubrirse datos de carácter íntimo, personal y profesional”, concluye el escrito, que obliga a Moreno y a su antigua empresa a indemnizar a los demandantes. Ahora, con el añadido de la responsabilidad civil directa, el extrabajador de Telefónica teme perder la casa en la que vive en el madrileño barrio de Vallecas. “Que en algo tan serio como fue no permitir un gobierno y repetir elecciones, con asuntos tan oscuros detrás, se acabe culpando a un trabajador que en ese momento era de la escala más baja de la compañía…”, reflexiona.

No obstante, pretende llegar hasta el final. Con la vía del Tribunal Supremo cerrada por el acuerdo no jurisdiccional que alcanzó el 9 de junio de 2016 la Sala Segunda del TS –"el recurso de casación no se extiende a las sentencias de apelación dictadas en el procedimiento por delitos leves"–, ahora Moreno pretende interponer recurso de amparo ante el Constitucional. En el escrito, adelanta, adjuntarán dos actas notariales, a las que ha tenido acceso este diario, con el testimonio de dos empleados de la compañía a los que "se les impidió" declarar en el juicio: un exjefe de área de Calidad de Sistemas de Información y un excompañero. En ambos casos, refuerzan la defensa de Moreno al declarar que las claves por aquel entonces eran conocidas por todos los empleados.

El primero de ellos sostiene que "las contraseñas únicas eran públicas en la unidad del Centro de Relaciones con los Clientes y conocidas por todos (o la mayoría) de los empleados de dicha unidad", señalando además que la "compartición de usuarios y contraseñas se producía habitualmente" y criticando que "una compañía del calado de Telefónicas Móviles España" no fuese capaz "de registrar y facilitar las direcciones IP desde las cuales se realizaron los accesos" a la base de datos de la que se obtuvo la información. El segundo señala también que las password eran "de uso cuasi público", algo que, dice, han denunciado por activa y por pasiva desde UGT. Casi quince años después del mayor escándalo en la política madrileña, sólo Moreno ha sido situado bajo el foco. Mientras tanto, otras incógnitas siguen sin despejarse.

Granados explica en una entrevista con OK Diario que Tamayo le contó años después que había pactado con el PP una compensación de entre 2 y 5 millones de euros por hacer un gobierno con el PP porque "no estaba de acuerdo en cómo funcionaba su partido". El exdirigente del PP de Madrid insiste en que Tamayo le comunicó que Esperanza Aguirre no participaba del acuerdoEsperanza Aguirre, sino "otras personas del partido". Cuenta Granados que como el acuerdo "no llegó a buen puerto", Tamayo se presentó en varias ocasiones en la Puerta del Sol para exigir la compensación que habría pactado con el partido.

Asimismo, Granados explica que puso en conocimiento de Aguirre las exigencias de Tamayo y que ella negó conocerlas, al igual que rechazó pagarle la cantidad que solicitaba.

El exdirigente del PP afirma que Tamayo habría pactado con la antigua dirección del PP madrileño, pero dice desconocer si la persona con la que habló fue Pío García Escudero

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a defender este martes la necesidad de sacar al PP de las instituciones y ha cargado contra el PSOE por no apoyar las mociones de censura que su formación está impulsando tanto en la Comunidad de Madrid contra Cristina Cifuentes como en el Congreso, contra el presidente Mariano Rajoy.

"Tengo que decir muy claro que haremos algunas cosas mal, pero el PP ni nos compra ni nos manda", ha asegurado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Eocnomía Fórum, en el que ha presentado a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruíz-huerta, quien será la candidata de la moción contra Cifuentes.

Según ha informado Europa Press, Iglesias ha hecho así referencia al 'tamayazo' –el episodio de transfuguismo de dos diputados del PSOE tras las autonómicas de 2003 que permitió que el PP se hiciera con el Gobierno de la Comunidad de Madrid–, en un discurso en el que no ha apelado al apoyo de los socialistas ni una sola vez.

"El PP sigue siendo muy poderoso"

Por el contrario, el líder del partido morado, consciente de la improbabilidad de que el PSOE reconsidere su negativa, sólo ha aludido directamente a los socialistas para reprocharles el 'tamayazo', en un intento también de demostrar el "poder" del PP.

"El PP sigue siendo muy poderos. Lo demostraron cuando pudieron comprar las voluntades de dos diputados del PSOE", ha asegurado, para añadir que, a diferencia del PSOE, Podemos no se deja "comprar" ni "mandar".

Frente a un PP que "compra voluntades" y a un PSOE que se "deja comprar", Iglesias ha defendido la "dignidad" de la iniciativa que propone Podemos. "Es una cuestión ética señalar mediante la moción la mayor amenaza de nuestra democracia ahora, que es la normalización de la corrupción, que es la normalización del PP", ha alertado.

En este sentido, Iglesias ha advertido de que pedir la dimisión del presidente Mariano Rajoy, como ha prometido que hará Pedro Sánchez si gana las primarias del PSOE, "no soluciona nada", si eso se traduce en que será sustituido por otro representante de su partido. "Lo que hay que hacer es no normalizar la presencia del PP en las instituciones del Gobierno", ha enfatizado.

"Cada día amanecemos con nuevas financiaciones y pruebas que revelan lo obvio: que hay un partido que utiliza las instituciones para protegerse", ha proseguido, tras señalar que la "trama del PP" tiene "uno de sus centros de desarrollo más importantes" en la Comunidad de Madrid.

España está siendo despiadada con la mayor víctima de la corrupción, que no es la educación, tampoco la sanidad pública, apaleadas en cada nuevo presupuesto por los receptores y distribuidores de comisiones que luego se sitúan en los altos puestos de la administración de las empresas. Tampoco los ciudadanos que padecen los recortes derivados de estos chanchullos son los principales perjudicados. La principal víctima de este latrocinio orquestado en comandita, hacemos lo que podemos.com, es la que durante años tuvo el cetro de la derecha madrileña en sus manos: Caperucita Heidi Madrastra de Blancanieves Sacamantecas Antoñita la Fantástica Aguirre. Todos esos nombres, correspondientes a sus diferentes personalidades, adornan a esta mujer poliédrica. Aunque a lo mejor es sólo que tiene mucho morro y también personal que le ríe las gracias porque, desde luego, gracia hace la señora. Aunque sea puta gracia. puta gracia

Aquellos que ella había colocado a su derecha e izquierda para que la salvaguardaran de todo mal, e hicieran por España lo que ella no podía abarcar, aprovechaban que despertaba con la salida del sol para arremangarse y subirse a los andamios de la construcción de los hospitales que garantizaban la salud de sus conciudadanos para, desde las cloacas de las diferentes administraciones, cavar un túnel por el que saquear las arcas de la Comunidad madrileña sin que ella pudiera sospechar, ni remotamente, que tal cosa pudiera estar sucediendo. La mano dura que tenía para con los más necesitados se convertía en guante de seda con los chorizos que minaban su credibilidad y restaban valor espiritual a su piadosa obra social.

Atrás quedan los tiempos en los que junto a su consejero Lamela, que ahora trabaja en uno de los emporios beneficiarios de aquellas maniobras sanitarias, dieron por buena una denuncia anónima que acusaba a un equipo de médicos de haber asesinado a doscientas personas en el hospital de referencia de su Comunidad, el Severo Ochoa. No les cupo la duda, no les extrañó la figura de la denuncia anónima, tampoco al juez que mantuvo durante años el secreto de la investigación de tamaña superchería, que sólo tenía como misión demostrar la necesidad de que los nuevos hospitales estuvieran en manos privadas, para que los medios afines a la causa, que cobran un pastón de nuestros impuestos a través de la propaganda institucional, y también a tocateja con venta de acciones, se despacharan por esa boquita y anunciaran que aquello era un centro de exterminio como los de los nazis. Sí, así lo decían. De esa forma tan extravagante y excesiva se gestó lo que llamaban colaboración público-privada, que incluyó una no menos perversa colaboración político-judicial, y fructificó en la aparición de hospitales por doquier que se venden como propios cuando no lo son.

Salieron a la luz innumerables chanchullos que señalaban a sus principales colaboradores. Tuvo en sus manos Esperanza, “la víctima”, toda la información necesaria, no sólo para detectar el cachondeo delincuente que escandalizaba a la sociedad madrileña, sino también para haber puesto orden en aquel sindiós choricero en el que estaba sumergida, pero entró en una de esas ausencias puntuales en las que rechazaba las pruebas que le aportaban los llamados cuerpos de seguridad del Estado. Según ella, cuando llegaban aquellos informes en los que se denunciaba que se robaba a manos llenas, ella sometía al denunciado a un careo, y como éste negaba los hechos, pues ella se lo creía todo. Ella es mucho de aplicar la máxima jurídica de in dubio pro reo, aunque más bien es de la escuela de Uno de los nuestros. Ya saben. Ni siquiera se mosqueó cuando la prensa publicó que el señor Granados se estaba haciendo un casoplón y este negó tal cosa afirmando que su mujer era decoradora y que estaba asesorando a la auténtica propietaria del inmueble. El señor Granados y su esposa terminaron viviendo en aquella casa que “no era suya”. Cuando los periodistas llamaban al telefonillo preguntando por él, desde dentro respondían que allí no vivía. Como en las películas de risa.

Tampoco se enteró de que los terrenos donde se hizo la estación del AVE de Guadalajara, la estación más ruinosa de todas, eran de la tía de su marido. Fueron recalificados y allí se construyeron un montón de casas. Cuestión que niega siempre. Tampoco sabe nada de las cuantiosas subvenciones que le llueven desde la UE en forma de millones de euros, y que recibe su negocio familiar, negocio del que desaparece su firma cuando la cosa sale a la luz.

No sabe nada de aquella historia que la llevó a la Presidencia por primera vez, cuando desaparecieron a la hora de votar dos diputados del PSOE, Tamayo y Sáez, en una maniobra en la que estuvo involucrado el secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, que terminó de consejero en Caja Madrid con el colega Blesa. Los echan, salen en la prensa cesados y luego les dan un cargazo. Porque sabemos que estos señores del PP son gente honrada a los que ampara la presunción de inocencia, pero cualquiera diría que actúan como una organización mafiosa pagando servicios que compran el silencio. Total que se hizo presidenta, en la segunda vuelta, por la cara, cuando había perdido las elecciones. Y sin sospechar nada de nada, sin enterarse de nada. ¿Para qué preguntar? Además cuando lo hace se limita a escuchar la versión de los suyos, que le decían, ingenua ella, que eran inocentes. Si es que estas cosas le pasan por buena.

Tampoco se enteró de las reiteradas denuncias de las actuaciones del señor Correa, en lo que más tarde se convertiría en el caso Gürtel, por parte de un colaborador íntimo de este, José Luis Peñas, concejal de Majadahonda y militante del Partido Popular, que aburrido de que la señora no le recibiera denunció los hechos a la Policía. Mucho más tarde, doña Esperanza sacó a la luz la cuestión que según Rajoy no existía, él lo enmarcaba en un contubernio formado por jueces, policías y guardias civiles, para hundir la reputación intachable del Partido Popular. Despistada como siempre y sin miedo al ridículo, proclama de manera sorprendente durante una intervención en la Asamblea madrileña, causando la hilaridad del personal, que ella era la descubridora de la GürtelGürtel, cuando ya se habían escrito toneladas de folios sobre la cuestión. Es posible que se acercara a la SGAE para que quedara constancia de su descubrimiento y, desconocemos si, de paso, aprovechando el viaje, intentó patentar también la penicilina y la vacuna de la polio.

Dentro de ese despiste que raya en la incapacidad absoluta y le impide aceptar responsabilidad política alguna, afirma constantemente, como si fuera una monomanía, que ha dimitido de sus cargos políticos por su responsabilidad in vigilando. Quienquiera que le enseñara el término se ha ganado el cielo, lo suelta cada vez que ve un micrófono. Mientras, sigue siendo líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Pero ella cree que ha dimitido de sus cargos políticos. A lo que se debe referir, cosa que a los que no somos de su partido nos importa un pimiento, es a que dejó su cargo de presidenta del PP madrileño tres meses antes de que prescribiera, cuando había anunciado que no se iba a presentar de nuevo.

A los ciudadanos lo que les preocupa es lo que atañe a lo público, lo que les afecta a ellos. Las decisiones que tome dentro del partido nos traen sin cuidado, como si se borra del Círculo de Lectores o del club de golf. Es más, es allí, en el PP, donde debería afianzarse porque sin duda estará entre iguales. Génova debe ser el único lugar del planeta donde la gente no ha oído hablar de corrupción ni de financiación ilegal.

En fin, todo puede esperarse de alguien que tira una moto de la policía al arrancar el coche y no para a mirar que ha pasado: ¡qué poderío!, que recorre la Gran Vía de Madrid perseguida por la policía con las luces a toda castaña, que llega a la puerta de su casa y maniobrando para entrar al garaje le da al coche de la policía que tiene detrás, y se mete en casa tan pancha, como si nada.

Ella es la que también pregona que nadie debería estar más de ocho años en la política.

Eso, que como no se entera, pues un día podría verse en los juzgados sin saber por qué. Del mismo modo que no entiende la responsabilidad que asume alguien cuando nombra a una persona para que administre lo público y trinca para su bolsillo. Le defiende una y otra vez de acusaciones que luego se muestran ciertas para, más tarde, lavarse las manos cuando llueven los marrones. A ella le valía, por ejemplo, que Ignacio González presentara una escritura de propiedad de la famosa vivienda de Estepona firmada un par de días antes de presentarse ante el juez, cuando había amenazado con llevar ante los tribunales a aquel que osara afirmar que la casa era suya. Le vale todo y luego se queja.

¡Qué cabecita loca!

Lo dicho, una víctima de la corrupción.

¿Y los demás? Los que pagamos la fiesta, ¿qué somos?

Si algo ha movido en su larguísima trayectoria política a Esperanza Aguirre (más incluso que la ambición del poder) ha sido el resentimiento. Y si hay algo que explique su decisión de dimitir este domingo como presidenta del PP de Madrid y no haberlo hecho dos días o cuatro años antes es su indisimulada obsesión por competir, primero con Alberto Ruiz-Gallardón y después con el propio Mariano Rajoy, en el liderazgo conservador. Aguirre deja la presidencia del PP madrileño pero no el Ayuntamiento de Madrid. Se va pero no del todo, como ya hizo anteriormente (aunque esta vez se perciba imposible el regreso), pero da el paso en el momento de mayor debilidad de Mariano Rajoy y enviándole un recado contundente: “sabe perfectamente lo que tiene que hacer; es tiempo de los sacrificios y de las cesiones”.

Los argumentos

Aguirre ha argumentado su cese en la asunción de la “responsabilidad política” por “la gravedad de las informaciones sobre corrupción” en el PP de Madrid. Sostiene que ella no tiene “ninguna responsabilidad directa”, culpa de todo a los encargados de gestionar los asuntos económicos del partido pero reconoce que como máxima líder del PP regional tiene que asumir su fracaso “in vigilando”in vigilando. Exactamente lo que este sábado le recordaba mi compañero Manuel Rico en un detallado repaso de las razones por las que Aguirre debería haber dimitido hace mucho tiempo.

¿Qué ha cambiado desde el viernes, cuando Aguirre proclamó ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que no tenía ninguna responsabilidad que asumir, que “de 500 nombramientos” que había hecho “sólo dos salieron ranas” y que a ella no le “consta” que haya habido financiación ilegal en el PP de Madrid?

Ante esa comisión se mostró Esperanza Aguirre tan segura y displicente como siempre, pero a las pocas horas Yolanda González relataba en este periódico la soledad en la que se hallaba el llamado ‘aguirrismo’ y su notable irritación contra Rajoy al considerar que estaba “protegiendo” a Rita Barberá (cuyo aforamiento en el Senado ha sido reforzado tras el estallido de la Operación Taula en Valencia) y dejando a Aguirre a los pies de los caballos en la Operación Púnica.

Dos razones del cambio

Desde un punto de vista político que no pierda de vista el modo de actuar de Aguirre durante tres décadas, su cambio de decisión en dos días sólo puede deberse a dos razones: o contempla que el desarrollo judicial de la Operación Púnica seguirá desvelando datos que la colocarán en una posición aún más comprometida de lo que ya estaba, o considera que su dimisión puede forzar la caída definitiva de Mariano Rajoy. O las dos cosas a la vez, puesto que no son incompatibles. Quienes contemplan que Aguirre, siempre aspirante a ser la Margaret Thatcher española, aún se reserva desde el ayuntamiento para nuevas batallas políticas, tienen motivos para creerlo. Alguien que llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias a la indignidad (e ilegalidad nunca aclarada) del tamayazo es capaz de cualquier cosa. Y lo ha demostrado. Alguien que en su polémica biografía autorizada reconocía que su verdadera obsesión desde el año 1983 era llegar a la Moncloa antes que Ruiz Gallardón, es muy capaz de morir (políticamente) matando. No pudo ganar el liderazgo del PP en 2008 en el Congreso de Valencia, entre otras cosas porque Camps, Rita Barberá, Fabra y compañía dieron su apoyo a Rajoy, un político por el que la condesa consorte siente tanto desprecio como el que Fernández Miranda sentía por Arias Navarro. La venganza es un plato que se sirve (en el caso del PP) helado.

Presumió Aguirre el mismo viernes en la Asamblea madrileña de que ella no paga “por abrir infoLibre”. Le hemos regalado una suscripción de quince días para que conozca a fondo nuestros contenidos, pero no somos tan osados como para pensar que en veinticuatro horas ya le “conste” lo que se negó a ver (o a reconocer) durante años. Eso sí, le conviene repasar la información que hemos venido aportando sobre su delfín, Ignacio González, de quien este domingo hemos sabido que hace un mes dimitió (en secreto) como secretario general del partido en Madrid. Ya no se sabe si al PP regional le basta una gestora o necesita a los 'geos'.

Tanto Aguirre como González tienen aún muchas explicaciones que dar. Cada cual es dueño de sus rencores, pero del dinero público que han manejado durante décadas éramos dueños todos los contribuyentes.

Deberíamos celebrar el cambio de actitud de la Delegación del Gobierno, que ha decidido no correr a palos a estos ciudadanos a pesar de que agredían a periodistas que cumplían con su trabajo, y de que la concentración no estaba autorizada. Digo deberíamos porque esta vez no se ha tratado al personal como si fuera ganado, los ojos de los que allí se encontraban permanecen todavía en sus órbitas a falta de impactos de las consabidas pelotas de goma que habitualmente se usan en este tipo de eventos, y ninguno de los asistentes ha tenido que ser ingresado en un hospital tras pasar por los métodos correctivos de las fuerzas represivas.

Uso el condicional cuando afirmo que deberíamos celebrar este trato a la ciudadanía porque soy muy mal pensado y me temo que esto no es un cambio de tendencia. En las siguientes acciones de protesta, es posible que vuelvan a llover los palos y que se solicite de nuevo la documentación a los agredidos para que tengan que pasar, como dios manda, por las correspondientes dependencias judiciales a explicar delante del magistrado su insistente resistencia a la autoridad.

Y uno que observa lo surrealista de la situación en la que se ve inmerso un contribuyente que tiene que ir a defenderse a la sala de un tribunal por haber sido apaleado, piensa que eso de la resistencia a la autoridad debe referirse a la oposición que presenta el tejido óseo a ser atravesado por las porras de los policías por tener una densidad mayor. La concentración de los osteocitos es un fenómeno ajeno a la voluntad del que discrepa y de difícil solución. No debe cargar el apaleado con la pena de la resistencia, pues es responsabilidad del Altísimo tomar la decisión de hacer nuestro cuerpo poco flexible y nada receptor a los impactos con objetos contundentes.

Ahora, los que somos utópicos y demagógicos sólo aspiramos a que doña Concepción Dancausa dé el mismo trato a los que no son de los suyos, y todos tan contentos. Fue emotivo leer su mensaje en las redes sociales condenando las agresiones que sufrieron los periodistas durante esa concentración, en presencia de la policía, como si fuera una ciudadana más y no tuviera la menor responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos.

Me habría gustado que, ya que se ponía a condenar, condenara también que los señores uniformados se limitaran a pedir la documentación al periodista al que rompieron la cámara que, atónito, creía estar viviendo el mundo al revés. Menos mal que, al menos, no siguieron las indicaciones de los que allí protestaban a favor de la democracia y contra el totalitarismo que traerá Carmena cuando gritaban a los periodistas: “Os tenían que meter un tiro”.

En fin, el caso es que la señora condesa consorte del receptor de las subvenciones que tanto detesta, acostumbrada ella a ocupar el poder después de maniobras turbias como la que dio en llamarse Tamayazo, en honor a uno de los dos diputados que con su ausencia impidieron la llegada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid de Rafael Simancas, vuelve a las andadas convocando a todas fuerzas políticas “democráticas” a una macedonia contranatura para evitar que los soviets tomen el Ayuntamiento.

La patética rueda de prensa en la que la altruista condesa se ofrecía para regenerar la democracia parecía más bien un atril de una casa de subastas en la que la señora ofrecía una oportunidad a los buenos entendedores para que se apuntaran a la carroza de los ganadores, que es donde se reparte el turrón. Recordemos que afirmaba con vehemencia no conocer de nada, ni tener ganas, al señor Tamayo, hasta que este se plantó en la Puerta del Sol montando el pollo y exigiendo que le recibiera la presidenta. Por supuesto la señora condesa dijo que no le iba a recibir por tratarse de un ser corrupto y felón, para acto seguido hacerle entrar porque el sospechoso diputado que la llevó a la Presidencia se despachó allí mismo con declaraciones acerca de exigencias extrañas sobre supuestas deudas impagadas.

Amenazaba con irse de la mui si no se cumplía lo pactado. El caso es que al final el señor Tamayo entró y no sé qué pasaría en el despacho que no se ha vuelto a saber de él. O sea, que quedó contento el hombre con lo que acordó con la señora condesa a la que no conocía de nada, pero que reclamaba como garante de la deuda pendiente el tradicional “cómo va lo mío”. La cosa se solucionó con plena satisfacción de la parte demandante. Hay que ver lo convincente que es esta señora, debería dejar su puesto de cazatalentos y aprovechar su historial para entregarse de pleno al de amansadora de malhechores, tal vez un día llegaran a hacer una película con su vida: La mujer que susurraba a los corruptos.

“Si al final no pasa nada”, debe pensar doña Esperanza ante la reticencia de los demás a formar parte del frente anti Carmena, sabedora de que el pueblo traga con lo que le echen, y de que los suyos apoyan cualquier superchería porque esto de aceptar las reglas del juego no es lo suyo, son portadores de valores eternos y el fin supremo que dirige sus destinos está por encima de estas tonterías de la democracia y su servidumbre.

“Estos son idiotas”, se dirá cuando echa las cuentas de los millones que hay en juego en los superpelotazos urbanísticos pendientes en Chamartín, Plaza de España, Operación Manzanares, y demás… Para colmo, mientras escribo este artículo, se hace pública la sentencia del Tribunal Constitucional que da vía libre a la privatización del Canal de Isabel II que gestionara ella misma y que como las operaciones anteriores son vitales para el progreso, el desarrollo de la ciudad y también de las iniciativas privadas que ven euros donde los demás quieren ver zonas verdes, centros culturales y espacios para la expansión del populacho.

Al enterarse de la sentencia le debe haber dado un repente como los de la niña de El exorcista. Me la imagino con la cabeza dando vueltas, echando espumarajos por la boca y pegando botes en el colchón al pensar en la canalización de euros que podría derivarse a la talega de los colegas en un Plan Eurológico Nacional y que se pierde en la mar océana de lo púbico.

La imbécil de Carmena no se entera del beneficio que hay detrás de estas operaciones, como dijo Jeff Bush con respecto a la guerra de Irak ante la reticencia del pueblo español a entrar en el conflicto. Carmena no es ni joven ni emprendedora, no es la niña de Rajoy y dificulta el normal desarrollo de la economía productiva, liberal y nacional católica, en favor de los deseos del populacho, que sólo piensa en su bienestar y el de sus hijos porque no tiene visión de la Historia, apenas es capaz de contemplar el pequeño círculo de terreno que abarca el campo visual cuando inclina su testuz para pastar en las fértiles praderas del amo. “Hay todo un universo ahí afuera que sólo los grandes visionarios saben interpretar”.

Estos bolivarianos son un freno para la economía y no saben con quién se la juegan. Todavía apelan a la democracia para llevar adelante sus demagógicos e inviables programas. Si no saben aprovechar una Alcaldía, que no se metan y dejen espacio a los demás.

Aún queda una última oferta que la señora Aguirre puede hacerle a Carmena: “Quédate en casita, te hago socia de las empresas adjudicatarias y te llevas una pasta todos los meses. Es legal, te lo juro”.

Y lo es, por eso debemos aprovechar la satisfacción que produce ver patalear a esta caterva de amorales. Subamos a la superficie, llenemos los pulmones de aire y dejémonos rozar por este sol radiante, que hay que volver a la inmersión.

Así es la triste vida de los cazadores de perlas.

Anuncio de una asamblea regional extraordinaria y munición muy dura contra Alberto Garzón. Son las dos ideas que recorren el primer comunicado que emite Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) cuatro días después del batacazo electoral. Nueve párrafos en los que escasea la autocrítica y sí se dispara contra el cabeza de lista a la Moncloa, a quien la federación acusa de propiciar un nuevo tamayazo al "dinamitar" las candidaturas a la Comunidad y el Ayuntamiento, y al que rechazan sin ambages como el número uno de la plancha de IU-CM a las generales. A él le responsabilizan de que la federación quede fuera, por primera vez desde la Transición, de las instituciones, al no lograr superar la barrera del 5% de los votos. 

La resolución [consúltala aquí en PDF] es producto de la reunión que este jueves mantuvo la ejecutiva madrileña, con la noticia aún caliente, adelantada por infoLibre, de que los dirigentes próximos al diputado por Málaga buscan la forma para provocar la dimisión de Cayo Lara como coordinador, y la vía podría ser la desfederación o intervención de IU-CM. Es decir, que la dirección federal deje de reconocer a IU-CM como su referente en la región. Una decisión extrema a la que Lara siempre se ha negado y contra la que la cúpula autonómica, con toda seguridad, se rebelaría. 

La ejecutiva regional denuncia que en los meses previos a los comicios del 24-M y en plena campaña electoral, IU-CM asistió a "injerencias y conductas de algunos dirigentes federales impropias de una organización democrática". "Bajo la excusa de la unidad popular, un grupo de dirigentes de IU encabezados por Alberto Garzón, no cesaron en su voluntad de quebrar las decisiones de los órganos regionales, y dinamitar sus candidaturas. Ignoraron la autonomía de IU-CM, vulneraron la federalidad, arremetieron contra sus candidatos, apoyaron a los de otros partidos, agitaron la crisis interna, desautorizaron al mismo coordinador general y no perdieron ocasión para anunciar el entierro del proyecto de IU". Y, a la vista de los resultados, aduce IU-CM, esos dirigentes próximos a Garzón "han tenido éxito": "Le han restado los votos suficientes a IU-CM para materializar de hecho en la Asamblea de Madrid un nuevo tamayazo y permitir gobernar, casi con toda probabilidad, a Cristina Cifuentestamayazo".

"Vulgar maniobra para acabar con IU"

El PP ganó las elecciones y logró 48 diputados, que con los 17 de Ciudadanos le otorgan la mayoría absoluta. PSOE (37) y Podemos (27) se quedan a uno, pero sólo podrían llegar al Ejecutivo si la formación de Albert Rivera se abstiene en la investidura de Ángel Gabilondo. La mención del tamayazo lleva a 2003tamayazo : PSOE e IU sumaban un escaño más que Esperanza Aguirre, pero la actitud de dos tránsfugas socialistas frustró la posibilidad de que la izquierda volviera al Gobierno regional. 

El staff madrileño considera que también "han desaparecido las máscaras". "La unidad popular en boca de este grupo es una vulgar maniobra para acabar con Izquierda Unida. En su hoja de ruta no figura la renovación de esta formación política, sino la firme voluntad de disolver sus estructuras en la densa espuma del efecto Podemos. Con estos precedentes, parece lógico pensar que Alberto Garzón no puede ser el número uno de la lista de IU-CM a las elecciones generales del próximo otoño. No lo tendrán fácil". Avisa, por tanto, de que si Garzón quiere seguir siendo candidato, no podrá encabezar en ningún caso la candidatura por Madrid. 

Ya varios dirigentes regionales habían lanzado sus dardos contra Garzón. La cabeza de lista al Ayuntamiento, Raquel López –nunca reconocida por la cúpula federal–, llamó "miserable" al diputado, mientras que su compañera Libertad Martínez le acusó de haber logrado su objetivo de "hundir IU". Pero ahora lo pone negro sobre blanco en un comunicado. 

Los medios que dieron "la espalda" a IU-CM

IU-CM dice ser consciente de que ha de protagonizar cambios "urgentes e inaplazables en su organización y propuesta política", que ha de participar "activamente en los procesos de convergencia" con otras fuerzas pero "preservando su identidad", justo lo que hizo cuando se negó a confluir con Ahora Madrid, porque ello llevaba aparejada la disolución de sus siglas en la marca. "Pero no está escrito que un grupo de dirigentes federales, a través de la deslealtad y la impostura, puedan promover con impunidad el fin de IU y su desembarco en otro proyecto político. Haremos todos los esfuerzos –promete la cúpula regional– para lograr una mayoría democrática en IU que impida esta operación". 

El comunicado incorpora un único párrafo en el que hace autocrítica. Si IU ha perdido votos –bajó del 10,75% al 1,71% en el Ayuntamiento, y del 9,61% al 4,14% en la Asamblea– también se debe, explica, a que otras candidaturas "han sabido conectar mejor con las aspiraciones de la ciudadanía", sobre todo en la lucha contra la corrupción y el avance hacia una mayor justicia social. Pero estas han contado "con el apoyo de los medios de comunicación, los mismos que han dado la espalda a IU-CM". Los electores progresistas concluyeron que era la "nueva política" la herramienta más útil para echar a la derecha. 

Reconocimiento a García Montero y López

IU-CM reconoce que ha sufrido "una severa derrota" en las urnas, y sus consecuencias se dejarán notar en la acción política de los próximos años, tanto por la asfixia económica como por su capacidad de actuar desde las instituciones, pero reividica que puede "renovar" el proyecto y sacarlo adelante. 

Y para ello, la ejecutiva propondrá el 3 de junio a la Presidencia y al Consejo Político Regional la convocatoria de una asamblea extraordinaria que se celebre "con el plazo mínimo estatutario" para elegir "una nueva dirección, dotarse de estructuras más ágiles y acordes a la nueva realidad y renovar a fondo el proyecto político de IU". La dirección recuerda, no obstante, que IU sigue viva en las instituciones a través de los 159 concejales obtenidos el 24-M –178 en 2011– y sus 5.000 militantes. Los miembros de la ejecutiva ponen sus cargos a disposición de los órganos regionales. 

La cúpula afirma que trabajará desde los ayuntamientos en los que tiene representación para constituir "gobiernos de izquierda y progresistas" para cambiar las políticas, igual que buscará "la mayor estabilidad democrática posible en las instituciones, frente a los intentos desesperados del PP por violentar el resultado de las urnas o ante la conducta dispersa e incierta de otras formaciones políticas". 

Por último, la resolución concluye con un "reconocimiento explícito" y el agradecimiento a todos los candidatos, y especialmente a los números uno a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital, Luis García Montero y Raquel López. Creemos que el resultado no hace justicia a su dignidad, lucidez y capacidad de propuesta política. Esta organización está en deuda con ellos, y estamos convencidos de que gracias a su campaña, a la militancia de IU-CM y al apoyo de importantes colectivos y grupos sociales, especialmente de representantes y dirigentes de CCOO, se han sentado las bases para volver a intervenir y decidir en el futuro en la política madrileña".

Donde la exigencia ética es alta es porque existe una conciencia ciudadana de lo que significa el bien común y no se confunde Estado con Gobierno, y menos aún Gobierno con finca particular. El termómetro de intolerancia no está en la cantidad defraudada, sino en el hecho de defraudar; que un político no sepa distinguir entre sus gastos personales y el dinero de todos le obliga a dimitir. Fue el caso de la prometedora viceprimer ministra sueca Mona Shalin, que tuvo que dimitir cuando era la favorita para sustituir a Ingvar Carlsson, primer ministro y líder del Partido Socialdemócrata sueco.

Tuvo que dimitir en 1994 porque pagó con la Riksdag credit card, la tarjeta oficial, varios gastos menores, entre ellos unas tabletas de Toblerone. Sus gastos privados ascendieron a 47 euros. Eso fue suficiente. Tuvo que dimitir. Tardó tres años en volver a un cargo menor y reiniciar su carrera. Antes tuvo que escribir un libro en el que pedía disculpas a la sociedad.

En España hay una presidenta regional de un partido conservador que accedió a la presidencia de su comunidad hace 12 años gracias a la ausencia de dos diputados socialistas comprados por una trama empresarial en la que el tesorero regional de dicho partido conservador estaba implicado.

La lideresa, que llamaremos para que nadie se pierda, Esperanza Aguirre, logró la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias a ese turbio asunto que la prensa llamó el Tamayazo, debido al nombre de uno de los implicados. Aguirre, que por supuesto dijo no saber nada, organizó una comisión de investigación y puso al frente de la misma a Francisco Granados, que era uno de sus delfines. La comisión se cerró sin conclusiones. Ahora vuele a son el runrún del fraude. 

Este Granados,  que llegó a ser número dos de la Comunidad de Madrid, fue el jefe de una trama corrupta llamada Púnica que se embolsó millones. Ahora está en la cárcel y Aguirre dice que nunca fue de su confianza. También ha tenido la trama Gürtel, otro mangoneo al por mayor, el caso Fundescam, sobre una presunta financiación ilegal de sus campañas electorales. También aparcó en un carril bus, discutió con los agentes que la multaban, se dio a la fuga tirando una de las motos. Aguirre no tiene problemas porque al parecer ella no toma Toblerones.

La ministra de Educación y Ciencia de Alemania, Annette Schavan, muy amiga de Ángela Merkel que la tenía como la mejor en su puesto, tuvo que dimitir en 2013 al descubrirse que había plagiado su tesis electoral 33 años antes. Un sitio de internet llamado Cazador de párrafos levantó las primeras sospechas y la revista Der Spiegel las concretó. La Universidad de Düsseldorf anuló su título de doctora y la ministra tuvo que presentar la dimisión. ¿Cómo se puede confiar en alguien que miente sobre sus habilidades y su formación? Dos años antes, en 2011 tuvo que dimitir también por plagiador el ministro de Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg que había copiado párrafos enteros.

El director del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, fusiló también párrafos enteros de otros para un libro editado por la Universidad a Distancia. Se llama José Antonio Martínez Álvarez y no ha dimitido. Este caso, lo habrán imaginado por los apellidos, pertenece al mismo país que el caso de la lideresa Aguirre.

El ya expresidente alemán, el democristiano Christian Wulff, tuvo que dimitir por haber concedido un aval de cuatro millones de euros al empresario David Groenewold, quien en el mismo año pagó al matrimonio Wulff unas lujosas vacaciones en el Mar de Norte.

Chris Huhne, exnúmeros dos de los liberal demócratas, es un experiodista y político británico que tuvo que dejar el cargo de ministro de Energía por un delito cometido en 2003, cuando viajaba en coche con su entonces esposa Vicky Price, en dirección al aeropuerto de Stansted. Un radar detectó su velocidad excesiva: 111 kilómetros por hora en vez de 80. A Huhne se le ocurrió la idea de decir que era Price quien conducía para librarse de la pérdida de puntos. Diez años después, ya separado de su mujer tras elegir a su amante Carina Trimingham, Price reveló los detalles de ese incidente. La fiscalía abrió de inmediato una investigación. Huhne tuvo que dejar el ministerio y escaño. Fue condenado a ocho meses de cárcel.

Poco antes, David Laws tuvo que dimitir como número dos del Tesoro cuando se descubrió que había falseado sus cuentas de gastos como diputado. Laws trataba de ocultar que el hombre con el que compartía su vivienda era su pareja sentimental. Duró en el cargo 17 días.

¿Y Esperanza Aguirre? ¿Y la sede en B de Génova 13? ¿Y los sobresueldos? No más preguntas, muchas gracias.

No está claro hasta dónde llega la "florida ideación delirante" que observó en Francisco Nicolás Gómez Iglesias el forense que lo atendió tras su detención. Pero lo que es muy real es la guerra interna que el caso del pequeño Nicolás ha desatado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con dos derivadas que afectan al comisario de Asuntos Internos de la Policía y a un fiscal Anticorrupción.

La disputa se desarrolla en torno a la figura de la secretaria general del CNI, Beatriz Méndez de Vigo, una persona de la máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría es quien controla orgánicamente la Casa, como se conoce familiarmente a los servicios de inteligencia, y negó en su día cualquier relación con el pequeño Nicolás. "Beatriz quiere ser la futura directora [del CNI] y los viejos de la Casa se la quieren cargar", explican a infoLibre fuentes conocedoras del enfrentamiento. Los detractores internos de la número dos del espionaje español buscan involucrarla en las andanzas del pequeño Nicolás, mientras que la versión oficial del CNI es que el joven jamás trabajó para el centro.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias –Fran para los amigos, el pequeño Nicolás para el resto de España– fue detenido el 14 de octubre y, desde entonces, se puso en marcha el control de daños. "A los dos que tenían el contacto del CNI con el pequeño Nicolás los han enviado a Panamá", señalan las fuentes consultadas por este periódico.

Además, se produjo una buena noticia para los defensores de la verdad oficial en el frente judicial. Al ser detenido, Gómez Iglesias prestó declaración ante la jueza de guardia, Mercedes Pérez Barrios, quien dictó un auto dejando al joven en libertad provisional sin fianza a pesar de que la Fiscalía solicitó prisión preventiva incomunicada y sin fianza. La jueza mostró además su perplejidad por el hecho de que el pequeño Nicolás, "con su mera palabrería y aparentemente con su propia identidad", hubiese accedido "a las conferencias, lugares y actos a los que accedió sin alertar desde el inicio con su conducta a nadie por muy de las juventudes del Partido Popular que manifieste haber sido". La jueza de guardia mandó el asunto a reparto y la investigación le tocó al Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, cuyo titular es Arturo Zamarriego Fernández. Un nombre que provocó tranquilidad en el CNI: teniente coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar en excedencia, el magistrado es un hombre que entiende cómo funciona la seguridad del Estado. El juez decretó el secreto de la investigación nada más asumir la causa.

Manipular la instrucción judicial

Claro que una cosa es tener sensibilidad para los asuntos de Estado y otra muy diferente que a un magistrado le pretendan manipular la instrucción. Y eso es lo que parece esconderse detrás de la filtración de una grabación que tiene como protagonistas a dos agentes del CNI y al comisario de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas. En la conversación se habla de la necesidad de convencer al juez instructor de que autorice el pinchazo del teléfono del pequeño Nicolás para incluir así en el caso las conversaciones que ya tenían grabadas de forma ilegal. Esta información fue adelantada por la web Información Sensible, que también dio en su día la exclusiva de la detención del joven.

Las fuentes consultadas por infoLibre confirman la existencia de dicha grabación y aportan diversos detalles: "Son unos seis minutos de conversación. Hay partes que se escuchan mal, están como entrecortadas. No se puede descartar al cien por cien que esté manipulada. Pero la voz de Marcelino [Martín-Blas] se reconoce. Y resulta evidente que alguien desde la Casa le ha hecho llegar la grabación al pequeño Nicolás para que se defienda".

"A cualquiera que sepa cómo trabaja el CNI no le puede sorprender el tema. Dicen que lo que han escuchado es muy fuerte, pero no lo pueden meter en el caso. Pero si logran que el juez autorice el pinchazo, pueden intentar blanquear la información", explican las mismas fuentes. El plan se ha ido ahora al traste y pocos dudan de que, a estas alturas, el juez instructor ya tiene conocimiento de la existencia y del contenido de esa grabación.

Hay otra derivada de esta historia de espionaje que afecta a un fiscal anticorrupción. En este caso se trataría de un vídeo comprometido. "Hay versiones contradictorias sobre el origen del vídeo. Hay quien sostiene que se grabó en un hotel de Vigo, otros dicen que fue en Estados Unidos o en Madrid. El fiscal siempre ha dicho que el vídeo es un montaje contra él para desprestigiarlo, que es falso", relatan las fuentes consultadas por este periódico, quienes afirman que esta historia tiene ya un largo recorrido: "El tema llegó a estar judicializado, en un caso donde había 22 imputados, pero el CNI logró que la parte del fiscal desapareciese en dos ocasiones". Ese fiscal también despierta pasiones y odios entre los agentes del CNI, así que el (presunto) vídeo se ha convertido en un aspecto más de la refriega.

Más allá de la "florida ideación delirante" del pequeño Nicolás, de momento el parte de guerra es el siguiente: una batalla por el poder dentro del CNI que se libra con escaso disimulo, un comisario de la Policía en la cuerda floja y un fiscal Anticorrupción salpicado por el caso. Y todo ello a la espera de que se levante el secreto del sumario, algo que podría ocurrir al menos parcialmente antes de Navidad.

Preguntas (aún) sin respuesta

La instrucción judicial quizá sirva para responder a las dos preguntas clave del caso: qué negocios o estafas ha organizado Gómez Iglesias y con qué apoyos oficiales ha contado.

El desparpajo del pequeño Nicolás viene de antiguo, aunque parezca extraño aplicar esta expresión a un joven de 20 años. Hace tres, cuando aún era un menor de edad, se presentó en la sede de uno de los empresarios más conocidos de España y se ofreció a desbloquear una importante obra a cambio de cinco millones de euros. "Dijo que venía en nombre de Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Comprobamos que no era verdad. Pero él se presentó aquí acompañado por dos policías municipales y en un coche oficial adscrito al Ayuntamiento de Madrid. Y eso sí era verdad", recuerda en conversación con infoLibre una fuente del grupo empresarial. 

En los tres años transcurridos desde entonces, el pequeño Nicolás ha contactado con decenas de empresarios. Así que no es extraño que en el CNI, en la Policía y hasta en la Guardia Civil traten de rastrear el máximo de información posible. El objetivo es encontrar respuesta a preguntas ciertamente llamativas: ¿A quién visitaba con tanta frecuencia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dejando 'su' coche oficial en la puerta? ¿Es verdad que se repartió una comisión millonaria con un antiguo dirigente del PSOE de Madrid implicado en el tamayazo a cambio de intermediar en la venta de una finca? ¿Precipitó su detención un presunto negocio en el que iba a participar el dictador guineano Teodoro Obiang? 

Luego está el tema de los apoyos oficiales. Él aseguró que había viajado en el coche de la vicepresidenta, que había celebrado un cumpleaños en el polémico ático de Ignacio González en Estepona (Málaga), que mantenía una relación fluida con el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga. Todos lo han negado tajantemente. "Ahora nadie conoce al pequeño Nicolás. pequeño NicolásPero se movía en coche oficial, manejaba información propia de los servicios de inteligencia y estaba en todo tipo de actos, incluida la recepción de la proclamación del rey. ¿Todo eso se hace sin ningún apoyo oficial?", resumen las fuentes consultadas por este periódico.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias va camino de convertirse en una estrella televisiva, después de sus tres últimas intervenciones en el programa Un tiempo nuevo, de Tele 5. ¿Y su futuro judicial? En este momento, hay dos causas abiertas contra él. Una en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, tras la querella por injurias presentada por la Abogacía del Estado a instancias del CNI. Y otra, la citada del Juzgado de Instrucción número 2 a cargo del magistrado Arturo Zamarriego, que se inició por la supuesta denuncia de un empresario estafado. ¿Presunta denuncia? Sí. En este tema hay pocas cosas claras. La primera versión oficial hablaba de esa denuncia, pero el propio empresario negó haberla presentado. En todo caso, si algún día se presentó, lo que parece claro es que después fue retirada. Ello no significa que la causa vaya a ser archivada, porque también se investiga al pequeño Nicolás por la presunta comisión de los delitos de falsificación documental y usurpación de funciones públicas.

La jueza que escuchó por primera vez la versión del joven confesó su incapacidad para entender cómo había llegado tan lejos en sus andanzas. Dos meses después, su perplejidad es compartida por media España. Y todo apunta a que el espectáculo continuará.

También habría que tener en cuenta que si lo que se busca es un remedio para atajar la corrupción deberían hablar con Rajoy y comentárselo porque no parece muy partidario. Su reacción ante la cantidad de informaciones que se fueron sucediendo en torno al llamado caso Gürtel, que consistió en convocar a la plana mayor de su partido para hacerse una foto de unidad, de apretar las filas, momento en el que proclamó que todo era un infundio, una causa general para conculcar el resultado de las urnas, consiguió transmitir un mensaje que no tranquilizaba nada a la ciudadanía, ni al juez instructor, que acabaría siendo expulsado de la carrera judicial por prevaricador. El mensaje no era otro que: todos estamos del mismo lado. En aquel momento era sinónimo de todos somos Gürtel. No se comprendía el interés en atajar una limpieza que sólo perjudica a los corruptos y beneficia a los honrados.

Hay otras actuaciones en la misma dirección que esta, de encubrimiento y complicidad con los presuntos implicados, y que no mejoran su imagen. Su expresión de solidaridad y admiración a Camps y Matas en mítines multitudinarios donde se desgañitaba presentándoles como la solución a nuestros problemas y el paradigma de lo que debe ser un gobernante, no le ha llevado a pedir disculpas a los ciudadanos que le votaron por haberles estafado de una manera tan clamorosa.

Recientemente vuelve a dar la cara cuando se acusa a Acebes de ordenar pagar con dinero negro a medios de comunicación, afirmando que la imputación de su compañero le parece una injusticia. No se refiere en ningún momento a que crea en su inocencia y puede que tenga razón. Nadie como don Mariano debe conocer los entresijos de aquel marasmo económico en el que se desenvolvía el PP. Es de los pocos de su generación que quedan en la cúpula, es decir, se ha chupado todo, la travesía por el desierto, el ascenso y la llegada a la cima. Ha estado en el epicentro del terremoto y en la fiesta del reparto de sobres: en las declaraciones de Bárcenas él mismo aparece como uno de los receptores. Si entendemos que el manejo de dinero negro en sí ya es una práctica ilegal, que se ve agravada si se utiliza para comprar voluntades, sólo queda una explicación posible para las palabras de Rajoy, que esas prácticas estuvieran generalizadas, lo que convertiría la imputación de Acebes en un agravio comparativo con la carga de injusticia que conlleva.

Mientras escribo este artículo salta a los medios la noticia de la detención del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, del presidente de la Diputación de León Marcos Martínez Barazón y otras cincuenta personas más, entre ellas constructores ligados a una trama de corrupción donde llovían las comisiones para sacar adelante contratos de adjudicación de obras por un valor de 250 millones de euros.

Este hombre de confianza de Esperanza Aguirre fue el que presidió la Comisión de lo que se llamó el Tamayazo, caso turbio donde los haya, que demostró lo inoperante que puede ser la Justicia cuando se lo propone y que permitió, como ustedes saben, que Esperanza Aguirre se hiciera con la Presidencia de la Comunidad de Madrid, gracias a que dos diputados del PSOE se abstuvieron de votar a su propio compañero, Rafael Simancas. Algunos podrán pensar que Granados no era el hombre adecuado para presidir aquella Comisión, pero ante la plantilla que tienen cualquiera se puede imaginar a la señora Aguirre gritando: “si no pongo a Granados, ¿a quién pongo?”. Visto lo visto lo tenía muy complicado para encontrar entre los suyos lo que en las rifas se llama una mano inocente.

Cada vez cobra más sentido eso que dijo la marquesa antisistema de que ella destapó la Gürtel, porque resulta difícil creer que tamaño desmán delictivo por parte de los que ella misma nombró ocurriera delante, detrás y a los lados de sus narices sin que se enterara de nada, a no ser de que su ineptitud fuera la causante de este asalto a los presupuestos, la inductora, porque todos pensaran que estaban en manos de una incompetente de tal calibre que podrían estar afanando en masa sin que se percatara.

Pobre Esperanza, todos incrementando su patrimonio a lo bestia y pillando cargos en las empresas que se beneficiaban de sus adjudicaciones y ella, según contaba, llegando justito a fin de mes, sin extrañarse del tren de vida y patrimonio de sus compañeros que tenían un sueldo inferior al suyo. Es lo que tiene ser ingenua y buena persona, que no sospechas de los demás y asciendes a quien no debes, pero ¡ojo!, que nadie piense que por su bondad es inofensiva, sabe dar la cara por sus amigos y así, cuando el concejal de Majadahonda José Luis Peñas denunció en Génova que en el partido había corrupción para alicatar tres cuartos de baño, recibió por su parte ese apelativo que tanto le gusta a ella y que hace referencia al oficio de la madre de uno.

Pobrecilla, insisto, a lo mejor se ha pasado la vida en Babia y está metida hasta el cuello en esta trama funesta sin querer, sin haberse percatado.

En fin, no es raro que fuera la primera en descubrir la trama porque la tenía encima de la mesa de su despacho y estaba siendo avisada por distintas vías e indicios, otra cosa es lo que hizo con esa información: nada. Cómo iba a imaginar que esos chavalotes tan sanos y que gestionaban la sanidad, la educación, Caja Madrid, etcétera, de una manera impecable, pudieran llevar una doble vida y estuvieran metiendo mano a la caja.

Hace bien Pedro Sánchez en tutelar a estos señores a la hora de elaborar un pacto contra la corrupción porque son muy confiados y cualquiera les engaña, no la ven ni cuando les meten un sobre en el bolsillo, ellos creen que es el amigo invisible que les da el regalo de Navidad en diferido y a plazos.

Definitivamente nos toman por tontos y hoy, siguiendo los designios de Rajoy, nos toca proclamar: Todos somos Esperanza.

El escándalo de la financiación ilegal del Partido Popular se puede analizar desde dos ángulos distintos, el de los gastos y el de los ingresos. La parte de los gastos es la que mayor interés y curiosidad produce. Y también la que genera mayor indignación. ¿Qué hacía el PP con todo el dinero que obtenía ilegalmente? Una parte importante iba a campañas electorales, otra a sobresueldos de los dirigentes del partido y otra a necesidades especiales (como echar una mano a Libertad Digital, pagar los abogados del Yak 42 para salvar la reputación de Trillo, comprar trajes a Rajoy o satisfacer las demandas de dinero negro de Pedro Arriola).

Descubrir, en un momento de graves penalidades económicas, que el principal partido del país era un entramado de fraude fiscal y blanqueo de dinero tiene efectos devastadores en la opinión pública y en la imagen del país. Añádase a esto la mentira sistemática y el negacionismo como reacción única de los líderes del PP a las revelaciones de Bárcenas y tenemos ante nosotros un fallo sistémico de nuestra democracia. Cabe preguntarse, con toda justicia, cómo es posible que este proceder delictivo y corrupto de la derecha española haya funcionado con total impunidad durante más de veinte años.

Creo, sin embargo, que la parte más interesante del escándalo Bárcenas es la relativa a los ingresos: quiénes donaban dinero al partido y por qué eran tan generosos. Vamos poco a poco conociendo los nombres de los empresarios que entregaban dinero al PP con admirable altruismo; como no podía ser de otro modo, aparecen muchos constructores.

En un país dominado por el enfoque jurídico de la política, la mayoría de los comentarios sobre estas donaciones se refieren al posible incumplimiento de la ley de financiación de los partidos políticos. Pero esto, a mi entender, es una cuestión secundaria. Sea legal o no, el problema es que el dinero pervierte el funcionamiento de la democracia. De hecho, lo que en España es delito, en Estados Unidos es completamente legal: allí las empresas pueden financiar sin límite a los partidos (el Tribunal Supremo de EEUU ha llegado a considerar, en un razonamiento tortuoso donde los haya, que las donaciones son una forma de libertad de expresión y por tanto están constitucionalmente protegidas).

La verdadera cuestión no es, pues, si se han incumplido las regulaciones sobre las donaciones, sino si la política está sometida a los intereses económicos de los donantes. Aunque mañana se cambiara la ley y se pusiera un tope de 6 millones de euros en lugar de los 60.000 actuales, a mi me parecería igualmente escandaloso que el constructor Villar Mir entregara cantidades enormes de dinero (Bárcenas le atribuye más de 500.000 euros en donaciones) para ayudar al PP a ganar las elecciones.

En algunos casos, los empresarios reciben, a cambio de sus aportaciones, suculentas contrapartidas en forma de contratas públicas. Antes de los papeles de Bárcenas, este tipo connivencia entre empresarios y políticos había salido a la superficie en el escándalo de Fundescam, una fundación tapadera del PP madrileño que, sobre todo en años electorales, recibía cuantiosos fondos de empresarios como Arturo Fernández (el presidente de los empresarios madrileños, el mismo que hace pagos en negro a sus trabajadores), los cuales eran luego premiados con contratos con la administración madrileña. El tamayazo siguió un esquema parecido, aunque forzando un poco más la situacióntamayazo: un conjunto de empresarios afines al PP dieron dinero para sobornar a dos diputados del PSOE y evitar de este modo decisiones urbanísticas que podían ser menos favorables a sus intereses.

Frente a esta forma directa de intercambio de dinero por contratos o recalificaciones, hay otra más sutil que, quizá, sea aún más dañina desde un punto de vista democrático: se trata de financiar al partido no para obtener un favor concreto, sino para que este haga unas políticas determinadas. Entra aquí el tipo de donación de Juan Roig, el presidente de Mercadona, empeñado en una mayor desregulación del mercado de trabajo. El mismo Roig, por cierto, que hace unos meses declaró, con el tono de suficiencia que le caracteriza, que “la corrupción lastra la vida económica y la productividad del país.” Parece que sabe de lo que habla.

La democracia se sostiene sobre el principio de igualdad política, en virtud del cual todos los ciudadanos tienen el mismo poder político, un voto cada uno. En el modelo ideal, el gobierno se guía por las preferencias mayoritarias en la sociedad. Por supuesto, el poder económico tiene una distribución mucho más desigual, concentrándose en unos pocos. Los conflictos y las tensiones entre democracia y capitalismo surgen precisamente por la diferente distribución de poder económico y poder político en la sociedad. Puede que lo que quiera la mayoría no se lleve a la práctica desde la política a causa de las resistencias del poder económico. Este tipo de problemas es consustancial a la democracia capitalista.

Pero la cosa se agrava cuando el poder económico se traduce directamente en influencia política, de manera que el partido en el Gobierno termina haciendo lo que quieren quienes les financian y no lo que la ciudadanía desea. Ya no es que la globalización, o la apertura exterior de la economía, impongan límites a lo que pueden hacer los políticos, sino que los políticos hacen lo que les piden quienes tienen los mayores recursos económicos. En la medida en que los partidos requieran financiación y esta provenga de empresas y bancos y no de los ciudadanos o del Estado, la autonomía política de los gobernantes queda en cuestión.

Lo que el tremendo escándalo de la financiación ilegal del PP pone de manifiesto es una connivencia, que podíamos imaginar, pero no constatar, entre el partido de la derecha y los intereses de constructores y otros empresarios. Este es uno de los problemas más graves de la democracia, mucho más que el hecho de que unos políticos aprovechados y sin escrúpulos se embolsen sobresueldos.

¿Alguien le dio portazo?

Yo he intentado hablar con todo el mundo. Llamé a todas las puertas. Unas se abrieron con más facilidad, como ocurrió con Aguirre. Y otras no tanto. 

¿Cuáles?

Vi que no había demasiado interés en determinadas personas, pero no hace al caso. La postura de todos los protagonistas queda bien reflejada. No pude hacerlo con Dionisio Ramos [uno de los personajes que Tamayo situó en el centro de la trama en los documentos desvelados por infoLibre] ni con Ricardo Romero de Tejada [secretario general del PP madrileño en 2003], ni con Tamayo, al que intenté localizar por mail y por teléfono, y no hubo suerte. 

¿Cómo es posible que un escándalo de este calibre no haya sido investigado judicialmente? 

En aquel momento, cuando todo estaba más reciente, la Fiscalía General del Estado, dirigida entonces por Jesús Cardenal, no tuvo demasiado interés en hincarle el diente. Y la querella del PSOE fue desestimada rápidamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por una Sala con fuerte signo conservador, pero ese carpetazo no debería haber sido definitivo, porque se dejaba la puerta abierta. De haberlo permitido Cardenal, habría podido seguir adelante, como pedían Mariano Fernández Bermejo [entonces fiscal jefe de Madrid] y Carlos Jiménez Villarejo [que estaba al frente de la Fiscalía Anticorrupción].

¿El PP, el Gobierno de José María Aznar, obstruyó toda la investigación?

El PP no estaba interesado en investigar, y eso era evidente. 

¿Qué nuevas luces arroja su libro?

Es muy ilustrativo que Tamayo se reuniera con Francisco Granados [el secretario general del PP que Aguirre nombró en sustitución de Romero de Tejada] para pedir el cumplimiento del acuerdo económico. Yo le pregunté por eso a Esperanza, y ella me dijo que sí tuvo noticia, que quería un pastón y que le respondieron que no lo llevaban suelto. También creo de mucho interés el pacto de PP e IU para evitar que Alberto Ruiz-Gallardón compaginase la Presidencia de la Comunidad de Madrid en funciones con la Alcaldía de la capital, pero que no se llevó a efecto porque Simancas se negó. También me resulta muy interesante la maniobra que organiza José Blanco [secretario de Organización del PSOE] para colocar como candidato en las segundas elecciones a Gregorio Peces-Barba, a lo que se resiste Simancas. Y también que Zapatero se desentendió de la investigación cuando llegó al Gobierno. José Bono, ya como ministro de Defensa, llamó a Simancas desde Nueva York para decirle que los tenía "pillados", para luego decirle que no había encontrado una actitud "muy positiva para mover el asunto". 

¿Cómo se explica que Zapatero no quisiera investigar cuando llegó a la Moncloa? ¿Por qué? ¿Cómo pudo argumentar que no era "políticamente interesante" hurgar en el 'tamayazo'?

Lo tendrá que explicar él. Intuyo que cuando dijo que no convenía recordar la responsabilidad política se refería al apoyo decisivo que le prestó José Luis Balbás [jefe de los Renovadores por la Base, la facción a la que pertenecían Tamayo y Sáez] para su victoria en el congreso del PSOE del año 2000. Esa mala conciencia ha pesado mucho tiempo. 

Balbás decía ayer lunes en 'Las mañanas de Cuatro' que "el partido entero" conocía que Tamayo y Sáez harían la espantada aquel 10 de junio de 2003. ¿Es así?

Que Tamayo no estaba a gusto en esa época es evidente. Que fuera a montar un número, más en el debate de investidura que en la constitución de la Mesa de la Asamblea de Madrid, era probable. De ahí a imaginar que iba a hacer lo que hizo... No, no había nadie en el PSOE que pudiera atisbar siquiera que eso iba a acontecer. Una cosa es el malestar por el incumplimiento de un pacto y otra es provocar unas nuevas elecciones. Nadie en ese momento podía adivinar que podría producirse una felonía así. 

¿Y el PP, estaba informado, sabía que aquello podía pasar? 

El PP disponía de una información más ajustada porque tenía militantes que colaboraban con Tamayo, como José Esteban Verdes [el letrado novio de la viceconsejera de Presidencia, Paloma García Romero], por la relación de amistad de Tamayo con el constructor Francisco Bravo... Había pistas. Pero es una hipótesis, no un hecho probado. Ahora bien, cabe imaginar que así era, porque el teléfono de Tamayo echaba humo aquellos días y la lista de llamadas es esclarecedora. Desde febrero de 2003 hasta el día de la deserción, habla con Verdes hasta medio centenar de veces. Verdes habla con Romero de Tejada la víspera del 10 de junio. Las coincidencias tienen un límite temporal. 

Hablaba antes de IU. ¿Cuál fue su papel? ¿Había también intereses en frustrar la investidura de Simancas?

Yo digo que hay una especie de mano invisible, una estructura transversal para desestabilizar a Simancas, para impedir que llegara al poder. La sintonía de Simancas con Fausto Fernández [coordinador de IU Madrid en aquel tiempo] era grande, pero en IU hay muchas sensibilidades, corrientes, familias. Y hay un joven diputado, Jorge García Castaño [hoy concejal en el Ayuntamiento de Madrid], que recibe una llamada de un dirigente en la sombra, José Antonio Moral Santín, que le pide que se abstenga en la votación del día siguiente. Jorge interpreta que era para apretar al PSOE, para conseguir alguna consejería más. Pero lo cierto es que Moral Santín era consejero de Caja Madrid, era el valedor de Miguel Blesa, y conviene recordar que Simancas había dicho que quería trasladar la mayoría de progreso a la dirección de la caja. Si añadimos esto a ese cóctel explosivo podemos hacernos una idea de la cantidad de intereses en juego. El asunto urbanístico tenía mucha importancia, pero no sólo era eso. Simancas también recibió visitas esos días de gente como Rafael Arias-Salgado, para pedirle que no impusiera la moratoria sobre centros comerciales, o de Javier Gómez-Navarro, que temía que acabase con las fundaciones sanitarias...

¿Era visto el Gobierno de Simancas como amenazante por algunos poderes?

Digamos que había grandes expectativas económicas para determinados grupos de poder que con Simancas no se iban a satisfacer en absoluto. Él era una duda y había temor en los sectores urbanísticos, educativos, sanitarios, comerciales... 

¿Qué importancia tienen los papeles de Tamayo publicados por infoLibre?

Son muy alentadores y muy importantes esos papeles porque demuestran algunas de las cosas que relato en el libro. Se complementan bien con la historia. Ahí aparecen algunos de los nombres principales de la madeja: Dionisio Ramos, José Luis Balbás, Ricardo Romero de Tejada... Todo esto permite trazar el mapa de relaciones políticas y empresariales. 

¿Suficiente para que la Justicia actúe, como defendía Simancas en una entrevista con este diario?

No soy un experto. Pero creo que el material es todavía insuficiente, que no hay una prueba definitiva. Una cosa es el deseo político y otra la realidad. No creo que la Fiscalía, con el material que hay y con el PP en el Gobierno, esté demasiado por la labor. Si no se hizo en su momento... Salvo que apareciera un cadáver... 

Tamayo, por su parte, hace negocios en Guinea y Venezuela. ¿Su visita a Sol, a la sede del Gobierno regional en 2010, y su silencio posterior, no prueba que pudo existir un pacto? ¿Lo sigue habiendo, como cree Simancas?

No sé si existe un pacto. Tamayo acude a la Real Casa de Correos mientras hay un Consejo de Gobierno en el que el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, dimite. Y cita a la diputada del PP Carmen Rodríguez Flores... Desconozco el valor de la palabra de Tamayo. Algunas reuniones ha tenido con el PP de Madrid, aunque Aguirre niega que hubiera un pacto económico. 

¿El PSOE también cometió errores de gestión? Simancas sólo reconoce como fallo haber incluido en aquella lista de mayo de 2003 a Tamayo y Sáez...

Contra ellos no había razones de peso jurídico en aquellas fechas para excluirlos de la lista. Desde el punto de vista político, tenían apoyo interno claro, empezando por Zapatero y Blanco, lo que les permitió ser incluidos en la lista. Lo llamativo es que en el PSOE fallaron los filtros internos incluso después de que Enrique Benedicto [marido de Ruth Porta, mano derecha de Simancas] advirtiera de las supuestas tropelías al mezclar política y negocio. Tamayo salió airoso de otro filtro, cuando la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea no vio motivos para declararle incompatible. Sorprendentemente, superaron los dos todos los obstáculos...

Me refería a la gestión posterior, a si habría sido más conveniente para el PSOE que Simancas no encabezara la lista por segunda vez. 

Haber servido en bandeja su cabeza no habría servido para ganar. Habría servido para constatar la responsabilidad de Simancas, y era evidente que tuvo parte de la culpa pero no la tuvo toda. Hubo actores de peso de la dirección federal... 

Se le achaca cierta imprudencia por desvelar sus planes antes de tiempo, incluso con Caja Madrid. 

No había motivo para que no lo contara. Los candidatos que ganan dicen lo que van a hacer, porque lo dice su programa y porque se someten a las preguntas de los periodistas. Es posible que pecara de ingenuo al decir que iba a descabalgar a Blesa, pero fue honesto al decir lo que dijo. 

¿No es frustrante para la democracia española no saber qué ocurrió realmente? 

Podría figurar en letras de oro de la historia como el caso de la ignominia o de la indecencia. Como el caso se cerró judicialmente y las conclusiones de la comisión de investigación estaban preestablecidas, el interés no ha decaído, la herida no se ha cerrado. Pero ya ha pasado demasiado tiempo. Ahora con la efervescencia del décimo aniversario se está viviendo un momento de cierta efusividad, pero cuando pase pasará a un segundo plano. Aunque no descarto que aparezca alguna cosa más porque alguien quiera tirar de la manta... 

... Como María Teresa Sáez, que ha roto su silencio y dice que Balbás y Tamayo la engañaron, y que no cobró.

Yo también la localicé y percibí ya entonces su resentimiento hacia Balbás y Tamayo, que era la parte débil del engranaje y que podía romper a hablar, que había impuesto una línea de distanciamiento con los que años atrás la habían convencido. En ese sentido, es providencial el trabajo de infoLibre. A pesar de haber protagonizado aquella traición, tiene una buena oportunidad ahora de hacer un servicio a la democracia y de ir a un juez a decir lo que contó a infoLibre.

Lo cierto es que a resultas del 'tamayazo', Aguirre ganó y el PP sigue en el poder. 

Hay quien dice que el objetivo de Tamayo era provocar unas segundas elecciones. Si era así, desde luego lo consiguió. Conviene recordar que el PSOE no logró aparecer como víctima. Durante la comisión de investigación, el PP convirtió el juicio a dos traidores en un juicio sumario al PSOE y el PSOE, por su parte, no logró demostrar la implicación directa del PP. 

"Todo el partido estaba al tanto de que Tamayo y Sáez se ausentarían" en el pleno de investidura, indicó el que fuera expulsado por el PSOE por su vinculación al tamayazo. Según Balbás, "todo es producto de una pelea por el poder político” y argumentó que el objetivo de los socialistas madrileños era que “[Rafael] Simancas se hiciera con el control de Caja Madrid” junto con Ramón Espinar Gallego, vicepresidente de la entidad que, según Balbás, era “mano derecha” del primero.

El ahora auditor y asesor de empresas, según sus palabras, subrayó que Simancas no respetó el "pacto político preexistente" previo con Renovadores por la Base, "cerrado" con José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco, y que, tras la ruptura, “se advirtió al menos tres veces” al entonces  líder de la FSM sobre la posible ausencia de los dos diputados socialistas que impidieron finalmente que el candidato fuera investido presidente de la Comunidad de Madrid en 2003.

Preguntado por las operaciones inmobiliarias que podría haber frenado Simancas de haber llegado al poder, respondió que no iba a hablar sobre "asuntos personales", aunque más adelante admitió que el entramado de empresas de la construcción, que el PSOE denunció ante el Comité de Ética y que reveló infoLibre, “no sumaban ni dos millones de euros entre todas”, eran "insignificantes, de risa". "Yo tengo mi despacho abierto desde hace 30 años. Yo nunca he vivido de la política, y el señor Simancas es un vividor, que no ha trabajado nunca en su vida de nada". "Lo que quiere es volver a estar en las listas y ahora necesita inventarse poesías”, dijo Balbás sobre las declaraciones de Simancas, que ha pedido que se reabra judicialmente el caso."Yo tenía seis u ocho parcelillas"

La jefa de investigación de este diario, Alicia Gutiérrez, le preguntó si estaba involucrado en operaciones urbanísticas que Simancas podía parar, especialmente en los municipios madrileños de Villaviciosa, La Cabrera o Pelayos de la Presa, algunos de los cuales aparecen en los papeles destapados por infoLibre. "Yo tenía seis u ocho parcelillas. Quien tenía la mayoría era La Caixa". ¿Le constaba que el candidato quería parar esas operaciones? "¡Qué coño! Eso se lo ha inventado él, porque es un impostor. Él quería mandar, él quería incumplir un pacto que nos tenía que dar el poder político". 

¿Le dijo a Sáez "Te voy a pedir, Rubita, que apoyes a Eduardo" una semana antes de la espantada? Al principio Balbás contestó rotundamente que no. Luego ya no se mostró tan seguro. "Yo creo que no. No lo sé, no lo sé. El 1 de junio ya hablé con Zapatero y le dije que o se cumplía el pacto o mi gente vería qué hacer. Se habló con tanta gente...".

Confiesa que no les odia, que "allá ellos", allá Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Que se aplica una frase que su referente político, Alfonso Guerra, incluye en su tercer libro de memorias, que siempre procura que tus adversarios, por mucho daño que quieran hacerte, no consigan dar amargura a tu corazón. "Yo he intentado hacer eso mismo. Sólo espero que acaben pagando el golpe más importante de la democracia española desde el 23-F ante la Justicia". 

Rafael Simancas (Kehl, Alemania, 1966), el primer damnificado del tamayazo que, el 10 de junio de 2003, hace hoy justo 10 años, le impidió acceder a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, asegura haber "blindado" sus sentimientos respecto al infausto "recuerdo" de aquellas horas, días, semanas de angustia. Toda su "aprensión y zozobra" está ubicada ahora en los madrileños, "los parados, los que ven mermada la calidad de la sanidad y la educación", los que han "padecido el rescate de Bankia", los que "quizá con un Gobierno progresista hubieran sufrido menos". No quiere que se le llame "víctima política". No, él no lo es, son los ciudadanos, repite. 

Simancas, actual secretario federal de Formación del PSOE, atiendió ayer domingo por teléfono a infoLibre. En los 46 minutos de conversación revive el antes y el después del sabotaje parlamentario que acabó situando, a la postre, a Esperanza Aguirre como presidenta. Pero sobre todo nos centramos en los papeles de Tamayo, revelados por tintaLibre, en los que se descubre cómo se organizó el complot y en los que el diputado tránsfuga anotó nombres de políticos y empresarios implicados en la trama y supuestas prebendas millonarias. 

¿Son estos papeles la pieza clave de un rompecabezas que nunca se llegó a acabar?

Los ciudadanos tienen una opinión formada y aproximada en torno a lo que ocurrió en 2003. Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez no cometieron esa traición por desavenencias con la política de alianzas con Izquierda Unida, tal y como vendieron a la opinión pública. Fueron los protagonistas de una operación que pretendía frustrar la llegada del PSOE al Gobierno, un Gobierno que iba a atender el interés general, frenar la especulación urbanística del suelo, la privatización de los servicios públicos y poner al servicio de los madrileños Caja Madrid. Así, los intereses de unos pocos se veían amenazados. Las investigaciones están sirviendo para confirmar más si cabe esta convicción. Estos papeles y estas declaraciones nuevas sirven para constatar que había un acuerdo económico detrás del comportamiento de Tamayo y Sáez. Tamayo, en esos papeles manuscritos, habla de dinero, de obras, de construcción, de plaza de toros, de Fidel San Román [que en 2005 consiguió la adjudicación del coso de Las Ventas]. Maite habla de una conversación con Carmen Rodríguez Flores [diputada del PP], en la que dice que Tamayo cobró "mucho dinero", y ella era la persona de confianza de Álvaro Lapuerta, jefe de Luis Bárcenas. Estas revelaciones son muy interesantes y suponen una etapa más en el esclarecimiento del tamayazo. 

¿Se podrá probar que estos pagos se produjeron?

Para que estas hipótesis sean pruebas contrastables deben actuar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los tribunales, y eso fue lo que frustró Jesús Cardenal [fiscal general del Estado con José María Aznar], que dio instrucciones a su vez al fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo. Se ocupó de que no pudiera investigarse. Las investigaciones se realizan con más eficacia cuando los hechos son recientes. Pero al cabo de los años las cosas acaban estallando y desde dentro. Así ocurrió con el caso Gürtel, tras la denuncia de José Luis Peñas, con el caso Naseiro, con Filesa... Yo estoy esperando que ocurra lo mismo con el caso Tamayo. Tamayo además da señales de ansiedad, es avaricioso, seguro que le han pagado mucho, de ahí sus negocios en Guinea Ecuatorial y Venezuela. Si no, ¿de dónde ha sacado ese dinero? ¿Cómo puede pasearse por allí como Pedro por su casa? Yo estoy convencido de que esto acabará generando una masa crítica para que intervenga la justicia y los responsables acaben en la cárcel. 

Tamayo, justo tras esa visita frustrada a Aguirre a la sede del Gobierno regional en marzo de 2010, logró el control de la empresa Prefabricados y Obras Zarza, que opera en Guinea y en Venezuela... 

El infame paseo de Tamayo a Sol sólo puede interpretarse de una manera: "Puedo hacer mucho daño si no me pagáis". Ese fue el mensaje que lanzó. A resultas de aquello, él se calló. Volvió al ostracismo. Alguien habló con él y se calló. Ahora aparecen estos papeles y yo tengo mi convicción de que quería que aparecieran, quería lanzar un nuevo mensaje al PP. Tamayo cobró, siguió cobrando y espera seguir cobrando. Será cuestión de comprobarlo. Amenaza, amenaza, y luego suele callar. ¿Por qué calla? Porque alguien satisface sus reclamaciones. Tamayo, cada vez que tiene problemas económicos, da un aviso a quienes tienen mucho que ocultar para que sigan pagando. Pero este tipo de situaciones son muy difíciles de ocultar, tarde o temprano acaban estallando. 

¿Cree que con todo este material nuevo hay motivos para reabrir la investigación?

Empieza a haber importantes datos. Habrá que ver si estos papeles son auténticos, aunque Sáez ha reconocido la letra de Tamayo; están las revelaciones de Rodríguez Flores, la conversación de Tamayo con Francisco Granados [entonces alcalde de Valdemoro por el PP], el pacto económico con el PP... Hay suficientes indicios como para que la Justicia tome nota y reabra la investigación. Especialmente la Fiscalía.

¿Y la dirección del PSM, en manos de Tomás Gómez desde 2007, debe hacer algo?

Eso ya no es responsabilidad mía. Pero creo que poco margen tiene el PSM. Las actuaciones dependen de la Justicia y no del partido. Lo que debe hacer el PSM, y a mi juicio está haciendo, es trabajar para que de aquí a 2015 los madrileños vuelvan a confiar en un Gobierno como el que íbamos a tener en 2003, un Gobierno decente.  

Estos papeles también sitúan a Dionisio Ramos en el centro de la trama. Ramos conocía a José Luis Balbás, jefe de la facción Renovadores por la Base en la que militaban Tamayo y Sáez, desde que ambos estaban en las juventudes de UCD. Ramos, según esos documentos, habría proporcionado el suministro logístico y la cobertura mediática. Y aparece citada Cristina Cifuentes, amiga de Ramos y hoy delegada del Gobierno. 

El papel de Cifuentes tendrá que explicarlo ella. En cuanto a Ramos... José Antonio Expósito, escolta de Tamayo, declaró que había sido contratado y pagado por Dionisio. Ramos era militante del PP, una persona cercana a Ricardo Romero de Tejada [secretario general del PP en la época] y altísimo cargo en los Gobiernos autonómicos del PP, en la Consejería de Educación. Es evidente su implicación en la operación, y que conocía a Balbás. 

Ramos declaró a este diario que desconocía por qué Tamayo lo ubicaba en el centro de la trama, que apenas le conocía, aunque sí reconocía haber trasladado a gente del PP que "algunos" en el PSOE no querían pactar con IU.

Ramos tenía contacto con José Esteban Verdes, también del PP. En la noche electoral del 25 de mayo de 2003, se detectaron llamadas Tamayo con Verdes [que en breve sería marido de Paloma García Romero, viceconsejera de Presidencia del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y responsable por tanto del escrutinio]. Todo el mundo se puede imaginar de qué estarían hablando. No, no había disensiones en el PSOE, sino una operación para derribar al Gobierno. 

En aquella noche del 25 de mayo, ¿usted recibió llamadas o presiones de constructores?

Todo el mundo sabía mis intenciones, todo el mundo sabía que iba a parar los desarrollos urbanísticos, que iba a cambiar al presidente de Caja Madrid. Sí, en aquellos días recibí visitas, por ejemplo, del consejo de administración de Capio [hoy uno de los gigantes de la sanidad privatizada en Madrid], que quería gestionar de forma privada algunos hospitales de Madrid. Yo le dije que no iba a ser así, que podía abrir los centros privados que quisiera y permitiera la ley, pero que ninguna empresa se haría con los hospitales públicos. Creo que tomaron buena nota. 

¿Cree que de haber gobernado Madrid habría logrado pinchar la burbuja inmobiliaria?

Nosotros apostábamos por un desarrollo distinto. Ahí está nuestro programa electoral. El PP quería ladrillo, vivienda libre y a precios altísimos. Nosotros expresamos nuestra voluntad de impedir aquellos planes urbanísticos. Queríamos frenar esa trampa mortal. El monocultivo del ladrillo dejaba de lado la inversión en I+D+i, en la industria... Había mucho dinero para unos pocos, mucho dinero en Alcorcón, Villaviciosa, Majadahonda... Unos cuantos se hicieron ricos y sabían que si yo era presidente esos planes no se iban a llevar a efecto. Se construirían las viviendas que Madrid necesitara, pero también habría suelo para equipamientos públicos, para uso y disfrute de los ciudadanos, para la industria. Íbamos a pinchar un negocio extraordinario. Por eso pagaron a dos diputados. Romero de Tejada fue el intermediario para recaudar el dinero de los empresarios y pagar a Tamayo y Sáez. Él era la mano derecha de Miguel Blesa [entonces presidente de Caja Madrid, hoy encarcelado]. Por cierto, yo ya dije en campaña que si había oportunidad de una mayoría progresista, la caja no estaría gestionada por el compañero de pupitre de Aznar. En el programa hablaba de la caja, ahí está. El tiempo me ha ido dando la razón. Me acusaron de arrogante. Hoy me dicen que fui imprudente por contar lo que iba a hacer. Es posible, pero yo trabajo desde la máxima transparencia. 

¿Eso a la larga se demostró un error? 

Es que era evidente. Todo el mundo sabía que si no tenía mayoría absoluta pactaríamos con IU. Lo habíamos hecho siempre, cuando Joaquín Leguina gobernaba la región, y en los ayuntamientos de la Comunidad. Todo el mundo era plenamente consciente. ¿Qué tenía que decir, que no iba a suceder? Tenía que decir la verdad, era mi deber. Otra cosa es que IU entrara o no en el Gobierno. Yo prefería que estuviese, como ahora ha conseguido mi compañero de partido José Antonio Griñán en Andalucía, pero eso no estaba siquiera cerrado. 

Sáez, en declaraciones a infoLibre, las primeras a un medio en diez años, se exculpa, dice que Tamayo y Balbás la vendieron, que no sabía nada, que cuando empezó a dudar de ellos, ya era tarde. Y que no cobró.

No es cierto. Ella no fue el cerebro de la operación, por razones obvias, pero sabía lo que hacía. Llevaba demasiados años en política. Sabía que así traicionaba a su partido, a los diputados y, sobre todo, a los madrileños. Ella cobró, aunque probablemente muy poco. Y viendo cómo les ha ido a Balbás y a Tamayo, quizá se sienta engañada, pero porque cobró quizá demasiado poco. 

A la vista de lo que sucedió, ¿cree que la Federación Socialista Madrileña cometió errores en aquel verano? ¿Se arrepiente de la solución que se dio a un golpe institucional sin precedentes? 

Me arrepiento de que Tamayo y Sáez estuvieran en la candidatura, aunque es cierto que con los datos que teníamos nada hacía presagiar que habría ese desenlace. De eso sí me arrepiento. Yo acudí a las urnas a pecho descubierto, los ciudadanos me votaron, empecé las negociaciones que creía que tenía que hacer, fui componiendo un Gobierno interesante para Madrid. Son otros los que deben dar cuenta de sus acciones. Yo cada mañana me reconozco en lo que hice. 

Me refería a si fue un error que usted encabezara la lista en las segundas elecciones, las de octubre de 2003, las que le dieron la mayoría absoluta a Aguirre, aunque por la mínima. 

Ese juicio lo tenían que hacer los ciudadanos. Castigaron al PP [pasó de 1.429.890 votos en mayo a 1.346.588 en octubre, del 46,67% al 49,34%] y castigaron al PSOE por llevar a estos dos elementos [bajó de 1.225.390 a 1.083.205, del 39,99% al 39,69%]. Perdimos por muy poco, pero ya la diferencia en las primeras elecciones era muy pequeña. Pero no puedo reprochar nada a los madrileños. ¿Con otro candidato habríamos tenido un mejor resultado? Pues hay quienes piensan que podría haber sido peor, porque los ciudadanos confiaban en aquellos hombres y mujeres que nos presentamos en octubre. Ahora puede opinarse. Actuamos con total honestidad. 

Usted decía, en la entrevista al periodista Felipe Serrano, autor de 'El tamayazo. Crónica de una traición' (Catarata), que este lunes se presenta, que Zapatero no vio "políticamente interesante" hacer del golpe de Tamayo un "asunto central". Usted le disculpa pero, ¿no cree que erró? 

Desde el punto de vista judicial, no dimos más pasos porque no había evidencias probatorias. Ya pusimos una querella y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por cierto en un tiempo récord, la echó atrás. Y Cardenal, a las órdenes de Aznar, se negó a investigar. Una vez que el PSOE llegó al Gobierno [en 2004], no había suficientes elementos probatorios. Había pasado casi un año. En el plano político, el presidente y secretario general me hizo esa reflexión, que situar el tamayazo constantemente en la vida política sin elementos probatorios nuevos que llevar a los tribunales no parecía interesante, porque los ciudadanos iban a recordar que Tamayo y Sáez iban en la candidatura del PSOE. ¿Fue una decisión acertada? No se lo reprocho en absoluto. Entendía que ese era el interés general, y yo tenía lógicamente una posición subjetiva. 

¿Se siente como la gran víctima política de aquel episodio?

Tengo que agradecerle a los ciudadanos y al PSOE que me hayan dado tareas en la Asamblea de Madrid [de 2003 a 2007], en el Congreso [de 2008 hasta hoy] y en el partido pese no haber sido presidente de la Comunidad. Yo no soy la principal víctima de la operación. Cuando pienso en torno a lo ocurrido en aquel verano, las víctimas son los parados que podríamos haber evitado, la burbuja que podríamos haber pinchado, los ciudadanos que podrían ser bien atendidos en los hospitales públicos... Esos, los madrileños, son las auténticas víctimas. Con un Gobierno progresista hubieran cambiado las cosas.

Diez años después, las pesquisas del reportero Alexánder Sequén-Mónchez para tintaLibre, el mensual en papel de infoLibre, han permitido conocer documentos manuscritosdocumentos manuscritos del propio Eduardo Tamayo que arrojan nuevas luces sobre el caso; y el testimonio de María Teresa Sáez, callada hasta ahora, cuando decide proclamar que fue engañada y hasta "vendida"fue engañada y hasta "vendida" por Tamayo y por José Luis Balbás, el jefe e ideólogo de una organización sin ideología pero con muy claros intereses crematísticos, Renovadores por la Base. O más bien Renovadores por el Suelo, puesto que de eso se trataba: de una estrategia que protegiera los multimillonarios negocios inmobiliarios de empresarios ligados al Partido Popular. Las pruebas aportadas durante los últimos días desde estas páginas dibujan un entramado en el que figuran Balbás y Tamayo junto a Ricardo Romero de Tejada, entonces secretario general del PP madrileño, y cobra un mayor protagonismo el ex gerente de la Universidad Complutense y también empresario Dionisio Ramos.

¿Quiénes más en las filas del PP supieron de la preparación del golpe o lo alentaron? El propio Ramos ha reconocido a infoLibre que transmitió "a gente del PP que en el PSOE algunos no querían pactar con IU". En los papeles de Tamayo aparecen empresas y constructores, y datos de contratos y promociones inmobiliarias en municipios concretos. Cruces de intereses que conforman un croquis, negro sobre blanco, del mayor daño que la burbuja inmobiliaria hizo al sistema: pudo comprar y condicionar voluntades políticas.

No sorprende que Esperanza Aguirre siempre despachara el asunto con una gran sonrisa y mayor desprecio, como un "error de Simancas, Blanco y Rubalcaba", por no tener la habilidad de negociar con Balbás y Tamayo. Ella, por supuesto, no sabía nada previamente. "El que sí lo sabía -repite siempre- era Gallardón, desde la noche anterior" (maldita la gota que se desperdicie en esa guerra eterna entre Aguirre y Gallardón). Lo que sí debería seguir causando sorpresa e indignación desde un punto de vista democrático es el bloqueo judicial que entonces se decretó desde el poder aznarista, como relata con detalle el periodista Felipe Serrano en su libro 'El tamayazo, crónica de una traición', editado por Catarata 'El tamayazo, crónica de una traición' y que este mismo lunes se presenta en Madrid.

Los intentos de investigación 

En aquel junio de 2003 era Fiscal General del Estado Jesús Cardenal, tan fiel al Opus Dei como a José María Aznar, que lo eligió para el cargo. El primer paso por llevar el tamayazo al ámbito judicial lo dio Gaspar Llamazares como coordinador general de IU dos días después del golpe. Envió un escrito de dos folios al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que a la sazón era Mariano Fernández Bermejo, más tarde ministro de Justicia (cesado por ir de cacería con Garzón). En el escrito se resumían los hechos, "que afectan no sólo a una posible trama de corrupción económica en la Comunidad de Madrid sino también a la propia esencia de la democracia en España". Y se solicitaba la apertura de una investigación. Paralelamente, el PSOE interpuso ante la sala de lo penal del TSJM una querella contra, entre otros,  Balbás, Romero de Tejada y  los dos constructores (Bravo y Vázquez) que habían pagado el hotel donde se escondieron los diputados tránsfugas. Por último, la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Carlos Jiménez Villarejo redacta un escrito de once folios en los que recoge indicios de posibles delitos y cita jurisprudencia del Tribunal Supremo. Con esa argumentación, pide oficialmente permiso a su superior, Jesús Cardenal (como es preceptivo) para abrir diligencias sobre el tamayazo.

¿Quién responde y establece el primer cortocircuito a la investigación? Lo hace Mariano Rajoy, a la sazón vicepresidente del Gobierno, que asegura al final del Consejo de Ministros del 20 de junio, en Moncloa, que "la querella socialista no tiene ni pies ni cabeza" y no ve "fundamentos jurídicos" para que la Fiscalía Anticorrupción investigue el tamayazo. Si no los ve Rajoy ni tampoco el ministro de Justicia, José María Michavila, mucho menos podía verlos el fiel Jesús Cardenal, que frena las posibles intenciones de Fernández Bermejo, por un lado, y ordena a la Fiscalía Anticorrupción esperar a que el TSJM resuelva sobre la querella presentada por el PSOE.

Por una vez (y sin que sirviera de precedente) el TSJM resuelve a una velocidad impresionante. El 3 de julio, la sala decide (por tres votos a uno) "inadmitir" la querella socialista, que considera mal fundamentada y sin aportación de indicios suficientes. El cuarto magistrado sí que ve indicios, elementos de "sospecha razonable", y firma un voto particular en el que defiende la necesidad de "dilucidar si ha existido una motivación económica [en el tamayazo] o se trata de un hipotético e improbable cúmulo de casualidades". El juez que sí quería admitir la querella, al menos para tomar declaración a los imputados, se llama Antonio Pedreira, y sería años después el primer instructor encargado de investigar la trama Gürtel.

El bloqueo total

Cardenal se encarga de paralizar cualquier acción de las fiscalías y Rajoy, al día siguiente de conocerse el auto por el que el TSJM desestima la querella, aprovecha la rueda de prensa posterior al consejo de ministros para sentar cátedra jurídica: [el auto] "acredita la falta de indicios en una querella que no había por dónde cogerla". Y además considera "sospechosa" la insistencia socialista en que investigue el Fiscal Anticorrupción, por "ser pariente" de Trinidad Jiménez, candidata del PSOE a la alcaldía madrileña. 

El PSOE presenta un recurso de súplica ante el TSJM que también es desestimado. De nuevo Pedreira redacta un voto particular y su argumentación da en el clavo del entramado del tamayazo que dibujan los documentos desvelados estos días por infoLibre. Propone Pedreira que se investiguen los hechos no sólo por su posible carácter delictivo concreto sino "en un contexto social mucho más preocupante: el del urbanismo, que no puede ser entregado a la ley de la selva, del más poderoso, que intente hacer prevalecer sus miras especulativas (...) en detrimento del interés social y general".

Muy poco tiempo después, Fernández Bermejo fue apartado de la Fiscalía de Madrid y Jiménez Villarejo fue relevado en la Fiscalía Anticorrupción. En el "cúmulo de casualidades" antes citado, falta añadir la fecha del auto por el que se desestima el recurso para investigar el 'tamayazo': 18 de julio.

En este marco los resultados electorales eran mucho más importantes de lo que en aquel momento se podía percibir, precisamente las donaciones para esta campaña se multiplicaron en el año del tamayazo y la fundación del PP recaudó el triple que el año anterior rozando el millón de euros. 

Especialmente generosos fueron el jefe de la patronal madrileña Gerardo Díaz Ferrán – hoy en Soto del Real, su cuñado Arturo, hoy también sometido a investigación por sus negocios que han crecido exponencialmente al calor de lo público. Por la misma cárcel pasó también Correa -cabecilla de la trama Gürtel que ya tenía sus tentáculos en la organización de la campaña 2003 del PP. El último, de momento, en pasar por Soto del Real ha sido Blesa Ex Presidente de Caja Madrid. Además su sucesor ha pasado ya por los juzgados junto con los Consejeros.

Todos estos personajes y muchos más merodeaban entorno al PP, y de los hechos posteriores se deduce que todos ellos se jugaban mucho. Aquellas elecciones eran una bomba de relojería que estalló en el mismo momento que los resultados dieron la victoria en las urnas a la izquierda madrileña. Muy poca gente era consciente de que eran unas elecciones de alto riesgo en el que las expectativas de demasiados sectores estaban a expensas de aquellos resultados.

El espectáculo de la traición de Tamayo y Sáez, no se puede leer ya únicamente en clave de “espantada “ con motivaciones personales y políticas o como descontento ante la alianza entre el PSOE e IU. A todas luces, y en función de lo que hemos ido conociendo, hay base sólida para pensar que aquello fue una trama organizada de la que se beneficiaron muchos y a la que no llegó suficientemente la investigación política, mediática o judicial .El entonces Fiscal anticorrupción solicitó abrir una investigación de urgencia, pero el Fiscal General del Estado no la cursó. Después de su cese, al tema se le dio carpetazo.

Seguir el rastro del dinero era el consejo cinematográfico de garganta profunda. En la realidad Wodward y Bernstein realizaron uno de sus reportajes más importantes sobre cómo los fondos donados a la campaña para reelegir al presidente Nixon habían sido utilizados para el robo en el Watergate.

Siguiendo esta lógica y las investigaciones periodísticas posteriores en la política madrileña, las conexiones con la trama Gürtel, Fundescam y las donaciones, los papeles de Bárcenas sobres y donaciones de los empresarios, sería imprescindible una “revisión” del Tamayazo teniendo en cuenta que lo que hoy conocemos establece un posible vínculo entre poderosos intereses económicos y un partido que en Madrid accedió al poder con conexiones muy importantes con estos mismos intereses.

Ciertamente, las casualidades en política no suelen existir y es necesario fijar la atención en lo que sucedería después de las elecciones. Es necesario estudiar cada pieza por separado y componer con todas ellas el mapa de todo lo que estaba en juego. En todo ello y en sus conexiones podrían estar las claves que explicaran la dimensión política y económica de un hecho tan traumático y letal para la política y las Instituciones madrileñas.

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Con la legislatura se pone en marcha el proyecto del PP sobre infraestructuras sanitarias 2004/ 2011, para la construcción y posterior gestión de ocho hospitales. El plan llevaba aparejado la privatización de los servicios no sanitarios y de forma progresiva también de los sanitarios.

Con una inversión de 700 millones de euros en cuatro años con una posterior proyección de hasta 5000 millones en 30 años. Hoy conocemos que la mayoría de las adjudicaciones de las obras de construcción y de la posterior gestión no sanitaria fueron hacia “donantes” que aparecen en los papeles de Bárcenas. A su vez el sector sanitario privado se instalaría en la sanidad madrileña.

En otro orden de cosas en julio del 2003 se admitió a trámite la querella de la Fiscalía de Madrid por la supuesta trama inmobiliaria de Alcorcón, en la que estaban involucrados además del Alcalde del PP los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez , el primero precisamente había reservado las habitaciones del hotel de Tamayo y Sáez. Posteriormente esta querella quedó paralizada aunque los tribunales dieron la razón a Ecologistas en Acción, en un contencioso administrativo desautorizando las recalificaciones. Estos terrenos, son lo que en la actualidad están reservados para Eurovegas .

En las mismas fechas, se estaba negociando la operación de Arganda del Rey, que aparece en el sumario Gürtel como “el mayor pelotazo de la trama Gürtel” que involucra a Martín Fadesa y que según informaciones las negociaciones e intermediaciones tendrían fechas que van del 8 de diciembre de 2003 al 22 de marzo de 2004. La adjudicación se produjo el 25 de noviembre de 2004.

Las dos operaciones tienen relación, a su vez con Cajamadrid, que es otro de los elementos claves de todo este entramado, la bancarrota de Martinsa de más de 7000 millones de euros provocó, a su vez, un agujero de más de 1000 millones sólo en Caja Madrid . Estas y otras muchas operaciones financieras condujeron al rescate financiero de España, para cubrir el desastre de cajas y bancos, al que Bankia ha contribuido hasta el momento en más de 24.000 millones de euros.

No olvidemos tampoco que en 2005 se conceden las licencias para las televisiones locales, que recaen también en sectores afines al propio PP. Esperanza Aguirre concedió 30 emisoras privadas en tecnología digital terrestre, la mayoría de las cuales fueron a parar a la Iglesia y a grupos de comunicación afines al PP. Todo ello junto con las expectativas de privatización de telemadrid, suponía también una reducción drástica del pluralismo informativo a favor del gobierno Aguirre.

La década más convulsa de la política madrileña y específicamente su detonante debería ser seriamente revisado e investigado. Las Instituciones y la política se resienten gravemente de un acontecimiento de este calibre. Demasiadas incógnitas y demasiadas conexiones: Tamayazo y Gürtel, crisis económica y crisis política, recortes y rescates con la crisis y estafa de Bankia y Cajamadrid. Y más allá de lo judicial hasta que el conjunto de fuerzas políticas y sociales hagan su propia catarsis, recuperar crédito ciudadano será tarea difícil por no decir imposible. Las consecuencias de aquello pesan como una losa. Obviamente los grandes beneficiados de todo aquello han sido quienes accedieron al gobierno y sectores que con ello han obtenido importantes beneficios, pero la investigación propia y la trasparencia debió ser el compromiso real de quiénes quedaron más profundamente afectados por todo aquello y que tenían la mayor necesidad de descontaminar la política.

Inés Sabanés es coportavoz de EQUO Madrid

–Pues si yo supiera dónde está Eduardo Tamayo… Pero es que yo no sé dónde está Eduardo Tamayo.

–¿Hablo con Prefabricados y Obras Zarza?

–Sí, eso sí.

Después de identificarnos varias veces, explicamos al interlocutor que deseamos conocer el monto de las inversiones que la empresa ha realizado en Venezuela y en África en el último año. Comentamos las fotos en las que Tamayo aparece con sus socios africanos en la página web, pero antes de decir cualquier otra cosa la comunicación se interrumpe. Volvemos a marcar.

–¡Que no sé exactamente dónde está Eduardo Tamayo ahora mismo! Si está en Guinea o en España o dónde está, con lo cual no puedo atender tu petición.

No resulta fácil que nos diga que hablamos con Carlos de la Fuente.

–¿Trabaja en la empresa de Prefabricados?

–No, yo no tengo nada que ver con la empresa de Prefabricados.

Antes de señalar la contradicción evidente –su móvil pertenece a la empresa, pero según el propio De la Fuente no trabaja para ella—, explicamos que obtuvimos su número de teléfono en la página web de Prefabricados y Obras Zarza.

–Chico, siento no poder atenderte mejor, ¿de acuerdo?

Esta anomalía no da una buena imagen de la empresa. Tampoco que sus teléfonos corporativos sean móviles particulares o que su correo institucional lo respalde una cuenta de GMail.

LOS CONTACTOS CON EL RÉGIMEN DE OBIANG

El vínculo entre Tamayo y Guinea Ecuatorial no es desconocido. El 29 de marzo de 2010, bajo el título “Tamayo no quiere pagar la crisis”, un blog de Tercera Información denunció los supuestos negocios inmobiliarios del tránsfuga en tierras africanas. El 28 de agosto de 2012, otro blog, este inserto en Periodista Digital y dedicado a elogiar las relaciones comerciales entre España y la dictadura de Teodoro Obiang, informó sobre la inauguración de Prefabricados y Obras F. M. Servicios, filial ecuatoguineana de la española Prefabricados y Obras Zarza SL. La reseña destacaba que era “la primera empresa con magnitud de fábrica en Guinea Ecuatorial”, y que encaja “exactamente” en el proyecto de industrialización derivado del Plan Horizonte 2020, financiado con ayuda del Gobierno chino.

La última nota recogía lo que la página oficial del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial había publicado el 23 de agosto de 2012. En un sistema corrupto, donde el pago de coimas es un viacrucis para muchos empresarios deseosos de expandirse al país africano, resulta ilustrativo que Eduardo Tamayo y Roberto Raúl López-Infantes Montenegro, alcalde de Zarza de Tajo, municipio de la provincia de Cuenca, reciban la felicitación pública de Gregorio Boho Camo, presidente de la Cámara de Comercio, Agrícola y Forestal.

Eduardo Tamayo y Roberto Raúl López-Infantes, alcalde de Zarza de Tajo, con el presidente de la Cámara de Comercio de Bioko, Gregorio Boho Camo (derecha), el 21 de agosto de 2012 | OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA DE GUINEA ECUATORIAL

En la reunión de marras, hecha dos días antes de la publicación, el 21 de agosto, también estaban presentes sus socios Pastor Micha OndóBile, exministro de Relaciones Exteriores de Guinea Ecuatorial y actual consejero presidencial en materia de Política Exterior y Tratados; Andrés Jorge Mbomio, vicepresidente primero de la Federación de Fútbol; y Juan Ndong Nguema Mbengono, alias Juanito, embajador ecuatoguineano en Gabón, país rico en uranio, manganeso y petróleo. Ndong es dueño del Flavia's Residential Complex, ubicado junto al nuevo complejo deportivo de Malabo. En definitiva, se trata de amistades políticas a las que no accede fácilmente cualquiera y que anticipan más negocios en el horizonte.

Inversión de seis millones de euros

Cuatro días después de las felicitaciones oficiales, Tamayo y López-Infantes Montenegro le sostenían la cinta blanca a Boho Camo para que éste la cortara inaugurando así las labores de Prefabricados y Obras F. M. Servicios. La empresa está ubicada a tres kilómetros de Malabo y, según información de su propia web, el monto de la inversión alcanza los 6 millones de euros. El negocio de Tamayo y López-Infantes Montenegro es el hormigón. En Guinea Ecuatorial construirán centros de promoción social, naves para la conservación de alimentos y fábricas de bloques.

Eduardo Tamayo y Roberto Raúl López-Infantes sostienen la cinta blanca al presidente de la Cámara de Comercio de Bioko, Gregorio Boho Camo, en la inauguración de la planta de Prefabricados y Obras FM Servicios, cerca de Malabo, en agosto de 2012 | OFICINA DE INFORMACIÓN Y PRENSA DE GUINEA ECUATORIAL

El éxito de Prefabricados y Obras Zarza no tardó en cruzar el Atlántico. En enero de 2013, suscribieron un acuerdo con la alcaldía de Guaicaipuro, municipio del Estado de Miranda, Venezuela, para la construcción de una zona industrial en un área de 100 hectáreas. Sin embargo, esta vez Eduardo Tamayo no apareció en la foto con el alcalde Alirio Mendoza, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la fuerza política de Hugo Chávez. Seguramente no quería estropear el enorme negocio que acababan de cerrar exponiéndose a que los chavistas recordaran que, en 2002, y desde Caracas, Tamayo acusó al régimen venezolano de violar los derechos humanos.

Encontramos otra rareza en las declaraciones del alcalde de Guaicaipuro, en las que da a entender que se trata de un acuerdo entre Venezuela y España, concretamente entre esa corporación del Estado de Miranda y la alcaldía de Zarza del Tajo. Incluso se habla de “hermanamiento de los pueblos”. No es difícil interpretar ese proyecto como un esfuerzo de cooperación internacional, aunque se pase por alto mencionar que el alcalde López-Infantes Montenegro representa no sólo a su municipio sino a los intereses comerciales de Prefabricados y Obras Zarza.

infoLibre ha solicitado información por escrito a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, sin éxito, y a la Consejería Comercial y Económica de la Embajada de España en Caracas, que sí respondió indicando que desconocían los datos de nuestro interés. Nos sugirieron que escribiésemos a Roberto Raúl López-Infantes Montenegro, a quien identifican con la empresa de Prefabricados, pero no como alcalde de Zarza de Tajo. Para nuestra sorpresa, la dirección que nos proporcionaron fue una cuenta de correo GMail, a la que sin embargo dirigimos nuestra consulta. Seguimos esperando la respuesta.

TAMAYO Y EL SOCIO ALCALDE

¿Cómo es posible que una empresa que carezca de teléfonos y correo electrónico corporativos suscriba acuerdos millonarios a nivel internacional? ¿De dónde surge el nexo profesional entre Eduardo Tamayo y Roberto Raúl López-Infantes Montenegro? El 5 de mayo de 2010, la periodista Alicia Gutiérrez reveló que Tamayo se había asociado con un imputado por corrupción urbanística: nada menos que José López-Infantes Montenegro, hermano de Roberto Raúl, alcalde de Zarza de Tajo y carente de cualquier nombramiento mercantil en la empresa de Prefabricados, pero que en la práctica actúa como su portavoz en Malabo y Caracas.

La información de Gutiérrez desvelaba que los hermanos López-Infantes Montenegro eran investigados por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, y que el arranque de la denuncia provino de una exconcejala –de su propio grupo político– que los acusaba de haber levantado aproximadamente treinta naves industriales en suelo rústico, precisamente la especialidad de Prefabricados. Gutiérrez también sostuvo que Tamayo y José López-Infantes Montenegro habían constituido, el 15 de julio de 2010, la empresa Mudanzas y Guardamuebles La Colonial SL. Tamayo había sido contratado por el alcalde de Zarza de Tajo como asesor en asuntos urbanísticos, aunque Tamayo negó entonces haber llegado a ejercer esa función.

Roberto Raúl López-Infantes, en la firma del acuerdo con el alcalde de Guaicaipuro (derecha), en enero de 2013 | ALCALDÍA DE GUAICAIPURO

El 18 de marzo de 2010, en medio de un revuelo mediático, Eduardo Tamayo se plantó frente a la Real Casa de Correos, sede de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Su intención, dijo, era reunirse con Esperanza Aguirre para trasladarle información privilegiada que permitiera esclarecer el tamayazo. Tamayo no vio a la presidenta madrileña, pero casualmente su suerte cambió para bien. Sólo once días después Miguel Fernández Abril fue nombrado administrador único de Estado Puro Inversor SL. En el mismo acto, esta empresa cambió su nombre a Prefabricados y Obras Zarza SL.

El 13 de julio de 2010, Eduardo Tamayo sustituyó a Fernández Abril, quien pasó a ser el administrador único de otra sociedad limitada con el nombre Estructuras Prefabricados y Obras del Tajo. Después de Tamayo, se sumó, también como administrador, José López-Infantes Montenegro.

La relación con Ángel de Cabo

Estado Puro Inversor SL, el origen de Prefabricados y Obras Zarza, inició sus operaciones el 11 de mayo de 2009. El Boletín Oficial del Registro Mercantil del 19 de junio de ese año establece que Ramón Cerdá Sanjuán fue su primer administrador único. Cerdá Sanjuán es un abogado valenciano dedicado a crear empresas y vendérselas al mejor postor. La Policía ha vinculado su extensa red mercantil con varios casos de corrupción.

La relación mercantil entre Ramón Cerdá Sanjuán y Fernández Abril, enlace con Eduardo Tamayo y José López-Infantes Montenegro, siguió el mismo patrón registrado en Posibilitumm Business SL. La creó Cerdá Sanjuán en 2009, y al año siguiente la compró Ángel de Cabo para hacerse con la endeudada Marsans. De Cabo está en prisión imputado por la descapitalización deliberada de las sociedades de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y en su día empresario de la máxima confianza de Esperanza Aguirre.

Idéntica operación realizaron Ramón Cerdá Sanjuán y Ángel de Cabo en 2011, cuando este último compró Back in Business 2011 SL. Ese mismo año, la sociedad limitada, en compañía de otras dos, compró por el valor de un euro cada una de las 19 empresas agrupadas en Nueva Rumasa justo en el momento en que se encontraba en concurso de acreedores. Cerdá Sanjuán fue el primer administrador de Good and Better SL, una de las insignias de la trama Gürtel que facturó miles de euros a la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre.

Este es el origen de Prefabricados y Obras Zarza, trampolín de la nueva vida de Eduardo Tamayo en África. Instalado en Guinea Ecuatorial, el mayor tránsfuga de la democracia acaba ejerciendo como abanderado de la marca España.marca España