El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno en Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid han acordado llevar a cabo un Plan Extraordinario de realojos en la Cañada Real Galiana.

Según ha informado la Delegación en un comunicado y ha recogido Europa Press, el documento recoge los compromisos y las actuaciones a llevar a cabo por todos los agentes y administraciones que forman parte de la Comisión de Realojos, que se ha reunido este lunes.

La subdelegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Pilar Trinidad, ha coordinado esta tarde la reunión en la sede de la Delegación. A la misma han asistido el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín y su subdirector, Anselmo Menéndez; los comisionados de la Cañada Real de la Comunidad de Madrid, Ignacio Sánchez; y de los ayuntamientos de Madrid, Enrique César Núñez; y de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura; el Director Gerente de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, Eusebio González; el técnico del Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, Fernando Pascual; la directora general de Inclusión Social del Ayuntamiento de Madrid, Laura Castaños; y el consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Diego Lozano.

El encuentro, a iniciativa del Ejecutivo central, buscaba "consensuar" el texto del protocolo sobre realojos que marca los compromisos y actuaciones a llevar a cabo en los próximos años, en concreto, entre 2024 y 2034.

En cuanto a la inversión estimada, se alcanzará un total de 330 millones de euros a razón de 110 millones de euros por cada uno de los tres niveles de administración actuantes, el Ministerio de Vivienda, la Comunidad de Madrid y los consistorios, en proporción al número de familias realojadas en cada municipio.

El texto consensuado queda pendiente de firma tras la pertinente actualización de cargos actualmente responsables de las administraciones implicadas y de la fecha de desarrollo del Plan que se fija entre los años 2024-2034. Este protocolo se incluirá en la hoja de ruta del Comité Ejecutivo de la Cañada Real, que tendrá lugar este miércoles.

Un total de 4.000 vecinos y vecinas de la Cañada Real Galiana, en Madrid, 1.800 de ellos, niñas, han cumplido su tercer año sin luz, desde que el sector V y VI se quedaron sin suministro, y se enfrentan al cuarto invierno sin electricidad. "Ya son cuatro inviernos sin suministro eléctrico, sin calefacción, sin agua caliente. No sabemos cómo lo afrontamos, lo afrontamos de la manera que se pueda. Intentamos encontrar las maneras de vivir en estas condiciones y es lamentable también que últimamente estamos normalizando que estemos sin luz", ha explicado la presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol del sector VI de la Cañada Real Galiana, Houda Akrikez, en declaraciones a Europa Press.

Según precisa Akrikez, "no es normal que las vecinas y los vecinos después de tres años de lucha" sigan "sin ninguna solución, sin ninguna contestación". Asimismo, denuncia que se están produciendo "derribos sin ninguna autorización y a dedo".

Ante esta situación, piden a la Comunidad de Madrid y al Gobierno que cumplan con el pacto regional por la Cañada Real Galiana, firmado el 17 de mayo de 2017, que contempla la rehabilitación del suministro de luz. "La Comunidad y el Gobierno tienen que apostar por una vida digna para los vecinos y las vecinas, para la población madrileña, somos ciudadanos de esta región y nos merecemos ser reconocidos", defiende Akrikez.

Además, sobre los realojos, advierte de que es un tema "bastante complicado" porque, normalmente, son "procesos bastante largos y lentos". "¿Cuánto tiempo van a tardar estos realojos y cuánto tiempo van a esperar las familias de la Cañada Real sin luz y a oscuras hasta que se cumpla el realojo?", plantea.

La solución, a su juicio, pasa por que se den contratos a las familias, por devolverles el suministro de luz y por que haya una mesa de seguimiento. Según precisa, la mayoría de las vecinas no están de acuerdo con que la solución pase por los realojos, aunque reconoce que hay familias que sí lo necesitan y que "es urgente que sean realojadas".

En todo caso, ha insistido en que los realojos se están haciendo "de manera forzada" porque las familias se ven "obligadas" a aceptarlo ya que viven en "viviendas indignas". "No se puede estar en una casa donde no hay agua caliente y no hay calefacción", añade.

Akrikez explica que son sus casas y que tienen "un arraigo bastante importante" con Cañada Real Galiana, su "barrio". "Nuestras casas son nuestras, nosotras reconocemos que el terreno no es nuestro. No es nuestro porque no tenemos escrituras, pero sí que han sido comprados, o sea, los terrenos han sido comprados, han sido pagados. Además, hemos estado pagando el IBI hasta hace nada", señala.

A su juicio, la razón por la que quieren realojarlas en otros puntos de la comunidad es que "tienen muchísima prisa para que vayan saliendo de las viviendas" pues es "un terreno jugoso" para "las grandes urbanizaciones del sureste de Madrid".

En este contexto, pide que se tenga en cuenta a los vecinos a la hora de tomar decisiones sobre su futuro y el de sus hijos e hijas. "Cañada Real es un barrio de Madrid y yo creo que además tiene una historia bastante importante, tiene muchos años de vida y yo creo que no podemos dejar de lado que es un barrio que ha crecido gracias a la fuerza vecinal y que sigue en lucha gracias la fuerza vecinal", remarca.

Con motivo de este tercer aniversario sin luz, los vecinos de Cañada Real han realizado varias acciones de concienciación y han hecho un llamamiento a los responsables políticos y a la sociedad civil: "No os podéis quedar callados ante esta violación de derechos". Entre las últimas acciones, destacan la inauguración, el pasado 1 de octubre, de un parque infantil reivindicativo que se llama "Con la luz no se juega" y una campaña difundida por redes sociales titulada "Esto no es normal".

"Nuestro mensaje siempre es claro: Queremos luz, queremos contratos y queremos una mesa de seguimiento y vamos a seguir luchando por lo que es nuestro, que son nuestras casas, que es nuestro barrio", subraya Akrikez.

En estos años, los vecinos de la Cañada Real no han parado de denunciar su situación ante la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y de Rivas y ante el Gobierno de España, a través del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil; y se han manifestado al grito de "Luz para la Cañada" ante las distintas administraciones y empresas implicadas como la Asamblea de Madrid o la sede de Naturgy, compañía que suministra el servicio en la zona.

En esta línea, constituyeron la Plataforma Cívica de Apoyo a la Luz en Cañada Real, integrada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil junto con las asociaciones vecinales de Cañada Real, desde la que han exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una solución "urgente".

En 2021, España recibió varias llamadas de atención por parte de la ONU por la situación en la Cañada Real Galiana. También el Defensor del Pueblo ha manifestado su preocupación y ha exigido respuestas.

Desde el Comité Ejecutivo del Pacto por la Cañada Real Galiana -órgano que conforman la Delegación del Gobierno, los tres ayuntamientos por los que discurre este camino donde se ubica el asentamiento (Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid) y el Ejecutivo autonómico- se fijó a mediados de noviembre de 2021 una hoja de ruta con 21 actuaciones que incluye el realojo de 160 familias del Sector VI, una medida en la que se invertirán 34 millones de euros financiados al 50% por las dos administraciones.

Además, el Gobierno aprobó, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un Real Decreto por el que se regulaba la concesión directa de subvenciones por valor de 5 millones de euros para los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid, para destinar al plan de realojo de las familias en situación de vulnerabilidad extrema de la Cañada Real Galiana.

Hace un año, en octubre de 2022, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa —comité de expertos independientes establecido en virtud del artículo 25 de la Carta Social Europea— declaró admisible por unanimidad una reclamación colectiva contra España e instó a las autoridades españolas a adoptar "medidas inmediatas" en la Cañada Real Galiana.

En particular, el organismo instó al Ejecutivo a "garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso a la electricidad y la calefacción, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades de los grupos vulnerables afectados (incluyendo niños, personas con discapacidades, personas con condiciones médicas, personas de origen extranjero, personas mayores y de etnia gitana)". Por otro lado, pidió que España ofrezca "un alojamiento alternativo adecuado a las personas afectadas cuando no es posible garantizar con seguridad el acceso a la electricidad y la calefacción".

El pasado mes de marzo de 2023, la Comunidad de Madrid señaló que técnicamente es "imposible" llevar la electricidad a los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana.

No obstante, el pasado mes de agosto, tres anuncios diferentes de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Consejería de Medioambiente, Agricultura e Interior, publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), anunciaban hasta 13 líneas de alta tensión en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana.

Por su parte, el pasado mes de septiembre la acusación particular en la causa en la que se investigan los cortes de luz en la Cañada Real ha reiterado al juez que emplace a la Comunidad de Madrid a aclarar quién ordenó la instalación de reconectores en los sectores 5 y 6 para limitar el suministro cuando se iniciaron los cortes.

El centro cultural Federico García Lorca de la localidad de Rivas Vaciamadrid ha sido vandalizado con diversas pintadas de simbología nazi, entre las que destacan varias esvásticas, informa Europa Press.

Precisamente diversas salas de este edificio acogieron del jueves al domingo los talleres de debate de la Universidad de otoño de PodemosUniversidad de otoño, un foro orientado a rearmar ideológicamente el partido.

El propio alcalde de la localidad, Pedro del Cura, ha publicado en redes varias diversas fotografías de las pintadas con las que ha amanecido el edificio.

De esta forma, se aprecian diversas esvásticas en partes del inmueble, símbolo del régimen nazi, y en la placa dedicada al poeta Marcos Ana, que fue miembro del PCE, se pintó la palabra "Hitler" y también un símbolo que se asemeja a la insignia judía que empleaba el nazismo.

"Unos nazis han vandalizado el centro cultural Federico García Lorca de Rivas. En nuestra ciudad lo tenemos claro: pueden utilizar la pintura que quieran, que no van a lograr jamás borrar la memoria de los poetas Lorca y Marcos Ana", ha apuntado el regidor en Twitter y dirigente de IU, quien precisamente participó el jueves en la apertura de la Universidad de otoño.

La edil de Cultura, Aida Castillejo, ha proclamado también que en Rivas "no caben discursos ni pintadas que alimenten el odio". "Y menos en espacios que recuerdan a quienes tanto lucharon por la libertad en nuestro país. Le pese a quien le pese, la memoria de Marcos Ana y Lorca estará siempre presente en nuestra ciudad", ha destacado en las redes sociales.

Han pasado la mitad del otoño de 2020 y todo el invierno posterior –con temporal Filomena de por medio– sin luz. Y la situación continúa esta primavera. Los vecinos de la Cañada Real se han manifestado y también se han dirigido a la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos concernidos –la capital, Rivas-Vaciamadrid y Coslada–, así como a la Delegación del Gobierno, pero el problema persiste. Tampoco la empresa distribuidora, Naturgy, se hace responsable, pues achaca la falta de suministro a las "sobrecargas por conexiones ilegales e incontroladas y la manipulación de la red". Ante la falta de avances en encontrar una solución, los vecinos han acudido a la vía judicial para exigir responsabilidades ante lo que algunos consideran una "crisis humanitaria" que afecta a más de 4.000 personas –casi la mitad niños– y que ya dura demasiado tiempo.

Asociaciones de vecinos de la Cañada Real y también particulares han acudido a la justicia por diferentes vías y por distintos motivos. Unos aprecian vulneración de derechos y posible comisión de delitos previstos en el Código Penal por la falta de suministro general que se viene dando desde el pasado octubre en los sectores V y VI de la antigua vía pecuaria; otros denunciaron por omisión de socorro tras el fallecimiento de un hombre de 74 años a principios del pasado enero; otros piden a la Fiscalía de Madrid que investigue la situación y presente la correspondiente querella contra los que considere responsables de la falta de suministro y los daños que esto ha podido generar a los vecinos. Sea como sea, detrás de cada iniciativa hay un denominador común: en la Cañada Real hay continuos cortes de luz desde otoño del año pasado, un problema que las administraciones siguen sin ser capaces de resolver.

La pelota sigue botando de un lado a otro y seis meses después del primer apagón, nadie parece tener la solución. Mientras tanto, los vecinos de la Cañada Real han pasado una de las peores olas de frío que se recuerdan en la Comunidad de Madrid y se han calentado como han podido. Otros, ni eso, tal y como alertaron los familiares de un hombre de 74 años que falleció el pasado 2 de enero en el sector VI. La denuncia se interpuso en los Juzgados de Madrid y en la Fiscalía de Protección de los Mayores para que se investigara a fondo la relación de su muerte con los cortes de luz. También señalaban directamente al Gobierno regional y a Naturgy por un presunto delito de omisión del deber de socorro, pero fue finalmente desestimada. Ángel García, presidente de una asociación vecinal, ya alertaba hace unos meses de problemas sanitarios que podría traer aparejada la falta de luz.

El problema está enquistado, pero de momento los vecinos no están corriendo demasiada suerte en sus demandas judiciales. Sin embargo, aún tienen la esperanza de que los jueces o fiscales al menos investiguen qué está pasando en la Cañada Real y qué administración o administraciones se debe hacer cargo. Es el caso de una denuncia que recayó en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, cuyo titular, Juan José Escalonilla, decidió archivar tras la presentación de un informe de Naturgy y sin realizar ninguna diligencia más, según explican a infoLibre fuentes jurídicas. La resolución ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial, que aún está pendiente de resolver.

Cinco posibles delitos

El recurso recuerda que la denuncia inicial aludía a varios posibles delitos derivados del corte de suministro eléctrico, como coacciones sobre vivienda habitual, trato degradante y daños, aunque también denegación de auxilio y prevaricación administrativa por omisión, estos dos últimos señalando a la Comunidad de Madrid como presunta responsable al tratarse de un terreno que en 2011 "pasó a ser un bien patrimonial" de la Administración autonómica.

Según recuerdan los denunciantes, el Pacto Regional de Cañada Real de 2017 establece que "los poderes públicos deberán adoptar medidas urgentes para salvaguardar la integridad, salubridad e integración de la población más desfavorecida bajo el enfoque de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004) y siguiendo las premisas establecidas en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Habitat III, para lo cual una de las prioridades es la de garantizar a los ciudadanos de Cañada Real un adecuado suministro de energía eléctrica". Y asimismo, afirman que "el corte de suministro tiene que ver con las manipulaciones efectuadas por UFD-Naturgy en las instalaciones de la zona".

"La empresa se justifica en riesgo para la seguridad de las personas, sin embargo el corte en sí mismo considerado, realizado a las puertas del invierno y en medio de la pandemia covid-19, ha colocado a todo el vecindario en una situación límite con un riesgo superior, generando una verdadera alarma social", explican los denunciantes en su recurso, en el que alegan "inconsistencias gruesas" en el informe que Naturgy aportó al juzgado y tras el cual la causa fue archivada por Escalonilla. El escrito de los vecinos atribuyen a la compañía eléctrica "falta de rigor en la comparativa del consumo medio español con el de Cañada Real", unas conclusiones que consideran "sesgadas para denostar a la población" de la antigua vía pecuaria para hacer "depender el corte de suministro en un consumo descontrolado derivado de plantaciones de marihuana".

Los denunciantes critican ante la Audiencia Provincial que el instructor haya asumido "acríticamente" las conclusiones del informe de Naturgy, sin ningún tipo de contraste, y no haya realizado "diligencias adicionales que partan de fuentes que no sean la propia compañía denunciada", como por ejemplo una mera "inspección ocular" de los sectores V y VI, la realización de un peritaje de oficio o de parte" o la toma de declaración a los "responsables y autoridades que autorizan o mantienen el corte en los suministros de electricidad en dichos distritos".

Sin luz tras la intervención de Naturgy

Estos vecinos están aún a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie y determine si enmienda la decisión del juez Escalonilla para que siga indagando basándose en los hechos expuestos en la denuncia o si, por el contrario, está de acuerdo con él y archive definitivamente las actuaciones. Pero este no es ni mucho menos el único intento que han hecho ciudadanos de la Cañada Real para intentar buscar justicia a su situación. Media docena de vecinos del sector V han optado por acudir a la Fiscalía para que realice las actuaciones que considere convenientes y, en caso de encontrar indicios, presentar querella o denuncia.

En este caso, relatan cómo "debido a la situación de falta de suministro eléctrico que se estaba dando en el sector VI" y que se prolongaba más de 45 días el Comisionado para la Cañada Real del Ejecutivo autonómico les comunicó que Naturgy "iba a realizar unas actuaciones en la red general para equilibrar las líneas eléctricas y mejorar la actual instalación" y que "se iba a independizar" la línea eléctrica de la que alimenta la iluminación de la A3 y ciertas instalaciones y gasolineras que están conectadas a la misma red del sector V Sector 5. "Ha sido tras dicha intervención, que teóricamente iba a suponer una mejora, nos hemos quedado completamente sin luz en el sector V desde el pasado día 17 de noviembre" sin facilitar "informe técnico alguno", denuncian.

Para estos vecinos, "se está justificando de forma falsa que el problema de la sobrecarga va ligado a demandas excepcionales de potencia eléctrica, como pueden ser cultivos de marihuana", pero alegan que a diferencia del sector VI, el V es "un ámbito pequeño de poco más de un kilómetro de longitud y menos de 100.000 metros cuadrados, con un número limitado de viviendas y con parcelas destinadas cien por cien al uso residencial".

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que la denuncia sigue en manos del Ministerio Público, que ha solicitado información adicional para recabar los datos oportunos de cara a decidir si ve indicios de posibles delitos en la problemática relatada por los vecinos del sector V.

Estos son sólo dos de los intentos que se han presentado en los tribunales y en los que ambos se señala directamente a la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno regional responden de forma taxativa: no tienen competencias para resolver el problema. Desde la Consejería de Vivienda indican a infoLibre que sus atribuciones incluyen el realojo que, de hecho, aseguran estar acometiendo en cumplimiento del Pacto Regional y del que ya han cumplido la primera fase para 150 familias de la Cañada Real, a falta de otras 25 que serán reubicadas próximamente. De la situación en los sectores V y VI, admiten que, de momento, es un "callejón sin salida" y que son los ayuntamientos a los que compete la asistencia en servicios sociales y a la Delegación del Gobierno para desmantelar los cultivos de marihuana a los que Naturgy achaca las sobrecargas.

La Guardia Civil ha hallado muerta este jueves a Mayte Cantarero, la joven desaparecida el domingo en Rivas-Vaciamadrid en una zona de cortados muy cercana a la Laguna del Campillo de la localidad, ha informado este mediodía una portavoz de la Comandancia de Madrid.

Fuentes de la investigación han informado del hallazgo del cadáver de la joven de 27 años e informan a la SER que la principal hipótesis de trabajo es el suicidio. "El cuerpo no presenta en los primeros exámenes indicios de ningún tipo de agresión, solamente heridas compatibles con una caída desde gran altura", informan desde el medio.

Sobre las 11 horas, el Equipo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil, que se incorporó ayer por la tarde en la búsqueda, estaba sobrevolando la zona con un helicóptero cuando han observado un elemento en la parque de los cortados, muy cerca de la laguna del campillo.

Entonces, se ha paralizado la búsqueda a pie y se ha accedido a este punto, donde han localizado el cuerpo sin vida de una persona que coincide con las características de Mayte, que tiene el pelo rubio, mide 1,76 metros aproximadamente y tiene los ojos azules. Ahora, el equipo de Policía Judicial se encargará del levantamiento del cadáver tras la autorización judicial. Luego le realizará la autopsia y continuará la investigación sobre las causas de la muerta.

"Se trata de una zona muy abrupta, cortados verticales, zonas con gran verticalizada. Hay mucha maleza y sin calzado adecuado es peligroso. Es una zona muy difícil con masa arbórea que dificulta la visión. Hay cuevas, pozos y ayer se batió la zona. Posiblemente está a varios kilómetros de la zona en la que vieron a la joven por última vez los testigos", ha dicho la portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Mercedes Martín.

Los agentes, junto a efectivos de Protección Civil y Policía Local de Rivas-Vaciamadrid llevaban varios días buscándola en el Parque del Sureste de Rivas. La búsqueda de esta joven de origen cordobés de 27 años se basaba en los testimonios de las últimas personas que la vieron en la zona de los Campamentos.

En declaraciones a Europa Press, la hermana de Mayte explicó que salió sin avisar de la casa de la urbanización en la que viven a las 17 horas del domingo y desde entonces no saben nada. "Solo se llevó el móvil, unos auriculares y el tabaco. Nunca se había fugado ni tenía motivos para ello. Además, siempre que iba a algún sitio le decía a su madre dónde no va a salir y siempre nos avisaba", señaló.

La familia interpuso al día siguiente una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, que lleva la investigación de la desaparición y ha establecido un dispositivo de búsqueda. El teléfono de la joven perdida dio tono hasta la 1 de la madrugada del lunes, que ya responde como apagado o fuera de cobertura.

Un mes después de que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) sumiera al Supremo en una crisis de credibilidad sin precedentes, la batalla por el tributo hipotecario continúa abierta. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, impulsor del procedimiento judicial sobre el gravamen, ha registrado este jueves en el Alto Tribunal un incidente de nulidad de actuaciones para intentar tumbar el posicionamiento jurídico definitivo sobre el impuesto que emanó del polémico Pleno de lo Contencioso-Administrativo de comienzos de noviembre, cónclave en el que un dividido Supremo terminó poniéndose del lado de la banca tras varias semanas de gran incertidumbre social y económica. El consistorio madrileño ha decidido continuar con la batalla por sus propios ciudadanos, principales afectados. Pero también por el interés general. Porque, explica la defensa a infoLibre, si se tirara por tierra el criterio que terminó adoptando el Pleno los hipotecados podrían pedir “de forma más clara” la devolución de las cantidades abonadas por este tributo.

La larga batalla judicial del consistorio madrileño, gobernado desde hace más de dos décadas por IU, arrancó hace casi diez años, cuando la Hacienda madrileña reclamó al municipio unos 2,5 millones de euros por las 4.000 hipotecas firmadas por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid. El ayuntamiento, que consideraba injusto tener que abonar el tributo por todos estos inmuebles de protección oficial, agotó la vía administrativa y terminó llevando el caso a los tribunales. Nueve años después el Supremo terminó dándoles la razón. A mediados de octubre, la Sección Segunda del Alto Tribunal, integrada por expertos en materia de impuestos, sentenció que debían ser los bancos los que hicieran frente al pago del tributo al entender que las entidades financieras son las únicas interesadas en la inscripción de la hipoteca. Ese día, y de forma simultánea, la Sección Segunda resolvió en el mismo sentido otros dos recursos del consistorio sobre el mismo caso.

Sólo unas horas después, todo se vino abajo con la decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, de avocar a Pleno otros tres escritos de casación de la Empresa Municipal de la Vivienda para decidir si se confirmaba o no el giro jurisprudencial. A comienzos de noviembre, y después de dos largas sesiones de deliberación, el Supremo terminó rechazando por 15 votos a 13 los recursos analizados. De esta manera, el Alto Tribunal volvió a su criterio clásico, endosando de nuevo a los clientes el pago del gravamen. En menos de quince días, el consistorio madrileño pasó de ver cómo se anulaban tres actos de liquidación que consideraba injustos a ver cómo tenía que hacer frente a otros tres que le reclamaba la Hacienda madrileña por la misma promoción de viviendas. El intenso debate concluyó finalmente con la decisión del Gobierno de adjudicar a las entidades el pago del tributo vía decreto-ley.

Incidente de nulidad de actuaciones

Con el incendio ya sofocado, el consistorio continúa su batalla jurídica en el Alto Tribunal. El ayuntamiento ha registrado este jueves en el Supremo un incidente de nulidad solicitando la “retroacción de las actuaciones” al momento anterior a que se rechazasen los últimos tres recursos de casación. “El Pleno, sin apenas motivación jurídica, decidió que fuese la gente quien pagase el impuesto de las hipotecas. Queremos intentar declarar nulo ese pleno, que se llevó por delante cualquier garantía procesal para las partes, en este caso el Ayuntamiento”, ha señalado a los medios el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, quien acompañado del consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda de la localidad ha criticado con dureza “el golpe de mano” dado por Díez-Picazo. “Lo que tenemos ahora mismo es una contradicción: tres sentencias que dicen una cosa y a la semana siguiente la contraria”, ha sentenciado el regidor.

El incidente de nulidad de actuaciones, redactado por el abogado Ramón Casero, está trufado de numerosas referencias a los votos particulares emitidos por los magistrados discrepantes. Por un lado, la defensa considera que con la avocación al Pleno de los tres recursos se vulneraron las garantías procesales de los recurrentes. “El acuerdo [de Díez-Picazo decidiendo llevar al cónclave la resolución de los escritos pendientes] nunca ha sido notificado a esta parte, lo que supone una vulneración de garantías procesales”, apunta el letrado en el incidente de nulidad, en el que critica que la “desinformación” que se generó tras la decisión del presidente de lo Contencioso-Administrativo fue de tal calibre que “se solicitó vista en asuntos donde la sentencia ya se había votado y fallado y estaba pendiente de notificación”. “Esta parte nunca ha podido argumentar sobre los incumplimientos que se han producido respecto al título de la avocación al Pleno, lo que supone una total indefensión”, asevera la defensa.

Por otra parte, el escrito se apoya sobre el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y aquí, apostilla la defensa del consistorio, podría estar la clave. En el citado precepto de la norma se establece que en materia tributaria “los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia”. Pero para que esto suceda, tienen que concurrir varias circunstancias: que los interesados se encuentren en “idéntica situación jurídica” que los favorecidos; que el tribunal sentenciador “fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada”; y que se solicite la extensión de los efectos de la sentencia “en el plazo de un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso”.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid consideró que en su caso se cumplían todos los requisitos que marca la ley. Por eso, explica Casero a infoLibre, solicitaron “la extensión de efectos” sobre los tres recursos que el Supremo terminó tumbando en su último bandazo jurisprudencial. Sin embargo, añade el abogado, a día de hoy todavía no han obtenido ninguna respuesta. “Lo que se ha hecho ha sido vulnerar el principio de igualdad. Si hay tres casos iguales tendría que haberse aplicado la misma doctrina”, asevera.

“Hasta el final”

La defensa ha solicitado que el incidente de nulidad de actuaciones sea visto por el Pleno de lo Contencioso-Administrativo “puesto que es necesario para la Administración de Justicia”, pero desde el consistorio dudan que vaya a aceptarse tal petición por el “guirigay” que “se puede montar”. Lo que sí tienen claro, sin embargo, es que darán la batalla hasta el final. Por eso, el alcalde de Rivas Vaciamadrid ha avisado a las puertas del Supremo de que si el Alto Tribunal rechaza el escrito el siguiente paso será interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Y no descartan, si es necesario, llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “Sería una vergüenza que Estrasburgo venga a enmendar la plana a la Justicia española por no hacer justicia en este país y hacer una justicia para los poderosos”, ha sentenciado Del Cura.

Como el regidor, el abogado que representa a la localidad madrileña cree que es necesario pelear el caso hasta las últimas consecuencias. En primer lugar, dice, por los ciudadanos de Rivas Vaciamadrid, principales afectados en el procedimiento: “Hay que recordar que entre los tres recursos que fueron rechazados por el Supremo se encuentra el de la liquidación de mayor envergadura, unos 700.000 euros”, apunta Casero. Y, en segundo término, por el interés de todas aquellas personas que hayan firmado una hipoteca. “Si se consiguiesen expulsar del ordenamiento jurídico estas últimas sentencias del Supremo, si se declararan nulas, entonces todas esas personas tendrán la capacidad de solicitar de una forma más clara la devolución de todas las cantidades abonadas por el impuesto sobre actos jurídicos documentados”, sentencia el letrado.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid) registrará mañana ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones del Pleno del alto tribunal del pasado 6 de noviembre en el que se falló en contra de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas, y se estableció que eran los clientes quienes debían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados cuando se suscribe una hipoteca, informa Europa Press.

Este procedimiento sobre el impuesto de las hipotecas fue impulsado por el Ayuntamiento de Rivas a través de la EMV. El Consistorio no descarta llevar el caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El pasado noviembre, el pleno del Supremo dictaminó, en contra de tres sentencias firmes anteriores, que los consumidores, y no los bancos, debían afrontar el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, más conocido como el impuesto de las hipotecas. De los 28 magistrados que asistían al pleno, 15 votaron a favor frente a 13 en contra.

El Ayuntamiento de Rivas ha explicado que el incidente de nulidad se reserva a lesiones de derechos fundamentales, en este caso de la vulneración de garantías procesales, vulneración del derecho de tutela judicial y vulneración del artículo 14 de la Constitución Española en el derecho a la igualdad en la aplicación de la norma.

Además, creen que vulnera del artículo 24 de la Constitución española al seleccionarse como doctrina jurídica que interpreta una norma jurídica una doctrina "ostensiblemente errónea".

La sentencia de noviembre del Tribunal Supremo, que daba la razón a los bancos frente a los clientes, quedó invalidada de facto, ya que el Gobierno aprobó apenas 24 horas después un cambio en la ley para que, finalmente, sean las entidades financieras quienes sufraguen el citado impuesto.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid prevé plantear ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia en la que los magistrados han fallado a favor de la banca en el pago de los impuestos de los actos jurídicos documentados -impuesto de las hipotecas- y no descarta llevar el caso a Estrasburgo, según informa Europa Press.

Así lo ha señalado el abogado Ramón Casero, que defiende a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas, con motivo del fallo en el que el Tribunal Supremo dio ayer la razón a la banca a pesar de que el pasado 18 de octubre un grupo de seis magistrados determinó que el pago de estos impuestos correspondía a las entidades bancarias.

El fallo del Alto Tribunal responde a un pleito entre la empresa municipal de vivienda de Rivas Vaciamadrid y la Comunidad de Madrid, que había impuesto a la EMV el abono de este impuesto de las gestiones hipotecarias, considerando que las viviendas adquiridas por la misma superaban el tamaño que las tipificaba como VPO.

A la espera de conocer el contenido de la sentencia, que calcula para dentro de unos veinte días, el letrado ha explicado que su despacho intentaría plantear un incidente de nulidad de actuaciones apoyado en alguna "irregularidad formal". Por ejemplo, menciona que el Pleno no convocó a las partes, entre otras cuestiones. "El ciudadano no tiene que saber si hay secciones o salas en el Supremo. Ese es el Tribunal Supremo. Y esa sentencia da lugar a una falta de credibilidad en las instituciones del Estado. Rompe la confianza en la Justicia", ha aseverado.

En el caso de que desestimen el incidente, el letrado acudirá en amparo al Tribunal Constitucional en base a los mismo motivos sobre los que sustentará el incidente y por vulneración de derechos fundamentales. Y no descarta llevar el caso hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, criticó ayer que el Supremo haya producido "un rescate judicial" a la banca y pidió al Gobierno de Pedro Sánchez "blindar" a las familias de "los abusos" que se están produciendo. A juicio de del Cura, la resolución es, en la práctica, un "rescate judicial para blindar el negocio de los bancos" y que con ella se asegura su "impunidad". Del Cura anunció que Rivas agotará todas las instancias judiciales españolas y europeas competentes para revertir la decisión del Supremo.

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se ha comprado un piso de unos 90 metros cuadrados por un valor de 200.000 euros en Rivas-Vaciamadrid, informa este lunes El Confidencial. Los recién casados y futuros padres Alderto Garzón y Anna Ruiz se mudaron el año pasado a Rivas, tras pasar años compartiendo un piso en el barrio de La Latina con el hermano del político, Eduardo Garzón. Entonces pagaban 1.400 euros al mes, recuerda el digital.

Garzón firmará la hipoteca de su piso el próximo 15 de junio y la suscribirá con Bankia. Han podido amortizar en el precio de compra todo lo que ya pagaron el año pasado de alquiler.

Izquierda Unida gobierna Rivas Vaciamadrid desde los años 90. Es el mismo municipio donde residían hasta ahora Irene Montero y Pablo Iglesias, que han decidido mudarse a Galapagar tras adquirir un polémico chalé valorado en 600.000 euros y que ha acabado en una tormenta política tanto externa como interna en las filas moradas.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha llevado este martes de dependencias del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid documentos administrativos sobre un supuesto contrato irregular de esta administración con una empresa, han informado a Europa Press fuentes del Consistorio.

El contrato del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que investiga la Fiscalía Anticorrupción y cuya documentación han recogido este martes agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asciende a 540.000 euros y está adjudicado a Magein 2012, una empresa investigada desde julio en el caso Soule, sobre la supuesta trama de corrupción en torno al presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar.

Fuentes próximas a la investigación han explicado a Europa Press que el contrato investigado es el referente a unas obras relativas a la sustitución de césped artificial en campos de fútbol de la localidad: El Cerro del Telégrafo y Santa Ana, El Vivero y otras pistas de pádel en dos polideportivos municipales, tal y como ha avanzado el diario El País.

Como consta en el portal de Transparencia del propio Consistorio, el procedimiento de adjudicación fue negociado por publicidad, aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas y se formalizó en septiembre de 2017, cuando ya se conocía que Magein 2012 estaba siendo investigada en el caso de la Real Federación Española de Fútbol.

El contrato tiene tres lotes que ascienden a 425.000 euros en el caso del primero y a 57.600 en el segundo y tercero. La adjudicataria es una de las empresas investigadas de la trama y su apoderado, Valentín Sainz-Rosas Ramírez es uno de los imputados en la causa, que continúa con diligencias.

Según fuentes del Ayuntamiento de Rivas, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está investigando a dicha empresa en macrocausa judicial y dicha investigación se enmarca a un contrato de esta compañía, también con otras administraciones, y "no afecta al Ayuntamiento o a algún cargo público". "Los agentes nos han dicho que no tiene nada que ver con nosotros ni a ningún cargo público", recalcan desde el Consistorio, donde gobierna Izquierda Unida y Podemos (Rivas Puede).

La denominada operación Soule, que fue dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y en la que hay más de 40 imputados, destapó una red "clientelar" creada para el desvío de fondos de la federación.

Según apuntó el magistrado en sus autos, al menos desde 2009 Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos como la propia Fundación y MUPRESFE (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija) estableciendo un "clientelismo" tanto en la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros.

Villar cometió, añadía el juez, "excesos administrativos" por un lado con el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva (que utilizaba a modo de recompensa para premiar la lealtad de los presidentes de las federaciones afines o vetar a los que le eran contrarios) y, por otro, con la concesión de beneficios a los que habían favorecido su candidatura. Estas serían la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y la Federación Cántabra de Fútbol.

Precisamente, el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, está citado a declarar como investigado este mismo miércoles, 14 de marzo, ante el juez Pedraz por su presunta participación en esta trama corrupta.

Las organizaciones Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han advertido de la situación de regresión de las aves y sus hábitat por distintas causas entre las que figuran las "graves" amenazas que supone el cambio climático, de modo que "previsiblemente" se producirá una extinción de muchas especies a medio plazo, por lo que destacan la importancia de su conservación, también de las que viven en las ciudades

Con motivo de la celebración este fin de semana del Día de las Aves, las dos ONG han organizado distintas actividades en toda España para destacar su importancia, sus vulnerabilidades, amenazas y lo necesario que es su conservación.

Para Ecologistas en Acción, además, los países mediterráneos son "especialmente" vulnerables al cambio climático, de modo que cada año es "más evidente" la subida de temperatura, la subida del nivel del mar y el aumento de la intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos como inundaciones, sequías y olas de calor están provocando la alteración de procesos naturales como la migración o la floración.

Esto, según advierte, está provocando el desplazamiento de numerosas aves del sur hacia el norte y de las zonas bajas a otras más altas. Por ejemplo, señala que en los últimos años han empezado a criar en el sur de España varias especies de aves del norte de África (camachuelo trompetero, ratonero moro, corredor sahariano, etc.) y que otras aves propias de zonas altas, especialmente de Pirineos y de la cornisa Cantábrica, al no disponer de zonas de mayor altitud, están viendo mermadas sus poblaciones y áreas de distribución.

"Si a estas amenazas le sumamos los efectos del cambio climático, todo apunta a la extinción en pocos años de especies como el urogallo, la perdiz nival o la perdiz pardilla, entre otras", denuncia.

También se refiere a las aves migratorias, que están especialmente afectadas por esta situación, ya que muchas de ellas adelantan sus migraciones como respuesta al aumento de temperaturas, lo que provoca que realicen la reproducción cuando la disponibilidad de alimento es escasa, y esto arriesga el éxito de la época de cría.

El portavoz del área de conservación de la naturaleza de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, insiste en que "todos" los estudios realizados al respecto apuntan a la próxima extinción de un gran número de especies de vertebrados por todo el mundo y ha apuntado que poblaciones de especies muy comunes como el gorrión común o el ánade azulón están viendo mermadas sus poblaciones.

La organización reclama como "esencial" reducir de forma "drástica" las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo que es "imprescindible" lograr un cambio del modelo socioeconómico.

Aves urbanas, necesarias y desconocidas

En la misma línea, SEO/BirdLife subraya la importancia de reducir la pérdida de biodiversidad asociada a la expansión urbanística, ya que en la actualidad más del 2% de la superficie española es urbana, un porcentaje que crece "de forma sostenida".

La directora ejecutiva de la ONG, Asución Ruiz, ha recordado que más del 50% de la población mundial vive en ciudades alejada de la naturaleza, por lo que se necesita potenciar las posibilidades para integrar la naturaleza en la vida urbana. "Son numerosas las ventajas, desde amortiguar la temperatura, limpiar el aire y contribuir a fijar el CO2. Pero, además, numerosos estudios científicos han demostrado que un mayor contacto con la biodiversidad contribuye a mejorar la salud de los habitantes de las ciudades. Queremos ciudades más verdes, necesitamos ciudades más verdes", ha reclamado.

Así, SEO/BirdLife celebrará más de 700 actividades en toda España para dar a conocer el mundo de las aves y fomentar el respeto a estas y a la naturaleza, según ha explicado a Europa Press la coordinadora del Día de las Aves, María José Linares, que ha destacado que la ONG lleva organizando en España el Día de las Aves desde 1987, que también se celebra en el resto de Europa y de Asia Central.

En concreto, ha informado de que en 2014 se celebró en 221 lugares de toda España, donde solamente SEO/BirdLife y otras organizaciones y colectivos asociados realizaron 705 actividades en las que colaboraron 159 entidades con 32 grupos locales y una participación de 48.000 personas en toda España.

Linares ha elogiado la participación de 1.200 voluntarios, en total de los 221, la ONG organizó 49 de actos propios. "Se trata de un día muy participativo", ha valorado.

Sobre el Día de las Aves 2015, ha señalado que el tema al que lo dedicará la ONG es a la biodiversidad urbana con el objetivo de acercar la naturaleza a las ciudades y fomentar los programas de conservación de biodiversidad urbana.

Linares ha destacado especies urbanas como los gorriones, que están en declive, las palomas, "tan abundantes", pero también a los halcones que habitan "cada vez con más presencia" en las ciudades. Se trata, ha dicho que un ave rapaz menos atípica que come palomas, por lo que contribuyen a controlar su población. También se ha referido a especies migratorias como las cigüeñas o las que llegan en primavera, las golondrinas, vencejos y aviones, que ayudan a controlar muy bien la población de insectos de la atmósfera.

A su juicio, hay un gran desconocimiento de las aves urbanas, como las cotorras y las cigüeñas, muy visibles pero invisibles para mucha gente.

En este marco, SEO/BirdLife realizará distintas actividades, como en Rivas-Vaciamadrid, donde el sábado y domingo habrá talleres infantiles, anillamiento de aves y se iniciará la repoblación forestal de una zona incendiada. También en ese y otros lugares de toda la geografía española se realizarán acciones de observación de aves, cine de naturaleza, fabricación y colocación de cajas nido, talleres de pintura mural, observación de aves en bicicleta, liberación de aves recuperadas, sobre todo rapaces, maratón ornitológicos en los que se puede participar en familia y cuenta-cuentos, entre otras.

La exdiputada regional señaló que cree que la intención de la querella de los 'populares' tenía un objetivo relacionado con cuestiones municipales y con la nueva manera de hacer política, donde Rivas siempre ha sido un referente, informó Europa Press.

"Rivas ha tenido una manera diferente de hacer política. Yo vengo de ahí y era un riesgo que no se iban a permitir", dijo en alusión a la pretensión del PP de apartarla de la política cuando ganó las primarias de IU.

Además, explicó que, en contra de lo que hace el PP de tomar decisiones unilaterales, ellos permitían en el Ayuntamiento ripense que los técnicos tomaran todas las decisiones. "Y eso es lo que se hizo. Ese era el comportamiento habitual", dijo.

También destacó que no tiene ninguna duda de que el PP recurrirá el sobreseimiento provisional, recordando a continuación que la jueza fue absolutamente exhaustiva en la instrucción actuando de una manera neutral.    

"El PP seguirá tirando fuego con esto, pero no hay nada. Yo les pediría que paren. No por mí, sino porque han señalado a funcionarios públicos y personas que no tienen nada que ver con esto", dijo la líder de Convocatoria por Madrid, quien cree que el PP perseguía "claramente un impacto mediático".

Además, recordó que una de las primeras diligencias que solicitaron en la instrucción era ponerla en busca y captura, ya que desconocían dónde vivía. "Buscaban un titular. Su voluntad ha sido hacer de esto un arma política", opinó.

A preguntas sobre las primarias de Podemos, señaló que ella ahora mismo va a descansar y ya volverá en septiembre. "No es algo que haya pensado. Hoy día quiero analizar la querella. Ya veremos. Ya sabes que las cosas cambian en cuestiones de días y segundos", dijo.

"Yo he dicho siempre que tengo una manera de hacer política que no se necesita ser un cargo público y lo he demostrado", concluyó Sánchez.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Arganda del Rey ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella presentada por el Partido Popular contra el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura; Tania Sánchez Melero, ex concejal del citado ayuntamiento; María Abril Barceló Candela y Yolanda Pérez Díaz, funcionarias del consistorio; Héctor Sánchez Melero, adjudicatario de contratos y ayudas promovidas por el ayuntamiento; y Raúl Sánchez Herranz, padre de Tania y Héctor Sánchez Melero y ex concejal del ayuntamiento.

La acción judicial promovida por la parte querellante se sustentaba en el hecho de la supuesta comisión por parte de esas personas de los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en la adjudicación de contratos municipales a la cooperativa Aúpa. La magistrada abrió las correspondientes diligencias previas y citó a declarar, como querellados, a los interesados los pasados 24 y 25 de junio.

La magistrada acuerda el archivo provisional de las actuaciones al no estimar la existencia de suficientes indicios de la perpetración de los delitos investigados y asimismo inadmite a trámite la ampliación de la querella presentada por el Partido Popular.

Contra este auto de sobreseimiento provisional cabe la interposición de un recurso de reforma (sobre el propio órgano judicial que la ha dictado) o bien de apelación (ante la Audiencia Provincial de Madrid).

La excandidata de IU a la Comunidad de Madrid y líder de Convocatoria por Madrid, Tania Sánchez, ha declarado este martes ante la jueza del caso Aúpa que "no sabía" que el expediente que aprobó el Pleno por unanimidad en 2008 y del que no se inhibió incluía una cooperativa en la que participaba su hermano.

Sánchez ha acudido a los Juzgados de Arganda del Rey para comparecer en calidad de imputada por delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación en el marco de la querella interpuesta por el PP contra ella, su hermano y su padres, quienes también han desfilado ante la magistrada.

A Tania Sánchez se le acusa de adjudicar en la época en la que era concejal de Cultura de Rivas un contrato a su hermano por valor de 137.000 euros por un servicio de talleres educativos de formación.

Tras manifestar que está "tranquilísima", ha subrayado que ha explicado a la juez "las falsedades" puestas por el PP en la querella, insistiendo en que se trata de "un tema jurídico" basado en las mentiras del PP.

Tras ello, su abogado defensor, Gonzalo Boye, ha señalado que "toda la querella se sustenta en falsedades" en alusión a "las personas que participan o no en la fundación de una asociación, en unos contratos que supuestamente eran ilegales y se ha demostrado que estaba todo perfectamente claro".

Además, ha recalcado que todas sus respuestas están apoyadas en documentos que obran en la causa. "El siguiente paso lógico es el sobreseimiento y después la exigencia de las responsabilidades en las personas que han hecho daño a Tania", ha dicho.

"En el punto 35 del orden del día, había un expediente para ser aprobado. Todos los concejales presentes aprobaron por unanimidad ese expediente. Lo que Tania ha dicho es que no sabía que ese expediente en concreto incluía a una asociación en la cual su hermano participaba. Evidentemente el PP tuvo la oportunidad en ese Pleno de decir algo porque los expedientes están perfectamente informados por los gabinetes técnicos y asesores", ha reseñado. De este modo, ha recalcado que lo que se hizo fue aprobar "aquellas propuestas que venían correctamente informadas por los técnicos". "Hay una memoria para ser aprobada y tú no revisas las 500 páginas. Eso lo sabe cualquier persona que asiste a un ayuntamiento. Lo que hicieron todos los concejales fue aprobar ese expediente", ha dicho.

"Las acusaciones están fundamentadas en falsedades"

Tras las explicaciones de su letrado, Sánchez ha señalado que no quería hablar más, dado que durante seis meses ha dado todas las explicaciones políticas que se le han exigido.

"Las acusaciones están fundamentadas en falsedades, que han quedado demostradas en la declaración. Y por tanto, a la espera de la decisión de la jueza y dar por finiquitado este asunto. Yo lo que siempre he dicho es que no podía creer que un juez me imputara un delito que no existe y todavía eso no ha pasado", ha subrayado.

La excandidata de IU a la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, mantuvo este martes la incógnita respecto a las consecuencias que puede tener para su carrera política su imputación en el caso por el que se investigan varios contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. "Yo nunca he dicho que fuera a estar en una lista para las generales. Queda tantísimo que ya veremos qué pasa de aquí a las elecciones", aseguró. 

En una entrevista en Radiocable.com insistió además en que la imputación no puede tener más consecuencias en ese ámbito de las que ya ha tenido. "No soy cargo público en estos momentos de mi vida. Algún periodista incluso ha pedido mi dimisión, pero no puedo dimitir de ciudadana", aseveró. 

Asimismo, Sánchez defendió la naturaleza política de su imputación. "Cuando gano las primarias para ser candidata a la Comunidad de Madrid, mucha gente se pone nerviosa y busca un mecanismo para pararlo", justificó.

Por otro lado, aseguró que no fue consciente de que el contrato que benefició a la cooperativa de su hermano estaba siendo adjudicado en el momento en que ella asistió a la Junta. "Jamás, nunca tuve nada que ver con esos contratos. Son contratos que hace un área de gobierno en la que yo no participo, que tiene los procedimientos técnicos establecidos para todos los tipos de contrato y que cumple todos los requisitos de un contrato público, como la transparencia", se defendió. Sí admitió que en el momento de la reunión de la Junta debió abstenerse, lo que calificó como "un error, no un delito".

Ni a la excandidata de IU a la Comunidad de Madrid Tania Sánchez, ni a su defensa, le pilló por sorpresa que la jueza la llamase a declarar como imputada. Formaba parte del ritual procesal lógico, argumentaron, una vez que fue admitida a trámite la querella del PP. Pero esa acusación también tiene su derivada política: que, mientras se mantenga viva, no pueda presentarse como candidata a las primarias de Podemos para las generales, una posibilidad que ella misma no descartó en la campaña de las autonómicas y municipales del 24-M. Se lo impediría el estricto código ético de la formación morada. 

Fue este lunes cuando se conoció la providencia del Juzgado de Instrucción número 6 de Arganda del Rey (Madrid), firmada el 27 de mayo. La magistrada Gladys López llamó a declarar como imputada a la excandidata de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para el próximo 23 de junio, a las diez de la mañana. Ese mismo día deberán acudir a explicarse ante la jueza su hermano, Héctor Sánchez, adjudicatario a través de una cooperativa, Aúpa, de varios de los contratos otorgados durante la etapa en que la exdiputada era concejala en Rivas Vaciamadrid (2007-2011), y el padre de ambos, Raúl Sánchez, que también era edil. Un día antes, 22 de junio, habrán de explicarse el alcalde en funciones de la localidad madrileña, Pedro del Cura, y Yolanda Pérez Díaz y Abril Barceló, que formaban parte de la sociedad de la que era socio Héctor Sánchez y que abandonaron para convertirse en funcionarias del Ayuntamiento.

El 19 de enero, en plena tormenta interna en IU y con el caso Aúpa al rojo vivo, el PP presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra quien todavía encabezaba la candidatura de IU al Gobierno regional, su padre y su hermano, y Del Cura, entre otros, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en varios contratos adjudicados por el Consistorio ripense.

Ya no es aforada, el TSJM lo desestima

Sánchez se marchó de IU-CM y dejó su escaño en la Asamblea el 9 de febrero. Intentó construir un Ganemos autonómico, una plataforma de confluencia de las izquierdas sólida que pudiese acudir a las elecciones coaligada con Podemos. Pero la formación morada impuso sus reglas: se presentaría al 24-M con su marca y sólo con su marca. Sánchez dio un paso atrás, pero exmiembros de IU de su entorno sí se integraron en las listas regionales del partido de Pablo Iglesias.

Al renunciar a su acta, Sánchez perdía su condición de aforada. El TSJM tuvo que declararse falto de competente para investigar la causa, pero esta pasó a un juzgado ordinario, el 6 de Arganda, que admitió la querella en marzo. Ahora es cuando la magistrada da un paso relevante al citar a todos los imputados. 

Entretanto se resuelve la causa, Sánchez se mantendrá como tal, como imputada. El pasado 12 de mayo, en una entrevista en Espejo público, en Antena 3, no descartó concurrir a las generales bajo las siglas de Podemos. "No tengo una bola de cristal. Creo que ya he demostrado que no tomo decisiones políticas que tengan que ver con intereses personales y lo seguiré haciendo", señalaba ante las cámaras. 

El código ético que tienen que firmar todos los integrantes de Podemos –y eso incluye a los candidatos, aunque sean independientes, porque han de inscribirse en la formación– es muy rotundo respecto a qué hacer. En su punto XI. g), establece que todo cargo público, orgánico y todo aspirante del partido se compromete a renunciar a su puesto "en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos".

Sánchez ya estaba imputada desde marzo

infoLibre preguntó a Podemos si Sánchez se encontraría en esa situación si fuera candidata. Un portavoz respondió que el código ético es "claro y no admite duda" respecto a qué ocurre cuando un cargo o candidato es imputado. Pero a continuación hizo esta matización: "En el caso de Tania nos encontramos con que ha sido citada a declarar como imputada. Quizá habría que esperar a la imputación formal de delito. De todos modos, la situación procesal de Tania se resolverá pronto". Fuentes oficiales elevaron la consulta a la Comisión de Garantías de la formación, que a última hora de este lunes aún no había emitido su parecer. 

Este periódico intentó contactar con la exdiputada regional. No fue posible. Sí lanzó un comunicado a los medios, con el que expresó su "absoluta tranquilidad ante el desarrollo ordinario del proceso judicial, esperable y previsible en las diligencias previas de este tipo de procedimientos". "Dicha declaración me permitirá reiterar las explicaciones y solicitar el archivo de la causa. Esta querella responde a un interés político del Partido Popular de desacreditarme y carece de cualquier fundamento", subrayó. La nota no hizo referencia a una eventual candidatura para las generales. Sí le preguntaron por su futuro político en Hora 25, en la Cadena Ser: aseguró que “en los procesos acelerados de cambio que vivimos” no es la hora de aclarar esas dudas. “Yo no me imagino no haciendo política pero también se hace en la vida cotidiana”, indicó la exparlamentaria, que sin embargo no ve la razón por la que debería dejar de participar en el cambio que vive España.

El abogado de Sánchez, Gonzalo Boye, considera "alucinante" que la noticia saltara a los titulares de todos los medios rápidamente. "Ella ya estaba imputada desde el auto de admisión a trámite de la querella del PP, y de hecho yo estoy personado en la causa como letrado de la imputada. Este era el paso esperado: que tras examinar la abundante documentación presentada por el Ayuntamiento de Rivas, la jueza citase a declarar a los imputados. No podía hacer otra cosa. No podía sobreseer la causa sin que acudiesen a explicarse los afectados. Lo que esperamos es que ahora todo se archive, porque esto no es más que una cortina de humo del PP y no tiene ningún fundamento".

Una situación similar a la de Chaves y Griñán

El trámite de audiencia no se ha dado antes, explica la defensa de la exdiputada, porque la magistrada ha sido "escrupulosa" con los tiempos y no ha dictado su providencia antes de las elecciones. "Esta es la diligencia lógica, y si no la practicara se expondría a que la Audiencia luego le ordenara reabrir la causa. Lo que no se dice es que la jueza ha inadmitido a trámite la querella presentada por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez". 

La situación procesal de Sánchez es semejante a la de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que fueron citados por el Tribunal Supremo por la causa de los ERE. Ambos, junto con tres exconsejeros de la Junta, desfilaron por el instructor, Alberto Jorge Barreiro, en abril, y este aún tiene que determinar qué hace con los imputados. Tanto Susana Díaz como la dirección federal del PSOE esgrimieron que no pedirían el escaño a ambos hasta que se les acusara formalmente de un delito. Sin embargo, tanto Podemos como Ciudadanos fijaron como condición previa para poder negociar la investidura de la socialista el que los dos exjefes del Ejecutivo dejaran sus escaños de manera inmediata. Al final, Chaves se comprometió a no repetir otra legislatura en el Congreso y Griñán anunció su retirada en cuanto Díaz fuera reelegida. Cosa que no ha ocurrido aún. 

Sánchez no ocupa ningún cargo público. Ni es oficialmente candidata. Es fundadora, eso sí, de Convocatoria por Madrid (CxM), la plataforma en la que convergieron exmiembros de IU y dirigentes de Equo, entre otros. 

Dificultades para Del Cura

Pero quien sí está más directamente concernido por la providencia judicial es el alcalde de Rivas y aspirante a la reelección, Pedro del Cura. Somos Rivas, la candidatura que él encabezó el 24-M y que integraba a IU y a Equo, fue la lista más votada: obtuvo 7 concejales (seis menos que en 2011), mientras que Rivas Puede –la plancha apoyada por Podemos– logró 6 ediles, por delante de PP, Ciudadanos y PSOE, los tres con 4 actas cada uno. Del Cura se encuentra estos días negociando su investidura. Le quedan menos de dos semanas, porque el 13 de junio se constituyen todos los ayuntamientos de España. Nueve días antes de pasar ante la magistrada. 

IU Rivas emitió un comunicado en el que enfatiza que Del Cura "tendrá por primera vez la oportunidad de comparecer ante el juzgado para demostrar que se trata de una querella política presentada por el PP que está basada en hechos falsos, por lo que solicitará el archivo de la causa". "De esta forma se pondrá fin a la campaña de difamación y denuncias falsas protagonizada por el Partido Popular contra el Gobierno de Rivas. Cabe recordar que la imputación no es un juicio preliminar ni anticipa la sentencia, tan sólo un mecanismo procesal previsto en nuestro ordenamiento jurídico para la comparecencia ante el tribunal de la parte acusada".

Del Cura, en conversación con infoLibre, proclamó su inocencia y expresó su deseo de no retirarse de la carrera. Quiere aportar a los demás grupos "toda la documentación disponible en el Ayuntamiento", y "explicar todo lo que haya que explicar". Pero sabe que su labor de convencer a los otros partidos se complica: "Habrá quien quiera aprovechar este episodio, pero sería hacerle el caldo gordo al PP, que interpuso una querella política para ir contra un candidato y una ciudad emblema". Rivas ha sido hasta ahora la joya de la corona de IU, una localidad de 80.000 habitantes gobernada ininterrumpidamente por la federación desde 1991 –entre 2011 y 2015, con mayoría absoluta–, la mayor población en sus manos en el último mandato. 

El alcalde contaba a este diario que había hablado con Cayo Lara, que le había trasladado su "tranquilidad" y confianza. Pero no con IU-CM, con cuya dirección regional sí se ha enfrentado. Del Cura entiende que no debe apartarse, según su lectura del código ético de IU aprobado en 2011, que dice lo siguiente en su punto 8: que los candidatos tendrán que "asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística". El regidor sostiene que no se ha producido apertura de juicio oral, y por tanto no debe dar un paso atrás. Además, recuerda que si renunciara a la Alcaldía y luego se levantara la imputación no tendría posibilidad de recuperar el bastón de mando. 

Dirigentes de IU-CM, requeridos por este diario, no quisieron pronunciarse sobre el caso. La federación tampoco emitió ningún comunicado. La cúpula, no obstante, está de salida, pues el miércoles convocará una asamblea regional extraordinaria para dar salida a la crisis interna y al batacazo electoral del 24-M. Quien sí pidió la dimisión de Del Cura fue el partido Rivas X la Izquierda, ligado al anterior primer edil, José Masa, cuya lista no pudo concurrir a los comicios. 

No sabía que su hermano administraba Aúpa

El Ayuntamiento de Rivas otorgó, entre 2002 y 2008, contratos por valor de 1,4 millones de euros a Héctor Sánchez, administrador y socio de Aúpa. A su hermana le afecta el caso por la última adjudicación que se le hizo en este periodo, por 137.000. La excandidata no se inhibió cuando el contrato pasó por la Junta de Gobierno, como le obliga la ley. Sánchez ha reconocido siempre que aquello fue un error, pero que su voto no tuvo peso en la medida en que las decisiones se adoptaban de forma colegiada y venían respaldadas por la mesa de contratación, de carácter técnico.

También dijo desconocer, en la comisión de investigación que se montó en el Ayuntamiento, que no sabía que su hermano era administrador de la cooperativa. Raúl Sánchez sí fue concejal durante todos esos años, y también en el último mandato, y no se inhibió. 

El juzgado de instrucción número 6 de Arganda del Rey (Madrid) ha citado a declarar en calidad de imputada a la exdiputada de IU y promotora de Convocatoria por Madrid, Tania Sánchez, por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias.

Así consta en una providencia, fechada el pasado 27 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, relativa a la querella del Partido Popular contra la excandidata de IU a la Comunidad de Madrid y contra el alcalde de Rivas y candidato a la reelección, Pedro del Cura, entre otros. 

Hace dos meses, el mismo juez acordó incoar diligencias previas para investigar los hechos denunciados en la querella por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias.

De este modo, ahora la jueza cita a declarar en calidad de imputados a Tania Sánchez, así como a su hermano, Héctor Sánchez Melero, y a su padre, Raúl Sánchez Herranz, para el día 23 de junio a las 10, 10.30 y 11 horas.

Por su parte, el alcalde en funciones de Rivas, Pedro del Cura, así como dos funcionarias municipales Yolanda Pérez y María Abril Barceló, tendrán que acudir un día antes, 22 de junio, a las 10, a las 10.30 y a las 11 horas, respectivamente.

Sánchez, en un comunicado lanzado por la noche, manifestó su "absoluta tranquilidad ante el desarrollo ordinario del proceso judicial, esperable y previsible en las diligencias previas de este tipo de procedimientos. "Dicha declaración me permitirá reiterar las explicaciones y solicitar el archivo de la causa. Esta querella responde a un interés político del PP de desacreditarme y carece de cualquier fundamento", expresó.

La querella fue presentada por el Partido Popular ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero este se declaró incompetente ante la pérdida de aforamiento de Tania Sánchez tras dejar su acta como diputada en la Asamblea de Madrid, coincidiendo con su salida del partido.

Hechos de la querella del PP

La denuncia también se dirigía contra su padre y actual concejal de Deportes de Rivas Vaciamadrid, Raúl Sánchez, y el actual alcalde y exconcejal de Infancia y Juventud, Pedro del Cura, entre otros.

Se les acusa a todos de participar en el diseño de un "entramado criminal continuado en el tiempo" para "beneficiar a amigos y familiares". Según la querella, dicha "trama" se encargó de que tuviese lugar una "adjudicación sistemática de contratos públicos" a favor de Aúpa, la cooperativa en la que "participaban o tenían intereses de diversa clase los querellados", siendo administrador único de la misma Héctor Sánchez.

Por eso, entre los querellados se encuentran el propio Héctor Sánchez y las dos funcionarias municipales que en su día pertenecieron a Aúpa (fueron fundadoras) Yolanda Pérez y María Abril Barceló.

La declaración "me permitirá retirerar las explicaciones"

A última hora de la tarde del lunes, Convocatoria por Madrid ha hecho pública la reacción de Tania Sánchez a su imputación. "Mi absoluta tranquilidad ante el desarrollo ordinario del proceso judicial, esperable y previsible en las diligencias previas de este tipo de procedimientos", ha expresado en el comunicado de prensa. Sánchez adelanta que su declaración le "permitirá reiterar las explicaciones y solicitar el archivo de la causa", y ha querido remarcar que "esta querella responde a un interés político del Partido Popular de desacreditarme y carece de cualquier fundamento".

El juzgado de instrucción número 6 de Arganda del Rey ha admitido a trámite la querella del Partido Popular contra la excandidata de IU a la Comunidad de Madrid Tania Sánchez y contra el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, entre otros.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se acuerda incoar diligencias previas para investigar los hechos denunciados en la querella por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias.

El juez sostiene que la querella reúne los requisitos que establece el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que procede su admisión a trámite, la incoación de diligencias y la práctica de diligencias para su investigación.

La querella se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero este se declaró incompetente ante la pérdida de aforamiento de Tania Sánchez tras dejar su acta como diputada. Además, acuerda requerir al Ayuntamiento de Rivas para que en el plazo de diez días aporte una serie de expedientes relacionados con adjudicaciones a la Asociación Pecados Capitales y a Aúpa Sociedad Cooperativa Madrileña. También reclama los expedientes completos correspondientes a las demandas interpuestas ante los Juzgados de lo Social contra el Ayuntamiento de Rivas.

Hechos de la querella del PP

La denuncia también se dirigía contra su padre y actual concejal de Deportes de Rivas Vaciamadrid, Raúl Sánchez, y el actual alcalde y exconcejal de Infancia y Juventud, Pedro del Cura, entre otros.

Se les acusa a todos de participar en el diseño de un "entramado criminal continuado en el tiempo" para "beneficiar a amigos y familiares". Según la querella, esta relata que dicha "trama" se encargó de que tuviese lugar una "adjudicación sistemática de contratos públicos" a favor de Aúpa, la cooperativa en la que "participaban o tenían intereses de diversa clase los querellados", siendo administrador único de la misma Héctor Sánchez, hermano de la actual diputada regional.

Entre los querellados, aparte de los ya citados, se encuentran el propio Héctor Sánchez, y las dos funcionarias municipales que en su día pertenecieron a Aúpa, Yolanda Pérez y María Abril Barceló. De hecho, señala que tres de los querellados figuran como alumnos de los cursos adjudicados a la cooperativa, en alusión a Tania Sánchez, Héctor Sánchez y María Abril Barceló.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha pedido a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid un informe sobre la querella interpuesta por parte del PP contra la excandidata de IU a la Comunidad de Madrid Tania Sánchez, que será "no vinculante", y "previo" a la decisión de admitir a trámite o no la denuncia.

Según ha informado el TSJM, esta Sala ha tomado esta decisión una vez ha tenido constancia formal por parte de la Asamblea de Madrid de la devolución del acta de diputada de Tania Sánchez, y su consiguiente pérdida de aforamiento.

La Fiscalía, en este informe, deberá valorar si hay o no motivos perseguibles penalmente. Con posterioridad, la Sala de lo Civil y de lo Penal "decidirá lo que proceda", han indicado desde el Tribunal madrileño. La querella que presentó el PP acusaba a Tania Sánchez de malversación de fondos, tráfico de influencias y prevaricación.

La denuncia también se dirige contra su padre y concejal de Deportes de Rivas Vaciamadrid, Raúl Sánchez, así como contra el actual alcalde y exconcejal de Infancia y Juventud, Pedro del Cura, entre otros. Se les acusa a todos de participar en el diseño de un "entramado criminal continuado en el tiempo" para "beneficiar a amigos y familiares".

Según la querella, esta relata que dicha "trama" se encargó de que tuviese lugar una "adjudicación sistemática de contratos públicos" a favor de Aúpa, la cooperativa en la que "participaban o tenían intereses de diversa clase los querellados", siendo administrador único de la misma Héctor Sánchez, hermano de la exdiputada regional. Entre los querellados, aparte de los ya citados, se encuentran el propio Héctor Sánchez, y las dos funcionarias municipales que en su día pertenecieron a Aúpa, Yolanda Pérez y María Abril Barceló. De hecho, señala que tres de los querellados figuran como alumnos de los cursos adjudicados a la cooperativa, en alusión a Tania Sánchez, Héctor Sánchez y María Abril Barceló.

Los números, sin embargo, tienen trampa, porque ni Sánchez ni sus seguidores acudieron a la doble reunión de la Presidencia y el Consejo Político Regional. Decidieron dar plantón porque consideraban que convenía esperar a un pronunciamiento de los órganos federales después de que los grupos de IU-CM en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid decidieran ayer desoír el mandato de la cúpula de Cayo Lara y ratificar como portavoces a Gregorio Gordo y Ángel Pérez. Ambos pertenecen al sector mayoritario, nucleado en torno al colectivo SomosIU, y es el que dispone del control efectivo de los estamentos de poder de IU-CM. 

Pese a que los partidarios de Tania Sánchez y del vencedor de las primarias en el Consistorio, Mauricio Valiente, no participaron, la vieja guardia no suspendió la convocatoria, acudió a la cita, decidió seguir adelante con sus planes y celebrar la doble reunión prevista. También se presentó el grupo cercano al dirigente Julián Sánchez-Vizcaíno, excandidato en las primarias autonómicas del pasado 30 de noviembre. 

Sánchez fue proclamada candidata, y también su compañero Valiente como cabeza de lista a la Alcaldía de la capital. En su caso, fue ratificado por 136 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. También fueron confirmados, en bloque, los candidatos de 39 municipios madrileños por 135 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. 

La derivada del 'caso Aúpa'

En la bofetada a Sánchez influyó la hostilidad declarada de SomosIU y de los acólitos del secretario de Organización federal, Miguel Reneses. Ambos le han venido pidiendo explicaciones por los contratos que el Ayuntamiento de Rivas, del que ella fue concejala de Cultura entre 2007 y 2011, adjudicó a Aúpa, la cooperativa administrada por su hermano, Héctor Sánchez, por valor de 1,3 millones de euros entre 2002 y 2008. El PP se querelló este viernes contra la diputada, su padre y actual concejal de Deportes de dicho municipio, Raúl Sánchez, y el actual alcalde y exconcejal de Infancia y Juventud, Pedro del Cura, entre otros. Los conservadores observan que los denunciados participaron en el diseño de un "entramado criminal continuado en el tiempo" para "beneficiar a amigos y familiares".

También fue elegida una coordinación colegiada, cuya labor será reemplazar a Eddy Sánchez, el líder regional que dimitió el 1 de diciembre, tras la victoria de los dos candidatos críticos en las primarias. Esa dirección que reemplaza al coordinador tiene una composición 3-3-1, correspondientes a las tres parejas de candidatos que compitieron en las primarias. De un lado, tres miembros del sector mayoritario: Libertad Martínez (mano derecha de Pérez), Carlos Paíno y Julián Sánchez Urrea (colaborador de Reneses en el aparato federal). Tres del grupo de Sánchez y Valiente: Jeannette Carmel, Miguel Ángel García y Miguel Ángel Gómez. Ninguno es ya del núcleo duro de la diputada. Al sector de los vizcaínos se adscribe el séptimo de la lista Carlos Gutiérrez. 

En el entorno de Sánchez y Valiente aseguraron que ellos no se sienten "representados" en la coordinación colectiva, así que desautorizan la presencia de Carmel, García y Gómez. "Ayer acordamos no estar [en los órganos este viernes] y quien esté será en representación de sí mismo. En todo caso, es obvio que es una dirección que representa a una minoría de la IU-CM real que ganó las primarias", comentaba a infoLibre un miembro de este sector. 

Por ratificar la decisión de los grupos

El siguiente paso será alumbrar una nueva ejecutiva regional, de en torno a una veintena de miembros, que pilote el día a día de la organización, al menos hasta la siguiente asamblea extraordinaria de IU-CM. 

Lo que no se ratificó fue la decisión de los grupos de la Asamblea y el Ayuntamiento de confirmar en sus puestos a Gordo y Pérez. También queda en stand by hasta que se oiga la voz del federal. Por tercera vez, después de las resoluciones de la Presidencia del 10 de noviembre y del 14 de diciembre.