El Tribunal Supremo considera que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, fallecido el pasado 19 de julio, responsable civil subsidiario de los 9,3 millones de euros defraudados por el uso fraudulento de las tarjetas black de la entidad financiera. El alto tribunal confirma la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra él, por lo que se procederá a la venta de sus bienes ya embargados, si fuese necesario, para recuperar dicha cantidad.

En un auto, la Sala de lo Penal ha hecho firme la parte correspondiente al expresidente de Caja Madrid de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero por las tarjetas. Impuso una condena de seis años de prisión por un delito de apropiación indebida y al pago, de forma conjunta y solidaria con los 65 acusados, de los 9,3 millones de euros.

Los magistrados explican que esto ha tenido lugar al declarar el recurso de casación presentado por Blesa "desierto". Apuntan que sus herederos no han continuado con la acción procesal y que por el "tiempo transcurrido" se debe tener este escrito "por desistido y debe declararse desierto".

Recuerdan que tras su fallecimiento la responsabilidad penal ya quedó extiguida "sin perjuicio de que subsista la acción civil contra sus herederos". Y señala que el resto de partes personadas, con excepción de la Fiscalía, "no han solicitado nada al respecto".

De este modo, el Supremo comunica a la Audiencia Nacional la ejecución de la sentencia, en este caso la parte relacionada con la responsabilidad civil. Este órgano judicial es quién debe comprobar si toda la cantidad defraudada ha sido repuesta y, en caso contrario, proceder a la venta de los bienes ya embargados de Blesa.

La Sala de lo Penal aún tiene que estudiar los recursos de los acusados y acusaciones contra la sentencia condenatoria de entre tres meses y seis años de prisión por el uso fraudulento que hicieron de la tarjeta de empresa, creada en un primer momento para gastos de representación. El que fuera presidente de Caja Madrid apareció muerto con un tiro en el pecho en la finca Puerto del Toro de Villanueva del Rey (Córdoba), a la que acudía con frecuencia a cazar. En ese momento se encontraba en una situación de libertad a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre el recurso que había presentado contra su condena por las tarjetas black.

Blesa, presidente de la caja entre 1996 y 2010, alegó en su escrito que no existe una prueba de cargo que acredite su responsabilidad en la práctica de este sistema de visas a las que se cargaron más de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012 por parte de los 65 acusados.

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) acordó este lunes el archivo de la causa que abrió para investigar la muerte del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ocurrida en la mañana del día 19 de julio en una finca dedicada a coto privado de caza en el término de Villanueva del Rey (Córdoba) y que la autopsia confirmó que se quitó la vida utilizando una escopeta de caza.

Según informaron a Europa Press fuentes judiciales, el juez tomó la decisión del archivo después de recibir los distintos informes sobre el caso y realizar la toma de declaraciones a diferentes testigos, por lo que se confirma que la causa de la muerte fue el suicidio.

Al respecto, la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ratificó al día siguiente de los hechos que el expresidente de Caja Madrid se quitó la vida en la finca cordobesa Puerto del Toro de Villanueva del Rey utilizando una escopeta de caza de su propiedad. "Las heridas que presenta el cadáver son compatibles con el suicidio", según detallaron fuentes de la investigación.

El citado juzgado se encargó de las diligencias previas y la apertura de la causa por la muerte de Miguel Blesa, de 69 años –el 8 de agosto cumplía 70– y natural de Linares (Jaén), donde nació en 1947 y donde descansan sus cenizas desde el día 21 de julio de este año, concretamente en el panteón que su familia tiene en el cementerio Jardín Virgen de Linarejos.

El fallecimiento de quien fue presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009 fue notificado por los Servicios de Emergencias el día 19 de julio, sobre las 8.40 horas. Un empleado llamó a las 7.50 horas para alertar de que el exbanquero había aparecido tirado en el suelo con un disparo en el pecho.

¿Por qué las dos “noticias de la semana” nos remitieron inmediatamente a una turbia y oscura imagen del poder que conecta rápidamente con el atavismo de la España negra? No hizo falta más que encender el ordenador para entenderlo. Fotos de Blesa de safari y cacería, pertrechado de su rifle y junto a una cebra o un ñu, ilustraban las informaciones. Fotografías que retrataban a la perfección a un país que fue, que hizo de la horterada, la opulencia y el lujo el símbolo del poder más rancio, que nos retrotrae a cacerías en fincas de señoritos atendidos por serviles paisanos. Un país que se construyó a base de preferentes y tarjetas blackblack, y que se apoyó en eso que ahora llamamos el "franquismo sociológico" para mantener sus privilegios.

La casualidad ha querido que este desenlace –trágico, como toda la tragedia que ha sido el entramado en torno a Caja Madrid y aledaños–,  haya coincidido con la detención y posterior entrada en prisión del que fuera presidente de la Federación Española de Futbol, Ángel María Villar, su hijo Gorka y el vicepresidente económico Juan Padrón, acusados de ser el epicentro de una red corrupta cuyos detalles, a la medida que vamos conociendo, van incrementando la sospecha de una onda expansiva de enorme magnitud. También ellos representan a una España peculiar: la de quienes consideran normal que se paguen fichajes millonarios a futbolistas estrella mientras se quejan de no poder llegar ni a mileuristas siquiera. La Liga de fútbol profesional en España supone prácticamente el 1% del Producto Interior Bruto, y mueve cada año la friolera de 7.600 millones de euros. Me confieso futbolera y seguidora de los buenos equipos, pero un país que convierte el fútbol en el principal –y casi único– de sus espectáculos, está condenado al "pan y circo".

La coincidencia en el tiempo de los dos casos anima a testar en ellos algunas de las características que los estudiosos de la corrupción han descrito como comunes en el sinfín de escándalos que venimos conociendo de unos años a esta parte. Veamos.

En primer lugar, ambos son fenómenos de corrupción que se han dilatado en el tiempo. Si al primer desvarío no pasa nada, y al segundo tampoco, la sensación de impunidad crece hasta el punto de llegar a dejar un reguero de pruebas de los desmanes. No hay más que leer algunos correos electrónicos relacionados con Blesa o escuchar las conversaciones telefónicas de personas clave en el fútbol nacional durante muchos años.

Por otro lado, ambos entendieron rápidamente la clave de la corrupción: No sin mi red. Nunca solo. La necesidad de contar con cooperadores, cómplices, o simplemente, con quienes miren para otro lado, hace imprescindible que cada cual reciba su parte, aunque en muchos casos no dejen de ser migajas, pero lo suficiente como para encontrarse enredado en la tela de araña. Blesa lo entendió y extendió su generosidad con las blacks entre propios y ajenos; de la misma manera que Villar generó todo un entramado en torno a su persona y la Federación española de fútbol, comprando, según describe el auto del juez, voluntades de líderes territoriales.

Tercera similitud, y a mi juicio la más grave: ambos representan a un país que arrastra complejos, que no ha pasado la página de la Historia porque ni siquiera la ha escrito y que vive lastrado por una parte de sus élites que siguen haciendo gala de la ostentación más hortera como símbolo del poder, conscientes de que el franquismo sociológico que todavía pervive en parte de la sociedad está dispuesto a sostenerlos. Una curiosidad: ¿Os habéis preguntado alguna vez cuáles son los deportes más practicados en España? Si atendemos al número de licencias deportivas, el primero el fútbol, lo cual no es ninguna sorpresa. ¿Y el tercero? Sí, lo han adivinado: la caza.

La buena noticia es que, mientras todo esto se rompe por las costuras, emergen con fuerza profesionales dispuestos a acelerar la transición: jueces y fiscales que se juegan su carrera –como se ha visto con destituciones varias de quienes estaban investigando casos de corrupción–, periodistas que publican un día sí y otro también pruebas y documentos sin cuyo conocimiento no conseguiríamos entender lo que ocurre a nuestro alrededor, u otros profesionales que plantan cara a todo esto desde su posición.

La no tan buena nueva es que esto no va a ser fácil, y que las herencias y las inercias son difíciles de dejar atrás. Como prueba, un botón: mientras los escándalos relacionados con casos de corrupción se agolpan en los informativos, el fiscal general del Estado ha decidido premiar con un ascenso al fiscal García Panasco, responsable de la Fiscalía de las Palmas, que en el año 2015, en plena campaña electoral, abrió una investigación contra la que era candidata de Podemos, Victoria Rosell, por un asunto de lo más rocambolesco que partía de una denuncia anónima en relación a los negocios de su pareja con un empresario investigado por la magistrada. Hace una semana, el Tribunal Supremo determinó que el señor García Panasco vulneró derechos fundamentales de la magistrada Rosell. Como compensación, el fiscal general del Estado le ha ascendido convirtiéndolo en uno de sus principales asesores.

La vieja España está en convulsión permanente. No le vendría mal una reforma de la administración de justicia, empezando por el Ministerio Fiscal, para ayudarle en su agonía.

La reflexión tuitera:

"Miguel Blesa es Rita Barberá, la presión se cargó a Rita y se ha cargado a Miguel Blesa"la presión se cargó a Rita, ha señalado Gallardo en declaraciones recogidas por Europa Press en la puerta del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde la autopsia ha confirmado que Blesa fue el autor del disparo.

Gallardo ha defendido que el expresidente de Caja Madrid ya estuvo dos veces en prisión por el caso de las tarjetas black, al que ha quitado hierro porque "las tienen todos los bancos y las han tenido todos los partidos", por lo que ha sugerido que buscaban un motivo para "llevárselo por delante".

Preguntado por si le encontraba preocupado por la sentencia de seis años de cárcel impuesta por este caso, el administrador de la finca ha destacado que en general vio bien a Blesa, aunque durante esta semana llamó "tres o cuatro veces" echándose para atrás y luego confirmando su asistencia a la finca. "Cuando dijo que venía avisó a mitad de camino. Es un hombre muy ordenado y ahí llegó a las 2 de la mañana, eso no lo ha hecho nunca", ha asegurado Gallardo.

"Cuando llegó se acostó y por la mañana cuando se levantó le dijo a Rafa Alcaide (co-administrador de la finca) que cogiera el número de teléfono de su mujer por si la tenía que llamar por algo", ha afirmado. Según Gallardo, luego Blesa cogió el coche, se metió en la huerta y dijo que llevaba el vehículo a la sombra.

Llevó su propia arma

El administrador de Puerto de Toro ha confirmado a los periodistas que Blesa trajo en esta ocasión su propia escopeta, algo que no solía hacer. "Siempre ha usado armas nuestras, ahora lleva dos años que no iba de caza, si pensaba hacer lo que fuera se ha traído su arma para utilizarla", ha apuntado.

La autopsia ha confirmado este jueves que el expresidente de Caja Madrid murió a causa del disparo de una escopeta de caza de su propiedad. "Las heridas que presenta el cadáver son compatibles con el suicidio", han determinado los especialistas en medicina forense, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

La autopsia ha determinado este jueves que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa fue el autor del disparo que acabó con su vida, aunque por el momento no confirma que se tratara de un suicidio.

"Las heridas que presenta el cadáver son compatibles con el suicidio", han determinado los especialistas en medicina forense, según han informado fuentes de la investigación consultadas por Europa Press.

"Se confirma que se ha tratado de una muerte por autolesión por arma de fuego", ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los hechos ocurrieron en la finca cordobesa Puerto del Toro de Villanueva del Rey utilizando una escopeta de caza de su propiedad que, tras sacar del maletero de su coche, apoyó en el suelo para dispararse en el pecho.

Las mismas fuentes han explicado que la reconstrucción de las últimas horas de Blesa lleva a determinar que el exbanquero se levantó de la mesa cuando desayunaba con la excusa de mover de sitio su coche. Ya en la zona de cocheras de la finca, abrió el maletero y cogió un rifle.

A continuación, Miguel Blesa se fue a la parte delantera del vehículo, apoyó la culata del arma en el suelo y situó su pecho sobre el cañón, accionando el gatillo. Efectuó un único disparo, provocando que el cuerpo del expresidente de Caja Madrid golpeara con el capó, deslizándose hasta caer desplomado en el suelo junto a una de las ruedas.

Para la reconstrucción de la secuencia los investigadores se han basado en el análisis ocular y en los testimonios de las personas que se encontraban en la finca, un coto privado de 1.600 hectáreas situado en Sierra Morena que solía frecuentar Blesa por su afición a la caza. De hecho, estaba en posesión de las licencias de caza D y E y era propietario de quince armas.

Blesa llegó a Puerto del Toro a las dos de la madrugada del miércoles. Condujo su propio coche, sin que nadie lo acompañara. Descansó y desayunó muy temprano con su amigo Rafael Alcaide, el gestor de la finca propiedad de la Sociedad Rozuelas del Valle S.L. A éste le dijo que iría a mover el coche. Un empleado encontró el cadáver del exbanquero tirado en el suelo, según fuentes de la investigación, y llamó a los Servicios de Emergencias 112 a las 7.50 horas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informaron este miércoles de que Blesa fue hallado en el interior de un vehículo. Los servicios sanitarios certificaron la muerte a las 8.40 horas por el impacto de un disparo de rifle en el tórax. La investigación la asumió el juez de Primera Instancia e Instrucción número dos de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

La autoridad judicial ordenó al mediodía el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Al lugar de los hechos se desplazó un médico forense y los agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil encargados de la investigación. Desde el primer momento la hipótesis que barajaron fue la del suicidio, a falta de la confirmación oficial cuando se le practique la autopsia prevista para este jueves.

El exbanquero, condenado a seis años por el caso de las tarjetas black y que se enfrentaba a otro juicio por los sobresueldos de Caja Madrid, fue presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009. Nació en Linares (Jaén) en 1947 e iba a cumplir el próximo 8 de agosto 70 años.

La súbita desaparición del banquero Miguel Blesa, muerto este miércoles de un disparo en el pecho en lo que las primeras hipótesis presentan como un suicidio o un accidente, ha abierto una panoplia de interrogantes sobre el futuro de las investigaciones penales en que se había visto involucrado.

Una vez extinguida cualquier responsabilidad penal que pesara sobre Blesa, una de las grandes incógnitas reside en si los otros investigados en las dos causas judiciales que tenía pendientes –la de las preferentes, en fase de instrucción e hibernada en la práctica, y la de los sobresueldos para directivos de Caja Madrid, donde la Fiscalía le pedía cuatro años de cárcel– intentarán modificar su estrategia tras el fallecimiento del principal investigado. Hay una segunda cuestión pendiente: la de qué sucederá con una tercera investigación que en marzo aún no había sido judicializada y que había emprendido la Fiscalía Anticorrupción tras descubrir los nexos de Blesa con una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

En febrero, Blesa ya había sido sentenciado a seis años en el caso de las tarjetas black por apropiación indebida y administración desleal. El tribunal consideró que no había motivo para privarle de su libertad en tanto el Supremo no se pronunciara sobre el recurso interpuesto por parte de los 65 condenados, entre ellos el propio Blesa y Rodrigo Rato.

Además de la condena a prisión, el tribunal le impuso como responsabilidad civil el pago de más de nueve millones de euros. ¿Se verán obligados su herederos a pagar esa cantidad si aceptan la herencia de Blesa? Los expertos consultados por este diario aseguran que sí. Una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2013 establece que la muerte extingue la responsabilidad penal, pero no las obligaciones de responsabilidad civil, sea cual fuera la fuente de la que nazcan. Y el artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "la acción penal se extingue por la muerte del culpable; pero en este caso subsiste la civil contra sus herederos y causahabientes, que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía de lo civil".

La tentación de cargar las culpas al fallecido

Este miércoles, infoLibre consultó con dos abogados de las acusaciones personadas en la causa de las preferentes, el exdiputado de UPyD Andrés Herzog, que ahora representa a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), y Laia Manté, de 15MpaRato. Ambos se mostraron cautos sobre el eventual giro que la sorpresiva muerte de Blesa puede imprimir al procedimiento aunque creen posible que quienes pertenecían al consejo de Caja Madrid se vean tentados de cargar todas las culpas sobre el fallecido con el argumento de que aquella era una entidad "presidencialista".

Ambos, Herzog y Manté, coinciden en que la instrucción lleva "mucho tiempo" atascada –"está como en una especie de limbo", resume el exdiputado– y temen que el juez Fernando Andreu acabe por dar carpetazo a esta pieza separada una vez concluya la instrucción sobre la pieza que ahora centra su atención, la de la salida a bolsa de Bankia. "Tengo la impresión –desliza Manté– de que el juez ya quería archivar y si el principal responsable ya no está, con más motivo".

La emisión de preferentes lanzada por Caja Madrid en 2009 –Andreu rechazó investigar la comercialización y ha limitado las investigaciones al lanzamiento del producto– hizo que más de 300.000 clientes de la entonces boyante entidad de ahorro se hicieran con títulos de esa clase por unos 3.000 millones de euros. Al comprarlos, buena parte de los clientes creyeron estar ante una especie de depósito sin riesgos. Y que podrían recuperar su dinero cuando quisieran. No fue así. 

Los sobresueldos de los directivos

Siendo, por la envergadura de sus consecuencias, una de las piezas de mayor envergadura del llamado caso Bankia, la de las preferentes no constituía por tanto para Blesa la mayor amenaza. O, al menos, la más inminente. En cambio, la de los sobresueldos aplicados a los directivos de Caja Madrid a partir de 2008 implicaba para el banquero el riesgo de una segunda condena a cárcel. Presentado en febrero, el escrito de calificación del fiscal Conrado Sáiz sostiene que Blesa incrementó el salario de nueve directivos de Caja Madrid un 16% en 2008 de manera arbitraria, y "desobedeciendo" al consejo de administración de la caja, que había acordado un aumento del 4,5%. Además de incrementar los sueldos cuatro veces más de lo que se había pactado, ni siquiera se informó a la comisión de retribuciones. 

Pero el de los sobresueldos tampoco era el último riesgo penal que le quedaba por afrontar a Blesa. Un nuevo frente se le abrió en febrero, justo tras la condena por las tarjetas black. Fue entonces cuando se supo que la Fiscalía estaba investigando sus nexos con una sociedad localizada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes denominada Danforth Investments. Lo reveló el propio fiscal Alejandro Luzón, ahora jefe de Anticorrupción, cuando entregó al tribunal de las black un informe de la Policía sobre Danforth para sustentar su tesis de que el expresidente de Caja Madrid debía ingresar ya en prisión o, cuando menos, quedar sujeto a una fianza de hasta 100.000 euros. infoLibre preguntó este miércoles a los portavoces de la Fiscalía en qué punto se encuentran esas diligencias, que entonces no estaban aún judicializadas. No hubo respuesta.

Tampoco ha trascendido si esa investigación se dirigía solo contra Blesa o si por el contrario afecta o afectaba también a otras personas. La relación de Blesa con Danforth afloró en abril de 2016 tras la publicación de los papeles de Panamá. En aquella fecha El Confidencial confirmó el vínculo triangular entre Danforth, Blesa y la empresa de equipamiento bélico Einsa. En diciembre de 2013 y tomando como fuente los correos secretos de Blesa, infoLibre había desvelado que el expresidente de Caja Madrid le buscó a José María Aznar un contrato de comisionista con Einsa. Aznar, tajante, aseguró que jamás "concluyó" ningún contrato con Einsa.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, hallado muerto este miércoles con un disparo en el pecho en la finca Puerto del Toro de Villanueva del Rey (Córdoba) a las 8.40 horas, aterrizó en la presidencia del consejo de administración de la caja de ahorros madrileña en 1996 de la mano del expresidente del Gobierno José María Aznar para abandonar la entidad trece años después, en los inicios de la crisis financiera, sin poder cumplir con su objetivo de consolidar la internacionalización de la entidad durante su mandato.

Licenciado en derecho por la Universidad de Granada, Miguel Blesa preparó las oposiciones al Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado junto al que a la postre sería presidente del Gobierno, José María Aznar.

Sin experiencia previa en banca, Blesa fue designado presidente de Caja Madrid en 1996 y durante su gestión, el capítulo más polémico fue la compra del City National Bank de Florida en septiembre de 2008, operación impulsada por el propio Blesa y que le llevó a la cárcel en dos ocasiones a raíz de la investigación del crédito de 26 millones de euros concedido al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

No obstante, la causa que desembocó en la posterior inhabilitación del juez Elpidio José Silva, fue finalmente archivada el octubre de 2015 al considerarse que la compra del banco estadounidense no fue arriesgada y que incluso tuvo resultados positivos.

Caja Madrid cerró la compra del City National Bank de Florida por 1.127 millones de dólares (977 millones de euros al cambio actual) y Bankia vendió la entidad en mayo de 2013 por 882 millones de dólares (765 millones de euros)

Blesa abandonó la presidencia de Caja Madrid en la Asamblea General celebrada el 28 de enero de 2010, que eligió al exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato como su sucesor, tras haberse opuesto la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre a la reelección de Blesa.

La marcha de expresidente de Caja Madrid fue anterior al acuerdo de integración sellado el 30 de julio de 2010 por Caja Madrid con otras seis cajas -Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja- para crear Bankia, que salió a Bolsa el 20 de julio de 2011.

En sus últimas palabras como presidente de Caja Madrid, Blesa se mostró satisfecho de su gestión y destacó el "salto cualitativo" dado por la caja desde 1996 hasta 2009 y la "trayectoria extraordinaria" emprendida. En concreto, se mostró especialmente orgulloso de la penetración lograda por la caja en el extranjero.

Miguel Blesa, que el próximo 8 de agosto iba a cumplir 70 años, nació en 1947 en la localidad de Linares, en la provincia de Jaén y ha fallecido en la jornada previa a que se cumplan seis años desde la salida a Bolsa de Bankia.

Tarjetas blackblack

Hace cinco meses, Blesa fue condenado por la Audiencia Nacional a seis años de cárcel por el uso presuntamente fraudulento que hizo de su tarjeta black. Recurrió la resolución no firme ante el Tribunal Supremo, que estaba pendiente de pronunciarse sobre la misma.

Según informaron a Europa Press en fuentes de su entorno, Blesa no se encontraba en los últimos días desanimado ni deprimido, aunque preocupado a veces por el devenir de la batalla judicial que afrontaba desde hace años.

Estas fuentes destacan que el fallecimiento de Blesa se ha producido en un momento que no era el peor para el exbanquero, ya que albergaba "serias esperanzas de que el Tribunal Supremo le diera la razón en el caso de las tarjetas black, tras recurrir la pena de prisión de seis años que le impuso la Audiencia Nacional.

En cuanto a la comercialización indiscriminada de participaciones preferentes, un producto solo apto para inversores especializados, a través de la red comercial de la caja, los abogados del exbanquero estaban convencidos de que se iba a cerrar también sin consecuencias.

Además, el expresidente de Caja Madrid tenía otra causa pendiente por los sobresueldos presuntamente irregulares que se otorgaron en la caja extinta.

Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid hallado muerto este miércoles en una finca cordobesa de caza, no se encontraba en los últimos días desanimado ni deprimido, aunque preocupado a veces por el devenir de la batalla judicial que afrontaba desde hace años, informaron a Europa Press en fuentes de su entorno.

Las mismas fuentes destacan que el fallecimiento de Blesa se ha producido en un momento que no era el peor para el exbanquero, ya que albergaba "serias esperanzas de que el Tribunal Supremo le diera la razón en el caso de las tarjetas black, tras recurrir la pena de prisión de seis años que le impuso la Audiencia Nacional.

Las expectativas de Miguel Blesa sobre un desenlace judicial favorable se sustentaban en otros casos precedentes, como el del crédito de Caja Madrid al expresidente de CEOE Gerardo Díaz-Ferran o el de la compra del Banco de Miami, que fueron sobreseídos.

En cuanto a la comercialización indiscriminada de participaciones preferentes, un producto solo apto para inversores especializados, a través de la red comercial de la caja, los abogados del exbanquero estaban convencidos de que se iba a cerrar también sin consecuencias.

El entorno de Blesa destaca además el "ánimo alto" del que solía hacer gala el exdirectivo, si bien reconocen que el proceso judicial que afrontaba era complicado y que podría haber acusado en cierta medida el "vapuleo sistemático" al que se había visto sometido por parte de la opinión pública.

Uno de los momentos más duros desde el punto de vista de su imagen, reconocen, fue cuando el fiscal tildó de "depredadores" a los exconsejeros de la caja que se beneficiaron de las tarjetas black, calificativo que le dolió especialmente.

"Pero en los momentos más duros jamás se le vio abatido, y curiosamente este no era el peor momento por el que estaba pasando, de hecho, era el más tranquilo", indican las fuentes, que piden cautela a la hora de especular con las circunstancias de la muerte del exbanquero, algo que, según recalcan, tendrá que determinar el juez.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ha aparecido muerto este miércoles con un tiro en el pecho en una finca de Córdoba, había sido condenado hace cinco meses por la Audiencia Nacional a seis años de cárcel por el uso presuntamente fraudulento que hizo de su tarjeta black. Además el banquero tenía otra causa pendiente por los sobresueldos presuntamente irregulares que se otorgaron en la caja extinta.

Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, recibió la condena más alta de los 65 encausados por el uso de estos plásticos. La Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal determinó que actuó al margen de la legalidad al atribuirse a sí mismo y los otros beneficiarios una tarjeta corporativa al margen del salario acordado y cuyo uso no precisaba de justificación de gastos.

Su defensa, que durante los cuatro meses que duró la vista oral insistió en que los acusados estaban siendo condenados antes incluso de existir sentencia, recurrió la resolución no firme ante el Tribunal Supremo, que estaba pendiente de pronunciarse sobre la misma.

Paralelamente el banquero tenía pendiente otra causa instruida en los juzgados en Plaza Castilla también relacionada con su gestión al frente de la caja madrileña. La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, dictó también en febrero auto de apertura de juicio oral por el que le sentaba en el banquillo a él y al exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj por un delito de administración desleal derivado de los sobresueldos irregulares que, según el FROB, causaron un perjuicio económico de 14,8 millones de euros.

Imputado en la causa de Bankia

El expresidente de Caja Madrid estaba a la espera de conocer la fecha de celebración de este nuevo juicio en el que se enfrentaba a una petición de cárcel de 4 años por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal cifró en 8,5 millones de euros la responsabilidad civil a la que de forma solidaria deberían responder los acusados en caso de ser condenados por causar un perjuicio de 15 millones de euros a la entidad.

Además, el exbanquero tenía pendiente una tercera causa con la Justicia al estar investigado en la pieza relativa a la comercialización de preferentes y derivada de la causa sobre la salida a Bolsa de Bankia, que ha instruido el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Blesa, cuyo cadáver ha sido localizado en el día de hoy en una finca de Villanueva del Rey (Córdoba) con un tiro en el pecho de una escopeta de caza, gozaba de situación de libertad a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la sentencia condenatoria de las tarjetas black.

Anticorrupción solicitó para él prisión provisional eludible con el pago de fianza de 100.000 euros aunque el tribunal que le juzgó decidió en marzo no acordar ninguna medida cautelar para él argumentando que su comportamiento durante el juicio fue "intachable".

Estancia en la cárcel

No obstante ingresó dos veces en prisión en 2013 por orden del juez Elpidio Silva por la adquisición por parte de Caja Madrid en abril de 2008 del banco estadounidense City National Bank de Florida (CNBF) por más de 1.000 millones de dólares.

El primer ingreso se produjo el 13 de mayo de 2013 si bien cuatro días después abandonó la madrileña cárcel de Soto del Real tras depositar la fianza de 2,5 millones de euros que el juez le impuso por supuestas irregularidades en la compra del banco y que podría haber supuesto pérdidas de 500 millones de euros.

Apenas un mes después, Silva volvió a ordenar su ingreso en la cárcel, esta vez sin fianza. Tras 15 días en el centro penitenciario, la Audiencia Provincial de Madrid anuló la pieza del caso y el juez redactó un auto de excarcelación dejando libre al banquero que declaró a su salida de la cárcel que quería un juez imparcial para este procedimiento.

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha fallecido en una finca de Córdoba este miércoles, según ha informado la Europa Press. La Guardia Civil estudia la hipótesis de que se trate de un suicidio.

El juez encargado de la investigación de la muerte ha ordenado el levantamiento del cadáver del exbanquero y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, para practicarle la autopsia y establecer oficialmente la causa de la muerte.

Las primeras versiones indican que el cadáver de Blesa fue localizado en la cochera de la finca a las 7:50 con un tiro en el pecho de una escopeta de caza, según informa Europa Press.

Fue un trabajador de la finca el que localizó el cuerpo de Miguel Blesa y dio aviso a los servicios de emergencia, que sólo pudieron certificar su muerte a las 8:40. Según fuentes de la investigación citadas por Europa Press, la causa de la muerte ha sido la perforación en el tórax de una bala de rifle.

La finca de 1.600 hectáreas, a la que Blesa acudía regularmente a cazar, se llama Puerta del Toro, en la localidad cordobesa de Villanueva del Rey, emplazada en Sierra Morena.

Los primeros testimonios aseguran que Blesa se preparaba para una jornada de caza con unos amigos, cuando se levantó durante el desayuno y dijo a sus acompañantes que iba a mover el coche, y fue en ese momento cuando se escuchó el disparo.

La gestión del coto, según informa El País, está a nombre de Fermín Gallardo y Rafael A. Alcaide, que se encontraba en la finca en el momento de los hechos. Miguel Blesa llegó este miércoles a la finca a las dos de la mañana con la intención de pasar unos días allí, según las mismas fuentes.

La finca pertenecía a la sociedad Rozuelas del Valle, a la que acudía el ex banquero con frecuencia para cazar, según El Mundo. En el momento de los hechos, allí se encontraban un trabajador de la finca y el guarda, además del citado Rafael Alcaide, amigo de Blesa según las mismas fuentes.

Blesa, de 69 años, fue condenado en febrero a seis años de prisión por apropiación indebida en el marco del caso de las tarjetas black. En el marco del mismo caso fue condenado Rodrigo Rato a cuatro años y medio por el mismo delito, aunque no ingresaron en prisión, a la espera de la resolución de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo.

El expresidente también fue imputado por la supuesta concesión de créditos irregulares al grupo Marsans y la compraventa de un banco en Florida.

En las instituciones, en las diversas instituciones del Estado, el panorama es más que desolador; es nauseabundo. Así, tenemos el caso Pujol, el caso Gürtel, el caso Pokemon en Galicia, el caso de los ERE en Andalucía, el caso de los alcaldes catalanes, el caso de los sobres del PP, el caso Urdangarín, etc, etc. Es decir, toda la geografía peninsular está cubierta de corrupción política y de corruptelas institucionales. De hecho, no es extraño que cada vez piense más gente que ha habido tal selección negativa que a partir de un determinado umbral era imposible que una persona que no fuera un o una sinvergüenza integral o estuviese dispuesta a mirar hacia otro lado lo traspasase. Y no sólo se ha dado en política. Sentencias recientes podían ser un buen ejemplo. Y no digamos si hablamos sobre la cuadrilla de estiralevitas que habita en la gran mayoría de los medios de comunicación.

Y en cuanto al mundo financiero y de la gran empresa, ¿qué podemos decir? Si tenemos a 200 banqueros imputados y 30 causas abiertas, si resulta que está demostrado que el 94 % de las empresas del IBEX opera en paraísos fiscales, si más del 80 % del brutal fraude fiscal que hay en este país es de las grandes empresas, si el expresidente de la CEOE está en chirona y el vicepresidente imputado, si en definitiva se ha articulado un sistema productivo y económico basado en el pelotazo y la especulación, en el amiguismo y el compadreo, un sistema económico que ha desembocado en la brutal tasa de paro que padece España y en su crisis económica estructural, en su subempleo y salarios decrecientes...

Tenemos pues las élites extractivas más nocivas de Europa, las peores. Y tienen tal sensación de impunidad que encima se permiten regañarnos y decir que tenemos que aguantarnos y dar las gracias, que no podemos hacer otra cosa. Y en llamar “rojo” y “populista” a quien le planta cara. Pero que se sigan creyendo indefinidamente impunes dependerá de nosotros, de nuestra dignidad como pueblo. No de ellos. ______________

Miguel Ángel Cerdán es socio de infoLibre

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes a los presuntos responsables de una macroestafa sufrida por más de 1.600 familias que adquirieron derechos en viviendas turísticas en régimen de multipropiedad, sin que al final se les prestaran los servicios contratados, según la denuncia interpuesta por la Asociación de Consumidores Afectados por Mundo Mágico (Acama), encabezada por el abogado Damián Vázquez Jiménez.

La Fiscalía considera que los hechos pueden constituir un delito continuado de estafa, razón por la que apoyó el procesamiento de los presuntos autores del delito, y que se sentarán en el banquillo de los acusados este lunes 30 de enero. En el juicio también declararán, en este caso como testigos, 60 afectados por la actuación delictiva de los acusados. 

Los procesados por la presunta estafa, que supera los seis millones de euros, son los empresarios Antonio González Moral y Paul Alexander Van Zijll. La Audiencia Nacional también deberá decidir si condena como responsable civil subsidiario a tres entidades financieras, con las que los clientes formalizaron créditos para realizar la inversión. La mayoría se canalizaron a través del BBVA, aunque también se firmaron cantidades menores con Bankia (Caja Madrid) y Banco Santander.

Préstamos bancarios

Según los afectados, que reclaman sendas penas de ocho años de cárcel para los dos procesados, las entidades bancarias "conocían el sistema de venta de los acusados y colaboraron para conseguir un beneficio económico no sólo para Mundo Mágico Tour SA, el resto de empresas vinculadas y los acusados, sino para las propias entidades bancarias, que conseguían pingües beneficios con los intereses y comisiones de los prestamos, apertura de cuentas, colocación de otros productos, seguros, etc".

Ni BBVA ni Santander han querido hacer ningún comentario sobre este procedimiento, que se remonta a 2003, cuando se denunciaron los hechos. Por su parte, un portavoz de Bankia ha asegurado que los créditos vinculados a la compañía Mundo Mágico únicamente alcanzaron los 77.000 euros en el caso de la antigua Caja Madrid, y que han llegado a acuerdos con la mayor parte de sus clientes.

El instructor del caso Mundo Mágico, el titular del Juzgado Central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, explica que el procesado Antonio González Moral creó en 1998 la empresa "aparentando una solvencia patrimonial y una capacidad para cumplir sus compromisos vacacionales inexistente, y alardeando de acuerdos con firmas de reconocido prestigio, conseguían inducir a error o a conseguir la voluntad de las personas, que firmaban contratos que llevaban aparejada la obligación de pagos mediante la firma de contratos de préstamo, cuyo importe iba de inmediato e íntegramente a los imputados".

Según la asociación de afectados, la empresa Mundo Mágico obligaba a sus clientes a formalizar "en un tiempo récord contratos de préstamo con entidades financieras como BBVA, Banco Santander y Caja Madrid (Bankia)".

Los primeros contratos que realizaron los procesados ofertaban la compra en régimen de multipropiedad de semanas de vacaciones: "Dichas semanas en realidad no existían, bien porque no era real el complejo de apartamentos, bien porque no se habían comprado los inmuebles sobre los que más tarde realizar su división en propiedad compartida. Fundamentalmente, esto sucedió con la venta de apartamentos de multipropiedad en los complejos turísticos llamados Mar y Golf, Benalbeach, Hotel Apartamento Esmeralda o Esmeralda Beach Club, bien en su propio nombre bien, haciendo de supuesto intermediario de otra sociedad manejada por los acusados, Espinaquer 2000, bien utilizando esta última de manera directa", especifica el juez De la Mata.

"Un señuelo que nunca cobraban"

Con el paso del tiempo, los procesados optaron por comercializar un club de vacaciones: "Estos contratos garantizaban al cliente y a tres personas más el disfrute en plazos de entre 5 a 20 años de tres semanas de alojamientos anuales en diferentes establecimientos hoteleros. A cambio de dichos servicios, los perjudicados debían satisfacer el precio de la cuota de afiliación al programa de vacaciones, cuyo precio oscilaba entre los 3.005 y los 12.000 euros, incluyendo descuentos promocionales que se ofertaban como parte de la maniobra engañosa y que únicamente se pagaban en ocasiones a clientes más antiguos con el dinero de nuevos clientes a los que se ofrecía tal señuelo y que nunca cobraban", relata el magistrado.

"Todo el importe era transferido", según el juez, "a cuentas corrientes de dichas empresas de Mundo Mágico. Además, los clientes debían abonar cantidades cuyo precio medio oscilaba entre los 120 y los 408 euros por cada semana disfrutada", indica el auto, que completa: "El servicio que ofertaban no era algo real, en cuanto que no estaba respaldado por inmueble alguno y era de imposible cumplimiento, hecho éste del que eran plenamente conscientes los imputados".

El procesado Antonio González Moral utilizó otras sociedades "para simular las gestiones de venta y cobrar por ella; incluso, para optimizar el beneficio, se hacían ofertas de reventa por varias sociedades o nombres comerciales a la vez, a sabiendas de que ninguna de ellas realizaba trabajo alguno para ello, sin otra finalidad que seguir obteniendo dinero de sus víctimas", sostiene el auto. Las sociedades eran Realsa España, Terra Mítica, Costa Temática, BC Reventas y Gestión o Bayo Pizo.

El fiscal de Anticorrupción Conrado Saiz ha solicitado cuatro años de prisión para Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, como responsable del pago de sobresueldos al mismo tiempo que le acusa de un delito de administración desleal continuado.

Asimismo, señala al también investigado en el caso de las tarjetas black como máximo responsable junto al que era por aquel entonces director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj. Anticorrupción reclama la misma pena de cárcel para Barcoj, cuatro años, y que ambos abonen 8,5 millones en responsabilidades civiles. 

Conrado Saiz ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid su escrito de calificación por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos de Caja Madrid durante la época de Miguel Blesa como presidente

8,5 millones

La Fiscalía asegura que el expresidente incrementó el salario de nueve directivos de Caja Madrid un 16% en 2008 de manera arbitraria, y "desobedeciendo" al consejo de administración de la caja, que había acordado un aumento del 4,5%. Además, de incrementar los sueldos cuatro veces más de lo que se había pactado, ni siquiera se informó a la comisión de retribuciones. 

"El incremento real medio de la masa salarial fija para los miembros del comité de dirección fue de 16,11 % en 2008, una vez que en ese ejercicio pasaron de diez a nueve miembros y no se realizó ajuste en el incremento de la masa salarial fija individual, correspondiendo al acusado Miguel Blesa un 26,63%, al acusado Ildefonso Sánchez Barcoj un 26,63%, a Enrique de la Torre un 9,58 %, a Juan Astorqui un 15,35 %, a María Carmen Contreras un 26,92 %, a Mariano Pérez Claver un 15,95 %, a Matías Amat un 26,63 %, a Rafael Spottorno un 6,33 % y a Ricardo Morado un 7,48 %. Como consecuencia de esta actuación, Caja Madrid abonó indebidamente a los miembros del comité de dirección 2.047.248 euros, desde 2008 hasta la finalización de su relación de servicios con Caja Madrid", especifica el fiscal en el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

Según el documento, Miguel Blesa y el resto de la dirección de Caja Madrid recibieron entre 2008 y 2010 un total de 8,5 millones de forma "irregular". Además, señala a Blesa y Barcoj como los culpables de este pago irregular: "Ambos acusados ostentaban la máxima responsabilidad en materia de retribuciones e indemnizaciones en la estructura organizativa de Caja Madrid", explica el fiscal, que concluye que tanto Blesa como Barcoj incumplieron "las funciones de administración, gestión y dirección conferidas".

Anticorrupción también destaca los 2.890.000 euros recibidos por el secretario general, Enrique de la Torre, al cesar en Caja Madrid. Por esto, considera a este exdirectivo partícipe a título lucrativo y propone que devuelva ese dinero. Si De La Torre ejecuta el pago, Blesa y Barcoj verán reducida su responsabilidad civil en idéntica cantidad.

En concreto, el fiscal resalta que en 2009 cuando cesó en su cargo De la Torre como secretario general de Caja Madrid, cobró una indemnización con motivo de la finalización de su relación de servicios con la entidad por importe de 4.806.702 euros, que fue documentado en un acuerdo de fecha 20 de julio de 2009 entre Enrique de la Torre Martínez y el acusado Ildefonso Sánchez Barcoj: "En el cálculo de la indemnización se incluyeron por voluntad de los acusados importes por conceptos que no le correspondían, por lo que cobró un exceso de 2.888.992 euros".

Juicio de las tarjetas blackblack

Este escrito llega con el juicio de la Audiencia Nacional en el que se dirime si los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid hicieron un uso fraudulento de su tarjeta blackblacka punto de cerrarse. En las próximas sesiones, llegarán los alegatos de las defensas tras los que el caso quedará previsiblemente listo para sentencia.

El tribunal de la Sección Cuarta de lo Penal acoge este miércoles la vigésimo primera sesión en la que continuarán exponiendo las defensas de los encausados en la línea con los abogados que le precedieron en el uso de la palabra y que centraron su alegato en, por un lado demostrar que es una práctica nacida en 1988, y por otro rechazar la hoja Excel aportada por Bankia a la causa y que incluye el desglose de los gastos efectuados por las tarjetas, informa Europa Press.

El juicio, en el que se dirime si los 65 encausados incurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal, estaba previsto que quedara listo para sentencia el pasado año pero prolonga los días 11, 12 y 30 y 31 de este mes para continuar con la exposición de los informes, tal y como anunció la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, en la última sesión celebrada el 22 de diciembre.

Los correos electrónicos que se cruzaron en 2011 y 2012 los inspectores del Banco de España que de forma semanal controlaban las cuentas de Bankia prueban que el organismo regulador sabía al menos desde el 2 de diciembre de 2011 que el "panorama" de la entidad presidida por Rodrigo Rato era "desolador"Rodrigo Ratodesolador, según lo califica el exjefe de Inspección del Banco de España José Antonio Casaus Lara en un correo electrónico dirigido al jefe de grupo de inspección del Banco de España, José Antonio Gracia Sanz.

Bankia fue nacionalizada en mayo de 2012, después de que el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) dimitiera por sorpresa, y tras una reunión secreta en la que además de Rato participaron el ministro de Economía, Luis de Guindos; el presidente de BBVA, Francisco González; el de Caixabank, Isidre Fainé; y el expresidente del Santander, el fallecido Emilio Botín.

El exvicepresidente del Gobierno presentó las cuentas de 2011 en marzo de 2012 con 309 millones de beneficios, que tras su salida se convirtieron en un agujero de 2.979 millones. Al final de todo el proceso, Bankia necesitó 22.400 millones de euros públicos para evitar su quiebra. Rato defiende su gestión, y asegura que la situación de los mercados internacionales, y en especial de los españoles, explicarían las diferencias, por lo que ambos presupuestos estarían justificados.

"Forzar las previsiones"

En el mensaje electrónico de los inspectores, al que ha tenido acceso infoLibre, se incluyen como destinatarios a otros 14 funcionarios del Banco de España, está encabezado con el asunto: "Reunión semanal con Intervención. ¡No tiene desperdicio! Grupo Bankia (el banco bueno) pese a forzar las previsiones financieras iniciales, acabaría 2012 con 400 millones de beneficio y sin fondos genéricos. y BFA en pérdidas y con solo 500 millones de caja". Banco Financiero y de Ahorros (BFA) es la matriz de Bankia, que según los inspectores funcionaba como un banco malo en el que se acumulaban los activos tóxicos del grupo.

El inspector del Banco de España elabora el correo después de reunirse con el entonces interventor de Bankia, Sergio Durá, de quién asegura: "Por primera vez desde hace un mes". En el mensaje, Casaus Lara anuncia a sus compañeros el "posible deterioro de la participación que tiene BFA en Bankia, de 12.000 millones de valores comerciales negociables (VCN), a la que le corresponden fondos propios de Bankia de 8.000, y que tiene un valor de mercado de 3.300 millones de euros".

"Quién es el guapo"

Y según la versión de este funcionario, el interventor de Bankia, Sergio Durá, ante los cambios en las cuentas le llegó a decir: "A ver quién es el guapo (auditor externo, Banco de España) que le manda una carta al FROB diciendo que en BFA hay un agujero de 5.000 millones", indica el mensaje.

Para completar su análisis de las cuentas de Bankia, el inspector José Antonio Casaus Lara explica a sus compañeros que "por fin" había averiguado "quiénes hicieron el análisis del margen financiero" para el presupuesto 2010 del Grupo BFA. E incluye la sarcástica frase: "Bien tirado: una pequeña desviación del 9%", un porcentaje muy elevado para un balance de un banco. "Son los de Gestión de Balance, los mismos que llevan negándole la información a José Carlos Molina durante meses".

En un apartado diferente, el funcionario del organismo supervisor alude a unas jornadas sobre el plan estratégico del Grupo Bankia: "El presidente Rato habló de situación de guerra hasta junio de 2012 por los vencimientos mayoristas".

"Buenismo de las proyecciones"

Pero el correo electrónico va mucho más allá en la negativa valoración de la situación de la entidad presidida por Rato cinco meses antes de la dimisión de éste: "Durá nos ha comentado el presupuesto del Grupo Bankia, sin el banco malo [BFA] para 2011. El panorama del grupo bueno cotizado, pese a ser sobre el papel, que todo lo soporta, sólo podemos calificarlo de desolador pese al buenismo de las proyecciones".

En este sentido, José Antonio Casaus Lara destaca que si BFA "no emite avaladas en 2012 por el Estado o el Banco Central Europeo acabaría con una caja de 500 millones de euros", cuando los pagos de los intereses de los pasivos "suponen unos 1.400 millones al año".

Y después, el mensaje incluye los datos "más relevantes de las previsiones de balance y resultados de 2012 de Grupo Bankia". Y Casaus Lara comienza así el texto: "Como están apretadísimos por la liquidez, quieren desapalancarse en 12.000 millones. Ese bestial desapalancamiento les estrecha aún más el maltrecho margen financiero, ya que a nivel del Grupo BFA, ha caído más de 2.000 millones en dos años, un 48%, hasta quedar por debajo de 2.4000 millones".

Acusación de 15MpaRato

La acusación particular de 15MpaRato ha emitido una nota en la que asegura que de los documentos "se desprenden pruebas que confirman, más allá de toda duda, que las cuentas que Bankia comunicó en su salida a bolsa eran falsas tal y como denunciamos en nuestra querella".

"Más allá de este supuesto inicial de la falsedad contable (artículo 252bis del Código Penal) con el que 15MpaRato abrió el caso Bankia, de los documentos se deduce", prosigue este colectivo ciudadano en la nota, que el Banco de España, "cuya cúpula maniobra en el caso para exculpar a Bankia, estaba al corriente. Consideramos que se trata de una prueba de primer orden y que por el momento procesal en el que se encuentra el caso, la fase de investigación del juicio está más que completa".

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha recibido gritos de "chorizo" e "indecente" a su llegada a la Audiencia Nacional, donde ha acudido en torno a las 10.30 horas para declarar en calidad de testigo sobre las supuestas presiones de Ausbanc y Manos Limpias, que impulsaron una querella contra él por la compra del Banco de Florida en un proceso que acabó siendo archivado y por el que el ex banquero pidió ser indemnizado.

La llegada de Blesa se ha producido entre las protestas de un  pequeño grupo de preferentistas como viene siendo la tónica habitual en las comparecencias que el antiguo responsable de la caja de ahorros madrileña ha prestado ante la Justicia.

"¡Chorizo, ladrón, indecente, métete la caja por el culo!", han exclamado tres afectados por la compra de participaciones preferentes que portaban carteles por los daños sufridos, mientras el ex banquero entraba en la sede judicial sin que se produjera ningún incidente.

En esta ocasión, Blesa comparece como uno de los afectados por la trama que desplegó presiones contra los máximos dirigentes de la caja madrileña después de que ésta eliminara, en 1997, los convenios de publicidad que mantenía suscritos con la asociación dirigida por Luis Pineda.

El presidente de Caja Madrid testifica después de que el que fuera su director de Comunicación Juan Astorqui aclarara este miércoles ante el magistrado el "maltrato" sufrido por parte de Ausbanc y Pineda, a partir de su negativa a "pagar ni un duro" a la asociación de consumidores investigada.

El juez Santiago Pedraz cree que la relación entre Ausbanc y Manos Limpias comenzó a raíz del 'caso Blesa', aunque colaboraron también en 'Nóos' o los 'ERE'.

Investiga si el grupo Ausbanc llevó a cabo prácticas "cuanto menos intimidatorias" contra las entidades financieras para que le pagasen "cuantiosas" aportaciones económicas –encubiertas como pagos por publicidad, estudios de mercado o patrocinios de jornadas– a cambio de no dirigir contra ellas "campañas de desprestigio" o acciones judiciales.

Ausbanc, que llegó a recaudar 38,9 millones de euros de las entidades financieras, recibió también subvenciones públicas y cuotas de socios, que eran "meros convidados de piedra" y con los que, aprovechando su confianza, presionaban para aparentar ser una "asociación de consumidores potente y poder acceder" a las ayudas públicas.

Hasta la decisión de De la Mata, que se ha conocido en un auto de 29 de marzo, Blesa había sido procesado por las tarjetas blacktarjetas black, por lo que enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel. El expresidente de Caja Madrid también está imputado por los sueldos irregulares de la entidad y por las preferentes. Blesa fue exonerado por el caso del Banco de MiamiBanco de Miami.

El documento del organismo regulador del sistema financiero, de fecha 20 de julio de 2009, y al que ha tenido acceso infoLibre, da cuenta de que en estos años en la entidad madrileña hubo "una deficiencia en la información sobre la capacidad de pago del acreditado, lo que ha derivado en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explican la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema".

Estafa y asociación ilícita

Y el principal de estos defectos, que sirven al juez De la Mata para imputar a Blesa; a su número dos en Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj; al gerente de riesgos, Ramón Martínez Vilchez, y al director general de Tasaciones Madrid SA Ignacio de Navasqués, por los delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita, es que las tasaciones realizadas "suelen ser notoriamente superiores a las establecidas por las tasaciones que se realizan posteriormente".

Esta situación, prosigue el informe del Banco de España, hace que se sobrevalore el activo en el momento de su registro y correlativamente se infravalore la pérdida por riesgo de crédito.

El magistrado ha actuado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que se había opuesto a la admisión de la querella argumentando, entre otras razones, que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada y que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.

Política comercial "agresiva"

Asimismo, el regulador llega incluso a calificar la política comercial de Caja Madrid como "agresiva", lo que unido a "la ausencia de unas políticas claras respecto a la concesión" de las mismas ha motivado que en los ejercicios 2006-2008 el peso de las operaciones que habría que haber rechazado "ha venido aumentando". Además, considera que la dirección de la entidad madrileña tardó "excesivo tiempo en reaccionar ante el problema detectado ya en 2006".

Y como ejemplo de estas malas prácticas, el Banco de España cita la denominada Hipoteca Segura, en la que hay un mayor riesgo legal de que los clientes no cumplan los requisitos: "No se ha realizado ninguna actuación pese a las deficiencias detectadas. Se sigue comercializando por red a minoristas por lo que podría representar un riesgo reputacional y legal para la entidad".

Y también el regulador detectó que "en numerosas operaciones" los titulares del crédito y sus garantes mantienen avales cruzados en otras operaciones hipotecarias en la caja de ahorros.

Una garantía solo formal

Asimismo, "y como tónica general", según el regulador, las unificaciones de deudas iban hasta 480 meses, "pero en muchos casos el ratio de dinero prestado por la caja supera el 100% de la tasación con lo que la ganancia de garantía es solo formal ya que se mantienen las tasaciones originales, realizadas en pleno auge inmobiliario y por tanto sobrevaloradas".

El informe del Banco de España es uno de los elementos que, según el juez José de la Mata, "sustentan muy indiciariamente" las afirmaciones realizada en la querella: que la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid SA, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos; y que al abrigo de estas sobretasaciones se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100% del precio de compraventa de los inmuebles hipotecados. Pero también que se concedían préstamos hipotecarios de 20 o más años a personas extranjeras con permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez.

Durante este período los imputados, según la querella, habrían permitido el falseamiento y ocultación de las cuentas de la entidad, mediante la práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieran haberse concedido.

Permisos temporales

Estas prácticas "habrían servido a los querellados para garantizar indebidamente emisiones de cédulas y bonos hipotecarios que emitieron y aumentaban su liquidez", completa la querella.

Blesa y el resto de imputados, siempre según los querellantes, tenían bajo su dependencia a los órganos de la entidad y de las empresas del grupo implicadas, entre ellos el consejo de administración y la comisión ejecutiva, así como la entidad de tasación, Tasaciones Madrid, desde donde se llevó a cabo la práctica sistemática de valorar los inmuebles objeto de hipoteca por encima del precio de mercado.

Y también los querelllados dominaban la dirección general Financiera y de Medios, de la que dependía la gerencia de Riesgos, que tenía encomendado el análisis de la viabilidad de la concesión de los préstamos; "y omitieron informar a los distintos órganos de control y a la asamblea general de la entidad sobre las prácticas estratégicas seguidas, actuado en definitiva en contra de los intereses de la entidad y a favor de los suyos propios o de terceros", completa la querella.

infoLibre se ha puesto en contacto con Bankia, que no ha querido realizar ningún comentario de un procedimiento que está abierto en los tribunales.

"Al menos por parte de la Caja, nunca se ha desahuciado ni ejecutado a ningún cliente de cualquier naturaleza por impago o desatención de uno o varios efectos". De esta forma se expresaba en 2005 el entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, al defender el impago durante siete años por parte del Partido Popular de 35.587 euros que debía por el alquiler de la sede del municipio madrileño de Majadahonda, según consta en el acta de la reunión celebrada por el consejo de administración de Caja Madrid el 20 de junio de 2005, a la que ha tenido acceso infoLibre.

Según el documento, suministrado por la Fundación Montemadrid al juez Fernando Andreu, que ha finalizado la investigación de la pieza separada de las tarjetas black del caso Bankia en la Audiencia Nacional, Blesa quitó hierro al asunto en la reunión del consejo en la que se discutió la información de "un medio de comunicación" que destapó el impago por parte del PP. En concreto, Blesa aseguró que en ese caso "no han ocurrido cosas muy distintas a las habituales ofertas, contraofertas, silencios y dilaciones propias de cualquier relación entre comprador y vendedor".

Pero los datos oficiales suministrados por el Gobierno muestran que desde el año siguiente, el 2006, las entidades bancarias, entre ellas Caja Madrid-Bankia, protagonizaron miles de ejecuciones hipotecarias: 16.097 en 2006, 17.412 en 2007, 20.549 en 2008, 37.677 en 2009, 54.250 en 2010, 64.770 en 2011 y 75.375 en 2012. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aporta los datos de los dos años siguientes: 82.680 en 2013 y 80.749 en 2014.

El acta del consejo muestra que Blesa reconoció que el inmueble había sido arrendado por el PP en 1993, aunque explicó que la Caja se había hecho con el mismo "en esos años, fechas en las que esos tipos de activos eran muy voluminososos para la Caja y con complicadas negociaciones con los inquilinos y potenciales compradores". Además, el entonces presidente de la entidad financiera madrileña explicó que la deuda de 35.587 euros que se acumuló durante varios años "se procedió a liquidar el pasado mes".

¿Quiénes conocían esta situación?

El consejero a propuesta del PSOE Antonio Romero se dirigió entonces al resto de integrantes de la dirección de la entidad madrileña: "Desde octubre de 1996 hasta el 2003 Caja Madrid dejó de percibir unos ingresos que le correspondían en derecho". ¿Ha ocurrido esto en otras ocasiones? Si es excepcional, ¿a qué se debe el trato diferenciado? ¿Qué medidas se emprendieron? ¿Quiénes eran conocedores de esta situación a lo largo de los cinco años, en la estructura de la Caja y en el consejo de administración?".

Y Romero continuó con sus preguntas, aunque antes citó las palabras de Blesa en las que aseguraba que "apenas hace unos días se pagó": "¿Creen ustedes que después de dos años de haber dejado el local, el PP hubiera abonado esta deuda? ¿O piensan que si no nos hubiéramos enterado a través de las indagaciones de los periodistas no lo habrían pagado nunca?".

Para el consejero a propuesta del PSOE, el impago durante siete años del alquiler de la sede del PP de Majadahonda era de "una tremenda gravedad", para posteriormente reclamar la dimisión como consejero de Caja Madrid del que había sido alcalde de Majadahonda y presidente del PP de este municipio del norte de Madrid, Ricardo Romero de Tejada.

"En este consejo se sienta quien en 1998 hasta 2003, no sólo era vocal del mismo, sino también presidente del PP en Majadahonda, secretario general del PP de Madrid, es decir representante legal de la organización deudora. Por ello, me parece inconcebible que su actuación haya permitido este conflicto entre Caja Madrid y el Partido Popular de la que es partícipe en las más altas instancias en ambas", especificó el entonces consejero, quien aseguró que durante un periodo de más de cinco años "un vocal del consejo de administración y de su comisión ejecutiva se ha encontrado en situación de morosidad con la entidad financiera".

Blesa defendió al PP

Pero entonces Blesa, cuyo despacho había trabajado para el Partido Popular, tal y como confirmó la propia formación política a infoLibre, pidió que se enjuiciara el caso "dentro del contexto en el que se produce". "En 1996 la Caja tenía en su balance activos adjudicados por un valor aproximado de 135.000 millones de pesetas; en el inventario figuraban aproximadamente 14.000 unidades, con situaciones jurídicas bien distintas [...]. Afortunadamente, todo se ha resuelto con el pago íntegro de la deuda pendiente más los intereses de demora, con lo que el perjuicio a la Caja ha quedado reparado".

Y entonces Blesa defendió la actuación en el seno de Caja Madrid, al asegurar que en ningún momento, "puedo asegurarlo, ha habido un comportamiento doloso por parte de las personas de la Caja competentes en la gestión de los activos adjudicados".

Después tomaron la palabra otros consejeros de la Caja. Como por ejemplo Francisco José Moure, quien consideró "exagerados los planteamientos" del consejero del PSOE, "en cuanto a que un tema como éste pueda afectar a los cimientos de la Caja, incluso por su escasa cuantía, ya liquidada, sin perjuicio de que tratándose de un partido político se deben hacer más rigurosos los controles y la transparencia en este tipo de operaciones". Moure defendió a Romero de Tejada al asegurar que "en esas fechas carecía de funciones ejecutivas en el Partido Popular de Majadahonda".

Ciertas singularidades

Otro consejero, Ignacio de Navasqüés, aseguró que después de 25 años trabajando en Caja Madrid afirmaba la existencia de "ciertas singularidades, que no privilegios, en el trato de las deudas con determinadas instituciones, que no siempre son partidos políticos, sino incluso personas físicas".

El representante de CCOO Pedro Bedia también echó un cable a Romero de Tejada (PP) al asegurar en la reunión que en ese caso "no se ha dado un tratamiento privilegiado del que puedan derivarse responsabilidades internas o del consejero".

El consejero socialista José María Arteta, que fue alcalde de Móstoles (Madrid), también tomó la palabra en la reunión, según el acta, para asegurar que durante su mandato como alcalde "por incumplimiento de un solo plazo, se han ejecutado las hipotecas o se han producido desahucios". Y fue en ese momento en el que Blesa afirmó que "al menos por parte de la Caja, nunca se ha desahuciado ni ejecutado a ningún cliente de cualquier naturaleza por impago o desatención de uno o varios efectos".

Mantener el debate en secreto

La consejera Mercedes de la Merced tomó por su parte la palabra para reclamar a todos los presentes que el debate interno careciera de repercusión fuera del consejo de administración. Y según confirma el acta, "señaló su acuerdo con lo informado por el presidente respecto a que se trataba solo de una situación de impago de escasa cuantía y dentro de una situación compleja en la adjudicación de un activo a la Caja".

El expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán se sumó a las intervenciones anteriores señalando que en su experiencia empresarial este tipo de situaciones son usuales y las negociaciones llevan tiempo: "Más aún cuando se da, de modo general en las empresas, un trato singular a determinadas personas y organizaciones.

Romero de Tejada terminó las intervenciones señalando que él nunca negoció este tema, que ni siquiera conoció en su época al frente del Partido Popular de Majadahonda, en el que había dejado de tener funciones ejecutivas "hace varios años".

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado devolver al Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid el caso Blesa, en el que se investiga la presunta percepción indebida de 14 millones de euros por parte de los directivos de Caja Madrid.

Pedraz ha tomado esta decisión al considerar que los presuntos delitos cometidos por Blesa y el resto de no afectarían a la economía nacional y no hay pluralidad de denunciados, según aseguraron fuentes del caso a infoLibre.

La Fiscalía Anticorrupción había reclamado en el Juzgado madrileño la declaración como imputado de Blesa y de su número dos en Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj como presuntos responsables de los sobresueldos detectados por Bankia tras elaborar un informe forensic.

Entre los perceptores de estos presuntos pagos irregulares se encontraban la práctica totalidad de los directivos de Blesa.

El 30 de diciembre de 2014 el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) hizo pública su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su equipo habría cobrado, presuntamente de forma indebida, 14,8 millones de euros. En concreto, solo Blesa percibió 2,73 millones de indemnización en 2010, cuando dejó la entidad financiera en manos de Rodrigo Rato.

Y poco después, la Fiscalía Anticorrupción trasladó esta denuncia a los juzgados de Instrucción de Madrid. Por reparto, el caso cayó en manos del Juzgado de Instrucción número 45 de la capital, cuyas titulares desde entonces no ha llamado a declarar como imputados a ninguno de los directivos de Caja Madrid que cobraron un total de 71 millones de euros entre 2007 y 2010.

Con esta nueva disputa judicial, la investigación sobre los sobresueldos llevará un año en los diferentes juzgados sin que haya imputados.