El regreso a España de la Dama de Elche cumple este lunes 8 de febrero 80 años y el Senado debatirá la próxima semana una moción para su cesión permanente a Elche, su población de origen, según informa Europa Press. 

La moción, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal a instancia del senador de Compromís Carles Mulet, insta al Gobierno a que la Dama de Elche vuelva a la ciudad donde fue encontrada el 1897, puesto que actualmente se expone en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid.

Esta iniciativa parlamentaria señala que la Dama de Elche es un patrimonio de un valor "esencial" para el pueblo valenciano. Por ser una pieza que el pueblo valenciano "siente tan propia", la moción pide que sea expuesta en el Museo Arqueológico de Historia de Elche, que convertiría la ciudad en la sede del Museo de Arte Ibérico, "en un paso más hacia la descentralización del patrimonio artístico y cultural".

Tras su hallazgo en agosto de 1897, la pieza viajó hasta París, quien, según ha recordado Compromís, la adquirió por 4.000 francos y el 24 de septiembre de ese mismo año se presentó en el Museo del Louvre. Posteriormente, el 8 de febrero de 1941 la Dama de Elche llegó a Madrid, donde permanecería durante 30 años en el Museo del Prado, hasta 1971 cuando, por Orden Ministerial se incorporó a la colección permanente del Museo Arqueológico Nacional, donde sigue.

Para el senador de Compromís Carles Mulet el arte "debe estar en su lugar de origen", por lo que ha lamentado que "tras años de avances en la sensibilidad hacia el patrimonio y de demandas desde distintos frentes, el Gobierno haya sido inclemente ante las peticiones ilicitanas de recuperar su patrimonio".

La moción que Compromís ha introducido para su debate en la Comisión de Cultura del Senado insta en el Gobierno central a hacer efectiva de "manera inmediata" en coordinación con las administraciones autonómica y local y de forma permanente, la cesión de la escultura de la Dama de Elche, ubicada en la actualidad en el Museo Arqueológico Nacional, para exponerla en el municipio de Elche, realizar la inversión necesaria para el traslado, con todas las medidas de seguridad necesarias para su correcta conservación, y crear una subsede del Museo Arqueológico Nacional en la ciudad ilicitana, que albergue de forma permanente el busto.

Mulet ha recordado que la pieza en el Museo Arqueológico Nacional "no deja de tener un cierto protagonismo como pieza del mes, dentro del conjunto de obras, cuando en Elche supondría un revulsivo colectivo, cultural y turístico de primer orden".

Retorno de la dama de baza en su 50 aniversario

El senador confía en que los grupos que votaron a favor del retorno de la pieza granadina de la Dama de Baza en su 50 aniversario del hallazgo, lo vuelvan a hacer.

"Ante idénticos casos de piezas íberas, esperamos en un comportamiento idéntico de los grupos políticos ante la moción de Compromís que traslada una petición histórica de la localidad de Elche", ha sentenciado. La moción de la Dama de Baza, según ha apuntado la formación, fue aprobada por 15 votos a favor y 14 abstenciones de Vox y PSOE.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, ha afirmado que el lugar dónde mejor se entiende el busto íbero "es en el entorno de su hallazgo y envuelto en su contexto". "Apostamos por la descentralización de la cultura, lo que permitiría a municipios como Elche, convertirse en dinamizadores culturales y contribuiría a promover el turismo cultural junto al Misteri d'Elx, el Palmeral y todo el patrimonio ilicitano", ha dicho.

El Gobierno descartó en marzo del año pasado ceder la Dama de Elche a su localidad, por tratarse de "un bien del Patrimonio Histórico Español", que "pertenece a la Administración General del Estado" y que está "asignado a la colección estable" del Museo Arqueológico Nacional, un centro de titularidad estatal adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte.

"Este bien cuenta con la máxima protección jurídica al quedar sometido al régimen de protección establecido para los bienes de interés cultural, en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico Español", explicó el equipo de Pedro Sánchez en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada el año pasado por Compromís.

Equo se ha quedado definitivamente fuera de los comicios europeos del próximo 26 de mayo tras la división interna que se ha abierto en el partido verde sobre con qué partidos debían ir coaligados para esta cita electoral, una crisis que provocó la dimisión de Carmen Molina, una de las dos coportavoces, informa Europa Press.

Las dos coportavocías de Equo llevaban semanas enfrentadas porque mientras que una facción, encabezada por Carmen Molina, quería ir de la mano de Unidas Podemos, la otra, liderada por Loic Alejandro, pretendía reeditar la coalición con Compromís con la que concurrieron a las elecciones de 2014.

Así las cosas, la coportavocía de Alejandro decidió organizar una consulta para que sus afiliados y simpatizantes se decantaran por una de las dos opciones, que apostaron mayoritariamente por repetir la coalición con Compromís de hace cinco años, que les reservaba el tercer puesto, y rechazar la coalición con Podemos e Izquierda Unida, que les ofrecía el decimotercero.

Consulta "ilegal"

Sin embargo, la ahora coportavoz dimitida, Carmen Molina, denunció entonces esa consulta al comité de votaciones del partido por "ilegal" porque, según explicó, lo que perseguía con la misma era decidir si abrir una negociación con Compromís, pero no llegar directamente a un acuerdo de coalición con esta formación valencianista. Además, recordó que en junio de 2018 ya se realizó una consulta a las bases en la que se aprobó un acuerdo marco con Unidas Podemos –apoyado por el 70%– con vistas a los distintos procesos electorales previstos para este año. Equo concurrió a las generales con Unidas Podemos y consiguió revalidar el escaño por Álava que encabezaba Juantxo López de Uralde.

Esta brecha interna entre los dos coportavoces les llevó a registrar por separado ante la Junta Electoral Central (JEC) dos coaliciones para las europeas: una con Compromís (Compromiso por Europa) y otra con Unidas Podemos. Sin embargo, el organismo arbitral les avisó la semana pasada de que debían decidirse por una de ellas porque no podían concurrir en dos listas diferentes, por lo que Compromiso por Europa como Unidas Podemos decidieron dejar fuera a Equo de sus respectivas listas hasta que resolvieran su crisis interna. De hecho, sus nombres no aparecían ya en las candidaturas publicadas el pasado día 24 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sin embargo, en Equo aún estaban a tiempo de resolver la situación porque contaban con tres días para resolver el entuerto, que es el tiempo que se toma la Junta Electoral para examinar si las listas presentadas cumplían con todos los requisitos formales antes de proceder a su proclamación definitiva.

No aparecen en ninguna de las dos listas 

Una semana antes de que la JEC les hiciera esta advertencia, la coportavoz Carmen Molina ya decidió dimitir. Con ella fuera de la Ejecutiva del partido, el otro coportavoz, Loic Alejandro, intentó que la formación se reintegrase en la candidatura de Compromís, incorporando a su candidato, Florent Marcellesi, en el puesto 'número tres', como así se había acordado inicialmente.

Sin embargo, y habida cuenta de que la representación legal de Equo estaba dividida entre las dos candidaturas, finalmente la JEC ha optado por confirmar su exclusión y en el BOE de este martes no aparece en ninguna lista. En el puesto tercero de 'Compromiso por Europa' aparece el candidato de Nueva Canarias, Faneque Javier Hernández Bautista, y en el decimotercero de Unidas Podemos figura como independiente Pablo Aldama Blanca, que es concejal de Colmenar Viejo (Madrid) y que se define como ecologista de izquierdas.

En plena tormenta soberanista en Cataluña, con la autonomía catalana intervenida y elecciones autonómicas a la vista, la renovación del cupo vasco ha agotado la paciencia de las comunidades autónomas socialistas que se sienten más perjudicadas por el vigente modelo de financiación autonómica. Y amenaza con abrir nuevas grietas en la cada vez vez más debilitada estructura territorial del Estado.

El Pleno del Congreso aprobará este jueves los proyectos de ley de renovación del concierto económico con Euskadi y del cupo vasco negociados por el Gobierno del PP y la Lehendakaritza del PNV. Una votación normalmente rutinaria, de no ser por el enfado con el que varias comunidades han recibido la noticia, hartas de esperar que el Ejecutivo abra la negociación de la financiación autonómica.

Esta vez, además, y en contra de lo que hasta ahora era habitual, dos partidos relevantes (Ciudadanos, socio indispensable del PP para gobernar, y Compromís, con responsabilidades ejecutivas en la Comunitat Valenciana) rechazarán el régimen foral, lo que, pese a que el modelo sigue contando con un amplio respaldo parlamentario (PP, PSOE, Unidos Podemos y PNV) abre la puerta a un debate hasta ahora inédito en el Congreso en torno a la excepción fiscal de Euskadi y Navarra, los únicos territorios que recaudan primero sus impuestos y negocian después qué porcentaje ceden al conjunto del Estado.

Tras su aprobación, la Cámara baja enviará ambos proyectos al Senado, donde se debatirán y aprobarán definitivamente en el Pleno de la próxima semana, previsiblemente el miércoles, según confirmaron fuentes parlamentarias a Europa Press.

La última vez que el Congreso avaló la financiación especial del País Vasco fue en 2014, cuando se renovó la Ley del Concierto. En aquella ocasión sólo fueron siete los diputados que votaron en contra, esto es, un 2% del hemiciclo: los cinco de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y dos del PP —entre ellos el entonces portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso—, aunque en su caso fue por error.

El partido de Albert Rivera, en plena campaña electoral en Cataluña, fue el primero en anunciar su rechazo y avanzó que presentaría sendas enmiendas para tratar de tumbarlos, por considerar que “alimentan el agravio comparativo” con las comunidades de régimen común. Sin embargo, la “especial naturaleza” del concierto y el cupo vascos, resultado de una negociación bilateral, hace que el Congreso no pueda introducir modificaciones: solo se puede aprobarlos o rechazarlos.

¿Los motivos de Ciudadanos? Las "implicaciones increíbles" que, sostienen, el cálculo del cupo tendrá “en los bolsillos y los impuestos de los españoles”. Rivera reclama un debate en el Congreso sobre “todo lo que [el cupo] drena del resto de las comunidades y de los servicios públicos” en virtud de un acuerdo suscrito “en un cuarto oscuro” por el PP, el PSOE y el PNV para el quinquenio 2017-2021. El pacto, sostiene el líder de Ciudadanos, implica tratar a Euskadi como una región pobre pese a tener el segundo PIB per cápita más alto de España, resulta “injusto, insolidario y opaco” y es el resultado de un “cambio de cromos” del bipartidismo con el nacionalismo vasco.

En contra de lo que el cupo prevé para los próximos años, no del modelo en sí, también votará esta vez Compromís. Lo hará como acto de “rebeldía” contra el Gobierno, porque le parece “indecente” que el Ejecutivo prime a Euskadi frente a territorios “maltratados”, como la Comunitat Valenciana, sólo para garantizarse un apoyo a los Presupuestos y asegurarse, por tanto, “una año más en La Moncloa”.

La ley quinquenal del cupo para los años 2017-2021 fija la fórmula de cálculo de lo que Euskadi debe pagar al Estado, mientras que la Ley del Concierto Económico recoge distintas modificaciones. La cifra base del cupo será de 1.300 millones de euros anuales, pero en cada ejercicio lo que en realidad entregue el País Vasco al resto de España variará según los descuentos que se apliquen por distintos conceptos y que no serán los mismos de un año a otro. Así, la cifra que se pagará este año ronda los 945 millones.

Los dos gobiernos alcanzaron en mayo un acuerdo después de años de desavenencias sobre el cálculo de la aportación que el País Vasco hace al Estado por los servicios que este presta en su territorio más una contribución a los gastos generales. Las diferencias correspondían al periodo 2007-2016, así como al cálculo de las políticas activas de empleo, cuyas competencias fueron transferidas a Euskadi en 2010.

Finalmente, las dos partes pactaron que el Estado devuelva al Gobierno vasco 1.400 millones de euros que se entienden cobrados de más, un dinero que se irá descontando de forma progresiva durante los próximos cinco años: el 10% de los 1.400 millones se descontará del pago de este año, el 15% el año próximo, el 20% al siguiente, un 25% en el cuarto ejercicio y el 30% restante, en el último año.

El compromiso de Montoro

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió a que ambas leyes estarán aprobadas para su entrada en vigor el 1 de enero del próximo año, tal y como pactó Rajoy en su día con el Gobierno vasco del PNV.

Claro que Montoro también se había comprometido con las demás comunidades a reformar este año el modelo de financiación autonómica y no parece que vaya a darse tanta prisa como con Euskadi. Este miércoles el ministro de Hacienda declaró en el Congreso que sería "ideal" que los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que espera llevar al Congreso “cuanto antes”, contuvieran “los términos fundamentales” del nuevo modelo. Fue apenas unas horas después de que su departamento asumiese que no iba a ser posible cerrar la reforma del sistema antes de finales de año y de remitir su negociación, además de al diálogo con las comunidades, a la comisión de evaluación del modelo territorial recientemente constituida en el Congreso a instancias del PSOE.

La negociación autonómica es, de hecho, el único tema que el PP parece interesado en incluir en la agenda de esa comisión, que casualmente echa a andar este jueves y en la que los socialistas pretendían abrir un diálogo sobre el encaje de Cataluña en España que sirviese de salida a la crisis soberanista y estableciese una hoja de ruta viable para la reforma la Constitución.

Para que las líneas básicas del nuevo modelo se incluyan en los Presupuestos de 2018, el Gobierno necesita, en palabras del ministro, que “en estas semanas” se lleve a cabo “un trabajo en términos políticos”.

Este viernes está previsto que las comunidades autónomas entreguen sus alegaciones al informe elaborado por expertos que se presentó en verano. Pero el anuncio de que el cupo vasco ya estaba listo ha desatado la indignación de algunas comunidades, hartas de esperar a que Montoro abra la negociación del nuevo modelo.

La primera en estallar fue presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que exigió al Gobierno que lleve una propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las comunidades tengan la seguridad y la garantía de que no van a entrar en una nueva prórroga. Díaz se mostró molesta con la decisión del Gobierno de solucionar la financiación vasca sin atender la de las demás comunidades. “Lo razonable en este momento es que ambos marcos fueran de manera paralela, la financiación autonómica y el cupo vasco”, señaló.

La siguió el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, según el cual, aunque el cupo vasco "no va en contra de los intereses de la Comunitat", su deber es “defender con uñas y dientes” que haya un nuevo modelo de financiación “antes de fin de año”, tal y como se comprometió a hacer Rajoy en la última Conferencia de Presidentes. En la misma línea se pronunciaron los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias.

El Ejecutivo de Puig, que gobierna en coalición con Compromís, ha propuesto al Gobierno que, si no va a ser capaz de acordar un nuevo modelo, al menos le condone la deuda derivada de la infrafinanciación de los últimos años, que cifra en 20.000 millones, lo que daría “oxígeno” a la administración valenciana.

La también socialista Francina Armengol, presidenta de Baleares, ha guardado silencio. En los últimos meses, su gobierno trabaja de manera bilateral con el Ejecutivo de Rajoy en un régimen especial fiscal para las islas, similar al que tiene ya Canarias y que Hacienda se ha comprometido a remitir al Congreso en breve. El objetivo es compensar la peculiaridad insular de esta comunidad autónoma y que tenga “reflejo presupuestario” al menos desde 2019.

Sánchez trata de controlar la situación

En todo caso, el enfado ha adquirido tal proporción que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tuvo que llamar a todos sus presidentes autonómicos para justificar el respaldo socialista al cupo, cerrar filas y tratar de fijar una posición común. Todo el PSOE exigirá que antes del 31 de diciembre el Gobierno presente una propuesta de revisión del modelo.

La dirección del PSOE hace también suyo el malestar de sus presidentes y asume que le hubiera gustado que la propuesta del Gobierno hubiera llegado antes que el nuevo cupo vasco pactado entre el Gobierno de Rajoy y el Ejecutivo vasco. No obstante, “no podemos bloquearlo", advierten desde Ferraz fuentes citadas por Europa Press, en respuesta a las voces del partido que, en privado, se quejan de que Sánchez no haya aprovechado la negociación del cupo y de los Presupuestos Generales del Estado para forzar a Rajoy a negociar un nuevo sistema de financiación autonómica.

Llegados a este punto, en Ferraz nadie defiende ni siquiera amagar con no apoyar el cupo vasco, porque supondría abrir un frente en Euskadi equivalente a la recogida de firmas contra el Estatut de Cataluña, uno de los ingredientes que están en el origen de la actual crisis soberanista catalana.

El cupo vasco ya había sido cuestionado este año por parte de las comunidades que se sienten más perjudicadas. La vicepresidenta del Gobierno valenciano y portavoz del Consell, Mónica Oltra, advirtió en mayo de que “el cupo vasco es como un misterio de Fátima, falta de transparencia en cómo se distribuye el dinero, nadie sabe muy bien cómo se calcula, está como en una nebulosa” y “los ciudadanos tenemos derecho a saber qué criterios se aplican a la hora de distribuir el dinero” y “por qué una comunidad autónoma puede tener 2.500 euros más por habitantes que otra”.

El pasado lunes, Pedro Sánchez exigió al Gobierno que "cumpla con sus compromisos" y le tendió la mano para sentarse y abrir un proceso de negociación sobre esta cuestión.

Con la financiación autonómica en el horizonte y en medio del Pleno del Congreso que debe aprobar la ley del cupo vasco, fuentes de Moncloa rechazaron este miércoles que el Gobierno esté dispuesto a negociar un pacto fiscal con Cataluña, algo que, según subrayan, es "constitucionalmente imposible".

PP, PNV y Unidos Podemos, partidarios de aprobar el acuerdo entre los gobiernos de Rajoy y Urkullu, han acusado a Ciudadanos de "populismo" y de "oportunismo”. Y la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantza Tapia, acusó a Ciudadanos de “abanderar una cruzada contra el Concierto y el cupo”.

Los conciertos económicos vasco y navarro se basan en los derechos históricos reconocidos a los territorios forales –Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra– y que fue aprobado en su forma actual en mayo de 1981, cuando todavía gobernaba UCD.

Desde entonces, y mediante un pacto bilateral que se renueva cada cinco años y que negocian los gobiernos del País Vasco y Navarra y el Gobierno central, ambas comunidades autónomas recaudan, liquidan y gestionan todos los impuestos –12 estatales y 11 autonómicos–.

Después, pagan un porcentaje de los gastos al Estado, lo que se conoce como el cupo, para que éste financie las competencias no transferidas –desde las embajadas hasta la defensa pasando por las prisiones o la Seguridad Social– así como de las amortizaciones e intereses de la deuda pública. Ese porcentaje es el 6,24%, la contribución del País Vasco al PIB nacional, y del 1,6% en el caso de Navarra.

También contribuyen al Fondo de Compensación Interterritorial en ese porcentaje, pero no a los otros fondos de solidaridad entre comunidades autónomas: los de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, de Suficiencia Global, de Competitividad y de Cooperación.

Por lo que se refiere al modelo vigente de financiación de las demás comunidades, un estudio del Institut d’Economia de Barcelona, con cifras de 2014, sostiene que las más beneficiadas por los actuales mecanismos de nivelación del sistema son Cantabria y La Rioja, que ya antes de aplicarse estos fondos se encuentran por encima de la media en cuanto a recursos. 

La más perjudicada, según la misma fuente, es la Comunitat Valenciana, que termina con menos recursos después de utilizar los fondos de solidaridad autonómica y ya antes está por debajo de la media. Madrid, Cataluña y Baleares, las comunidades más ricas, son también las que más recursos pierden. Canarias los duplica gracias a los mecanismos de nivelación, y Extremadura los aumenta un 56%. Andalucía los incrementa un 17%.

La vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra, ha instado al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, a cumplir con lo acordado en la refundación del pacto de gobierno municipal, entre Compromís y PSPV, en el que se fijó que si la situación judicial del alcalde, Gabriel Echávarri "se agravaba" se "buscaría otra candidatura a la alcaldía".

"Cuando uno firma un pacto o choca las manos, hay que cumplir ese pacto", ha remarcado Oltra a los medios de comunicación, después de que este martes la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante decidiera procesar a Echávarri en relación a las presuntas irregularidades en el fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio, en la que el primer edil tenía competencias en la Navidad de 2016.

Ha recordado que hace poco hubo una refundación del pacto de gobierno en el que se acordó que si se agravaba la situación judicial de Echávarri habría "otra candidatura a la alcaldía". "Los pactos están para cumplirse", ha remarcado para señalar que "los alicantinos merecen un gobierno que responda a las expectativas y la confianza que la gente cuando votó puso en el cambio y en las políticas que ponen en el centro a las personas".

Para Oltra, "cuando uno firma un pacto o choca las manos, hay que cumplir ese pacto" y ha insistido en que desde Compromís eso es lo que se está solicitando en este momento porque "la ética, el buen gobierno y la transparencia son inherentes al cambio político".

"En este país en 2015 hubo cambio político y la gente pedía políticas que rescataran personas, éticas y que pusieran la transparencia, el buen gobierno y la ética en el centro de la acción política frente a una época de corrupción que se instaló de forma sistémica y sistemática en todas las instituciones", ha insistido.

Por todo ello, ha instado al alcalde a cumplir aquello que se acordó en la refundación del pacto de gobierno municipal porque "ni los alicantinos y ni los valencianos se merecen ese tipo de prácticas", ha zanjado.

Echávarri insiste: no dimite

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha insistido en que no va a dimitir de su cargo y ha garantizado que la ciudad "seguirá funcionando". Asimismo, ha subrayado que mientras haya un socialista al frente del gobierno municipal, el PP no accederá.

Pese a que sus socios en el Ayuntamiento —Compromís y Guanyar Alacant— han anunciado que abandonan el equipo de gobierno al no dimitir Echávarri por su situación judicial, el alcalde ha insistido en que no abandona el cargo, aunque ha reconocido que gobernar con seis ediles será "muy difícil". No obstante, ha confiado en que "con esfuerzo y trabajo" se "saldrá adelante".

Preguntado por qué ocurrirá si, finalmente, se confirma la apertura de juicio oral, el alcalde ha contestado que no habla de "futuribles".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que en 2019 evalúe al PSPV "por lo que haya hecho" y ha anunciado la remodelación de competencias. En concreto, las áreas de Compromís y las de Guanyar pasarán mañana y el día 16, respectivamente, a ser controladas "de forma colegiada" por la Junta de Gobierno Local. Además, la edil socialista Eva Montesinos será la nueva portavoz del gobierno en sustitución de Natxo Bellido (Compromís).

El senador de Compromís Carles Mulet ha registrado una pregunta escrita al Gobierno en la Cámara Alta para que le aclare el significado y trasfondo de la frase en la que se lió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 

El jefe del Ejecutivo respondía al candidato a la presidencia del Gobierno en el debate de la moción de censura, cuando se le atragantó la conocida frase y acabó diciendo: "Todo su proyecto se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político".

El senador, que ya ha registrado otras preguntas peculiaresya ha registrado otras preguntas peculiares como una en la que se interesó por las posibilidades de un ataque zombi, plantea en esta ocasión al Gobierno qué significa "la inquietante sentencia" pronunciada por el presidente.

"¿A qué se refiere esta frase tan cargada de filosofía e intriga? ¿Hemos de estar realmente preocupados?", quiere saber Mulet, que solicita respuesta por escrito.

Tras la pregunta sobre el ataque zombi, el senador recibió respuesta del Gobierno en términos también irónicos, un largo escrito en el que el Ejecutivo se recreaba sobre el significado de los términos apocalipsis y zombi e incluso reflexionaba sobre qué capacidad tendría el país para afrontar una situación tan excepcional cómo esa.

El dato, que abre nuevas incógnitas sobre el manejo que el PP hizo de las cuentas públicas valencianas durante sus 20 años de mandato, había permanecido en la sombra hasta ahora. Pero ha podido ser rastreado por infoLibre después de que el nuevo gobierno de la Generalitat, conformado por socialistas y Compromís con el apoyo externo de Podemos, publicase la semana pasada en su web el detalle de los gastos de la caja fija del último cuatrienio.

Regulada por un decreto vigente desde 1998, la caja fija es la provisión de fondos permanente de que disponen las consejerías valencianas para atender con gran rapidez pagos que corresponden a gastos de carácter periódico o repetitivo, "en particular los referentes a dietas, gastos de locomoción, material, conservación y mantenimiento, o cualquier otro gasto de similares características". Y, según las fuentes pulsadas por infoLibre en la Generalitat valenciana, los gastos de publicidad tienen en principio difícil encaje en ese cajón de sastre.

Los gastos de la caja fija no requieren fiscalización previa. Y dado que la inmediatez del pago constituye un factor esencial, el listado divulgado ahora solo consigna la fecha en que quedó registrada la factura, pero no aquella otra en que se pagó. "Se supone que entre la llegada de la factura y el pago transcurren como mucho dos o tres semanas", explican fuentes de la Conselleria de Transparencia valenciana.

Las mismas fuentes recalcaron en conversación con infoLibre que el hecho de que el Gobierno del conservador Alberto Fabra abonase casi medio millón de euros con fondos de la caja fija en vísperas de unas elecciones generales "no parece muy regular".

Y calificaron igualmente de "irregular" que en la lista aparezcan al menos 41 facturas emitidas entre febrero de 2009 y septiembre de 2010, es decir, hasta dos años y medio antes de su pago con cargo a la caja fija. "Cabe la posibilidad de que la Generalitat acordase un sistema de pagos diferidos con medios de comunicación y agencias", sugieren los expertos sondeados por este diario. 

"No conocemos la explicación –admite un alto cargo– porque la relación de facturas abonadas no especifica en qué consistió cada trabajo, y eso solo sería posible saberlo si algún grupo parlamentario pidiera información sobre el asunto de forma expresa".

Los expertos consultados en el Ejecutivo valenciano resaltan que, por su propia naturaleza, la estructura de la caja fija permite camuflar pagos que en realidad se corresponden con contratos fraccionados que deberían haberse otorgado previo expediente administrativo.

Por ejemplo, el decreto que regula la caja fija prohíbe realizar con sus fondos "pagos individualizados" superiores a 12.000 euros. Y si superan los 6.000, la Generalitat debe solicitar tres presupuestos. Pero la lista divulgada ahora apunta a que el coste de los servicios fue fraccionado en distintos casos. Hay ejemplos de cómo un solo proveedor emitió distintas facturas el mismo día o en fechas muy próximas entre sí.

La relación de facturas muestra cómo de los 464.000 euros de la caja fija destinados en total a publicidad y propaganda entre julio de diciembre de 2011 y diciembre de ese mismo año, solo 21.000 euros distribuidos en 22 facturas sirvieron para cubrir el coste de las disposiciones y anuncios insertados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El resto del dinero fue a parar en un elevado porcentaje a medios de comunicación valencianos o a las delegaciones autonómicas y locales de medios de ámbito nacional.

La Sindicatura de Comptes ya ha alertado en distintas ocasiones del descontrol que afecta a los gastos de la caja fija. Los tres partidos que sustentan al Gobierno valenciano y Ciudadanos se han declarado partidarios de limitar por ley el importe total adscrito a esa bolsa de fondos públicos.

Varias formaciones reclaman la ilegalización de la entidad, una demanda a la que se suman asociaciones de víctimas. Todos ellos señalan además que, en otros países europeos que han sufrido dictaduras en su Historia reciente –Alemania e Italia son los ejemplos más mencionados–, no sería admisible la existencia de organizaciones que hicieran apología de los respectivos regímenes. Los representantes de los jueces, en cambio, opinan que con las leyes actuales sería complicado prohibir la actividad de la organización franquista.

El secretario de Política Federal del PSOE y portavoz de los socialistas en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Antonio Pradas, exige al Gobierno que investigue "si la fundación ha cometido algún ilícito" y aclare "si ha recibido cualquier tipo de subvención". La Fundación Franco recibió más de 140.000 euros de dinero público entre 2000 y 2003, durante la segunda legislatura de José María Aznar. Pradas también señala que la entidad tiene "difícil encaje con el Estado de derecho". "Su encaje con la ley parece contradictorio", subraya.

El representante del PSOE pide al Ejecutivo de Rajoy que aplique la ley y muestre el mismo "rigor" con la Fundación Franco que "con otras asociaciones y fuerzas políticas que han promovido la violencia". Su compañero de partido, el diputado y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, agrega que los objetivos de la FNFF son "claramente contrarios a la Ley de Memoria Histórica" y pide acabar con lo que considera "una asignatura pendiente" y "un síntoma de tardofranquismo". "Habra que plantear iniciativas para que el Gobierno y los partidos se definan al respecto" de la existencia de la fundación, añade Elorza.

Una anomalía en Europa

Joan Josep Nuet, diputado de la Izquierda Plural y también portavoz en la Comisión Constitucional, afirma que la actividad de la polémica entidad es consecuencia del poder de "los hijos del franquismo" en "papeles destacados de la economía y la política". "No quieren juzgar a sus padres", resume Nuet, para quien "las instituciones que promueven el odio, como esta fundación, deberían ser ilegales". El parlamentario ve en la FNFF una "anomalía histórica" que "ni en Italia ni en Alemania sería posible".

El portavoz adjunto de UPyD y diputado en el Parlamento Vasco Gorka Maneiro, asegura que "no tiene sentido que la fundación pueda seguir siendo legal" y que "parece evidente que claramente incumple la Ley de Memoria Histórica". "Los derechos y libertades, la dignidad de las víctimas de la dictadura y el recuerdo a todas las personas perseguidas por el régimen deben estar por encima de todo eso", apunta. Maneiro también critica la "opacidad absoluta" de la entidad franquista, que no presente sus cuentas desde 2009.

Otro de los partidos que piden la ilegalización de la organización franquista es Amaiur. Jon Inarritu, diputado del partido en la Cámara baja, sostiene que la existencia de la entidad es "nauseabunda" y "humillante para las víctimas", además de un síntoma de "la connivencia entre el Gobierno y el antiguo régimen". "La fundación va contra la Ley de Memoria Histórica y el Gobierno se muestra permisivo", añade el parlamentario, que apuesta por "buscar cauces para que desaparezca" cuanto antes.

"Las de la Fundación Franco son ideas que no deberían caber en una sociedad avanzada", coincide Joan Tardà, diputado de ERC, para quien la organización es una "anomalía" en Europa y busca "mantener viva a la bestia" para, en una situación "convulsa, como la actual", tratar de "resucitar" las ideas de la dictadura. Sobre la legalidad de la entidad, Tardà lamenta que existan "puntos de intersección entre lo legal y lo ilegal por los que haya podido colarse" la FNFF, y apuesta por reforzar la Ley de Memoria Histórica para actuar contra "la apología del fascismo, los crímenes de Estado y los de guerra".

En el BNG, su diputada Rosana Pérez subraya que la mera existencia de la organización es "escandalosa" y que su declación de objetivos incumple la citada Ley de Memoria Histórica. "Una fundación así no tiene cabida en un Estado democrático, pero con este Gobierno goza de total impunidad", dice Pérez, quien recalca que una entidad así "no puede seguir existiendo". "Es inaudito, realmente preocupante. En otro país no pasaría", apunta el diputado de Compromis-Equo Joan Baldoví. Baldoví manifestó que "debería comprobarse si la fundación cumple estrictamente la ley" y que, si no es así, "deberían tomarse cartas en el asunto".

Finalmente, desde las filas de Geroa Bai su portavoz en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, califica la existencia de la FNFF de "inconcebible" y pide "combatir" las ideas que propugna, así como la "suspensión" de su actividad con carácter inmediato. A preguntas de infoLibre, tanto el PSOE como la Izquierda Plural, Amaiur, ERC y Compromís barajaron la posibilidad de plantear iniciativas en el Congreso de los Diputados para preguntar por la entidad franquista, mientras que UPyD admitió que su representación "no le permite llegar a todos los asuntos", pero agregó que llegado el caso apoyaría las propuestas de otros grupos.

Las víctimas se sienten despreciadas

Las asociaciones de víctimas de la dictadura y vinculadas a la recuperación de la memoria histórica también se muestran indignadas por la existencia de la fundación. El presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), Jaime Ruiz, señala que "defender la herencia de un dictador cruel y sanguinario" es "incompatible con el ideario democrático de la Constitución Española, que establece como valores a defender por cualqueir fundación la defensa de valores democráticos".

"No entendemos que se ignore y desprecie a las víctimas mientras que el Gobierno no hace nada contra las organizaciones que exaltar la figura de un dictador: con las víctimas del terrorismo no pasaría algo así". Tanto Ruiz como Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, creen que debería ilegalizarse la entidad. "La FNFF es la típica anomalía que deriva de la transición española. El Estado debería ilegalizar la fundación y borrarla del registro de fundaciones, pero falta voluntad política", dice Peinado.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, coincide con esa demanda y denuncia que el Estado mantiene la desgravación en el IRPF para las donaciones que particulares entregan a la Fundación Franco lo que, a su juicio, implica "que se sigue dando dinero público" a la entidad franquista. "Como fundación no debería existir, un Estado no puede permitir el enaltecimiento de ideas que legitiman una dictadura y el uso de la violencia. Para ser demócrata hay que ser antifranquista", zanja.

Los jueces ven insuficiente la ley

Las asociaciones de jueces, por su parte, creen que una hipotética actuación para ilegalizar la Fundación Franco no tendría garantizado el éxito a la vista de los estatutos de la organización y las leyes españolas. Marcelino Sexmero, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, explica que "la regulación de la Ley de Memoria Histórica es insuficiente" para actuar contra la entidad franquista porque en España "nunca se ha establecido de manera tajante que el régimen fuera ilegal".

Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, coincide y expresa que la posible ilegalidad de la fundación vendría, en todo caso, derivada de algún acto concreto que desarrollara, y no del contenido de sus estatutos o de declaraciones de intenciones genéricas. "Habría que hacer un análisis de lo concreto, de los hecho, para ver si conculca la Ley de Fundaciones o la Ley de Memoria Histórica", apunta.

Por último, el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, asegura que "analizar los fines específicos de la fundación para perseguirla" supondría vulnerar "la libertad de opinión y pensamiento", y califica de "hecho objetivo" que "Franco gobernó durante 40 años", por lo que "la Ley de Memoria Histórica no puede impedir puntos de vista sobre ese hecho u opiniones sobre el significado de nuestro pasado".

Los representantes de ERC, BNG, CC-NC, Compromís-Equo y Amaiur en el Congreso criticaron este miércoles la insolidaridad que la Unión Europea ha mostrado hacia Grecia y acusaron incluso a Gobiernos como el español de "electoralismo" y de utilizar el acuerdo con el Ejecutivo de Alexis Tsipras para "humillar" al pueblo heleno.

Durante el debate sobre el último Consejo Europeo en el Pleno del Congreso, el diputado de ERC Joan Tardà subrayó que el pueblo griego ha dado "una lección de democracia y de dignidad" con el referéndum mientras Gobiernos como el español está con los "dirigentes más hooligans y los mamporreros políticos que provocaron la crisis, la están gestionando y pretenden salir mucho más enriquecidos de ella" convirtiendo a la Europa del Mediterráneo en la "maquila" de los países del norte.

Además, acusó a la UE de "chantajear" a Grecia "condenándolo a la miseria y poniendo el estado social en venta". "Están dinamitando el sueño europeo", advirtió, criticando que ningún Ejecutivo europeo reclame "justicia" para los "tiranos" y "sátrapas" helenos que fueron los que "vendieron a su pueblo", porque lo que buscan es "amenazar con que el bienestar de los pueblos de Europa no puede entrar en contradicción con los beneficios económicos".

Derrotar a Tsipras

La portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, acusó a los líderes comunitarios de "estar más empeñados en derrotar políticamente al Gobierno de Tsipras que en aportar soluciones al drama griego". "Por eso se mostraron inflexibles y se empeñaron en humillar al Ejecutivo para que perdiera la confianza de su pueblo", insistió.

Además, rechazó las condiciones "leoninas" e "insufribles" incluidas en el acuerdo y reprochó al Gobierno de Mariano Rajoy que "defienda al poder económico" mientras se muestra "sumiso" a las órdenes de la troika pese a que tampoco los españoles están "conformes con unas políticas que están llevando al empobrecimiento de toda la población".

En la misma línea, Joan Baldoví (Compromís-Equo) tiene la impresión de que Mariano Rajoy "siempre se pone del lado de los mentirosos, de los poderosos y de los banqueros" que "luego acaban pegándole una bofetada" en decisiones como la elección del presidente del Eurogrupo, que perdió el español Luis de Guindos. "Pero con mentirosos y banqueros nunca construiremos una Europa social", advirtió.

Actuar en clave electoral

Por su parte, la nacionalista canaria Ana Oramas acusó al Ejecutivo conservador de actuar "en clave electoral" tanto en 2010, cuando no apoyó los recortes aplicados por el PSOE, como ahora, cuando respalda "aplazar" la solución al problema griego poniendo un simple "parche" y abocando al país al "suicidio".

"Grecia tiene que permanecer en Europa, y hay que pedirle los sacrificios necesarios pero con esperanza al final. Tomemos las decisiones con solidaridad y no aplacemos por cuestiones electorales lo que hace falta hacer", insistió, subrayando que pese a estar de acuerdo con que los griegos deben hacer "los mismos esfuerzos" que el resto de países que le están ayudando también hace falta tener en cuenta sus capacidades reales de devolver la deuda.

El portavoz económico de Amaiur, Rafael Larreina, cree que los actuales dirigentes europeos están "traicionando" el espíritu inicial de los padres fundadores de la UE al "convertir el mercado, que era un medio para construir una Europa solidaria, en un fin en sí mismo", avanzando en una deriva "insolidaria" y dando "la espalda" a la ciudadanía y a sus necesidades.

"Jean Monnet no se vería en absoluto identificado con la Europa que están construyendo", apuntó, señalando que en Grecia "se está debatiendo el modelo de Europa" y advirtiendo de que el acuerdo alcanzado no resolverá los problemas de la economía ni de los griegos porque sólo se dirige a solucionar los problemas de los bancos y los estados acreedores de una deuda "impagable" ante la que sólo se ponen "parches" cuando lo que hace falta es una "ley de segunda oportunidad para Grecia".

Falta de liderazgo

Finalmente, el diputado de Foro Asturias (FAC), Enrique Álvarez Sostres, criticó la falta de relevancia y liderazgo de España en esta negociación, a pesar de que podría ser un "ejemplo para los países del sur" por las medidas que ha puesto en marcha para atajar la crisis.

No obstante, puso en valor que el asunto se haya "encauzado" y tenga visos de acabar solucionado, aunque también abogó por que la "confianza, la solidaridad y la austeridad" coexistan con la construcción de la UE. Finalmente, el diputado asturiano valoró la decisión del Gobierno de someter a debate y votación en la Cámara Baja el rescate griego.

Equo cumple cuatro años y lo hace con el buen sabor de boca que ha dejado en la formación el resultado conseguido el pasado 24-M y con la firme voluntad de reeditar para las generales del próximo otoño los procesos de unidad popular de los que en el partido, en palabras de su coportavoz, Juan López de Uralde, hacen una lectura positiva. 

De la mano de Podemos, Izquierda Unida y algunos movimientos sociales –lo que ellos definen como "las fuerzas del cambio"– Equo ha logrado tener en sus primeros comicios locales y autonómicos 110 cargos electos: cuatro diputados en cámaras regionales (uno en Baleares, dos en la Comunitat Valenciana y otro Madrid), un representante en el Consell de Mallorca, cuatro en la Asamblea de Ceuta y 101 concejales en 15 autonomías. 

La formación también experimentó fórmulas de convergencia, aunque a menor escala, en las elecciones europeas de mayo de 2014. Lideró junto a Compromís y Chunta Aragonesista (CHA) la coalición Primavera Europea, a la que también se añadieron Participa, Por Un Mundo + Justo, Partido Castellano, Caballas (una formación ceutí) y Socialistas Independientes de Extremadura (SIEX). Consiguieron 300.000 votos y enviar un diputado al Parlamento Europeo. 

Ahora, la voluntad es dar continuidad a una forma de hacer política que "no responde a una cuestión táctica sino estratégica", dice Inés Sabanés, número tres a la lista de Ahora Madrid al Ayuntamiento de la capital y que puede tener en sus manos los próximos cuatro años la gestión de una macroárea del Consistorio. "Nunca fue algo improvisado y la lectura es positiva", añade. Sostiene que Equo defendía la nueva políticanueva política cuando todavía nadie hablaba de ella con su apuesta por las primarias, la transparencia o la renuncia a la financiación bancaria. 

Este sábado se reúne la mesa federal del partido en la que se discutirá la posibilidad de hacer o no primarias en junio de cara a las generales, aunque siempre de manera flexible y teniendo presente la voluntad de confluir. Es decir, aunque se apruebe la convocatoria de primarias no significará en ningún caso la renuncia a confluir con otras fuerzas, sino que sería la preparación para un escenario –"no deseable", insisten– de falta de acuerdo. 

La estrategia para las generales

De cara a las elecciones generales del próximo otoño, Uralde admite que su apuesta pasa más por dar forma a una marca nueva que supere las actuales en detrimento de integrarse bajo las siglas de Podemos. Es decir, apuesta por favorecer fórmulas como la de Ahora Madrid –el partido "instrumental" liderado por la jueza Manuela Carmena en el que se han integrado movimientos ciudadanos junto a partidos como Equo o Podemos y también exmiembros de IU– en lugar de, como ocurrió en las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, entrar en la lista unitaria del partido de Pablo Iglesias.

No obstante, aseguran que, al contrario que en otras formaciones como por ejemplo IU, no existe en Equo el temor de que estos procesos de unidad popular puedan acabar por laminar sus siglas y, lo que es más importante, su esencia. "En Equo siempre hemos apostado por la cooperación frente a la confrontación, nunca hemos pensado que superar los modos tradicionales de hacer política nos haga perder identidad", dice Sabanés. "La confluencia debe llevarse a cabo desde el respeto a las partes que la forman. Nuestra voluntad es seguir existiendo como organización", dice Uralde. Aunque admite que es más importante que estén ahí sus propuestas que sus siglas. 

"Se demostrado que la confluencia es la herramienta transformadora que está pidiendo la sociedad para cambiar la política y las políticas porque es importante cambiar la situación que nos ha llevado hasta aquí, pero también de la manera cómo lo hagamos", sostiene Rosa Martínez, coportavoz de la formación desde noviembre de 2014. Ella se muestra convencida que Equo tiene mucho que aportar a esos proceso en materia de primarias, trabajo horizontal o rendición de cuentas. 

Martínez asume, no obstante, que esos procesos de unión "no van a ser fáciles" aunque se muestra optimista. "La manera de entender las alianzas ha cambiado. Una confluencia en la que estuvieran solo Podemos, IU y Equo se quedaría muy corta. No solo necesitamos una mayoría electoral, sino una mayoría social", asevera. Y añade que entre las líneas rojas de su partido está que las propuestas verdes sean tenidas en cuenta "Queremos que esa transformación de la sociedad tenga en cuenta la ecología como motor de cambio", subraya. 

Un camino que no fue fácil 

El camino recorrido estos cuatro años no ha sido fácil. En junio de 2011 una treintena de organizaciones ecologistas alumbraron un nuevo partido verde. En su mayoría eran gente que buscaba su lugar en el ecologismo como opción política o que venía del desapego a los partidos tradicionales. En octubre de 2011, casi sin tiempo para prepararla, llegó la asamblea constituyente. Y de ahí una carrera a contrarreloj hasta las generales de 2011 que acabó en frustración. Los 216.748 votos fueron insuficientes para lograr un escaño en Madrid. Sí lo tuvo en Valencia, aunque compartido con Compromís, la coalición de la que forma parte el Bloc.

"Cuando entonces dijimos que seguiríamos nos miraron raro", admite a infoLibre López de Uralde, que dejó Greenpeace en 2010 para intentar agrupar en una sola formación toda la constelación de fuerzas ecologistas. Pero siguieron. Y lo hicieron con escasos recursos económicos –"fuimos los primeros en renunciar a la financiación bancaria", recuerda Uralde– e intentando consolidarse en los territorios y perfilar sus propuestas. 

Ahora Uralde, como el resto de sus compañeros, se siente satisfecho por los pasos conquistados. Sabanés recuerda que el camino fue "difícil" y que no siempre supieron hacer llegar su mensaje. El coportavoz destaca que supieron pararse y leer el momento político. La sensación que la convergencia llegó, casi, como un salvavidas. 

El PP ha rechazado este martes en el Pleno del Congreso tomar en consideración una proposición de ley del PSOE que persigue reformar la vigente Ley del Indulto para prohibir que puedan acogerse a la misma los condenados por delitos de corrupción. En su opinión, la propuesta está cargada de tintes "oportunistas" y carece de "rigor".

Según ha defendido el diputado conservador Arturo García-Tizón, el Gobierno ya ha adelantado varias veces que considera necesaria una reforma integral de la norma, que data de 1870, aunque no comparte el uso "partidista" que el PSOE imprime a la iniciativa de reforma parcial.

García-Tizón ha destacado que el derecho de gracia ha sido empleado en "contadísimas" ocasiones por su Gobierno y ha destacado que en 2014 se concedió en poco más de un 1% de los casos y el año anterior en menos del 3%.

No se concede indulto a los corruptos

"En todos los casos con el favor del tribunal sentenciador y la Fiscalía", ha añadido, subrayando que ninguno de los indultos concedidos lo fue por delito de corrupción. "Desde el primer momento anunciamos que estos delitos no obtendrían el indulto en ningún caso", ha destacado.

El encargado de defender la propuesta, el socialista Gabriel Echávarri, ha destacado la repulsa social que genera la concesión de gracias a los corruptos y ha advertido al PP de que "se retratará" si no apoya la propuesta. "No se trata de dividirnos entre afiliados a uno u otro partido, sino entre decentes e indecentes", ha señalado.

Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV, BNG y Compromís-Equo han adelantado su intención de votar a favor de considerar la propuesta. En este sentido el diputado del PNV, Emilio Olabarría, ha dicho que la propuesta ahorraría "algunos de los principales escándalos de los últimos tiempos" mientras que Nuet (IU-EUiA) ha recordado que el exministro del PP Ángel Acebes indultó a más de 1.300 condenados en un sólo día en el año 2000, en ocasión del año jubilar, el cambio de milenio y los 25 años de la coronación del rey.

Cargo público

En concreto, los socialistas plantean modificar la Ley del Indulto, que data de 1870, para que no pueda aplicarse la medida de gracia ni total ni parcialmente "cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero".

También proponen que los indultos sólo se concedan si hay un criterio favorable del magistrado o el tribunal sentenciador. Es decir, que estos consideren que existen "razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado para poder otorgar el indulto total".

Asimismo, la propuesta de reforma contempla que la concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se haga en un real decreto "motivado", que se publique en el Boletín Oficial del Estado, y en el que se recojan las razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del penado que concurran en cada caso a juicio del Ejecutivo.

Los eurodiputados contrarios al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, en sus siglas en inglés) entre EEUU y la UE se movilizan. Alrededor de una veintena de parlamentarios de varios países y de cuatro grupos políticos diferentes han conformado un colectivo para organizar acciones contra las negociaciones que se están llevando a cabo actualmente y en los próximos días lanzarán un vídeo informando de las consecuencias que tendría la firma de este tratado.

La idea de fundar un grupo para luchar contra el TTIP lleva presente desde el inicio de la legislatura, según explica Lola Sánchez, diputada de Podemos en el Parlamento Europeo y promotora de la iniciativa. Pero no ha sido hasta estas últimas semanas cuando la idea se ha comenzado a concretar y cerca de una veintena de parlamentarios del grupo de la Izquierda –que incluye a Podemos e IU–, así como de Los Verdes –con los representantes de ICV, ERC, Compromís y Nova Esquerra Catalana–, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas –donde se encuadra el PSOE– y el Movimiento 5 Estrellas italiano –que está en el grupo Europa por la Libertad y la Democracia Directa, junto a partidos como el UKIP inglés– se han agrupado para coordinar acciones que den visibilidad a sus críticas al tratado entre la UE y los EEUU.

En este sentido, Sánchez señala que la veintena de eurodiputados que componen el grupo no son sino una parte del total de aquellos que se oponen al TTIP, pero explica que en él se encuentran los más activos dentro de cada grupo. "Todo el GUE/NGL está en contra", asegura la parlamentaria, que señala además que la mayoría del grupo Verde también se muestra contraria a la aprobación del tratado, así como los 17 eurodiputados del Movimiento 5 Estrellas italiano. Los socialdemócratas son harina de otro costal, ya que por ahora sólo dos representantes –una belga y otra italiana– han mostrado su disposición a colaborar con este colectivo.

De entre los 54 eurodiputados españoles, varios han aceptado ya pertenecer a este grupo y algunos de ellos incluso aparecerán en el vídeo: es el caso, apunta Sánchez, de Jordi Sebastià (Compromís) y Josu Juaristi (Bildu). A ellos se unirá Florent Marcellesi, actualmente asistente de Sebastià y que a partir de septiembre de 2016 le sustituirá en el Parlamento Europeo como eurodiputado de Equo –fue número dos en la lista conjunta que presentaron a las elecciones Compromís y la formación verde–. Y además otros parlamentarios, como Ernest Urtasun (ICV), también se han unido al colectivo.

Nuevas incorporaciones

"Seguiremos sumando eurodiputados", confía Sánchez, que considera "todo un éxito" que la parlamentaria socialista belga Maria Arena se haya mostrado dispuesta a aparecer en el vídeo y critica que los representantes del PSOE sean una "piña" a favor del TTIP –el partido se muestra favorable al acuerdo con condiciones como que no incluya el polémico tribunal de arbitraje entre empresas y Estados (ISDS, en sus siglas en inglés) o que los servicios públicos "queden fuera" del tratado–. "Todavía somos una minoría dentro del Europarlamento, pero tenemos que ganar la mayoría", admite por su parte Marcellesi.

En cualquier caso, Sánchez descarta contar dentro de este colectivo con los euroescépticos y el Frente Nacional francés pese a su posición contraria al TTIP, si bien sí que se muestra confiada en atraer eurodiputados del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, que incluye en su seno a formaciones como el Partido Conservador británico. Por otra parte, y aunque admite que aún no ha hablado con ella, Urtasun se muestra convencido de que la líder de Los Verdes en la Eurocámara, Ska Keller, también se unirá al grupo, ya que la posición de los ecologistas "es clarísima" en contra del tratado. Y Marina Albiol, eurodiputada de IU, también se muestra proclive a ingresar en el colectivo.

En el vídeo que el grupo prevé lanzar en los próximos días se realizará un llamamiento a participar en las movilizaciones del 18 de abril, que protestarán en cuatro continentes contra el TTIP y el CETA –un tratado similar ya negociado entre la UE y Canadá– a través de la realización de manifestaciones, charlas y actos públicos. En este sentido Tom Kucharz, uno de los militantes de Ecologistas en Acción que se está encargando de organizar y coordinar algunas de estas acciones, se muestra optimista por la "movilización sin precedentes" que, a su juicio, se está produciendo contra estos tratados.

Mapa de los diferentes actos de protesta contra el TTIP | Stop-TTIP.org

En España hay programadas un total de 13 actividades contra el TTIP el próximo 18 de abril: diez manifestaciones en las ciudades de Madrid, Barcelona, Vigo, Oviedo, Santander, Palma de Mallorca, Castellón, Valencia, Sevilla y Marbella; y tres charlas sobre los puntos principales del tratado, que se celebrarán en Almería, Cádiz y Alcorcón (Madrid). Los actos también se reproducirán por el resto de Europa, especialmente en Alemania, y asimismo en ciudades estadounidenses tan icónicas como Washington DC o Nueva York se producirán protestas contra dos acuerdos: el TTIP y, especialmente, el Tratado Transpacífico de Asociación Económica (TPP, en sus siglas en inglés) que negocian EEUU y otros once países de la región, como Japón, Australia, Malasia o Perú.

No llevaba ni dos minutos de intervención en el debate del estado de la nación cuando el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, anunció a la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que se encontraba mal. Acto seguido, se sentó junto a la tribuna de oradores mientras algunos diputados se acercaban a él, como la secretaria segunda de la Cámara, la socialista Carmela Silva. También lo hizo la ministra de Fomento, Ana Pastor, que es facultativa. Villalobos reclamó la presencia de un médico y suspendió la sesión por cinco minutos. Transcurrido este tiempo, fue retomada pero sin presencia del diputado. Según anunció la vicepresidenta, Baldoví se encontraba recuperándose en manos de los servicios médicos de la Cámara.

Tras ser atendido unos minutos en la planta primera del Congreso, donde se ubica el departamento médico y la enfermería, Baldoví fue trasladado en ambulancia a un hospital madrileño para ser sometido a una revisión.

Poco tiempo había tenido el parlamentario de dirigirse a Rajoy en su turno de intervención como integrante del Grupo Mixto.

Desmayo de Baldoví

Baldoví había arrancado señalando de forma irónica que todavía no se había recuperado del episodio del “caloret” caloretde la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Y continuó con el “abecedario de los olvidos” del Gobierno del PP. Iba por la E cuando empezó a sentirse mareado.

Tras la reanudación de la jornada, subió a la tribuna Enrique Álvarez Sostres, parlamentario de Foro Asturias.

Tras la intervención del PNV, con la que se abrió la segunda jornada del debate del estado de la nación, siguió el Grupo Mixto. Aunque con matices, casi todos sus integrantes criticaron al Gobierno por su gestión de la crisis y por la corrupción, nada que ver con el "país maravilloso" que representó el presidente en la primera sesión. Le salvó, en cambio, Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro, con el que el PP se presentó en las generales de 2011 en Navarra. Pero lo que marcó el arranque de la mañana fue el mareo del diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, que obligó a interrumpir el pleno algo más de cinco minutos. 

Debutó en la tribuna por el Mixto Sabino Cuadra, de Amaiur. Su valoración de la gestión de la crisis fue coincidente a la de la mayoría de sus compañeros de grupo. A saber: una recuperación que sólo sienten unos pocos –"las multinacinoales del Ibex 35 siguen forrándose"– y no para la mayoría, un Gobierno que mostró primero su "cara antisocial" con los recortes y que después procedió a "blindar el régimen frente a la oposición social, política y soberanista". Es un "Estado de desecho, no de derecho", lanzó. El portavoz le recriminó que no dijera nada de la Ley del Aborto, que el presidente se tuvo que "comer con patatas" y que apenas le dedicó tiempo a hablar de la corrupción. Cuadra subrayó que esta es "estructural" como uno de los males del Estado, pero fue además el primero que sacó a colación la Casa del Rey, recordando el primer discurso de Navidad de Felipe VI. "Que la única persona en todo el Estado que no tiene que declarar su fortuna, negocios e ingresos nos sermonee con temas de corrupción, tiene tela". 

Capítulo aparte, la política penitenciaria y ETA. Cuadra remarcó que "sólo queda un tipo de violencia política, la del Estado: ilegalizaciones, detenciones, cárceles", puesto que la banda armada cesó en su actividad. El diputado abertzale le acusó de ser "sádico", de "vengarse de los presos" al no permitirles acercarse al País Vasco. El Gobierno, dijo, busca "reventar el proceso de paz", porque se sentía "más cómodo" con ETA activa, cuando a juicio de Amaiur lo que hace falta es explotar la vía del "diálogo y el reconocimiento mutuo de la violencia habida". "Olvídense de la política franquista de la victoria", avisó. También hiló con el proceso soberanista en Cataluña. "Los anclajes autoritarios y centralistas siguen vigentes. Niegan una mera consulta". "Esto no es una democracia, es una francocraciafrancocracia", remachó, para pedir una "ruptura democrática", asentada en un cambio social y el sí al derecho a decidir. 

La valoración sobre la supuesta "comodidad" del PP con el terrorismo de ETA soliviantó al jefe del Ejecutivo. "Es una afirmación repugnante", sentenció, despertando una ovación sostenida de su bancada. "No tiene un ápice de humanidad. ¿Qué pueden pensar las familias de las víctimas del terrorismo?", inquirió, pidiéndole que se "abstenga" de hacer ese tipo de comentarios. Rajoy ni se molestó en contestar más a Cuadra. Se limitó a expresar que la "grandeza" de la democracia es que políticos como los de Amaiur puedan ocupar sus escaños. Cuadra le respondió que aprovecha el asunto de la violencia etarra para "tapar" el resto de cuestiones. "Hacemos nuestros todos los dolores, los sufrimientos, las víctimas del conflicto vasco, todas, sin excepción", subrayó, mientras volvió a urgir al diálogo y a tachar de "ilegal" la dispersión de presos terroristas. 

"Se lo digo con el corazón... ¡independícese!"

"Adiós con el corazón, que con el alma no puedo", arrancó Alfred Bosch, portavoz de ERC. Para él era su último debate del estado de la nación, porque el 24 de mayo será el candidato a la Alcaldía de Barcelona, y confió en que también lo sea para Rajoy, a quien definió como "el faraón Mariano I" por dibujar un "festival de luz y de ilusiones, un espectáculo son et lumière". Sin embargo, su gestión de la crisis ha sido "nefasta". Respecto a la corrupción, le recomendó que haga como Artur Mas, que comparezca como él en la comisión de investigación abierta en el Parlament. Envite al que replicó reprochando a ERC que sólo apoyara la comisión para indagar sobre el origen de la fortuna del expresident Jordi Pujol para "molestar a CiU". 

Bosch felicitó al presidente, con retranca, por haber admitido que la consulta del 9-N había "sucedido" y que no pudo hacer nada para impedir "esa fiesta democrática". Le apremió a dar un paso más: que reconozca que el 27 de septiembre, cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas, habrá un "referéndum de independencia", y si ganan los partidarios del sí, se aplicará una hoja de ruta para la "Constitución democrática de la República catalana". "Y ante eso, ustedes no harán nada, no podrán hacer nada". El portavoz republicano le dijo que, ya que lamenta tanto la "pesadilla catalana", suelte lastre. "Libérese, se lo digo con el corazón... ¡independícese! Seguro que podremos seguir siendo grandes amigos. Usted en el reino maravilloso del Candy Crush –ironizó, refiriéndose a la pillada a la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que ayer martes jugaba con su tableta mientras contestaba el presidente a Izquierda Plural– y yo de vuelta a Barcelona. Adiós, Mariano Rajoy, adiós. Nos vemos en la ONU". 

En su réplica, Bosch hizo alusión a una noticia que se acababa de conocer: la anulación, por parte del Tribunal Constitucional, de dos preceptos de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria del 9-N. La bancada del PP respondió con un aplauso. "Aplauden que declaren ilegales los actos de 2,3 millones de personas que acudieron a votar. Eso les gusta. Gente que se regodea en prohibir que la gente vote lo que quiera. Es muy triste", observó el portavoz de ERC. ha declinado comentar las sentencias judiciales, pero sí ha recordado que se debe respetar la ley y las decisiones de los tribunales, aunque algunas veces no gusten. Rajoy contestó que cuando un tribunal anula por unanimidad el referéndum soberanista es que "algo pasa", y recordó la obligación de los gobernantes de cumplir la ley, porque de lo contrario se manda "un mal mensaje a los ciudadanos". El presidente emplazó a plantear "si quiere y se atreve" una reforma constitucional. 

"Nulo e incumplidor" con Galicia

Tampoco fue nada complaciente el examen que le hizo la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila. Pintó a Rajoy como un presidente al frente de un Gobierno "en contra de la polación", de un Ejecutivo "demoledor" y "devastador para con los derechos y el bienestar de las personas", "únicamente obsesionado con rescatar a la banca y reducir el déficit", mientras la mayoría social se ha "empobrecido". Resultado; un panorama "desolador", con peor sanidad, un "decadente y desigual sistema educativo", con una dependencia eliminada, con unos servicios sociales dañados, más parados, más emigración, más desahucios, más represión. Fernández Davila se felicitó de la "permanente movilización" de la sociedad civil frente a las políticas "injustas" del PP. 

El balance tampoco es positivo para el BNG en lo concerniente a Galicia. Ha sido, para empezar, "nulo e incumplidor", ha practicado "pura propaganda" en todos los Presupuestos del Estado, ha "sacrificado sectores productivos" en los que la comunidad fue puntera, ha impedido crear un sistema financiero público o semipúblico gallego, ha hecho una "nefasta gestión" del accidente de tren del Alvia –como le recordó el año pasado– y ha "negado y obstaculizado el derecho a decidir". Fernández Davila le dedicó una contundente despedida: "Esperamos que no repita Gobierno, ni usted ni su partido, por el bien de la ciudadanía". 

Coalición Canaria lamenta los incumplimientos con las islas

Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, se quejó de los incumplimientos del Estado con el archipiélago, de no haber tenido en cuenta los "sobrecostes de la insularidad", como sí ha hecho, en cambio, la Unión Europea. La diputada señaló que se trata en muchos casos de "voluntad política". Subrayó que "Canarias tiene muchas posibilidades de aportar el Estado", que ha cumplido con el objetivo de déficit, que ha firmado la mejor temporada turística. "Trabajemos para que salga en igualdad de condiciones", pidió. El presidente no estuvo de acuerdo. En circunstancias "difíciles", defendió, su Gabinete ha realizado un "esfuerzo de atención" a las islas, culminado con el cierre del acuerdo "razonable" sobre la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.

A Oramas le sucedió en la tribuna Joan Baldoví, el diputado de Compromís-Equo. Entonces se produjo el sobresalto de la jornada, con su inesperado mareo. Comenzó a ironizar sobre el caloret de Rita Barberá, con el discurso de ayer de Rajoy –una "ruidosa mascletà de cifras", propia de los "mundos de Yupi"– y se dispuso a detallar su "abecedario de olvidos". Le dio tiempo a hablar de la A (amnistía fiscal), la B (Bárcenas, Bankia, las tarjetas black), la C (corrupción), la D (desigualdad) y en la E (emigración) se sintió mal. "Discúlpeme", dijo a Villalobos, apartándose de la tribuna, mientras sufría el desvanecimiento. La vicepresidenta, asustada, requirió la presencia de los médicos, mientras la socialista Carmela Silva, secretaria segunda de la Cámara, ayudó a Baldoví a sentarse.

La sesión se suspendió algo más de cinco minutos y se reanudó con Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, porque el diputado de Compromís-Equo seguía "recuperándose". 

El diputado del partido de Francisco Álvarez-Cascos dio una de cal y de otra manera: aunque felicitó al Ejecutivo por algunos “logros” económicos, le dijo que su visión era “demasiado optimista”. Le demandó “un nuevo modelo de Gobierno y, especialmente, un nuevo modelo de dirigirse a los electores con la verdad por delante y sin más promesas” que luego pueda incumplir. Sostres también hizo referencia a la inestabilidad política, a los datos del CIS, a los casos de corrupción y a la supuesta financiación ilegal del PP.

Y también aludió a Podemos, al mentar, sin mencionarlos, a la aparición de “líderes visionarios educados en las consecuencias de un capitalismo radical y con un objetivo fácilmente vendible desde el Gobierno. “Los nuevos predicadores y comunicadores de marca marxista-leninista de corte latinoamericano prometen alcanzar la utopía con la bandera del 'indignados del mundo, uníos'”.

Salvador, contra los "secesionistas y antiforalistas"

Carlos Salvador sí defendió las políticas del Gobierno. Su grupo, dijo, ha apoyado las reformas que consideraba que servirían para dejar "un país mejor", ha presentado enmiendas y ha ayudado a "alcanzar acuerdos que afectan positivamente en Navarra". El diputado centró en la Comunidad foral su intervención, de hecho: advirtió contra un Ejecutivo de Bildu tras las próximas elecciones autonómicas de mayo, porque supondría la integración "en el gulag euskaldún".

Salvador alertó de que el candidato abertzale es Adolfo Araiz, que en el pasado, como miembro de Herri Batasuna, "votó a favor de socializar el terror". "¿Se ha arrepentido? Qué va, está tan orgulloso. Seguro que piensa: 'Ya toca un Gobierno afín a ETA en Navarra. Ya toca recoger las nueces'". El parlamentario de UPN defendió el marco constitucional ante "los ataques de los secesionistas y de los antiforalistas" y prometió que su partido no se va a quedar "en el burladero de la historia". Rajoy correspondió con ese aviso. Navarra, sostuvo, "se juega mucho" en los próximos meses, y no le convienen"operaciones que nada tienen que ver con la sensatez y la lógica". "Donde mejor está Navarra es donde está, con su estatus de territorio foral y una de las grandes regiones españolas", añadió. El jefe del Ejecutivo agradeció a UPN su apoyo "en los momentos difíciles y a las decisiones más difíciles" en esta legislatura.

Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai, acusó a Rajoy de haber trenzado en el Congreso un discurso para “levantar el ánimo de sus tropas”, sin hacer un “balance real” de la legislatura. La diputada culpó al presidente de haber aplicado “el austericidio” en esta legislatura. También le afeó que haya negado “el pan y la sal” a Navarra, al recurrir sus normas ante el Tribunal Constitucional y al castigarla “presupuestariamente”. Barkos acabó su intervención con unas palabras en euskera, como signo de reivindicación del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. 

Podemos y el espacio Ganemos Madrid, donde confluyen ciudadanos, organizaciones sociales, una parte de IU, Equo y el partido Por un Mundo Más Justo, han alcanzado un acuerdo para constituir una candidatura ciudadana de unidad popular para ir juntos a las próximas elecciones en la capital.

Este acuerdo ha sido fruto de las negociaciones mantenidas esta semana por ambas organizaciones entre el secretario local de Podemos, Jesús Montero, y miembros de diplomacia y convergencia de Ganemos.

Así, han convocado para este jueves a las 16 horas una rueda de prensa en el espacio Ecooo, situado en el número 11 de la calle Escuadra de Madrid, para dar los detalles del acuerdo. Intervendrán Jesús Montero y la portavoz de Ganemos, Celia Mayer.

Allí explicarán cuestiones programáticas y también procedimentales de la candidatura conjunta, como la fórmula jurídica de la marca que presentarán a las elecciones, que Ganemos siempre dejó abierta, y su nombre, ya que no pueden utilizar ése porque ya está registrado. También hablarán de la forma de elegir a los candidatos a través de primarias abiertas.

Ganemos elaboró un sistema que exigía que sus candidatos sólo se podrán presentar a título individual y cada elector podrá votar a un máximo de 10 candidatos, para evitar que un mismo partido o grupo acaparara todos los puestos de la lista electoral.

El Gobierno ha eludido su responsabilidad en las obras de la vivienda de Finca Cabañerosvivienda de Finca Cabañeros, propiedad de la familia del naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, en el parque nacional del mismo nombre, ya que considera que no es su competencia. Así, en una respuesta parlamentaria al diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, el Ejecutivo de Mariano Rajoy apunta que "el organismo competente para la autorización y seguimiento de la realización" de estas obras es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Además, Compromís-Equo apunta en una nota de prensa que el Gobierno "ignora los preceptos señalados por la Ley 33/95 de declaración del Parque Nacional de Cabañeros y la propia ley de parques nacionales", ya que esta establece, textualmente, que “la responsabilidad de la administración y coordinación de las actividades del Parque Nacional recaerá en el Director del mismo, que será nombrado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.

A ello, los ecologistas añaden que la regulación subraya que "la responsabilidad de la gestión del Parque Nacional corresponderá a una Comisión mixta de gestión integrada por representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a partes iguales.

En la respuesta, considerada por Compromís-Equo "completamente insuficiente e improcedente", el Gobierno sostiene que la Junta castellanomanchega autorizó en octubre de 2010 las reformas. "Es decir, cuatro años antes de los hechos denunciados", recuerdan los ecologistas, que también critican que "la respuesta no aclara si la administración del Parque Nacional tenía o no conocimiento de las mismas y si las informó de alguna manera, que era el objeto de la pregunta al Gobierno". 

"El Ministerio no puede hacer una dejación de sus funciones de custodia y conservación de los parques nacionales que aún están bajo su responsabilidad, como es el caso de Cabañeros", denuncia Compromís Equo. Por último, sentencian que "tanto si reciben la autorización de la comunidad autónoma como si no, unas obras de estas características necesitan la revisión y aprobación y visto bueno de la dirección del parque nacional y en particular de la comisión mixta de gestión, puesto que el Parque Nacional de Cabañeros aún no ha sido transferido a Castilla-La Mancha".

La coalición electoral Izquierda Plural, liderada por IU, acabó las elecciones europeas de mayo de 2014 con una deuda de casi 350.000 euros con sus proveedores, más otros 1.500 euros con Hacienda, lo que acabará implicando un incumplimiento de la Ley Electoral (LOREG). En la misma situación se encuentra la alianza Primavera Europea que encabezaron Compromís y Equo, en su caso por más de 370.000 euros.

Así se recoge en el informe de fiscalización de los gastos de los partidos en las últimas elecciones europeas que el Tribunal de Cuentas acaba de remitir a las Cortes, ya disponible en la web de la institución y que te puedes descargar aquí en PDF.

Izquierda Plural, que sumó a partidos como IU, ICV, Confederación Los Verdes, Anova y Batzarre, que encabezó Willy Meyer y que logró seis escaños en el Parlamento Europeo (un 10,03% de los votos), remitió al órgano fiscalizador un resumen de sus cuentas electorales en el que declaraba 5,4 millones de recursos, la mayoría por operaciones de endeudamiento.

En su informe, el Tribunal de Cuentas indica que la coalición, una vez concluido el proceso electoral, tenía una deuda de 349.116,30 euros con proveedores pero ya no contaba con fondos en las cuentas bancarias creadas específicamente para este proceso electoral, como establece la legislación.

Esto hace que, según señala el órgano fiscalizador, la coalición tenga que pagar estas deudas recurriendo a sus cuentas ordinarias o aportando nuevos fondos a las cuentas creadas para las elecciones. Ambas opciones incumplirían diferentes artículos de la LOREG.

Además, a pesar de haber abierto estas cuentas bancarias específicas para el proceso electoral, pagó 34.877,68 euros en dinero en efectivo, incumpliendo de nuevo la ley electoral. También pagó en efectivo una factura de 3.950 euros cuyo importe además fraccionó en varios pagos, no respetando en este caso la ley sobre prevención del fraude fiscal. Además, el Tribunal de Cuentas avisa a Izquierda Plural de que no puede financiar como subvención electoral más de 28.000 euros correspondientes a encuestas electorales y estudios sociológicos.

Pese a todas estas deficiencias, en su informe de fiscalización el Tribunal de Cuentas decide no proponer ninguna reducción de la subvención electoral que corresponde a la coalición en función de los seis escaños obtenidos.

Deudas de Primavera Europea y Coalición por Europa

También finalizó el proceso electoral con deudas la coalición Primavera Europea, en su caso por 372.000 euros, lo que también llevará a la alianza de Compromís, Equo y CHA a tener que incumplir la ley electoral. 

El informe del Tribunal de Cuentas revela que Primavera Europea, lista que lideró Jordi Sebastià, también tiene pendientes de pago sueldos y salarios por casi 14.500 euros, deudas con Hacienda por 3.900 euros y con la Seguridad Social por 7.350 euros. Mientras, en sus cuentas bancarias electorales sólo tenía disponibles poco más de 3.600 euros.

El órgano fiscalizador también apreció problemas de tesorería en Coalición por Europa, la alianza de CiU, PNV y Coalición Canaria que capitaneó Ramon Tremosa. Según señala, su tesorería disponible (23.000 euros) era inferior a la deuda con proveedores (28.300 euros), aunque fue subsanado por la propia CiU, que aportó 20.000 euros aunque incumpliendo los plazos para el pago de los gastos electorales.

En la próxima legislatura, si no gobierna el PP de nuevo (y si se llega a tiempo), la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) no reabrirá. Porque a eso se va a comprometer la mayor parte de la oposición en un manifiesto que se presentará este jueves por la mañana en la Sala Martínez Noval del Congreso.

La declaración comenzó a gestarse el pasado octubre, a iniciativa del PSOE y de Equo. En un encuentro entre ambos partidos, se propusieron "aunar voluntades", redactar un texto para ratificar la promesa de no permitir que la planta burgalesa vuelva a operar y atraer al resto de grupos. Poco a poco se fue dando forma a un documento al que se han ido adhiriendo Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, Coalición Canaria, Amaiur, ERC, BNG, y Geroa Bai. O sea, todos menos PP, UPyD, CiU y, dentro del Mixto, UPN y Foro Asturias. 

"Consideramos que nunca debe volver ponerse en marcha la central nuclear de Garoña. Por ello nos comprometemos a no reabrirla, si en el año 2015 llegamos a formar parte del Gobierno de la nación, y abogamos por un nuevo modelo energético que deje atrás la energía nuclear, tras un período de transición hacia ese nuevo modelo energético", sanciona el texto. 

El documento comienza recordando que Garoña se inauguró en 1971 y es la central más antigua del parque nuclear español, que ya ha cumplido los 40 años de vida y que es "el momento" de desmantelarla. Por varias razones. Primero, porque es "innecesaria" desde el punto de vista energético ya que no ha habido "ningún problema de abastecimiento" desde que dejó de operar, en diciembre de 2012. Dos, porque presenta "graves déficits de seguridad" y es "gemela al reactor número 1 de la central japonesa de Fukushima", la que sufrió la explosión en marzo de 2011 después de un terremoto y un tsunami. 

El Gobierno de Mariano Rajoy y la empresa propietaria, Nuclenor –participada al 50% por Endesa e Iberdrola–, "están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente". 

Permiso para operar 17 años más

El pasado 26 de noviembre, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con el voto contrario de la consejera socialista Cristina Narbona, aprobó una serie de inspecciones en la vasija del reactor y de otros elementos de la central burgalesa. En la reunión se trató la retirada transitoria de las compuertas entre la piscina de almacenamiento de combustible gastado y la cavidad del reactor, y la revisión del estudio de seguridad en parada. Puntos necesarios para evaluar la seguridad de la planta y la solicitud de renovación del permiso de explotación de Garoña, que ha pedido operar 17 años más. 

"El Gobierno –dice el manifiesto– está utilizando el caso de la nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años. Por ello plantea alargar 17 años más la vida de Garoña, hasta completar esos 60 años. Reclamamos que el actual proceso puesto en marcha por el Gobierno del PP para reabrir Garoña no presuponga la adopción de decisiones irreversibles desde el punto de vista económico, que supongan un coste a los ciudadanos en el futuro, si la central no se reabre".

Tras subrayar el compromiso de no reabrir la planta, los firmantes señalan que el cierre de la misma debe acompañarse de un "plan de reactivación económica de la zona" y de dinamización de la comarca "alrededor de alternativas productivas, sostenibles, limpias y seguras, incrementando la competitividad de la economía local y mejorando las condiciones sociolaborales de aquellos ciudadanos que se vean directa o indirectamente afectados por la decisión". 

Satisfacción de los impulsores

Pilar Lucio, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad de la ejecutiva socialista de Pedro Sánchez, y Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo, se mostraban ayer miércoles satisfechos con el acuerdo alcanzado y el nivel de apoyo logrado. UPyD se desmarcó porque "no está de acuerdo con que se hable de una central concreta", según Lucio, y CiU no rechaza la energía nuclear. El PNV propondrá "una pequeña modificación", pero lo suscribe, y como recordaban fuentes del partido, el grupo ha hecho "muchas iniciativas" en el Congreso (preguntas orales en pleno, por escrito, proposiciones no de ley...) pidiendo el cierre definitivo de Garoña desde hace mucho tiempo, incluida esta legislatura. 

Con la planta burgalesa "se juega el alargamiento de la vida de las nucleares", incidía López de Uralde, en conversación con este diario. "Quieren prolongar 17 años la vida de Garoña para llegar así a los 60 años, al máximo de vida útil, y hacerlo de golpe, cuando ni siquiera todos los consejeros del CSN están de acuerdo", completó Lucio. 

El Gobierno, en una respuesta al diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, señaló que la actual legislación –el real decreto 1836/1999– no limita a diez años la autorización de renovación a una nuclear. Nuclenor presentó a Industria su solicitud el 27 de mayo para poder operar hasta 2031, que fue trasladada al CSN para su evaluación y correspondiente informe "preceptivo y vinculante". Y agregó que la empresa justificó su solicitud de 17 años porque ese marco temporal "le proporcionaría la estabilidad y certidumbre necesarias para acometer las inversiones para la explotación segura y fiable de la instalación". 

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* Esta información fue modificada a las 12 horas del jueves 18 de diciembre de 2014 para incluir, dentro del pacto contra la reapertura de Garoña, a ERC, formación que por error no fue incorporada en una primera versión. Los firmantes, pues, son PSOE, Compromís-Equo, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, Amaiur, ERC, Coalición Canaria, BNG y Geroa Bai. dentro del pacto contra la reapertura de GaroñaERCNueve en total. 

Frialdad. La propuesta del PSOE de crear una subcomisión en el Congreso para debatir sobre la reforma constitucional fue acogida con un rotundo rechazo por parte del Gobierno y del PP –y, por tanto, ya está abocada al fracaso– y con muchas reservas por la mayor parte del arco parlamentario, salvo Coalición Canaria (CC), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís-Equo, que sí prestaron un apoyo entusiasta. No hubo sorpresa en las filas socialistas. Sí confianza en que, cuando llegue el momento de votar la iniciativa, algunos grupos más la apoyarán. Y tratarán incluso de convencer al presidente del Gobierno de que salga de su "inmovilismo perpetuo". 

Pedro Sánchez, acompañado de los miembros de su ejecutiva Antonio Pradas y Meritxell Batet, llevó ayer jueves al registro de la Cámara baja la solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional con el objetivo de renovar el modelo de convivencia territorial (y recomponer así los "consensos rotos"), blindar los derechos sociales y ciudadanos e introducir medidas de regeneración democrática. Antes de hacerlo, el secretario general de los socialistas telefoneó a Mariano Rajoy para informarle de que iba a presentar la iniciativa, sin más demora. El jefe del Ejecutivo le respondió sin rodeos: no y no. No a poner en marcha un foro de estudio en el Congreso, no a las propuestas de carácter unilateral. No hay "demanda social", "no es oportuno ni necesario", no se puede "frivolizar" sobre un tema "serio" como es el marco de convivencia pactado en 1978, dijo textualmente José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del Grupo Popular. Un "disparate" que Sánchez quiera abrir la Constitución sin "saber a dónde se va y con quién se va", censuró a su vez el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas. "Abramos el debate, sólo pedimos que se abra el debate", imploró el secretario general ante los medios.

Del PP depende, por descontado, el éxito de la iniciativa. Una vez registrada en la Cámara, debe calificarla la Mesa, y lo hará previsiblemente el próximo martes. El órgano de gobierno del Congreso, siguiendo una resolución de junio de 1996, enviará la propuesta a la Comisión Constitucional. Esta debe incluirla en el orden del día, y eso no ocurrirá, con toda seguridad, antes de febrero, ya que se ha cerrado la programación de la próxima sesión, el 10 de diciembre. Fijada la fecha, habrá debate. Cada grupo presente en la comisión –PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU, PNV y los representantes del Mixto (Amaiur y ERC)– deberá pronunciarse y emitir su voto. Sólo en caso de pasar este trámite, la iniciativa llegaría al pleno, donde se aprobaría sin discusión previa. Pero lo esperable, dada la salida en tromba del Gobierno y del PP, es que la petición se frene y muera en la comisión. 

IU: dudas sobre la "credibilidad" y paso "insuficiente"

No sólo el PP despreció el paso dado por Sánchez. También IU, UPyD y ERC cargaron contra los socialistas, mientras que CiU vio "positivo" que se pueda debatir sobre una reforma de la Carta Magna. "Las grandes contradicciones" del PSOE cuando estuvo en el Gobierno y en la oposición "le quitan mucha credibilidad", dijo Cayo Lara desde Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa). El coordinador de IU y presidente de Izquierda Plural, como en otras ocasiones, dio no obstante la "bienvenida" a lo que sean "medidas positivas". También se preguntó "cuál es la reforma" de la Ley Fundamental que plantea el PSOE, y "qué Estado federal quiere".

"A nosotros nos parece insuficiente. Se queda corta la propuesta de subcomisión –añadió a este diario el portavoz del grupo, José Luis Centella–. Queremos ir a algo más profundo, a un proceso constituyente. No queremos partir del entramado constitucional existente para reformarlo, como quiere el PSOE, sino construir una nueva Carta Magna de forma abierta y participativa". ¿No es pertinente siquiera abrir el debate? "No estamos en el posibilismo. Todos juegan un poco de farol porque saben que no se va a hacer. No obstante, no tenemos decidido qué votaremos. Eso lo tenemos que analizar en el grupo". 

Rosa Díez, portavoz de UPyD, tachó la iniciativa socialista de "un pelín propagandística", porque cuando se pide crear una subcomisión se hace sobre la base de un acuerdo político previo. Así que si Sánchez lanza la idea, siguió, es para "aparentar públicamente" que está por cambiar la Carta Magna. ¿Y qué votará la formación magenta? "Todavía no está decidido, es muy prematuro", contestaron fuentes oficiales. 

CiU, Amaiur y ERC, en el proceso soberanista

El sentido del voto tampoco lo tiene claro CiU. No obstante, su portavoz en la Comisión Constitucional, Montse Surroca, aprobó el gesto del secretario general. "Podría significar un cierto diálogo y un debate sobre una cuestión importante", ya que la Ley Fundamental "es reformable y sería necesaria en diferentes aspectos". La federación nacionalista, sin embargo, se sitúa "en otro escenario", el proceso soberanista, que va "más allá" de una modificación en la Carta Magna. “Ante el inmovilismo del PP al que estamos acostumbrados, tampoco podemos ser excesivamente optimistas sobre esta posibilidad de diálogo", aseguró desde Barcelona Surroca, que pertenece a Unió. 

El PNV no ha fijado postura aún y quiere examinar con detenimiento el escrito del PSOE, según fuentes del grupo en el Congreso. Su portavoz, Aitor Esteban, eludió pronunciarse. 

Desde Amaiur, su diputado Xabier Mikel Errekondo encajó la propuesta en un "contexto de máxima rivalidad entre PSOE y PP". Los socialistas, aseguró, necesitan "visualizar como sea un mínimo de iniciativa política". "En lo que nos respecta a nosotros, ya hemos dicho que cualquier cambio que pueda ser avalado por nuestra coalición o por el movimiento soberanista vasco pasa por que se reconozca el derecho de autodeterminación de Euskal Herria. Todo lo demás sería más de lo mismo. O sea, prolongar el déficit democrático del actual marco autonómico", remachó. ¿Y qué votará Amaiur? Igual respuesta: no hay nada decidido. "Se verá cuando llegue el momento. Ahora bien, no nos hemos opuesto a que se cree ningún foro que permita dialogar, aunque ello no quiere decir que votemos a favor. No es nuestra batalla".

Amaiur es la cabeza del Grupo Mixto, al disponer de siete diputados. Y con silla en la Comisión Constitucional, igual que ERC. "No nos toca impulsar ningún tipo de reforma de la Constitución española. Nuestro objetivo es tener una Constitución propia –señaló a este periódico su portavoz en la Cámara baja, Alfred Bosch–. A pesar de ello no nos parece mal que los españoles quieran mejorar sus normas pero nuestro objetivo es dotarnos, como catalanes, de propias. Si el objetivo de la reforma es buscar el encaje de Cataluña en España, le decimos al PSOE que llegan tarde". 

Oramas (CC): "Negarse me parece ilógico"

Aunque ninguna otra formación integrante del Mixto tiene asiento en la Comisión Constitucional, infoLibre preguntó a los representantes de BNG, Coalición Canaria, Compromís-Equo, Unión del Pueblo Navarro y Geroa Bai. Sólo en los tres primeros casos apoyan con entusiasmo la solicitud de Sánchez. "Aunque no compartimos la propuesta de reforma del PSOE, sí que estamos a favor de que se abra el debate y se cree una subcomisión, de que se parta del diálogo", señalaba la nacionalista gallega Olaia Fernández Davila. "¿Por qué no se va a poder discutir? –se preguntó Ana Oramas, portavoz de CC–. Hay una demanda de la ciudadanía, y hay muchísimas cosas para reformar. Podemos hacerlo sin prisas, sin calendario, justo lo contrario de lo que ocurrió con el artículo 135 [en 2011, pactado sólo por conservadores y socialistas]. Además, hay una nueva generación de políticos en casi todos los partidos. Debatamos. Negarse me parece ilógico, pero yo creo que unos se miran a otros, están en clave electoral, marcando territorio, y no oyen lo que dice la sociedad, ni los jueces". Joan Baldoví, de Compromís-Equo, cree asimismo que "hay que abrir la discusión".

Uxue Barkos, de Geroa Bai, cree que cualquier reforma ha de partir del cambio del 135 –cuya modificación Sánchez calificó de "error"– y no ve "rumbo" ni "definición" en la iniciativa socialista. Barkos es este mes portavoz rotatoria del Mixto, pero no adelanta qué votaría porque no le tocará pronunciarse en la comisión. Carlos Salvador, de UPN, duda "mucho" de que apoyara al PSOE, porque "no hay acuerdo previo" con el Gobierno y "no se sabe para qué se abre la caja de Pandora". "El PSOE es una caja de sorpresas. Abres la subcomisión hoy y ¿quién será su líder en junio, si hay una debacle en las autonómicas y municipales?". 

En la dirección del Grupo Socialista se percibió "normal" la reacción de los grupos. "Cada uno está a su rollo, y nunca aplauden al PSOE, pero veremos qué ocurre el día que haya que votar, porque todos están por reformar la Constitución, aunque cada uno defienda su modelo". "No entendemos que no se quiera debatir. A lo mejor les hemos pillado a contrapié –agregaban fuentes próximas a Sánchez–. Serán políticos de corta mirada, y puede haber electoralismo en ellos. Pero hay que tener altura de miras. Lo que queremos es que se debata, nada más, no que compartan nuestra propuesta". A Ferraz no le ha "sorprendido" tampoco la negativa tajante de Rajoy y del PP, dado el "inmovilismo perpetuo" del Ejecutivo. "Pero hay una necesidad urgente. Y vamos a trabajar para que cambie de postura". No parece factible, pero el PSOE no quiere tirar (aún) la toalla.

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 *Este texto se modificó a las 12 horas del 5 de diciembre de 2014 para incluir, entre los grupos que apoyan la propuesta socialista, al diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví.diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan BaldovíJoan Baldoví

La segunda Asamblea Federal de Equo finaliza este domingo con la renovación de los órganos federales del partido –incluyendo los coportavoces, la Comisión Ejecutiva Federal y la Tesorería–, la revisión de los estatutos, la aprobación de una ponencia política y la aprobación de un programa marco para las elecciones municipales de mayo de 2015. 

Equo nació como partido político en el año 2011 en un intento de superar la fragmentación del ecologismo en España. En poco tiempo, se convirtió en el referente del movimiento verde con un discurso centrado sobre tres grandes ejes: "la sostenibilidad, la radicalidad democrática y la equidad". En las elecciones generales celebradas ese mismo año, Equo no consiguió un escaño propio pero pudo entrar en el Congreso de la mano de sus socios de Compromís, que sí lograron un escaño en la Comunitat Valenciana.

Equo llegó a las elecciones europeas de mayo de este año "con ilusión", pero se fue con "un sabor agridulce", como admite el partido en sus documentos. El partido solo consiguió un europarlamentario, Jordi Sebastiá, gracias nuevamente a la alianza electoral con Compromís. Podemos, con un discurso de regeneración radical, se convirtió en el gran fenómeno del espacio político alternativo al obtener cinco eurodiputados. Y, en la actualidad, algunas encuestas ya sitúan a Podemos como segunda fuerza en intención de voto. Entonces, ¿queda espacio político para un partido como Equo?

Los dirigentes de Equo están convencidos de que sí hay espacio político, y quieren aprovechar la II Asamblea Federal para relanzar el partido. Este domingo, un 50% de la Comisión Ejecutiva Federal de Equo será renovada. Y el partido elegirá a sus líderes. La formación funciona con dos coportavoces, un hombre y una mujer, elegidos por los afiliados. Juan López de Uralde, que ya ocupa dicho cargo, parte como favorito de entre los cinco candidatos masculinos. En cuanto a la coportavocía femenina, Rosa Martínez parecía contar con cierta ventaja, pero este sábado nadie se atrevía a dar por seguro su victoria frente a la otra aspirante, Carolina López, que es la coportavoz en funciones desde que dejó ese puesto Reyes Montiel.

Equo llega a la Asamblea con ganas de hacer autocrítica, algo que confían en que le ayude a prosperar electoralmente en próximos comicios. Una de las principales preocupaciones de la formación es la "falta de conexión con el electorado", según señalan en el borrador de la ponencia política. Como indica el documento, esto se debe en gran medida al escaso calado de los mensajes de la ecología política, que "no se perciben como solución a los problemas inmediatos y ya existentes".

"El problema fundamental es que tenemos algunos conceptos abstractos. Eso no le llama la atención a la gente", asegura a infoLibre Carolina López. En opinión de Rosa Martínez, "es necesario elaborar mensajes claros, directos y en relación con la necesidad de las personas", porque "nuestro mensaje no se está concibiendo como algo necesario". Juan López de Uralde señala que esto se debe "a la absoluta insistencia de los medios de comunicación en dibujar la ecología política como un tema parcial".

Además, Equo también considera la escasa presencia en los medios de comunicación como una de las limitaciones que debe solucionar. "No tenemos la presencia mediática que corresponde con nuestra presencia institucional", asegura tajante López de Uralde. Martínez, por su parte, indica a este diario que a Equo le falta "cierta fuerza mediática", sobre todo en la televisión. Por esta razón, uno de los temas en los que más se está trabajando en la asamblea es, como afirma López, "en la reforma de la comunicación interna y externa del partido".

Los tres entrevistados no consideran un error que Equo, a diferencia de otros partidos políticos surgidos en los últimos tiempos, no se presentase "como un partido protesta". "Somos conscientes de lo que ha supuesto no haber adoptado ese enfoque", señala Rosa Martínez, y añade que "es muy fácil conseguir votos repitiendo la indignación de la gente en la calle pero sin profundizar en propuestas", en una alusión evidente a Podemos.

Preguntado por los "síntomas de agotamiento de la Comisión Ejecutiva Federal", a los que se hace referencia el mencionado borrador de la ponencia política, el actual coportavoz señala tajante que él no se encuentra agotado, pero que "es la militancia quien tiene que decidir si es conveniente renovar el liderazgo interno del partido". Rosa Martínez, por su parte, no cree oportuno opinar sobre un borrador que, hasta este domingo, no consideraban definitivo. Carolina López, sin embargo, indica que "la sensación interna en el partido sí es de cierto agotamiento" y añade que "hace falta renovar la ilusión del proyecto político".

Próximas citas electorales

Para Equo, uno de los objetivos primordiales para el bienio 2014-2016 es entrar en las instituciones. En el caso de las elecciones municipales de mayo de 2015, la formación política considera necesaria una confluencia con movimientos sociales como Ganemos Madrid, en el caso de la capital. "Nuestra decisión estratégica es buscar confluencias políticas", asegura el coportavoz.

A nivel autonómico, y preguntados por un posible pacto con Izquierda Unida, los tres candidatos aseguran que no están cerrados a ningún tipo de coalición. No obstante, Rosa Martínez destaca que esas "son decisiones que tienen que ser tomadas a nivel territorial". Carolina López reconoce que, por el momento, el tema de las autonómicas "está un poco verde", aunque señala que hay contactos continuos con partidos como IU, con los que coinciden en numerosos círculos Ganemos.

Nominado como comisario de Energía y Acción Climática para la futura Comisión Europea que presidirá Jean-Claude Juncker, el exministro Miguel Arias Cañete vio la semana pasada cómo las dudas de socialdemócratas y de los grupos a su izquierda (Izquierda Unitaria, al que pertenecen IU y Podemos, y Los Verdes, que cuenta con el apoyo de Equo) dejaban en suspenso su evaluación hasta que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se pronuncie sobre su segunda declaración de intereses, que incluye sus cobros del PP.

Un día antes de que los coordinadores de grupo aplazasen el dictamen sobre Cañete, el candidato se había sometido a un duro examen de tres horas ante las comisiones de Industria y Medio Ambiente. Fue allí donde Cañete negó tajante cualquier relación con operaciones localizadas en paraísos fiscales y varios interrogantes abiertos sobre el holding familiar que capitanea su cuñado Miguel Domecq. Por ejemplo, quién hay tras la empresa holandesa Havorad BV, cabecera del grupo –se lo preguntó la eurodiputada de IU Paloma López–, o a quién ha vendido el 2,5% que poseía en las dos petroleras españolas que controla Havorad, Petrologis Canarias SL y Petrolífera Dúcar SL. Los documentos mercantiles del holding y varias sentencias sobre una de las sociedades del grupo, heredera española de una compañía familiar panameña, aportan algunas respuestas.

01. ¿Ha tenido Cañete algún vínculo directo con empresas localizadas en paraísos fiscales?

Sí, con la empresa panameña Angelmo International Corp, que en abril de 2000 trasladó su domicilio social a España y quedó rebautizada como Angelmo Development SL. Entre julio de 1991 –cuando el Gobierno promulgó un real decreto sobre la materia, el 1080/1991–, y abril de 2013, Panamá permaneció en la lista española de paraísos fiscales.

El primer dato de la relación del futuro comisario con Angelmo International Corp. lleva fecha de 23 de julio de 1997. El día 1 de ese mes, quedó constituida en Madrid Angelmo International Corp. Sucursal en España, de la que no hay cuentas disponibles por cuanto, como su nombre indica, era solo una delegación de la compañía panameña.

El día 23 de julio de ese año, la sucursal española de Angelmo nombró dos “representantes permanentes” [ver el PDF]: el primero era una persona jurídica, la empresa Arias y Domecq SL; el segundo, una persona física: Miguel Domecq Solís, cuñado de Miguel Arias. Cinco meses antes, el 20 de febrero de 1997, Miguel Arias Cañete había sido nombrado administrador solidario de Arias y Domecq SL, junto con Miguel Domecq Solís. Dado que Miguel Domecq ya era representante de la compañía como persona física, el único efecto de otorgar ese rango también a Arias y Domecq SL fue este: que también así Cañete se incorporó a la gestión de la panameña Angelmo.

El 31 de marzo de 2000 –esa fue la fecha que en un debate parlamentario ofreció el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada–,dos semanas después de las elecciones generales que otorgaron mayoría absoluta a José María Aznar, Cañete cesó como administrador solidario de Arias y Domecq SL [consulta el PDF], aunque el cese no quedó inscrito en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) hasta el 26 de diciembre de ese año. El 27 de abril de 2000, Cañete fue nombrado ministro de Agricultura y Pesca.

Para entonces, y por decisión de una junta de accionistas celebrada en octubre de 1999 [aquí tienes el PDF] pero cuyos acuerdos no se materializaron en Panamá hasta enero de 2001 [lo puedes ver aquí en PDF], la panameña Angelmo International Corp ya había trasladado su domicilio social a Madrid y “adquirido la condición de entidad social española”, que fue el mandato de la junta de accionistas en Panamá.

Los documentos del registro panameño señalan que Miguel Domecq Solís constaba como presidente de Angelmo International Corp en octubre de 1999 y que fue él quien dirigió el proceso de disolución. Y que todas las acciones de Angelmo eran propiedad de Havorad BV. Domiciliada en Amsterdam, Havorad BV opera como cabecera del holding familiar. Por ejemplo, es el accionista de control de las compañías Petrologis Canarias SL y Petrolífera Dúcar SL, aquellas de cuyas participaciones (el 2,5% respectivamente) se ha desprendido ahora Miguel Arias.

Una vez decidida la disolución de la compañía panameña y su traslado a España, una nueva empresa nació en Madrid. Constituida el 5 de abril de 2000, la empresa quedó rebautizada como Angelmo Development SL. Es la heredera de la Angelmo panameña. Y, a día de hoy, está participada al 99% por la compañía holandesa Havorad BV [revisa el PDF]. a la que la Agencia Tributaria considera una “empresa pantalla”. Ni los documentos depositados en el Registro Mercantil de Holanda ni los presentados en el de Madrid permiten saber a quién pertenece el 1% restante. Ni, por supuesto, cuál es y ha sido a lo largo de los años la composición accionarial de Havorad BV.

02. ¿Quién está detrás de la empresa holandesa Havorad BV, cabeza del holding familiar?

A ciencia cierta no se sabe, y Arias Cañete tampoco lo ha aclarado, pero todos los datos apuntan  a que Havorad BV ha pertenecido al menos desde finales de los ochenta al entorno familiar de Cañete, con su cuñado Miguel Domecq en cabeza.

Constituida en 1962 y sin un solo empleado, Havorad BV declaró en las cuentas de 2013 activos por 32,9 millones de euros, todos ellos de carácter financiero. Al cierre de 2013, Havorad constaba como accionista mayoritario o de control de 12 sociedades españolas del grupo familiar. Entre ellas figuran las dos compañías petroleras españolas –Petrologis Canarias y Petrolífera Dúcar–, tres dedicadas a la agricultura y siete del ámbito inmobiliario, como Angelmo Development SL.

El historial registral de Havorad BV, expedido por el Registro holandés y facilitado en septiembre a infoLibre por fuentes políticas europeas, muestra una peculiaridad. Según el documento, el accionista único de la compañía entre el 5 de mayo de 1989 y el 22 de diciembre de 2003 fue una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, Gold Lion Corporation NV. El 22 de diciembre de 2003, Gold Lion fue sustituida como “accionista único” de Havorad BV por la costarricense Corporación Bilares SA. Y ese mismo día, Corporación Bilares SA dejó de ser la propietaria de Havorad BV.

La peculiaridad estriba en que tuvo como accionista único a Bilares por un solo día. Y en que a partir de su cese –diciembre de 2003–, el historial deja en blanco la identidad de los accionistas. A partir de 2007, las cuentas introducen una fórmula según la cual la compañía consideraba primero a Miguel Domecq, su esposa y sus hijos como propietarios, para finalmente señalar sólo al cuñado de Cañete y a sus nietos. En las cuentas de 2013, desaparece toda referencia nominal a los accionistas. Los títulos, dice la memoria de ese año, depositada el pasado 3 de julio, son “mayoritariamente propiedad de un individuo español”.

Pese al más que efímero paso –un solo día– de Corporación Bilares por Havorad [consúltalo aquí en PDF], esta aún la consideraba como “entidad relacionada” en 2009. El balance de ese año, como los anteriores hasta al menos el de 2006, titula la nota 8 de la memoria con el siguiente epígrafe: “Préstamos debidos a entidad relacionada”. Debajo, el texto dice lo siguiente: “Este artículo [es decir, esta nota de la memoria] representa dos acuerdos con Bilares Corporación SA de fecha 28 de diciembre de 1989 y 15 de septiembre de 1996. Además, este producto también representa un préstamo de Bilares Corporación en la cantidad de 1.783.900 euros concedido el 1 de enero de 2002”.

03. ¿Ha incurrido en malas prácticas tributarias alguna de esas empresas?

Pues, a tenor de lo que sostiene Hacienda y queda reflejado en varias sentencias de lo contencioso –es decir, no hay un procedimiento penal–, la última de ellas dictada por el Supremo en diciembre de 2013, la respuesta es sí. El pleito está relacionado con Angelmo Development SL, heredera de la panameña Angelmo International Corp. Y lo que Hacienda lleva sosteniendo desde hace una década es que esa compañía ejecutó una maniobra destinada a pagar menos impuestos desde el mismo momento de su instalación en España. ¿Cuál? Contabilizar como préstamo destinado a la reforma de una nave de Fuenlabrada 734.600 euros, una operación realizada en 1997, el año en que la panameña Angelmo abrió su sucursal en España. Según Hacienda, la empresa jamás demostró que la obra se hubiera ejecutado, por lo que ni siquiera considera que el préstamo exista.

Varias de esas sentencias expican el hilo societario de Angelmo. Una de ellas, emitida por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) el 9 de abril de 2013 [la puedes consultar aquí en PDF] y que estimó uno de los recursos de Angelmo por prescripción, incorpora el siguiente párrafo sobre aquel préstamo: “Este préstamo, inicialmente entre la prestamista Corporación Bilares de Costa Rica y Angelmo Internacional Corp, de Panamá, casa central de la sucursal española y de la hoy recurrente cuando en el año 2000 los activos y pasivos de la sucursal se integran en Anselmo Development S.L., y que según resulta del expediente y de la información facilitada por la Administración Tributaria de los Países Bajos, Havorad BV, propietaria al 100% de la recurrente, es propiedad [el texto dice "propietaria" por error, aunque en otras sentencias se transcribe de forma correcta] de Gold Lion Cop NV, de Antillas Holandesas, la cual, a su vez, es filial asimismo al 100% de Corporación Bilares S.A. de Costa Rica, siendo HAVORAD BV una sociedad unipersonal, sin empleados y sin otra actividad que la fiduciaria, siendo calificada por la AEAT [la Agencia Tributaria] como sociedad pantalla siendo el beneficiario de los pagos por intereses procedentes de España la sociedad matriz de Costa Rica Corporación Bilares SA”. En otras palabras, los impuestos que Angelmo Development se deducía en España por pagos del préstamo terminaban en Costa Rica.

04. ¿Controla su familia un tercio de Cepsa Panamá?

Sí. La compañía holandesa Havorad BV, que en España es accionista de control de Petrologis Canarias y de Petrolífera Dúcar, controla un tercio de la filial panameña de Cepsa, uno de los gigantes españoles del sector. Petrolífera Dúcar ya colaboraba en España con Cepsa, pero sólo en calidad de arrendadora de tanques para petróleo en Ceuta.

¿Qué documento acredita lo anterior? Las cuentas depositadas por Havorad BV en el Registro holandés. Al cierre de 2013, Havorad BV poseía el 57,58% de la compañía panameña Pacific Petroleum Services SA. A su vez, Pacific Petroleum Services SA posee el 33% de Cepsa Panamá, que suministra crudo en las dos orillas del Canal y a la que su matriz, Cepsa, presenta en su web corporativa como cabeza de puente para su expansión a través del Atlántico y el Pacífico. La versión española de la web no menciona la existencia de Pacific Petroleum Services. En cambio, la inglesa sí especifica el reparto accionarial entre Cepsa y Pacific Petroleum. Y aunque el texto menciona a la compañía como “Pacific Petroleum SA”, el Registro panameño confirma que se trata de la “Pacific Petroleum Services SA”.

La última semana de septiembre, los portavoces de Cepsa confirmaron que, tal como consta en el Registro Mercantil de Panamá, Cepsa Panamá SA se constituyó en noviembre de 1998 con un reparto de porcentajes idéntico al que se mantiene: 67% de Cepsa y 33% de Pacific Petroleum Services SA.

Los mismos portavoces dijeron carecer de información sobre a quién pertenece Pacific. Pero remarcaron que en 1998 –Pacific se había constituido nueve meses antes–, esa sociedad pertenecía a “panameños”. Fueron los dueños de Pacific, recalcó Cepsa, los que propusieron crear una sociedad conjunta que operase en el Canal, punto estratégico para el mercado de crudo.

Aunque la operadora española asegura desconocer la identidad de los accionistas de control de Pacific Petroleum Services SA, el Registro Mercantil panameño constata que Miguel Domecq Solís forma parte, como vocal, del órgano directivo de Cepsa Panamá SA desde 2007 [consulta el PDF]. A tenor de los documentos depositados en el Registro panameño, Miguel Domecq continúa actualmente como director de Cepsa Panamá [compruébalo aquí en PDF].

Las cuentas de Havorad BV sobre 2013 dicen que Pacific Petroleum Services SA es una compañía española, a diferencia de lo que sostenían los balances previos, que la localizan en el país correcto: Panamá.

Ante la posibilidad de que el grupo hubiera iniciado un proceso de traslado como hizo en el año 2000 con Angelmo, este diario consultó el Registro Mercantil español: no aparece inscrita ninguna compañía denominada Pacific Petroleum Services SA, que, en cambio, sigue constando en el Registro panameño.

Los empleados que atendieron las llamadas de infoLibre en el cuartel general del grupo en Madrid, ubicado en la calle de Claudio Coello, dijeron que no podían pasar la llamada a nadie para hablar de Havorad BV o Pacific Petroleum Services SA porque nadie sabía nada de ninguna de esas dos sociedades.

05. ¿ ¿A quién ha vendido Cañete sus acciones en las petroleras familiares?

No se sabe, dado que Cañete mantiene este dato oculto. Petrologis Canarias y Petrolífera Dúcar, que tienen en España relaciones con Cepsa –la segunda le mantiene alquilados tanques de almacenamiento en Ceuta– tuvieron a Cañete como presidente hasta su nombramiento como ministro en diciembre de 2011. El exministro, a cuyos portavoces en el PP preguntó infoLibre el pasado jueves quiénes han adquirido los 23.585 títulos que tenía en Petrologis Canarias SL y los 85.349 que poseía en Petrolífera Dúcar SL, no accedió a desvelar ese dato. La venta de acciones queda reflejada en la segunda declaración de intereses [consúltala en PDF] aportada al Parlamento europeo por Cañete.

Ahora bien, tanto Petrologis Canarias como Petrolífera Dúcar son sociedades limitadas. Y en ese tipo de compañías, los poseedores de títulos tienen derecho de adquisición preferente si uno de los accionistas decide vender su cuota. En el supuesto de que alguien ajeno a la sociedad pretenda entrar en el accionariado comprando las participaciones de un accionista saliente, este tiene que comunicar su identidad al resto en previsión de que alguno de los propietarios originales quiera ejercer el derecho de tanteo y retracto. No obstante, una sentencia de la Audiencia de Madrid fechada en abril de 2013 sostiene que, a efectos de venta de títulos, prima lo que establezcan los estatutos de la sociedad: en el supuesto de que permitan la libre transmisión de participaciones, la sentencia resuelve que bastará con que el órgano de administración autorice la entrada de un nuevo socio. 

En Petrologis Canarias, y según sus cuentas de 2012, la holandesa Havorad BV poseía el 48%; Miguel Domecq como persona física tenía el 11%; y Civisol, empresa en cuya administración participó Arias Cañete en 1999 a través de la sociedad Arias y Domecq SL, tenía asignado el 20%. En resumen, la familia controlaba al menos el 79% de Petrologis Canarias al cierre de 2012. Ese porcentaje no incluye el 2,5% que acaba de vender Arias Cañete y que, a tenor de los datos oficiales, debía estar englobado dentro del 21% de títulos que las cuentas señalan como propiedad de “otros” accionistas.

Por lo que respecta a Petrolífera Dúcar, y también según sus cuentas de 2012, Havorad ostentaba el 45,2%; Miguel Domecq, el 12,78%; Civisol, el 9,7% y Arias y Domecq SL, el 9,7%. El 26,75% restante correspondía a “otros” accionistas. Y dado que Cañete sólo ha declarado participar en Petrologis y Petrolífera Dúcar, su 2,5% debe necesariamente situarse en esa franja. Las cifras anteriores significan que, sin contar el 2,5% del exministro, la familia poseía al menos el 73,25% de Petrolífera Dúcar al cierre de 2012.