Una multitudinaria manifestación, a la que han asistido más de 100.000 personas según la organización, ha clamado este domingo por el centro de Madrid por una vivienda digna y ha llamado a la desobediencia inquilina y a iniciar un proceso hacia una huelga general.

Esta marcha supone "un punto de inflexión" y el comienzo de un nuevo ciclo de movilizaciones por el derecho a una vivienda digna que contará con manifestaciones en más de 30 ciudades durante las próximas semanas y culminará a finales de junio.

Encabezada con una pancarta bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida', la manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha partido a las 12:30 desde el paseo del Prado para concluir alrededor de las dos de la tarde en la calle Sevilla entre gritos de los asistentes durante todo el recorrido para protestar por la escalada de los precios de la vivienda y la precariedad habitacional.

Antes de arrancar, en declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha llamado a la "desobediencia" como única vía y "herramienta legítima" para luchar contra "la dictadura del rentismo", advirtiendo de que no van a someterse "a ningún chantaje de ningún casero" y no aceptarán ni sus precios ni sus contratos.

"Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos", ha subrayado Del Río, que ha apelado a los sindicatos para "desobedecer juntos" y poner en marcha una huelga general que paralice las ciudades y ponga fin "al negocio de la vivienda".

"La desobediencia es el único camino. El rentismo está acaparando, está encareciendo la vivienda. El rentismo está bloqueando nuestras trayectorias vitales, está destrozando nuestras ciudades y está condenando al país a la precariedad. Nos está costando la vida", ha lamentado.

Entre los asistentes a la marcha han estado los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto a sus secretarias generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas, así como la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada de este mismo partido Irene Montero.

Tanto Sordo como Álvarez han pedido a las comunidades autónomas que colaboren para ayudar a solucionar el problema de la vivienda y han exigido a las administraciones públicas un "compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda".

El responsable de CCOO ha criticado el papel pasivo de las comunidades autónomas, competentes en materia de vivienda, que en su opinión "se están poniendo de perfil", y reclamado que se construya vivienda asequible en los próximos diez años, ya que se necesitan dos millones de casas en ese tiempo.

Álvarez ha denunciado la "insumisión" de las comunidades ante la gravedad del "problema social endémico" de la vivienda, ha considerado que se están demostrando "incompetentes en la materia", pese a tener las atribuciones transferidas, y ha criticado "la falta absoluta de colaboración" entre administraciones.

También en declaraciones a los periodistas Reyes Maroto ha dicho que el "grito" de esta manifestación tiene que ser oído por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento porque están "robando Madrid" y se están "echando" a la gente de sus barrios.

La socialista ha señalado que defienden el derecho a "vivir y no a sobrevivir" en la ciudad donde se confrontan dos modelos: el del PP que hace de la vivienda un "negocio" y el del PSOE que quiere "blindar la vivienda pública y ponerle coto a las viviendas de uso turístico".

Durante toda la marcha se han escuchado consignas en defensa de una vivienda digna y asequible para todos y cánticos como "Rentistas culpables, Gobierno responsable", "No es un piso chulo, es un puto zulo", "Ni casa sin gente, ni gente sin casa", "El próximo desahucio el ático de Ayuso" o "Madrid será la tumba del rentismo".

En muchos tramos del recorrido los asistentes han hecho sonar sus llaves a modo de protesta al tiempo que gritaban: "No nos vamos, nos quedamos".

Uno de los momentos emotivos de la manifestación ha sido cuando Mari Carmen, una mujer de 87 años en silla de ruedas, ha tomado el micrófono para contar que el próximo día 3 de junio la desahucia de su casa un fondo buitre.

"Mari Carmen no estás sola, estamos contigo" han coreado durante un largo rato los manifestantes, un grito de ánimo que han repetido en varios momentos de la protesta.

Entre las pancartas que portaban los participantes podían leerse algunos mensajes como "Las casas para quien las habita", "Gente jodida", "Más cigüeñas y menos buitres" o "La solución: expropiación".

"Techo y trabajo sin ser esclavo", "Si pago el alquiler no tengo para comer" o "Casas para vivir no para especular" son otros de los mensajes de los carteles.

Al llegar a la plaza de Cibeles, una de los asistentes se ha arrancado a cantar un chotis adaptado para la protesta, "el chotis del ladrillo", lo ha denominado.

Poco antes de las dos de la tarde, la marcha ha llegado a la calle Sevilla, donde representantes del Sindicato de Inquilinas y de los distintos colectivos sociales que han apoyado la marcha han hecho un llamamiento para avanzar hacia "una huelga general por la vivienda que paralice el país y termine definitivamente con el rentismo".

La vivienda empieza a ser el núcleo desde donde emana el grueso del descontento social. Está en el centro cuando se habla de la pérdida de poder adquisitivo, del endeudamiento, de las dificultades de emancipación, de la desigualdad… Hasta ha entrado de lleno en un debate más amplio como la lucha de clases o la forma en que debe operar un sistema económico. “Todo lo indispensable para la vida no deja de subir”, protestaba Elisa Molina, representante de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas en Madrid, durante la convocatoria de unas jornadas de protesta que arrancan este domingo 24 de mayo en Madrid. No se puede sostener, afirmó Molina, “que los alquileres estén por las nubes y los salarios por los suelos”. Y es que aquí ya no se habla solo de casas.

Las protestas comenzaron este viernes con una acción en la que una decena de miembros del sindicato atravesaban las puertas de la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social para encerrarse en el edificio. Querían forzar a la Administración a que unas 800 viviendas que tiene bajo su tutela pasen a ser públicas y se frenaran los procedimientos de desahucio que tienen abiertos algunos inquilinos. Se dirigían a los Ministerios de Vivienda y Seguridad Social con un plan de acción y al grito de “nos quedamos”. Pocas horas después, el Ministerio de Vivienda accedía a su petición: “Ambos ministerios han acordado que no va a haber ninguna nueva subasta ni venta de viviendas”, señalaban en un comunicado. Esta vez, el día terminaba entre aplausos. Un pequeño logro en un contexto que, por el momento, se presta poco al optimismo. De hecho, casi a renglón seguido, el sindicato madrileño republicaba en sus redes un vídeo para tratar de detener, por segunda vez, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que el 3 de junio volverá a enfrentarse a un intento de desalojo de la casa donde lleva residiendo toda su vida. 

Con estos mimbres llega una ola de protestas que empieza este domingo 24, pero se extenderá hasta el día 25 por diferentes ciudades españolas. El lema es “La vivienda nos cuesta la vida”, pero entre las reclamaciones que se hacen está también subir el salario mínimo, que se intervengan los precios de bienes básicos o que se controle el mercado desde lo público garantizando costes de vivienda asequibles y contratos estables. Por otro lado, los convocantes también dan una pista de la transversalidad del problema. Entre ellos se encuentran los sindicatos de inquilinas, CGT, CNT y un conjunto de movimientos de la sociedad civil como grupos por la defensa de las pensiones, el colectivo de bomberos contra los desahucios o movimientos ecologistas, feministas y antirracistas.  

“El alquiler ha subido en Madrid más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes. Se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que tres de cada cuatro días trabajados son para los caseros”, señalan en el manifiesto de la convocatoria. “La crisis de vivienda ya no es solo un problema habitacional, sino que se ha convertido en una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de las vidas de la gente común”, remataban en otro comunicado. 

La transversalidad del problema también se percibe en la creación a principios del mes de mayo de la Confluencia de Luchas, una plataforma impulsada desde los sindicatos de inquilinas, pero que integra a buena parte de los colectivos que ahora se suman a estas movilizaciones. En la definición que se han dado a sí mismos recogen que son “un espacio abierto a la integración de otros colectivos y organizaciones que compartan prácticas políticas similares basadas en el sindicalismo, la generación de contrapoder y la institucionalidad popular como palancas para la transformación social y la transición postcapitalista”. 

El alquiler y las condiciones que impone son el foco al que se dirigen las protestas. Los contratos por periodos breves de tiempo permiten escapar al control de precios, ya que al final de los mismos, los caseros pueden establecer la renta que consideren sin ningún tipo de tope. De ahí la insistencia de los sindicatos de inquilinas en lograr que los contratos sean indefinidos por defecto. La prórroga de los alquileres, que decayó en el Congreso en abril, dejó también un vacío en este sentido, ya que permitía extender los contratos y hacía posible que los inquilinos en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional pudiesen pedir la suspensión extraordinaria de su desalojo. 

Pero esta no ha sido la única derrota. Los pisos turísticos y el alquiler de temporada juegan un papel clave en el aumento de precios al avivar una demanda ya de por sí tensionada. El Gobierno impulsó una ventanilla y un registro único en el que se debían inscribir los pisos de alquiler vacacional para controlar su proliferación, pero el Tribunal Supremo ha tumbado parte de este mecanismo respondiendo a una denuncia presentada por la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP. Este jueves, el Supremo señaló que la competencia para registrar estos inmuebles era de las comunidades. Ahora, explican a infoLibre desde Vivienda, el registro lo tendrá que implementar cada región de manera individual y el Gobierno supervisará que cumplan con él. El objetivo de esto es evitar que proliferen este tipo de negocios sin licencia y sin control, ya que tienen una incidencia significativa en la demanda y, por tanto, en el encarecimiento de la vivienda.

Lo que la vivienda se lleva de los salarios es una de las cuestiones que ha hecho de este problema un asunto que va más allá de lo inmobiliario y, por ello, en estas movilizaciones será central la reclamación de una subida del salario mínimo. A menor renta, mayor porcentaje de ingresos se comen los bienes básicos e irrenunciables como la vivienda. Según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo, la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Pero la vivienda, que no se suele considerar en estas estadísticas, había aumentado su precio en 2025 un 12,7%, según el INE. Y esto solo en lo referente a la propiedad, algo que, además, no está al alcance de todos. En los alquileres, el portal inmobiliario Idealista fija el incremento en torno al 8,5%.

Los jóvenes son uno de los colectivos más golpeados por esta situación. Con salarios generalmente más bajos, porque están comenzando su carrera, el alquiler se lleva la mayor parte de su sueldo y no permite crear un colchón de ahorro para la entrada de una hipoteca. Los datos que ofrece el Consejo de la Juventud son demoledores: el alquiler medio en España supone el 98,7% del salario de una persona joven, lo que ha empujado la tasa de emancipación hasta los 30,2 años. Solo un 14,5% de los menores de 30 años logró emanciparse en la segunda mitad de 2025, la tasa más baja desde que existen registros. 

Otro punto polémico son los márgenes de beneficio del mercado inmobiliario, es decir, las ganancias de quienes invierten en casas. Ellos son el objetivo de la mayoría de los lemas que se corean en las manifestaciones de vivienda: "Fuera rentistas de nuestros barrios", coreaba la multitud en la manifestación de abril de 2025. Y aquí el debate vuelve a ser puramente económico. “Las actividades inmobiliarias alcanzan un máximo histórico de rentabilidad”, titula un informe realizado por Comisiones Obreras y publicado este viernes. El documento apunta que las empresas dedicadas al sector de la vivienda tuvieron un resultado bruto de explotación en los últimos cuatro trimestres que supera los 13.000 millones de euros “por primera vez” y su margen sobre ventas superó el 30%. 

De un lado hablan de “profesionalización del mercado”; del otro, de especulación pura y dura. Así, una de las peticiones en las que más se está insistiendo consiste en prohibir o limitar el acceso de fondos y socimis a la compra de viviendas. Es una medida que partía del grupo parlamentario Sumar, pero no salió adelante dentro de la coalición de Gobierno. El grupo plurinacional defendió esa prohibición el 19 de mayo en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis), pero no salió adelante. El PSOE pedía en ese momento rebajar el plan y condensarlo en medidas fiscales que penalizasen la compra especulativa. 

"Sostenemos el sistema y no tenemos casa", coreaban los manifestantes en la última gran concentración que tuvo lugar en Madrid, dando pistas ya entonces de que el problema de las casas era también un problema del sistema. Una crisis de vivienda que va más allá de la vivienda.

Lo habrán leído: el domingo 24 hay convocada en Madrid una manifestación por el derecho a la vivienda. La generación de cristal vuelve con sus reivindicaciones arrogantes. ¿Qué será lo próximo? ¿La escolarización universal? ¡Bolcheviques!

Asistimos, como dirían los moderados, a un choque de legitimidades. En la gresca, dos contendientes. De un lado, herederos diletantes, fondos buitres y gente que compró un piso en 1980 por dos pesetas y un chicle a medio mascar; del otro, a una miríada de trabajadores pobres, infame conjunción. En el centro, un delicioso bajo interior alicatado con amianto, que se cotiza a dos mil quinientos machacantes el metro cuadrado. "Cada uno tiene las propiedades que se ha ganado", declaró hace no mucho la presidenta de la Comunidad de Madrid, terruño invivible. La declaración coincidía con los tejemanejes inmobiliarios de la Casa de Alba —próceres de esa meritocracia de la que usted me habla—, quienes, siguiendo la consigna de la doña, andaban desalojando a unos fastidiosos inquilinos de un edificio ("que se han ganado") llamado a reconvertirse en una colmena de apartamentos turísticos.

En la última década, el problema ha escalado enteros. Lo que hace unos años era indignante ahora es insoportable. Las excusas las sabemos: el aumento poblacional, el famoso bien de mercado, el escaso parque público, las competencias autonómicas y mire usted, que somos el pe so e, no espere milagros de la buena gente que hizo ministra a Isabel Rodríguez. También, los análisis pertinentes están más que hechos: el alquiler medio ronda el salario típico, las tasas de emancipación juvenil caen a mínimos y porciones gigantescas de la población han inmolado sus aspiraciones vitales sobre el voraz altar en el que se alimentan sus caseros. Los bancos, esos usureros profesionales a los que rescatamos hará 20 años, trasladan su control de daños a las hipotecas de los más vulnerables. Y los grandes partidos escurren el bulto, no sea que la generación de jubiletas que gozó la mayor expansión económica de la historia de la humanidad tuerza el morro antes de las generales.

Yo entré en la facultad el día que quebraba Lehman Brothers. Figúrense, toda la adultez escuchando milongas sobre que lo del ladrillo es un nudo gordiano, que el segundo y el tercer pisito son el ahorro de la clase media, que la legislación no puede cambiarse a la ligera y que hay que exorcizar la inseguridad jurídica. Los espantajos asustan por barrios: el que entonces tenía un piso ahora junta tres, mientras que sus inquilinos —ya talluditos— siguen compartiendo baño a precio de gran suite.

No me suele adornar la prudencia, pero diría que los sintecho de este mundo hemos esperado suficiente. Si los poderes públicos no han encontrado cómo reconducir la avaricia de los rentistas (haría falta un experto carísimo para, en ocasiones, distinguir a los segundos de los primeros) habrá que plantarse. Lo han demostrado hace un par de días las compañeras del Sindicato de Inquilinas: para impedir que la Seguridad Social siguiera subastando casas (manda cojones), tuvieron que asaltar su sede e insistir con una sentada. El domingo tenemos la oportunidad de dejar las cosas claras. Uno no puede conversar con un buitre, pero sí espantarlo.

Allí nos vemos.

La manifestación central del Primero de Mayo, que este año se ha celebrado en Málaga, ha finalizado poco después de las 14.00 horas con la reclamación de los sindicatos UGT y CCOO para mejorar los salarios, poner solución al "polvorín social" de la vivienda y defender la paz mundial, informa EFE.

La marcha ha terminado con la intervención de los secretarios generales de los dos grandes sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, quienes han remarcado la necesidad de repartir la riqueza, aumentar los salarios y poner una solución al importante problema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes.

Los sindicatos, que cifran la participación en unas 20.000 personas, han resaltado el carácter internacional que ha tenido este Primero de Mayo por lo que está ocurriendo en Palestina, Gaza, Ucrania e Irán, y han expresado con rotundidad su rechazo a la guerra.

Pepe Álvarez ha señalado que hay que conseguir que la prioridad nacional sean "las mujeres y los hombres", ha abogado por volver a "plantar la batalla" por el control horario para que las empresas no sigan "abusando" y ha avanzado que si los precios siguen al alza, las dos organizaciones pedirán a mitad de año la subida del SMI.

Por su parte, Unai Sordo ha asegurado que "no hay mayor trinchera que no llegar a final de mes" y ha considerado que la subida media de los sueldos no es suficiente todavía para millones de familias. Ha calificado como "un escándalo" la situación de la vivienda, que "condena" a la juventud: "Es un polvorín social", ha dicho.

En todo el país, miles de personas se han sumado a las más de cien manifestaciones convocadas por CCOO y UGT este Primero de Mayo, bajo el lema "Derechos, no trinchera. Salarios, vivienda y democracia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado los avances conseguidos en los derechos de los trabajadores y ha destacado que estos han sido compatibles con unos niveles de creación de empleo récord. "Hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano", ha destacado en un mensaje en redes sociales donde felicita el Primero de Mayo.

Sánchez apunta que España es el país de la Unión Europea que más crece, con 22 millones de personas ocupadas y un salario mínimo que duplica el de hace tan solo una década. "Hemos avanzado mucho subiendo el SMI, reduciendo la temporalidad, con la reforma laboral, protegiendo el empleo, impulsando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres", añade.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que en España se va a seguir avanzando en derechos laborales y en protección social "sin dar un paso atrás". Saiz, que ha participado en la manifestación central, ha dicho a los periodistas que continuarán trabajando para que España "siga siendo un país próspero, de la mano del diálogo social". Ha recordado que "ha costado mucho llegar hasta aquí" y ha afirmado que se va a "garantizar" el crecimiento.

La oposición ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de convertir el trabajo en "una carrera de obstáculos" y ha asegurado que con su partido merecerá la pena "volver a trabajar", insistiendo en que "trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar".

En un vídeo difundido a través de la red social X, Feijóo ha señalado que el 1 de Mayo es el día de todos los trabajadores, pero especialmente "de los que madrugan, emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes", criticando que el Ejecutivo gane más "cuando las familias llegan con menos".

España necesita un cambio, ha dicho, "para devolver el sentido del esfuerzo" y por eso el PP hará "que valga la pena volver a trabajar"

Con la mirada puesta en la cuestión habitacional, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que volverán a llevar al Congreso el decreto que prorroga los alquileres "en defensa de la gente trabajadora" y de "miles de personas humildes" después de que "las tres derechas lo tiraran" en la Cámara Baja.

Díaz ha lanzado un mensaje "alto y claro" para defender a quienes "levantan España con sus manos". Ha rechazado la "resignación" y ha pedido que la gente salga a movilizarse porque "los derechos se ganan en las calles también", y ha enviado "un mensaje de optimismo" porque el Gobierno va a "seguir trabajando para defender a la clase trabajadora" y, en materia de alquileres, lo van a "volver a hacer".

En la misma línea, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para luchar por el derecho a la vivienda y para que el decreto "sea permanente". En el inicio de la manifestación que recorría el centro de Barcelona, Urtasun aseguraba, en declaraciones a los periodistas, que "hoy salimos a la calle con el derecho a la vivienda como cuestión central".

“Cada 16 minutos fallece algún dependiente. En 2025 más de 6.000 sin haberles reconocido o hecho efectivo el derecho a recibir los servicios de dependencia”. Son los preocupantes datos que ofrece el sindicato de Pensionistas de CCOO de Sevilla. La Ley de dependencia en Andalucía se aprobó en 2006 con el fin de garantizar ayuda a personas con falta de autonomía ofreciendo servicios y prestaciones económicas dependiendo de los grados de dependencia. Sin embargo, según denuncia la organización, existen muchos casos de personas que han sido condenadas por el Estado a una “eutanasia institucional”.

Fue el caso de la hermana de María Luisa Madrera, afiliada al sindicato, que cuenta que su hermana solicitó la ayuda en 2024, pero que “hubo que ingresarla en una residencia privada porque en la pública no había plazas”. Falleció en enero de este mismo año sin todavía recibir la aprobación de la dependencia. “Estuvimos esperando casi dos años y no obtuvimos respuesta de nadie”, cuenta Madrera. Como este, aseguran, muchos casos más.

Según la valoración del último barómetro sanitario del CIS (2025), el sistema de salud de Andalucía es considerado uno de los más saturados, algo que afecta sobre todo a los colectivos más vulnerables. En este caso son las personas de la tercera edad quien denuncia que, “en muchos casos, pasan hasta dos años hasta que se aplica la dependencia”.

Los mayores de 65 años representan más del 20% de la población andaluza y son 28 los que mueren al día esperando la prestación por dependencia. Solo en el mes de febrero han fallecido 652 personas en esa situación. De ellas, 437 murieron sin haber sido valoradas y 215 fallecieron con el grado reconocido pero sin recibir la prestación correspondiente, según informa El Diario de Sevilla. “Este problema lleva dándose ya mucho tiempo”, subrayan desde el sindicato. 

Pese a la urgencia de la situación, desde la Junta de Andalucía, argumenta el sindicato: “No reconocen la situación y dicen que todo está bien, para ellos es un logro que se hayan reducido las listas de espera aunque aún están lejísimos del límite que establece la ley”, cuenta a infoLibre Ángel Gómez, secretario general del sindicato Provincial de Pensionistas. El límite que marca la ley está en 6 meses, lo que equivale a 182 días.

Andalucía es la penúltima comunidad autónoma en cuanto a número de días de espera para la concesión de la dependencia, sólo por detrás de Murcia. “Está claro que Moreno Bonilla no ha sabido adaptarse a las circunstancias y su gestión exige medidas urgentes, hay más de 500.000 personas en listas de espera”, afirma Gómez. 

“Lo que buscamos es una solución integral que vaya desde la Junta hasta el gobierno central y que, por supuesto, todos los partidos políticos se comprometan con esta situación crítica”, exige el secretario general. 

Por ello, los sindicatos CC.OO y UGT de Pensionistas, han convocado una concentración el día 29 de abril para denunciar la situación de degradación que tiene la Ley de Dependencia. “Hay que denunciar la falta de plazas de residencia, las listas de espera y el comportamiento que está teniendo este gobierno con los mayores”. La manifestación será a las 12.00h frente al Palacio de San Telmo (Sevilla) con el lema ¡Basta de maltrato!

Nueve años después de las movilizaciones sindicales en defensa de una empleada de una pastelería de Gijón que acusaba a su empleador de acoso laboral, y nueve meses después de que un juez ordenara su inmediato ingreso en la prisión de Villabona en contra del criterio del fiscal (que reclamaba la suspensión de la condena), el grupo de sindicalistas de la CNT conocidos por Las seis de La Suiza ha recibido por fin el indulto en el Consejo de Ministros de este martes. La medida de gracia, que considera que su conducta, aunque delictiva, se produjo en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, será efectiva a partir del día siguiente, cuando se publique en el BOE.

Las seis de La Suiza –cinco mujeres y un hombre– fueron condenados en junio de 2021 a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia al considerar que los miembros de la CNT se habían excedido en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical al participar en varias manifestaciones en defensa de una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza, en Gijón, que había denunciado al propietario por acoso laboral y sexual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de la ciudad asturiana, fue ratificada por la Audiencia Provincial y, más adelante, en 2024, por el Tribunal Supremo. El pasado 9 de julio, el juez ordenó su inmediato ingreso en prisión.

El indulto, que ha impulsado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aprecia motivos de equidad, justicia y utilidad pública en la medida de gracia. Se justifica en que la conducta por la que fueron condenados –la participación en varias movilizaciones ante el comercio en el que estaba ocupada la empleada–, se produjo en un contexto laboral y en ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación o la libertad de expresión y la libertad sindical. Con su acción reivindicativa, además, los condenados no tenían la intención de cometer los delitos por los que finalmente fueron condenados.

La medida de gracia llega pese a los informes contrarios emitidos tanto por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, el autor de la sentencia, como del Ministerio Fiscal, que, sin embargo, el pasado verano, apoyó sin éxito que se suspendiera el encarcelamiento. El Consejo de Ministros indulta las penas de cárcel con la condición de que no vuelvan a ser condenados por ningún delito en los próximos cuatro años.

Todos los miembros de Las seis de La Suiza se encuentran en tercer grado penitenciario desde pocos días después de entrar en la cárcel a la que solo acudían a dormir y de la que estaban exentos los fines de semana. El perdón fue solicitado por una veintena de organizaciones sindicales, el Gobierno de Asturias y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que inmediatamente después de su reclusión afirmó que trabajaría desde dentro del Gobierno para lograrlo. "El sindicalismo es un derecho, no un delito", declaró. PSOE, Sumar, IU, Podemos o EH Bildu también se habían mostrado a favor.

Los hechos tienen su origen en un incidente laboral ocurrido en junio de 2015, cuando una empleada de la pastelería La Suiza, que se encontraba embarazada, comenzó a sentirse mal y pidió al dueño del negocio, sin éxito, que le dejara marchar. Al no permitírselo su empleador, llamó a su pareja, que tuvo un altercado con el propietario en el que estropeó un frigorífico de un golpe. La mujer terminó marchándose y, al poco tiempo, le dieron una baja médica por riesgo de aborto.

En 2017, cuando la empleada disfrutaba de su permiso por nacimiento y cuidado de su hijo, decidió que ya no quería trabajar en la pastelería. Aseguraba que sufría ansiedad y estrés y denunció acoso laboral y sexual por el propietario. También acudió a la CNT para que negociara con él la ruptura de su relación laboral, algo a lo que el dueño del negocio se negó.

El sindicato organizó entonces una quincena de concentraciones –la mitad de ellas comunicadas a la Delegación del Gobierno– a la puerta del local en el que, además del dueño, trabajaba su esposa, una hija y dos empleados más. Las primeras contaron con apenas una decena de afiliados de la CNT, pero con el tiempo se fue sumando gente hasta el punto de que, en alguna ocasión, llegaron a congregarse varias decenas de personas que gritaron a favor del cierre del negocio y corearon insultos a los clientes. En alguna de estas protestas se llegó a interrumpir la circulación y se tiró algún petardo. El propietario mantuvo en el juicio que tuvo que cerrar y malvender el negocio a causa de ese movimiento en defensa de su empleada.

La orden de ingreso en prisión contra Las seis de La Suiza llegó ocho años después de los hechos, cuando todos ellos se encontraban perfectamente insertados en la sociedad, con empleo y familias a su cargo. Esa fue la razón esgrimida por sus abogados el verano pasado para evitar su encarcelamiento, que esa medida habría interrumpido la normalidad de sus vidas. Sin embargo, el juez de lo Penal gijonés obvió sus alegaciones y la petición del fiscal de suspender la pena y los envió a Villabona. Tras el cierre de La Suiza en Gijón, su propietario abrió un establecimiento similar en Oviedo.

Un día después del 50 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la última dictadura en Argentina (1976-1983), el jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, dijo este miércoles que "hay que pasar página" y anunció una reconstrucción de las Fuerzas Armadas.

"Hay que pasar de página y mirar al futuro como país, contando la historia completa para no repetir las tragedias del pasado", afirmó, al expresar que Argentina requiere unas "Fuerzas Armadas fuertes y equipadas para defender la patria".

Y añadió: "Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas. Es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene".

El jefe de Gabinete se expresó así en una rueda de prensa horas después de que cientos de miles de personas salieran a las calles en Argentina para pedir justicia por los 30.000 desaparecidos y recordar los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

En la Casa Rosada, Adorni anunció que "este Gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar".

"Esperamos que el Gobierno que nos suceda, sea quien sea, le de continuidad a esta política de Estado. Es de interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología", argumentó.

A continuación anunció: "El 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional".

Adorni, quien en estos momentos está envuelto en un escándalo por supuesto mal uso de dinero público, es desde que el ultraderechista Javier Milei llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023, uno de sus más cercanos colaboradores.

Este martes cientos de miles de argentinos salieron a las calles de las ciudades del país para recordar la violencia y el terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura, justo cuando se cumplen 50 años del golpe militar que dio lugar a una de los periodos más oscuros de la historia de este país.

Con motivo de esta simbólica efeméride, el Gobierno de Milei difundió un vídeo de casi una hora de duración con sendas entrevistas a una mujer, que fue robada cuando era bebé, y el hijo de un militar asesinado por la guerrilla en los años 70.

En ese vídeo, ambos entrevistados minimizan los crímenes de la dictadura y piden lo que el gobierno considera la "historia completa".

Con el lema "historia completa", el Gobierno de Milei busca equiparar la acción guerrillera previa al golpe de 1976 con el terrorismo de Estado llevado a cabo durante siete años seguidos contra la población civil sin distinciones. 

Madrid se prepara para salir a la calle este fin de semana y protestar contra la guerra. El sábado 21 de marzo, la Asamblea Internacionalista de Madrid ha convocado una manifestación bajo el lema “No a la guerra”, a raíz de la escalada militar en el conflicto entre EEUU, Israel e Irán. La marcha dará comienzo desde Atocha a las 18.00 horas y finalizará en la Puerta del Sol.

Tras un encuentro en el que participaron más de 200 personas, la iniciativa, impulsada por distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales junto a activistas y personas individuales, busca “impulsar la solidaridad internacionalista contra la guerra, el militarismo y el imperialismo”. 

Los bombardeos siguen siendo la norma día tras día en Oriente Medio tras el ataque conjunto llevado a cabo por EEUU e Israel sobre la capital de Irán. La escalada bélica ha dejado ya más de mil muertos en Irán y no parece tener una solución sencilla. 

Para la asamblea, estos ataques son solo otro ejemplo más de cómo “EEUU e Israel buscan someter a los pueblos del mundo” como ya se vio “en el genocidio palestino, los bombardeos a Venezuela o el asedio contra Cuba”. Las organizaciones, durante la asamblea, subrayaron la necesidad de “construir un espacio unitario”.

La postura del Gobierno de España, a diferencia del resto de Europa, ha sido clara desde el principio: no a la guerra. Aunque para las distintas organizaciones este mensaje solo “señala la hipocresía de los discursos oficiales contra la guerra y el aumento del gasto militar, el papel de las bases militares de Rota y Morón en las operaciones militares para bombardear Irán o el envío de la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo”.

Otro de los focos de la movilización que se planteó en la asamblea es el “actual contexto de creciente militarización”, sobre todo en Europa, una dinámica que se refleja en el “rearme y el aumento de gasto militar” que en el caso español, señalan, “supera los 40.000 millones de euros, mientras se mantienen recortes en servicios públicos y derechos sociales”. 

Esta convocatoria, que tendrá como lema principal el “No a la guerra”, quiere ser “un primer paso para construir un amplio movimiento contra la guerra y el imperialismo”. Los organizadores buscan que se involucren especialmente la juventud, la clase trabajadora y colectivos sociales con el fin de “seguir ampliando y fortaleciendo el espacio unitario que impulse una movilización social contra la guerra". 

Miles de personas protestan este sábado por toda España reclamando parar la guerra en Irán junto a personalidades del mundo de la cultura, la sociedad y la política, en una iniciativa respaldada por más de 200 asociaciones bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza". También por personalidades del mundo de la política, como la coordinadora de Sumar Lara Hernández o la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, que han acudido a la concentración de Madrid.

En la capital española, con gritos de "No a la guerra", "¿Quién decide aquí? El pueblo iraní" y "Cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza", así como carteles pidiendo "Paz", unas 5.000 personas, según la organización, se han concentrado frente al Museo Reina Sofía, que alberga el 'Guernica' de Picasso, símbolo universal antibelicista. En otras ciudades, la participación ha sido más baja debido al mal tiempo como en Barcelona donde se han reunido unas 500 personas bajo la lluvia.

Interrumpido por gritos de "No a la guerra" y "OTAN no", el periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano ha sido el encargado de leer el manifiesto, que condena "el régimen criminal de los ayatolás" y expresa su apoyo al pueblo iraní, en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad, y -añade- "nada justifica los salvajes bombardeos de EE.UU. e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

En la ciudad Condal, ha sido la cineasta Chelo Álvarez-Stehle, la encargada leer el manifiesto que llama a las y los demócratas "a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza".

Cineastas, escritores y otras personalidades de la cultura han expresado su apoyo a sus colegas de Irán, Gaza y EE.UU. "La cultura siempre estará al lado de la humanidad, no a la guerra", ha resumido Javier Fesser.

Entre los asistentes también estaban Lluis Pasqual (director de teatro), Daniel Calparsoro (director), Benito Zambrano (director), Inés París (directora), Joaquín Oristrell (guionista), Teresa Aranguren (periodista) y Santo M. Ruesga (economista), entre otros.

También el eurodiputado del PSOE José Cepeda, quien ha asegurado: "Los socialistas no queremos la guerra ni bombas que solo perjudican a los ciudadanos".

En la Barcelona, la actriz Viky Peña ha leído un segundo manifiesto en favor de los derechos humanos de las mujeres en Irán mientras que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha condenado los ataques perpetrados en los últimos días por Israel y Estados Unidos.

Sevilla, Santander o Córdoba también han acogido las protestas que claman para que se pare la guerra en Oriente Medio.

La plataforma Parar La Guerra ha convocado para este sábado 14 de marzo concentraciones en más de 150 ciudades de toda España para exigir el fin de la guerra en Oriente Medio y del genocidio en Gaza. Bajo el lema “Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza", los promotores llaman a una nueva movilización “masiva” de la ciudadanía y de todos los sectores sociales para defender el derecho internacional y una paz “justa y duradera”.

El manifiesto, firmado por más de 1.500 personas, 200 personalidades de la cultura y 143 organizaciones condena el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán así como el régimen de los ayatolás pero recuerda que "es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro y nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

La jornada de protesta convocada para este fin de semana llega después de más de dos años de trabajo en los que la plataforma ha publicado ocho manifiestos y ha impulsado siete movilizaciones, con más de 15.000 apoyos en 35 países, siempre contando con centenares de profesionales de la cultura, organizaciones sociales y sindicales como Manuela Carmena, FETICO, COGAM, Uruguayos en Madrid, Alba Flores o Luis Goytisolo, entre otros muchos.

Parar La Guerra convocará a los manifestantes este 14-M a las 12:00 horas en todas las localidades y celebrará un acto central en Madrid en la Plaza de Juan Goytisolo donde se leerá el manifiesto que rechaza expresamente los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y sobre territorio palestino e iraní, que define como “una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial”. Al mismo tiempo, se reclama una salida “democrática y justa” para Oriente Medio. El escrito concluye con una llamada "a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional

Desde su constitución en octubre de 2023, Parar La Guerra ha buscado ensanchar el frente social contra la guerra, insistiendo en que la defensa de la paz debe estar “por encima de ideologías o credos” y llamando a la unidad de sindicatos, organizaciones y ciudadanía.

Cientos de personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir la aprobación del "escudo social" que esta semana se debate en el Congreso y que incluye, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026, según informa EFE.

El pleno votará el próximo jueves el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, una medida que previsiblemente será rechazada con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts.

La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha partido de la plaza Antón Martín y ha concluido en Sol, donde se ha leído un manifiesto.

Cientos de personas han participado en la marcha, que se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han coreado lemas como "ni gente sin casa, ni casas sin gente", "sin luz, sin gas, el rey tendría que estar", "no vamos a parar, estamos defendiendo el escudo social", "pensionistas y estudiantes, unidos y adelante" y "ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar".

El portavoz estatal de la Coespe en Madrid, Damián Rodríguez, ha explicado en declaraciones a EFE que van a proseguir con estas movilizaciones "de manera permanente" hasta que se dé luz verde al decreto, y ha lamentado que la derecha "no tiene ni corazón ni cabeza" y que "solamente tiene los ojos del dólar y de amasar dinero a espuertas".

En España casi cuatro millones y medio de personas pensionistas cobran menos de 1000 euros al mes, fundamentalmente con rostro de mujer, ha insistido el portavoz de la organización, al tiempo que ha pedido "que la pensión mínima se equipare con el salario mínimo interprofesional".

Ha remarcado que "el coste de la vida sube enormemente" y especialmente la vivienda, y si este decreto cae miles de personas podrían acabar en la calle, lo que provocaría "un estallido social incalculable".

Por su parte, el portavoz del sindicato de inquilinas, Fernando de los Santos, ha querido insistir en la unidad entre inquilinas, trabajadoras y pensionistas para proteger el escudo social que se va a votar esta semana en el Congreso y la revalorización de las pensiones.

"Nos han intentado enfrentar a pensionistas con personas trabajadoras, con personas que viven de alquiler, y rechazamos ese enfrentamiento, esto no es un conflicto intergeneracional, es un conflicto de clase", ha remarcado de los Santos.

A su juicio, la raíz del problema es la misma, tanto en el tema de las residencias de mayores como en los alquileres, ya que "son los mismos fondos, las mismas empresas, las mismas personas, las que están acaparando viviendas y privatizando las residencias".

El portavoz de CSI ha hecho hincapié en que "cobran unos precios por las camas en las residencias privadas que no se pueden pagar con las pensiones actuales y cobran unos alquileres que no se pueden pagar con los sueldos actuales".

Por ello, ha dejado claro que es necesaria una "revalorización de las pensiones, pero de la mano de ese escudo social que permita que no se produzcan desahucios", teniendo en cuenta que "más de 600.000 contratos de alquiler finalizan en el próximo año" y si no se hace nada podrían acabar en la calle.

En este punto ha recordado que la pensión media es de 1.400 euros y las camas en residencias privadas valen de media 2.200 euros, mientras que en el caso del alquiler se está destinando más del 70 % de nuestros sueldos.

"No podemos aceptar esto, tendrán que arreglárselas para aprobarlo (el decreto) y si no, nuestro trabajo seguirá siendo el mismo: organizarnos, salir a las calles, exigir estas medidas y organizarnos en nuestros bloques, en nuestros barrios, para acabar con los precios actuales de alquiler", ha concluido.

Cientos de manifestantes se concentraron este jueves a las puertas del Congreso de Argentina para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en el marco de la huelga general convocada para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, informa EFE.

Con la sede parlamentaria totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad, integrantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda y de diversos sindicatos exhiben banderas y carteles y lanzan consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país suramericano.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados y con la celebración de una huelga general, la cuarta convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023.

El paro de 24 horas fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí es parte de la protesta ante el Congreso.

Los sindicatos alegan que la reforma implica reducir derechos de los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un "importantísimo" nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de seguimiento de la huelga entre sus afiliados es del 98%.

Miles de docentes han salido a la calle este miércoles en toda Cataluña, complicando la movilidad por la mañana con cortes de carretera y acudiendo después a manifestaciones masivas, en una jornada de huelga para reclamar más salarios y recursos para atender al alumnado, informa EFE.

En el primer paro convocado por los sindicatos desde enero de 2023, cuando el conseller del ramo era Josep González Cambray (ERC), las centrales han conseguido una movilización que han calificado de "histórica".

En Barcelona, han sido 25.000 los profesores y maestros que han acudido a la manifestación, que ha partido a mediodía de los Jardinets de Gràcia y ha acabado frente a la sede del Departamento de Educación, en la Via Augusta, según cifras del consistorio.

Los sindicatos han cifrado en más de 60.000 los participantes en la marcha, un cálculo que elevan a más de 100.000 sumando los asistentes a todas las manifestaciones celebradas en Cataluña.

Los docentes, todos vestidos de amarillo, han blandido pancartas con sus principales peticiones y han hecho sonar silbatos y tambores, y han tirado petardos, creando un ambiente muy reivindicativo.

Entre los lemas que más se han gritado o que se leían en las pancartas destacan "Vamos a la huelga por el futuro de los niños", "Basta ya", "Queremos tiempo para educar, no para apagar fuegos", "Dignifiquemos la profesión", "Arriba salarios, abajo las ratios" o "La docencia no tiene que ser supervivencia".

En Barcelona, la pancarta que encabezaba la marcha con la presencia de los principales representantes de los sindicatos llevaba el lema "Basta ya, mejoras laborales ya". Al llegar frente al departamento, los manifestantes han lanzado globos llenos de tinta.

Un grupo de representantes de los sindicatos se han entrevistado brevemente con el director general de personal de Centros Públicos, Josep Maria Garcia Balda, y han salido denunciando que la consellería "no ha estado a la altura".

Al inicio de la manifestación, Yolanda Segura, la portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario, ha celebrado "el éxito" de la huelga, que ha calificado de "histórica", y ha asegurado que un 85% de los docentes y del personal laboral del sector público ha seguido el paro.

Según los datos del Departamento de Educación, basados en la comunicación de un 37% de los centros educativos, el seguimiento del paro ha sido del 37,23% del total de la plantilla.

Segura ha denunciado que los docentes "estamos -ha dicho- en una situación límite" y ha recordado que ya han anunciado una semana entera de paros del 16 al 20 de marzo para presionar a la Generalitat. "Este curso no acabará con normalidad si no hay una respuesta", ha asegurado.

La manifestación es el colofón a una jornada de movilizaciones que ha comenzado a primera hora de la mañana con concentraciones de docentes que han cortado el tráfico en una decena de carreteras de toda Cataluña y que han provocado el colapso circulatorio en los accesos a Barcelona.

Además de Barcelona, los docentes han llevado a cabo manifestaciones también masivas en Tarragona, donde han acudido 5.000 personas, así como en Girona, Lleida y Tortosa.

Entre las reivindicaciones de los convocantes de la huelga, los sindicatos USTEC-STEs (IAC), CCOO, CGT, UGT y Professors de Secundària, destaca un incremento salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo que arrastra el colectivo desde los recortes de la gran crisis económica, que los sindicatos cifran en un 20%.

También exigen reducción de ratios en las aulas para poder atender en condiciones al alumnado, estabilidad de las plantillas, más recursos para la escuela inclusiva y la eliminación de la sobrecarga burocrática.

Ante la movilización de los docentes, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, han tendido la mano a los sindicatos para seguir negociando y se han mostrado compresivos con sus reivindicaciones.

El Govern ha elaborado una propuesta de mejora de los salarios que llevará a la mesa sectorial de educación del próximo 19 de febrero y que representará "un punto de inflexión", según ha dicho el secretario de Mejora Educativa del Departamento de Educación, Ignasi Giménez Renom.

Irán es un extenso territorio rico en combustibles. El país alberga más de 90 millones de habitantes, casi la mitad mujeres. Al decir de la gente que sabe, todo por allí parece el mundo de la sinrazón. En esta entrada quiero sobrevolar el hipotético ámbito ecosocial iraní ligado al Cambio Climático (en adelante CC). ¡Qué ocurrencia! Pues sí. Lógicamente será un hablar casi de oídas, sujeto a muchas dificultades. Por eso me voy a imaginar un Irán dibujado y comprendido por diversos grupos de investigación y publicaciones científicas. Intento entender si una parte de la crisis actual, de las muestras de descontento de la población, no tienen que ver con alguna de las consecuencias del CC.

¿Quién sabe qué es Irán hoy? Sin duda, muchos sufrimientos y escasas satisfacciones para su población, qué decir para las mujeres. Señalemos de entrada que me apoyo en Inside Climate News. Se cuenta en un artículo firmado por Katie Surna (14/01/2026). Queda encuadrado en la sección “Justicia y salud”, que visto desde nuestra cultura occidental tiene relación, diacrónica muchas veces. No me cuesta imaginar lo que sucederá por allí. Reproduzco mensajes casi apocalípticos:

"El régimen iraní ha sobrevivido a la guerra, las sanciones y las revueltas. Quizás las crisis ambientales podrían derribarlo.

Décadas de agotamiento del agua, construcción de presas y represión de científicos y ambientalistas han llevado a Irán hacia crisis ecológicas que alimentan protestas que sacuden al país."

Las revueltas ciudadanas recientes parecen provocadas por dos cuestiones básicas: el colapso económico (con sus variables ecosociales) y el hartazgo de la represión política (causa y efecto de las dictaduras, sean religiosas o no). Pero pocos analistas dudan que detrás de las devaluaciones monetarias y los enfrentamientos callejeros empuja una variable más profunda y permanente: la catástrofe ecológica.

La situación no es nueva. Han pasado décadas de ignorancia hacia los científicos; se ha perseguido al activismo ecosocial. Además, se han llevado a cabo proyectos de desarrollo corruptos. Tal es así que han desencadenado una crisis hídrica extremadamente grave. De tal tamaño que el presidente Masoud Pezeshkian avisó a los residentes de Teherán que podrían verse obligados a evacuar la capital, que se hunde a medida que ceden los acuíferos secos.

El coste humano es asombroso. El deterioro de las infraestructuras, el mal diseño de los sistemas de riego y la sobreexplotación de los acuíferos han impedido que los agricultores cultiven con eficacia. Lo cual ha motivado migraciones masivas y el racionamiento de suministros básicos en las ciudades. La consecuencia humanitaria es tremenda: decenas de miles de personas, incluidos niños, mueren prematuramente cada año a causa de la grave contaminación del aire y el agua.

La crisis de contaminación atmosférica es letal. Lo saben bien quienes lo padecen en Teherán, Isfahán, Karaj, Tabriz, Mashhad y Ahvaz. Los registros de calidad del aire allí se mueven entre los rangos insalubre, muy insalubre e incluso peligroso. Teherán se encuentra entre las ciudades más contaminadas del planeta. En momentos determinados se ha optado por el cierre generalizado de colegios; a la vez se han suprimido servicios públicos y han aumentado con fuerza los casos respiratorios y cardíacos. La indignación pública ha crecido.

Para colmo, la dependencia del mazut, un fuelóleo pesado con un alto contenido en partículas y azufre, hace de respirar un envenenamiento continuado. Aún hay más. Los vehículos de Irán son de los más antiguos de la región. De hecho, más del 70% de las motocicletas de Teherán tienen más de veinte años. Solo con esto, el tráfico ordinario genera un daño desproporcionado. Además las políticas gubernamentales mantienen los precios del combustible artificialmente bajos. Lo cual provoca acumulación de emisiones en entornos urbanos densos, que tienen una circulación de aire limitada.

En realidad casi todo lo ecosocial se resiente: pobreza, desigualdad, opresión de clase, abuso de género, presión sobre las etnias no gobernantes; además de crisis hídricas y ambientales. “Todas estas calamidades son consecuencia directa de un sistema corrupto y desgastado”, al decir del comunicado que emitieron en diciembre los activistas estudiantiles.

Las protestas actuales, que estallaron a finales de diciembre, son las más grandes desde 2022-2023. El gobierno ha respondido con un apagón de comunicaciones, cortando el acceso a Internet en todo el país; han abundado las violentas medidas represivas. Varias ONG estiman que miles de personas han sido asesinadas y aún más arrestadas. Irán tiene desde hace tiempo un historial de ejecuciones de manifestantes, a menudo mediante ahorcamientos públicos.

Nos quedamos con el titular de aquella noticia publicada en Euronews que sintetizaba en parte la tragedia ecosocial: Irán estalla cuando la crisis climática convierte las protestas en una lucha imprescindible por sobrevivir.

Habrá que volver a leer Persépolis, de Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024. El Irán de las personas apenas se conoce. Pero sí la muerte de Mahsa Amini, tras ser detenida por llevar mal puesto el velo. Habrá que escuchar lo que nos dice  la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi. Acosada por “la justicia iraní”, mantiene la palabra viva. Denuncia continuamente las violaciones de derechos humanos en Irán; entre ellas la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico obligatorio.

Como sucede siempre, las y los iraníes lamentarán que el resto del mundo los ha dejado solos. Tras la brutal represión de las protestas, que reclamaban una mejoría de la vida ecosocial; ni más ni menos. No importa que el ogro occidental ruja para quitarle al pueblo iraní petróleo y otras riquezas.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

El sector agrario ha movilizado a más de 25.000 agricultores y 15.000 tractores, según datos de los convocantes, en un "súper jueves" de protestas —como así lo han denominado— para rechazar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur y el recorte previsto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Las organizaciones profesionales agrarias convocantes (Asaja, COAG y UPA) han valorado la "gran respuesta" del campo, especialmente en una jornada marcada por las inclemencias meteorológicas que han provocado la suspensión de actos en Sevilla y en Madrid, donde una representación de agricultores se ha reunido con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abordar sus problemáticas.

Los manifestantes se han concentrado a lo largo de esta jornada en ciudades y pueblos, pero también ha mantenido acciones en una docena de carreteras en puntos de Asturias, Región de Murcia y La Rioja.

En Andalucía, los agricultores se han manifestado en todas las provincias, salvo en Sevilla, donde las inclemencias meteorológicas han obligado a posponer su protesta.

Cientos de agricultores asturianos han secundado esta jornada en Barres, Bustio y Campomanes, donde han llegado a cortar la carretera N-630, mientras en Galicia, en Santiago de Compostela, decenas de ganaderos se han concentrado gritando consignas como "Non ao Mercosur", mientras sostenían una pancarta que pedía "Alimentos saudabeis, comercio xusto xa", o en Xinzo de Limia (Ourense) donde un grupo de productores ha cortado la autovía A-52.

Unos 130 tractores mallorquines con numerosos "payeses" han acudido hasta la protesta organizada en la localidad de Ariany y en la propia capital de la isla y, en Menorca, un centenar de productores, acompañados de ocho tractores, se han manifestado en el recinto ferial de Es Mercada ante la amenaza de menos fondos PAC.

En Canarias los tractores han llegado hasta la avenida Marítima de Las Palmas y los representantes del sector del plátano se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno, según ha informado la asociación de productores Asprocan en redes sociales.

Los productores cántabros han llegado con sus reivindicaciones hasta las puertas del Parlamento y de la Delegación del Gobierno, donde se han vivido momentos de tensión, con enfrentamientos entre manifestantes —que han dejado en la puerta un ternero muerto en protesta por los ataques del lobo— y agentes policiales.

En Castilla y León se han movilizado más de 2.500 tractores que han congestionado la circulación de todas las capitales excepto en Ávila, donde se manifiestan este viernes, y en Segovia, que lo harán el lunes.

En Castilla—La Mancha, numerosos tractores han tomado las calles de Toledo para exigir que no haya "más mentiras" con la PAC y el Mercosur; y en Comunidad Valenciana hasta 200 tractores y más de 2.000 personas han recorrido las calles de la capital en una protesta que ha dejado imágenes como ganaderos disfrazados de vacas "hormonadas".

Los agricultores murcianos han sido especialmente activos, protagonizando cortes de carreteras y el reparto de hortalizas a la ciudadanía.

En País Vasco, decenas de tractores han llevado hasta Bilbao sus quejas y han hecho sonar sus bocinas mientras eran aplaudidos por un centenar de ciudadanos.

En La Rioja, unos 1.500 agricultores, con 400 tractores, han realizado cortes intermitentes de cinco zonas estratégicas para expresar su hartazgo a lo largo de todo el día, con una quema de fardos de paja en Briones que luego han sido retirados.

En total, los convocantes han celebrado protestas en 30 provincias.

Los agricultores extremeños, catalanes y aragoneses no han convocado ninguna acción de relevancia para este jueves, si bien, han protagonizado otras protestas en días anteriores.

El campo suma así una jornada más plantándose frente a la ratificación del acuerdo UE—Mercosur y ante el temor de que Bruselas aplique un recorte de hasta el 22% en los fondos asignados para el próximo período de la PAC.

Las conexiones a internet global mejoraron este martes en Irán tras 19 días de bloqueo, una medida que se tomó en medio de las protestas más violentas en la historia de la República Islámica con la muerte de miles de manifestantes. “Con el apagón de internet en #Irán acercándose al día 20, muchas redes están comenzando a ser visibles internacionalmente”, dijo en X Netblocks, organización que vigila el tráfico y la censura en la red. Netblocks matizó, sin embargo, que “no hay un retorno a la normalidad: la web sigue fuertemente filtrada mediante una lista blanca”.

EFE comprobó que las conexiones mejoraron a primera hora de la tarde de este martes y comenzaron a funcionar los programas de VPN, necesarios para saltarse la censura y usar aplicaciones como WhatsApp y X.

Las autoridades iraníes aplicaron el 8 de enero un apagón de comunicaciones con el bloqueo de internet global, las llamadas internacionales y los SMS locales, que ha ido levantando poco a poco. Así, durante días los iraníes han tenido solo acceso a una red interna, limitada a servicios locales y medios estatales, en una medida sin precedentes en el país. Sin embargo, desde el pasado viernes se observó una mayor disponibilidad de servicios y páginas web internacionales.

El apagón se produjo en medio de las protestas que comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída de la moneda nacional, el rial, y que se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica. Esas manifestaciones alcanzaron su momento crítico el 8 y 9 de enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán seguidos de una fuerte represión.

La ONG HRANA, con sede en EEUU, informa de 6.126 asesinados por el régimen.

El corte de internet global en Irán le cuesta al país unos 35 millones de dólares diarios y afecta a 10 millones de trabajadores que dependen de la economía digital, reconoció este lunes el ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Sattar Hashemi.

La Casa Blanca evitó este lunes disculparse por las afirmaciones realizadas por miembros del Gobierno de Donald Trump sobre el hombre que murió por disparos de agentes federales el sábado en Mineápolis, que lo acusaron de "asesino" o de ser un "terrorista doméstico" poco después del suceso, informa EFE.

Al ser preguntada por qué distintos miembros de la Administración optaron por llegar a determinadas conclusiones cuando no se sabía mucho sobre el incidente, la portavoz de Casa Blanca, Karoline Leavitt, se escudó en que la situación está cambiando de manera muy rápido.

"Esta ha sido una situación muy cambiante y que se ha desarrollado rápidamente durante todo el fin de semana. En cuanto al presidente Trump, en cuyo nombre hablo, ha dicho que quiere que la investigación continúe y que los hechos hablen por sí solos", respondió la portavoz.

"Un asesino trató de asesinar a agentes federales" escribió en X el jefe de gabinete adjunto, Stephen Miller, poco después de que varios oficiales del inmigración tirotearan a Alex Pretti, enfermero de 37 años, en Mineápolis, en el transcurso de un operativo para arrestar migrantes.

En su primera intervención tras el suceso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que Pretti trató atacar a los agentes y blandir su arma con "intención de hacer daño" y de llevar a cabo actos de "terrorismo doméstico".

Múltiples vídeos del tiroteo contradicen lo dicho por Noem o Miller, ya que muestran a Pretti protegiendo a dos mujeres de los empujones y del gas pimienta de los agentes, que se echan encima suyo y le requisan su arma para, a continuación, dispararle varias veces por la espalda cuando yace en el suelo.

Al ser preguntada sobre si alguien en la Administración tiene previsto disculparse con la familia del enfermero fallecido por esos comentarios, Leavitt se limitó a decir que "el incidente sigue bajo investigación" y que nadie en la Casa Blanca, "incluido el presidente de Estados Unidos, quiere ver a estadounidenses heridos o muertos".

La muerte de Pretti supone el segundo suceso de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, falleció a causa de los disparos de un funcionario de inmigración.

Las redadas a gran escala contra migrantes en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales supuestamente malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

Es un sábado cualquiera en Madrid. El buen tiempo, que no se había prodigado demasiado por la capital, hace que muchos hayan salido a las calles a pasear y a realizar sus compras en plenas rebajas. Sin embargo, en la plaza de Callao, muy cerca de la Puerta del Sol, se escucha un clamor muy poco habitual en España. Varias decenas de personas se reúnen en círculo portando banderas verdes, rojas y blancas con un león en el centro. En el interior de la circunferencia unas mujeres simulan a las personas asesinadas por la teocracia de Irán durante estas semanas de protestas, que algunas organizaciones cifran en decenas de miles de personas. Podría parecer una muestra de apoyo más a los manifestantes iraníes que han salido a las calles, pero ese león de la bandera y los gritos que se escuchan hablan de algo más. “Pahlavi, Pahlavi, Pahlavi”, repetían sin cesar. No solo pedían el fin del régimen de los ayatolás, pedían que su sustituto fuera el hijo del último sha de Persia, Reza Pahlavi.

Durante este último mes, este hombre de 65 años, que aún se hace llamar a sí mismo Príncipe Heredero de Irán, ha saltado de las portadas de las revistas del corazón a la primera plana de los principales periódicos internacionales. Para algunos es la esperanza de una alternativa democrática y alejada del fundamentalismo de los ayatolás, para otros es la rémora de un pasado que, lejos de ser ejemplo de virtudes, era sinónimo de represión, corrupción y pobreza. 

Y es que, pese a que en muchas de esas manifestaciones a su favor, sobre todo fuera de Irán, colocan al país persa previo a la Revolución Islámica como una suerte de arcadia perdida a la que anhelar, todo es mucho más complicado. “Parte de su encanto está precisamente en eso, en ser representante de ese pasado idealizado, de una suerte de orden que fue previo al caos de los ayatolás. Es una figura que tiene un predicamento especial en los jóvenes porque lo ven como un lienzo en blanco sobre el que proyectar esos deseos de cambio”, explica Samuele C. Abrami, investigador principal de CIDOB.

Sin embargo, hay unos cuantos matices a esto. El primero es que no hay ninguna garantía de que Reza Pahlavi sea esa figura democratizadora que muchos desearían. “Cuesta mucho imaginarle como una persona que pueda liderar una transición. Durante todo este tiempo, el hijo del sha ha estado más interesado en velar por los intereses de sus aliados extranjeros, Israel y EEUU, que en los de Irán. Y en las preocupaciones de estos no está precisamente la democracia, sino tener un interlocutor más o menos estable en el país que tome algunas medidas cosméticas, como el tema de las ejecuciones, por ejemplo, pero que probablemente no llegaría más allá. El foco está en la energía iraní y en la seguridad de Israel, no en la democracia”, asegura Álvaro de Argüelles, analista de El Orden Mundial y doctorando en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid.

El segundo matiz y probablemente el más importante, es que este ‘fenómeno Pahlavi’ tiene mucho más de construcción desde el exterior que de deseo de la sociedad iraní que se encuentra en el país. “Dentro no tiene ninguna legitimidad política ni moral. Está muy condicionado por el legado de atrocidades de su padre y el hecho de que viva entre lujos en EEUU tampoco ayuda a que en Irán se le vea como una alternativa razonable al régimen de los ayatolás. Me parece que esta vuelta a primera plana de Pahlavi es algo más creado desde el extranjero que algo verdaderamente anclado en los iranís”, comenta Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos.

La experta piensa que, si bien han salido imágenes de las protestas en Irán donde se observa a los manifestantes pedir la vuelta del hijo del sha, cree que son más una forma de desafiar al régimen que una genuina popularidad de Pahlavi. Además, en sus intervenciones públicas, sus palabras se centran más en su deseo de volver a la senda de los Acuerdos de Abraham y de mantener buenas relaciones con EEUU e Israel que en ofrecer un programa alternativo y que pueda servir como una propuesta de país sólida. “Si hablara de mejorar las condiciones económicas de los iranís o de cómo resolver los problemas de malestar social estaría haciendo una mejor ‘campaña electoral’”, opina Argüelles. 

Pahlavi, al llevar la práctica totalidad de su vida fuera de Irán no tiene una vinculación con los ciudadanos del país ni tampoco ninguna estructura allí que le pueda ayudar. “Su problema es que no hay nada más allá de su propia persona. No tiene ni siquiera un partido político con una ideología ni un programa. Eso muestra hasta qué punto es algo muy promocionado desde fuera en redes sociales y con fuerte predicamento en los jóvenes, pero que realmente no se sostiene en nada sólido cuando miramos dentro de Irán”, insiste Meneses. 

De hecho, si de algo habla el auge de Pahlavi como figura alternativa es de la falta de una oposición clara al régimen de los ayatolás y que pueda ser llamada como tal. “Al final, lo que hace el hijo del sha es dividir aún más a una oposición muy debilitada ya de por sí, porque muchos de los que están en contra de la República Islámica nunca estarían a su favor”, advierte Abrami.

En eso está, precisamente, el quid de la cuestión. Pese a que las protestas de diciembre-enero han sido de las más fuertes de los últimos años y a que el régimen de los ayatolás vive en uno de los peores momentos desde su creación, las manifestaciones no han logrado tumbar el poder. Una vez más, la dictadura ha resistido gracias a una ola de represión que ha vuelto a silenciar las calles. Esta vez más mortífera que nunca. Con una maquinaria tan agresiva y bien engrasada y una falta total de una alternativa real al régimen, Irán está de nuevo en la casilla de salida. 

“El régimen ha mostrado de nuevo que no tiene fisuras internas. Todos han cerrado filas en torno a él y han decidido sustentar la dictadura, que sigue conservando el apoyo de los militares. Esto ha sido un trabajo de años, desde que la línea más dura de la República Islámica se impuso, la disidencia dentro del propio régimen desapareció gracias a la máquina represora”, comenta Meneses. Igualmente, el investigador del CIDOB también ve fundamental el papel que ha tenido EEUU, con Donald Trump primero animando a las manifestaciones e incluso sugiriendo una posible intervención al silencio total por parte del magnate.

Con esa represión salvaje y sin tener realmente a nadie que pueda canalizar las demandas, la ciudadanía está en un lugar complicado. Durante estos años, los iraníes ya se han mostrado concienciados y deseosos de un cambio, incluso ante la violencia del régimen, pero no han conseguido aglutinar ese descontento en torno a nada.  Es una situación que a De Argüelles le recuerda mucho a la que se vivió durante las Primaveras Árabes de principios de la década pasada. Lo que en un inicio se vio como un impulso democratizador de países que llevaban viviendo bajo autocracias acabó no consolidándose, precisamente, por esa falta de una alternativa al status quo.  

La represión tiene una importancia máxima en ese proceso. “Desde hace tiempo la República Islámica dejó claro que cualquier liderazgo que surgiera en la oposición sería reprimido inmediatamente”, señala Abrami. Ya quedaron atrás líderes como el expresidente Mohamed Jatamí, que durante los primeros años de este siglo representaron un ala más reformista y aperturista en Irán. Desde que dejó el poder y este cayó en manos del conservador Mahmud Ahmadineyad, la deriva de la dictadura ha sido ahogar cada vez más a la oposición. Lo hicieron después de las protestas de la Revolución Verde de 2009, en la que los manifestantes denunciaron un fraude electoral para la reelección de Ahmadineyad en detrimento de Mir Hosein Musaví. La movilización popular terminó con este último en arresto domiciliario, prácticamente incomunicado, con los líderes aperturistas perseguidos y con el ala reformista cada vez más desdibujada.

Ahora, para De Argüelles, lo que existe como oposición es una suerte de establishment dentro de las élites que poco se parece a ese grupo de los reformistas de antaño. Más que cambiar el régimen, explica, están más centrados en hacerse con el poder, e incluso muchos de esos cuadros menos radicales ni siquiera se han opuesto al uso de la violencia en la represión de las manifestaciones. “Evidentemente ninguno de ellos responde a las demandas de la población ni tampoco son populares”, recuerda el analista de El Orden Mundial.

Más allá de esas élites y de lo poco que queda del ala reformista, la oposición más real la integran diferentes grupos étnicos que están frontalmente en contra de los ayatolás. Los dos más destacados son los kurdos y los baluchíes, que pese a esa oposición, es difícil verlos como una alternativa real. “Son minorías que están muy apegadas a una región concreta y cuyas reivindicaciones son muy locales. Resisten contra el poder central pero ni tienen una marca política ni capacidad para aglutinar de forma nacional”, describe el experto del CIDOB. Una reflexión en la que coincide Meneses: “Todo esto muestra una disidencia fragmentada y sin una figura unitaria que pueda unificarla. Cada una tiene su parcela y no son capaces de tener la influencia para ser un motor de cambio real”. Porque mientras las banderas de Pahlavi ondean en las calles de Occidente, en Irán la única bandera sigue siendo la de la violencia y la represión.

Dicen que las calles de Teherán huelen a sangre: la sangre de los manifestantes asesinados por este régimen brutal.

Hasta la fecha de este artículo, el país lleva más de 240 horas de apagón digital, una flagrante violación del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Es una estrategia intencionada por parte de un régimen teocrático acorralado y desesperado por sobrevivir a cualquier precio, en contra de su población, agotada, con poco que perder y mucho que ganar.

Las revueltas iniciadas en el Gran Bazar de Teherán fueron el detonante para que afloraran toda la rabia y el hartazgo de una sociedad contenida por décadas de represión sistemática. Se unieron universitarios/as, trabajadores, mujeres, jóvenes y minorías étnicas, ahondando aún más la brecha entre la mayoría de la población y la clase dirigente.

Son décadas de corrupción estructural, de encarecimiento del coste de la vida, devaluación constante de la moneda y opresión sistemática, sobre todo contra las mujeres. Todo ello, agravado por sanciones internacionales, que, lejos de debilitar al régimen, no han hecho más que empobrecer a la población. A todo ello, una gestión económica nefasta, basada en la expansión de la influencia regional antes que en el bienestar de su población. 

En una tierra rebosante de petróleo y gas, la inflación ronda el 50-60% anual y la mayoría de las familias iraníes apenas puede cubrir sus necesidades básicas. Los beneficios generados por la explotación de los recursos no revierten en la mejora de las condiciones de vida de la población. En cambio, una parte importante de dichos recursos se ha destinado al ambicioso programa nuclear y a financiar los proxy que no han hecho más que desestabilizar la zona. 

Mientras, se ha ejercido una discriminación sistemática contra mujeres, minorías étnicas y religiosas, que se suma a la destrucción medioambiental, que condena a los jóvenes a ninguna esperanza sobre su futuro. Y la respuesta del régimen a estas demandas por una vida digna ha sido la de siempre: violencia, detenciones arbitrarias, muerte y aislamiento digital. 

Este nuevo ciclo de protestas muestra que el problema no es coyuntural, y conecta con la larga lucha del pueblo iraní, reflejando la fragilidad y la pérdida continuada de legitimidad del régimen, que solo sabe recurrir a la represión, sin dar solución a tanta miseria, a tanta humillación acumulada. Ya no bastan algunas concesiones ni tímidas reformas. El pueblo exige el derrumbe de este sistema.  

Para reprimir sin testigos y eludir rendir cuentas de sus atrocidades, desde el ocho de enero, el régimen ha cortado Internet, las líneas móviles y la telefonía fija. Desde entonces, los pocos videos que llegan –por VPN, Starlink o gracias a personas que han cruzado literalmente a pie la frontera con Turquía– muestran un país en llamas, donde manifestantes desarmados son masacrados por quien debería velar por su integridad. 

Puede que nunca se llegue a conocer y verificar la cifra real –algunas fuentes hablan de más de 16.000, un auténtico genocidio político–, pero incluso si solo una persona hubiera sido asesinada por expresar su opinión, debería avergonzarnos como sociedad civil. El ansia de supervivencia y miedo de este régimen despiadado es tal que ha llegado incluso a realizar redadas en hospitales para rematar a los heridos de las manifestaciones e intimidar al personal sanitario para que no cumpla su juramento hipocrático. 

Desgraciadamente, el régimen iraní cuenta con una estructura coercitiva y de seguridad muy cohesionada. Los Guardianes de la Revolución y las milicias paramilitares Basij juegan un papel fundamental en la represión interna y tienen importantes intereses en casi todos los sectores estratégicos del país –financiero, armamentístico, industrial, económico y político–, en estrecha alianza con los clérigos. Esta acumulación de poder y riqueza parece no tener límites, protegida por una maquinaria represiva que le garantiza su impunidad y ha sido reforzada por el uso creciente de combatientes de grupos proxy de origen afgano e iraquí para sofocar las revueltas.  

La cuestión principal es hasta qué punto puede ampliarse la brecha ya existente entre el pueblo y el régimen, y cuánto tiempo más podrá sostenerse el pulso entre una sociedad que demanda libertad y un sistema basado en el control coercitivo. Esta tensión puede desestabilizar el régimen, aunque por ahora, tristemente, no parece que haya indicios claros; pero no debemos olvidar que Irán ha demostrado ser inmune a las teorías convencionales y todo desenlace puede ser posible.

A pesar de la heterogeneidad ideológica y social de la población, existe un consenso uniforme, amplio y transversal: el rechazo casi unánime a este régimen autoritario. Las alternativas de cambio de régimen oscilan entre una oposición interna fragmentada y debilitada por décadas de represión –con muchos de sus líderes encarcelados o silenciados– y una oposición en el exilio también dividida, en la que destaca la figura de Reza Pahlavi, hijo del último Sha, como posible catalizador del descontento social y que parece tener una aceptación significativa entre los manifestantes. 

Y a este complejo escenario se suman múltiples variables internas, tales como una eventual toma del poder por parte de la Guardia Revolucionaria o una transición pactada desde el propio régimen, para perpetuarse en el poder a cambio de ciertas concesiones limitadas y controladas. 

Todo ello está atravesado, además, por cálculos geoestratégicos y por la amenaza externa. Los mensajes del presidente Trump y de su homólogo israelí son usados por el régimen para desplegar su narrativa habitual de la injerencia extranjera, recurso recurrente para generar cohesión interna y deslegitimar a la oposición interior.

Es indudable, por lo tanto, que nos encontramos ante un momento potencialmente decisivo en la historia de este país fascinante, cuya población valiente y resiliente no merece sufrir un día más esta represión brutal. Una población que aspira legítimamente a convertirse en protagonista de su propio futuro, en un horizonte de dignidad y libertad. 

Se trata de un anhelo profundo de dignidad humana, de una necesidad vital imperiosa, pese al alto precio a pagar que implica lograrlo.

Por ello, debemos seguir exigiendo la defensa de los derechos humanos y la justicia, que los responsables de estas atrocidades sean juzgados, con todas las garantías legales que ellos mismos niegan a su población. 

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Anahita Nassir es politóloga hispano-iraní y colaboradora de la Fundación Alternativas.

Miles de personas recorrieron este sábado el centro de Copenhague al grito de "Groenlandia no está en venta" y en contra de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con ese territorio autónomo danés, según informa EFE.

La manifestación, convocada por organizaciones de groenlandeses residentes en Dinamarca y una ONG danesa, comenzó en la plaza del Ayuntamiento, donde intervinieron, entre otros, la alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling, y varios políticos groenlandeses.

"No se puede comprar a la gente, no se puede cambiar el mapa del mundo según los deseos de los poderosos", dijo Welling.

La diputada autonómica groenlandesa Pipaluk Lynge resaltó, por su parte, que "no es sólo Groenlandia, sino todo el orden mundial lo que está en juego".

Las más de 15.000 personas, según los organizadores, que llenaron la plaza recorrieron luego las calles del centro ondeando banderas danesas y groenlandesas y con cánticos como "Kalaallit nunaat, kalaallit pigaat" (Groenlandia es de los groenlandeses).

La manifestación finalizó delante de la Embajada de Estados Unidos, donde se repitieron las consignas de que Groenlandia no está a la venta.

Miles de personas participaron también en otras concentraciones similares celebradas en las otras principales ciudades danesas como Aarhus, Odense y Aalborg.

Miles de personas se manifestaron este sábado en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar los intentos del presidente de Estados Unidos de adquirir el territorio, o anexionarlo a la fuerza, en una de las protestas más multitudinarias que ha vivido en su historia.

Los manifestantes, que en su mayoría portaban la bandera rojiblanca de Groenlandia, un emblema creado en 1982 pero que se ha convertido en los últimos días en una expresión de orgullo de la nacionalidad groenlandesa, gritaron durante la marcha que terminó en el consulado de EE.UU. en Nuuk, consignas contra las amenazas de Trump.

Entre las pancartas que llevaban los manifestantes abundaban las que incluían la frase que se ha convertido en el lema de la resistencia groenlandesa: Groenlandia no está a la venta. Pero también hubo carteles con mensajes como "Yankes, go home" ("yanquis fuera") o "Nosotros decidimos nuestro futuro".