Las cosas no pintan bien. O como ustedes prefieran: las cosas pintan mal. Hace medio siglo que este país dejó demasiados deberes sin cumplir. No progresó adecuadamente, como suele decirse —si no estoy equivocado— en el lenguaje de las aulas. A partir de la muerte de Franco íbamos a atar los perros con longanizas. La República estaba a la vuelta de la esquina. Los golpistas que se habían tirado 40 años haciendo de Drácula con la gente de la derrota iban a saber lo que valía el peine de la represión. No en plan venganza, claro que no: la Justicia de la democracia recién estrenada ya se ocuparía de hacer bien su trabajo. Nada de juicios ilegales como los de la dictadura, que condenaron a cárcel y muerte a tantísima inocencia. Se celebrarían juicios con todas las garantías para los jerifaltes del franquismo. La historia sin embustes sería contada en las escuelas, en las casas que habían vivido tantos años con el miedo en las tripas, en las mesas de los bares, porque la conversación pública ocuparía el lugar del monólogo o el silencio impuesto por los vencedores. Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso se pensaba. Pero resulta que, antes de que se enfriara el fiambre de la tromboflebitis, llegó la Transición y a la lechera se le hizo añicos el cántaro antes de llegar a la plaza para vender la leche.

Poner en entredicho la Transición estuvo proscrito la tira de años. Era como mentar a la bicha franquista si la criticabas. Ojo con despertar a la bestia. El acuerdo de las élites estaba claro: que no vuelva el desorden, que nadie quiere otra guerra, que la reconciliación no sería posible si cada cual no cedía al otro su parte de razón. Mucha gente nos preguntábamos qué parte de razón les tocaba a los franquistas. A los franquistas les tocaba la razón de la Justicia. Eso creíamos. Y punto. ¿O es que la democracia iba a ser un poco más de lo mismo que lo que hubo antes? Porque si el perro ha muerto, pero sigue la rabia, qué hemos adelantado con la muerte del perro. Y así durante muchos años. Criticar la Transición, su demasiada complacencia con los verdugos y una incomprensible vocación imperativa de olvidar a las víctimas, se convirtió casi en un delito. Así que nos dedicamos a exportar nuestro modelo de Transición a medio mundo. Éramos la hostia, el no va más de los ejemplos transicionales de las dictaduras a las democracias. De repente, todos íbamos a ser amigos de todos, a olvidar viejas rencillas de hermanos agrietados por una herencia maldita, a celebrar la gran fiesta de la reconciliación —como en aquella aventura de Corto Maltés— en los pedruscos mágicos de Stonehenge. Muchos años después leí lo que escribió Avishai Margalit en Ética del recuerdo: antes de la palabra reconciliación hay que colocar la palabra verdad. Y aquí hicimos lo contrario. Todos amigos de todos, aunque el nexo de unión siguieran siendo las mentiras del franquismo.

Las raíces de la Transición fueron saliendo a la superficie y levantando espacios de sombra que impidieron cada vez más dar algo de luz a la historia. Las leyes de memoria —o mejor: de olvido— llegaron muy pronto: la de la Reforma Política, la de Amnistía, la Constitución… El 23F sellaría el triunfo del miedo a la democracia de verdad. Luego llegaría Felipe González para que la chaqueta de pana se convirtiera en traje principesco, como en los cuentos de hadas, y después Aznar le haría la ola al franquismo ya sin complejos de ninguna clase. Ni verdad, ni justicia, ni reparación, como algunos exigíamos y seguimos exigiendo desde que empezamos a pensar que los tiempos podrían ser otros y tan distintos. Y ahora resulta que esos tiempos vuelven a ser los de cuando el perro no se había muerto y se pasaba el rato torturando a quienes defendían la libertad por las calles de un país sombrío hasta las cachas.

La famosa reconciliación que propugnaban los consensos de la Transición está hecha unos zorros. Que se lo pregunten a Aznar, a Feijóo, a Abascal, a Díaz Ayuso, a los militares fascistas a los que les gustaría fusilar "a 26 millones de hijos de puta", a los "imparciales" miembros del Tribunal Supremo. O a ese juez, carne de patología clínica obsesiva, Juan Carlos Peinado... Sí, que se lo pregunten a ese franquismo togado que está dinamitando la confianza en las instituciones y, en una despiadada connivencia con el PP y Vox, la misma democracia. No olvido, faltaría más, a esa gentuza que, desde su criminal manera de entender la política, orilla el bien común en beneficio de sus bolsillos.

La Justicia se está convirtiendo en un pozo ciego lleno de mierda. Muchos miembros de la judicatura aplican las leyes desde una parcialidad que da miedo. Sus instrucciones y sentencias se parecen cada vez más a lo que fueron los juicios ilegales de la dictadura. Hay muchos jueces y juezas que destrozan las garantías de defensa, que filtran detalles de la instrucción para que sus medios afines sentencien antes de tiempo lo que ni siquiera sabemos si es delito, que convierten un oficio noble, como lo es el de la tercera pata de un Estado de derecho, en un estercolero.

No sé qué esperamos para salir a las calles exigiendo que las togas no sean las que gobiernen un país demasiado anclado en los miedos del pasado. Que los jueces no se critiquen entre ellos es una cosa: ya se sabe que existe eso que se suele llamar cultura de la tribu. Además, también sabemos que no todos los jueces son lo mismo y que, dentro de sus posibilidades, algunos aportan una miaja de luz entre tanta oscuridad. Eso es cierto, pero que permanezcamos impasibles ante la impunidad de quienes se aprovechan de su poder casi intocable para convertir la Justicia en el cervantino patio de Monipodio es otra cosa bien distinta.

Las cosas no pintan bien. O, si ustedes lo prefieren: pintan mal. Pero precisamente por eso hemos de plantarle cara al infortunio. No vale quejarnos y dejar que ese infortunio siga como si nada. Podemos ganarle la batalla a esa tropa que desde la política, la judicatura y los medios instalados sin tregua en la mentira no va a parar de boicotear como sea los avances democráticos. El 23 de julio de 2023 le salió a esa Brunete acorazada el tiro por la culata. Y eso lo vamos a repetir sean cuando sean las próximas elecciones. Digo sean cuando sean. Pero antes y hasta entonces seguiremos dando caña al fascismo de las togas. Y al otro. Yo propongo que en las calles. Aunque cada cual puede plantarle cara —desde donde y cuando le sea posible— a ese franquismo que, con toga o sin toga, se ha puesto como nunca a cumplir los deberes puestos por el jefe Aznar: el que pueda hacer, que haga. Pues yo me apunto a esa sugerencia desde mi humilde trinchera en esta columna de infoLibre: quienes podamos hacer algo para pararles los pies a los fascistas, que lo hagamos. Ahí nos vemos, pues, ¿vale? Ahí nos vemos.

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Alfons Cervera es escritor. Su último libro, recién publicado, es 'Singapur', editado por Piel de Zapa.

Mi presencia en esta tribuna es un acto temerario. Correspondía por derecho propio a Joaquín Estefanía el placer de proclamar la virtud profesional de la periodista Soledad Gallego-Díaz Fajardo; Sol Gallego; simplemente Sol. Pero al hermano más próximo le ha sorprendido una abolladura temporal, leve, que le tendrá enclaustrado aún varios días.

Así que me toca un honor sin más mérito que la complicidad de muchos años con la, enorme, periodista premiada. Con ella y con Joaquín y con Andreu Missé y bastantes más seguimos manteniendo un falansterio espiritual utópico: trabado sobre el estupendo y asediado oficio de periodista, compartiendo una mirada crítica al mundo y tratando de seguir desplegando una nunca desmayada pasión por la vida y la gente.

Hay en este acto otras ausencias que lamentar, por causa distinta. De amigos que habrían deseado estar aquí, para reconocerla. Me refiero a nuestros colegas, muy íntimos de Sol, Bonifacio de la Cuadra, Malén Aznárez, Joaquín Prieto y Antonio Franco, entre otros que se fueron, demasiado deprisa, de viaje sin retorno. Aunque eso sí, siempre vuelven, puntuales, a nuestro afectuoso recuerdo.

En el pasado nos referíamos a los colegas veteranos, sobresalientes y creadores de escuela y de amplios lazos profesionales como “maestros de periodistas”, a veces así nombrados con voz algo engolada, como de antiguo telediario. El título que la FAPE –en sintonía con otras distinguidas entidades– otorga hoy a Sol Gallego supone un avance tangible desde entonces, porque detalla de qué va esa maestría: lo es, no solo de carácter general, sino específicamente ética. Una asignatura muy pendiente tanto en nuestra sociedad, como en nuestro oficio. Quien lo recibe es una verdadera “Maestra en ética periodística”. Ella a su vez honra a la institución que lo inaugura hoy –en su esfuerzo por representar amplia y dignamente a los periodistas de este país–, con su prestigio personal.

Gallego-Díaz es persona –¡y qué amor de persona!– y ciudadana –¡y qué impulsora de ciudadanía!–, incluso antes que periodista, que lo va siendo más de medio siglo. Su árbol familiar nos interesa más por los valores que destila que por curiosidad genealógica: está poblado de gente de progreso, inquieta y rebelde. Muy antes de todo esto, su bisabuelo fue ministro liberal, con Práxedes Mateo Sagasta. Su abuelo Eduardo, notable andaluz, uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, esa marca que tanto carácter imprime, así como de la primera revista de economía española, en 1917. Su padre, José Gallego-Díaz, fue un notabilísimo matemático comunista y profesor universitario depurado por la dictadura, fallecido con poco más de 50 años en Caracas.

Muy joven, ella se apuntó por hambre de libertad al movimiento antifranquista, desde la óptica ácrata, o mejor, libertaria. Y también fue depurada, en su caso como periodista de la agencia de noticias del llamado Movimiento, Pyresa, por participar en una huelga. Publicó en Cuadernos para el Diálogo la gran exclusiva en la época de la Transición, obtenida con Federico Abascal y José Luis Martínez: el primer texto de la Constitución de 1978 a presentar al Congreso. Ella misma ha explicado que anduvieron persiguiéndolo largo tiempo, convencidos de que los ciudadanos tenían derecho a conocer lo que estaban cocinando los constituyentes, aunque estos preferían dirimir discretamente sus diferencias.

Aquella primicia era ya simbólica de un modo de ejercer la profesión. Fijémonos en sus distintos elementos: noticia relevante y verídica; responsabilidad individual con trabajo colectivo; servicio al lector como guía fundamental de la tarea; respeto liberal-libertario por el Estado en su versión más democrática. No en vano aquella Carta Magna aún en ciernes, y a cuyo debate general dedicaría un libro en dueto con Bonifacio, Crónica secreta de la Constitución, incorporaba un amplísimo catálogo democrático de libertades y derechos democráticos: entre ellos, el artículo 20, que garantiza el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Subrayemos el verbo recibir, que suponía enfatizar hacia el receptor el significado de la tradicional “libertad de expresión”. Y, además, solemnizaba el “secreto profesional” sobre las fuentes de la noticia. Que sus protagonistas han mantenido durante todo el tiempo transcurrido. Algo que era un deber legal, sí, pero de cumplimiento no tan frecuente en una actividad a veces tildada de (y ejercitada como) chismosa, charlatana y frívola.

Desde antes de la fundación del diario El País en 1976 –al inicio compaginándolo con su dedicación a Cuadernos– hasta hoy mismo, Sol Gallego está desarrollando sin interrupción el oficio de periodista. En múltiples vertientes: como redactora, subdirectora, directora adjunta, defensora del lector, columnista, y directora (entre 2018 y 2020), así como comentarista radiofónica en la SER. Y reiteradamente, salpicándolas en distintos momentos separados en el tiempo, por sus estancias como corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires. Amén de una etapa como delegada del periódico en Sevilla, para coordinar la edición andaluza.

Recuerdo con especial regocijo los primeros años 90, en que simultaneábamos funciones, ella en Madrid y yo en Barcelona, como directores adjuntos de Joaquín. Exprimí como un limón sus consejos de gran oteadora olfativa de lo que se avecinaba, noticias y ciclos, tendencias y problemas organizativos y personales, con mucha antelación sobre mí. Procuré aprender de su generosidad, de esas de compartirlo todo, y de su hábil temple en manejar conflictos, a veces nada sencillos. Y revisito con alborozo el período en que ejercitaba el análisis con desplazamientos a las cumbres europeas, como la del lanzamiento del euro en 1998: con mucha delicadeza, respeto y palmadas de júbilo en los aciertos o por el reencuentro con viejas amistades y anchos hombros comprensivos prestados cuando los reveses. Que siempre culminaban ante los fogones de La Fiorentina, catedral de la gastronomía casalinga, casera, de la signora Maria, ya desaparecida.

No hay demasiados colegas entre nosotros, si es que los hay, que exhiban una trayectoria tan intensa y tan entrelazada entre el enraizamiento local/nacional y ese cosmopolitismo que abre el espíritu y afianza la afición a la aventura de descubrir lo nuevo. Y con un desempeño tan circular o transversal –ahora en funciones básicas, mañana en responsabilidades intermedias, después centrándose exclusivamente en la escritura– en el sentido de distinto u opuesto al empeño vertical de alcanzar los más altos niveles de la jerarquía, y de eternizarse en ellos. Y también era nuevo lo que no se produjo. Renunció en 1988 al encargo de desempeñar la dirección de El País; lo aceptó solo 30 años más tarde, y por un breve período de dos años, el indispensable para rescatar al periódico tras una etapa muy complicada. Asimismo, ha sido una acérrima defensora práctica de combinar el rejuvenecimiento de la redacción con la veteranía, dispensando un trato digno a las distintas capas generacionales. Y una abanderada sistemática de la igualdad entre las mujeres y los hombres.

Esa dinámica profesional no es solo consecuencia de la empatía, la curiosidad intelectual y el afán por conocer la realidad desde distintos observatorios, un empeño bien completado. Es también expresión de valores superiores: la primacía que Soledad Gallego-Díaz ha otorgado siempre al poder de las ideas, por encima de las ideas del poder; y la lealtad para con las reglas del oficio y en el ejercicio de sus responsabilidades

En distintos episodios, de los que guardo memoria muy viva, utilizó su libertad expresando firmes discrepancias –con elegancia a veces mayéutica y con salero–, respecto a la autoridad interna o las autoridades exteriores. En una sonada ocasión se avino a retirar de una entrevista que había realizado a un presidente la contestación a una de las cuestiones, pero de ninguna manera a eludir la constancia de que había formulado la incómoda pregunta. Sin necesidad de alharacas. Respetuosamente con todos, y con ella misma.

Al cabo, la primera premiada con el galardón Aurelio Martín de la FAPE es persona de muy fuertes convicciones de progreso, que pueden resumirse en la clásica tríada de libertad-igualdad-fraternidad, aunque siempre actualizada; y en caso de duda, a favor de inclinar la balanza o el dilema, hacia el lado del más débil. Empedernida lectora, Sol es una convencida de que existe “una cierta manera de hacer las cosas”, como sostiene la mejor cultura francesa, una defensora del ideal kantiano de “paz universal” y una asidua practicante de la ética personal y profesional como “imperativo categórico” que trasciende intereses y conveniencias.

Eso, y no nada muy diferente es la Ética, que según uno de sus grandes patriarcas proviene del conocimiento, sí, pero también de la actividad convertida en hábito orientado hacia una finalidad: para algunos, como el autor de la Ética a Nicómaco, se trata de la felicidad. Y adivino que para ella versa más sobre el equilibrio, la justicia, la equidad.

También en el ejercicio del periodismo. El trayecto de Sol arroja un compendio de actuaciones según valores como el respeto a la verdad (o más exactamente, acercarse a la verdad aproximándose a la realidad de la manera más honesta y adecuada posible) y el objetivo de dar cumplimiento al derecho ciudadano de obtener información veraz. Estos valores se traducen en dos reglas principales, precisas y básicas, pero claras. Una, el contraste y verificación mediante varias y distintas fuentes, de lo que se publica o se emite. Otra, la orientación a los ciudadanos receptores/afectados, a cuyos puntos de vista e intereses se debe prestar siempre la atención debida.

La maestría ética de la premiada se expresa asimismo en cómo se amplifican y aplican esas normas de conducta ante nuevos problemas o frente a intersticios de dilemas sobrevenidos o, simplemente, en casos de complejidad creciente para dirimir entre derechos concurrentes. De su larga etapa como directiva del periódico, muchos hemos aprendido gracias a sus intuiciones y su criterio, de fabricación sofisticada pero de expresión sencilla. Y de la necesidad de rectificar tajantemente cuando erramos, que, ay, me ocurre y nos ocurre, y resulta doloroso pero justo. Su opinión al respecto es terminante: “Eso no es”, o “eso no es así”. O sea, repáralo, chaval. Y también de su corta pero fructífera fase como Defensora del lector.

De ella son muy destacables bastantes aportaciones. Quizá la principal sea la denuncia del periodismo declarativo como ejercicio de segunda división, en el que se sustituyen datos y hechos por manifestaciones verbales, frecuentemente vacías, de personajes públicos, sobre todo políticos y empresariales, meras reproducciones de ruedas de prensa o manifestaciones cocinadas ad hoc por protagonistas de la vida pública, en lugar de noticias buscadas por los redactores en virtud de su interés. En una conferencia en la UIMP, Soledad Gallego subrayaba que más del 70% del espacio en las secciones de Política y Economía se dedicaba a recoger ese tipo de material más bien propagandístico, y en más del 50% en las secciones de Sociedad y Cultura.

Y en el propio diario destacaba algunas recetas aplicables al asunto, entre ellas la que en una ocasión aplicaron varias cadenas de TV norteamericanas. Rechazaron distribuir en directo una charla del presidente George Bush por preverla informativamente poco interesante, y por ello la relegaron a noticia suelta de menor relieve. Algo muy evocable en estos tiempos informativos desarbolados, cuando la actualidad geopolítica se suele reemplazar por recuas de exabruptos, insultos, amenazas y ultimátums.

Pero muchos otros hallazgos acompañan ese hito, como la denuncia de la abusiva introducción en un texto de opiniones anónimas de protagonistas de una noticia, preferiblemente con críticas a otros personajes, falseando así la credibilidad de la mercancía. O el rechazo a aceptar regalos navideños a periodistas, “porque siempre tendrán relación con su trabajo”.

Deseo concluir esta recopilación de hechos y vivencias enfatizando la independencia profunda de sus escritos de análisis y opinión, su ecuanimidad que no implica equidistancia, su carisma de referencia, como muy pocos alcanzan, y aún menos durante tan extenso calendario. Y que se resume en la calidad de los títulos elegidos por la homenajeada. Devuelven la cualidad de obvio a lo que nunca debió dejar de ser evidente. Para muestra, tres botones, espigados entre decenas: 1: “No sobran inmigrantes; faltan médicos, enfermeros y maestras”; 2: “Los jueces deben ser discretos y los periodistas, veraces” y 3: “Israel quiere derribar la misma ONU que le dio su partida de nacimiento”.

Así que rendida y cálida admiración, también, a su empleo exacto de la palabra, materia prima esencial del periodismo. Y de su significado. Como escribió Salvador Espriu: “Hem viscut per salvar-vos els mots/ per retornar-vos el nom de cada cosa/ perquè seguissiu el recte camí/ d’accés al ple domini de la terra”. Es decir: “Hemos vivido para salvaros las palabras/ para devolveros el nombre de cada cosa/ para que continuarais el recto camino/ de acceso al dominio pleno de la tierra”. Sea.

*Xavier Vidal-Folch es de todo.

Parece que Trump y muchos más pusieron de moda el neofascismo, que es lo mismo que el viejo fascismo, pero sin llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, quien está feliz con ello no debe ocultar sus objetivos. Por eso, como yo viví el fascismo desde niño, luego como adolescente y hasta que cumplí 34 años, puedo presumir de haberlo visto muy bien en casa y en la calle. Mi padre era falangista y me ilustró sobre lo que suponía aquello, aunque a mí no me llamaba mucho la atención. Pero explico lo que vi.

De niño recuerdo una cartilla de racionamiento que, al parecer, estaba presente en muchas casas, porque la victoria sobre el comunismo no trajo grandes beneficios en aquella guerra entre hermanos. Curiosamente, en el matrimonio de mis padres no existía ese mismo acuerdo: mi madre mantenía una actitud amable con todo el mundo, incluso con quienes eran considerados rojos, como pude comprobar en mi propia casa. Yo vivía entre mi abuela y mi madre, que me cuidaron y me mimaron durante la infancia, aunque con las carencias que ya he mencionado. En la adolescencia ocurrió algo parecido, pero yo me sentía más próximo a mi madre que a mi padre, cuyas ideas me resultaban difíciles de aceptar. No hablar a la señora que venía a ayudar en casa porque su marido estaba en la cárcel por rojo no me sonaba bien, cuando mi madre y ella se trataban como hermanas. Para mí era una excelente persona, de la cual hoy guardo un mal recuerdo porque mi padre no permitía que comiera con nosotros y tenía que hacerlo sola en la cocina. Quizá aquello me provocó lo que hoy es mi pensamiento social.

Ya de mayor me enteré de que hubo dos millones de españoles que habían huido de España porque no eran queridos por el franquismo. Siempre recuerdo, ya trabajando en la aviación, a varios españoles limpiando las letrinas de los WC del hangar de LH en Frankfurt. Recuerdo también españoles en Toulouse, donde acudí al curso de aviación, que me contaban sus penas por vivir fuera del país que creían de ellos. Recuerdo siempre que España no era nada en deporte ni en logros de cualquier tipo, pues ser campeón en algo que no fuera fútbol era difícil de alcanzar por la dificultad del sacrificio con una alimentación no muy cuidada. Además de los fusilamientos sin juicio y los asesinados sin saber hoy en dónde están. Hablo de la posguerra únicamente.

Ahora, cuando Pedro Sánchez ha querido poner este país al nivel de lo que es desde siempre, una nación con catalanes, vascos, rojos, homosexuales y demás personas rechazadas por el fascismo, este se le ha echado en tromba para recuperar aquello que la mayoría detestábamos. Incluso miembros “socialistas” que solo eran contratados para disimular. Lo hemos comprobado ahora. Estas cositas sin importancia, parece ser, las deben conocer muchos jóvenes a los que se les ha ocultado la historia franquista.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

La Administración General del Estado (AGE) ha indemnizado a 113.095 familiares de fallecidos o desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Este reconocimiento ha supuesto  4.059.067.415 euros, según los datos acumulados desde la Transición hasta diciembre de 2024. 

Esta cifra figura en uno de los tres informes elaborados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a los que ha tenido acceso infoLibre, y que forman parte de las comisiones de estudio y técnicas previstas por la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Estos escritos no sirven para crear derechos o leyes, sino que tienen el objetivo de estudiar, evaluar y recomendar sobre temas como las víctimas del franquismo o el papel del pueblo gitano en la sociedad española.

El informe sobre indemnizaciones recoge también que entre los beneficiarios se encuentran 3.055 de los denominados niños y niñas de la guerra, 59.271 civiles mutilados y 116 presos y presas por su condición de homosexual. En total, incluyendo los familiares anteriormente mencionados, 611.828 personas han recibido indemnizaciones por parte de la AGE, para las que se han aportado 22.160.848.148 euros.

“No obstante, este importe agregado no refleja la totalidad del esfuerzo reparador efectivamente realizado, al no disponerse de datos plenamente actualizados y consolidados para determinados colectivos, en particular el de las personas funcionarias civiles”, añaden desde el ministerio, que estiman que la AGE habría repartido más de 25.000 millones de euros.

En el caso de las comunidades autónomas, se ha indemnizado a un total de 26.231 personas con un reparto de 69.722.446 euros. Sin embargo, los datos son parciales, ya que los territorios gobernados por el PP, salvo Andalucía, no han compartido su información con el ministerio. En Galicia “no se ha facilitado ni ha sido posible recopilar información” y en el caso de Extremadura “se redactó un borrador de decreto en 2021, pero no ha habido avances administrativos desde entonces”.

En el resto de comunidades donde gobierna el PP (Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) la conclusión en todas es la misma: “se desconoce el alcance cuantitativo por no haber sido facilitado por la comunidad autónoma”. Del País Vasco, tampoco se tiene información, pero, según describe el informe, se debe a que “la comunidad autónoma ha explicado que se encuentra consolidando esta información”. 

Entre las comunidades que sí han facilitado datos, Cataluña se encuentra en el primer puesto con 22.512 personas beneficiarias reconocidas y 52.700.950 euros repartidos. Le siguen Andalucía, con 2.522 personas y 9.487.378 euros; Asturias, con 983 personas y 3.455.879,78 euros; Castilla-La Mancha, que no tiene datos de personas, pero si la cantidad de 3.258.600 euros; Navarra (153 personas y 495.032,90 euros); y las Islas Canarias (61 personas y 324.605,4 euros).

“A pesar de este extenso desarrollo normativo y reparador, el análisis realizado por esta comisión permite identificar ámbitos donde persisten vacíos de información, o la ausencia de mecanismos específicos de reparación”, concluyen en el informe.

Otro de los avances que se ha conseguido con la publicación de estos informes es el reconocimiento oficial de 63 víctimas mortales por excesos policiales o violencia de extrema derecha durante la Transición, concretamente entre el 29 de diciembre de 1978, momento en el que entró en vigor de la Constitución española, y el 31 de diciembre de 1983.

Entre las 30 personas muertas a manos de agentes de la autoridad se encuentran Vicente Vadillo Santamaría, transexual de 32 años que fue disparado en la cara por un policía nacional de paisano en el interior de una discoteca. O Julio Martínez Navarro, de 29 años, que recibió un disparo de un guardia civil que le paró en la carretera con la justificación de que había hecho un “movimiento extraño”.

El informe describe que, en el contexto de la Transición, “algunos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado intervinieron de diversas formas y relación con éste (desde el Estado, desde ámbitos del Estado en los aledaños del Estado) llevando a cabo graves violaciones de derechos humanos. Aproximadamente una cuarta parte de las víctimas mortales de este periodo se produjeron por la actuación represiva del Estado al excederse esos empleados públicos en el uso de la violencia de que disponía como tales”.

“La fórmula legal de ese cambio supuso la ruptura con la dictadura franquista, pero no conllevó la conveniente adecuación de los cuerpos policiales o de otros como la judicatura a la nueva situación política democrática”, describen.

A estas víctimas se suman otras 33 a manos de grupos de extrema derecha, que tuvieron como autores a “elementos terroristas o incontrolados que contaban con su aquiescencia e impunidad”. Casos como el de José Ramón Ansa Echeverría, joven de 17 años que fue secuestrado mientras regresaba a su casa de madrugada y posteriormente asesinado, o el de Salomé Alonso Varela, que con 28 años fue asesinada por una bomba que se encontraba dentro de un contenedor cercano a su coche, están incluidos en esta lista.

El ministerio, “propone el reconocimiento institucional, moral y simbólico de las personas que perdieron la vida en el periodo de 1978-1983 como consecuencia de violaciones de derechos humanos en el contexto de violencia política analizado” y “se recomienda la creación de un canal institucional permanente, accesible, seguro y transparente, que permita a familiares, personas allegadas y organizaciones de derechos humanos presentar solicitudes documentadas para la revisión y eventual incorporación de nuevos casos al listado de víctimas reconocidas”.

El último de los tres informes pone su foco en el pueblo gitano, con el objetivo “de resaltar sus contribuciones, visibilizar las trayectorias de resistencias, supervivencia y compromiso cívico del pueblo gitano y situarlas en el lugar que les corresponde dentro de la Memoria Democrática colectiva”. Tras describir la persecución que ha sufrido este pueblo desde la época de los Reyes Católicos hasta el franquismo, que describe como “una de las etapas más duras de represión cultural”, concluye que con la llegada de la democracia se han conseguido avances, pero con todavía mucho camino por recorrer.

Según los últimos datos recogidos por la Estrategia Nacional 2021-2030 y de otros estudios, el 85,9% de la población gitana está en riesgo de pobreza, el 76,8% en carencia material y el 36,2% tiene baja intensidad laboral. En conjunto, el 92% cumple al menos una de estas dimensiones, frente al 29,3% de la población general.

Esto, sumado a la exclusión social que aún hoy padecen, ha llevado a la Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España –que ha realizado este tercer informe– a proponer una serie de medidas que pueden ayudar con su integración. “Las administraciones públicas deberán promover mecanismos eficaces de prevención detección y actuación frente al antigitanismo institucional, aplicables a los ámbitos educativo, policial, judicial, sanitario, social y administrativo”, comienza.

En cuanto a la educación, se insta a incorporar “contenidos específicos sobre prevención del antigitanismo, enfoque intercultural y conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano”. En el ámbito cultural se pide la eliminación de la acepción “trapacero” asociada a la definición de “gitano” en el Diccionario de la Lengua Española, “por su carácter profundamente estigmatizante y por los efectos de violencia simbólica que genera, especialmente en el ámbito educativo”.

También se pide la apertura del debate en cuanto a la “revisión del espacio público y de las denominaciones institucionales”, centrándose en “la eliminación de denominaciones como ‘Marqués de la Ensenada’ [el organizador de la Gran Redada de 1749, que tuvo el objetivo de arrestar a todos los gitanos y separar a hombres y mujeres para conseguir la extinción de la etnia] en sedes institucionales, garantizando que la memoria compartida refleje valores democráticos de respeto, convivencia y justicia histórica”.

Sin embargo, una de las medidas más destacables es el planteamiento de realizar un “reconocimiento formal del pueblo gitano como minoría étnica históricamente asentada en España” con el objetivo de “corregir la invisibilidad histórica que ha condicionado el ejercicio de sus derechos y el acceso efectivo a los recursos del Estado”.

La democracia mundial está de celebración (moderada). Tras casi una década en caída libre, con un leve repunte tras la pandemia, el Índice de Calidad Democrática (ICD) de The Economist ha subido dos centésimas, hasta 5,19 puntos sobre 10, después de que en 2024 marcase su mínimo histórico: 5,17.

La Unidad de Inteligencia de la revista económica rebaja, eso sí, el entusiasmo y califica este repunte como una “pausa frágil”. La serie histórica obliga a la prudencia porque el deterioro sigue siendo considerable, con  una caída de casi cuatro décimas en la última década.

“Lo que vemos no es una mejora estructural, sino un ajuste”, admiten desde The Economist. El medio atribuye el ligero repunte a dinámicas compensatorias entre regiones: cierta recuperación en América Latina, mayor movilización política en África y Asia, y un fortalecimiento puntual de consensos institucionales en algunos países occidentales. 

The Economist destaca, entre esas correcciones compensatorias, los casos de Canadá, que subió cinco puestos al registrar mayor participación electoral; Rumanía, que contribuyó a contener el avance de un candidato nacionalista; y Dinamarca, que reforzó su posición por su respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia.

Esta mejora a nivel mundial contrasta con la evolución de Estados Unidos. El “país de la libertad y la democracia” ha caído dos décimas, —de 7,85 a 7,65 puntos— por “los intentos de redibujar distritos electorales, el uso del Ejército y del ICE para sofocar protestas y las presiones sobre los medios de comunicación”, destaca The Economist. Todo ello apunta, indica la revista, a un deterioro de los derechos civiles.

Desde Egipto, Ahmed Abed, guía turístico, cuestiona en infoLibre el optimismo global: “Viendo cómo está todo Oriente Próximo, no entiendo que el índice mejore cuando hay varias guerras abiertas en el mundo”.

Mayra Martínez, profesora de Sociología de la Universidad Camilo José Cela, recuerda a este medio que cualquier medición de calidad democrática debe partir de una base más exigente que la simple estabilidad electoral. “La dimensión más básica y transversal, sin la cual las demás colapsan, es el Estado de Derecho”, y concreta, “que las leyes se apliquen por igual a gobernantes y gobernados, que exista independencia judicial y que estén garantizados los derechos fundamentales”.

Martínez insiste en que elecciones periódicas no bastan para garantizar una democracia sólida. “Sin pluralismo político o rendición de cuentas, una democracia puede derivar hacia formas delegativas o iliberales”, explica. En otras palabras, votar no es suficiente. La historia egipcia tras 2015 lo ejemplifica. “La Primavera Árabe consiguió echar a Mubarak, pero Al Sisi es mucho peor, más controlador. Votamos, pero las elecciones siempre han estado bajo la sombra del pucherazo”, resume Abed.

Freedom House, con sede en Washington, concluye en su informe Freedom in the World 2026 que la libertad global cayó por vigésimo año consecutivo. En 2025, 54 países empeoraron en derechos políticos o libertades civiles, frente a solo 35 que mejoraron.

El Instituto V-Dem (Varieties of Democracy), de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), dirigido por el politólogo Staffan I. Lindberg, describe un proceso de “autocratización” en el mundo y alerta del deterioro en democracias consolidadas. Su informe indica que la proporción de la población mundial que vive bajo autocracias ha pasado del 50% al 74%, mientras que quienes residen en democracias liberales han caído del 17% al 7%.

A esto se suma el estudio del Carnegie Endowment for Peace, firmado por Murat Somer y Jennifer McCoy, que habla sobre la reversión de un sistema deteriorado. El informe concluye que las recuperaciones democráticas sostenidas son excepcionales. “De 25 países que experimentaron retrocesos desde 1990, solo cuatro lograron recuperar sus niveles previos, y únicamente uno mantuvo esa mejora durante más de cinco años”, señalan.

Lindberg coincide con Somer y McCoy al afirmar que “los procesos de erosión democrática suelen ser graduales y acumulativos” y, por eso, más difíciles de revertir.

Estos datos contrastan con el ICD y, como apunta Martínez, podría ser debido a las diferentes metodologías, aunque todos tienen un rasgo común: “Se basan en evaluaciones de académicos y analistas, no en percepciones ciudadanas directas”. The Economist agrega variables institucionales, culturales y participativas; Freedom House prioriza libertades civiles; y V-Dem profundiza en diferentes dimensiones.

Ese sesgo institucional puede generar una desconexión entre datos y experiencia. “Un ciudadano puede vivir en una democracia con instituciones formalmente impecables y aun así sentir que el sistema no trabaja para él”, explica. “Si no puede acceder a una vivienda digna, a una sanidad o educación de calidad, o si percibe que la ley no se aplica igual a poderosos y ciudadanos corrientes, aparece una distancia entre democracia formal y democracia vivida”.

La experiencia de Jaseem Aldhaen, manager de Product Coordination para Europa, África y Oriente Medio en Kuwait Finance House, describe el sesgo del que habla Martínez: aunque Kuwait está en la posición 130 del ránking ICD, él no tiene tal percepción “por mi trabajo o mi posición social”.

“No estamos en conflicto como muchos países de la zona, votamos en elecciones democráticas, las mujeres pueden votar, somos la democracia más liberal de todas las de la región, vivimos bien y con seguridad...”. Las palabras de Aldhaen reflejan el sesgo que señala la socióloga, pese a que el Parlamento kuwaití ha sido disuelto hasta cuatro veces en cuatro años por el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Esos enfrentamientos, añade Martínez, alimentan directamente la desafección política y el auge de los populismos, pero matiza que no son causa principal del deterioro democrático, sino síntoma.

En paralelo, un análisis sobre el papel del periodismo y la democracia de Jeroen van den Bergh y Pablo Núñez Yebra apunta a otra dimensión crítica: el deterioro del espacio público informativo. Cuando la confrontación sustituye al contraste factual y la equidistancia se impone sobre la verificación, el debate democrático pierde uno de sus pilares esenciales. Otro síntoma que afecta a la calidad democrática.

La consecuencia es “una ciudadanía peor informada, más desconfiada y más vulnerable a la desinformación”, señalan estos investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La filósofa Elvira Durán Costell añade una dimensión estructural a este diagnóstico. La crisis democrática no se explica únicamente por fallos institucionales, sino también por transformaciones sociales de largo alcance: profesionalización de la política, desconexión entre élites y ciudadanía, y debilitamiento de la participación cívica.

“La democracia se resiente cuando deja de ser un proyecto compartido y se convierte en un ámbito gestionado por minorías especializadas”, sostiene. En este contexto, fenómenos como el 15M o la Primavera Árabe aparecen como intentos de reactivar la implicación ciudadana, pero con efectos limitados si no se traducen en cambios estructurales.

Martínez introduce aquí una dimensión menos habitual en los grandes rankings, pero decisiva para entender la calidad democrática contemporánea: la igualdad política real. “Esta igualdad difícilmente puede materializarse sin un mínimo de igualdad económica”, afirma. “Cuando la riqueza se concentra, el poder político tiende a concentrarse con ella”.

El Ateneo de Madrid celebra el próximo 27 de abril a las 19:00 horas el debate ‘Narrar la Transición: crónicas del cambio democrático’, un encuentro que pondrá el foco en cómo se narró públicamente la Transición y qué papel desempeñó el periodismo en la construcción de una conciencia democrática.

La sesión, que tendrá lugar en la Cátedra Mayor, contará con la participación de los periodistas Karmentxu Marín e Iñaki Gabilondo, junto al historiador Francisco J. Leira-Castiñeira, autor del libro Retrato de la Transición. La memoria que escondimos en el desván (Siglo XXI Editores). El acto estará presentado y moderado por la periodista Ángeles Caballero.

Esta actividad forma parte de las iniciativas de presentación del libro de Leira-Castiñeira, una obra que se construye a partir de más de sesenta testimonios de protagonistas directos de la Transición —desde dirigentes políticos como Miquel Roca, Enrique Barón o Joaquín Almunia hasta figuras del periodismo como Soledad Gallego-Díaz, Nativel Preciado, Jesús Maraña o Miguel Ángel Aguilar— y plantea una mirada plural y crítica sobre aquel proceso, abordando tanto sus consensos como sus tensiones, límites y contradicciones.

En esta ocasión, el debate se centrará específicamente en cómo se narró públicamente la Transición y en qué medida el periodismo contribuyó a forjar una conciencia democrática en la ciudadanía. La conversación permitirá revisar el papel de la prensa y la radio no solo como narradores de un proceso político en marcha, sino también como actores clave en la pedagogía democrática que acompañó al cambio de régimen.

En un contexto en el que el relato sobre la Transición vuelve a ser objeto de revisión y disputa política, el encuentro propone recuperar voces y experiencias para analizar hasta qué punto los medios ayudaron a construir, y también a delimitar, el imaginario colectivo de aquel periodo.

La situación es la siguiente: nuestros servidores públicos se quejan del desprestigio de la política, pero cuando tienen oportunidad de dignificarla con sus acciones, deciden denigrarla una vez más. Cuarenta y cinco años después, seguimos sin tener el relato completo del 23-F. Y es imposible conocerlo cuando no podemos acceder a toda la documentación custodiada por el Estado. Algunas de las particularidades de España son únicas en Occidente. ¿Por qué no se desclasifican las conversaciones del rey Juan Carlos con el Estado Mayor y los capitanes generales, puesto que ninguno de ellos vive? ¿Por qué se ocultó el nombre del principal financiador del golpe? ¿Por qué siguen sin hacerse públicos los informes del CESID incorporados al sumario, las comunicaciones internas de las regiones militares, la documentación relativa a la Casa del Rey y las piezas declaradas secretas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968? Durante las horas que duró el asalto, se registraron cientos de llamadas desde y hacia el Congreso de los Diputados. Telefónica tenía la capacidad de registrarlas. Sin embargo, las grabaciones de las conversaciones mantenidas por los golpistas a través de esas líneas se perdieron antes de que el juez instructor pudiera acceder a ellas.

La reciente desclasificación apenas aporta unos pocos documentos “tratados” que no aclaran lo ocurrido. Sabemos, eso sí, que los 45 disparos ordenados por Antonio Tejero frustraron cualquier intento de presentar el golpe como una operación de “cirugía política” impulsada por un supuesto sentido de responsabilidad nacional. Los documentos liberados tampoco permiten reconstruir la red civil que apoyó la maniobra ni los contactos previos entre figuras políticas. Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en presentar al monarca como salvador de la democracia, pese a que numerosos testimonios lo sitúan como conocedor —e incluso como instigador directo— del clima que propició el golpe, alimentado por sus despiadadas críticas a Adolfo Suárez.

La desclasificación parcial está orientada a preservar el relato sacralizado de la Transición, evitando esclarecer la verdadera magnitud de la operación y la implicación de sectores políticos, militares, civiles y mediáticos. Testimonios como los de Xavier Arzalluz, Josep Tarradellas, Sabino Fernández Campo, Gabriel Cisneros, Santiago Carrillo, Alejandro Rojas-Marcos o el coronel y ex agente del CESID Diego Camacho apuntan a la existencia de un “golpe blando” cuidadosamente planificado, que solo se vino abajo por la grotesca aparición de Tejero.

El papel del CESID y de figuras como Javier Calderón también debe valorarse, así como la participación de seis agentes que, según la información de los archivos del actual CNI, "o bien conocían los hechos antes del 23-F o llevaron a cabo un apoyo operativo". Alberto Saiz, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, ya había revelado en 2021 la desaparición de documentación relativa al golpe. Esa eliminación de informes internos ha dejado vacíos que hoy se intentan rellenar con declaraciones parciales y entrevistas selectivas destinadas a construir una verdad. Y ese es el relato que nos repetirán durante años.

El proceso judicial del 23-F respondió a una lógica de minimización de daños: un sumario limitado, una investigación incompleta y una justicia selectiva. El sistema político y la Corona entendieron que una investigación exhaustiva que alcanzara a la élite financiera y civil podía desencadenar una crisis de Estado. Lo comprendo: yo era un niño y recuerdo el miedo, la crisis económica y la enorme tensión social derivada del terrorismo etarra. Pero ¿por qué mantener esta opacidad casi cincuenta años después? Mientras los militares fueron juzgados públicamente, los nombres de empresarios y banqueros que presuntamente financiaron la operación desaparecieron entre pruebas destruidas y líneas de investigación nunca abiertas. El único civil procesado, Juan García Carrés, sirvió como cortafuegos, sacrificando la verdad para proteger nuestra incipiente democracia. 

Luis María Ansón declaró hace apenas dos años que Felipe González no solo conocía el plan de Armada para formar un “gobierno de concentración”, sino que se mostraba “encantado con la idea porque había llorado al perder la elecciones de 1979 frente a la UCD de Suárez”. En la misma entrevista afirmó ante un estupefacto periodista que “tomar el consejo de ministros” por parte de los militares sería “un procedimiento inmaculado”. Ansón traza paralelismos entre el plan de Armada y la Operación De Gaulle en Francia en 1958, lo que le lleva a presentar la intentona golpista como un acto de patriotismo destinado a preservar la democracia. ¿Qué habrían pensado los españoles que votaron masivamente al PSOE veinte meses después si hubieran sabido de esa supuesta aceptación de un golpe antidemocrático por parte de Felipe González?

Todo esto forma parte de una manipulación del lenguaje que sectores cercanos al PSOE han utilizado durante décadas para presentar como “progreso” y “responsabilidad” decisiones que difícilmente pueden calificarse así: la privatización de un sector público que otros países mantienen, el desmantelamiento de industrias estratégicas que en Europa se preservaron, la adopción de políticas económicas neoliberales que convirtieron España en un paraíso de desregulación y la configuración de una Unión Europea que, tras el Tratado de Maastricht, entregó a la banca privada el poder de financiar a los Estados. Por esta disposición, recogida en el artículo 104 del Tratado, España paga cada día alrededor de 100 millones de euros en intereses de deuda. Recuerden esto cuando les digan que los recursos son limitados. 

El sistema económico protege la figura de Felipe González porque forma parte de la batalla cultural: nos repiten machaconamente que, si un presidente supuestamente socialdemócrata aplicó políticas neoliberales, es porque no existe otra forma de gestionar la economía. Mientras tanto, políticas económicas socialistas son aplicadas con enorme éxito en países como Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Países Bajos o Francia. Por cierto, si el PSOE aceptó el plan de Armada (gobierno de concentración), significa que el partido ya estaba integrado en la estructura de poder antes de ganar las elecciones de 1982. Esto explicaría por qué las políticas económicas estuvieron tan alineadas con el consenso neoliberal, en lugar de con la alternativa socialdemócrata que los países nórdicos representaban. No hubo un giro a la derecha: González no contemplaba otra forma de gestión. 

No es lo mismo dejar ver que hacer ver. Cuando los ciudadanos perciben que se les oculta información relevante se genera la sensación de que las instituciones protegen intereses propios antes que la verdad o el bien de todos. Esas actuaciones son las que deterioran el crédito de las instituciones y, en última instancia, el de la democracia, algo muy difícil de restaurar. La democracia no se protege con injustificados silencios heredados de leyes franquistas, con historias edulcoradas y con una idea de “responsabilidad” que se traduce simplemente en tratarnos como a menores de edad. La verdad sobre el 23-F sigue siendo una asignatura pendiente, imprescindible para entender cómo se sostuvo nuestra democracia y quiénes estuvieron dispuestos a manipularla o aprovecharse de ella.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Hay que reconocer que el acrobático salto, de la ley a la ley (Reforma política a la Constitución) como lo definió Torcuato Fernández Miranda, resultó formalmente perfecto desde el punto de vista de la estrategia política. Pero la política no puede vivir ajena a las corrientes sociales ni olvidar que solo puede subsistir y ser eficaz si es capaz de afrontar la realidad. Las aspiraciones de los partidos políticos, movimientos sindicales y sociales que configuraron la oposición a la dictadura, aspiraban a una ruptura democrática que eliminase cualquier vestigio del pasado dictatorial. Sin embargo, el Ejército, protagonista indiscutible del golpe militar del 18 de julio de 1936, se resistía a aceptar esta posibilidad. 

Lo cierto es que, por realismo político, hubo que transigir y elegir el camino de la transición democrática tal y como había sido diseñada por los sectores más aperturistas de la dictadura. Muchos han olvidado que sus comienzos fueron conflictivos. La designación de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno suscitó el rechazo de sectores que lo consideraban excesivamente ligado al Movimiento Nacional por los cargos que había desempeñado. El preferido por otros sectores era José María de Areilza, al que consideraban más liberal. No olvidemos el artículo de Ricardo de la Cierva: ¡Qué error, qué inmenso error¡ (Recomiendo su lectura).

Adolfo Suárez puso en marcha la Transición ajustándose a las previsiones establecidas. Tomó decisiones elementales en una democracia como la legalización de todos los partidos políticos, incluido el comunista. El ejército, que presumía de haber sido el único capaz de derrotar al comunismo, lo consideró como un engaño y una afrenta. La inclusión en la Constitución del reconocimiento de las nacionalidades y la instauración del sistema de Comunidades Autónomas suponía un ataque a la unidad e integridad de la patria. En mi opinión, el factor que generaba más conmoción en el estamento militar provenía de los asesinatos de la banda terrorista ETA que se cebaron con los militares y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La tensión estalló en el funeral del general Ortín, en el Cuartel General del Ejército, en el que se produjo la agresión al teniente general Gutiérrez Mellado.

Estos tres elementos fueron los que sirvieron de aglutinante para que la mayoría de los mandos del ejército y parte de la sociedad civil propugnasen, sin tapujos (léanse los artículos del colectivo Almendros en el diario El Alcázar) un golpe militar que hiciese descarrilar el proceso democrático y volviese al sistema dictatorial. Se han escrito multitud de libros sobre la Transición y el golpe del 23-F, por lo que no alcanzo a comprender cuál era el propósito del Gobierno para desclasificar documentos que, como se ha comprobado, no aportan datos que no conociésemos. El rey y el Gobierno estaban al corriente de la situación. Antes de que se consumase la inevitable dimisión de Adolfo Suárez buscaron fórmulas para neutralizar el golpismo.  

Es importante seguir la cronología de los acontecimientos. El 22 de octubre de 1980 se celebra en Lérida una comida a la que asisten el general Armada, Enrique Múgica y Joan Raventós. Según todas las informaciones, se aprobó la fórmula del gobierno de concentración nacional, presidido por Armada y con la participación de representantes de varios partidos políticos. Los detalles no se concretaron, pero el encuentro se publicó en los medios de comunicación. Múgica redactó unas notas para informar a su partido; estos documentos han desaparecido. También se desconocen las fases sucesivas que desembocarían en la culminación del proyecto. Como es lógico, el rey estaba al corriente y aceptaba la iniciativa.

Pero los acontecimientos se precipitan inesperadamente ante el reguero de asesinatos que ETA cometió en 1980. El 23 de enero de 1981, un numeroso grupo de militares (entre ellos Ángel Campano, VII región militar Valladolid; Mateo Prada Canillas ,VI región militar Burgos; Francisco Coloma Gallegos, IV región militar Barcelona, y Jaime Milans del Bosch, III región militar), se presentaron en el Palacio de la Zarzuela y pidieron al entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, la presencia del rey y Suárez. Según todos los datos, el rey dejó a Adolfo Suárez a solas con los generales que le conminaron a que dimitiese si no quería enfrentarse a un golpe militar involucionista. La amenaza surtió sus efectos y el 29 de enero de 1981 Suárez anuncia su dimisión. Es evidente que informaría al rey de su decisión y no sabemos cuál fue su respuesta ante la gravedad de la situación.

Los propósitos de los visitantes de La Zarzuela se evidencian en un pasaje del anuncio de la dimisión de Adolfo Suárez que pasará a la historia: “no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España". El rey debió pensar que el peligro había pasado y que la solución era el gobierno de concentración presidido por Armada. No obstante, las previsiones constitucionales se pusieron en marcha. UCD designó a Leopoldo Calvo Sotelo y el rey, cumpliendo con el artículo 99 de la Constitución lo propuso al Congreso, que fijó el 23 de febrero de 1981 para la sesión de investidura. Es difícil comprender la pasividad del rey y de los servicios de inteligencia para sondear la posición de los conjurados sobre el proceso constitucional.

Resulta difícil admitir que el golpe militar del 23-F pilló por sorpresa a los responsables de la seguridad del Estado. Un dato cierto, una sección de la División Acorazada, con sede en Campamento, desde las cinco de la tarde estaba municionada y esperando la orden de salir a la calle. El asalto al Congreso por Tejero y sus guardias civiles se produjo a las 18:23 y a partir de este momento la primera parte está televisada y la vorágine de llamadas entre los que estaban al tanto de la operación fueron interceptadas, aunque la mayor parte de su contenido ha sido destruido. Lo cierto es que el rey y su entorno deciden abandonar la opción Armada y toda su actividad se centró en impedir que se presentase en el Congreso para ofrecerse como una salida ante la gravedad de la situación. Lo hizo a título personal, provocando la ira de Tejero al conocer el nombre de los políticos que proponía como ministros.

Todo lo acontecido desde ese momento es de sobra conocido y creo que ya está suficientemente analizado. La medición del tiempo es inexorable. La comparecencia del rey en televisión se produjo a la 1:14 h, casi siete horas después de la entrada a tiros en el Congreso. Termino con unas consideraciones sobre un tema que ha permanecido ajeno a un análisis en profundidad. No había trama civil, salvo que se considere como tal a García Carrés, algunos más del sindicalismo vertical y algunos voluntarios sin organización previa. Un dato, Blas Piñar se encontraba entre los diputados secuestrados; pertenencia al Grupo mixto del que también formaba parte Javier Moscoso. Durante las largas horas no hacía más que bajar a su escaño para preguntarle si sabía algo sobre lo que estaba sucediendo.

Ni la cúpula financiera (los siete bancos) ni los sectores industriales ni otras grandes corporaciones participaban o alentaban el golpe. Una dictadura a la griega nos expulsaría del Consejo de Europa y cercenaría la entrada en la Comunidad Económica Europea, aspiración vital para nuestro desarrollo. Un último dato que nos proporciona Alberto Oliart, ministro de Defensa con el Gobierno de Calvo Sotelo. Reunió a los generales que no se habían unido al golpe para agradecerles su lealtad a la democracia. La respuesta no puede ser más ilustrativa: "No, ministro, lo hicimos porque nos lo ordenó nuestro comandante en Jefe”. De cualquier forma, la Transición había descarrilado. Las elecciones de octubre de 1982, que otorgan una mayoría abrumadora al PSOE, inician una nueva época.

Por supuesto no soy un historiador riguroso apegado a los documentos. Tampoco un analista profundo. Me limito, como he hecho toda mi vida, a atar cabos. A los amables lectores les corresponde sacar sus conclusiones sobre quien salvó la democracia.

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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces'. En febrero ha salido 'Visto para sentencia' , de Siglo XXI.

Fernando Ónega, referente del periodismo en España, histórico cronista político y creador del famoso eslógan de Adolfo Suárez "Puedo prometer y prometo", ha fallecido este martes a los 78 años, según han confirmado a EFE fuentes familiares.

Ónega, nacido en la localidad lucense de Mosteiro el 15 de junio de 1947, trabajó en numerosos medios de comunicación con distintas responsabilidades, y actualmente era presidente del diario digital de las personas mayores 65ymas.com, que ha informado del fallecimiento.

Entre mayo de 1977 y junio de 1978, trabajó para el presidente Adolfo Suárez, como director de prensa de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que continuó redactando algunos de los discursos del jefe del Ejecutivo. Fue en esa etapa cuando escribió la frase "puedo prometer y prometo", que Suárez utilizó para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977.

"Una de las voces más escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad y líder de la revolución sénior", recuerda en un comunicado 65ymas.com, que traslada su pésame "a su esposa Ángela, sus hijos Fernando, Cristina y Sonsoles Ónega", también periodistas.

"Asociado de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, con el número 207, la Junta Directiva de la APM lamenta profundamente su pérdida y transmite su más sentido pésame", ha escrito en su cuenta de la red social X la APM.

Entre sus últimos actos públicos, moderó junto a Iñaki Gabilondo un debate el pasado mes de noviembre en el Congreso sobre el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía, en presencia de los reyes. En junio, entrevistó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Palacio de Fuensalida para la revista que ha presidido hasta su fallecimiento.

García-Page ha destacado en su cuenta de X "su aportación decisiva durante la Transición", nada más conocerse el fallecimiento del periodista, cuya capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia en Madrid, entre las 10 a 21 horas de este miércoles, según las mismas fuentes.

Fernando Ónega se graduó por la Escuela Oficial de Periodismo (1970) y posteriormente inició la carrera de Ciencias Políticas, que no concluyó. Trabajó como columnista de política nacional en los diarios madrileños Pueblo y Arriba, al que regresó tras dejar su puesto en La Moncloa.

Dirigió espacios en TVE, como Siete días (1978-1979) o Revista de prensa, y colaboró como comentarista político en el programa Hora 25 de la Cadena SER, dirigido entonces por Iñaki Gabilondo, y al que sucedió en febrero de 1981, días antes del intento de golpe de Estado, como director de los Servicios Informativos de la cadena radiofónica.

En la SER estuvo hasta 1985, año en que comenzó a trabajar en la cadena COPE como comentarista político y desde 1987, como director de los servicios informativos. Fue director del diario Ya entre noviembre de 1985 y octubre de 1986.

El 12 de julio de 1991 fue nombrado consejero delegado de Divercisa, empresa titular de las participaciones de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en diversos medios de comunicación, como Tele 5, Onda Cero y Servimedia. Asimismo, entre el 26 de marzo de 1992 y el 3 de junio de 1993 fue director general de Onda Cero Radio.

Además, en julio de 1993 se incorporó como comentarista al informativo de medianoche de Tele 5 Entre hoy y mañana, dirigido por Luis Mariñas, y en 1995 sustituyó a Carmen Tomás como editor del informativo del mediodía de esa misma cadena.

En febrero de 1997 se incorporó al informativo de las nueve de la noche de Antena 3 Televisión, y un año más tarde, tras la incorporación de Ernesto Sáenz de Buruaga como director de los Servicios Informativos de la cadena y presentador de esa edición de las noticias, Ónega pasó a conducir la tercera edición. Ese febrero posterior se incorporó en Onda Cero al programa Protagonistas de Luis del Olmo.

En septiembre de 1999 fue nombrado director editorial de Telefónica Media (TM), puesto que ocupó hasta que el 20 de julio de 2000 fue nombrado director general de Onda Cero, que abandonó el 23 de enero de 2002 tras llegar a un acuerdo con la emisora.

Continuó colaborando en Onda Cero, como comentarista, y desde septiembre de 2004 en el programa de Carlos Herrera y desde abril de 2015, en el matinal que le sucedió, Más de uno, con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Además, desde septiembre de 2015 hizo el comentario epílogo de La brújula. En Telecinco, participó desde enero de 2005 en la mesa de actualidad del programa de Ana Rosa Quintana.

También fue autor de los libros Puedo prometer y prometo. Mis años con Adolfo Suárez (2013), en el que rememoró sus años junto al expresidente; Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar (2014), en el que incluye la primera entrevista con el monarca tras su abdicación; Qué nos ha pasado, España. De la ilusión al desencanto (2017), en el que analiza el cambio social y político desde 1977.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por que se esclarezca lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía Armada, y que "se juzgue a los responsables", porque si no se hace, ha dicho, se estará "ahondando en la revictimización", según informa EFE.

Pradales, que a primeras horas ha participado en una ofrenda floral en el monolito erigido en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco de Asís donde ocurrieron los hechos, ha dirigido unas palabras en el acto convocado por el Instituto de la Memoria-Gogora para conmemorar el cincuenta aniversario de aquellos trágicos sucesos.

Ha sido tajante al afirmar que "quienes cometieron aquellos crímenes sabían bien lo que hacían" y ha insistido en la necesidad de que se esclarezca y se depuren responsabilidades para que no se creen "víctimas de primera y de segunda".

Todas las denuncias judiciales presentadas hasta ahora para depurar estas responsabilidades penales se han archivado, excepto la causa que abrió en Argentina en 2010 la jueza María Servini contra los crímenes del franquismo cometidos durante la dictadura y la Transición, que sigue activa.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido una desclasificación completa y no "elegida" de los documentos oficiales sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria porque esa es la manera de reparar a las víctimas y rendirles un "verdadero homenaje".

Esteban ha depositado esta martes un ramo de flores en el monolito en memoria de los cinco obreros asesinados acompañado del diputado general de Álava, Ramiro González, y la presidenta del PNV en Álava, Jone Berriozabal.

El líder jeltzale ha afirmado que la masacre del 3 de marzo "dejó una huella muy profunda" en Euskadi y que las víctimas merecen una "reparación real", lo que pasa por conocer la verdad. Para ello, ha continuado, es necesario modificar la Ley de Secretos Oficiales que saque a la luz todos los documentos. "No nos vale tampoco una clasificación elegida", ha advertido. Por otro lado, ha avanzado que el acuerdo que el Consejo de Ministros aprobará este martes en relación con los sucesos 3 de marzo ha "decepcionado" a su partido.

Aunque el contenido de ese acuerdo todavía no se ha hecho público, Esteban ha desvelado que "no cumple con el paso que ya había dado el Partido Socialista de Euskadi recientemente en el Parlamento Vasco al reconocer el papel del Estado en los asesinatos y condenar la actuación del gobierno en aquel momento".

El 22 de noviembre de 1975, dos días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Confirmó al entonces presidente Carlos Arias Navarro, pero le impuso como ministros a algunos de los políticos franquistas en principio más favorables a la apertura, como Manuel Fraga, al frente de Gobernación.

Pese a tal impulso, el Gobierno Arias fue un fiasco. El presidente temía que las reformas pusieran en peligro la esencia del régimen, por lo que su política resultó vacilante y contradictoria. No solo no se legalizaron partidos y sindicatos, sino que ni siquiera se aprobaron los derechos de reunión, manifestación y huelga. No es de extrañar que Arias suscitara el rechazo tanto de los antifranquistas y de los franquistas liberales como del sector más reaccionario. Este era conocido como “el búnker” y tenía un carácter minoritario, pero con presencia en las Fuerzas de Orden Público (FOP).

Por otro lado, la coyuntura socioeconómica resultaba adversa. La crisis del petróleo (1973) había producido carestía de vida, pérdida de poder adquisitivo, inestabilidad laboral, despidos y progresiva dureza de la patronal a la hora de la negociación de los convenios colectivos. De ahí que el clandestino movimiento obrero, con la impronta del Partido Comunista de España (PCE) y la extrema izquierda, protagonizase un ciclo de protestas de enorme incidencia.

Ese fue el contexto en el que hay que enmarcar los sucesos de Vitoria. Debido a un enconado conflicto laboral, las plantillas de varias empresas de la ciudad mantenían un paro desde comienzos de 1976. Tales movilizaciones no estaban impulsadas por los sindicatos, sino por asambleas de trabajadores.

El 3 de marzo, por tercera vez consecutiva, llamaron al conjunto de la población a una huelga general en solidaridad con su lucha. Por la mañana se registraron piquetes, barricadas, pedradas contra los agentes y cargas policiales. Por la tarde se celebró una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio de Zaramaga. El Gobierno Civil ordenó el desalojo, pero no fue obedecido por las mil personas que se habían reunido allí.

Como Fraga estaba en Alemania, el Gobierno trasladó la responsabilidad a los mandos policiales. Optaron por la mano dura. Incumpliendo el Concordato con la Santa Sede, que protegía el ámbito eclesiástico, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos dentro del templo, por lo que los asistentes a la asamblea se vieron obligados a salir. Los agentes no solo usaron porras y pelotas de goma contra ellos, sino también armas de fuego.

Todavía hay incógnitas por resolver. En palabras del historiador Carlos Carnicero, se trató de “una actuación criminal claramente, pero si hubo una orden directa de actuar así porque era aquello de especial gravedad o fue una decisión de los cuerpos policiales que estaban allí y fue una negligencia, eso es algo que por la documentación no hemos podido saber”.

En total, la Policía Armada mató a cinco trabajadores: Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. A la lista habría que sumar cerca de un centenar de heridos, incluyendo algunos agentes. Por añadidura, el día 6 un manifestante que protestaba por aquella masacre en Tarragona, Juan Gabriel Rodrigo, falleció al caerse de una azotea cuando huía de la Policía.

Siguiendo la consigna “Vitoria, hermanos, no os olvidamos”, se convocó una huelga general para el 8 de marzo. La oposición calculó que habían parado 500.000 trabajadores vascos y navarros. Aunque las fuentes oficiales rebajaban la cifra, reconocieron que tan solo en Guipúzcoa habían hecho huelga 105.000 empleados.

En aquella jornada se sucedieron los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas de Orden Público, que se saldaron con una nueva víctima mortal: un guardia civil mató de un tiro al joven Vicente Antón Ferrero en Basauri. Al día siguiente unas 50.000 personas se concentraron en aquella localidad.

Ningún funcionario fue condenado por el brutal operativo de Vitoria. Tampoco dimitieron sus responsables políticos. Fraga, quien había acuñado el lema “la calle es mía”, se escudó en su ausencia. Al ser incapaz de modernizar las FOP, su imagen reformista y su gestión como ministro fueron muy cuestionadas.

La tragedia de Vitoria tuvo dos consecuencias políticas. Por una parte, empujó a la oposición moderada a fusionar los dos organismos en los que se encontraba dividida. Así se creó la Coordinación Democrática, más conocida como 'Platajunta'.

Por otra, aumentó las tensiones entre Juan Carlos I y Arias, que a la postre provocaron su dimisión en julio de 1976. El rey encargó la formación de un nuevo Gobierno a Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro secretario general del Movimiento. A pesar de la lógica desconfianza inicial de la oposición, el nuevo presidente sumó voluntades y lideró la Transición democrática.

¿Se ha recordado el 3 de marzo de 1976? Sí, pero con dos escollos. Por un lado, el olvido institucional. Durante décadas ni se amparó a las víctimas ni hubo homenajes oficiales. Por otro, la utilización política. Las reivindicaciones del movimiento obrero alavés, en gran medida nutrido por inmigrantes de la España rural, eran laborales, no abertzales. Ni ETA ni su entorno habían tenido incidencia.

No obstante, no tardaron en instrumentalizar los sucesos. El 6 de septiembre de 1980, ETA político-militar asesinó al capitán de la Policía Nacional Basilio Altuna con el pretexto de haber participado en el operativo. Posteriormente, usando la expresión del profesor Jesús Casquete, la izquierda abertzale ha vampirizado la memoria del 3 de marzo.

A pesar de todo, el trabajo del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco, con historiadores profesionales como José Antonio Pérez, Antonio Rivera y Carlos Carnicero, ha servido para localizar las fuentes disponibles, analizarlas, contrastarlas y ofrecer un relato histórico documentado, sólido y riguroso.

En los últimos años, el compromiso de las instituciones ha permitido que las víctimas fuesen reparadas y homenajeadas de manera oficial. En base a la Ley de Memoria Histórica de 2007, entre 2009 y 2010 el Gobierno de España indemnizó a las familias de las víctimas mortales y a los heridos. Posteriormente el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava aprobaron nuevas partidas. En 2024 el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Obispado de Vitoria y las asociaciones Martxoak 3 y Memoria Gara crearon la Fundación Memorial 3 de Marzo, que también recibe aportaciones económicas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Al año siguiente la iglesia de San Francisco de Asís fue declarada Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno de España. En el futuro albergará un museo para recordar los sucesos de Vitoria.

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Gaizka Fernández Soldevilla es responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Toda escritura te lleva a otro lugar y, si sabes que no va a ser así, es mejor no emprenderla. Ese territorio nuevo puede desvelar asuntos que no gustan o que no quieres ver. De la escritura de ,mi último libro aprendí muchas cosas, me tuve que hacer muchas preguntas cuya respuesta solo llegué a rozar. Asumir la frustración de que solo las llegué a rozar, y que no fue por falta de búsqueda, fue otro aprendizaje. Que nuestra historia no está relatada por completo. Que la historia contemporánea de España se sostiene sobre un relato muy bien trazado que perdura intocable. Que, por poner solo un ejemplo, aquello que concierne a las mecánicas del Régimen de Franco para la represión sigue en la sombra, y no podemos saber si destruido o perdido o está guardado en cajones que no sabemos dónde están. Y que el acceso a la documentación no siempre garantiza el acceso a la verdad completa. Que la historia todavía está callada en bocas que no hablan. Que los nombres de los hombres y sus esbirros que ejercieron el poder y sus abusos están tachados u omitidos. Que conocemos tres o cuatro. Que saber cuánto nos falta por saber debería ser el primer ejercicio de transparencia histórica que podría haber acometido cualquier Gobierno en estas décadas de democracia. 

En la 45ª efeméride del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado. Algo que podemos celebrar. Pero lo primero que me sorprende es que, si un Gobierno tiene voluntad de desclasificación de archivos, pueda hacerlo porque tiene la competencia. Porque me lleva a preguntarme por qué no se hizo antes y qué pasa con todo lo demás. Lo segundo es que no sabemos si eso es todo lo que hubo. Cuánto más pudo existir. Cuánto se destruyó en aquel entonces y quién lo hizo y por qué dejó lo que dejó y por qué se revela esto ahora. Por qué se relaciona todo esto con el posible regreso del emérito rey Juan Carlos a España si, en realidad, aquí no tenemos pena de destierro y puede volver, y así lo hace habitualmente, cuando quiera. No es retórica, son preguntas que deberíamos poder respondernos.

Perdimos una gran oportunidad para la transparencia hace cincuenta años, cuando –desde el final de la dictadura– se emprendió el camino de transición a la democracia. Punto y seguido. Argentina, Alemania, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y otros países que padecieron dictaduras en el siglo XX abrieron sus archivos cuando se convirtieron en naciones democráticas, especialmente para saber qué violaciones de Derechos Humanos se habían cometido. 

Aquí, no. 

La Ley de Secretos Oficiales en España es la ley de 1968, es decir, una ley de la dictadura, preconstitucional y desfasada con respecto a otros países. Una norma que no fija plazos claros para la desclasificación de forma automática, por lo que los documentos pueden permanecer secretos de forma indefinida si no se da la acción de desvelarlos. Más de cuatro décadas después del intento de golpe de Estado de 1981, parece que se ha reducido el riesgo actual para la seguridad del Estado, uno de los criterios para haberlo mantenido en secreto. Pero, ¿hasta cuándo saber ponía en peligro la seguridad y la estabilidad del país? ¿Depende todo de la voluntad política de quienes gobiernan al margen del derecho de los ciudadanos y ciudadanas, de los periodistas y, sobre todo, de los historiadores a conocer?

No necesitamos héroes patrios para sujetarnos, ni más mitología, ni relatos oficiales que no se atrevan a ser cuestionados: necesitamos saber. Qué pasó. Cómo pasó. El 23-F es solo uno de esos hechos históricos de un pasado limpio o sucio. Un pasado que es el que hay. Pocas cosas son más duras en su hueso, pero más frágiles a la manipulación y la ficción, que lo que ya sucedió. Estamos preparados, o democráticamente maduros, para encajar nuestra imperfecta historia con sus matices y claroscuros y que se permita hacer su trabajo completo a los historiadores, que son quienes saben interpretar la hondura y complejidad de los archivos. No es búsqueda de conspiranoias, no es fomento de bulos, es el rechazo a la servidumbre eterna a una Historia que sigue sin responder algunas preguntas. 

La democracia, que llegó a España hace ya medio siglo, ha atravesado ya múltiples etapas. Siete presidentes (ninguna mujer), dieciséis elecciones generales, dos reyes, once presidencias del Congreso, un golpe de Estado que no prosperó, seis mociones de censura (no todas exitosas) y –sobre todo en los últimos años– una acusación recurrente desde ciertos sectores: la de ser una dictadura encubierta.

Tiene muchas definiciones, pero su significado parece hoy más discutido que nunca. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha querido abrir un espacio de diálogo sobre el estado de la democracia y su sentido en el presente. Con ese espíritu ha amanecido la Universidad Complutense de Madrid, escenario del encuentro Democracia en un minuto, una jornada impulsada por este medio con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en Libertad. El acto se enmarca en la iniciativa La memoria que somos: 50 años de democracia, un proyecto que mira al pasado, pero también al futuro, con la intención de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de defender los valores democráticos frente a los desafíos actuales.

A las 9:30 de la mañana, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, daba la bienvenida a un salón de actos repleto de estudiantes con un mensaje claro: “Queremos llamar a que os impliquéis en cómo se hace el periodismo, tenéis que participar”. Acto seguido se proyectó el vídeo Democracia en un minuto, una pieza coral de ocho minutos en la que socios, periodistas y artistas ofrecían su propia definición del término.

La comunicadora Albanta San Román fue una de las primeras en intervenir en ese vídeo: “La democracia es memoria, feminismo; es saber a dónde voy recordando de dónde vengo”. Consuelo Peláez, socia de infoLibre, subrayó que “la democracia nos devolvió la libertad, porque democracia es libertad”. Por su parte, el escritor David Uclés expresó sus reservas hacia el sistema actual, aunque se declaró firme demócrata al considerar que es el sistema que menos conflicto genera o, al menos, el que mejor lo encauza.

Tras el vídeo, Maraña conversó con Carmina Gustrán Loscos, comisionada de los 50 años de España en Libertad, sobre los objetivos del proyecto: divulgar lo que fue la dictadura y celebrar la llegada de la democracia, pero también propiciar espacios de encuentro y debate. “La democracia es un proceso que está en constante construcción, de la misma forma que puede perderse, puede seguir ampliándose y mejorándose”, defendió Gustrán.

Ese debate debe incluir necesariamente a las nuevas generaciones. Maraña recordó uno de los datos que más preocupación genera en los últimos años: el aparente desplazamiento de una parte de la juventud hacia posiciones de ultraderecha. Ambos matizaron esa lectura. “Estigmatizar a la juventud no sirve de nada; hay que darles la palabra”, sostuvo Gustrán.

El momento central llegó con la mesa redonda presentada por Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, en conversación con el humorista y comunicador El Gran Wyoming, la publicista y creadora de contenido Elena Reinés, la cineasta Paula Ortiz y el historiador Julián Casanova.

Para contextualizar el presente, Casanova apeló a la perspectiva histórica: “Para saber dónde estamos hay que saber las raíces de todo esto”. Señaló cuatro grandes hilos conductores. El primero, la ampliación del sufragio: “En el siglo XIX la democracia era censitaria; después votaron los hombres y más tarde las mujeres, tras enormes luchas. Hoy sabemos que sin voto no hay poder”. El segundo, la consolidación de elecciones verdaderamente libres: "Todas las democracias tardaron mucho en imponer medidas para que las elecciones fueran reales”. El tercero, el modelo europeo que desarrolló sistemas de bienestar con beneficios tangibles para la ciudadanía. Y el cuarto, la subordinación del poder militar al poder civil.

Sobre este último punto, Casanova alertó de retrocesos preocupantes, como los sucesos que se han visto últimamente en Mineápolis (EEUU) con el despliegue de los agentes del ICE. “Si miramos los hilos conductores y el ahora, podemos ver que se quiere volver a lo de antes”. Citó como ejemplo el asalto al Capitolio tras la derrota de Donald Trump frente a Joe Biden, cuando el entonces presidente se negó a reconocer el resultado electoral. “Si se intentan apropiar del poder militar, estamos jodidos”, advirtió.

Aun así, no hay que caer en el derrotismo. El Gran Wyoming reivindicó los espacios de encuentro como prueba viva de la democracia: "Esta reunión, no sería posible sin democracia, en este sistema todos pueden dialogar, mientras que en otros sistemas solo unos hablan”. Para él, reducir la democracia a un mero mecanismo electoral es empobrecerla: “Es algo que supone una creencia ética, que consigue que todos seamos iguales y podamos elegir un futuro”.

Paula Ortiz, que se definió como “hija de la democracia”, reflexionó sobre su fragilidad. Según ella, lo que tenemos ahora parece normal, pero se nos olvida que no siempre ha sido así. Por eso, a su juicio, la pregunta central es: “¿Esto se puede romper?”. Ortiz ha llegado a la conclusión de que la democracia es una pregunta permanente, un pacto basado en otra cuestión esencial: “¿Cómo hacemos para no matarnos, para vivir sin dolor?”. Un equilibrio que se tambalea cuando “los fuertes intentan someter a los débiles”.

Elena Reinés también se ha referido al viraje de las nuevas generaciones hacia la ultraderecha. Pero ella, la base de todo esta en la educación. “Desde mi generación hasta los más jóvenes, hemos tenido la desgracia de no estudiar lo que pasó en el siglo XX”. En ausencia de ese conocimiento, según la comunicadora, las redes ocupan el espacio, un terreno donde los bulos circulan sin apenas freno.

Y en ellas, quien ha sabido moverse con habilidad es la ultraderecha. Para Reinés, el problema de la izquierda es que no ha entendido cómo transmitir el mensaje a los jóvenes. “Hace falta hacer publicidad sobre los valores de la izquierda, y adaptar la comunicación al medio en el que estés”, defendió. Ella misma, tras construir un espacio propio con Woke Up News, sufrió una campaña de odio que la llevó a retirarse temporalmente. Subrayó, además, que las mujeres son quienes más padecen este tipo de ataques.

Sobre las redes sociales, Wyoming también mostró su preocupación por la cantidad de bulos que hay en estas plataformas. "Nos enfrentamos a una nueva realidad y es que la mentira se entiende como una opinión más, esto ya es una guerra perdida", afirmó. En esto coincidió Julián Casanovas que declaró: “Ya no va a misa nada, porque la mentira se impone, y quien no lo sigue es perseguido”. “La democracia es imperfecta, pero comparado con las cunetas, con la persecución, es lo mejor. La dictadura entraba en la familia, impregnaba todo, no solo la violencia explícita que vemos en las películas”, añadió.

En este acto los estudiantes también fueron protagonistas. Varios subieron al escenario y, delante de sus compañeros, dieron su propia definición de la democracia. “La democracia da importancia a las reglas pero que también genera conflicto”, comenzó el primero de los alumnos. “Sin embargo, este conflicto sirve para que se puedan cambiar las cosas”. El problema, según él, es que ahora “se intenta relegar el conflicto para los márgenes, en un intento de consenso”, añadió.

“¿Puede existir una democracia si el pueblo no se siente escuchado?”, se preguntó otra alumna. “La democracia es el pueblo pero las elites siguen teniendo más poder”, contestó. “La democracia está débil, ante cualquier catarro se puede enfermar gravemente. Por eso, las ciudadanas y las periodistas tenemos que ser vacunas”, declaró otra alumna.

Marta Gesto, directora general de infoLibre, puso voz al texto enviado por una suscriptora del medio que pidió no ser identificada, ya que vive en una zona de Estados Unidos cerca de Mineápolis. En su escrito confesaba que teme las consecuencias de sus palabras ante la oleada de violencia perpetrada por el ICE: “Siempre he vivido en democracia, pero nunca la he vivido de la misma forma. Ahora, tiene una semilla venenosa y, si se le deja crecer, puede tomar forma de fascismo. La democracia no es igual para todos, se traiciona a sí misma y eso es lo que he visto siempre”.

Recogiendo esa advertencia, Wyoming apeló a la responsabilidad colectiva: “Hay que dar la cara y enfrentarse a las élites". En la clausura, Jesús Maraña insistió en la misma idea: “Cuando se instala el miedo, se pierde la democracia. Por ello, tenemos que actuar. Tenemos que ser cómplices todos para acabar con esto”. 

Lagos consideraba lamentable que Boric fuera el primer presidente en hablar con esa contundencia y mencionaba la “derrota cultural” al afirmar que ninguno de los seis jefes de gobierno anteriores había retratado al dictador como el asesino que era, lo que supuso una forma de blanquear el pinochetismo. Esta benevolencia con los dictadores explica en parte el crecimiento de los autoritarismos que ahora vemos en tantos lugares. En España pasa algo parecido. Ningún gobierno ha hecho gran cosa por sacar de las cunetas a las víctimas del franquismo. Me parece dramático que estemos divididos por conflictos que tuvieron lugar hace 80 años, principalmente porque nuestros abuelos decidieron abrir un nuevo tiempo durante la Transición. Pero lo que tal vez nos cuesta decir es que ese período se cimentó sobre el silencio de las víctimas, que no pudieron elegir. En cualquier caso, a nadie se le puede decir que no es legítimo recuperar los restos de sus familiares. Esto constituye una obligación moral para la izquierda y la derecha, aunque para el PP no será jamás una prioridad porque es un partido esencialmente cainita cuando se habla de la Guerra Civil. Negarse a hacer pedagogía es lo que hace pervivir la imagen de los dictadores buenos. Ocurre algo parecido en la Rusia actual con la imagen de Stalin, al que las nuevas generaciones consideran más un padre de la patria que lo que realmente fue: un sanguinario genocida de indescriptible maldad. Si no se enseña historia en las escuelas, se podrá mentir acerca de cualquier hecho histórico, y ese es el sueño de los Trump, Bolsonaro, Milei o Putin. 

El periodismo no puede bailar al son que marca la ultraderecha y está obligado a decir la verdad, especialmente en materia histórica. No me gusta mencionar la Guerra Civil española porque ya tenemos demasiados elementos de división, pero si lo hacemos, estamos obligados a ser rigurosos. La derecha y la ultraderecha han sido incapaces durante cincuenta años de llegar a la conclusión a la que llega cualquier demócrata con dos dedos de frente: que en una guerra los dos bandos cometen atrocidades que nadie tiene la capacidad de frenar porque están dirigidas por grupos incontrolables, pero esta circunstancia en ningún caso puede compararse con la utilización de todo el aparato del Estado para reprimir, torturar y asesinar a los disidentes políticos, que es lo que sucedió tras la Guerra Civil. 

Lo que dicen algunos líderes del PP cuando hablan sobre la posguerra está amparado por la libertad de expresión, pero no significa que sea verdad. Más bien al contrario: tratan de dulcificar la imagen de Franco precisamente con el fin de estigmatizar a la izquierda, dando a entender que el franquismo fue una suerte de reacción de defensa contra los excesos de la Segunda República, y no un movimiento particularmente brutal con el fin de restituir el poder de clase de las élites mediante la fuerza de las armas. Es una falacia extremadamente ofensiva decir que “todos perdimos la guerra”. La guerra y sobre todo la posguerra no afectaron por igual a todos los españoles. Existe una diferencia abismal entre sufrir las penurias de una conflagración bélica  y perder la vida o la identidad en las cunetas o el exilio después de 1939. No se puede reordenar un relato para transformar un golpe de Estado en una tragedia colectiva sin culpables, con el fin de convertir a los vencedores incluso en víctimas retrospectivas, para después olvidar a los fusilados, torturados, encarcelados, exiliados, depurados, las mujeres rapadas y humilladas y los niños robados. Esto no es un debate sobre la libertad de expresión, sino la vieja pugna entre la verdad histórica y los franquistas empeñados en disfrazar la barbarie de lucha por la libertad y el orden. En el siglo XXI, la mentira como herramienta política de la ultraderecha se ha convertido en un problema estructural.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Diciembre del 75. Siglo pasado. Franco ha muerto entre espantosos dolores agónicos. El franquismo sigue vivo. El rey de Marruecos ya ha perpetrado el robo del Sahara ante una España atenazada por el miedo a que el futuro se decante hacia una nueva confrontación, una guerra, de nuevo civil.

Los trabajadores y trabajadoras llevan años agrupándose en Comisiones de Obreras y Obreros que intentan conseguir convenios colectivos más justos que respeten salarios y condiciones de trabajo, pero cada vez que levantan la cabeza el régimen franquista los persigue y encarcela a sus dirigentes. 

Las CCOO han sido descabezadas a mediados de 1972 y los Diez de Carabanchel acaban condenados a decenas de años de prisión en el Proceso 1001, en diciembre de 1973. Son juzgados el mismo día que ETA hace volar por los aires el coche del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno, discípulo, admirador y mano derecha del dictador. 

–No hay mal que por bien lo venga, cuentan que dijo Franco.

–Si de mí dependiera, los fusilaría a todos, afirmó Francisco Mateu, el juez franquista, rígido y extremadamente duro, del Tribunal de Orden Público, que luego sería asesinado en un atentado de ETA, cuando ya era magistrado del Tribunal Supremo. Que los jueces franquistas no perdieron sus puestos y forjaron y modelaron a la mayoría de los que vendrían después, como bien sabemos y sufrimos. 

Sin democracia, sin libertad, sin sindicatos libres, de nada valía que Franco hubiera muerto en la cama, porque el franquismo seguía reprimiendo, persiguiendo y matando en las calles. Por eso, pese a todo, pese al desmantelamiento de su dirección, CCOO impulsó un proceso de movilizaciones que se convirtió en un encadenamiento de huelgas en todos los sectores.

Es verdad que muchos convenios estaban a punto de renovarse, pero también es cierto que el malestar era muy intenso en tiempos de crisis del petróleo, alta subida de los precios y férrea contención del crecimiento de los salarios. Muerto el dictador muchos trabajadores consideraban que era la hora de la amnistía de los encarcelados y despedidos, la libertad sindical y la mejora generalizada de las condiciones de trabajo.

Tras el fallecimiento de Franco comienzan algunos procesos de movilización que terminan generalizándose hasta que en enero el Metro, las empresas metalúrgicas, la construcción, la Telefónica, banca, artes gráficas, Correos, seguros, Renfe y otras muchas empresas se encuentran en huelga.

Pronto las huelgas trajeron manifestaciones, saltos, concentraciones en las calles exigiendo amnistía y libertad. De nada valían las porras de la policía, los disparos, las balas de goma, los gases lacrimógenos, las detenciones, los despidos o los cierres patronales. En los tres primeros meses del 76 se produjeron 18.000 huelgas y se perdieron 150 millones de horas de trabajo.

El 3 de marzo la huelga se ha extendido a Vitoria. Numerosos trabajadores se concentran en asamblea en la iglesia de San Francisco. La policía lanza botes de humo y cuando los trabajadores salen, los ejecutan a balazos. Cinco trabajadores mueren y otros 150 resultan heridos. El franquismo perdía la sociedad y perdía la calle. 

El rey designado por Franco y su presidente del Gobierno, el sucesor de Carrero Blanco, Arias Navarro –al que apodaban el Carnicerito de Málaga por su papel en las crueles ejecuciones franquistas tras la ocupación de Málaga durante la Guerra Civil–, llegaban al fin de una etapa y estaban a punto de separar sus caminos. 

Resistió el tal Arias hasta julio y cayó. El rey, los poderes económicos, el franquismo político tenían que buscar una salida para que todo cambiase sin que nada cambiara en lo referente a su poder, a su dinero, a su papel en la sociedad. Ya se lo había dejado bien claro el generalísimo:

–Alteza, la única cosa que le pido es que mantenga la unidad de España.

En su lecho de muerte ya no estaba para mucho más aquel al que León Felipe llamaba Sapo Iscariote y ladrón. Y añadió, a sabiendas de lo que se le venía encima:

–Usted tendrá que hacerlo, yo no puedo hacerlo.

Pasados los años, creo que el de Abu Dabi cumplió con creces su palabra dada, su juramento a los principios generales del Movimiento Nacional y su afectuoso cariño hacia Franco, al que considera cercano y paternal y del que destaca su inteligencia y sentido político. Así lo cuenta en sus recientes memorias.

De aquella Galerna de huelgas salió la Transición, con la caída de Arias, el ascenso de Suárez, las negociaciones con la oposición, la Reforma Política, el asesinato de los Abogados de Atocha, la legalización del PCE y de los sindicatos, los padres de la Constitución y la Constitución misma. 

Le gusta decir a Nicolás Sartorius que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en las calles. No le falta razón. Sin la Galerna de huelgas de 1976 nada hubiera sido igual. Probablemente, nada hubiera sido tan pacífico, tan aparentemente sencillo, tan tremendamente complejo ni tan plagado de aciertos y también de errores. 

No son ellos, los que protagonizaron y vivieron aquellas huelgas. Somos nosotros quienes decidimos si aprovechamos lo bueno y corregimos lo malo. Si damos un paso adelante o hacia atrás. Ellos hicieron lo que pudieron y lo que creyeron que tenían que hacer. La cuestión es si nosotros sabremos hacerlo también. 

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro de la democracia. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero analizó este martes que la Transición española "fue algo más que una reforma y algo menos que una ruptura: fue lo que la sociedad quiso, lo que podía hacer y lo que convenía".

Zapatero se expresó en estos términos en la presentación del libro Las huellas de la Transición, 50 años de cambio y conflicto en democracia, de Robert Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca, en un acto moderado por la directora de infoLibre, Virginia Pérez Alonso, en el Ateneo de Madrid.

Durante la conversación, el expresidente abordó ese periodo histórico bajo el prisma de que "no hay una teoría general sobre las transiciones políticas y no es una materia codificada", por lo que señaló que la "singularidad" de la Transición española fue que se produjo "de la ley a la ley y del rey al rey, porque la misma Jefatura del Estado que estaba en el régimen autoritario se transmuta".

Tras señalar que la experiencia política de su generación en esos años es "absolutamente positiva", Zapatero sí analizó que hay todavía cosas interesantes para la reflexión: "Queda en el aire cuánto dura la Transición. ¿Hasta 1977? ¿Hasta el fracaso del golpe de Estado del 23F? ¿Hasta el 82? ¿O fue en el 86 con la entrada en las Comunidades Europeas?". Para añadir al hilo: "Mientras la UE mantenga el carácter de gran familia democrática, nuestro país, con sus problemas y contradicciones, tendrá un horizonte despejado".

La otra cuestión que llama la atención al expresidente es que la Transición no aparecía en ningún texto legal, ni siquiera en el preámbulo de la Constitución, para reivindicar la "capacidad transaccional de los españoles y el esfuerzo ético de olvidar el horror del pasado y recuperar la racionalidad de la convivencia". 

Esta referencia, agregó Zapatero, no se produce en ninguna norma hasta la primera ley de memoria histórica, aprobada durante su primera legislatura: "Siempre sentí que había un vacío en el ordenamiento jurídico". "Es muy significativo que haya sido una mayoría socialista quien eleva el elogio y el reconocimiento de la Transición en un texto normativo", subrayó.

El expresidente alertó a la vez de que el problema territorial sigue existiendo todavía, poniendo sobre la mesa esta máxima: "El método de convivir en democracia es el diálogo".

A la vez, en estos tiempos inciertos y de estancamiento de valores internacionales Zapatero reivindicó el "compromiso intelectual con la democracia": "Hay que hablar de democracia, escribir sobre democracia y dialogar sobre la democracia".

Sobre el auge de la extrema derecha en España, el expresidente dijo que tiene que "ver con el contexto internacional". Y lanzó que los demócratas progresistas tiene que luchar "con reformas, cambios y horizontes nuevos". "No se puede estar a la defensiva", prosiguió, para dar como "pequeña receta" emplearse en la palabra frente al insulto y apostar por medidas de justicia social, "como dice el presidente Sánchez".

Pero también llamó a poner el angular recordando a Borges: "Lo de estos son los peores años de la historia lo han pensado todos los hombres en todas las épocas". "Eso me marca para tomar distancia", agregó, reflexionando que si se toma como vara de medir la igualdad entre hombres y mujeres, "estamos en uno de los mejores momentos de la historia".

Durante la conversación, también Fishman dejó su impresión de que la Transición sigue "abierta" todavía en algunos aspectos, a la vez que remarcó el espíritu incluyente de este período, con sus elementos "rompedores y conservadores".

Por su parte, Sánchez-Cuenca destacó que los "principios y prácticas de la Transición" sirven como fuente de inspiración hoy en día para resolver conflictos: "No hay ninguna contradicción entre reconocer que la Transición tuvo déficits e imperfecciones, pero, al mismo tiempo, sentó las bases para las nuevas reglas del juego".

Antes de participar en la presentación, Rodríguez Zapatero atendió a los numerosos medios convocados en el Ateneo, ante quienes negó haber mediado para el rescate por parte del Gobierno de la aerolínea Plus Ultra. "Cero en absoluto", señaló el expresidente, quien sí aseveró haber realizado labores de consultoría para el presidente de esa compañía, Julio Martínez.

"Realizo en mi entidad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho —solo faltaría ¿no?— que ejerzo y que está, como he explicado en medios, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad", detalló.

En su primera declaración ante los periodistas tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el expresidente consideró: "Mis sensaciones, y hablo con muchísima gente todos los días, con venezolanos en la oposición al Gobierno, es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela. Creo que lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas".

Hace unas semanas, la prensa informaba de un estudio de la Harvard Business School según el cual el acto de dar produce más satisfacción que el acto de recibir. Y es cierto que la generosidad, la entrega y el pundonor son una fuente de felicidad, un oficio de madurez que colma nuestra autoestima. Sin embargo, hay una excepción; a la hora de darlo todo, mejor no dar pena. 

El reciente libro de Juan Carlos de Borbón es un claro ejemplo; siempre da un poco de pudor, incluso vergüenza ajena, ver a alguien suplicar que le quieran; si es un rey, convertido aquí en un pequeño Gatsby, pues más. ¿Por qué escribir un libro para decirnos lo desgraciadito, monarca, que eres teniéndolo todo? Porque no ha entendido nada. 

Resulta elocuente, por ejemplo, su afirmación de que se marchó de España para “no complicar la tarea de mi hijo en sus funciones de soberano”. Basta una frase para resumir un mundo. Tan solo y tan mal informado está este hombre que nadie le ha dicho que en España el rey no es soberano, aunque él haya actuado toda su vida como si lo fuera. 

Curiosamente, no es cosa sencilla identificar quién es el soberano en esta democracia que nos hemos dado. En las ponencias constitucionales se enfrentaron dos teorías opuestas: las derechas defendían que la soberanía residía en la nación y las izquierdas, por el contrario, que el soberano era el pueblo. El debate parecerá una bagatela, pero cada una de las posturas tiene detrás un artilugio dogmático bastante considerable y multitud de tratadistas han glosado, en disquisiciones que llenan estanterías de bibliotecas jurídicas, las diferencias entre la soberanía nacional y la popular. No hay consenso posible entre ellas. Pero el espíritu de la Transición, ese tan denostado, dio con una fórmula prodigiosa, que apunta a la influencia de los gin-tonics en nuestro germen constituyente: “La soberanía nacional reside en el pueblo” (artículo 1.2). ¡Gran hallazgo! Podía haber dicho “la soberanía popular reside en la nación” o “este plátano verde es azul” con la idea de contentar a todos. Los teóricos del Estado se tiraron de los pelos porque la expresión no significa nada, pero no frivolicemos sobre la importancia de lo inexistente. Bajo esta expresión un tanto absurda, más próxima a un oxímoron que a una paradoja, el consenso abrió una cancha abierta en la cual será lícito defender opciones contrapuestas, de tal manera que los defensores de ambas perspectivas podrán encontrar cobijo en el texto; un cobijo puramente formal, desde luego, porque en realidad el artículo no dice nada. En fin, es importante decir cosas que tengan sentido; pero a veces es más importante decir cosas en las que todos estemos de acuerdo, aunque no tengan sentido. Eso fue la Transición. 

De una forma o de otra, estemos ante una nación soberana o ante un pueblo soberano, lo cierto es que quien no es soberano es el rey, y tendría que saberlo. Aunque para dejar más clara esta exclusión, la Constitución debería no haber incurrido en el error de proclamar que la justicia se administra en nombre del rey, cosa que hizo para no dejarla en manos del pueblo, como en los Estados Unidos. [Aunque a estas alturas, todo el mundo sabe ya que la justicia se administra en nombre de la Asociación Profesional de la Magistratura, pero eso es otra batalla]. Esta proclamación, a pesar de su orientación protocolaria, tiene unas consecuencias trascendentales, sobre todo unida a la interpretación expansiva que los tribunales han dado a la inviolabilidad del monarca. Recordemos que, siendo rey, los jueces inadmitieron a trámite demandas de paternidad contra este señor, que es un truhan, aduciendo su inviolabilidad. Después de su abdicación se las han vuelto a presentar, pero igualmente las han inadmitido por un quítame allá esas pajas. Una interpretación razonable del artículo 56.3 de la Constitución permitiría limitar la inviolabilidad a los actos cometidos en su condición de monarca, pero los jueces la han equiparado, por las bravas, a una pura y simple impunidad total. Yo recomendaría a Felipe que no cogiera el coche. 

Esta equiparación parecerá un poco loca, pero bien pensado, si realmente la justicia se administra en nombre del rey, entonces el monarca no puede ser nunca parte en ningún procedimiento: ni demandante ni demandado, ni denunciante ni denunciado, porque en caso contrario estaríamos ante la paradoja jurídica de quien se administra justicia a sí mismo. Así que no sabemos qué pasaría si Letizia quisiera presentarle una demanda de divorcio; probablemente no podría, y no solo por conservar, todavía, el título de reina católica con privilège du blanc. 

Todo es muy antiguo, pero la Transición no dejó mucho margen de maniobra en este sentido. Las derechas impusieron este arcano medieval porque ni entonces ni ahora quieren oír hablar de una república, pero no porque rechacen la figura, sino porque eso supondría reponer la legalidad anterior a la guerra que ganaron. Y como resultado de todo ello, ahí tenemos a una chica de mirada aterrada subiéndose a los mandos de un avión militar porque entre todos hemos decidido su agenda, su vida, su futuro y el lugar donde será enterrada, como si hubiera nacido en una tribu pastún.  

Atiéndase en este sentido a otro detalle muy esclarecedor: cuando los padres constituyentes redactaron el último título de nuestra Constitución, que regula de forma bastante generosa su reforma, los ponentes de izquierda propusieron una excepción para imponer un sistema especialmente rígido y complejo (de hecho, inviable por exigente) si se pretendía reformar el capítulo de los derechos fundamentales. Los ponentes de derechas pusieron sobre la mesa su propia excepción. ¿Cuál? La han adivinado: hicieron intocable el título de la Corona, que hoy no se puede cambiar, si no es de una manera tremendamente azarosa y alambicada, ni siquiera para incluir la igualdad de sexos en la sucesión. En fin, cada cual peleó por lo que le importaba: unos por la Corona, otros por los derechos; como ven, no hemos superado la Revolución Francesa.

En resumen, el libro de Juan Carlos no es más que un ejercicio de vanidad, un tanto frustrado, de quien se echa flores sobre sí mismo. Arrogarse el mérito de traer la democracia a España es una hermosa flor que se tira sobre su cabeza, aunque le viene con la maceta incluida, al no explicar qué mérito tendríamos que agradecerle si en el fondo Franco era un tipo estupendo. 

Y hablando de méritos, no me resisto a insistir sobre la cuestión de su condición de emérito. Cuentan quienes saben de ciertas interioridades que Juan Carlos, tras abdicar, no quiso saber nada del condado de Barcelona, que con tanto aplomo había llevado su padre; se empeñó en seguir siendo rey. Le contestaron que la Constitución sólo prevé el título de rey de España, y que el país no podía tener dos. Pero se empeñó tanto que finalmente, por Real Decreto 470/2014, el Gobierno consintió en mantenerle el título de rey y majestad. Pues que así sea. Como decíamos, las palabras son importantes aunque no digan nada: a Juan Carlos y a Sofía no se les nombra reyes “eméritos”, título que la prensa --la misma prensa valiente que calló sus desmanes durante décadas-- se apresuró a concederles aunque no aparece en la disposición. No se les reconoce ningún mérito; son simplemente reyes. De hecho, ni siquiera se les reconoce el título de reyes “de España” porque este título, previsto en el artículo 56.2 de la Constitución, es único y lo ostenta en exclusiva su hijo. Así que Juan Carlos sigue siendo el rey pero ya no lo es de España ni de ninguna otra parte; ni siquiera, ya le gustaría, del Reino de Redonda. Es un rey sin territorio que, por no tener súbditos, puede atribuirse ya la condición de soberano, como único habitante de este u-topos sobre el que gobierna. 

Sin trono ni reina, ni nadie que le comprenda, Juan Carlos podría arrancarse cualquier día por José Alfredo. Y podremos esperar tal cosa ahora que, de manera extraña y sutil, se le está poniendo un perfil a lo Julio Iglesias, con quien comparte un prototipo de masculinidad decadente, un mismo gusto por paraísos de palmeras, unas mismas camarillas de aduladores, una misma moralidad abotargada a caprichos y una misma impunidad.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

En el tardofranquismo, Buero Vallejo y Vizcaíno Casas jugaban al mus todos los sábados. Un republicano prisionero en Cuelgamuros y un acérrimo franquista. En la Transición, Santiago Carrillo conversaba en La Clave con Serrano Suñer, y Cristina Almeida se enfrentaba dialécticamente a Blas Piñar. ¿Por qué entonces se veía como normal y ahora no es posible que Aznar y Espinosa de los Monteros dialoguen con Antonio Maíllo y David Uclés? O que no dialoguen, pero que al menos figuren en el mismo cartel.

Hace unas semanas entrevisté al escritor mexicano Juan Miguel Zunzunegui, defensor de las bondades de la conquista de México, y me tocó por tanto darle la réplica y sembrar de dudas sus argumentos. Entonces fueron la derecha y la ultraderecha (a veces me cuesta distinguirlas) las que salieron en tromba acusándome de ignorante y antiespañol. Lo primero lo acepto. Lo segundo no.

El pasado miércoles me posicioné en contra de la cancelación de unas jornadas en Sevilla sobre la guerra civil con un título para mí desafortunado, La Guerra que  perdimos todos. Entre signos de interrogación quizás fuese más asumible. Entonces me tocó la barahúnda de la izquierda y de los que están un poco más allá de la izquierda. Debo de ser un equidistante, a pesar de que en no sé cuántos artículos he dejado clara mi respuesta a la pregunta de estas jornadas sevillanas: No, la guerra la ganaron los fascistas, los que la provocaron, y la perdieron los republicanos, es decir, los demócratas. Y siguieron perdiéndola 40 años más. 

Nos hemos vuelto una España esclerótica, pero no renuncio a que encontremos una vacuna. Eso me parecían estas jornadas, con un plantel equilibrado y un título desequilibrado. Hubiera ido encantado a decirlo y a debatir. ¿De verdad hay que hacer un veto por este título, aunque nos provoque rechazo? ¿De verdad que el  expresidente de gobierno de un sistema democrático no puede dar su opinión? 

Cada uno es hijo del ambiente en el que ha crecido. El mío es de izquierdas, pero, antes aún, es demócrata. Por eso último (y no por lo primero) mi padre fue a la cárcel en el final de la dictadura. Por eso hay escenas que me repelen, como la quema de libros o las presiones para cancelar unas jornadas de debate con ponentes de distintas tendencias. Suspender esas jornadas no es una victoria, es una derrota. Esta sí, de todos.

Nos estamos acostumbrando demasiado al abrazo del oso, a los corsés de los marcos ideológicos de los 'nuestros'. Lo más difícil es contrariar a los que en general piensan como tú, pero a veces no solo es necesario, es imprescindible. Si no, estás muerto. Acomodarse a tu zona de confort ideológica es el principio del fin de un pensamiento libre e independiente.

En esta polémica alguien que se define como historiador me ha calificado de heredero de Fraga. En fin... Solo se me ocurrió preguntarle si de las propiedades de Perbes me tocaba algún lote.

He leído también argumentos serios y ponderados a favor de esta cancelación, como la del director editorial de este medio,  que entiendo y me hacen dudar, pero al final puede más lo que has aprendido en casa. Somos una familia de heterodoxos. Le agradezco a Jesús Maraña que haya aceptado publicar este artículo, incluso sin leerlo previamente,  pero sabiendo que (sin que sirva de precedente) íbamos a estar en desacuerdo.

Rechazo de plano el impresentable acoso ultra que está sufriendo David Uclés y comprendo también sus razones para descolgarse de estas jornadas, aunque tampoco las comparta. Solo temo que un escritor brillante y prometedor, que ha sacudido para bien el panorama literario español, acabe asfixiado por el abrazo del oso. 

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Xabier Fortes es periodista, director y presentador de 'La Noche en 24 Horas' de TVE.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda (Alicante) ha acordado la suspensión las declaraciones en calidad de investigados previstas para este febrero de un agente de la extinta Policía Armada, Daniel Aroca del Rey, y del exministro Rodolfo Martín Villa, en relación con la muerte de la considerada primera víctima de la Transición, Téofilo del Valle, en 1976, según informa EFE.

Así lo ha establecido el juez de Elda en una providencia firmada el 27 de enero, a la que ha tenido acceso EFE, sobre las declaraciones inicialmente previstas para el 4 de febrero.

En dicha providencia, contra la que cabe recurso en tres días, se señala que se suspenden las declaraciones hasta que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa contra el auto de admisión a trámite de la querella criminal presentada por el hermano de Teófilo del Valle, José Antonio.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA) ha señalado en un comunicado que aunque las declaraciones estaban previstas por la jueza Yolanda Julia Candela Quesada, la reciente incorporación al juzgado del juez Francisco José Cabrera Montesinos ha motivado la suspensión de dichas declaraciones.

Para el colectivo, la providencia es contraria a derecho, al atribuir efecto suspensivo a un recurso de apelación que, conforme a la normativa vigente, no lo tiene. De esta forma, entienden que en aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal la interposición de dicho recurso no puede ni debe suspender la tramitación de la causa y tampoco justificar la suspensión de las declaraciones que ya habían sido previamente señaladas.

CEAQUA ha interpelado tanto al tribunal de Instancia de Elda para que anule la providencia y señale una nueva fecha para la toma de declaración de Martín Villa y Daniel Aroca como a la Audiencia Provincial para que ratifique la admisión a trámite de la querella y, en consecuencia, desestime el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa y al Gobierno y grupos parlamentarios de las Cortes Generales para que adopten todas las medidas legislativas precisas para revertir, de una vez por todas, el modelo de impunidad. Primera víctima mortal de la Transición.

El asesinato de Teófilo del Valle, considerada la primera víctima mortal de la Transición, ocurrió en Elda en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976.

En noviembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda admitió a trámite la querella interpuesta por el hermano de Teófilo del Valle, José Antonio del Valle, tanto contra el policía que en 1976 presuntamente le asesinó a tiros, el referido Daniel Aroca del Rey, como contra los mandos que le dieron cobertura de la extinta Policía Armada y los responsables políticos, entre ellos el exministro Rodolfo Martín Villa.

El fotoperiodista estadounidense Robert Royal, conocido por retratar con su cámara el final del franquismo y la Transición española, ha fallecido a los 86 años de edad, según han confirmado a infoLibre. Francisco Franco, Adolfo Suárez, Felipe González y Manuel Fraga fueron algunos de los conocidos personajes que pasaron por delante de su objetivo para medios estadounidenses y británicos.

Nacido en 1940 en Alabama, aterrizó en España a principios de la década de los 60 con la mirada puesta en los 'spaghetti-western' de Almería y con la intención de ser actor. Junto con Carmen Sevilla y Paco Rabal, formó parte del elenco de la película Camino del Rocío (1966), dirigida por Rafael Gil. También participó en grandes producciones como Doctor Zhivago (1965) y La Batalla de las Ardenas (1965).

Sin embargo, en 1967 fue requerido para hacer de chófer, traductor y ayudante de cámara para una productora californiana que se encontraba en España rodando una película para el Ministerio de Turismo. En uno de esos días, fotografió de forma inesperada a Franco cuando este paseaba con su esposa en carruaje. De esta forma, se decantó por la fotografía en documentales, campañas publicitarias y de viajes, no solo por España, sino también por Asia, Oriente Medio y Estados Unidos.

A diferencia de otros fotógrafos extranjeros seducidos por el eslogan 'Spain is Different' y que idealizaron la España en transformación, las fotografías de Royal se caracterizaron por ser menos estridentes y más neutrales. La del dictador Franco saludando en la Feria de Sevilla, el Rolls-Royce negro con el recién proclamado Jefe de Estado Juan Carlos I en su interior, o la de Adolfo Suárez junto al recién regresado del exilio Josep Tarradellas, son algunas de las imágenes más icónicas de Royal.

La mayoría de sus imágenes sobre la Transición se publicaron en el New York Times y Time Magazine, revista en la que apareció en portada su retrato de Adolfo Suárez, realizado un día después de ser nombrado presidente del Gobierno. Royal supo mantener un estrecho contacto con distintas figuras políticas, lo que propició que también fotografiase a Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar en sus primeros días en La Moncloa.

También es conocido su paso fotográfico por Extremadura, en el que realizó un catálogo de moda y varios reportajes, además de participar en el libro Un día en la vida de España.

En 2009, decidió retomar su pasión por el mundo de la interpretación, regresando al teatro y al cine.