El contrato de 12,3 millones de euros entre el Gobierno español y el gigante tecnológico chino Huawei para almacenar escuchas del Ministerio del Interior no es precisamente reciente —la decisión se conoció a mediados de julio y es, además, una renovación—, pero ante la ausencia de actividad política, el Partido Popular lo está utilizando esta semana para abrir un frente interno contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez acusándolo de "poner en riesgo la seguridad" por priorizar las relaciones con China frente a Estados Unidos. Una estrategia que ya siguió el partido de Alberto Núñez Feijóo durante la visita del presidente del Gobierno al país asiático cuando acusó a Sánchez de "entregar España al comunismo chino", en palabras de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y de "generar una tensión internacional" con Estados Unidos, según la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que llegó a pedir que cancelara el viaje.

Lo cierto es que la decisión de adjudicar a la compañía china el almacenamiento de las escuchas policiales de SITEL, el sistema de interceptaciones con autorización judicial que utilizan las fuerzas de seguridad que dependen de Interior, ha generado malestar en el Gobierno de Donald Trump. Según reveló El País este miércoles, las autoridades estadounidenses han dejado claro que la presencia de Huawei es una "línea roja" y que no transmitirá ninguna información a través de redes de comunicación con tecnología china, pese a que el Gobierno español ha ofrecido garantías de que este contrato no supone ningún riesgo para la seguridad.

Por su parte, la Comisión Europea también ha advertido en las últimas semanas de que los países de la UE deben "restringir o excluir a Huawei de sus redes [de comunicación] 5G", porque la compañía china "representa un riesgo mucho mayor" que otros proveedores de infraestructuras móviles. Así lo manifestó el portavoz de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea, Thomas Regnier, en una conversación telefónica con EFE el pasado mes de julio, en la que recordó que el Ejecutivo comunitario pidió ya en 2019 a los Estados miembros que tomaran medidas concretas para evaluar los riesgos que el desarrollo de la red 5G podía causar a la ciberseguridad.

Esta desconfianza de la UE y EEUU ha servido al PP para lanzar sus reproches contra el Gobierno por la adjudicación de este contrato, pese a que se trata de una cantidad irrisoria en comparación a los números que se manejan en materia de Seguridad. "Nuestros aliados están alarmados ante estas maniobras del Gobierno de España. ¿Por qué ha elegido una empresa china bajo sospecha? ¿No encontró una empresa más apropiada?", lanzó el secretario general del PP, Miguel Tellado, en una rueda de prensa desde Génova, después de que el lunes el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ya pusiera el foco en esta cuestión. A juicio del PP, el Gobierno pone en riesgo la "seguridad nacional" por mantener el contrato sin tener en cuenta las advertencias de Washington y Bruselas.

Una afirmación a la que respondió el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, acusando al PP de alarmar "inútilmente" a los españoles. "La seguridad de todas las comunicaciones y la ciberseguridad están totalmente garantizadas a los más altos estándares europeos", aseguró en una entrevista en Onda Cero. "Todo lo demás, demagogia", añadió. Es más, el jefe de la diplomacia española aprovechó para recordar la relación dirigentes del PP con esta empresa china. "Yo he visto a Ayuso inaugurar el hub más importante de Europa de Huawei, o a [Fernando] López Miras, muy alborozado, hacer notas de prensa acogiendo a la empresa Huawei", destacó, en referencia a la presidenta madrileña y su homólogo en Murcia, ambos del PP.

Las explicaciones del Gobierno no han convencido al PP y, además de registrar las comparecencias de los ministros de Interior, Justicia, Defensa y Exteriores, Tellado reclamó explicaciones también a Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicación, al que también han convocado en el Congreso. "Exigimos su comparecencia inmediata para dar explicaciones sobre estos contratos", dijo. Es más, llegó a afirmar, sin pruebas, que esa transacción de la "rama china" es un "enorme entramado de corrupción" que envuelve al Gobierno, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como presunto autor de las negociaciones, y a quien el secretario general del PP definió como "la reina madre de toda la corrupción del PSOE".

Tellado no puso únicamente el foco en Zapatero —al que el PP siempre vincula con operaciones internacionales de todo tipo— sino también en Acento Public Affairs, una consultora de "asuntos públicos", que pone al servicio de sus clientes sus conocimientos sobre la Administración y hace años que la multinacional tecnológica Huawei es cliente de Acento, según la ficha de la consultora en el registro de la Unión Europea. Eso, a juicio del número dos del PP, es prueba suficiente para concluir que la tecnológica china utilizó a la consultora "para manejar sus relaciones con el poder en España".

Acento reúne en su cúpula a una destacada figura del PSOE y otra del PP: José Blanco y Alfonso Alonso, el primero un hombre de José Luis Rodríguez Zapatero y el segundo, de Mariano Rajoy. Tellado, sin embargo, solo se ha dirigido a Blanco, al que ha acusado de formar parte de una presunta trama corrupta, unas graves acusaciones de las que ha evitado dar más detalles. "Ya no hay dos secretarios de organización involucrados, sino probablemente tres", dijo, mezclando así la investigación del caso Koldo con José Luis Ábalos y Santos Cerdán a la cabeza, con la adjudicación del contrato a Huawei.

La compañía fue fundada por José Blanco en 2019, una figura clave en el PSOE durante más de una década donde ha sido senador, diputado, ministro de Fomento, portavoz del Gobierno y vicesecretario general. También lo fue en los primeros pasos en el PSOE de Pedro Sánchez, que conformaba una terna con Óscar López y Antonio Hernando. Este último, Hernando, fue precisamente socio fundador de Acento, compañía que abandonó en octubre de 2021 para recalar en La Moncloa como director adjunto del Gabinete de Presidencia. Tellado ha asegurado que Hernando gestionó directamente los contratos con Huawei antes de volver a la política institucional, una acusación que la consultora ha tenido que desmentir.

En un comunicado, Acento ha asegurado que no participó "ni directa ni indirectamente" en "cualquiera de los aspectos vinculados con este o cualquier otro contrato" entre el Ejecutivo y la empresa china. Así, ha asegurado que están "absolutamente fuera" de su ámbito de "actuaciones comerciales o de contratación con las administraciones públicas": "Queremos hacerlo público en aras de preservar nuestra legítima actividad como consultora y la desvinculación de unos hechos en los que no hemos tenido ninguna participación".

El presidente de Acento es Alfonso Alonso, exministro de Sanidad con Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Antes fue alcalde de Vitoria-Gasteiz (1999-2007), diputado en el Congreso (2008-2016) y también fue el portavoz del grupo durante más de tres años. Tras su etapa en Madrid, pasó a ser el presidente del PP en Euskadi, un cargo que dejó en 2020 tras desavenencias con la dirección de Pablo Casado. Feijóo, con el que le unía una estrecha relación, lo recuperó y desde que es presidente del PP ha participado con él en varios actos de partido e incluso lo llegó a incluir en las listas de las elecciones vascas que se celebraron en 2024.

Preguntado por el papel de Alonso en la empresa, Tellado afirmó que "independiente de quien trabaje en esta empresa", el PP quiere "que el Gobierno dé respuesta sobre si la seguridad nacional está siendo comprometida" al hacer de Acento "se encargue de la gestión y administración de las grabaciones ordenadas por los juzgados de nuestro país". En la consultora también trabaja Esteban González Guitar, hijo del portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, socio fundador y director entre 2019 y 2024, como él mismo refleja en su cuenta de LinkedIn, además de otros cargos vinculados al PP como José María Lassalle exsecretario de Estado de Cultura con Rajoy y Elena Pisonero, que fue secretaria de Estado de Comercio con José María Aznar.

Hace ocho años, cuando Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, apenas contaba con aliados fuera de sus fronteras y tanto su discurso como sus políticas eran tachados de "populistas" a derecha e izquierda del tablero. También en España, gobernada por entonces por Mariano Rajoy, cuyo ministro de exteriores, José Manuel García-Margallo, llegó a calificar de "peligrosas" las "políticas divisorias" defendidas por el magnate. En esa línea se pronunciaba también el entonces portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons. "Nos equivocamos cuando intentamos copiar el discurso de los populistas, cuando queremos ser más populistas que ellos, cuando aceptamos aunque sea implícitamente que los populistas tienen razón, porque aceptar sus razones es aceptar su discurso y aceptar su discurso es acabar aceptando su método", afirmó durante un acto de Nuevas Generaciones del PP celebrado en octubre de 2016.

Pons, aparentemente, no ha cambiado de opinión, pero sí su partido. El ahora vicesecretario de Internacional del PP de Alberto Núñez Feijóo y vicepresidente de la Eurocámara, publicó este domingo en el diario Las Provincias una tribuna en la que arremetió con dureza contra el presidente norteamericano, al que se refirió como "macho alfa de una manada de gorilas" y "ogro naranja". Para Pons la victoria de Trump simbolizó el "entierro de los valores democráticos" de Occidente, una critica que la dirección nacional del PP, a la que él pertenece, encuadra en una "opinión personal" de la que se desmarcan.

En esa misma tribuna, titulada 'Una obispa así quiero yo', el dirigente del PP alababa a la obispa de la Iglesia anglicana, Mariann Budde, por plantar cara a Trump "frente a cuatro tanques en la plaza de Tiananmén" y decirle "la verdad a la cara ante todo Washington en el oficio religioso de la coronación". Aunque Pons reivindica que los Estados Unidos "son nuestro mejor aliado" insiste en que "así no" y clama contra el "vergonzoso silencio general": "Sólo hay que decirlo, como la obispa Budde, o se nos hará tarde. Y déjenme añadir que mujeres como ella, ordenadas en la Iglesia Católica, también le hacen falta al mundo".

Aunque Pons es la principal voz autorizada dentro de la dirección de Feijóo en lo que respecta a la política exterior, nadie replica sus palabras. En Génova están incómodos con las críticas al magnate, atrapados por el sector duro del PP que reclama un acercamiento a los postulados de Trump, y la presión de Vox. Su líder, Santiago Abascal, anunció este lunes que su grupo pedirá en el Parlamento Europeo la reprobación de Pons, que es vicepresidente de la institución y acusó al eurodiputado del PP de "ir de la mano con el autócrata Sánchez en la oposición a Trump".

Abascal lleva años tratando de mimar sus vínculos con el trumpismo y otras extremas derechas que ahora están en el poder, convencido de que obtendrá sus mismos réditos. Ahora buscará su demostrar su influencia en Bruselas como como líder de Patriots, el grupo parlamentario europeo que reúne en Bruselas a las formaciones de Viktor Orbán y Marine Le Pen, a los que reunirá en febrero en una cumbre ultra que se celebrará en Madrid bajo el lema 'Hacer Europa Grande Otra Vez', una copia del MAGA de Trump.

Pero las críticas no solo llegan por parte de Vox. La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que la semana pasada aseguró que está "muy de acuerdo" con las políticas que quiere implementar el presidente norteamericano a excepción de los aranceles, ha cargado contra él: "Le he puesto un mensaje diciéndole 'estás a la izquierda de Iglesias y Monedero'. Ha confundido el que no le guste Trump con decir unas barbaridades que yo desde luego rechazo absolutamente", ha afirmado en declaraciones a La Sexta.

También la alcaldesa de Torrelodones y exdiputada del PP de Madrid, Almudena Negro, ha criticado al hombre de Feijóo en Bruselas: "Totalmente en desacuerdo con González Pons. La Iglesia Católica que ordene sacerdote y obispo a quien quiera. Meterse en la institución católica no es signo de progreso, sino de no entender nada de nada. Además de que no sé a qué viene esto. Era completamente innecesario. Y no me podía callar", ha escrito en X.

Lo cierto es que, hasta la fecha, Feijóo ha tratado de mantener las distancias con Trump y durante la campaña evitó mojarse por ninguno de los candidatos, si bien dejó caer que apoyaría a Harris mientras que figuras como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, criticaban a la candidata demócrata. Tras su victoria el líder del PP ha evitado confrontar con él como sí lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. Hace unos días admitió por primera vez que "algunas declaraciones" de Trump le parecían "innecesarias" y otras “desafortunadas", pero exigió al Ejecutivo de Sánchez mantener una relación "fructífera" con la nueva administración.

A Génova no parece preocuparle en exceso que la 'tecnocasta' haya tomado las riendas de Washington junto a una administración que ha declarado la guerra a los inmigrantes, a la lucha contra el cambio climático, a las feministas y a la comunidad LGTBI. Es más, lo que repiten los portavoces de Feijóo es que están más preocupados por Sánchez que por el presidente de Estados Unidos. En esa línea Ayuso avaló el 'error' cometido por Trump en su primera rueda de prensa desde el Despacho Oval sobre los BRICS, una organización de países constituida como bloque alternativo al G7, donde el republicano situó a España. La madrileña aseguró que se se iba a encargar "personalmente de demostrar" que "no somos parte de los BRICS ni queremos serlo" y culpó a Sánchez de la equivocación.

Por su parte FAES, la fundación de José María Aznar, que tras la victoria de Trump emitió una dura nota contra su "populismo adobado de planteamientos proteccionistas" ahora guarda silencio. En un comunicado publicado tras la victoria de Trump el pasado noviembre, el think tank sostuvo que no era "una buena noticia para España ni tampoco para la UE en su conjunto" la victoria del magnate e incluso se llegó referir a las "actitudes intemperantes" del líder republicano que en su momento "llegaron al abierto desafío institucional" como al asalto de la turba al Capitolio en enero de 2021. Algunas opiniones publicadas por el think thank en los últimos días sí que han planteado interrogantes sobre el futuro del multimillonario en la Casa Blanca.

Desde la derecha mediática también han arremetido contra Pons, empezando por Federico Jiménez Losantos, uno de los altavoces más influyentes entre los votantes de la derecha radical. "El último en unirse al festival del caos ha sido González Pons. No es fácil hacer tanto el ridículo (...) atacar al presidente electo de Estados Unidos cuando tu hijo ha trabajado al dictador, asesino y genocida de Rusia, es muy feo. Esto lo dices después de que Ayuso felicitara a Trump y te pones a la cabeza, como Casado y Teodoro, a hacer el paripé a la izquierda. El colmo es que lo ha hecho para elogiar a una tía petarda que solo verla da grima", ha dicho al inicio de su programa este lunes el presentador de Esradio, en referencia a la obispa Mariann Bude.

"Al votante de derechas (...) le molesta que el representante de un partido con base socialcristiana y católica determine con soberbia lo que debe hacer la Iglesia Católica respecto a los nombramientos internos", señala también en una reciente columna de opinión publicada en okdiario, el medio de Eduardo Inda. "Ya saben aquello de que si buscas contentar a quienes nunca te van a votar, acabas perdiendo a los que siempre te han votado", añade el autor, que se muestra crítico tanto con Pons como con el propio Feijóo por "defender que el Estado se haga cargo de los impagos a propietarios en caso de okupación o morosidad inquilina".

Por su parte el jefe de Opinión de El Español, Cristian Campos, ha tirado de ironía en X para criticar al vicesecretario del PP: "Muy bueno este artículo de Irene Montero, aunque se lo hayan atribuido por error a González Pons". También se ha mostrado duro Manuel Llamas, exviceconsejero de Economía del Gobierno de Ayuso y presidente del think tank Instituto Juan de Mariana: "Está claro que muchos en el PP se empeñan en seguir perdiendo las elecciones frente a Sánchez. No saben ni por dónde sopla el viento. Vergonzoso".

¿Es compatible dirigir la causa judicial de un pseudosindicato contra el Fiscal General del Estado y ser, al mismo tiempo, asesor del Partido Popular con un sueldo a cargo del erario público? Formalmente sí. Es, de hecho, el caso de Víctor Soriano que cobra 56.937 euros anuales desde enero del pasado año como personal eventual adscrito a la secretaria primera, Eva Ortiz, del grupo parlamentario del PP y, al mismo tiempo, representa a la organización ultra en la causa que investiga si desde la Fiscalía se filtró un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La clave para que el Senado reconozca la compatibilidad de Soriano como asesor y abogado está en el puesto que desempeña Eva Ortiz al ser miembro de la Mesa de la Cámara Alta. Así, cualquier "personal eventual miembro de Mesa" puede compatibilizar su "actividad pública principal" con actividades privadas como la docencia y la abogacía. En cambio, los asistentes y asesores del resto de senadores solo pueden hacerlo con la docencia.

Soriano, de hecho, se ha dedicado a ambas mientras ejercía como asesor del PP en el Senado. Además de dirigir el despacho 'Soriano i Piqueras' desde septiembre de 2023, también fue profesor ayudante de Derecho Administrativo en la Universidad Europea de Valencia, tal y como él mismo desgrana en su perfil de LinkedIn, hasta septiembre del pasado año. Un perfil en el que también detalla que actualmente también es administrador de Metrópolis Abogados y "tertuliano de actualidad" en el programa El Faro de la cadena autonómica valenciana 'La 8 Mediterráneo'.

Ese trabajo en televisión no es compatible, según el Senado, con su puesto como personal eventual de la Cámara por lo que, teóricamente, no debería percibir remuneración alguna ya que no está ejerciendo su "actividad privada" como abogado sino como "tertuliano". Pero no es la única labor que desempeña en los medios, ya desde la derecha mediática —Libertad Digital y Okdiario, entre otros—, le consultan como "experto en derecho" o simplemente "abogado", obviando su condición de asesor y militante del PP, sobre cuestiones de actualidad.

Sin ir más lejos este mismo jueves Soriano ha participado en unas jornadas jurídicas organizadas por el medio de Eduardo Inda en Marbella en las que también han estado —en otro panel distinto— los jueces Eloy Velasco, Enrique López y Manuel García-Castellón, a los que se les ha ofrecido una remuneración que ronda los 1.000 euros, según adelantó Canal Red.

Desde el Partido Popular se han tratado de desvincular del nombramiento de su asesor. "No es un asesor del grupo parlamentario del Senado", arguyó el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, en rueda de prensa. "Es un asesor de una persona que cumple funciones de secretaria primera". Una explicación similar a la que dieron desde un primer momento fuentes de la Cámara Alta, que confirmaron a infoLibre que la intención de Ortiz era mantenerlo en el cargo. En Génova aseguran que no conocen a Soriano, que ha desarrollado su trayectoria política en el PP valenciano y lleva militando en la formación de Feijóo desde hace 18 años, tal y como él mismo ha reconocido.

Si hay alguien que lo conoce bien es el vicesecretario de Acción Institucional del PP y hombre de confianza de Feijóo, Esteban González Pons, que en en 2011 tuvo que salir del paso y pedirle perdón a la entonces diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà, tras los insultos recibidos por parte de Soriano, militante en esa época de Nuevas Generaciones y exportavoz de una entidad universitaria afín al sector cristiano liderado por Juan Cotino. Soriano se dirigió a Mollà como "sra di puta da" en redes y Pons lo condenó y se solidarizó con ella.

"Es un asistente de un miembro de la Mesa" insistió Tellado, obviando los vínculos con el PP valenciano y que la contratación de los asesores es discrecional, es decir, deben contar con el aval del grupo parlamentario. No tienen por qué tener una titulación concreta, pero lo que más suelen proliferar son perfiles con la carrera de derecho, ciencias políticas o periodismo. Dentro de esta categoría hay puestos de lo más diverso: asistentes, secretarios, coordinadores de grupo, directores de asuntos jurídicos, directores de comunicación o asesores especializados. Soriano pertenece a la categoría más alta, la A, que cobra el doble que un asistente.

No es la primera vez, sin embargo, que Soriano ejerce como asesor y abogado al mismo tiempo. Ya lo hizo durante 2019 hasta en 2022 en Les Corts, donde ejerció como responsable de asesoría jurídica del PP y trabajó al mismo tiempo en el despacho Gómez-Acebo & Pombo. Desde ese cargo, pagado también con dinero público, dirigió las ofensivas judiciales del PP de Carlos Mazón contra el por entonces president, Ximo Puig, y su familia. Hace pocos días el despacho del que es fundador lanzó un programa dirigido a "perseguir la corrupción del adversario".

Fuentes de la dirección nacional del PP subrayan que por su parte no hay "ningún problema" en que compatibilice ambos trabajos e insisten en que no han tenido acceso a información privilegiada en la causa contra el Fiscal General, mientras que el asesor de la formación conservadora asegura que ha "rechazado tres cargos públicos" por, precisamente, no ser compatibles con el "ejercicio de su profesión" y ofrecer "salarios bajos".

No es la primera vez que los conservadores apuntan y Manos Limpias ejecuta. Es lo que sucedió con el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la que Feijóo situó en la diana el pasado año tras la publicación de algunas informaciones en prensa. "Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido", amenazó desde el Congreso,  "habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro, y judicial también, si es necesario". Semanas más tarde el pseudosindicato denunció a Gómez en un recopilatorio de noticias sobre ella, algunas completamente falsas y las otras sin carácter probatorio de ningún delito.

De un tiempo a esta parte la organización ultra ha conseguido recuperar gracias a su ofensiva judicial contra el entorno de Pedro Sánchez un foco mediático que había perdido en los últimos años. Tras lo peor de la pandemia, Manos Limpias engrasó su maquinaria y volvió a la carga con querellas de alto voltaje dirigidas contra responsables políticos. Eso sí, apuntando siempre hacia el mismo sitio: la izquierda o el independentismo. Todas ellas se estrellaron, sin embargo, contra el Supremo. Denuncias con mucha repercusión mediática, pero nulo éxito jurídico.

Aunque Soriano defiende que no tiene por qué coincidir con la ideología de sus clientes y presume de haber asesorado también al PSOE y a Compromís, sí defiende abiertamente las demandas del colectivo ultra en redes sociales, donde es abiertamente hostil contra el Gobierno. Después de que eldiario.es destapara su caso y desde el PSOE y el Gobierno lo calificaran de escándalo, escribió en X: "Nunca pensé que un ministro de Justicia justificaría su ataque al Estado de Derecho hablando de mí. Sería un halago de no ser un peligro. Ahora entiendo por qué algo que lleva un año en prensa está hoy en una portada a cinco columnas. Todo orquestado".

El Partido Popular lleva años tratando de situar su batalla contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en Bruselas. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y seguida por Alberto Núñez Feijóo, que no está dando los frutos deseados. Tras el resultado de las elecciones europeas del pasado junio, los conservadores confiaban en ejercer mayor influencia a nivel comunitario al ser la segunda delegación —después de la alemana— que más eurodiputados aporta a la familia del PP europeo y continuar su estrategia de desgaste contra el Gobierno central también desde una tercera Cámara, la del Parlamento Europeo.

Sin embargo, y aunque la familia de los socialistas europeos perdió poder— con 18 eurodiputados menos respecto a la legislatura pasada— en las recientes elecciones, el Gobierno español ha ganado peso en la actual Comisión Europea tras el nombramiento de su hasta ahora vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La que fue candidata del PSOE en esos comicios se convertirá, si nadie lo impide, en la 'número dos' de facto de la actual presidenta, la conservadora Ursula Von der Leyen, dotándola de un poder que ningún comisario español ha tenido antes y pese al malestar del PP. La formación de Feijóo trató de dificultar su nombramiento y, una vez confirmado, anunció que se opondrá a su elección en la comisión parlamentaria correspondiente, ya que en el pleno se vota a todos los comisarios en bloque —también a los de su familia política— .

Una decisión que contrasta con la que el PP de Casado tomó en 2019, cuando aceptó a Josep Borell como Alto Representante para política exterior de la Unión Europea. Los conservadores se excusan en que el PSOE hizo lo mismo en 2014 al votar en contra de la designación del popular Miguel Arias Cañete como comisario europeo, después de destaparse sus relaciones familiares con empresas petrolíferas. Aún con su voto negativo en el hearing —el 'examen' individual que debe pasar cada comisario—, las fuentes consultadas por infoLibre en Génova confiesan que "no van a poder boicotear" su nombramiento, ya que, si una mayoría de miembros de su grupo la rechazaran, los socialistas podrían hacer lo propio con otros comisarios del PP europeo.

Aunque, en privado, el PP reconoce que es "lógico" que le corresponda un comisario a Sánchez —se reparte uno por país—trata de minimizar el logro Ribera e insiste en que no va a tener "competencias legislativas" pese a que tendrá la última palabra política sobre fusiones y adquisiciones de empresas y vigilará la libre competencia en el mercado interior. En un hilo publicado en su cuenta de X, el hombre fuerte de Feijóo en Bruselas, Esteban González Pons, aseguraba que el nombramiento de la ministra de Transición Ecológica no se producía "por Sánchez ni por el prestigio de Ribera" —como destacan los corresponsales extranjeros y españoles— sino por ser el PSOE una de las delegaciones más potentes junto con la alemana. Además, también destaca que Ribera "solo" tiene a su cargo la dirección general de Competencia y que la española no va a tener "margen de maniobra" ni en Agricultura y Pesca ni en Medio Ambiente.

Sin poder influir en la composición de la Comisión Europea, el PP español ha tenido que conformarse con lograr —al igual que el PSOE— una de las 14 vicepresidencias del Parlamento Europeo, adjudicada González Pons, y con tres presidencias de comisiones en la Eurocámara. Concretamente, la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), presidida por Javier Zarzalejos, la de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) que ostenta Lina Gálvez y la de Pesca (PECH) que dirige Carmen Crespo. Sin embargo, no han logrado retener la que, la pasada legislatura, fue su 'comisión estrella', la de peticiones, que durante los últimos años ha estado en manos de su candidata a las europeas, Dolors Montserrat.

Se trata de un órgano al que puede acudir cualquier ciudadano de la UE pero que ha sido utilizado como arma arrojadiza por parte del PP para tratar de desgastar a Sánchez. Es más, según datos de la Eurocámara, España es el país que presenta más quejas. En concreto, alrededor del 17% del total, tanto en 2021 como en 2022. En la pasada legislatura la comisión abordó, entre otras cuestiones, el aterrizaje en el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, la inmersión lingüística en Cataluña, una solicitud sobre los asesinatos sin resolver de ETA o los presuntos malos tratos a menores en el sistema de tutela infantil en Mallorca, además del caso que afectaba al marido de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra.

La función de Montserrat era filtrar qué cuestiones se discutían en el Parlamento Europeo y cuáles se descartaban y, aunque el PP siempre ha negado que se le diera prioridad a las cuestiones españolas, su actuación en la comisión se saldó con tres cartas de protesta a la presidencia de la Eurocámara de los grupos de los socialdemócratas, Los Verdes y La Izquierda por el "uso partidista" del PP. En los últimos cinco años el PP envió 'misiones' de eurodiputados para evaluar el sistema educativo en Cataluña —aunque la UE no tiene competencias en la materia— a Euskadi por la banda terrorista y a Baleares por el caso de los menores pero, una vez sobre el terreno, los eurodiputados españoles se dedicaban a criticar al Gobierno de turno. Montserrat lo intentó con la amnistía, pero no prosperó.

Esta semana la formación de Feijóo ha sido la principal impulsora de una resolución que partió a la Eurocámara y que salió adelante con sustancialmente menos apoyo que la que en 2021 pidió el reconocimiento de Juan Guaidó en una situación similar. Aquella votación dio la imagen de una Eurocámara unida, al contrario que la del pasado jueves, donde derechas y ultraderechas votaron a favor mientras el centro liberal, los socialistas, los ecologistas y la izquierda alternativa lo hicieron en contra. La inmensa mayoría de los liberales, y muchos socialistas y ecologistas del centro, el este y el norte de Europa votaron en contra porque no querían hacerlo de la mano de la extrema derecha.

El Partido Popular no buscó sólo los votos del grupo ECR —en el que se encuentra la formación de Giorgia Meloni y los polacos del PiS,— sino también el de los del italiano Matteo Salvini, el húngaro Viktor Orban o la francesa Marinne Le Pen. En el hemiciclo de Estrasburgo se vio, por tanto a las derechas y extremas derechas de un lado y al resto del otro. Los socialistas, así, tuvieron el respaldo de sus colegas europeos y se pudieron abrigar incluso con los liberales y ecologistas. No fue la victoria que el PP esperaba aunque los de Feijóo intentaron sacar todo el rédito posible, incidiendo en la negativa a apoyar la resolución de los socialistas.

En estos últimos años el PP ha tratado de deslegitimar al Gobierno de Sánchez en las instituciones europeas, pero no ha contado con aliados para lograr imponer ese relato. Ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, ni las acusaciones sobre un supuesto intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación, ni las quejas sobre el perfil de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias. Tampoco, por el momento, sobre la amnistía. La hoja de ruta diseñada por Génova pasaba por una condena unánime de las instituciones comunitarias o, al menos, a su familia política, el Partido Popular Europeo, pero ni siquiera las conclusiones de la Comisión de Venencia fueron tan contundentes como el PP de Feijóo reclamaba.

Esta semana han presentado al Gobierno de Sánchez como cómplice de Venezuela. Fue González Pons el que prendió la mecha, al criticar el papel de Sánchez en la salida del país del dirigente opositor Edmundo González. "El Gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se está produciendo en Venezuela", afirmó ante los micrófonos de Esradio el jueves. Unas acusaciones respaldadas por el propio líder del PP, que exigió a su vez la dimisión de Albares por supuestamente participar en esa "coacción del régimen". Los conservadores, junto con Vox, sostienen que Sánchez actúa como aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras el propio Maduro acusa al Gobierno español de intentar asesinarlo.

En la noche del jueves la tesis del PP fue desmontada tras un comunicado del propio Edmundo González: "No he sido coaccionado por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela", aseguró, respondiendo así a las acusaciones de los populares. Pese a esa contundente respuesta, los distintos portavoces del PP han continuado este viernes con el mismo discurso: exigiendo la dimisión del ministro Albares y el reemplazo del embajador en Caracas.

Nuevo desencuentro entre el Gobierno y el PP a cuenta de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instó este jueves al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que "desautorice inmediatamente" las "calumnias" del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, por haber señalado al Gobierno de Pedro Sánchez como "cooperador necesario" en el "golpe de Estado que se ha producido en Venezuela".

"Acusa a España de cosas que son absurdas pero tremendamente injuriosas para nuestro país", dijo Albares a la prensa tras asistir a una reunión en Bruselas para tratar de avanzar en un acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit.

Esta petición de Albares llega tras la exigencia desde Roma del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que dimita el propio ministro de Exteriores y que el Ejecutivo reemplace al embajador español en Caracas. Además, el presidente conservador pide que el presidente del Gobierno dé explicaciones inmediatas por la supuesta "coacción" al opositor venezolano.

"El Gobierno español ha mentido, la diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica, no puede estar al servicio de un régimen dictatorial", dijo Feijóo tras reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. "No puede haber equidistancia entre dictadura y democracia", dijo.

Lo que no ha hecho Feijóo es desautorizar a Pons que ha cargado este jueves, en una entrevista en esRadio, contra el Ejecutivo, al que ha acusado de ser "cómplice" de la firma bajo "coacción" de un documento reconociendo la victoria de Nicolás Maduro por parte del candidato Edmundo González en la residencia del embajador español en Caracas. Además, el popular ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el "gran urdidor" de la "operación".

También ha expresado el "asco", "vergüenza" e "indignación" que le ha producido el vídeo en el que el excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano Edmundo González, exiliado desde el 8 de septiembre en España. Más allá de ver cómo se "chantajea" a una persona, la declaración demuestra, en opinión del también eurodiputado popular, la complicidad e implicación del Gobierno de España en la "operación" para mantener a Nicolás Maduro como "dictador" durante más tiempo.

Pocos minutos después de esta entrevista, los socialistas han exigido al vicesecretario de Institucional de los conservadores que dimita de su cargo en el partido por haber señalado al Gobierno de Sánchez como "cooperador necesario" en el "golpe de Estado que se ha producido en Venezuela". "Es intolerable que el encargado de las relaciones internacionales del Partido Popular sea un hooligan cuyo único problema es la frustración de no haberse enterado de que Edmundo González estaba refugiado en la Embajada de España en Venezuela y sería acogido en nuestro país", han denunciado fuentes socialistas.

Los socialistas han advertido que "los exabruptos de González Pons son incompatibles con la diplomacia" y han subrayado que "si este señor llegase algún día a encabezar las relaciones exteriores de España acabaríamos en el extrarradio de la política internacional". "Las acusaciones que realiza son de tal gravedad que dudamos que sea consciente de lo que está diciendo. En todo caso, eso no es disculpa, y sus palabras de hoy son la gota que colma el vaso y por ello desde el PSOE exigimos su dimisión inmediata", han concluido. 

También la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al PP de inventarse noticias para desprestigiar la acción diplomática del Ejecutivo y ha defendido como "impecable" el trabajo desarrollado para que el dirigente opositor venezolano Edmundo González esté en España.

A preguntas de los periodistas tras asistir a un desayuno informativo junto al ministro Ángel Víctor Torres, para la vicepresidenta González Pons ha perdido "toda ética respecto a lo que tienen que ser las relaciones entre aquellos que, aunque discrepen, tienen obligación de ponerse de acuerdo los políticos y también entre países". "Desde luego, no es ajeno a lo que implica determinados pronunciamientos y a lo que implica también el que se rompa el consenso internacional", ha advertido, y ha tildado de "despropósito" su afirmaciones.

La vicepresidenta ha recalcado que el dirigente opositor venezolano Edmundo González se encuentra en España por una iniciativa "proactiva" del Gobierno, de cuyo apoyo "nadie puede dudar" como, según ha resaltado, ha reconocido él mismo. Para Montero, resulta "calumniante" que se quiera desprestigiar ese trabajo del Gobierno y son "tremendamente ofensivas" las acusaciones "falsas" vertidas por el vicepresidente Institucional del PP.

Montero cree que los populares buscan el "escándalo", la falta de consenso y separarse de los acuerdos internacionales, lo que hace "un flaco favor tanto a nuestro país como a Edmundo González". Ha dicho negarse a "dar pábulo" a quienes quieren poner en duda la actuación "impecable" del Gobierno y están interesados en trasladar "algún tipo de actuación de falta de ética" que no se puede demostrar "de ninguna manera".

González Pons hace "mucho tiempo" que se ha "salido del consenso" en opinión de Montero, que ha insistido en que España está siguiendo de forma fiel la reclamación de Europa de las actas de las elecciones venezolanas del 28 de julio y la exigencia de transparencia. "Edmundo González está en España por la actuación de nuestro país y, por tanto, porque la diplomacia en nuestro país ha funcionado de manera correcta. Hemos ayudado, protegemos y lo seguiremos haciendo", ha subrayado. 

El martes por la mañana se cerró el pacto. En secreto. Por teléfono. A un lado de la línea estaba el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y en el otro interlocutaba Esteban Gónzález Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP. Esa conversación supuso el fin del bloqueo tras cinco años y medio de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El pacto llegaba a buen puerto. Tenía a esas horas el visto bueno de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo. Una de las máximas que se impusieron en el Gobierno y en Génova 13 fue la discreción total. Nada de filtraciones. Sólo los negociadores y sus jefes sabían exactamente lo que se estaba fraguando. Ni barones populares ni ministros conocían las bambalinas.

Los móviles de Bolaños y González Pons eran los únicos testigos de las negociaciones. “Hablaron mucho”, sostienen fuentes conocedoras de las conversaciones. Hubo tanto llamadas entre los dos como mucho intercambio de mensajes vía Whatsapp. Ese envío de ideas y documentos se produjo de manera frenética especialmente durante el fin de semana y en la jornada del lunes. Siempre con “muy buena sintonía”. Todo estaba encarrilado y el martes se produjo por la mañana la llamada final del ok. En esta no hubo tanto frenesí, fue tranquila. Hubo satisfacción en las dos partes. Y el ministro de Justicia tomó un avión hasta Bruselas para firmar entre sonrisas con el popular el documento bajo la atenta mirada de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jurová. Nunca perdió la calma el socialista. Incluso cuando los propios suyos no veían ninguna posibilidad, él creyó que se cruzaría el puente hacia el acuerdo.

Quince horas después Félix Bolaños llegaba al patio del Congreso de los Diputados en Madrid, tocaba sesión de control. Pisaba el asfalto de Floridablanca con una gran sonrisa. Los diputados se acercaban a él diciéndole “enhorabuena”. “Son muy buenos días, no siempre se pueden celebrar buenas noticias”, decía un veterano parlamentario en el pasillo tras pasar a su lado el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 

La renovación del Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a empoderar a la figura política de Bolaños tanto dentro del Gobierno como en el partido. “Siempre termina resolviendo los problemas”, indican fuentes socialistas. Son recurrentes los comentarios y las noticias de cierta parte de la prensa de que el ministro ha perdido la confianza del presidente, de que no logra materializar los encargos de Sánchez, de que está quemado… Pero, según dirigentes y parlamentarios del PSOE, su figura se consolida aún más. "No hay comparación de cómo está ahora el departamento respecto a Pilar Llop", agrega otra fuente socialista.

En la nueva edición de la coalición Bolaños asumió también la competencia de Justicia, una de las carteras con más peso y dificultades en un Ejecutivo. Desde entonces se ha tenido que enfrentar a los asuntos pilares de la amnistía y los roces con el poder judicial. Además de ser el encargado de negociar con el PP, frentes todos de desgaste. Pero los suyos ponen ahora en valor su trabajo. “Sólo él lo puede conseguir. Tiene los conocimientos, un buen equipo. Y, especialmente, tiene la absoluta confianza del presidente del Gobierno”, resume un alto cargo socialista. El presidente del Gobierno solo comparte decisiones con un círculo muy pequeño de personas y muchas veces de forma parcial. En ese núcleo solo están María Jesús Montero, Santos Cerdán, Óscar López y el propio Bolaños.

En el PSOE están satisfechos con el acuerdo y sostienen que el PP quiere vender como una victoria el pacto para contentar a la parte más dura. Pero en la dirección socialista sostiene que al final se siguen sus líneas de renovar según el actual sistema y se evitar cualquier reforma de tipo corporativo en la elección de vocales que perpetuase la mayoría conservadora. Fuentes socialistas sostienen: “Es entendible que Feijóo tenga que vender esto a su ecosistema político y mediático. Es algo alambicado decir que has ido por la independencia judicial cuando has tenido bloqueado el Consejo General del Poder Judicial durante cinco años. Pero no pasa nada. Bien está lo que bien acaba”. Lo que descartan en Ferraz y en La Moncloa es que esto pueda suponer el inicio de una gran coalición y creen que volverá a operar la dinámica habitual de mayorías en el Congreso. 

Pero quieren evitar en el PSOE polemizar directamente con los populares. “Para usted la perra gorda”, como lanzó Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control del martes. De hecho, en La Moncloa sostienen que el PP va a seguir en la línea dura de oposición. Esto no quita que se vislumbren más pactos. El propio Bolaños tendrá que volver a negociar con los populares la renovación de más órganos, con la vista puesta en el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional de Energía y el Consejo de Administración de RTVE.

Bolaños junto a María Jesús Montero se han convertido en el tándem sobre el que descansan los cimientos de la legislatura. Los dos fueron los encargados de negociar la investidura del presidente y ahora tienen en sus manos las materias más sensibles. La agenda catalana está en la órbita del ministro de Justicia, muy pendiente de la aplicación de la ley de amnistía, que es su gran obra jurídica. Y la vicepresidenta primera debe pilotar la reforma de la financiación autonómica que puede dar la llave a Salvador Illa del Palau de la Generalitat y la elaboración de los presupuestos generales del Estado, cuya aprobación a finales de año puede ser el trampolín para aguantar lo que queda de legislatura.

Los focos están puestos en el Ministerio de Justicia en asuntos como la ley de amnistía, la relación con los magistrados y el CGPJ, pero en el departamento también están trabajando en asuntos que no acaparan titulares pero pueden suponer un gran cambio a futuro en este campo: el aumento de un 400% respecto a hace dos años de las becas para preparar las oposiciones para jueces, fiscales, letrados de la administración y abogados del Estado. Uno de los objetivos es democratizar estos estudios que suponen un alto gasto y están copados principalmente por estudiantes con familias con alto poder adquisitivo. Asimismo, en el Ministerio de Justicia trabajan estos días intensamente en otros asuntos como la digitalización de la Justicia. Y también quieren enviar señales sociales como el despliegue de banderas del Orgullo LGTBi en los edificios centrales del departamento en la calle de San Bernardo.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha recriminado este lunes al presidente de Argentina, Javier Milei, que "insulte" a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y ha admitido que se trata de una "intromisión en política nacional". Sin embargo, ha criticado que el Ejecutivo español quiera convertir este asunto en una "razón de Estado" con la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Argentina, según ha informado Europa Press.

"Me parece muy mal que se insulte a nadie. Nosotros no somos de insultar", ha dicho González Pons, quién ha recriminado al jefe del Ejecutivo que Begoña Gómez sea "una particular" cuando se trata de "no dar explicaciones" sobre sus actividades profesionales pero "para romper relaciones con Argentina es casi la reina de España".

En una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press, González Pons ha entendido que Sánchez se "enfade" por esas palabras de Milei, pero ha recordado que "para el resto de los españoles no deja de ser la mujer del presidente del Gobierno". Por eso, ha censurado que esto pueda "perjudicar a tanta gente", ante esa posible "ruptura de relaciones diplomáticas con un país hermano como es Argentina".

González Pons ha reconocido que el discurso de Milei en el acto de Vox es "una intromisión en política nacional y, además, en un espectáculo" que ha calificado "como chocante". "El presidente electo de Argentina no puede o no debe en su primer viaje a España venir sin saludar al rey Felipe VI, sin saludar al Gobierno, sin saludar al Parlamento, y entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española", ha manifestado.

Sin embargo, ha resaltado que "la mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado" y, por lo tanto, los políticos deben llevar estas cosas "con la dignidad" que puedan, asumiendo que la política consiste en enfrentarse. "Convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible ruptura de las relaciones diplomáticas entre España y Argentina, es exagerar muchísimo", ha exclamado, insistiendo en "la cantidad de argentinos y argentinas que viven en España" y al revés, así como "las empresas españolas que trabajan" en ese país.

A su entender, "no se merecen que sus situaciones se vean comprometidas por el honor o por el sentido del honor que tiene Pedro Sánchez hacia su mujer". En este sentido, ha criticado de nuevo que Sánchez "quiera convertir a su mujer en una razón de Estado" cuando "no lo es".

El responsable de Institucional del PP ha señalado que la actuación del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, este domingo fue "como de programa de televisión". "Reclamamos política de adultos. Ya está bien, que se nos trate a los españoles como adultos", ha demandado. Además, ha criticado que Albares no les llame para otros asuntos y sí para decirles que tienen que "enfadarse" porque Milei "ha insultado a la mujer de Pedro Sánchez y que hay que romper relaciones diplomáticas".

Asimismo, González Pons ha indicado que desde el viernes saben que en un procedimiento judicial que se está siguiendo en España "la mujer de Pedro Sánchez ha designado abogado". "En los procedimientos judiciales se designa abogado cuando se es acusación o cuando se es defensa, y hasta donde sabemos la mujer de Pedro Sánchez no es acusación. Luego si ha designado abogado, es probable que tenga que afrontar alguna dificultad en el futuro inmediato", ha advertido.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha avisado este viernes de que sigue disponible para mediar entre el PSOE y PP para una solución que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero ha dejado claro que primero deben hablar entre las partes y que cuando muestren voluntad política de llegar a un acuerdo volverán a verse "a tres".

"Cuando llegue la señal política retomaremos la discusión a tres. Pero es necesario también que las dos partes se hablen, espero que sea eso lo que esté ocurriendo en Madrid", ha indicado Reynders en declaraciones a la prensa en Bruselas, tras subrayar que se mantiene abierto al diálogo pese a la cancelación de la última reunión, ha recogido Europa Press.

Reynders tenía previsto haber viajado el pasado 27 de marzo a Madrid para participar en una nueva reunión con los negociadores del PSOE y PP —el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, respectivamente—. Sin embargo, el comisario aplazó sin fecha el encuentro a última hora a petición de los conservadores y tras constatar que las partes necesitaban "tiempo".

Desde entonces, el comisario no ha vuelto a tener más contactos con las partes y tampoco prevé tomar la iniciativa porque entiende que les corresponde a PSOE y PP dar el paso de "pedir una nueva reunión", según han indicado a Europa Press fuentes comunitarias.

En este contexto, Reynders ha reiterado este viernes que al aplazar el encuentro también trasladó a las partes que sigue "absolutamente disponible" y que la Comisión Europea "seguirá estando disponible, de todos modos, si las partes estiman que hay que esperar un poco".

Pero el comisario también ha insistido en que "es necesario que las partes estén de acuerdo para que se pueda avanzar" y ha recordado que la base del diálogo estructurado son las recomendaciones anuales sobre Estado de derecho que desde hace dos años instan a España a renovar con carácter "prioritario" el CGPJ y a emprender "inmediatamente después" la reforma del sistema de elección de los vocales.

Aunque tanto PSOE como PP han expresado disposición y voluntad para resolver el impasse en que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces, siguen chocando en los tiempos ya que mientras los socialistas sólo ven urgencia en la renovación —y hablan de dejar para "más adelante" la reforma del modelo—, para los conservadores es irrenunciable que ambas cuestiones vayan de al mano.

Preguntado por las palabras del presidente interino del CPGJ, Vicente Guilarte, que el jueves consideró que se ha agotado el tiempo de la política y reclamó buscar "fórmulas alternativas", Reynders se ha limitado a decir que "siempre" está dispuesto a recibir propuestas pero que deben ser "concretas", porque trabaja "sobre la base de textos existentes".

Por tanto, ha añadido, en estos momentos las opciones son las "previstas en la legislación española" y ha confiado en que se pueda llegar a un "acuerdo político" que permita cumplir tanto con la "urgencia" de renovar el Consejo como con el compromiso de "emprender después la reforma". "Espero que podamos encontrar en algún momento el acuerdo político qpara llevar estas dos cosas a bien", ha remachado.

El liberal belga deberá abandonar Bruselas el próximo 25 de abril para hacer campaña a la jefatura del Consejo de Europa, un órgano ajeno a la UE pero al que las instituciones comunitarias escuchan para fijar estándares en materia de Estado de derecho. Con todo, el Ejecutivo comunitario no ve el inicio de la excedencia de Reynders como un ultimátum para desbloquear el CGPJ porque otro miembro del Colegio de Comisarios podría tomar el relevo si así se acuerda después.

“Dear Minister Bolaños, Dear Deputy Secretary Pons”. Tras semanas de debate interno, la Comisión Europea ha dado el paso para mediar entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado desde hace más de cinco años por los populares con más de una veintena de excusas. La primera reunión a tres será el próximo miércoles, 31 de enero, en Bruselas.

Fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien puso sobre la mesa en diciembre en su reunión con Sánchez que la Comisión Europea hiciera este papel de árbitro fuera de España, algo que sorprendió al propio Ejecutivo y al PSOE después de meses de duras críticas e insultos por parte de Génova 13 por el papel del mediador internacional entre Ferraz y los independentistas para la investidura.

El papel lo asume finalmente el comisario de Justicia, Didier Reynders, como quería el PP y con quien los populares tienen un buen trato. El Gobierno no puso resistencia a ese nombre, aunque su labor en la Comisión Europea puede acabar muy pronto por el deseo de Bélgica de que compita por la Presidencia del Consejo de Europa. El político tiene también trato con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el que se vio precisamente en Bruselas este viernes y que será el encargado de negociar por parte de la delegación socialista.

En el Gobierno siempre han interpretado que ese papel de mediación pedido por el PP se debe al “callejón sin salida” de Feijóo para seguir bloqueando el Consejo General del Poder Judicial y al miedo al ataque de la derecha política y mediática al hecho de que pudiera llegar a un pacto con el PSOE en estos momentos. Por eso, en La Moncloa siempre pensaron que este era el salvavidas que buscaba el presidente del PP para poder renovar un órgano que llevaba cinco años “secuestrado” por los populares.

Después de conocerse la implicación de la UE, la lectura que hacen también en el Gobierno es que ya se acabaron “las excusas” del PP y que esta debe ser la negociación “definitiva” para renovar el Poder Judicial. La idea que tiene el Ejecutivo, según comentó Bolaños, es que se intente llegar a un acuerdo en las próximas semanas una vez arranque el trabajo, aunque Bruselas se ha dado dos meses como máximo para la firma final.

Pero estas reuniones a tres tienen también otra batalla de fondo. El Gobierno irá con la idea de que se debe concretar ya una renovación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, pero el Partido Popular quiere utilizar la presión de Reynders para que a la vez se pacte una reforma de la ley que lleve a que los jueces tengan más poder a la hora de elegir el Consejo General del Poder Judicial frente a las Cortes Generales.

El trabajo planeado por la Comisión tiene como hoja de ruta los informes sobre el Estado de Derecho emitidos por Bruselas los dos últimos años, en los que se pide proceder a la renovación del Poder Judicial como “cuestión prioritaria” e iniciar “inmediatamente después” un proceso para adaptar el nombramiento de los miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos de consejos judiciales.

“Lo urgente y lo que pide la Comisión es renovar el Consejo General del Poder Judicial y dar normalidad a la Justicia. La idea del Gobierno coincide con la idea de la Comisión Europea, planteada por escrito en el informe sobre el Estado de Derecho. Esa idea es que la renovación del CGPJ es urgente, es la preocupación máxima de la Comisión y del Gobierno de España. Es urgente cumplir la ley y la Constitución. Una vez que hayamos renovado el CGPJ, por supuesto que podemos hablar de otros asuntos”, consideró Bolaños.

El Gobierno dice que se sentará a la mesa con “la mente abierta” y pone de relieve durante estas horas que no es una noticia menor que los populares “abandonen la rebeldía” de cincos años sobre este órgano. En estos momentos, desde el Ejecutivo se denuncia la estrategia que está siguiendo el PP de erosionar la legitimidad de instituciones como el Congreso o el Tribunal Constitucional.

El PP sigue con la hoja de ruta de que se pacte de manera simultánea esa nueva ley y que, además, se incluya la prohibición de que políticos acaben sentados en el Consejo General y en el Tribunal Constitucional. Desde sectores de la izquierda se achaca al PP ese intento de cambiar la ley para dar más poder a los jueces al dominar, en su opinión, el sesgo conservador entre la magistratura. 

El actual Consejo General del Poder Judicial, controlado por la mayoría conservadora, se ha convertido en un frente contra el actual Ejecutivo, con medidas sin precedentes como comunicados en contra de la ley de amnistía (que todavía no ha sido aprobada por las Cortes) y el demoledor informe contra el nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García, hecho por el Consejo de Ministros. Este órgano lo ha llegado a acusar de una “utilización espuria de sus importantes potestades”.

El CGPJ está formado por veinte miembros (llamados vocales) que son elegidos por las Cortes Generales entre jueces y juristas de reconocido prestigio (diez por el Congreso y diez por el Senado). El mandato es de cinco años y los integrantes no pueden ser reelegidos. En diciembre del año pasado se cumplieron cinco años de bloqueo del Consejo General por culpa del Partido Popular, que ha puesto una treintena de excusas durante este tiempo: desde las críticas de Podemos al rey hasta la reforma de la sedición o la aprobación de los indultos.

La reunión del próximo miércoles llegará en un momento clave, apenas horas después del debate en el Pleno del Congreso de la Proposición de ley de amnistía, donde se dará el visto bueno al texto para pasar al Senado, y que se prevé de alto voltaje dialéctico. Y esa norma llega con modificaciones después de que el PSOE haya pactado con Junts y ERC una enmienda para modificar la parte de la exclusión del terrorismo y blindarla ante el proceso judicial en el que están inmersos Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic.

El arranque del nuevo Gobierno de coalición está marcado en buena parte por el choque con sectores del poder judicial, con manifestaciones incluso de jueces en las puertas de juzgados para protestar contra esa ley de amnistía. Serán precisamente los magistrados los que tengan que aplicar esa norma cuando esté en vigor y el PSOE y sus socios han tratado de afinarla técnicamente ante la ofensiva que se espera en los tribunales y blindarla ante diferentes interpretaciones. Además, tendrá que pasar el filtro del Constitucional, que ahora intenta desacreditar el PP con expresiones como que es el “cáncer del Estado”, como dijo Esteban González Pons, que es precisamente el hombre que va a ir a negociar en Bruselas.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha aceptado este viernes participar en un "diálogo estructurado" para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha citado para ello el próximo miércoles en Bruselas a una primera reunión al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. Así se lo ha comunicado el propio Reynders a Bolaños y González Pons en una carta enviada a ambos en la que les informa de que acepta "implicarme en un diálogo estructurado con ustedes", según el texto al que ha tenido acceso Europa Press y ha confirmado en rueda de prensa el portavoz de Reynders.

"Este diálogo no deberá exceder los dos meses", avisa el comisario en su mensaje a los representantes del PSOE y PP en el que manifiesta su voluntad de contribuir a "resolver un problema que persiste".

El comisario propone que la primera cita tenga lugar el próximo miércoles por la tarde en Bruselas, precisamente un día ante de que en la capital europea se celebre una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE a la que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, ha confirmado que será Reynders el encargado de presidir este diálogo. "La Comisión está lista para desempeñar su papel para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE", ha destacado el portavoz.

En su comunicación con Bolaños y González Pons, el liberal belga explica que es consciente de los "graves problemas" que está causando el bloqueo en la renovación del órgano de los jueces, incluido cómo está afectando negativamente en el trabajo del Tribunal Supremo y del sistema judicial "en su conjunto".

"El último intento de alcanzar un acuerdo entre los dos principales partidos políticos fracasó en octubre de 2022", dice el documento enviado por Reynders, que apunta ha visto "declaraciones públicas de que los dos partidos políticos principales están dispuestos a volver a entablar negociaciones y ambos estarían de acuerdo con que la Comisión supervise el proceso".

Por ello, el Ejecutivo comunitario está dispuesto a "desempeñar su papel y garantizar el cumplimiento del derecho de la UE", su trabajo se basará en las recomendaciones formuladas en sus informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023.

Desde el Gobierno se agradece a la Comisión Europea su "rápida respuesta" a la petición del Ejecutivo para que se implique en la renovación del CGPJ y espera empezar a trabajar "con urgencia" en la misma. Así lo han indicado fuentes gubernamentales que esperan que esta sea la negociación "definitiva" después de varios intentos en los que el PP se ha echado atrás.

Fuentes del Ejecutivo señalan que esta misma mañana el comisario de Justicia confirmó al ministro Bolaños que la Comisión haría pública este viernes su decisión de participar en el proceso. En el Ejecutivo consideran que la preocupación de la Comisión por la renovación del CGPJ es máxima, tal como ha expresado en distintas ocasiones y también este jueves y viernes el comisario Reynders al ministro, según indican.

Por tanto confían en que esta negociación sea la definitiva "después de que el PP rompiese unilateralmente el acuerdo alcanzado en 2018 y se negase a ratificar el de 2022", apuntan. En esta misma línea, desde el Gobierno aseguran que trabajarán para devolver la normalidad institucional al poder judicial y el prestigio que se merece al CGPJ.

Reiteran además que el bloqueo de este órgano está provocando una crisis institucional y un deterioro del servicio público de la Justicia, además de un coste económico que cifran en 12,5 millones de euros anuales.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha rectificado sus palabras asumiendo que la comparación que ha hecho en unas declaraciones este martes del actual Tribunal Constitucional (TC) con un "cáncer del Estado de Derecho" no ha sido "afortunada".

"Quiero retirarla y disculparme de manera muy concreta con las personas que sufren o han sufrido esa enfermedad. En el PP sí sabemos reconocer un error", ha subrayado Pons en un comunicado que ha recogido Europa Press.

Pons no ha descartado este martes que su partido deje de presentar recursos ante el actual Tribunal Constitucional (TC) porque lo considera "un cáncer del Estado de Derecho" en las actuales condiciones, según ha dicho en un coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona junto a La Vanguardia.

Asimismo, ha confirmado que el "PP no dejará ninguna vía política, social o judicial sin explorar para evitar lo que entiende que es una medida ilegal e injusta", por lo que ha asegurado que llevarán al TC la Ley de Amnistía una vez que esté aprobada de manera definitiva.

Eso sí, el vicesecretario popular ha cargado contra el reparto 7-4, a su juicio, "inédito en la historia" que incluye a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "La imagen y la independencia del TC está profundamente comprometida", ha apuntado Pons.

"Por mucho que el PSOE las manosee, ninguna institución democrática puede darse por superada o considerarse inservible. No cooperaremos al desprestigio institucional que genera Sánchez con sus actos", ha exclamado Pons en un texto.

Así, Pons ha confirmado que el PP irá al TC para que aclare si comparte la opinión de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y determine "que es inconstitucional".

El PSOE ha calificado las palabras de Pons, de "impropias de un demócrata" asegurando que "no hay disculpa que pueda tapar el ataque". Así se han pronunciado los socialistas después de que Pons haya rectificado sus declaraciones.

Para el PSOE "no hay paso atrás que disimule lo que piensa" Pons sobre el TC, han subrayado fuentes socialistas que, además, han recordado que estas declaraciones se unen a otras realizadas por el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "en el mismo sentido de desprestigiar al Tribunal Constitucional".

Según los socialistas, el Partido Popular "no soporta lo que no controla", han recriminado, apuntando al mismo tiempo al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No les gusta cualquier renovación del Consejo General del Poder Judicial que implique la pérdida de la mayoría conservadora, y lo bloquean durante cinco años; no logra gobernar, y el Gobierno de España para ellos es ilegítimo", han recalcado.

El proyecto de ley de amnistía está mucho mejor argumentado de lo que los juristas del Partido Popular esperaban y ahora Génova trabaja para completar su contenido difundiendo especulaciones que mantengan la motivación de los ciudadanos movilizados en contra de Pedro Sánchez y ayuden a convencer a la Comisión Europea de que el Estado de derecho en España está en peligro.

Fue el vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, el que admitió esta semana que el verdadero problema para su partido no es el proyecto de ley de amnistía, sino las puertas que, según la dirección de Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la iniciativa.

Pons, que ejerce además como puente entre el líder del PP y las instituciones comunitarias, sobre todo a través del Partido Popular europeo, dejó pocas dudas esta semana en una conversación con periodistas en los pasillos del Congreso. “Todavía no conocemos la ley de amnistía en su totalidad”, argumentó para evitar confirmar si su partido recurrirá la iniciativa ante el Tribunal Constitucional. 

Lo único que sabemos, aseguró, dando a entender que el texto no es el resultado de la negociación del PSOE con Junts y Esquerra, es “el trozo socialista de la ley de amnistía. No conocemos las enmiendas de Junts, no conocemos las enmiendas de Esquerra y no conocemos las enmiendas de Bildu”, añadió, sugiriendo que la izquierda abertzale va a intentar utilizar la norma para sacar de la cárcel a los presos de ETA que todavía están en prisión cumpliendo las penas a las que fueron condenados.

Lo de Bildu no es un error, sino una mención calculada. El propio Feijóo, durante el debate de investidura celebrado hace unos días en el Congreso, especuló desde la tribuna de oradores con la existencia de un pacto secreto entre esta formación y el PSOE. Un acuerdo sobre el que no tienen ninguna prueba, pero que, en cuanto tienen oportunidad, relacionan con la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez acabe otorgando medidas de gracia a los etarras que aún permanecen encarcelados.

”¿De verdad piensa que somos tan ingenuos como el PNV y nos creemos que el voto de Bildu es a cambio de nada? ¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegi, además de intercambiarse Gobierno Foral y presidencia de los ayuntamientos navarros? ¿La Alcaldía de Pamplona? ¿Recuperar el Plan Ibarretxe? ¿La amnistía etarra? ¿También? ¿Hacerle la campaña para que puedan lograr el Gobierno vasco? ¿Conformar Euskal Herría? ¿Todo junto?”

En el PP ya trabajan para trasladar esa misma idea a Bruselas, a pesar de que las instituciones comunitarias sólo trabajan con documentos reales y no con suposiciones. “La Comisión Europea sabe que no está viendo la ley entera, está viendo solo el trocito presentable que firma el PSOE”. Un “trocito presentable”, admitió Pons, pero que el PP cree que Junts y Esquerra exigirán interpretar a la luz de los pactos con el PSOE. De ahí que dé por hecho que el independentismo presentará enmiendas para adaptar el texto a sus demandas. Y que el PSOE aceptará incorporarlas en el trámite del Congreso.

El PP da por hecho que el Constitucional, que considera “un tribunal de parte”, validará la amnistía. De ahí que se resistan a explicar si presentarán un recurso. Y aunque saben que lo tienen difícil, antes de decidir si acuden a la ventanilla del tribunal arbitral, cuyo control perdieron hace casi un año, Feijóo intentará, primero, que el Congreso no admita a trámite la proposición de ley. Y utilizará todos sus recursos para retrasarla cuando llegue al Senado, donde planean organizar comparecencias de expertos en derecho y de organizaciones que se oponen a la norma, así como citar al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, cuya complicidad en contra de la amnistía buscan desde hace semanas.

“Lo que sí podemos decir es que nosotros creemos que esa ley es inconstitucional, que esa ley aumenta la división y la desigualdad entre españoles y que esa ley pone en riesgo la división de poderes y el Estado de Derecho en España”, resumen en el PP.

Basándose en ese planteamiento, así como en la opinión expresada por diferentes instituciones y organizaciones en torno a la amnistía y, sobre todo, acerca de los acuerdos suscritos por PSOE y Junts, el PP va a intentar crear el ambiente propicio para que Bruselas acabe condenando a España como ya hizo en el pasado con Polonia, Hungría o Malta. Que los hechos que motivaron las sanciones a estos países no tengan nada que ver con la amnistía del procés no parece importar en la calle Génova.

El hecno de que el miércoles el Parlamento Europeo, al término de su sesión, vaya a debatir sobre este asunto a petición del PP europeo “es una humillación para el prestigio de España, consecuencia del grave déficit democrático con que sale nuestro Estado después de la investidura”, sostienen en el PP.

Aunque el debate, en realidad, no sea producto de la preocupación de la Cámara de Estrasburgo, sino de la voluntad del PP de introducir ese asunto en el orden del día.

El dosier que el martes Feijóo entregó a decenas de corresponsales extranjeros en España bajo la etiqueta #HelpSpain, que recuerda a la que utilizaban los independentistas cuanto convocaron el referéndum en el año 2017 (#HelpCatalonia), ya circula entre los grupos parlamentarios en Estrasburgo y ha sido remitido a los miembros de la Comisión.

En él acusan a Sánchez de haber politizado el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado —ambos se renovaron aplicando las mismas leyes vigentes cuando gobernaba el PP— y de mantener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación lleva pendiente cinco años precisamente por el Partido Popular.

También figuran en el documento los pronunciamientos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, las asociaciones de jueces y de fiscales, los colegios de abogados, los notarios y hasta los registradores de la propiedad.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha negado este jueves que su partido hiciera una oferta al PNV para investir presidente a Alberto Núñez Feijóo, ya que, según ha dicho, "para ofrecer algo tiene que haber una negociación" y los nacionalistas vascos no quisieron "negociar con el Partido Popular". Durante el debate de investidura, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha deslizado que algún día contará lo que le llegó a ofrecer el PP para apoyar la investidura de Feijóo el pasado mes de septiembre. Según el Diario Vasco, los conservadores ofrecieron al PNV el Ministerio de Industria a cambio de su apoyo.

Antes del debate de investidura de Feijóo, que se celebró los días 26 y 27 de septiembre, el PNV desveló un encuentro a primeros de ese mes entre el conservador y el presidente de su partido, Andoni Ortuzar. Días después, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se reunió en el Congreso con el portavoz parlamentario de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, y también hubo contactos en esas semanas del vicesecretario de Economía, Juan Bravo, con dirigentes del PNV.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, al ser preguntado expresamente qué ofreció el PP al PNV tras las declaraciones de Esteban este jueves, González Pons ha asegurado que "para poder ofrecer algo tienes que sentarte a hablar con alguien". "El PNV no quiso ni sentarse con nosotros. Si nos hubiéramos sentado, le habríamos ofrecido tirar a los mentirosos de la política. Pero como no nos sentamos con ellos, pues no les pudimos ofrecer tirar al mentiroso de la política", ha enfatizado.

Preguntado entonces por qué amaga ahora el PNV con contar un ofrecimiento que no existe, ha contestado: "Pregúntaselo a él". Ante las preguntas de los medios sobre este asunto acerca de si el PP está negando que hubiera un ofrecimiento real al PNV, González Pons ha señalado que los nacionalistas vascos "se negaron a que hubiera ningún tipo de acuerdo" y, "por lo tanto, no hubo ningún tipo de negociación".

Ante la reunión que mantuvo Feijóo con Ortuzar el 7 de septiembre y si sabe qué se habló en ese encuentro, el vicesecretario de Institucional ha indicado que les trasladaron que "no se querían sentar" con el PP. "Para poder ofrecer algo tiene que haber una negociación y el PNV no quiso negociar con el PP. Y ya les digo, si quieren ellos que digan, pero nosotros no hemos podido ofrecerles nada", ha manifestado González Pons.

Dicho esto, ha subrayado que a él le parecía "más importante" saber qué es lo que "ha comprometido" el PSOE con Bildu para que este partido apoye la investidura de Pedro Sánchez. Así, ha indicado que "todavía no conocen la Ley de Amnistía en su totalidad" sino solo el "trozo socialista" de la misma. "No conocemos las enmiendas de Junts, no conocemos las enmiendas de ERC y no conocemos las enmiendas de Bildu. No hemos visto la ley entera y esto también lo tienen claro en Bruselas. La Comisión Europea sabe que no está viendo la ley entera, está viendo solo el trocito presentable que firma el PSOE", ha declarado.

“Somos un partido noqueado”. Así se sincera un dirigente territorial del Partido Popular sobre los días que viven los conservadores a las puertas de la futura fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo. Una formación que se mueve en un magma de contradicciones, frustraciones y desconciertos. 

Los populares vivieron otro episodio de turbación el martes en el Pleno del Congreso con el discurso de Borja Sémper utilizando el euskera cuando la posición del partido era contraria. Muchos dentro del partido siguen sin entender este movimiento, que se suma a otros patinazos como no amarrar el apoyo de Vox cuando se presentó Cuca Gamarra a presidir la Mesa de la Cámara Baja.

Dentro del PP hay voces que se lamentan en público y en privado por la imagen que dio Sémper. Y es que muchos reconocen que tenía que haber sido un día para acorralar al PSOE en el Congreso y sacarle los colores por supuestas cesiones al independentismo. En cambio, el Partido Popular lo desaprovechó y vio como toda la Cámara le decía al portavoz popular que estaba “haciendo el canelo”, como él mismo definió 24 horas a los que querían utilizar las lenguas cooficiales.

Otra de las sensaciones que hay entre muchos cargos del PP es de “incomprensión”: no se ven grandes aciertos en la nueva dirección ni se entienden muchos de los movimientos. Por ello, hay mucha expectación respecto al discurso que dé Núñez Feijóo el día de la investidura. No obstante, como indica una alta fuente del PP, el partido “no está en llamas”. Esto se traduce en que nadie tiene en mente ahora mismo una operación para desalojar al expresidente de la Xunta del despacho principal de Génova 13.

Aunque todos miran a Juanma Moreno (Andalucía) y a Isabel Díaz Ayuso (Madrid), en estas dos comunidades no hay ningún trasiego en sus aparatos contra el gallego a corto plazo. Estos dos territorios apostaron por él para hacer caer a Pablo Casado y consideran que tiene la suficiente autoridad moral para continuar en el cargo. “Venimos de una situación muy delicada. Lo de Ayuso y Casado fue un episodio bastante complicado. Feijóo entró por la puerta grande. No estamos para guerras ahora mismo”, resume un alcalde.

Los populares, según varias fuentes, se aferran a dos posibles escenarios. El primero pasaría por una repetición electoral, que es la pantalla por la que apuesta en estos momentos Génova 13, que cree que podría superar los resultados de las pasadas elecciones generales gracias al voto útil y ante una situación de inestabilidad política. El otro escenario que manejan muchos en el PP es que Pedro Sánchez logre la investidura pero que la legislatura sea “corta”. 

Al PP se le nota, como señala un dirigente territorial, que no ha salido del “batacazo del 23 de julio”: “Fue un golpe muy duro en la línea de flotación de autoestima del partido. Eran muchas las esperanzas depositadas en Feijóo. Teníamos en las manos el cambio de Gobierno. No hemos levantado cabeza, se le nota al líder hasta físicamente. Hoy ya es fehaciente que no podemos gobernar. Esto es una cosa bastante difícil de metabolizar”.

Esta sensación de cierta depresión se mezcla con otra de “rabia”, como indica un parlamentario. Muchos cargos en el PP no logran traducir cómo ha logrado subir en votos Pedro Sánchez respecto a hace cuatro años “con todo lo que ha hecho”: “Es el peor presidente de la historia”. 

Por eso, en la intimidad los populares critican la última semana de campaña del Partido Popular en las elecciones del 23 de julio y se buscan culpables en el círculo más cercano a Núñez Feijóo. No goza de buena prensa en el partido la fórmula de trabajar con tres cabezas: Cuca Gamarra, Miguel Tellado y Elías Bendodo. Lo resume así otra fuente popular: “Era un equipo para gobernar, no para gestionar la oposición”.

Además, en el PP vuelve a aflorar un debate entre sus dirigentes: ¿cómo debe ser la relación con Vox? Hace este análisis un cargo territorial: “Mucha gente no nos votó el 23 de julio por el miedo a la ultraderecha. El PSOE ha logrado que se identifique al Partido Popular con Vox. Es bastante complicado, es muy difícil alejarse de Santiago Abascal cuando lo necesitas. Es un matrimonio malavenido pero necesario para mantener la herencia”. 

También hay “confusión”, como señalan algunas fuentes populares, respecto a Junts: “Ahora vamos a hablar, ahora no”. Esto ha provocado tensión especialmente con el Partido Popular de Cataluña, que lo ha dejado patente a través de su líder, Alejandro Fernández, que es una persona de la órbita de Pablo Casado. Se ha vuelto a revolver con el discurso de Sémper. A través de un mensaje en X lo dejaba claro: “Hay un concepto muy útil en el tenis para cualquier ámbito de la vida: evitar los errores no forzados”.

Se repiensa mucho estos días sobre la relación con el PNV, que se creía en el partido que sería mucho más fácil ante una posible investidura. Uno de los discursos más duros en el Congreso contra Sémper vino precisamente del diputado jeltzale Joseba Agirretxea. Esto divide a los populares, ya que algunos creen que se debería cultivar más este acercamiento, en tanto que otros indican: “Parece que les estamos mendigando el voto”. No ha servido para nada ni la reunión secreta que mantuvo el propio Feijóo con el líder del EBB, Andoni Ortuzar. 

Los populares tenían la sensación de que todo iba a ser “diferente” con la llegada de Feijóo, pero la situación actual difiere mucho del panorama diseñado hasta la noche del 23 de julio. El sector duro de José María Aznar y Esperanza Aguirre empuja hacia un discurso mucho más duro y ha forzado que el actual presidente del PP convoque a marchas forzadas un acto el próximo domingo, a 48 horas de su intento de investidura, para protestar contra una posible ley de amnistía del PSOE y de Sumar en favor del independentismo. Génova 13 busca una gran foto en la calle, aunque también hay riesgos como que capitalice todo el protagonismo Isabel Díaz Ayuso (como pasó en el balcón de la sede del partido durante la noche electoral).

La derecha mediática también está apuntando ya a muchas decisiones de Génova 13 y empiezan a pedir cabezas a Núñez Feijóo, al que todavía no señalan directamente como pasó con Pablo Casado. Federico Jiménez Losantos, al que todos escuchan y temen en los círculos del PP, calificó de “humillación” lo sucedido en el Congreso con las lenguas cooficiales. Según él, el PP tiene un “problema real” porque el expresidente de la Xunta “es muy malo como jefe de personal”. Y le lanzó un mensaje muy directo: tiene que “despedir” a los “sorayos” Borja Sémper, Esteban González Pons, Cuca Gamarra y Elías Bendodo. “La campaña fue un desastre, tienen que asumir responsabilidades. Da la impresión de que quiere rodearse de mediocridades”, sentenció en las ondas.

La campaña en la Comunitat Valenciana para las elecciones generales del 23 de julio está siendo muy intensa en una plaza clave en el reparto de escaños y que puede ser vital para la conformación del futuro Gobierno. Entre los aspirantes al Congreso por Valencia, están la ministra de Ciencia, Diana Morant, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, y Carlos Flores, el excandidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat y condenado por violencia de género, informa Antonio R. Valdivia.

A lo largo de los distintos debates que han tenido lugar entre los aspirantes ha habido rifirrafes políticos pero también menosprecios personales. La ministra se ha referido al popular constantemente como "señor Pons", pero el dirigente conservador le ha interpelado habitualmente como "Diana" a pesar de las peticiones de esta para que se refiriera en los mismos términos en los que le hablaba la socialista. El eurodiputado del PP a acaba refiriéndose a ella, con cierta sorna, como "señora ministra".

El candidato de Vox, Carlos Flores, incluso ha llegado a criticar que Morant explique en los debates que es hija de trabajadores y que ha estudiado gracias a las becas y la educación pública. El ultraderechista le ha afeado: "Excelencia, si tenemos muchos más debates voy a acabar sabiendo de la vida de su excelencia que la del resto de mis compañeros. En el primer debate nos habló de sus abuelos y en este de su padre. No sé qué más nos tendrá reservado".

Después de estos menosprecios por parte de los candidatos de PP y Vox, varias políticas y políticos han mostrado su apoyo a la ministra a través de sus redes sociales, reprochando el comportamiento de Pons y Flores.

"En muy poco tiempo, parece que hemos retrocedido décadas", ha expresado Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno.

Otra ministra del Ejecutivo, María Jesús Montero, responsable de Hacienda y Función Pública, también ha reprochado a los candidatos del PP y Vox su "machismo y condescendencia".

El presidente del Principado de Asturias, el también socialista Adrián Barbón, ha criticado el machismo de Pons y Flores destacando que ambos candidatos solo hayan tenido ese comportamiento con una mujer.

En el PSOE igualmente ha expresado su indignación la secretaria de Igualdad del partido, Andrea Fernández: "Nada ofende más a los machistas que una mujer exigiendo el lugar que le corresponde".

Por su parte, desde el Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, se ha quejado de que "a las políticas se nos llama siempre por nuestros nombres o incluso motes". Un mensaje que ha retwitteado la ministra Irene Montero.

Por último, la expresidenta de las Islas Baleares y ahora candidata del PSOE para el Congreso, Francina Armengol, ha expresado su apoyo a Morant haciendo ver que "el desdén y clasismo de estos dos señoros de PP y Vox solo es equiparable a su machismo y falta de educación".

Alberto Núñez Feijóo tiene una obsesión: atraer a suficientes votantes del PSOE como para alzarse con la victoria en las elecciones del próximo año. Para conseguirlo, tanto él como su equipo de dirección difunden desde hace meses un argumentario según el cual el PSOE ha dejado de ser el Partido Socialista y se ha convertido en el “partido sanchista”. Una formación, aseguran, que nada tiene que ver con el PSOE de figuras como Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba y con la que no es posible llegar a acuerdos porque “han abandonando la Carta Magna”. 

El líder del PP insiste en esa idea estos días aprovechando la disidencia pública de barones como Emiliano García Page y Javier Lambán, presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, respectivamente. Los dos tienen elecciones el próximo mes de mayo y discrepan de la decisión Pedro Sánchez de impulsar una reforma del Código Penal para modificar los delitos de sedición y malversación de la que se beneficiarán algunos de los condenados e imputados por el procés.

Aquel partido, el de Felipe González, fue “baluarte” contra la extrema izquierda y el independentismo, mientras que ahora es su “aliado”, sostiene Feijóo. No es raro que el líder del PP incluya en sus intervenciones públicas elogios a quien fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 y al que en alguna ocasión llegó a votar antes de ponerse al servicio del PP, como él mismo reconoce.

Los elogios de Feijóo a González y también a Rubalcaba no son algo nuevo. En noviembre de 2019, dos días después de que Sánchez anunciase su decisión de formar gobierno con Unidas Podemos, el entonces presidente de la Xunta aseguró que si el PSOE estuviera todavía a las órdenes de sus antiguos líderes estos hubiesen impedido la coalición y habrían apadrinado un Gobierno entre PP y PSOE.

Más chocante aún es escuchar ahora a Esteban González Pons, secretario de institucional de la dirección de Feijóo, echar de menos a Rubalcaba, al que tachaba de “traidor” cuando estaba vivo. Tanto por la Ley de Memoria Democrática como por las “medidas a la hora de afrontar la crisis” se “echa de menos hoy en el PSOE” a figuras como Rubalcaba, declaró el pasado mes de junio.

En 2011, en cambio, González Pons decía que Rubalcaba era un “traidor en términos políticos” a los policías y guardias civiles que “se juegan la vida en el País Vasco, y en otras partes, todos los días”. Entonces le acusaba nada menos que de avisar a un grupo de etarras de que iban a ser detenidos.

El PP acusó a Rubalcaba, a lo largo de su carrera, de toda clase de cosas. Desde haber cedido ante ETA a haber organizado las movilizaciones con Aznar y su Gobierno tras los atentados del 11M.  E incluso de organizar una policía política para investigar a la oposición —es el Gobierno de Rajoy el que está siendo investigado por ese motivo—.

En el caso de Felipe González la lista de críticas que el PP dirigía a quien hoy reivindica como un modelo para el PSOE es interminable. 

Entonces, con José María Aznar en la oposición y el PSOE en el Gobierno, el PP también hablaba del “deterioro de la democracia” y su líder reivindicaba la moderación. “He debatido 11 veces con el presidente González en las Cortes, y debato con él donde quiera y como quiera, pero no intercambio insultos por muchas cosas que me echen encima. Quedan, por tanto, para el señor González las coces y los insultos, mientras nosotros permanecemos en la razón de la construcción de España, porque el proyecto del Partido Socialista ha terminado, está dividido y derrumbado, con un Gobierno dubitativo y tambaleante, que no sirve a los objetivos de nuestro país”.

Aznar, como ahora Feijóo, también acusaba al presidente González de utilizar el BOE a su servicio. “Revitalizar y recrear la democracia quiere decir, entre otras cosas, no tener que pasar por la vergüenza de que en un boletín oficial se vea cómo se indulta a candidatos socialistas condenados por prevaricación porque le interesa al Gobierno”. Votar al PSOE es votar a los comunistas, decía Aznar en 1991, anticipando que tras las elecciones habría pacto con IU.

En 1995, ya en la precampaña de las elecciones que el PP ganó por primera vez, José María Aznar se expresaba en términos que recuerdan nítidamente al Feijóo de ahora. La actual situación política, decía en mayo de aquel año, ni siquiera puede calificarse de “gravísima”, porque “lo que está ocurriendo en España es una auténtica vergüenza” que provoca al conjunto de los españoles “un sentimiento de profunda indignación”.

Entonces el PP, como ahora, proclamaba la debilidad de Felipe González y afirmaba que España quería “un Gobierno fuerte con una mayoría clara” que impidiera una alianza entre el PSOE e Izquierda Unida. “No es que España no tenga posibilidades, tiene un Gobierno incapaz. No es que España sea difícil de gobernar, no tiene Gobierno. No es que España no tenga prestigio, tiene un Gobierno desprestigiado. España tiene futuro y el que no tiene ningún futuro es el actual Gobierno".

Aquel Aznar predicaba concordia, moderación, prudencia y sensatez al mismo tiempo que acusaba al Gobierno de Felipe González de corrupto, de incumplir la ley y de llevarse el dinero. Prometía una reducción de la administración —anunciaba la supresión de 5.000 altos cargos y una limitación del número de asesores por ministro— y hasta prometía que no se mudaría a la Moncloa “porque encerrarse allí es un gravísimo error”.

“Nada les gustaría más a los socialistas que vernos radicalizados, enfurecidos, vociferantes, exasperados. Pues nos van a ver todo lo contrario: tranquilos, moderados, sensatos, prudentes, reflexivos, tendiendo la mano a la concordia, intentando superar las dificultades y llamando a la unidad de todos”, decía en 1995 el líder del PP. Para añadir, a renglón seguido, su intención de poner fin a la política “rancia, corrupta y alicorta” del Gobierno de González. El PSOE se agarra a “la vieja política de siempre, a los engaños y las manipulaciones de siempre. Es la política del sólo resistir y de que aquí da todo igual”. Casi exactamente lo mismo que dice Feijóo hoy: “Sánchez no tiene ya ningún límite y su único objetivo es resistir”.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha elogiado este miércoles la novela "política y de terror" titulada El escaño de Satanás escrita por el eurodiputado y vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y que ha definido como un libro "valiente" que "dice verdades como puños", según informa Europa Press.

"Es una novela para mayores de 18 años y algunos capítulos de la misma pueden herir la sensibilidad del lector", ha proclamado Rajoy, en un acto que ha reunido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; miembros de la actual cúpula del PP como los vicesecretatarios Miguel Tellado y Juan Bravo; la exsecretaria general de los conservadores María Dolores de Cospedal y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Al acto, en un hotel de Madrid, se han acercado además numerosos ex ministros de Gobiernos del PP como Jesús Posada, Miguel Arias Cañete, Fátima Báñez, Iñigo Méndez de Vigo, así como diputados y senadores del Grupo Popular como la expresidenta de la Cámara Baja Luisa Fernanda Rudi.

En la novela se relata la confesión de una diputada que tendrá que hacer frente a los demonios que se esconden bajo el suelo del Congreso de los Diputados. La trama discurre en uno de los momentos más convulsos de la política española que se viven en Madrid tras la llegada de la peste conocida como El Gran Catarro, con la corrupción y las sucesivas crisis de Gobierno como telón de fondo.

Rajoy ha puesto en valor este libro asegurando que es "valiente" y "merece la pena", al tiempo que "muchas cosas" que a algunos no le harán "mucha gracia". Eso sí, ha recalcado que dice "verdades como puños". "Describe muy bien situaciones que conoció y similares, y hace comentarios que muchos compartimos y no publicitamos", ha aseverado.

En las primeras filas han ocupado asiento numerosos ex ministros del PP como Jesús Posada, Miguel Arias Cañete, Fátima Báñez, Iñigo Méndez de Vigo, Jose Manuel Soria, Isabel García Tejerina o Celia Villalobos. También han asistido la expresidenta de la Cámara Baja Luisa Fernanda Rudi; el exportavoz del Grupo Popular Luis de Grandes; el exdiputado y expresidente de Endesa Manuel Pizarro; la concejal de Cultura Andrea Levy; y el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, entre otros. El acto también ha contado con la participación de la compañía teatral La Màquina.

En la novela se relata la confesión de una diputada que tendrá que hacer frente a los demonios que se esconden bajo el suelo del Congreso de los Diputados. La trama discurre en uno de los momentos más convulsos de la política española que se viven en Madrid tras la llegada de la peste conocida como El Gran Catarro, con la corrupción y las sucesivas crisis de Gobierno como telón de fondo.

Rajoy ha puesto en valor este libro asegurando que es "valiente" y "merece la pena", al tiempo que "muchas cosas" que a algunos no le harán "mucha gracia". Eso sí, ha recalcado que dice "verdades como puños". "Describe muy bien situaciones que conoció y similares, y hace comentarios que muchos compartimos y no publicitamos", ha aseverado,

El expresidente del Gobierno ha afirmado que El escaño de Satanás es una novela que "como cualquier obra de ficción no se ata a ningún tipo de exactitud", si bien "mucho de lo que cuenta es cierto o al menos parece cierto". "¿Se parece a la realidad? Eso lo decidirán ustedes porque vengo a presentar la novela y no soy capaz de contestar a cuestiones tan complejas", ha aseverado, tirando de ironía en muchos de sus comentarios y provocando la carcajada del auditorio.

Rajoy ha desvelado algunos detalles de la novela relativos a los pactos parlamentarios, los "desayunos a los que los políticos acuden por las mañanas en los grandes hoteles, quién los financia y quien hace negocio con ellos" o el papel de marquesa Magdalena de Guzmán. "Hay quien sostiene que ella está sepultada bajo los escaños del hemiciclo y que por allí debajo ocurren cosas", ha enfatizado.

El ex jefe del Ejecutivo ha indicado que el libro recoge "algunos detalles tronchantes" y se lee "muy fácil". "A mí el 'El escaño de Satanás' me ha gustado. Confieso que empecé a leerlo con cierto y sano escepticismo", ha dicho, para confesar que se ha reído y divertido mucho con la lectura de esta obra de "un buen amigo" y "persona inteligente".

González Pons ha agradecido sus palabras a Rajoy, al que ha descrito como "buena persona" y "el mejor". "Gracias presidente por tantas cosas durante tantos años", ha aseverado, para agradecer también después su apoyo en lo personal y lo político a Alberto Núñez Feijóo, quien, a su juicio, es "lo mejor que le puede pasar a España".

El eurodiputado ha aludido a la bronca esta mañana en el Congreso -la ministra de Igualdad acusó al PP de "promover la cultura de la violación"- y ha hecho un paralelismo con su novela: "Miren al Congreso real esta mañana. Vampiros, tumbas, lenguas cortadas, partidos radicales? Pero ¿Qué ocurre en la novela de González Pons que no ocurra en la realidad?", se ha preguntado.

El expresidente del Gobierno ya presentó en febrero de 2020 la anterior novela de González Pons, Ellas, un acto al que asistió también el entonces presidente del PP Pablo Casado. Ahora ha vuelto a apoyar al eurodiputado del PP, que ocupó los cargos de vicesecretario de Comunicación y de Estudios y Programas del partido entre 2008 y 2014 cuando el partido estaba liderado por Rajoy.

Apenas unas horas después de la reunión en la que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo desatascaron la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, bloqueada por el PP desde hace casi cuatro años, el líder de la oposición achica el espacio para llegar a un acuerdo. En un coloquio organizado por el diario El Mundo, Feijóo ha dicho este martes que mantiene la condición de la reforma del actual modelo de elección de los vocales, vigente desde 1986 y aplicado por Gobiernos de PSOE y PP durante décadas. 

Feijóo se mostró inicialmente reacio a dar detalles sobre la cita en la Moncloa. “Todo lo que diga que suponga incomodar a los negociadores no lo voy a hacer”, alegó. Pero inmediatamente señaló las condiciones que el PP fijó en julio como el objetivo que su partido se ha propuesto conseguir. “No hay ninguna otra posibilidad”, añadió más tarde. 

Y fue más allá al afirmar que, según él, ha conseguido de Sánchez que la renovación se lleve a cabo siguiendo las reglas que propone el PP al margen de las previstas en la ley. “¿Se avanzó en la renovación conjunta del Constitucional y del Consejo? Sí”, señaló. “¿Se avanzó en un nuevo marco que profundice ya en los criterios de independencia para nombrar a los nuevos consejeros? Sí”. “Se ha de avanzar en un compromiso para reformar la ley y que jueces y magistrados elijan a jueces y magistrados? También”, confirmó enfáticamente. “Dicho esto, dejen a los negociadores que hagan su trabajo”.

Las declaraciones de Feijóo contradicen la posición que dejó entrever el lunes su vicesecretario Esteban González Pons, que en rueda de prensa se negó a hablar de “líneas rojas”.

El negociador del PP, a diferencia de lo que asegura ahora su jefe de filas, habló de propuestas y de “un eje de negociación”. El documento de julio (las condiciones fijadas por el PP para cumplir la ley) es ahora “la base sobre la que creemos que debemos empezar a negociar”, explicó. “Nuestra vocación es defender esos criterios, pero déjennos que empecemos a negociar para ver qué acepta el Gobierno y qué no”, pidió a los periodistas que le insistían para saber si el PP mantenía sus exigencias. 

El PP ya no pone condiciones previas para acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al menos eso es lo que se deduce de las palabras de su negociador principal, el eurodiputado Esteban González Pons. Aunque su partido defenderá en el diálogo abierto con el Gobierno que el nombramiento de los nuevos vocales, pendientes desde hace casi cuatro años, se haga con arreglo a sus criterios y no únicamente de acuerdo con los que marca la ley. Así como que el Ejecutivo se comprometa a reformar el modelo en los próximos meses. La defensa de esas propuestas como condiciones previas fueron el obstáculo que mantuvo bloqueada la negociación durante los últimos meses.

Los de Alberto Núñez Feijóo parecen haber cambiado de posición una vez que el Gobierno ha aceptado que a la negociación sobre el CGPJ se sumen los cinco nombramientos pendientes en el Tribunal Constitucional. Sánchez, interpretan en el PP, se ha comprometido a no nombrar a los dos magistrados que le corresponden en el TC en tanto no haya un acuerdo sobre el Consejo. Otros dos deben ser designados por el CGPJ, algo que los vocales conservadores boicotean desde hace semanas con el respaldo de Feijóo, y el quinto depende de un acuerdo entre PP y PSOE en el Senado. Si se llevan todos a cabo, el tribunal dará un vuelco y pasará de tener una mayoría conservadora a una progresista.

Pons fue muy ambiguo al respecto, pero reconoció que están hablando del magistrado “pendiente de renovar” en el Senado. El PP lo quiere para sí y, con el objetivo de conseguirlo, apela “al acuerdo entre los dos partidos políticos y al fairplay que suele inspirar los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno”, explicó.

Después de tres horas de reunión en la Moncloa, y contra todo pronóstico, Alberto Núñez Feijóo ni siquiera compareció ante los periodistas. Es un hecho insólito: nunca había pasado que un líder de la oposición se entrevistase con el presidente del Gobierno y no rindiese cuentas a continuación ante los periodistas. 

En su ausencia, fue Esteban González Pons quien asumió desde la sede de Génova la portavocía del partido. Y lo hizo para, más allá de la falta de resultados concretos en la renovación del Consejo, mostrarse extraordinariamente satisfecho no solamente con las formas sino con la actitud de Pedro Sánchez, al que de una forma poco frecuente elogió varias veces y al que agradeció la convocatoria. 

“El ambiente de la reunión” fue “muchísimo más cordial de lo que cabía esperar”. “Hoy hemos ido a la Moncloa, nos han recibido y nos han puesto un café. Nos han atendido. Han escuchado nuestras razones y hemos decidido que empezamos a negociar. Tengo razones para estar contento y estoy contento”. “Esta vez, en lugar de salir ninguneados de la Moncloa, nos hemos encontrado con un Gobierno que está dispuesto a hablar, que está dispuesto a recibir propuestas, a hacer propuestas y hacer algo constructivo con la oposición”, remarcó.

La apuesta de Pons por rebajar la creciente intensidad de la refriega entre el Gobierno y el PP se produce a pocos días de que Sánchez y Feijóo se vean de nuevo las caras en un debate en el Senado. Una cita que amenaza con crispar aún más la relación entre ambos y gracias a la cual el PSOE aspira a seguir combatiendo la imagen de “solvencia” del líder conservador. Para cimentar un cambio de tono, Pons defendió la voluntad de su partido de alcanzar “grandes consensos”, su deseo de proteger y trabajar la relación entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y su esfuerzo “por sosegar y serenar” los debates.

Es en ese marco en el que el negociador del PP citó, como un motivo adicional de satisfacción, el hecho de que, según su versión, el Gobierno haya aceptado a petición de Feijóo mantener canales de comunicación con su partido. “Al menos que en unos pocos temas que son posibles y claves para el país no se continúe como hasta ahora”, precisó. Se trata de preservar “un mínimo canal de comunicación ordinaria y de respeto básico; ojalá que el encuentro de hoy signifique que a partir de ahora desde la Presidencia del Gobierno se va a tener en cuenta lo que opina el principal partido de la oposición en aquellos temas que son claves”.

De hecho, el diálogo “discreto” que acaban de reanudar para renovar el CGPJ y cubrir las vacantes en el TC lo llevarán Pons y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pero “a lo largo de esa negociación el contacto entre el presidente del Gobierno y Feijóo será frecuente”, precisó.

 En lo sustancial, el PP mantiene la propuesta que remitió al Gobierno en julio: que la renovación se haga mediante criterios no previstos en la ley y que el Ejecutivo se comprometa a renunciar a su modelo de elección de los vocales, que no es otro que el que utilizan los dos grandes partidos desde el año 1986. Pero, por primera vez, los conservadores no hablan de “líneas rojas”, sino de propuestas y de “un eje de negociación”. El documento de julio es ahora “la base sobre la que creemos que debemos empezar a negociar”, explicó González Pons. “Nuestra vocación es defender esos criterios, pero déjennos que empecemos a negociar para ver qué acepta el Gobierno y qué no”, pidió a los periodistas que le insistían para saber si el PP mantenía sus exigencias. 

El PP trasladó la idea de que, de la reunión, únicamente han salido una rectificación y una cesión por parte del Gobierno. La rectificación sería, según el PP, la vuelta a una negociación cuya ruptura atribuyen al Ejecutivo, a pesar de que está documentado que fueron ellos quienes la rompieron. “Lamentamos sinceramente que se haya tenido que llegar a esta situación para que el Gobierno entienda que no estaba en el buen camino y que también él debe facilitar la negociación”, razonó Pons. La cesión sería haber renunciado a nombrar ya a los magistrados que le corresponde designar en el TC a la espera de un acuerdo sobre el CGPJ.

“Vamos a reconstruir los puentes. Haber tomado la decisión de darnos una última oportunidad no es una decisión menor ni que se pueda adoptar sin una larga, constructiva y a veces muy difícil conversación”. “Vamos a negociar conjuntamente el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, vamos a hablar de todo”, destacó Pons. “Después de meses de ninguneo, es una buena noticia que el Gobierno retome las negociaciones” y que “las intenciones” de ambas partes sean “buenas”.

Pons, no obstante, rebajó considerablemente las expectativas que minutos antes de su rueda de prensa había despertado Feijóo con una anotación en Twitter en la que anunciaba haber “avanzado” con Sánchez “para abordar la renovación conjunta de CGPJ y TC con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia”. Ese “nuevo marco” del que habla el líder del PP, según el negociador del partido, no es otra cosa que “el diálogo y el espíritu constructivo”.

Independientemente de la voluntad real de Feijóo de flexibilizar su posición en este asunto, el PP tiene poco margen para desbloquear la renovación del Consejo. El resto de la derecha, Vox y Ciudadanos, y sus medios afines son muy críticos con cualquier escenario que no incluya un cambio en el modelo de elección para que los jueces elijan directamente el CGPJ sin participación alguna del Congreso y el Senado.

El comisario europeo de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, desoyó este jueves los cantos de sirena del PP. No sólo rechazó de plano la mediación planteada por los de Alberto Núñez Feijóo en un asunto competencia exclusiva de España sino que dejó muy claro que aunque es partidario de un cambio en el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo “urgente” en estos momentos es que se que se lleve a cabo su renovación, que el principal partido de la oposición bloquea desde casi cuatro años. 

Reynders se encuentra de visita en España para conocer de primera mano el grado de cumplimiento de las recomendaciones sobre el Estado de Derecho que periódicamente hace su departamento en relación con todos y cada uno de los 27 países que forman parte de la Unión.

Modificar el sistema de elección, la ley vigente, para que los jueces elijan directamente a doce miembros del CGPJ y no como ahora, que lo hacen indirectamente —el Congreso y el Senado los designan a partir de una lista de 50 nombres propuestos por la judicatura—, es a juicio de Reynders algo deseable pero, lo que tiene categoría de “urgente” es la renovación que el PP está impidiendo desde diciembre de 2018. Modificar el sistema de elección es, al menos de momento, una mera “recomendación” de la Unión Europea, no un mandato.

El eurodiputado Esteban González Pons, al que Feijóo ha encomendado la negociación, intentó a primera hora llevar a Reynders a plantear una mediación de Bruselas entre el Gobierno y el PP que hubiese puesto en entredicho la capacidad de España para resolver este asunto por sus propios medios. 

Pero el comisario europeo no tardó en arruinar la estrategia del principal partido de la oposición al dejar claro que no es tarea suya sentar a una mesa a las dos partes. Reynders subrayó que organizar una reunión, como pedía González Pons, no es tarea suya sino una “cuestión interna de España”.

Este asunto, subrayó, “es una discusión entre las fuerzas políticas” y no algo que deba resolver la Comisión Europea. “No estoy pidiendo” una reunión entre las partes, “sólo estoy intentando ver a todas las fuerzas políticas. Al final es una cuestión interna de España organizar el proceso. No es mi tarea organizar el proceso, es del Gobierno y de los partidos políticos”, insistió tratando de poner distancia con la batalla política de nuestro país.

Reynders confesó estar cada vez “más y más preocupado” por las repercusiones que el bloqueo causado por el PP está teniendo en la situación del Supremo, donde se acumulan las vacantes por cubrir, lo que aboca al alto tribunal al colapso. “He hablado con asociaciones judiciales y he visto que ya hay repercusiones en el funcionamiento de la vida diaria de los jueces y, por supuesto, en el Tribunal Supremo, porque cada vez hay menos miembros y se toman menos decisiones”, destacó.

A media tarde, en una comparecencia en el Congreso, el comisario europeo insistió en la misma idea: pidió que primero se lleve a cabo la renovación y después se aborde una reforma del sistema de elección. “Constato que hay un bloqueo”, aseguró, y que “es necesaria la renovación”. 

No obstante, Reynders también explicó que la Comisión es partidaria de un modelo de representación en el CGPJ con mayoría de vocales elegidos directamente por los jueces tal y como acordaron los estados miembros del Consejo de Europa en 2010. Hay países como Luxemburgo o Italia, recordó, que han modificado o están modificando sus normas para adaptarse a este modelo. 

Pese a que es el PP el que se niega a negociar la renovación del CGPJ en los términos que establece la ley vigente y exige que el Gobierno cumpla sus propias condiciones, González Pons volvió a tratar de desviar la responsabilidad hacia el Gobierno. Y eso que, admitió, la situación actual es “judicialmente insostenible” y “políticamente tóxica”. Y puede dañar más la imagen exterior de España a las puertas de la Presidencia española de la Unión Europea, añadió dando a entender la voluntad de su partido de prolongar el bloqueo hasta el final de la legislatura.

El PP, confirmó, está dispuesto a “renovar inmediatamente” el Consejo, pero siempre que el Gobierno se avenga a hacerlo en sus términos. Especialmente que se negocie “todo a la vez”, lo que significa que no desbloqueará la renovación del CGPJ si el Gobierno no acepta modificar el sistema de elección que rige desde 1986 y que durante décadas y hasta ahora habían aplicado sin problema PSOE y PP.

Por su parte, el Gobierno aprovechó la visita de Reynders para documentar por escrito la tozudez con la que el PP lleva casi cuatro años incumpliendo la legislación española y boicoteando la renovación del Consejo. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, dejó claro al comisario europeo que si el CGPJ no se renueva es porque el PP no quiere.

Bolaños coincidió con Reynders en mostrar su preocupación por el bloqueo al que los de Feijóo están sometiendo al órgano de gobierno de los jueces y le agradeció que durante su visita llame “al diálogo al PP”.

Entretanto, la facción de los vocales conservadores del Consejo que se han organizado para negarse a cumplir la ley y designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden mantuvo este jueves su desafío. El único acuerdo que alcanzaron es que los negociadores de los sectores progresista y conservador se vuelvan a reunir el próximo 5 de octubre con la vista puesta en cerrar un acuerdo para al día siguiente o quizá el día 13, un mes después de lo que establece la ley.

El PP lleva semanas alentando esa rebelión. El propio Feijóo pidió hace un mes a los vocales que se rebelen contra la ley que les conmina a cubrir, como han hecho siempre, dos plazas vacantes del Tribunal Constitucional. Deben actuar “en conciencia”, pidió a los vocales rebeldes para impedir que el Consejo cumpla con su obligación legal.

Detrás de este órdago institucional está el afán de Feijóo de conservar la influencia de la derecha en el Constitucional mientras critica al actual Gobierno por querer “controlar desde el punto de vista numérico el TC para evitar que algunas leyes que están recurridas en el TC puedan tener sentencia de inconstitucionalidad”.

Si el Gobierno nombra, como desea, dos nuevos magistrados progresistas y el CGPJ elige a uno de cada tendencia política, el TC, efectivamente, sufrirá un vuelco en su composición por primera vez en nueve años y pasará a tener siete progresistas y cuatro conservadores. Y aún quedaría pendiente que PSOE y PP pactasen la sustitución de una vacante que corresponde cubrir al Senado.

Sin embargo, el líder del PP trata de presentar como una anomalía que un Gobierno progresista quiera nombrar magistrados afines para el Constitucional y que eso pueda poner fin a la hegemonía conservadora que se inició con los nombramientos llevados a cabo cuando gobernaba Mariano Rajoy.