El exdirector de la Policía Ignacio Cosidó ha rechazado este jueves ante el juez estar al tanto de supuestas investigaciones ilegales a líderes de Unidas Podemos entre 2015 y 2016, y ha indicado que él no entraba en temas operativos, sino que le informaban con posterioridad si había algún resultado relevante, informa EFE.

Cosidó, al frente de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, con el Gobierno de Mariano Rajoy, ha acudido este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en la causa en la que se investiga si desde el Cuerpo se impulsaron investigaciones irregulares sin aval judicial a políticos de Unidas Podemos.

Entre los ex altos cargos investigados figura el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que rechazaron haber ordenado o impulsado este tipo de investigaciones para después filtrarlas a los medios y desprestigiar al partido.

De este último, Eugenio Pino, según informan a EFE fuentes jurídicas, Cosidó ha indicado que no tenía funciones investigadoras, sino que coordinaba, ordenaba o impulsaba investigaciones.

Además de desmarcarse de los hechos relatados en la querella que presentó Podemos y que dio pie a la causa, el también exsenador del PP ha explicado que solo supo de la existencia de una investigación sobre la financiación del partido con posterioridad, cuando ya estaba remitida al Tribunal de Cuentas, según las fuentes.

Se refiere al denominado Informe Pisa (Pablo Iglesias, Sociedad Anónima), elaborado en 2016 pero que no llevó ni firma ni sello y que fue rechazado en los tribunales. Ignacio Cosidó ha negado que llegase a conocer su contenido y ha indicado que sólo supo de él cuando la UDEF lo había remitido ya al Tribunal de Cuentas y se había publicado en los medios.

Ignacio Cosidó ha explicado al juez que él no entraba en cuestiones de las unidades operativas, sino que sólo le daban cuenta de los resultados en casos muy graves.

Según las fuentes, el exdirector de la Policía ha dicho que no recuerda los viajes que habrían realizado cargos policiales a distintos países de América, como Venezuela, que él debía autorizar y que, según la querella de Podemos, perseguían "obtener información perjudicial" para el partido.

De todos los diputados del PP que han sido o son, el más sincero, el que fue capaz de hablar con verdad en el Congreso, es Ignacio Cosidó. En noviembre de 2018, su señoría envió una explicación contundente al grupo de 146 senadores del partido, congratulándose del acuerdo alcanzado para la renovación del CGPJ que pondría al magistrado Manuel Marchena al frente del gobierno de los jueces y, por ende, del Tribunal Supremo. Y para mayor gloria del pacto alcanzado, se ufanaba: "Controlaremos la Sala Segunda desde detrás”.

Aquello trascendió y todo se fue al garete.  Después de eso, pasamos cinco años de rechazo permanente a la renovación del Consejo con argumentos tan peregrinos por parte de la derecha que, al recordarlos, dan vergüenza ajena: que si tal juez no me gusta; que si los de Podemos son malvados; que si van a indultar a los del procés... Excusa sobre excusa. 

El fondo del asunto se encontraba en el mismo mensaje de Cosidó: “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España". Y ahí estaba la clave de la negativa, el temor a que si el Consejo salía adelante el PP no controlaría ni los nombramientos del TS, Sala III de lo contencioso, con la competencia sobre todos los nombramientos del Ejecutivo y del Judicial, Sala II, con competencia sobre todos los aforados y en casación (recuerden los casos de corrupción populares pendientes) y la ubicación de jueces “amigos” en diferentes instancias “menores”. 

Todo ello podía abocar al desastre. No digo nada —Dios no lo quiera— de la posibilidad de que se pudiera producir la presencia en la cúpula judicial de algún juez progresista y partidario de aplicar el derecho sin miramientos. Pero, como todos sabemos, esto no es lawfare porque, en España, el lawfare no existe.

Bueno, pues aun sin haber conseguido ese objetivo de control confesado por Cosidó, estos cinco largos años de travesía del desierto de la judicatura han dado mucho de sí. Sólo que, en vez de trabajar como hasta entonces de manera sutil, poniendo y quitando, intercambiando cromos y colocando a afines, ha sido necesario acudir a métodos más burdos pero que se han demostrado eficaces. 

Así, adonde el CGPJ no llegaba por su precaria situación, algunas asociaciones de jueces de talante conservador (y, por supuesto, las de fiscales del mismo signo) cogían la antorcha criticando leyes o convocando manifestaciones togadas aun sin conocer todavía el texto que no se había aprobado de la inexistente todavía norma sobre la amnistía a batir. Pasito a pasito, jueces y fiscales iban plasmando su impronta ante el Gobierno que se resume en esta idea: Podéis legislar lo que sea, que nosotros diremos la última palabra. 

La postura —chulesca— venía de atrás. Con los ataques a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, sin tener en cuenta los grandes logros que consiguió durante su mandato y que alguna vez, cuando todo esto pase, se valorarán en su justa medida. Las embestidas fueron de inmediato dirigidas a su sucesor. Lo de que a los puestos de decisión se hubieran incorporado fiscales progresistas y –lo último– ¡mujeres!, no era de recibo. Que por el camino se hubieran quedado sin mando en plaza fiscales de la cuerda conservadora que sabían perfectamente lo que necesita, no ya la justicia, sino el país, era inaceptable. Pero eso es algo que aconseja el sentido común, en absoluto achacable a un sesgo de politización, dado que nuestros jueces y fiscales, como todos sabemos, no están politizados.

"El que pueda hablar, que hable, el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva. Cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos", había arengado el expresidente José María Aznar, auténtico paladín del partido que preside Alberto Núñez Feijóo y que goza del respeto de la ultraderecha. (Y que, por cierto, aún no ha pedido perdón por habernos metido en la guerra de Irak ¿se acuerdan?). Parece que algunos jueces tomaron al pie de la letra las indicaciones, y se pusieron manos a la obra.

La estrategia iba dirigida a terminar con el mandato de Sánchez de todas las maneras posibles. Una de ellas, poniendo en el punto de mira a su cónyuge. Como herramienta indispensable, que ya se había demostrado operativa, se absolvió a la carrera al líder de Manos Limpias condenado a prisión por extorsión y que, sin solución de continuidad, presentó denuncias varias, dando –casualidades de la vida– con un juez bien peinado presto a admitirlas aun cuando estuvieran basadas en artículos de prensa de dudosa veracidad o con afirmaciones falsas de toda falsedad. A esta organización de extrema derecha se sumaron otras como Hazte Oír y demás entidades ultras de parecida cuerda que estén dispuestas a pagar la fianza que exige la ley. 

Mientras escribo estas líneas, leo que el juez en cuestión ha devuelto a cada una de las cinco organizaciones querellantes siete mil euros de los diez mil que depositaron de inicio para constituirse como parte procesal a los efectos de afianzar las posibles indemnizaciones derivadas de una hipotética actuación temeraria. En un auto fechado el 3 de julio, informa El Plural, el juez considera que debe ponderarse el importe de dicha fianza y reducirse, estimando parcialmente el recurso presentado por los ultraderechistas. ¡Claro que sí! ¡Es de justicia! Son sin duda gente de ley, no como esas asociaciones de memoria a las que, en Alicante, sin ir más lejos, se les exigen elevadas garantías económicas para querellarse por crímenes franquistas, cantidades que no son sino el escaso dinero con el que cuentan para continuar con los trabajos de exhumación.

Con estos mimbres se ha gestado el caso de la esposa del presidente, al que se unió el del hermano del presidente: monte usted un bulo, extiéndalo con sus medios informativos favoritos, organice jaleo en el Congreso y busque una sala de juicios donde dar sensación de máxima gravedad. Los hechos son lo de menos, o es superfluo que queden en nada, porque lo importante es “el mientras tanto”, destrozar la imagen, la fama y el honor de la afectada hasta convertirlos en puros desechos. Véase si no el circo mediático que este viernes pasado se gestó en el entorno de los juzgados de la Plaza de Castilla y el sorprendente anuncio del juez notificando una querella nueva a la investigada en el momento en que se iniciaba la declaración. ¡Toma ya!

Curiosamente a nadie se le ha ocurrido exigir algún tipo de responsabilidad a este juez o a aquel otro que ve delitos de traición en Puigdemont. Pero es que todos sabemos que estos jueces son “irresponsables.”

Ahora bien, cuando el Gobierno señaló cualquier contradicción sobre la realidad y las acciones judiciales sin fundamento, todos los operadores incursos en el asunto gritaron alto y claro que se trataba un atentado contra la independencia de los profesionales de la Justicia. Un Consejo General del Poder Judicial caducado protestó con vehemencia contra la intromisión, y las asociaciones más rancias del sector organizaron un coro indignado. Los medios informativos ad hoc, por su parte, editorializaron sobre la manera en que la izquierda pretende acogotar a los jueces y cargarse la libertad de expresión. En las tertulias, por supuesto, se implantó la barra libre para descalificar al ilegítimo Ejecutivo.

Pura estrategia, amigos, esto es estrategia a corto, medio y largo plazo. Ya lo verán, el partido judicial estará cada vez más presente, pero no se preocupen, no hay ningún riesgo, porque en España las élites judiciales no hacen política ni se dejan instrumentar por los actores políticos.

La aprobación de la Ley de Amnistía ha sido uno de los mejores campos de batalla. Todos los que podían hacer, han hecho. La Sala II del Tribunal Supremo, salvo la magistrada Ana Ferrer que ha salvado su voto, se ha esmerado en negar la medida de gracia con argumentos que incluso a un profano le suenan sorprendentes, como el de la malversación, centrada en el “enriquecimiento” personal de algunos líderes independentistas. Pero, atención: en los términos, no de que hubieran acrecentado su patrimonio, sino de que, al utilizar erario público para sus fines, se habían ahorrado el gasto que habría tenido lugar de haber sacado el dinero de su propio bolsillo, ergo… se habían enriquecido. 

Todavía estoy dando vueltas al concepto porque reconozco que no consigo entender cómo se ha gestado esta cuadratura del círculo. El Alto Tribunal en su buen hacer y entender alguna razón tendrá, pues no olvidemos que sus actos obedecen solo al derecho puro, por más que los rojos, entre los que me incluyen de siempre, murmuremos, sin fundamento 😉, sobre ideologías próximas al partido de la oposición.

Por si éramos pocos, el Constitucional admitió recursos de amparo variados, en el caso de los ERES de Andalucía, anulando parcialmente conceptos de malversación en cuanto a diferentes condenados por este asunto. Aquí sí que se han desatado las furias de la derecha contra los magistrados del órgano que vela por que se respete la letra y el espíritu de la Carta Magna. Bueno, contra todos menos contra aquellos que el PP considera hombres y mujeres de rectos valores y profesionalidad, que son los nombrados a propuesta de la formación conservadora. Pero en los demás casos no hay independencia que valga, sino un partidismo descarado hacia la postura progubernamental y socio-comunista de estos magistrados, empezando por su presidente.

Los magistrados afectos ya se han ocupado de extender sendos votos particulares en contra –el que pueda hablar que hable– mientras el PP avanza en su estrategia de desprestigio sembrando dudas sobre el presidente y otros dos magistrados. Sin cortarse un pelo, la portavoz popular ha acusado a los magistrados no afines de “hacer revisionismo” de las sentencias del Supremo y, por supuesto, lanzado sendas críticas al Gobierno por “atacar a los jueces”. ¿Qué decir del portavoz del grupo Popular, señor Tellado, y sus acusaciones de sometimiento político del Tribunal Constitucional al Gobierno? ¡Ahí queda eso! Sin ningún recato.

Todo ello pese a haber renovado el Consejo General del Poder Judicial como tiene que ser, con diez jueces para cada formación (PSOE y PP), obviando, por supuesto, aquellos juristas que al PP le rechinan e incluyendo –porque ya era hora– a la señora del juez Llarena, instructor del procés. (En estos casos, la relación familiar no es óbice para ocupar cargos). Sobre todo, con la guinda incluida en el paquete que buscaba el Partido Popular, que tantos años se ha pasado ninguneando la Constitución y negándose a la renovación del órgano: el nombramiento del juez Macías para el Tribunal Constitucional. Un hombre buen conocedor de FAES, bien visto por José María Aznar, que ha sido vocal del CGPJ durante años, compatibilizando el puesto con el de abogado en un importante bufete (en esta ocasión tampoco hay incompatibilidades ni relaciones mercantiles que valgan). 

Es conocido que la aspiración del PP apunta a que Macías acabe presidiendo el Constitucional cuando los hados sean favorables y todos tienen claro que el juez-abogado aportará lo que haya que aportar y hará lo que convenga a aquellos que tanto han bregado para que llegase a buen puerto.

Mientras tanto, con unas dotes de adivinación que sorprenden por la buena puntería, el PP y sus representantes van anunciando hechos que pasarán en las salas de los tribunales sí o sí, con gran aplomo. Por ejemplo, llevan varios días anunciando que el Fiscal General del Estado acabará en el Supremo dando explicaciones por haber permitido una nota de prensa, en la que defendía a la fiscalía de los bulos lanzados por el gabinete de Díaz Ayuso en relación a su novio, presunto defraudador confeso. 

Pero no hay que pensar mal. Lo más probable es que Feijóo, que es gallego, haya recibido de alguna meiga amiga, probablemente especializada en Derecho, una bola de cristal con poderes que van más allá de lo que los ciudadanos podemos intuir. Dejémoslo ahí porque ya sabemos que la justicia en España no está politizada, salvo que sea en relación con aquellos jueces que, según los conservadores, se aproximan a las posiciones del Gobierno, que entonces sí.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

El corportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha arremetido contra el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, tras el escrito remitido al Congreso para que informe sobre la ejecución de la condena al diputado Alberto Rodríguez, informa Europa Press. "Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debe su carrera al PP. Vergonzosa 'normalidad democrática'", ha lanzado en Twitter.

Una crítica al magistrado que se produce después del escrito remitido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para que remita al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.

En su comentario en redes, el dirigente de la formación morada ha aludido a la polémica suscitada hace un par de años cuando se filtraron mensajes de whatsapp del que fuera portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó, "jactándose" a que podrían controlar la Sala de lo Penal de este órgano "desde detrás".

Ante esta polémica suscitada en 2018, el magistrado difundió un comunicado en el que anunciaba que renunciaba a presidir el Consejo General del Poder Judicial, dado que su nombre figuraba con fuerza como posible candidato.

Un cierre en falso de la investigación. Es la conclusión que se extrae de los extensos recursos que han presentado la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares y particulares ante el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, la conocida como operación Kitchen. Uno por uno, los escritos enumeran todos los indicios que, en su opinión, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dejado sin esclarecer, dejando así una buena cantidad de flecos que no han sido aclarados. Uno de ellos, de los más importantes: el material robado a Luis Bárcenas. La negativa del instructor a seguir indagando en su paradero sería, a juicio de los fiscales, como asegurar el éxito de la operación ilegal.

No es poco lo que creen las acusaciones que falta por investigar. Desde una mención a la vinculación directa de esta trama parapolicial con la investigación del caso Gürtel, pues eran pruebas de éste lo que se pretendía destruir; pasando por seguir indagando en las otras ramificaciones que tuvo la Kitchen más allá de los inmuebles de la familia Bárcenas y que se extendieron hasta la cárcel de Soto del Real, así como tratar de determinar el dinero público malversado durante los aproximadamente dos años en que estuvo en marcha la operación (2013-2015); hasta llegar a lo que las acusaciones ven como el centro de todo el entramado: el PP que entonces dirigía Mariano Rajoy, donde sospechan que se gestó toda la trama –o al menos tuvo conocimiento– y sobre lo que el magistrado apenas ha indagado. Una imputación exprés de María Dolores de Cospedal, que apenas se prolongó dos meses, son todas las pesquisas que el instructor ha dedicado a esta pista.

Era previsible que las acusaciones recurrieran el cierre de la instrucción, visto que el juez había rechazado de plano sus peticiones de alargar las pesquisas y de practicar nuevas pruebas. Ante una actuación procesal que los fiscales llegan a calificar de "caótica", la prueba de fuego se presentará ahora en la Sala de lo Penal, es decir, un tribunal de tres magistrados que tendrá en sus manos decidir si obliga a ampliar las pesquisas o confirma el fin de la causa y la envía a juicio. No sería la primera vez que la Sala revoca una decisión de un juez de instrucción. De hecho, todas las partes personadas en este procedimiento, esto es, acusaciones y las defensas de los procesados, han recurrido y unos lo han hecho en reforma, ante el propio magistrado, subsidiario de apelación, ante la Sala, mientras que otros han ido directamente a la Sala. El tribunal resolverá este otoño.

¿Y dónde están los papeles?

No dejan escapar los fiscales y las acusaciones quizá el quid de la cuestión más importante de esta investigación: ¿qué quería robar a Bárcenas el operativo ilegal? Supuestamente se trata de documentación y grabaciones que implicarían directamente al PP en la financiación ilegal que en aquellos momentos se había comenzado a investigar en la Audiencia Nacional. El juez y las acusaciones coinciden en señalar que la operación Kitchen tuvo éxito, pero ¿dónde están los documentos? En lo que difieren es en la necesidad de seguir indagando para averiguar el paradero. Un fleco más que se ha quedado sin esclarecer y que los fiscales insisten en completar todas las pesquisas posibles, algo que García Castellón ya ve "innecesario".

Lo que Anticorrupción traslada a la Sala de lo Penal es que sería conveniente una nueva declaración del inspector José Ángel Fuentes Gago basándose en uno de los apuntes que figuran en los diarios personales del comisario Villarejo: "Lo que le quitaron a LB esta en el despacho de GAGO".

"Cómo no va a ser objeto de la presente investigación obtener las evidencias del acceso por parte del operativo policial al material que se encontraba en poder de Luis Bárcenas y, en consecuencia, la recuperación de esa información, cuando es el propio instructor el que afirma que se han efectuado varias diligencias, sin éxito, encaminadas a la búsqueda de este material. La ratificación de la inconcebible posición del instructor a este respecto traería como consecuencia, más allá del enjuiciamiento de los partícipes en este gravísimo hecho delictivo en atención a los numerosos indicios, que la ilícita operación policial (o, si se llega a acreditar, política) conocida como operación Kitchen habría logrado plenamente sus objetivos", afirman los fiscales. En resumen, dejar de investigar hasta las últimas últimas consecuencias sería como contribuir a asegurar que el operativo ilegal consiguió su propósito haciendo desaparecer información comprometedora para el PP.

Rajoy y Cospedal, en la mira de Fiscalía

Es esa pata política de la operación Kitchen que Anticorrupción ve clara y que el juez García Castellón desdeña la principal que se ha quedado sin investigar por completo. Y es que el instructor tomó declaración a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y no hizo nada más por averiguar si éstos tuvieron alguna relación con la trama. Para la Fiscalía sí está claro, pues considera que era el PP era el principal interesado en robar documentación a su extesorero y, por tanto, la que era la número dos del partido protegía esos intereses. 

El escrito de la Fiscalía es muy contundente en sus más de 90 páginas y no deja lugar a dudas: la exoneración de Cospedal y su esposo es "precipitada" y "extemporánea", y hacía falta seguir indagando para "el total esclarecimiento de los hechos". ¿La razón? Sencillamente, que Anticorrupción cree que el matrimonio ha mentido en sede judicial o, al menos, ha caído en contradicciones, por lo que ve "incomprensible" que el juez les libre de todo tan fácilmente. No dicen los fiscales que se haya demostrado que la ex secretaria general del PP y el empresario fueran los responsables de la trama Kitchen, pero reprochan al juez que ni siquiera siga indagando vistas las "contradicciones" en las que, en su opinión, cayeron ambos en sus declaraciones como imputados. 

Así, el Ministerio Público acusa directamente a García Castellón de imponer una especie de "cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación". Un cordón que se extiende hasta la negativa para investigar los posibles contactos que, según el comisario José Manuel Villarejo, éste mantuvo con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Según el expolicía, le facilitaron durante varios meses varios teléfonos móviles y él iba enviando mensajes a un teléfono que ha facilitado al juzgado al que contaba las novedades de la operación. Al otro lado de ese teléfono, dice, estaba Rajoy.

Según la Cadena Ser, la Policía informó al juez de que uno de los números aportados por Villarejo pertenecía al PP, tal y como han podido corroborar con la compañía telefónica, y que fue dado de alta por la formación política el 31 de diciembre de 2011, dándolo de baja el 12 de julio de 2018, periodo que coincide prácticamente con el tiempo en el que Rajoy fue presidente del Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción apunta en su recurso a "una posible responsabilidad" del expresidente y afea al magistrado que "se quiere delimitar artificialmente" la operación Kitchen al ámbito del Ministerio de Interior. Que el operativo lo desarrollasen comisarios con "conocimiento y protección" del departamento que dirigía Jorge Fernández Díaz "no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP, no constituyan el objeto del procedimiento". Por tanto, cree que es "imprescindible" dilucidar "si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio de Interior "actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental".

Dado que el juez García Castellón dejó claro en su auto de fin de la instrucción que no daba credibilidad a las afirmaciones de Villarejo sobre Rajoy, Anticorrupción ha optado por acudir directamente a la Sala de lo Penal como último intento para obligar al magistrado a reabrir las pesquisas y poder indagar en la responsabilidad política de la trama parapolicial de espionaje a Bárcenas. Y es que no sólo las acusaciones ven al PP como posible centro neurálgico de la Kitchen: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz lo sugiere de forma implícita en su recurso contra su procesamiento.

Ya lo venía a apuntar el exministro en el primer recurso que presentó en la Audiencia Nacional, cuando fue imputado hace ahora un año. Ahora, quien fuera uno de los más estrechos colaboradores de Mariano Rajoy, insiste en que es “realmente preocupante” que el magistrado concluya la instrucción "limitando el objeto de investigación al entorno del Ministerio del Interior” y “considerando que la operación Kitchen se ideó y ejecutó en el marco institucional de dicho ministerio”. “Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interioroperación Kitchen. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior”, subraya.

Llamativa en toda la investigación de esta pieza 7 del caso Villarejo es la ausencia de Ignacio Cosidó. No ha sido citado a declarar ni una sola vez, ni como testigo ni como imputado, en los casi tres años en que ha estado abierta la instrucción a pesar de que dirigía la Policía en los años del operativo ilegal, ocho mandos policiales de los que era responsable han sido procesados, así como sus superiores inmediatos en el Ministerio del Interior. Ni siquiera para preguntarle si llegó a oír o a conocer la operación. La Fiscalía tiene claro que debe ser citado como investigado.

Las otras Kitchenotras Kitchen

Pero no sólo queda el PP por investigar. La instrucción ha revelado que los tentáculos de la Kitchen se llegaron a extender al ámbito carcelario, concretamente al centro de Soto del Real en el que el extesorero del PP ingresó en julio de 2013. Y sigue planeando la sospecha sobre el falso cura, de nombre Enrique Olivares, que secuestró a la mujer y el hijo de Bárcenas en su domicilio, hechos por los que cumple condena. Las dudas sobre estos dos posibles operativos paralelos no han sido resueltas aún y su confirmación podría sumar nuevos investigados de las fuerzas de seguridad del Estado.

No es algo menor, pues cuantos más efectivos, más colaboradores y más medios se destinaran a esta operación ilegal, más dinero público proveniente de los fondos reservados implicó. Más si cabe cuando el propio García Castellón subrayaba en el auto de cierre de la pieza que de la investigación "se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales".

Las palabras "fondos reservados" son una constante en el auto del magistrado. Las menciona no pocas veces para exponer la gravedad que supusieron los hechos investigados y para exponer el por qué del delito de malversación por el que propone juzgar a once imputados, todos ellos funcionarios públicos o cargos políticos que tuvieron responsabilidad sobre millones de euros de dinero público que en teoría debían financiar operaciones policiales que pueden afectar a la seguridad del Estado, no para satisfacer los intereses particulares de un partido político, intereses que, además, eran ilegales porque se pretendía sustraer pruebas de una investigación judicial.

El juez no llega a cuantificar una cifra aproximada de cuántos fondos reservados se gastaron ilícitamente en la operación Kitchen. Hasta el momento sólo ham quedado acreditados los 2.000 euros al mes, más gastos, que estuvo percibiendo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por hacer de confidente para los comisarios que estaban liderando el operativo. Esto es, al menos 53.000 euros. A esto habría que añadir los 700 euros que costó la pistola que le facilitó el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, más el material informático que éste habría cargado a esos mismos fondos.

Por tanto, aún queda mucho por averiguar en este sentido, más aún cuando pudo haber más operativos ilegales en marcha para el "control" de Bárcenas. Los fiscales plantean profundizar en las pesquisas sobre un antiguo compañero de cárcel de Bárcenas, Isidro Sánchez, a quien el extesorero habría dado indicaciones para que en un permiso penitenciario borrara la supuesta grabación del expresidente Rajoy y Javier Arenas hablando de la contabilidad opaca del PP. También quieren volver a investigar al falso cura (encargar un nuevo informe psicológico, rastrear sus cuentas bancarias, etc.).

Día intenso de archivos para el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejocaso Villarejo. Por un lado, ha cerrado la pieza 7, la de la operación Kitchen, en un auto en el que sobresee las actuaciones contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, rechaza numerosas diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para seguir indagando o de otras partes solicitando una prórroga y ha desdeñado en unos pocos párrafos una posible pista a seguir para una citación del expresidente Mariano Rajoy, limitando la trama a un operativo parapolicial orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Por otra parte, ha archivado la imputación contra Repsol, CaixaBank y sus presidentes por los encargos de espionaje al comisario José Manuel Villarejo, tan sólo dos días después de tomar declaración a las empresas. Y todo en unas pocas horas. Los dos autos se pueden recurrir ante el propio juez o ante la Sala de lo Penal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 cree que ya no hay más hilos de los que tirar en la operación Kitchen. Las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos, así como la familia de Luis Bárcenas –los perjudicados en la causa– y algunos de los investigados solicitaron una prórroga de seis meses en la instrucción. El Ministerio Público, además, interesó numerosas diligencias que incluían nuevas imputaciones –como la del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó–, pruebas periciales y citar de nuevo a algunos investigados. El magistrado lo desestima todo y lanza un duro mensaje: “La actividad instructora no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario”.

En resumen, el instructor considera indiciariamente acreditado que la trama de espionaje a Bárcenas y su entorno que se puso en marcha en 2013 para hacerse con documentación sensible para el PP que éste se habría llevado tras ser despedido "se habría ideado en el marco institucional del Ministerio del Interior, siguiendo órdenes del ministro y bajo el control de Francisco Martínez". El ex secretario de Estado, "contó con la ayuda" del entonces director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y otros mandos, que habrían encargado el desarrollo del operativo a Villarejo, quien contó con la participación del exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. Para la "ejecución" de la operación, Villarejo se habría servido también de otro policía, Andrés Gómez Gordo –muy cercano a Cospedal– para captar al chófer del extesorero, Sergio Ríos.

La "misión" estaba "encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en el poder de Bárcenas con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo " en la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PP. Es decir, se trataba de sustraer pruebas para dinamitar la causa judicial que afectaba directamente al partido conservador. Todo ello, financiado con fondos reservados, esto es, dinero público, sin control ninguno. No obstante, la instrucción no ha podido cuantificar cuánto de ese dinero se utilizó para el operativo; el juez sólo habla de los 2.000 euros al mes, más gastos, que llegó a percibir Sergio Ríos durante dos años y los 700 euros que costó la pistola que le compró García Castaño, aunque también menciona otros gastos que percibieron algunos de los comisarios implicados. Tampoco quiere seguir indagando en este asunto y buscar a otros supuestos confidentes captados por la trama parapolicial, como el preso de la cárcel de Soto del Real con el que habría contactado Bárcenas para destruir unos archivos que podrían comprometer a Mariano Rajoy.

La implicación de Cospedal, una "inferencia voluntarista"

En total, García Castellón propone juzgar a once personas: la cúpula de Interior, ocho altos mandos policiales y el exconductor de la familia de Bárcenas por hecho constitutivos de los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación de fondos públicos. Ni dos meses les ha durado la imputación a Cospedal y su marido, que declararon hace sólo un mes en la Audiencia Nacional. Para archivar las actuaciones para ellos, el magistrado argumenta que achacarles una participación intelectual en la trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas no deja de ser “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”. Llega a decir que el hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo, las veces que fueran, "no presupone la existencia de infracción penal alguna" y que ni el comisario jubilado ni nadie que se hubiera reunido con él "debe responder penalmente por ello, en la medida que supone ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión".

Y considera que los audios que se publicaron en moncloa.com del primer encuentro entre el comisario y la ex número dos del PP en el despacho de ésta –aparte de mencionar que su origen es desconocido y su fiabilidad, "dudosa", además de ser sólo un fragmento– "no permiten inferir la intención señalada por el fiscal" cuando solicitó su imputación en septiembre de 2020 –en aquella ocasión, denegada por el magistrado–.

Sobre todas las diligencias nuevas que pedía el Ministerio Público, García Castellón las califica de "inútiles", en algunos casos, "impertinentes" e incluso recuerda que no se permiten "investigaciones prospectivas". Para él, la X de la Kitchen está claraKitchen, y fueron el exministro Fernández Díaz –"vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha"– y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez –con una "activa y continua intervención" que "evidenciaría, presuntamente, órdenes concretas de atender de forma prioritaria a esta cuestión"–, para lo cual se valieron de la cúpula policial en el primer gobierno de Mariano Rajoy. Y eso que hace sólo unos meses preguntaba a Ríos, durante una de sus declaraciones, si no creía que "todo esto" se había "montado desde el partido, no desde el ministerio".

Continuos reproches a Fiscalía

Una de esas diligencias que proponían los fiscales era investigar qué pasó con la información robada a Bárcenas, pero García Castellón lo ve "innecesario", a pesar de que concluye que la trama parapolicial tuvo éxito y robó efectivamente esa documentación que el extesorero guardaba en un estudio de restauración de su mujer y que, según él, contenía datos sobre la financiación ilegal del PP. "Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo", ha contestado.

Otro planteamiento de Anticorrupción era indagar en los teléfonos móviles que, según Villarejo, utilizó para mensajearse con el que fuera presidente del Gobierno durante varios meses en el punto álgido de la operación par informarle de los avances. El juez no le da ningún crédito y para eso presume de su dilatada experiencia como instructor: "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro. Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades".

No ahorra el magistrado en reproches a la Fiscalía. En su opinión, es "preocupante es que se pretenda dar importancia a esta clase de cuestiones tres años después de empezar el procedimiento y cuando ya se ha alzado todo el secreto de la pieza", de ahí que haga una "valoración sosegada", pues asegura que "no atiende a ningún interés de parte, sino que, desde un juicio ponderado de pertinencia, utilidad y necesidad, depura el procedimiento, separando lo relevante de aquello que ni aporta ni añade".

Para empezar, que el número al que el comisario supuestamente enviaba los mensajes "hubiera sido titularidad de un partido político nacional no aporta nada relevante, pues no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas, ni mucho menos para quien se dedicaba profesionalmente a una actividad como la que desempeñaba Villarejo". Sobre los tres números que el expolicía asegura que utilizó para informar, el juez afirma que sólo sobre uno "existen indicios objetivos" de que el comisario era usuario por un terminal que se encontró en el registro de su domicilio, pero la Unidad de Asuntos Internos ya investigó ese teléfono en otro procedimiento judicial de 2014 y no hubo "conexión alguna" con el supuesto número de Rajoy. Y aparte de todo esto, subraya que las compañías telefónicas tiene la obligación de conservar los datos de las comunicaciones electrónicas durante doce mese y los hechos de Kitchen empezaron hace nueve años. 

Repsol y CaixaBank, sólo tres semanas imputadas

Sólo un rato después de acordar el cierre de la pieza 7 del caso Villarejo, el mismo juez ha dictado un auto en el que sobresee las actuaciones para cuatro protagonistas de la pieza 21, la que investiga el proyecto Wine, el encargo que Repsol y CaixaBank habrían hecho al comisario para frustrar el asalto de Sacyr a la petroleraproyecto Wine a través de la empresa mexicana Pemex. No se ha archivado la instrucción para cualquiera, sino que García Castellón lo ha hecho para las propias compañías, que estaban imputadas como personas jurídicas desde hace tres semanas, y para sus presidentes Antonio Brufau e Isidro Fainé.

Como en el caso de la operación Kitchen, el magistrado ha tomado esta decisión sin consultar a Fiscalía Anticorrupción y a pesar de los duros autos en los que muy recientemente imputó a los cuatro: en abril, citó como investigados a Brufau y Fainé por un delito de cohecho al considerar que la reacción frente a Sacyr fue "promovida por los dos presidentes", mientras que el 8 de julio dio el mismo paso con Repsol y CaixaBank por cohecho y revelación de secretos razonando que la contratación a Cenyt, la empresa de Villarejo, se hizo en nombre y beneficio de ambas compañías.

Ahora, tras escuchar a todos, presidentes y representantes de las empresas, el juez sorprende con una decisión en la que se corrige de palmo a palmo. Respecto a Fainé y Brufau, dice que "no consta en la causa, más allá de las declaraciones prestadas, documento o grabación que acredite, al menos indiciariamente, la participación de ambos en la contratación de Cenyt", y que el encargo no recaía en el ámbito de su control. Descarga, así, toda la responsabilidad en los que fueran jefes de seguridad de las compañías, expolicías que habían sido compañeros de Villarejo y que habrían sido su puerta de entrada a este servicio.

Pero a lo que el instructor ha dado especial valor es a lo expuesto por los representantes legales de la petrolera y el banco y a la documentación que han aportado las empresas para acreditar que existía una política de control. Así, entiende que "ambas mercantiles tenían implantado, al tiempo de producirse los hechos objetos de la presente pieza separada, un sistema de prevención y cumplimiento eficaz", sin que las acusaciones hayan logrado probar lo contrario. Y eso que en el auto de imputación les reprochaba duramente que hubiesen faltado a la "diligencia debida" para comprobar que Villarejo seguía siendo policía en activo y que su empresa de detectives no tenía licencia para realizar labores de seguridad privada. Lo llegó a calificar de "negligencia".

"CaixaBank y Repsol contaban con medidas adecuadas para evitar la comisión de los delitos investigados dentro de su actividad, con un plan de cumplimiento normativo y una cultura de cumplimiento implantados en la entidad en el momento de los hechos", asegura ahora García Castellón, que remarca que esos sistemas de cumplimiento no pueden medirse desde la exigencia de una "eficacia absoluta", sino desde la "capacidad del ente corporativo de prevenir, y en su caso, reaccionar de forma eficaz frente a la comisión del delito". En su opinión, "resulta suficiente (...) que se pueda constatar que existía una cultura de cumplimiento normativo debidamente instaurada" y con "rasgos evidentes de eficacia", y por eso desimputa a las empresas, aunque no descarta que puedan responder como responsables civiles subsidiarios respecto de los delitos imputados a las personas físicas.

De Repsol, por ejemplo, señala que "para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de cohecho, contaría con 72 controles y para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, 69 controles". Pero la investigación de la Audiencia Nacional ha permitido acreditar que sí hubo cohecho y revelación de secretos y que Villarejo habría recibido por el encargo 413.600 euros que sufragaron tanto Repsol como CaixaBank.

Ni Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía Nacional, ni Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, dicen saber nada de una operación Kitchen. Por no saber, dicen que no saben ni a qué operativos se dedicaban los mandos policiales que estaban a su cargo en tiempos del primer Gobierno de Mariano Rajoy. El primero no está imputado en la causa de la Audiencia Nacional que investiga el operativo parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas y su familia y ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo, a pesar de ser el mando político colocado por el PP para estar al frente del Cuerpo Nacional de Policía durante casi cinco años. El segundo sí está investigado, pero ha llegado a calificar Kitchen como "inexistente". Y eso a pesar de que, según el sumario de la causa, para los seguimientos se llegaron a utilizar a hasta setenta efectivos.

Este es el balance de las declaraciones que han prestado este martes Cosidó y Martínez en la comisión de investigación del Congreso sobre el operativo financiado por fondos reservados que se puso en marcha en 2013 para supuestamente robar documentación sensible para el PP que Bárcenas se podría haber llevado del partido cuando fue despedido. Ni uno ni otro han dado pábulo a las afirmaciones que previamente habían realizado los mandos policiales que han pasado también por la Cámara Baja y que les habían señalado como, al menos, conocedores de esta operación e incluso el ex director general de la Policía las ha enmarcado en una estrategia de defensa por estar imputados, explicando veladamente que bajo esta condición se puede mentir en sede judicial.

A Cosidó le señaló el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino en la Audiencia Nacional y la semana pasada también el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Sobre el primero, ha recordado que lo hizo en una declaración judicial como imputado, mientras que sobre el segundo ha negado taxativamente haberle dado ninguna instrucción, pues estaba encuadrado en la estructura de la DAO: "Jamás he despachado con él, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ningún mensaje con él y jamás le he hecho llegar una instrucción a través de terceras personas", aunque sí ha reconocido que intercambió con él un "saludo protocolario" al inicio de su mandato.

Pero es que incluso se ha desmarcado de esos mandos policiales de los que en teoría era su superior inmediato y de su nombramiento, explicando que tanto Eugenio Pino como los miembros de la Junta de Gobierno de la Policía no los designó él, sino el entonces ministro del Interior Fernández Díaz. Y, de hecho, según Cosidó, todo lo hacía Pino, o al menos eso ha dado a entender: también la concesión de la medalla a Villarejo y el cese de Marcelino Martín Blas como jefe de Asuntos Internos fueron propuesta del DAO aunque la firma estampada en los respectivos documentos fuese la del director de la Policía.

"O negligente o cooperador"

Habiendo sido máximo responsable político de la Policía entre enero de 2012 y noviembre de 2016, algunos diputados han expresado su incredulidad acerca de que él no tuviese ningún control sobre esa misma Policía, sobre todo teniendo en cuenta además que sus entonces superiores, el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Martínez, y subordinados como Pino o comisarios como Villarejo o Enrique García Castaño sí están imputados en la Audiencia Nacional. Como le ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, "o fue un negligente o fue un cooperador necesario".

Martínez, por su parte, ha comenzado su intervención adelantando la que iba a ser su estrategia todo el interrogatorio: "Les avanzo que niego de forma contundente y sin ningún matiz que durante el ejercicio de mi cargo de secretario de Estado de Seguridad, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, participase o tuviese conocimiento, directo o indirecto, de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias".

Y en estos términos se ha mantenido. "Niego la existencia de tal operación. No hay ningún papel, ningún documento que hable de esta operación", ha reiterado en varias ocasiones. En parte tiene razón, porque en el Ministerio del Interior no consta ningún informe que hable de una operación Kitchen, pero los investigadores, la Fiscalía Anticorrupción y el propio instructor consideran que se trató de un operativo al margen de la legalidad que nunca fue puesto en conocimiento del juez que entonces investigaba los llamados papeles de Bárcenas, la financiación ilegal del PP.

Firmaba los cheques, pero no sabía para qué

Cosidó y Martínez han sostenido que no sabían nada de operativos policiales. El uno, dice, porque a quien correspondía informar era a juez y fiscales; el segundo le ha matizado y ha reconocido que no siempre pasan por un juez las peraciones policiales, pero ha manifestado que en su caso no las conocía porque no entraba en el detalle cuando firmaba los cheques de los fondos reservados. "Yo tenía la competencia para autorizar fondos reservados y firmaba el cheque en un sistema de firma mancomunada. Ni yo ni ningún secretario de Estado de Seguridad tiene el detalle ni entra en la idoneidad de las operaciones", ha asegurado.

De lo que no ha querido hablar Martínez es de los mensajes de texto que, según él, envió a Fernández Díaz en los que supuestamente hablan de la operación Kitchen y que protocolarizó ante notario cuando el exministro dijo en una entrevista que se había enterado por la prensa de todo el operativo parapolicial. Son mensajes que han sido objeto de informe policial, ha justificado, mientras que otros que también se reflejan en la investigación son de índole "personal" que están sacados de contexto. Lo que sí ha hecho, como ya hiciera en la Audiencia Nacional, es pedir "disculpas" por uno en el que escribió que su "grandísimo error" fue confiar en Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

Su declaración, en realidad, ha sido bastante parcial, pues tampoco ha contestado a las preguntas más peliagudas y que le pueden poner en apuros por su condición de imputado en la causa judicial. Así, por ejemplo, no ha repetido en el Congreso que fue Fernández Díaz quien le pidió que se enterase sobre la investigación a Bárcenas porque algo le había llegado y no tenía más información. Lo que sí ha reiterado es que nunca habló con Cospedal de un operativo llamado Kitchen y tampoco ha señalado a Rajoy. Y es que, según el ex secretario de Estado, ni siquiera sabe por qué está investigado desde hace más de un año ni qué delitos se le imputan.

"Me pedían que mandara mensajes" para transmitir las novedades de la operación Kitchen y al otro lado del teféfono estaba "Mariano Rajoy"operación Kitchen. Así lo ha afirmado el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el Congreso, en una comparecencia que ha despertado importante expectación política y mediática. Le ha costado arrancar, pero cuando ha empezado, no ha parado de implicar a altos cargos del Gobierno y del PP en el espionaje al extesorero Luis Bárcenas. Aparte del expresidente, ha mencionado a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó...

Villarejo ha comenzado respondiendo al PSOE, pero en esta parte de la comparecencia apenas se ha explayado; se ha limitado a decir que duda de que Rajoy "desconociera" el operativo parapolicial de espionaje a Bárcenas para supuestamente localizar información que se habría llevado del partido al ser despedido. Ha preferido el comisario jubilado esperar al interrogatorio de Vox para detallar cómo, según su versión, informaba a unos y a otros sobre los seguimientos y la información que se iba obteniendo del extesorero.

"Yo consideré la operación como una operación de inteligencia, no sólo para documentos que pudieran comprometer al PP, sino porque me dijeron que Bárcenas podía tener información que afectaba a altas instituciones del Estado. Rajoy tenía interés por una cuestión de Estado, por informaciones de cuentas en el extranjero que afectaban a altas instituciones del Estado", ha declarado el expolicía en respuesta a las preguntas de la diputada de ultraderecha Macarena Olona.

Según Villarejo, "había una serie de personas", como Francisco Martínez, Cospedal y el presidente de La Razón Mauricio Casals que le "trasladaban inquietudes del presidente del Gobierno" y le pedían que mandara mensajes "con lo que ya les había dicho a ellos". Era un número, ha dicho, que empezaba por 650 y al otro lado estaba Rajoy, que le preguntaba si lo que le habían transmitido era así. El comisario jubilado, sin embargo, no ha aportado ninguna prueba de esos mensajes. Los teléfonos, ha matizado, se los hacían llegar.

La versión del expolicía es que numerosos altos cargos del Gobierno de Rajoy y del PP de 2013 estaban al tanto de la operación: Sáenz de Santamaría, quien se informaba a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); Martínez y Fernández Díaz por lo que él mismo les reportaba, sobre todo al primero; Cosidó porque fue la persona que supuestamente le llamó para decirle que se pusiera a disposición de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para una misión especial...

Pero Villarejo ha llevado munición para todos y a preguntas del portavoz del PP se ha despachado también sobre sus trabajos con gobiernos del PSOE. El diputado del partido conservador se ha olvidado del objeto de la comisión de investigación sobre la operación Kitchen y se ha centrado en preguntar al compareciente por todas aquellas operaciones que dice haber realizado o conocido antes de la llegada de Rajoy al poder para así desprestigiar a los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. El caso Faisán del chivatazo a ETA; el caso Roldán... Y, una vez más, para sembrar la duda sobre el comienzo de la investigación del caso Gürtel, que ha definido como "operación política"caso Gürtel.

El exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino ha afirmado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el ex director de la Policía Nacional y ex senador del PP Ignacio Cosidó estaba al corriente de la conocida como operación Kitchenoperación Kitchen, creada en 2013 para espiar al entorno familiar del extesorero conservador Luis Bárcenas.

Así lo ha dicho durante su declaración como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que le ha citado para confirmar si él era el autor de uno de los mensajes en los que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez protocolizó ante notario.

La declaración del ex DAO, que sólo ha contestado al juez instructor del caso Tándem y a la Fiscalía Anticorrupción, ha tenido lugar justo después de que hace unos días se conociera una informe de la Unidad de Asuntos Internos aportado a la causa en el que se da cuenta de los mensajes que se intercambiaron Pino y Martínez sobre el operativo parapolicial montado con el objetivo de sustraer la información sensible del PP que guardaba Bárcenas.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración han informado a Europa Press, que Anticorrupción ha hecho un interrogatorio exhaustivo sobre estos mensajes.

Ha sido entonces cuando Pino ha apuntado hacia Cosidó, afirmando que él mismo le informó sobre el espionaje a Bárcenas. En este sentido, ha señalado que el exdirector de la Policía estaba al corriente de todo.

El levantamiento del secreto sobre el dinero movido en el exterior por el comisario José Manuel Villarejo –Panamá le ha bloqueado 600.00 euros– devuelve a escena uno de los puntos más oscuros del caso: el  momento en que, en abril de 2015 y con las bendiciones del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, un informe policial libró al comisario de un procedimiento disciplinario que habría podido destapar sus manejos dos años y medio antes de que fuese detenido y encarcelado. Fechado el 20 de abril de aquel año, de aquel informe ya había trascendido que la cúpula de Interior consideraba compatibles sus negocios privados con su puesto como funcionario público porque no entrañaban "menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes" ni guardaban "relación" con su actividad policial. Pero hasta ahora había permanecido oculto el principal argumento que dio sustento a aquella conclusión. Y ese argumento, plasmado en el informe, al que cinco años después ha tenido acceso infoLibre, es nada menos el que sigue: que la actividad privada de Villarejo se limitaba a "la gestión de un patrimonio personal generado durante los casi diez años que el funcionario estuvo en excedencia reglada y solicitada formalmente". En resumen y por acudir a un ejemplo: que tenía negocios pero se comportaba con ellos al modo de un rentista alejado de la ajetreada vida mercantil de las compañías que posee.

El periodo de excedencia de Villarejo comenzó el 13 de agosto de 1983 y acabó el 29 de junio de 1993. Según el informe policial, es lo amasado en esa década lo que el ya célebre comisario "se dedica a administrar cuando reingresa en el servicio activo, sin perder de vista que muchas de las empresas que se constituyeron en esa época actualmente están extinguidas".

Pero lo que el informe omite es que, justamente a los tres años de que volviera al Cuerpo –el 8 de agosto de 1996 según una información del Registro Mercantil accesible con un click– nació la empresa Cenyt SL. Buque insignia de la flota empresarial de Villarejo, Cenyt SL fue la mercantil utilizada entre 2004 y 2017 por el policía para acometer grandes operaciones de espionaje –del socialista Miguel Sebastián al fundador de Ausbanc, Luis Pineda– para entidades como el BBVA. O para empresarios de menos renombre que buscaban doblegar a rivales a golpe de extorsión. Hizo sus trabajos valiéndose de medios públicos y así lo atestiguan conversaciones grabadas por él mismo. Y solo del BBVA, esos "servicios" prestados reportaron a Cenyt SL 10,28 millones de euros. 

Las ocho páginas del informe policial, buena parte de ellas dedicadas a enumerar jurisprudencia sobre la Ley de Incompatibilidades, fueron redactadas como consecuencia de un extenso reportaje de investigación publicado por El País un mes antes, el 20 de marzo de 2015. Construido como un detallado informe, el texto explicaba cómo Villarejo participaba en 12 sociedades con 16 millones de capital. Una de ellas era Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), "la que puede ser la sociedad matriz de la mayoría de sus negocios", escribió ya en aquella fecha el periodista Javier Ayuso. 

Una solicitud de compatibilidad que ni "consta" ni "resulta necesaria"

Firmado por el inspector José Ángel Fuentes Gago bajo encargo directo del entonces jefe operativo de la Policía, el DAO Eugenio Pino, el informe se cerró sin que la Policía hiciera la menor comprobación sobre el carácter y alcance real de los negocios de Villarejo. En él no hay ni una sola referencia a información mercantil sobre la estructura societaria, donde la confluencia de ciertos elementos permite establecer conexiones y hurgar en quiénes son los verdaderos propietarios. Tampoco hay en el informe un solo dato sobre cuentas anuales o modelos de declaración tributaria que actúan siempre como un sismógrafo para detectar de dónde viene, adónde va y para quién trabaja una empresa.

Eugenio Pino también está imputado en la Operación Tándem o caso Villarejo. El 28 de enero de este año, poco antes de que la pandemia lo eclipsara todo, quien fue DAO hasta 2016 metió en un auténtico lío al exministro Jorge Fernández Díaz y al expresidente Mariano Rajoy durante una declaración ante el juez del caso, Manuel García Castellón. Lo que dijo Pino es que cuando quiso librarse de Villarejo, Fernández Díaz le reconvino y le trasladó un mensaje por supuesta indicación expresa de Rajoy: "Lo estás tratando mal". A Villarejo. Aquello llevó al juez a una situación que le hizo pronunciar la que ya es una de sus frases más conocidas: "Ha dejado usted un panorama devastador". Qué ocurrirá con el exministro del Interior una vez regrese la normalidad a los juzgados es todavía una incógnita.  

Que el informe policial contaba con el apoyo de Fernández Díaz no arroja dudas. Al día siguiente de que El País desvelara los negocios de Villarejo, el máximo responsable de Interior sostuvo que el informe enomendado a la Policía sobre las actividades privadas de Villarejo pretendía "deslindar el grano de la paja y que florezca la verdad" porque "hay cosas que se dicen que no se ajustan exactamente a la realidad". "El informe de la Policía –añadió– es el que nos debe acreditar efectivamente si todo, como yo presumo salvo que se demuestre lo contrario, se ha hecho en el marco de la estricta legalidad".

Exactamente eso es lo que venía a relatar Fuentes Gago en su informe: Villarejo lo había hecho todo bien. "Para finalizar –escribió–, si bien es cierto que NO consta solicitud de compatibilidad, desde nuestro punto de vista hay que resaltar que no resulta necesaria si se trata de una actividad compatible ex art. 12.1 [es decir, según el artículo 12.1] de la Ley 53/1984". Ese artículo regula todo lo que está expresamente prohibido como actividad privada a un funcionario público. Y el punto b) señala esta prohibición: "La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado". En 2015, y así lo hizo constar el citado reportaje de El País, el 50% de Cenyt SL estaba en manos de dos sociedades presididas por el comisario Villarejo. Para entonces, Cenyt SL llevaba dos lustros ofreciendo servicios de investigación, una de las tareas esenciales de la Policía. Las facturas del BBVA incorporadas al sumario de la Operación Tándem no ofrecen la menor duda de que ese era su cometido.

Imputado en la Operación Tándem por la pieza llamada Kitchen, donde se investiga el espionaje a Luis Bárcenas con el fin de impedir que conservase en su poder documentos incriminatorios para el PP, Fuentes Gago es uno de los supuestos integrantes de lo que se ha venido a llamar la policía patriótica. O sea, la que se movilizó para, entre otras misiones, localizar al margen de cualquier juez o fiscal trapos sucios de independentistas catalanes y elaborar un dossier falso contra Pablo Iglesias. 

Una vez que el informe vio la luz aunque solo de modo parcial, el entonces director general de la Policía y luego portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se pronunció así durante una visita a Valencia:  "Tenemos un régimen disciplinario, que es el que es, y lo que el informe concluye es que en este caso no hay una responsabilidad disciplinaria que se derive del informe que ha realizado la dirección adjunta operativa".

En realidad, lo que el informe hizo fue conceder absoluta credibilidad a la versión de Villarejo y dar carpetazo al asunto. El texto de Gago lo expone así: "A tenor de la información que obra en nuestro poder, en vista de lo manifestado en escrito con registro de entrada número 118 de fecha 18 de marzo del año en curso por el propio interesado (...) se entiende que no es preceptiva la incoación del correspondiente procedimiento disciplinario".

El expresidente del BBVA Francisco González reveló en la Audiencia Nacional que fue Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, quien organizó el almuerzo en la sede central de Canillas con directivos del banco tras la cual se presentó la denuncia anónima contra Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, por supuesta extorsión.

Eso sí, González aseguró al juez instructor Manuel García Castellón y los fiscales anticorrupción que su recuerdo de ese día es el de "una comida absolutamente institucional" y que no le consta que se hablara de la denuncia. "A lo mejor se habló, pero para mí eso no era relevante", añadió después.

Así lo dijo el expresidente del BBVA el pasado 18 de noviembre durante la declaración que prestó en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por la pieza 9 del caso Tándem, que investiga la supuesta contratación del banco al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, comparecencia que está incluida en el sumario de la causa y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Tras más de una hora declarando, uno de los fiscales preguntó a González por el almuerzo en la sede de la Policía, una cuestión que pareció sorprender al banquero. "Esto es un poco... En fin, no sé cuál es el adjetivo", afirmó en primer lugar, tras lo cual comenzó a relatar el objeto de la reunión, que tuvo lugar en enero de 2015: "Yo acudí a una comida a invitación del director general de la Policía. Para mí eso era... No digo perder el tiempo, pero yo tenía una agenda muy ocupada como para ir a comer a Canillas", explicó.

Cambios de versión

Según González, fue una comida "institucional" a la que también asistieron, por parte del BBVA, Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos contenciosos y el que fuera jefe de seguridad Julio Corrochano. También había "gente importante de la Policía", apuntó, para después añadir que se habló de "qué servicios podía prestar el banco, porque es un banco muy avanzado en la parte tecnológica".

Ante la insistencia del fiscal acerca de si en ese almuerzo se habló de la interposición de una denuncia contra Ausbanc, González en un primer momento lo descarta por completo: "¿Usted cree que en una comida donde está el director general y supongo que comisarios muy importantes de la Policía se habla de esas cosas y que yo como presidente del banco voy a hacer eso?".

Sin embargo, el fiscal le mostró después un documento denominado 'Relatorio', en el que Eduardo Ortega explicó el contenido del encuentro y que después del mismo se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Según la grabación, el expresidente del BBVA cogió en ese momento el documento que le entregó el fiscal y durante casi un minuto nadie en la sala de declaraciones dijo nada, mientras el investigado lo leía. "Lo que veo es que se habla de Ausbanc y que se habla de ella como una organización criminal, pero no que estamos hablando de cómo meter en la cárcel a este señor, a mi eso no me consta, desde luego", argumentó.

Ninguna validez

El fiscal entonces insistió en si lo que contaba Ortega en ese documento era verdad. "No me consta que hayamos hablado de presentar ninguna denuncia a Ausbanc, y a lo mejor se habló, pero para mí eso no era relevante, son temas técnicos que a lo mejor habó Eduardo Ortega o alguno de los que estaban en la comida. Pero yo la recuerdo como una comida absolutamente institucional. Esto para mí no tiene ninguna validez", apuntó después.

En un informe incorporado al sumario de la causa, la Fiscalía Anticorrupción destaca que en el documento redactado por el director de servicios jurídicos se menciona que la denuncia contra Pineda y Ausbanc sería redactada por el propio Ortega, que la habría entregado después a Corrochano y éste a su vez a Villarejo, que sería quien la habría presentado ante la UDEF.

A la pregunta de si el BBVA redactó la denuncia, González se limitó a decir que lo supone, pero que en aquel momento no le informaron de este asunto concreto. Y sobre la entrega de la misma, el expresidente considera "normal" que Corrochano estuviera informado de ello, pero aseguró que no sabe si éste se la entregó a Villarejo porque dice no conocer al comisario.

La citación como imputado para este viernes de Francisco Martínez, número dos de Interior en la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz, ha elevado de manera drástica el listón en la denominada Operación Kitchen, la pieza del caso Villarejo donde se investiga el espionaje  a Luis Bárcenas en 2013 para localizar el material que pudiera haber guardado sobre la contabilidad secreta del PP. 

Ahora, el caso da una vuelta de tuerca que aumenta la presión sobre el PP: porque no solo se utilizaron fondos reservados y medios policiales de altura además de parapoliciales sino que se llevó a cabo sin permiso ni conocimiento del juez, que no solo investigaba ya entonces al extesorero del partido en el caso Gürtel sino que en marzo de ese año había abierto una nueva línea con sus revelaciones sobre la caja B. En lo que ha trascendido hasta la fecha aparece un dato muy ilustrativo: ni siquiera los agentes de la unidad policial UDEF que trabajaban a las órdenes del juez de Gürtel, Pablo Ruz, recibieron información. El encargo de poner en marcha el operativo fue, supuestamente, para José Manuel Villarejo, durante años el comisario más poderoso del Cuerpo y en prisión desde noviembre de 2017.

Las declaraciones prestadas por Eugenio García Castaño, El Gordo, exjefe de la unidad de escuchas policiales (UCAO), también imputado y que desde hace meses facilita cierta información al juez y a la Fiscalía, han resultado decisivas para la imputación de Martínez, que ya se vislumbraba desde el verano. En octubre, tanto él como Eugenio Pino, igualmente imputado y antiguo DAO –el más alto mando policial, solo por debajo del director general–, declararon ante el juez del caso, Manuel García Castellón, que Martínez conocía la existencia de un operativo contra Bárcenas. ¿Ampliará Anticorrupción la lista de antiguos cargos políticos de Interior para los que pida la imputación o quedará el ex secretario de Estado como un caso aislado? De momento, no se sabe.

El Gordo, que volverá a comparecer esta mañana en la Audiencia justo después que lo haga el ex secretario de Estado de Seguridad, le contó al juez que él mismo clonó tres teléfonos móviles de Bárcenas. Y que facilitó su contenido a Francisco Martínez. Para hacerlo, fue necesaria la compra de un ordenador portátil que ha terminado en manos de quienes ahora investigan a la antigua cúpula policial de la que formaba parte García Castaño. 

Lo que hoy conocemos como Kitchen, llegó a sostener El Gordo en su propia defensa, fue un dispositivo policial para vigilar a Bárcenas y dar con sus testaferros una vez se supo que había mantenido una fortuna oculta en Suiza: un dispositivo bajo la supervisión del ex secretario de Estado, cuyo horizonte procesal se ha perfilado desde el inicio como más sombrío que el del director general de la Policía de la época, Ignacio Cosidó. Tras conocer su imputación, Martínez ha defendido su inocencia a través de un comunicado: "A pesar de los errores que sin duda cometí –se lee en el texto–, siempre trabajé para prestar el mejor servicio al interés general y siempre lo hice con absoluto respeto a la ley".

El propio García Castaño protagonizó uno de los episodios sonados de la Kitchen: entró en el local utilizado como taller de restauración por la mujer de Bárcenas para buscar unos discos duros, haciéndose pasar por un cliente que llevaba un crucifijo a restaurar. Según su testimonio, no tuvo suerte. Intuyó que quizá otro de los comisarios imputados, Andrés Gómez Gordo, ya se los habría llevado. Gómez Gordo saltó a Castilla-La Mancha para un cargo en el Gobierno regional tras la victoria de María Dolores de Cospedal en 2011. Fue él quien fichó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente para que se convirtiera en espía del extesorero y su entorno. Eso al menos es lo que declaró Ríos.

Gómez Gordo siempre ha negado cualquier ilegalidad en su proceder. En una de sus declaraciones, Eugenio García Castaño lo señaló como el autor del informe contra Podemos. Comisario, igualmente imputado y ahora jefe de una comisaría en Madrid, Gómez Gordo lo niega de forma tajante.

En diciembre de 2018 y ante el juez que instruye la parte de los papeles de Bárcenas que quedó reabierta tras la confesión de Francisco Correa sobre pagos de empresarios al PP, el extesoro prestó una declaración con aristas: que los papeles y anotaciones que presuntamente le sustrajo su chófer, Sergio Ríos, versaban sobre la financiación de la campaña electoral de la expresidenta de Castilla La Mancha y ex vicesecretaria general del partidoy que si no están en la causa, es porque alguien quiso ocultarlo.

La existencia del espionaje ya ha sido admitida en un escrito que, a finales de 2018, dirigió a la Audiencia Nacional el equipo del ministro Fernando Grande Marlaska. "De los indicios recopilados hasta el momento –publicó el diario El Mundo– se conoce que en dicha operación han participado funcionarios adscritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía así como a la Comisaría General de Información". "Existiendo la constancia"– agrega el texto– de la utilización de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada".

Aun permaneciendo la pieza bajo secreto, lo que se conoce de la investigación judicial dibuja la Kitchen como un engranaje en el que encajan auténticos dientes de sierra como la captación del chófer de Bárcenas para que lo vigilase a cambio de cobrar 2.000 euros al mes de fondos reservados o el robo de notas que guardaban el extesorero y luego su mujer una vez que él ya había ingresado en prisión.

Los investigadores también han venido albergando serias sospechas de que el asalto al domicilio del extesorero en octubre de 2013, a cargo de un falso cura hoy preso que ató y amenazó pistola en mano a quienes estaban en la casa, formaba parte del entramado parapolicial. 

Hace ya casi seis meses, el 4 de diciembre, caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El proceso naufragó en noviembre después de que el candidato del Gobierno socialista y del PP a presidir el Supremo y el órgano de gobierno de los jueces, Manuel Marchena, diese un paso atrás después de difundirse un mensaje de whatsApp enviado a dirigentes del PP por el portavoz conservador en el Senado en el que este se jactaba de que el acuerdo iba a permitirles el control de la Sala Segunda del Supremo. Ahora, Lesmes volverá a recordar a las Cortes que tienen pendiente cumplir con esta obligación legal.

Según ha podido saber infoLibre, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ aprovechará la respuesta que ultima a las propuestas de resolución del Pleno del Congreso a la memoria de las actividades de este organismo correspondiente al ejercicio 2016 para lanzar la advertencia.

Se trata del tercer aviso que Lesmes remitirá a la Cámara sobre esta materia. El primero data de agosto de 2018; el segundo, del pasado enero, cuando el plazo ya se había cumplido.

Con fecha del 3 de agosto, Lesmes remitió sendas cartas a los presidentes del Congreso y del Senado para trasladarles que el 4 de diciembre se cumplían los cinco años de la constitución del órgano de gobierno de los jueces y que debía iniciarse el proceso para la renovación de sus miembros.

"Adoptar las medidas necesarias"

Con este paso, el presidente del CGPJ estaba dando cumplimiento al artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que cuatro meses antes de la expiración del periodo debe remitir a los presidentes del Congreso y del Senado "los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales obrantes en dicha fecha en el Consejo". El mismo artículo recoge la obligación de estos de "adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo".

La segunda llamada fue ya un toque de atención en toda regla porque el plazo había culminado. El CGPJ informó el pasado 10 de enero de que Lesmes había dirigido otras dos cartas a los mismos destinatarios para recordarles "su obligación legal de renovar el órgano de gobierno de los jueces". Sólo un día antes, el presidente del CGPJ había acudido al palacio de la Moncloa para entregar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las memorias anuales de las instituciones que están a su cargo.

"Habiendo transcurrido más de un mes desde dicha fecha [en alusión al 4 de diciembre] sin que se haya llevado a cabo por las Cámaras la designación de los nuevos vocales, creo necesario recordar que resulta legalmente obligado proceder a la renovación de este órgano en el plazo establecido por la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial", podía leerse. 

"Pronta adopción de medidas"

Lesmes concluía su carta "confiando en la pronta adopción de tales medidas".

En todos los casos, los receptores de los mensajes fueron Ana Pastor, en calidad de presidenta de la Cámara Baja y Pío García-Escudero, como presidente de la Cámara Alta. 

Ahora, tras la disolución de las Cámaras y la convocatoria electoral los actores han cambiado. Ambas instituciones están en manos de dirigentes socialistas: Meritxell Batet y Manuel Cruz, respectivamente. Tras la sesión constitutiva de Congreso y Senado de hace un par de semanas, la Mesa del Congreso está tomando decisiones en los últimos días sobre cuestiones relacionadas con los grupos parlamentarios, la ubicación de cada uno de ellos en el hemiciclo y la puesta en marcha de las diferentes comisiones parlamentarias. Fue el 20 de junio de 2018, hace ahora casi un año, cuando Lesmes compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso para dar cuenta de las memorias del CGPJ de 2016. Una exposición en la que aportó también algunos datos de 2017 y 2018, según advirtió en su intervención.

En las palabras que dirigió a los miembros del citado órgano parlamentario, Lesmes ya recordó que expiraba su mandato y que esa sería su última comparecencia ante la Cámara como presidente del CGPJ. Además, avanzó que en semanas iba a activarse el mecanismo para proceder a la renovación. Cerró su comparecencia señalando a sus señorías que quedaba a la espera de recibir las propuestas de resolución que consideraran oportunas y subrayando que "como siempre" desde la institución procederían a "efectuar un detallado análisis y valoración de las mismas". Esa es la respuesta que trasladará próximamente al Parlamento.

El 20 de septiembre, tres meses después de esta comparecencia de Lesmas, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó las propuestas de resolución. Los grupos parlamentarios presentaron un total de 153, de las que se aprobaron 110. Como es habitual, son trasladadas al órgano de gobierno de los jueces en forma de recomendaciones.

Por grupos parlamentarios, se aprobaron 16 del Socialista, 13 del Popular, 22 de Unidos Podemos, 19 de Ciudadanos, nueve de ERC, 28 del PNV y tres de Compromís, integrado en el Grupo Mixto.

Muchas de las propuestas de los grupos iban encaminadas a mejorar la formación y los medios que tienen a su disposición los jueces y a reducir la brecha de género.

Cosidó y el whatsApp que hizo volar el acuerdo por los aires

El 12 de noviembre saltaba la noticia. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena, iba a ser el nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en virtud de un pacto alcanzado por el Gobierno socialista y por el Partido Popular de Pablo Casado. El anuncio se hizo desde Presidencia del Gobierno. Todo se torció días después, cuando elespañol.com publicaba un mensaje de whatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a algunos parlamentarios de la Cámara Alta. 

Cinco días después de que se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del Poder Judicial, el dirigente conservador consideraba que, con el pacto alcanzado, su partido controlaría "la Sala Segunda desde detrás". Esta sala es la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno.

En el mensaje, Cosidó explicaba que "el pacto previo" con el PSOE daba al PP diez vocales, mientras que el PSOE obtenía once: diez más la presidencia. "Con otras palabras", continuaba el todavía portavoz del PP, "obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [en alusión a Manuel Marchena], un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61".

Tras la difusión de estos polémicos mensajes, Marchena renunció a la presidencia del Poder Judicial. "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", recalcaba el magistrado en una carta que hizo pública.

Con las declaraciones este martes del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, finalizan los interrogatorios a los acusados. La Fiscalía pide, tanto para Cuixart como para Forcadell 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación por un delito de rebelión. La Abogacía del Estado, sin embargo, los acusa de sedición y solicita para ellos 8 y 10 años de cárcel respectivamente.

Justo después de los interrogatorios, se iniciará la fase testifical, donde múltiples cargos políticos como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en activo cuando tuvo lugar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, comparecerán ante el Supremo. Aunque estaba previsto que esta etapa del juicio comenzase hoy, finalmente se concentrarán entre el miércoles y el jueves los testimonios de las 20 personas citadas como testigos.

19.58. El presidente del Parlament, Roger Torrent, agradece las palabras de Forcadell en la sesión del juicio en defensa de la democracia. "Este es un juicio político y se demuestra en cada pregunta de las acusaciones", sostiene.

19.53. Termina la sesión del juicio por el procés.

19.48. Forcadell critica que le juzgue el Tribunal Supremo: "No entiendo por qué me juzgan aquí si los trámites parlamentarios son los mismos que aprobaron mis compañeros de mesa", que están acusados de desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

19.44. Quim Torra felicita, como ha hecho anteriormente Puigdemont, la intervención de la expresidenta del Parlament. Resalta la defensa de la libertad de expresión y contra la censura.

19.30. "La resolución que permitió la convocatoria del referéndum no fue impugnada y es completamente constitucional", asevera Forcadell.

Ya en respuesta a las preguntas de su abogada, Olga Arderiu, la expresidenta del Parlament ha señalado que "jamás" ha alentado un acto de violencia y que está dispuesta a renunciar a sus convicciones "si ellas comportan violencia".

19.26. Termina el turno de la Abogacía del Estado y comienza la de las defensas.

19.01. Carles Puigdemont alaba la intervención de Forcadell. "¿Todavía no saben que fui yo quien se sometió a una cuestión de confianza y no el presidente Mas?", ha escrito el expresident de Cataluña, Carles Puigdemont, después de que la abogada del Estado, le confundiera con Artur Mas. Forcadell se lo haya hecho saber y la abogada del Estado ha hecho un gesto de no entender por qué le corregía la expresidenta del Parlament.

18.43. Comienza el interrogatorio de la Abogacía del Estado.

18.22. Acaba el interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

18.20. A la pregunta de la fiscal de si se declaró la independencia el 27 de octubre, Forcadell se ha mantenido en la línea de los declarados anteriormente y asegura que era una declaración política sin consecuencias jurídicas. "¿Era verdad, mentira, teatro, farsa, sainete?", ha insistido la fiscal. "Yo considero que la política es una cosa seria", contesta la acusada.

17.27. Carme Forcadell ha acusado al Tribunal Constitucional de estar "politizado" y de utilizar "criterios políticos en lugar de jurídicos" a la hora de tomar sus decisiones con respecto a Cataluña y se ha escudado en este argumento para justificar los incumplimientos de la Mesa con respecto a las resoluciones que iba dictando el tribunal de garantías durante el proceso independentista. "Yo respeto al Tribunal Constitucional. En ningún momento, ningún miembro de la Mesa del Parlament tuvo en su voluntad desoír los mandatos del Tribunal Constitucional. Es más, yo valoro los avances del tribunal en defensa de los Derechos Humanos, pero en los últimos años ha habido una politización y a la hora de juzgar determinados temas relacionados con Cataluña y territoriales ha utilizado criterios políticos en lugar de políticos", ha dicho Forcadell durante su declaración en el juicio del procés.

16.30. El tribunal del caso del procés en el Tribunal Supremo ha reanudado su sesión a las 16.05 horas con la declaración de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que ha anunciado que contestará a la fiscal Consuelo Madrigal y también a la representante de la Abogacía del Estado, y se ha sumado a la protesta de otros encausados por no contar con traducción simultánea para poder expresarse en catalán. "Aunque puedo entender las razones de este tribunal, la realidad es que por motivos ahora jurídicos o por razones económicas y sociales el catalán siempre acaba siendo una lengua minorizada y los catalanes sentimos que nuestros derechos lingüísticos son vulnerados", ha manifestado, para añadir que no tenía ningún problema para hablar español. "Es una lengua de Cataluña y además es la lengua materna de muchos catalanes", ha señalado.

16.00. La letrada de la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha anunciado a las puertas del Tribunal Supremo que su equipo jurídico ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el auto del Tribunal Supremo y las resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional que mantienen a su representada en prisión provisional. De este modo, Forcadell se convierte en la primera de los acusados por el proceso independentista de 2017 en acudir a la instancia con sede en Estrasburgo, si bien es conocida la intención del resto de acabar recurriendo al este tribunal de garantías, cosa que solo es posible una vez se ha agotado la vía judicial en España.

15.00. A partir del miércoles declararán en el Tribunal Supremo por el juicio del procés (en la imagen de izquierda a derecha y de arriba a abajo) el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría; el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el expresidente de la Generalitat Artur Mas; El diputado de ERC Joan Tardá;la excoordinadora general de PDeCAT Marta Pascal; la expresidenta del Parlament Nuria de Gispert; y los los exdiputados de la CUP Eulalia Reguan y Antonio Baños.

13.55: Una vez finalizados los turnos de Fiscalía y Abogacía del Estado, Jordi Cuixart, pasa a responder a Marina Roig, que formulará las preguntas de la defensa del acusado.

13.45: Decenas de trabajadores del Parlament y diputados de JxCat, ERC, CatECP y la CUP se han concentrado este martes en la escalera noble del edificio para protestar contra la prisión preventiva en la que se encuentra la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell. Han exhibido el mensaje "Defendamos el Parlament. Apoyo a la presidenta Forcadell" e imágenes de la expresidenta, que este mismo martes declara en el Supremo.

13.35:

  Cuixart ha defendido el referéndum del que, dice, fue "el ejercicio de desobediencia civil más importante hecho en Europa. Deberíamos estar orgullosos". También ha arremetido contra la Policía: "Las fuerzas de seguridad pegaron a ciudadanos indefensos que estaban votando", ha declarado.

13.30:

 En el transcurso de su declaración, Jordi Cuixart ha asegurado que la organización que preside, Ómnium Cultural, "no ha destinado ni un euro" a la consulta ilegal del 1-O.

13.10: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado su apoyo al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que declara este martes en el juicio por el 1-O: "Adelante, presidente de Òmnium, hombre de cultura y paz", ha manifestado a través de Twitter.

13.05: 

El líder de Òmnium ha asegurado que la actitud de los manifestantes el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía de la Generalitat era "pacífica" y considera que el daño de los coches de la Guardia Civil fue algo "anecdótico", aunque reconoce que esta actitud supuso una "ruptura de la no violencia" y "no propia del civismo del movimiento soberanista".

13.00: Cuixart también se ha referido a un documento que aparece en el escrito de Ómnium y al que la Fiscalía califica de "hoja de ruta" de las acciones que llevó a cabo el independentismo. Lo ha calificado de simple "declaración de intenciones". Cuixart ha eludido responder a las preguntas que el fiscal le realizaba relativas a cada una de las decisiones del Govern o el Parlament catalán que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional, señalando que las desconoce en profundidad porque no es político, sino tan solo un "activista social".

12.55: El presidente de Ómnium Cultural también ha aprovechado su intervención para intentar hacer entender que "una parte de la sociedad catalana" se manifestó en contra de la intervención del Gobierno central y ha advertido si se vuelve a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña "va a pasar más de lo mismo" porque el "sentimiento de autogobierno va más a allá del independentismo", "es anterior a la aprobación de la Constitución".

12.50: 

Cuixart ha dicho que su actuación solo se centró en la Consejería de Vicepresidencia, después de que varias personas empezasen a protestar de "manera espontánea" por el registro, y ha negado rotundamente algún "tipo de violencia", pese a que existía "cierta tensión".

12.45: En su comparecencia, Jordi Cuixart ha renegado de las declaraciones que prestó ante el juez instructor, Pablo Llarena, porque en ese momento su intención era salir de prisión. Ahora dice que se siente un "preso político" y que busca la absolución, así como la "resolución del conflicto político entre España y Cataluña". Así lo ha manifestado Cuixart en contestación a las preguntas de la Fiscalía sobre la concentración ante las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona, el 20 de septiembre de 2017.

12.30: Puigdemont también ha aplaudido la declaración del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, este martes ante el Supremo: "Es un torrente luminoso en medio de una oscuridad estremecedora".

12.25: 

Preguntado por las palabras del exvicepresidente Oriol Junqueras, cuando dijo que se quedó en España por una cuestión de responsabilidad ética, Puigdemont ha evitado polemizar con él, pero ha defendido su decisión de irse a Bélgica. El expresidente defiende que haberse ido no es una situación "confortable y sin riesgos", sino que ha sido una opción para conseguir que un conflicto como el catalán no sea una cuestión solo de España, sino un asunto de la Unión Europea.

12.20: En una entrevista en la cadena británica BBC, Puigdemont ha explicado que ve claro que la Cámara catalana aprobó la declaración de independencia, pero de la misma manera ve igual de claro que el Govern no llegó nunca a "ejecutar el mandato del Parlament" y, por lo tanto, a implementar la república.

12.15:

 El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha considerado este martes que fue un "error" por su parte suspender los efectos de la declaración de independencia en la sesión parlamentaria del 10 de octubre de 2017.

12.00: El presidente de la Sala, Manuel Marchena, suspende la sesión hasta las 12:30. Después continuará el interrogatorio al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

11.40: Uno de los ejemplos que exponen las acusaciones para evidenciar dicha estrategia, por parte de ambas organizaciones civiles, es el apoyo a la concentración frente a la sede de la Conselleria de Economía en Barcelona el 20 de septiembre de 2017 y el llamamiento para que los ciudadanos ocupasen los centros de votación el 1-O.

11.35: Jordi Cuixart, como Jordi Sànchez están considerados por las acusaciones como los "promotores" del procésprocés, ya que responsabilizan a Òmnium Cultural y la ANC de impulsar una "estrategia de movilización creciente y permanente".

11.30: Continúa en el Tribunal Supremo el interrogatorio al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. El acusado ha aclarado que únicamente responderá a las preguntas formuladas por su defensa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Rechaza así —como han hecho sus predecesores en el banquillo— contestar a Vox, que ejerce de acusación popular.

11.05: El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha apostado este martes por endurecer las penas por el delito de rebelión, entendiendo que "pocos bienes jurídicos" merecen una defensa mayor que "la unidad de España". Cosidó también ha afirmado que el PP aplicará el 155 en Cataluña si gobierna y que no habrá indultos a los posibles condenados en el juicio del procés.

11.00: 

Un centenar de personas se han congregado ante la sede de Òmnium Cultural en Barcelona para seguir la declaración del presidente de la entidad, Jordi Cuixart, en el Tribunal Supremo. Ómnium ha instalado una pantalla gigante para poder seguir el interrogatorio y ha cortado la calle con decenas de sillas para que los ciudadanos puedan ver la comparecencia.

10.55: En el interrogatorio por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, ha justificado la celebración de la consulta del 1-O, desautorizada por el Tribunal Constitucional. Cuixart ha explicado que, ante la suspensión del referéndum, "Ómnium siempre va a ejercer derechos fundamentales".

10.50: 

Sobre la posible implicación del presidente catalán, Quim Torra, en la causa contra el proceso soberanista, según un informe de la Guardia Civil; Torrent ha afirmado: "Sigue el despropósito jurídico y sigue la represión y en este caso ante la figura del presidente Torra".

10.45: Torrent ha valorado que Forcadell declare como acusada: "se acusará al parlamentarismo, el derecho a iniciativa parlamentaria y a la libertad de expresión", ha afirmado antes de añadir: ¿De verdad que nos conformamos con una democracia donde son los tribunales los que deciden de qué se puede hablar en un Parlament?. Torrent también ha pedido acompañar a la expresidenta porque el juicio contra ella, dice, afecta a todos los diputados.

10.42: 

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha justificado su petición ante el Supremo de aplazar su testimonio en el juicio del procésprocés porque este miércoles hay pleno del Parlament y él, como presidente y diputado, debe asistir para dirigir el debate y votar, por lo que pide no consentir que "un tribunal adultere las mayorías en el Parlament". Torrent ha indicado que no tiene "ningún reparo" en acudir cualquier otro día para prestar declaración, pero ha recordado que su voto en el pleno es imprescindible.

10.35: 

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha asegurado que la declaración de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el juicio del procés acreditará "el carácter cívico y absolutamente democrático" del movimiento independentista. Paluzie ha afirmado que a Forcadell se la acusa por permitir debates en el Parlament y por su paso por la presidencia de la ANC, y ha considerado una "vergüenza que se estén juzgando derechos fundamentales como la libertad de expresión y que no se respete la inmunidad parlamentaria".

10.30:

En su declaración en el juicio del procés, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reconocido que el papel de esta organización era el de "movilizar a la sociedad", que defiende la autodeterminación y que es cierto que desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en 2010 han venido pidiendo a los políticos "españoles y catalanes que escuchen a la ciudadanía en ejercicio de derechos fundamentales". Cuixart también se ha referido a su situación: "Soy un preso político, no un político preso", ha dicho.

10.10: 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido hoy contra la propuesta del PP de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña por entender que ahora "no es viable", y considera que "no es constitucional". Montero también ha avanzado en que el Gobierno seguirá insistiendo en una "solución dialogada" para resolver el conflicto catalán.

10.05:

En un libro que se acaba de publicar, Bayona —que dejó el cargo en junio de 2018 pero sigue como letrado raso— defiende  que la independencia es un proyecto político "legítimo", pero cree que se ha hecho al margen de la ley, desobedeciendo en repetidas ocasiones al Tribunal Constitucional y pese a advertencias de letrados del Parlament.

10.00: El exletrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, asegura que el soberanismo, con la unilateralidad, ha "dañado" instituciones pero rechaza que los hechos de octubre de 2017 impliquen delitos de rebelión y sedición.

9.55: 

Sobre la posible implicación del presidente catalán, Quim Torra, en la causa contra el procés, Cleries ha dicho que "deja en evidencia que hay una persecución a las ideas políticas" porque en ese momento Torra no era presidente y no tenía fuerza ejecutiva. El senador ha recordado que Torra se encontraba presentando un libro: "Si la exposición de unas ideas es causa de que uno sea investigado, quiere decir que la democracia española está en caída libre".

9.50: Con palabras similares se ha expresado el senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries, que considera que la declaración de Cuixart dejará "más en evidencia" que no hay delito. Cleries también ha asegurado que Cuixart es conocido por su "pacifismo" y por estar al frente de una entidad cultural, por lo que es absurdo que se encuentre en el banco de los acusados.

9.45:

 El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado que los más de 140.000 socios de la entidad se sienten "orgullosos" y representados por su presidente, Jordi Cuixart. Mauri ha declarado que Cuixart es "un hombre de paz" que representa a todos los que aman la libertad, la democracia y que buscan una solución dialogada para el conflicto catalán.

9.40: 

El Ministerio Público acusa a Cuixart de participar en las reuniones organizativas para la consecución de la independencia, en la que se destacó su capacidad de movilización. En la concentración del 20 de septiembre de 2017 se dirigió a los concentrados para que defendiesen la independencia e instó a hacer una movilización permanente. La defensa de Cuixart ha denunciado reiteradamente la vulneración del derecho de reunión pacífica del líder social.

9.35: Comienza la séptima sesión del juicio al procés. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart es el penúltimo acusado en declarar. Al tomar la palabra, Cuixart ha confirmado que únicamente responderá a su defensa y a los magistrados de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. No contestará a Vox, que actúa como acusación popular.

9.25: Cuixart, junto al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, son los acusados que más tiempo llevan en prisión —desde el 16 de octubre de 2017—. Este martes, antes de acudir al Supremo, Cuixart ha recordado en Twitter la figura de Muriel Casals (expresidenta de Òmnium Cultural).

9.20:

 El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, serán los dos últimos acusados que responderán al tribunal, presidido por Manuel Marchena. Siguiendo la decisión del resto de acusados —excepto Oriol Junqueras, que solo contestó a su defensa—, Cuixart y Forcadell únicamente responderán a las cuestiones que les planteen sus abogados, la Fiscalía y la Abogacía del Estado; no responderán, por tanto a la acusación popular ejercida por Vox.

9.15: Está previsto que este martes finalice en el Tribunal Supremo la fase de interrogatorios a los acusados por el procés independentista y acto seguido comience la testifical, donde diversos cargos políticos en activo cuando tuvo lugar el 1-O, comparecerán ante la Sala como testigos.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha insistido este martes en que el bloqueo de los barcos humanitarios Open Arms y Aita Mari en el Puerto de Barcelona y de Pasaia (Guipúzcoa), respectivamente, "es un acto administrativo reglado y exento de arbitrariedad". Por su parte, desde Unidos Podemos han achacado a "la presión" del PP, Ciudadanos y Vox la decisión del Ejecutivo de impedir a ambos busques de navegar hacia aguas del Mediterráneo central para hacer labores de salvamento a migrantes, informa Europa Press.

Durante el Pleno del Senado, Ábalos se ha pronunciado así tras ser preguntado por el senador de Unidos Podemos, José Ramón Arriera, si el Gobierno piensa permitir a las embarcaciones de Proactiva Open Arms y Aita Mari retomar sus labores de salvamento en el mar Mediterráneo.

En respuesta, el ministro ha reiterado que cualquier buque, antes de poder navegar, "debe recibir una autorización previa", denominada despacho del barco. Según ha explicado, esta autorización está sujeta a que se cumplan los requisitos legales contemplados en la normativa internacional y nacional, especialmente en lo que compete a las condiciones de seguridad. Ábalos ha vuelto a remarcar que el despacho de un buque "solo se deniega por causas legales" o por decisión de un juez, por lo que se trata de una decisión que no es "arbitraria".

En este punto, ha recordado que la normativa internacional obliga al desembarco en el puerto seguro y más cercano. Y ha apuntado que el "cierre" de los puertos de las zonas acotadas para la búsqueda y el rescate (SAR) concernidas (Grecia y Malta) "hace que se fuerce" a esos barcos a volver a España. Este regreso, según ha defendido Ábalos, pone "en riesgo" la seguridad del buque, tanto de los rescatados como de los tripulantes. "Un buque no debe estar navegando durante días en condiciones inseguras para las que no está preparado", ha insistido.

El despacho de los buques, "condidionados" a un acuerdo

Asimismo, ha recalcado que el despacho de estos buques hacia el Mediterráneo central "está condicionado" a la existencia de un acuerdo para el desembarco en puertos de la zona SAR. "Es un problema de Europa" ha apostillado Ábalos, que ha pedido no poner "en cuestión" al Gobierno, teniendo en cuenta que España es "un ejemplo" en el rescate de migrantes. "El Gobierno mantiene un compromiso firme por auxiliar a los migrantes que se encuentran en peligro en nuestras costas", ha subrayado el ministro.

Por su parte, el senador de Unidos Podemos ha dicho tener la sensación de que el Gobierno de Pedro Sánchez "está dando palos de ciego" o bien, "un giro de 180 grados" en su gestión migratoria, ya que ha pasado de dar "un ejemplo loable" con la acogida el Aquarius al "secuestro administrativo" de estos buques humanitarios.

"El cambio de su política ¿nada tiene que ver con la presión del PP, Ciudadanos o Vox?", le ha preguntado. Después ha destacado que al Gobierno "le han temblado las piernas" para ser "coherente" en su búsqueda de una posición europea común y el "deber moral" de salvaguardar las vidas de migrantes. "No podemos permitir que el Gobierno quiera reducir en un 50% la inmigración irregular a cambio de dejar morir a gente en el mar Medierráneo", ha sentenciado, proclamando que el rescate "tiene que ser incondicional".

El PP tacha de "nefasto" el balance en política migratoria 

Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, durante su intervención en el Pleno del Senado también ha reprochado al presidente del Gobierno el "incremento" de las llegadas de migrantes a España por vías irregulares y le ha acusado de convertir a España en "la primera puerta de entrada de inmigrantes" de la Unión Europea.

También la senadora popular Sofía Acedo ha preguntado a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, qué balance hace de su política migratoria. A su juicio, éste es "nefasto" porque, entre otras cosas, "ha favorecido la llegada" de migrantes por vías irregulares. "Desde que llegaron en junio a diciembre multiplicaron por seis la llegada de inmigrantes irregulares", ha asegurado la senadora del PP, que ha reprochado a la ministra la no aplicación del acuerdo de readmisión con Marruecos para devolver a menores extranjeros no acompañados procedentes del país alauí que se encuentran en España.

En respuesta, Valerio ha dicho que su balance es "satisfactorio", teniendo en cuenta que en siete años de Gobierno el PP "no hizo nada de nada" en política migratoria. A su juicio, hubo "falta de estrategia" e "irresponsabilidad" al ignorar el fenómeno migratorio y, pese a conocer los cambios en los flujos desde el año 2017, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "no adoptó ni una medida".

Frente a ello, según ha remarcado la ministra, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha dado los primeros pasos para alumbrar una política migratoria ordenada y segura", al tiempo que ha adoptado medidas humanitarias "de carácter urgente". Concretamente, ha afirmado que se ha reforzado el programa de atención humanitaria, ya que actualmente hay 5.700 plazas de acogida, frente a las más de 2.000 de hace un año.

Este martes comenzó la cuarta jornada del juicio a los líderes independentistas encausados por el procés catalán. Después de que declarasen el exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn, fue el turno de otros exmiembros del Govern que instigaron el referéndum del 1-O: Jordi Turull (Presidencia) y Raül Romeva (Exteriores).

Turull, del mismo modo que Forn, respondió a las preguntas que lanzadas por la defensa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y también se ha negado a responder a las de Vox —que ejerce de acusación popular—; una estrategia totalmente distinta a la que siguió Junqueras durante el primer día de interrogatorio, donde se negó a contestar a las acusaciones. A las 16 horas se retomó la sesión con las respuestas de Romeva a su abogado, Andreu Van den Eynde.

Así te lo hemos contado en directo en infoLibre:

18.05: Finaliza la sesión.

18.02: Defiende Romeva que ni creyó, ni cree que la celebración del referéndum fuera un delito. "No lo era. No lo es. Si en el año 2005 el Legislativo elimina de forma expresa este supuesto del Código Penal, en tanto organizador del referéndum tengo que pensar que no estoy cometiendo ningún ilícito penal".

17.54: Las preguntas del abogado defensor derivan a los sucesos del 1 de octubre. "Había una firme determinación cívica y pacífica para llevar a cabo la votación. Vi violencia, la que ejercieron de forma desproporcionada las fuerzas de seguridad del Estado, nunca por parte de la ciudadanía", defiende Romeva.

17.40: "Me dirijo a los demócratas. Es delirante que se acuse a cualquiera de las acciones que realizamos de ilícito penal. No tiene ningún sentido y lo rechazo de plano", asegura el exconseller.

17:30: Las únicas armas que han habido han sido los de la Guardia Civil. Es pernicioso decir que hubo un alzamiento. (...) Una democracia que cercena el derecho la protesta es una democracia frágil" sentencia Romeva.

17.25: El interrogatorio del abogado de Romeva entra en los episodios de septiembre y octubre de 2017 que provocaron la causa. El exconseller tira de pragmatismo para asegurar que su labor jamás buscó impulsar la violencia, base de las acusaciones del delito de rebelión: "Es mucho más probable alcanzar el objetivo legítimo que nos hemos propuesto por medios no violentos que por medios violentos".

17.19: Romeva ha explicado las labores de las que se encargaba el departamento de Exteriores. Defiende que en ningún momento se cometió ninguna ilegalidad, ya que no se apropió en ningún momento de ninguna tarea que le estuviera reservada al Estado, asegura.

17.01: "Rechazar las propuestas que hacen los ciudadanos de Cataluña para tratar una cuestión que les afecta no solo no se puede considerar inconstitucional (...) sino que es perfectamente compatible con aquello que deberíamos entender como el diálogo constitucionalista continuado". El exconseller de Exteriores entiende que el derecho a la autodeterminación casa con la Carta Magna y asegura que no entiende el texto legal como algo "sagrado" que no se puede tocar. "El Estado de Derecho no puede subvertir el principio de legitimidad democrática".

16.55: "Cuando defiendo una república catalana, pongo de manifiesto unos valores por encima de una circunstancia temporal. Quienes defendemos estos valores estamos acusados, quienes los amenazan, se sientan entre los acusadores" dice Romeva, en referencia a la acusación popular de Vox. El exconseller vuelve a hacer referencia a la sentencia del Estatut para defender el diálogo ante unas conexiones y unos puentes "rotos". En los años previos a lo que se considera el comienzo del procés, este diálogo fracasó, explica: "Hasta 20 intentos pidiendo un diálogo para abordar una cuestión que para mucha gente era primordial en sus vidas".

16.48. "Me defino, fundamentalmente, como un demócrata, como un republicano y como un europeísta y, circunstancialmente, estoy independentista". Explica Romeva que antes de 2010 se consideraba "federalista", pero que el rechazo del Constitucional al nuevo Estatut creó el principio de la "ruptura emocional" de muchos sectores con España que hizo virar a mucha gente como él al independentismo.

16.39: "Siempre he entendido el derecho a la autodeterminación como un derecho que evoluciona a través de los tiempos. Es un debate que es interesante hacerlo, con relación a que el derecho a la autodeterminación es un derecho que se se circunscribe a los casos de descolonización. Y eso es así, en parte", reconoce Romeva. Pero en los últimos años se han incorporado nuevos supuestos, matiza. "Uno de ellos es en el caso en el que se ha intentado todo antes", explica. "No hay ni un solo tratado europeo que prohíba explícitamente el derecho a la autodeterminación".

16.30: Comienza la declaración del exconseller de Exteriores, Raül Romeva. Solo responderá las preguntas de su abogado. Comienza desgranando su carrera institucional y política.

16.25. El abogado de Jordi Turull expone una serie de tuits del exconseller con la intención de demostrar que en ningún momento se incitó a la violencia, sino a una movilización cívica.

16.24: "Su firmeza y la decisión de plantar cara a la Fiscalía tendría que provocar la vergüenza general de todos los que han desatado una represión indecente. ¡Gracias por tu firmeza!", ha expuesto el expresident Carles Puigdemont sobre la declaración de Turull, en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

16.22: "De los 135 diputados en el Parlament, 107 llevaban en sus programas el derecho a decidir. Fuimos al Congreso a solicitar un referéndum" en 2014, explica Turull. Ni siquiera se tomó en consideración por la Cámara, afirma, lo que, a su juicio, evidencia la falta absoluta de una intención de dialogar y negociar.

16.19: Le pregunta su abogado a Turull si lanzó la orden a la ciudadanía de que evitara el cierre de los colegios donde se estaba votando el 1-0. El exconseller asegura que "en absoluto", y argumenta que para eso se estableció el censo universal. "Les dijimos que si este colegio está cerrado, que fuera a otro".

16.00: Se retoma la sesión con las preguntas de las defensas al exconseller Jordi Turull. Los abogados empiezan proyectando un vídeo donde se pretende demostrar que las manifestaciones de septiembre de 2017 fueron de carácter festivo.

14.00: Continúa el interrogatorio al exconseller Jordi Turull por su implicación en el procés independentista. Después de las cuestiones de la Fiscalía, Turull responderá a la Abogacía del Estado y a su defensa. No contestará a lo que le pregunte Vox, que en este juicio ejerce de acusación popular. Aquí puedes leer nuestra crónica de la mañana.

13.45: La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que convoque elecciones catalanas si no consigue los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos del Govern. "Esperemos que sean coherentes y que, si no los aprueba, convoquen elecciones, como ha hecho el presidente Sánchez", ha asegurado en rueda de prensa.

13.30: 

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha anunciado este martes que todos los miembros del Govern suspenderán su agenda pública del jueves 21 de febrero, día en que hay convocada una huelga general por el sindicato Intersindical-CSC. Buch ha precisado que no es que el Govern se sume a la huelga, sino que respeta el derecho de los catalanes a hacerla, y en este caso aún es "más sensible" con este derecho —en alusión velada a que la huelga se ha convocado formalmente por motivos sociales, pero con el trasfondo de protestar contra el juicio del 1-O—.

13.25: 

El portavoz del PP en la Cámara, Ignacio Cosidó, ha reiterado que uno de los objetivos de su partido en las próximas elecciones generales de abril es revalidar la mayoría para "restaurar el orden constitucional en Cataluña" mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

13.20: El Senado celebra esta semana su último Pleno antes de disolverse por la convocatoria electoral del 28 de abril y cierra una legislatura en la que ha adquirido protagonismo por aprobar, por primera vez, medidas de intervención de Cataluña al amparo del 155. Esta capacidad constitucional hace que el resultado electoral en el Senado tenga una trascendencia que no ha tenido en el pasado. Las iniciativas corresponden al Gobierno, pero el Senado tiene que dar su aprobación.

13.15: PP y Cs han manifestado este martes en el Senado que uno de sus objetivos en las elecciones generales es que haya una mayoría en la Cámara Alta que apueste por aplicar otra vez el 155 en Cataluña, a lo que el PSOE les ha replicado que ese artículo exige el incumplimiento "de manera objetiva" de la ley y les ha exigido que lo respeten.

13.05: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acudirá este miércoles a Madrid para dar respaldo a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que declara en el Tribunal Supremo en el juicio a los impulsores del 1-O. Junto a Colau se personará una delegación de eurodiputados en la que estará la colíder de Los Verdes/Ale, Ska Keller.

13.00: Además de reiterar que no se utilizó "ni un euro" de dinero público para organizar el referéndum ilegal del 1-O, Turull también ha asegurado que no sabe de dónde sacó el Govern las urnas para llevar a cabo la consulta.

12.55: 

Durante su declaración Turull ha reiterado en numerosas ocasiones que la convocatoria de referéndums "no tiene reproche penal" y que, ante las impugnaciones del Gobierno central a determinadas leyes o las advertencias que llegaban del Constitucional el Ejecutivo, entonces presidido por Carles Puigdemont, tenía que hacer un "ejercicio de equilibrio" entre "lo que dicen las leyes" y su "compromiso con los ciudadanos de Cataluña".

12.50: 

Ese "compromiso" con los ciudadanos es la respuesta del Govern al "movimiento independentista" que, en su opinión, "va de abajo hacia arriba". "No se buscaba la determinación ciudadana, sino que ésta ya existía y había que darle una solución política", ha afirmado.

12.45: En la sesión del juicio, en laque este martes declara Jordi Turull, el exconseller ha asegurado que, lo que hizo el Govern respecto a las continuas desobediencias a las resoluciones del Tribunal Constitucional que dejaban en suspenso las leyes de desconexión y de referéndum, fue un "ejercicio de ponderación" entre "lo que dicen las leyes" y su "compromiso con los ciudadanos de Cataluña".

12.40: Ya se conoce el orden de las comparecencias de los políticos que declararán como testigos en el juicio del procés a partir del próximo martes: 

12.35: El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de jugar con la lengua de manera "soez" al asegurar que los independentistas catalanes tienen "pavor" a dialogar sobre el conflicto catalán. "Es un insulto a la inteligencia", ha apostillado.

12.30: El conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, ha asegurado que Raül Romeva —que declarará al finalizar Turull— demostrará en el Tribunal Supremo su "integridad, valentía y una convicción en defensa de la paz, los derechos humanos y la democracia". "Hoy en Madrid, mañana en Londres, París y Nueva York. Iremos donde sea para explicar la verdad: que se celebra un juicio injusto contra presos políticos, que lo único que hicieron fue ejercer la democracia hacia sus últimas consecuencias", ha subrayado.

12.25: El candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha afirmado que "el Estado español acabará pagando un coste muy alto por esta barbaridad antidemocrática", refiriéndose al juicio por el procés. Maragall ha añadido que hoy el Parlamento Europeo debe estar atento a lo que sucede en la sala, pese a que el presidente de esa cámara, Antonio Tajani, "se empeñe en negar la cuestión catalana".

12.20: Un grupo de 13 jóvenes que se han identificado como estudiantes de Derecho en Barcelona han esgrimido pancartas con lemas en favor del independentismo y contra el sistema judicial español en el auto de inauguración del World Law Congress que acoge el Teatro Real en Madrid y en el que participaban la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

12.15:

 Como ya hizo Junqueras en su interrogatorio, Turull ha remarcado que no se emplearon fondos públicos para llevar a cabo el 1-O, después de que el Tribunal Constitucional le retirase al Govern las partidas presupuestarias que estaban destinadas al referéndum.

12.10: El exconseller de Presidencia, Jordi Turull, que declara este martes en el Supremo; ha negado que la Generalitat utilizase dinero público en la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.

12.00: Torra y Puigdemont tenían previsto celebrar una conferencia en el Parlamento Europeo pero el presidente de la Eurocámara la vetó, por lo que ambos dirigentes tuvieron que hacerla en un hotel de Bruselas.

11.55: 

Ambos han arremetido especialmente contra el presidente del Parlamento Europeo, el conservador italiano Antonio Tajani, al que han acusado de actuar al dictado de los partidos españoles de "extrema derecha" por no haber autorizado que la conferencia que han pronunciado en un hotel de lujo de Bruselas tuviera lugar en las instalaciones de la Eurocámara.

11.50: El presidente de Cataluña, Quim Torra, y su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont, han lanzado este lunes duras críticas contra la Unión Europea por no censurar el juicio a los líderes independentistas del procés y por no aceptar el rol de mediador internacional que le reclama el movimiento soberanista.

11.45: El parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado este martes que el Estado tiene a Cataluña "enjuiciada" y que le quiere "cortar las alas" con el juicio contra los dirigentes soberanistas. Egibar, que se encuentra en Madrid como representante del Parlamento vasco en el juicio al procés, ha afirmado que "desde el inicio" existe "una razón de estado" contra la voluntad de Cataluña de "decidir libre y democráticamente su camino".

11.40: A pesar de que los independentistas tumbaron el proyecto de Presupuestos de Sánchez, poniendo fin así a la legislatura, el presidente no los veta de cara a los futuros pactos poselectorales tras las generales del 28 de abril, como tampoco ha vetado a ninguna otra fuerza.

11.35:

 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ve al independentismo con "pavor" a dialogar porque no quiere admitir ante los elementos del soberanismo más radicales que les han "mentido" al hacerles creer que la independencia es posible cuando en realidad no tienen más salida que "volver a la senda constitucional".

11.30: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su respeto por las decisiones de los magistrados que juzgan el procés con respecto a los tiempos del procedimiento, y ha indicado que hay una "norma no escrita" para que la situación electoral no influya en el juicio; en relación a la posibilidad de acelerar el procedimiento para evitar que la declaración de testigos coincida con la campaña electoral.

11.20:

 Lo ha hecho después de que Turull acusara al fiscal Jaime Moreno de faltar al respeto a los ciudadanos de Cataluña con su escrito de acusación. "Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente militarizada que les dices ve aquí y lo hacen, sea independentista o de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, de derecha o de izquierda, sino que tiene criterio", ha afirmado.

11.15:

 La declaración de Turull ha presenciado un encontronazo con el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que ha interrumpido sus manifestaciones para advertirlo de que no debe aprovechar su turno de respuestas para hacer juicios de valor.

11.00: El presidente del Parlament, Roger Torrent, y los expresidentes de la Cámara Ernest Benach, Núria de Gispert y Joan Rigol han anunciado que este miércoles organizarán un acto de apoyo a la expresidenta de la institución Carme Forcadell. Según ha explicado el Parlament en un comunicado, el acto está impulsado por el colectivo #FreeForcadell y se celebrará en torno a la una y media de la tarde en el Teatro Luchana de la capital con motivo de la inminente declaración de la expresidenta en el Tribunal Supremo por el juicio del 1-O.

10.55:

 La consellera de Presidencia, Elsa Artadi, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar con "venganza" contra la Generalitat al haberles retirado la seguridad cuando viajan al extranjero. Artadi ha asegurado que Sánchez tomó esta decisión al día siguiente de que los independentistas rechazaran los Presupuestos.

10.50:

 Por parte de ERC, han acudido el consejero de Exteriores, Alfred Bosch; el candidato a la alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall; la portavoz y diputada en el Parlament, Marta Vilalta; la portavoz en el Parlament, Anna Caula —que ha entrado en la Sala—, y los portavoces en el Congreso, Joan Tardà y Gabriel Rufián. Igualmente han acudido varios senadores, algunos diputados del Parlament, varios diputados en el Congreso y la candidata a las elecciones europeas, Diana Riba.

10.45: Como viene siendo habitual, los políticos encausados han estado arropados por varios miembros de partidos independentistas. Así, a la sala ha entrado la diputada de JxCat, Gemma Geis, mientras que fuera están la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, la diputada Anna Geli el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujoy.

10.35:

 A continuación, Marchena ha informado a Turull de que tiene derecho a responder a las preguntas que considere oportuno, tras que el acusado ha comunicado que contestará a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a su defensa, pero no a la acusación popular que ejerce Vox.

10.30:

 El exconseller de Presidencia, Jordi Turull, ha comenzado su declaración expresando su queja por no poder hacerlo en catalán y no contar con una traducción simultánea. Nada más sentarse para comenzar a responder, Turull ha recordado que él es uno de los acusados que pidió declarar en catalán y contar con traducción simultánea. Según ha explicado, lo solicitó "no tanto por un tema emocional", sino por tener "todas las garantías", ya que considera que "la espontaneidad" es una circunstancia muy "importante tanto para el acusado como para el tribunal".

10.25:

 El Supremo ha zanjado el asunto asegurando que el mensaje del senador del PP no mancha la imparcialidad del presidente de la Sala de lo Penal ni afecta a la del resto de sus compañeros, pues es algo que debe interpretarse como una opinión "inaceptable" realizada en ámbito político y que no es trasladable al ámbito jurisdiccional.

10.20: Los abogados de los acusados solicitaron que Marchena fuese apartado tras revelarse su nombre como posible presidente del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), en el marco del pacto fallido entre el PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces. A esto se sumó la polémica generada por el whatsapp enviado por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía que la elección de Marchena permitiría controlar "desde atrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

10.15:

 El Supremo también se reúne hoy para deliberar el incidente de nulidad que el abogado de Sànchez, Turull y Rull ha presentado contra la decisión de no apartar del tribunal al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los otros seis miembros de este órgano. Previsiblemente esa petición sea rechazada, es decir, el tribunal no anulará la decisión de mantener a Marchena.

10.10: Entre dichos cargos se encuentran el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés. El Supremo quiere acabar cuanto antes esta parte del proceso para evitar que lo que digan los políticos en sus declaraciones contamine las campañas electorales de los próximos meses.

10.05:

 Está previsto que la Sala finalice la fase de los interrogatorios en tres o cuatro días y se de paso a la testimonial, donde diversos cargos políticos —en activo cuando ocurrieron los hechos que se juzgan— declararán como testigos en el Alto Tribunal.

10.00: Comienza el interrogatorio al exconseller de Presidencia Jordi Turull. Está previsto que, si da tiempo en la jornada de hoy, después de Turull sea el turno de otro exconseller, Raül Romeva (Exteriores).

9.50:

 Como ya hizo Joaquim Forn la semana pasada, Turull también contestará a las preguntas de la Fiscalía, algo a lo que se negó el exvicepresident, Oriol Junqueras en su turno.

9.45: Este martes empieza en el Tribunal Supremo la cuarta sesión del juicio del procésprocés. Hoy le corresponde responder al interrogatorio de sus abogados y las acusaciones al exconseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó este viernes un listado de cien medidas "frente al reto demográfico y la despoblación", iniciativa que nació de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes de 2017. Los conservadores, en plena batalla con Vox y Ciudadanos para llevar la iniciativa en cuestiones que les permitan movilizar a un electorado cada vez menos fiel, defienden que la inmigración puede ser "parte de la solución" a este desafío. En ello coincidieron el portavoz de los conservadores en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, y el senador Antonio Clemente, integrante de esta Comisión Especial  sobre la Evolución Demográfica y sus consecuencias en España.

Con este posicionamiento, los conservadores se distancian del perfil duro de Vox en política migratoria. El partido ultra liderado por Santiago Abascal ha pedido recientemente al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP), al que apoyó en la investidura, que "colabore en la repatriación de 52.000 inmigrantes ilegales".

Entre las cien propuestas, el PP incluye las relativas a la inmigración en el bloque dedicado a la "distribución de la población y la despoblación". "Aprobar un nuevo Plan Estratégico de Integración que desarrolle campañas de convivencia y respeto en igualdad para la integración de inmigrantes", destacan los conservadores en resumen de la propuesta.

Ya en el texto íntegro, el partido liderado por Pablo Casado, aboga por "atender a la importancia del fenómeno migratorio desde el punto de vista demográfico, y continuar defendiendo una política de gestión de la inmigración basada en el orden, la legalidad y la integración, con realismo y responsabilidad, y con vocación europea, favoreciendo los acuerdos con el resto de países de nuestro entorno tanto como la colaboración con los países emisores de migrantes".

Respecto al plan estratégico, añaden que este plan es clave para que "la incorporación de nuevos habitantes y pobladores siga revirtiendo de forma fructífera, positiva y recíproca". Y que esas "campañas de convivencia y respeto en igualdad" para la integración deben estar basadas "en el respeto mutuo" a los derechos humanos y a la sociedad de acogida.

Entre el centenar de medidas también destacan los apoyos a las familias con dos hijos. 

"Incorporar como beneficiarios de cheques y deducciones familiares a las familias con dos hijos, para favorecer la decisión de ampliar la familia y el paso de uno a dos hijos", queda reflejado en el bloque de apoyos a las familias y natalidad.

Asimismo, abogan por "ampliar la protección a las familias numerosas, con apoyos para las familias con 2 hijos, y la mejora de las ayudas a las familias de 3 y más hijos, de forma que todas cuenten también con respaldos económicos".

Eugenio Pino, número dos de la Policía durante la etapa de Jorge Fernández (PP) como ministro del Interior, asumió este martes como propia la decisión de montar en 2013 un operativo contra Luis Bárcenas. No obstante, y durante las casi cuatro horas en que declaró como imputado por la denominada Operación Kitchen, Pino aseguró que tanto el director del Cuerpo, el hoy portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, como el entonces secretario de Estado del Interior y ahora diputado al Congreso por ese mismo partido, Francisco Martínez, sabían que se había puesto en marcha un dispositivo. 

Según su relato, la meta era obtener información sobre los fondos ocultos del extesorero y sus posibles testaferros y no sustraer documentos incriminatorios para el PP utilizando medios del Estado, que es lo que sospechan los investigadores. Pino mantuvo que la operación se desarrolló en todo momento de manera legal. Y que ni Cosidó ni Martínez –fue su versión– llegaron a conocer los detalles. 

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que prohíba al exjefe policial salir de España, que le retire el pasaporte y que le obligue a comparecer cada 15 días en el juzgado. El magistrado resolverá previsiblemente este miércoles sobre las medidas cautelares solicitadas. 

El confidente 'altruista'

Pino, que compareció como imputado durante cuatro horas ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, sostuvo que el chófer de Bárcenas, pieza clave en la operación, ejerció como confidente de la Policía en un primer momento de manera altruista. Y que una vez que la familia de Bárcenas –que había ingresado en prisión en junio de aquel año, 2013– le comunicó que prescindiría de sus servicios porque no podía seguir pagándole, la Policía le asignó el cobro de fondos reservados. El antiguo mando policial no ha dado fechas exactas.

En dos años, el chófer cobró 48.000 euros de fondos reservados. Al menos una parte de los recibís que firmó a medida que iba recibiendo pagos mensuales han sido ya localizados, desclasificados por el Gobierno y remitidos al juez. 

Pino ha corroborado lo que ya sostuvo la semana pasada el antiguo jefe de la unidad de escuchas policiales, Enrique García Castaño: que la captación como informante del chófer de Bárcenas Sergio Ríos,  que logró luego acceder al Cuerpo, se produjo después de que el jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo, le informara de que era factible ficharlo. 

Director adjunto operativo (DAO) de la Policía entre comienzos de 2012 y junio de 2016, Pino ha reiterado que la operación fue en todo momento legal. Y en apoyo de su versión ha subrayado que la información obtenida a través del chófer de Bárcenas se introdujo en el mecanismo informático de que dispone la Policía para que sus distintas unidades compartan datos. 

"No contratamos tontos"

Los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, han preguntado también a Pino si el supuesto desequilibrado que en octubre de 2013 asaltó el piso de los Bárcenas y, pistola en mano, mantuvo retenidos a su mujer, a su hijo y a la asistenta recibió ese encargo de la Policía. "No somos tan tontos como para contratar a tontos", respondió el antiguo DAO, según las fuentes consultadas por infoLibre.

Además de Pino, en esta pieza secreta de la Operación Tándem están imputados tres de sus antiguos subordinados: el excomisario José Manuel Villarejo, principal investigado del caso y en prisión preventiva desde noviembre de 207; Enrique García Castaño, exjefe de la UCAO; y Andrés Gómez Gordo. El antiguo chófer de los Bárcenas, el confidente y ahora policía Sergio Ríos, también figura entre los investigados.

Tanto Pino como García Castaño, que comparten abogado, aportaron versiones coincidentes sobre el porqué del operativo contra Bárcenas: que a comienzos de 2013 la alarma social desatada por las informaciones que iban llegando desde Suiza sobre el dinero oculto que allí tenía el extesorero aconsejaba buscar una forma de aproximarse a él para lograr información.

En ese momento, la unidad de delincuencia económica (UDEF), la Fiscalía y el juez instructor del caso Gürtel seguían tan de cerca los pasos de Bárcenas que apenas meses después dio con sus huesos en prisión. Para entonces, comienzos de 2013, ya habían salido a la luz los que luego se conocerían como los papeles de Bárcenas o la contabilidad secreta y paralela del PP. María Dolores de Cospedal era la número dos del partido.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha señalado que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, tiene que asumir sus responsabilidades por la operación Kitchen. "Las siglas están por encima de las personas", ha asegurado, sobre Cosidó, que entonces era director de la Policía Nacional.

Después de saberse que el PP usó supuestamente fondos reservados del Ministerio del Interior para sustraer al extesorero Luis Bárcenas pruebas que pudieran perjudicar al partido, Levy ha mostrado su "rechazo" y "repulsa" ante estas actitudes. "Si esos actos han sucedido, me parece del todo repugnante, condenable y no pueden tener cabida bajo las siglas del partido", ha subrayado, en una entrevista en la Cadena SER.

Preguntada si Cosidó tendría que asumir sus responsabilidades, Levy ha insistido en que las siglas del PP deben estar por encima de las personas: "Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de esos hechos, y pensar que las siglas están por encima de las personas", ha señalado sobre el senador.

El PP une a Rajoy y Aznar

Sobre el papel que jugarán los expresidentes Mariano Rajoy y Jose María Aznar en el cónclave nacional, en el que participarán en días separados, Levy ha puesto en valor que la convención sea el "punto de encuentro" de ambos. Levy ha recalcado que los expresidentes "se van a ver y encontrar" en la convención, con protagonismo para cada uno en sus tres jornadas. "El PP les une, a otros las siglas les desune", ha indicado. "Lo importante es que cada uno va a tener un papel destacado en la convención, al igual que lo han tenido en la historia del PP y de España", ha señalado, diciendo que los gobiernos de ambos suponen un "orgullo" para el PP.

La Sala del 61 de Tribunal Supremo califica de opinión "inaceptable" la realizada por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el mensaje enviado por whatsapp en el que aseguraba que la elección de Manuel Marchena como presidente del Tribunal Supremo permitiría controlar "desde atrás" al tribunal del procés independentista en Cataluña, informa Europa Press.

Afirma además que dichas palabras le retratan sólo a él, en el caso de ser suyas, y no son causa para apartar al magistrado que presidirá el juicio.

Así se señala en el auto que da a conocer lo argumentos por los que el pasado 5 de diciembre esta Sala especial rechazó de forma unánime el expediente de recusación presentado por ocho de los procesados en la causa por rebelión en Cataluña contra el presidente del tribunal que les juzgará, Manuel Marchena, y el resto de miembros de este órgano, a los que acusaban de falta de imparcialidad.

"El político se justifica a sí mismo y usa en su defensa cualquier argumento que le parece adecuado –añade el alto tribunal–. Pero algo que debe interpretarse como una opinión –inaceptable– realizada en el ámbito político, no es trasladable, sin más, al ámbito jurisdiccional".

Esta Sala especial la integran el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, los presidentes de cada una de las cinco salas de este órgano y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas, si bien en la sesión del pasado día 5 estuvo Marchena y el magistrado más antiguo de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta por ser igualmente miembro del tribunal enjuiciador.

"Es cierto que en la imparcialidad subjetiva las apariencias son importantes", añade el Supremo, si bien añade que en este caso "no hay apariencia de nada". Para la Sala, "Marchena no ha dicho ni hecho nada por lo que pueda resultar afectada su apariencia de imparcialidad; por ello, no existe dato alguno que revele que dicho magistrado tenga interés directo o indirecto en el pleito o causa", añade de forma tajante, para concluir que "el whatsapp atribuido al señor Cosidó le retrata a él (si fuera suyo, cuestión en la que no entramos), pero eso no es extensible a nadie más".

Desconoce el funcionamiento de la justicia

Sobre el contenido de los mensajes de Cosidó, el Supremo abunda que se trata de un argumentario "que un político utiliza para justificar un pacto con otra formación política y realiza afirmaciones –sobre lo que desconoce por completo, el funcionamiento de la Administración de Justicia–, y que demuestra una inaptitud de raíz para conocerla por falta de los elementos más básicos de la separación de poderes".

Y lo hace, añade, para justificar un pacto que estaba siendo criticado por su grupo parlamentario "porque consideraban que era un mal acuerdo". En todo caso, el contenido del citado whatsapp se ve según el alto tribunal "en unos aspectos, matizado y, en otros aspectos, frontalmente contradicho por la misma realidad de las cosas".

Así, se matiza por el propio hecho, indicado por alguno de los recusantes, de que el pretendido acuerdo se alcanza por partidos políticos de distinto signo ideológico (PP y PSOE) y, sin embargo, la "coincidencia de intereses" del recusado sólo se predica en relación con uno de ellos.

Posiblemente, según concluye el Supremo, la recusación presentada por las defensas desenfoque interesadamente este aspecto "porque ello permite centrar la cuestión en la alegada cercanía del recusado con un partido político y no en el hecho de que el acuerdo entre partidos podría derivar de su valía personal y profesional y su adecuación para el cargo".

Vamos ganando “los buenos”, pero cualquiera que haya atravesado un trance similar sabrá también que incluye molestias agudas seguidas de rápidos accesos febriles que precisan un chute de sedación analgésica que te transporta a veces a un estadio semiajeno al mundo real, en el que uno ve y escucha cosas extrañas, o bien te resultan normales escenas que son imposibles.

Hay un personaje de los últimos Episodios Nacionales de Galdós, Tito Liviano, a quien en fases febriles se le aparecen las Efémeras, unos espíritus imaginarios que le transmiten informaciones (ciertas y falsas) sobre la actualidad de la época. Las Efémeras hoy acuden al lecho del dolor por la vía de la prensa digital, a través de TwitterEfémeras, la radio de fondo, algún rato de telenoticias…

Pónganse en mi lugar. En poco más de diez días, las Efémeras me han traído titulares de esta guisa:

De los mítines y entrevistas en la campaña andaluza he escuchado cosas que ustedes no creerían. Y hasta he llegado a ver al candidato del PP a la presidencia hablando con una vaca a la que pedía el voto. Pero me ha dicho el urólogo que eso son imaginaciones mías.

Algún rato de supuesta lucidez me ha llevado a pensar que, efectivamente, lo lógico sería que la mayor parte de esos titulares nacieran del desvarío. Porque de ser reales (como constato a medida que me voy recuperando), cada uno de ellos me lleva a alguna otra reflexión. Por ejemplo:

La velocidad febril a la que se fabrican y se reciben titulares no debe desviarnos de los retos de mayor calado. Es evidente que las tuberías de nuestro sistema democrático también contienen pedruscos que lo atascan, lo bloquean y desgastan su prestigio y su eficacia. Afectan a la política, a la Justicia, a los medios… a todas las instituciones de intermediación. Pero sería un error pensar que la responsabilidad es exclusivamente de los Cosidó, los Marchena, los Rufián, los Casado, los Rivera, los Sánchez, los Iglesias o los eméritos. O que las soluciones pasan por nuevos hiperliderazgos personales o por entregar las herramientas democráticas a los expertos, sustituyendo la política representativa por la tecnocracia.

Vivimos tiempos complejos, en los que nuestro primer reto debería ser el de “comprender la democracia”, como acertadamente titula el filósofo Daniel Innerarity un lúcido librito que abre la serie de ensayos '+Democracia’, y que concentra algún principio activo para frenar la infección. “Las soluciones han de ser institucionales y procedimentales”, sostiene el autor, y advierte de que no basta con achacarlo todo a la "democracia de los incompetentes", sino que la propia ciudadanía tiene (tenemos) la responsabilidad individual y compartida de recuperar el valor de la política y de "fortalecer la organización institucional de la inteligencia colectiva". Dicho de otra forma: debemos abordar reformas que garanticen que, si cualquier imbécil, aprovechado o iluminado llega al poder a través de las urnas, haga el menor daño posible al sistema.