Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango ha salido en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le ha impuesto la jueza, tras tomarle declaración como investigado por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre Isak, en 2024.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tal y como solicitaba la Fiscalía, la titular de la plaza 5 de instrucción del Tribunal de Instancia de Martorell (Barcelona) ha fijado una fianza de un millón de euros al investigado, además de retirarle el pasaporte, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

En apenas minutos, tras notificársele el auto de la jueza instructora, Jonathan Andic ha consignado, por transferencia, el millón de euros de fianza y ha salido en libertad de los juzgados, acompañado de su abogado, Cristóbal Martell.

Ambos han abandonado las dependencias judiciales en un taxi, tras pasar por un cordón que habían habilitado los Mossos d'Esquadra para separarlos de los numerosos medios de comunicación que se agolpaban a las puertas de los juzgados de Martorell.

En su comparecencia ante la jueza instructora, el hijo del fundador de Mango se ha acogido a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado. Antes, se había negado a declarar ante los Mossos d'Esquadra en las dependencias policiales.

La jueza ha tomado declaración al sospechoso tras levantar el secreto de sumario de la investigación, lo que le ha permitido conocer las pruebas que le incriminan en la causa, que está abierta por un delito de homicidio.

El fundador del imperio de moda Mango, el hombre más rico de Cataluña, falleció el 14 de diciembre del año pasado, al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), una ruta sin grandes dificultades que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, aunque la reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales, entre ellas las declaraciones de familiares y miembros del entorno de la víctima y el detenido que fueron interrogados como testigos por el juez instructor.

Tras la reapertura de la causa, los Mossos d'Esquadra dieron un nuevo impulso y centraron sus pesquisas en Jonathan Andic, al que el pasado mes de septiembre requirieron el teléfono móvil para analizarlo.

Desde entonces, la policía catalana ha estado analizando el registro de llamadas telefónicas y los mensajes del móvil de Andic y ha estado trabajando para recuperar algunos que habían sido borrados meses antes, en busca de indicios que arrojen luz sobre las circunstancias de la muerte del fundador de Mango.

Los Mossos basan sus sospechas en ciertas incongruencias que apreciaron en las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic tras la muerte de su padre -por ejemplo sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión- y en las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

También indagan si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre, una hipótesis que han negado de forma casi unánime los allegados del fundador de Mango que han sido interrogados por los Mossos como testigos, entre los que se cuentan desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango, según fuentes cercanas al caso.

Otra circunstancia que levanta las sospechas de los investigadores es que, al parecer, antes de salir de excursión por Montserrat el detenido pidiera al escolta que habitualmente se encargaba de la seguridad de Isak Andic que los dejara solos con el pretexto de que tenía que hablar en privado con su padre.

El Partido Popular ha convertido cada declaración de Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Mascarillas, en munición política contra el Gobierno de Pedro Sánchez pese a que Aldama no ha aportado pruebas de muchas de sus acusaciones, entre ellas que Sánchez es el número uno de la trama. Un argumento que trata de explotar el principal partido de la oposición, que ha llegado a proponeral presidente del Gobierno que se querelle contra el empresario para probar su propia inocencia.

Aldama se ha presentado durante los últimos meses como un mero peón de la trama pese a haber cobrado 6,6 millones “en concepto de comisiones” por esas adjudicaciones y ser el “jefe real” –según el teniente coronel Antonio Balas, investigador jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– de este caso de corrupción.  Según el informe de los investigadores, el comisionista y presunto conseguidor de la trama era el actor privado que conectaba los negocios con el poder político

Aunque en Génova dudan, en privado, de muchas de las acusaciones que ha lanzado tanto en platós de televisión como en el propio juicio, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha asumido como verdaderas esas acusaciones sin pruebas y, al formar parte de la acusación popular, ha rebajado la petición de pena para él de forma que ninguno de los delitos por los que solicita condena supera los dos años de prisión. Si esta rebaja se aplicara, Aldama podría librarse de entrar en la cárcel. 

El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha llegado a decir que sería "posible" apreciar en este caso la atenuante "muy cualificada" por la colaboración de Aldama, que implicaría una rebaja de pena mayor que la que Anticorrupción –es decir, él mismo–, solicita en su escrito final de conclusiones. Actualmente la Fiscalía reclama siete años para Aldama, 24 para el exministro José Luis Ábalos y 19 años y medio para su exasesor Koldo García.

Desde el Gobierno han acusado al PP de tener una relación de connivencia con el empresario investigado que los conservadores niegan. A esto se le añade que Koldo García ha acusado al abogado del PP de haberle ofrecido un acuerdo a cambio de implicar a terceros. Los de Feijóo lo niegan —aunque en otras ocasiones sí han dado credibilidad al asesor de Ábalos—, pero lo cierto es que el mismo partido que se presenta como acusación implacable contra la corrupción no lo es tanto con los corruptores ni con las empresas que se beneficiaron o que aparecen señaladas en las diferentes piezas del sumario.

El núcleo empresarial del caso Mascarillas’ lo formaban Soluciones de Gestión, el entorno societario del Grupo Cueto y las sociedades de Aldama Deluxe Fortune y MTM 180 Capital. El PP, sin embargo, ha evitado dirigir cualquier tipo de responsabilidad hacia los corruptores y las compañías participantes, y su único objetivo ha sido el Gobierno y, esencialmente, Sánchez, pese a que el fiscal Luzón haya negado su implicación con rotundidad durante el procedimiento.

La indulgencia con Aldama no es una excepción, sino una suerte de patrón. En la pieza del caso Koldo que involucra a Acciona, la UCO ha atribuido a la compañía comportamientos "cuando menos cuestionables", y la ha situado como nexo empresarial en la presunta red de adjudicaciones amañadas vinculada a Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán. Varios cargos y exdirectivos de Acciona han sido citados o investigados en esa pieza, y la Guardia Civil considera que Servinabar obtuvo buena parte de sus ingresos de obras con Acciona, presuntamente a cambio de un porcentaje de adjudicaciones. 

Pero la relación de esta gran contratista de obra pública con tangentes, mordidas y amaño de contratos no es nueva. Ocho empleados con distintos niveles en la jerarquía del grupo empresarial están procesados desde 2023 en el caso Acuamed, que ha instruido Manuel García Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. A diferencia del caso Koldo, los hechos del caso Acuamed tuvieron lugar en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Otras empresas como Ferrovial, Sacyr, ACS, FCC u OHLA también han sido sancionadas por prácticas que alteraron las licitaciones durante décadas. Y otras, directamente condenadas, como Cofely y Waiter Music en Púnica, Emissao en Lezo, Becsa y CHM en la Gürtel valenciana. En algunos de esos casos, las Administraciones del PP han seguido contratando con empresas condenadas, vinculadas o señaladas en causas de corrupción, siempre con el argumento de que no estaban formalmente inhabilitadas.

Los conservadores prefieren presentar la corrupción como una cadena que termina en el Gobierno de Sánchez, no como un sistema en el que grandes contratistas privados obtienen beneficios, contratos o posiciones de ventaja mediante relaciones privilegiadas con el poder. Así, la corrupción parece que es cosa de políticos. Pero nunca de su propio partido, pese a las numerosas condenas que salpican a dirigentes de la formación conservadora.

Hay otros grandes grupos empresariales vinculados a las Administraciones públicas, como es el caso de Quirón, que no están condenados, pero sí aparecen en el centro de una pieza judicial incómoda para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es, precisamente, la que investiga los negocios de su pareja, Alberto González Amador, con Quirón Prevención por presunta corrupción en los negocios y administración desleal. 

A esta investigación se le suman las pesquisas del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de la Comunidad de Madrid con Quirón y Ribera Salud. La reacción del PP fue vetar en la Asamblea la fiscalización de los contratos con el grupo sanitario, presentar el caso como un asunto privado de la pareja de Ayuso y acusar al PSOE de querer "empatar" con el caso Koldo.

Así, el Ejecutivo de Ayuso decidió en junio del año pasado, en plena investigación judicial sobre los negocios de la pareja de la presidenta regional y su conexión con un directivo de esta misma compañía, prorrogar otro año más el contrato para la realización de reconocimientos a los empleados públicos de la región. Unos trabajos con los que la firma de prevención de riesgos laborales se embolsará casi medio millón de euros hasta este verano. Hace solo unos días, la Comunidad de Madrid volvió a extender ese mismo contrato.

La relación entre González Amador y la filial del gigante sanitario parece ir más allá de la simple vinculación consultor-cliente. En el informe detallado de delito que elaboró en su día la Agencia Tributaria por el supuesto fraude fiscal "constan aportados unos correos electrónicos" donde el empresario, a quien el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso guarda en su teléfono como "Alberto Quirón", lejos de actuar como "gerente o administrador" de la consultora Maxwell Cremona,slo hace como "Director de Proyectos" en nombre y por cuenta de Quirón Prevención.

Una de las empresas tecnológicas con mayor influencia política y estratégica en EEUU, Palantir, acaba de poner sobre la mesa su hoja de ruta en un manifiesto de 22 puntos en el que habla sin tapujos de lo que creen que debe ser el futuro: guerra tecnológica, militarización, poder duro, eliminación paulatina del Estado y defensa de la “cultura” occidental. Esto puede parecer una simple estrategia de marketing, pero Palantir tiene el poder suficiente para llevar sus ideas a la práctica.

Hace unos días, Palantir Technologies, la multinacional estadounidense de software especializada en análisis de macrodatos y la industria de la guerra, publicó en la red social X un mensaje que servía como carta de presentación del libro que publicó el CEO de su compañía, Alexander C. Karp, junto a Nicholas W. Zamiska, jefe de Asuntos Corporativos y asesor: The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (2025). 

Pero, ¿por qué debería preocuparnos lo que pueda escribir el CEO de Palantir en un libro? Esta no es una empresa de capital privado al uso. Palantir, el año pasado, facturó cerca de 4.500 millones de dólares y colabora codo con codo con el ejército de EEUU, la CIA, el ICE, la policía de Nueva York e incluso con países como Israel, Ucrania o Reino Unido, entre otros.

Palantir Technologies fue fundada en 2003 en Silicon Valley a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Alexander Karp, un joven inversor en startups, se asoció con su excompañero de estudios Peter Thiel, miembro de la conocida “PayPal mafia” (junto a otras caras conocidas como Elon Musk o Reid Hoffman), para involucrarse en la gestión de la seguridad y la privacidad de EEUU a través de los datos.

Desde su lanzamiento, la compañía ha estado en constante colaboración con el Gobierno de EEUU. Desde la CIA, la NASA o el FBI hasta el Departamento de Defensa, el ICE o el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). De hecho, la empresa ha estado siempre presente en los planes de la Casa Blanca: proveyó de software al ejército para las misiones militares de EEUU en Irak y Afganistán, colaboró con el Gobierno en el manejo y distribución de datos sanitarios en la pandemia de la COVID-19 y desarrolló tecnología para la identificación y deportación de migrantes durante las redadas del ICE. 

La de Palantir y el Gobierno de EEUU es una simbiosis perfecta. De hecho, el gran culpable del éxito de la compañía de software no es otro que Washington, quien ha regado a Palantir de contratos federales. El último, en febrero de este mismo año, por valor de 1.000 millones de dólares, firmado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para funciones que van desde el control migratorio hasta la “prevención del terrorismo”. En una carta abierta a los inversores de Palantir publicada el 2 de febrero, Karp reconoció que “el negocio comercial en EEUU está creciendo a un ritmo asombroso” tras generar 507 millones de dólares el anterior trimestre con un aumento del 137% respecto al del año anterior. 

Palantir provee distintas plataformas de software dedicadas a diferentes nichos de mercado: Foundry, por ejemplo, está dedicada a la gestión y análisis de datos, mientras que Gotham está hecha para el campo de batalla.

La multinacional de Silicon Valley ha estado y está involucrada también en los diferentes conflictos entre EEUU y Oriente Medio. En Irak o Afganistán, Gotham se ha utilizado para identificar redes terroristas, prever sus movimientos o desencadenar ataques dirigidos. Ucrania le ha servido también a su sistema de software como campo de pruebas para desarrollar más tecnología para la guerra. En enero de 2024, Palantir estableció una “asociación estratégica” con el Ministerio de Defensa israelí que se puso en marcha durante el genocidio en Gaza, como reconoció en un foro el propio Karp quien, cabe destacar, es de origen judío.

Ahora, durante el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, Palantir está consiguiendo logros militares que hace años eran impensables. Solo en los cuatro primeros días de ofensiva, Estados Unidos aseguró haber alcanzado más de 2.000 objetivos en territorio iraní. En Siria fueron necesarios seis meses para alcanzar esa misma cifra.

“¡Si el Mal pudiera tuitear, esto es lo que diría!”, afirmó el profesor de Economía y exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, en un mensaje respondiendo al manifiesto de Palantir. El post que publicó la compañía en X recoge extractos del libro de Karp en los que resume, no solo los planes de la propia empresa, sino el futuro de lo que algunos politólogos ya denominan “autoritarismo tecnológico”.

El texto enumera, en 22 puntos, una visión crítica hacia la deriva de Occidente y el papel que comienza a jugar la tecnología en el tablero geoestratégico. Para Palantir, Silicon Valley, tiene la “obligación moral” de priorizar la defensa nacional mediante el uso de “poder duro” y el desarrollo de una inteligencia artificial que se integre en el aparato estatal. 

El manifiesto sigue la ruta marcada por los discursos de extrema derecha como la remilitarización de Europa, la intolerancia hacia el pluralismo o el ultranacionalismo, pero con una derivada tecnológica que, según Darío García de Viedma, investigador del Real Instituto Elcano en el ámbito de política tecnológica y digital, refleja uno de sus papeles principales: “Proteger los intereses nacionales de EEUU y su posición dominante”.

“La lógica es que la posición dominante de Estados Unidos se apoya, en parte, en sus capacidades de software. Para evitar que China ponga en riesgo esa posición, busca mantener su liderazgo tecnológico en este ámbito”, explica a infoLibre García de Viedma. Cuenta, además, que el caso de Palantir es complejo debido a la opacidad con la que opera la compañía: “Es una empresa muy opaca, no solo por las restricciones derivadas de sus contratos con defensa, sino también porque esa opacidad protege su valor en bolsa”. 

En cuanto al manifiesto, el experto explica que “algunos elementos del texto pueden resultar chocantes”. Es curioso, comenta, que “su discurso mantiene la aversión por la diversidad, el supremacismo de la cultura estadounidense y el militarismo, pero desde el reconocimiento de la legitimidad del Estado”. 

Pero, ¿puede una democracia sostener un modelo donde actores privados controlan capacidades estratégicas? Para el investigador de Elcano “estas empresas actúan como uno de los principales brazos del posicionamiento de EEUU en el mundo. A través de ellas, se posiciona como líder, al menos entre sus aliados y en parte del Sur Global, gracias a la penetración de sus empresas de software y hardware”. 

“Washington sabe que sus empresas son necesarias para el funcionamiento de nuestra economía y nuestras instituciones, y puede utilizar esa dependencia en negociaciones comerciales o incluso en cuestiones de seguridad”, añade. 

El mensaje de Palantir levantó un gran revuelo en redes tras su publicación. Muchos argumentaron que el manifiesto se había convertido en uno de los textos ideológicos más relevantes de este siglo, otros, en cambio, le restaron importancia. “El manifiesto de Palantir es importante porque explicita por primera vez una doctrina política y tecnológica coherente desde los intereses de una empresa de software militar”, cuenta a infoLibre José Manuel Corrales, profesor de Economía, Empresa y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea (UE). 

“Hay que recordar que Palantir es contratista estratégico en EEUU, Israel, Reino Unido y diversas agencias de seguridad y inmigración. Por tanto, no estamos ante una opinión abstracta, sino ante un una muy fundamentada en lo que es el complejo militar industrial de Estados Unidos y del mundo occidental”, explica Corrales. 

Pero, ¿cuál es el verdadero proyecto de Palantir? Corrales argumenta que “lo que emerge es un nuevo complejo tecno militar corporativo con empresas privadas diseñando infraestructuras clave de seguridad y estados convirtiéndose en clientes”. Y es precisamente por eso por lo que “nos debemos tomar muy en serio este manifiesto”, subraya. 

“Ya no es un plan secreto, sino que expresa claramente la ideología de una empresa con importante influencia real y que busca normalizar que las grandes tecnologías definan el futuro de la guerra, la seguridad y la política en el nuevo orden internacional”, concluye Corrales. 

El pasado sábado 11 de abril, los astronautas de Artemis II completaron con éxito el amerizaje en tierra de una misión que hizo historia al llevar al ser humano lo más lejos que se ha llegado jamás en el espacio. Un hito histórico que consolida el segundo paso del programa Artemis, que tiene como objetivo principal establecerse en la Luna y llegar a Marte. 

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, han logrado hacer historia al conseguir llegar al lado oculto de la Luna dejando atrás el récord establecido por Apolo13 en 1970. Esta nueva carrera espacial entre EEUU y China va en paralelo con otra: la que se está fraguando entre las oficinas de la Casa Blanca y Silicon Valley.

Para la misión Artemis II, la NASA ha contado con la inestimable ayuda de los grandes aliados financieros de Silicon Valley para la construcción de la estructura del cohete: el sistema de lanzamiento (SLS) encargado de enviar la nave espacial Orión a la órbita lunar corrió en su mayoría a cargo de la multinacional Boeing; el conglomerado Northrop Grumman, cuarto mayor contratista de defensa militar de los EEUU, se ha encargado de los propulsores de combustible sólidos (SRB) y, para la construcción de la nave espacial Orión que transportó a los astronautas, el contratista principal ha sido la multinacional de la industria aeroespacial y militar Lockheed Martin. 

Julio Gallegos, profesor en ingeniería aeroespacial en la Universidad Europea, cuenta a infoLibre que la NASA hace tiempo que dejó de hacer las cosas “por sí misma”, lo que le ha llevado a pasar a depender de empresas de capital privado: “Desde hace ya bastantes años en empezó a desligarse un poco de todos los subsistemas y pasó a convertirse en una administración”. “La NASA invirtió en la industria para que la industria fuera la que manejara la la carrera espacial”, comenta. Explica que esto se dio, sobre todo, “para reducir presupuesto”, aunque reconoce también que en este sector “hay empresas con mucho poder económico y político”.

La misión Artemis II no será la última. La NASA planea realizar hasta tres misiones más (Artemis III, IV y V) hasta lograr asentarse en la Luna y construir bases e infraestructuras en el territorio. Para esto, es necesaria una pieza fundamental: los nuevos sistemas de aterrizaje humano (HLS) que están desarrollando tanto SpaceX como Blue Origin. Es aquí donde entra en juego la otra carrera: la empresarial, con los dos grandes magnates tecnológicos estadounidenses, Elon Musk y Jeff Bezos, compitiendo por hacerse con los contratos de la NASA.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, lo dejó claro en la rueda de prensa del evento ignition que tuvo lugar el pasado mes de marzo donde repasaba los planes de la organización: “La NASA tiene el compromiso de lograr (...) regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio”.

Space Exploration Technologies Corporation, conocida como SpaceX, es la empresa de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial fundada por Elon Musk. Por su parte, Blue Origin, es la empresa de transporte aeroespacial de Jeff Bezos, también fundador de Amazon. Ambas tienen un objetivo: ser las que consigan llevar al ser humano a Marte.

“En 2019 la NASA comienza a volver a mirar al espacio”, cuenta Gallegos: “El objetivo que se impusieron era llegar a la Luna para, desde allí, lograr pisar Marte, lo que requiere crear una estación de repostaje en la Luna”, subraya. “Esto permitiría reabastecer de combustible las naves para llegar a Marte porque ir directamente desde la tierra sería imposible”, aunque reconoce que, pese a esto, “también hay intereses muy codiciados en la Luna”. 

Ni Musk ni Bezos querían quedarse sin su parte del suculento pastel que la NASA estaaba cocinando. El primero movió ficha en 2021 consiguiendo una licitación por valor de casi 3 mil millones de dólares por parte de la agencia espacial norteamericana para el desarrollo del módulo de aterrizaje lunar Starship HLS. En el concurso, se impuso a empresas como Blue Origin, que había unido fuerzas con otras grandes multinacionales como Northrop Grumman, Draper y Lockheed Martin o Dynetics, otra contratista de defensa.

Meses después de que SpaceX obtuviera el contrato, Blue Origin presentó una demanda ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de EEUU sobre una adjudicación que consideraban “injusta” y que representaba un ejemplo de “favoritismo” ante su rival. Bezos, de nuevo, perdió la batalla y el Tribunal falló en favor de Musk, lo que supuso una consolidación de la fuerte relación entre el magnate norteamericano y la agencia espacial.

Dos años más tarde, la empresa de Bezos logró una gran victoria: consiguió un contrato de 3.400 millones de dólares de la NASA para liderar un equipo que desarrolle un módulo de alunizaje llamado 'Blue Moon'. El módulo se usará para transportar astronautas a la superficie lunar a partir de 2029, luego de un par de misiones con la tripulación de SpaceX de Elon Musk.

La estrecha relación de la NASA y Elon Musk se ha visto resquebrajada en estos últimos años hasta el punto en que, el pasado octubre de 2025, la agencia espacial reabrió el contrato que le había adjudicado a SpaceX por retrasos de la compañía. La NASA tenía prisa ante los avances chinos. Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte de la NASA, señaló que EEUU está en una “carrera espacial contra China” por eso, “la NASA está abriendo la producción de HLS a Blue Origin y otras grandes empresas estadounidenses”.

Musk respondió al anuncio de Duffy en su red social 'X': “Blue Origin nunca ha entregado una carga útil a la órbita, y menos aún a la Luna”. Además, el mensaje lo acompañó de un ‘meme’ homófobo en el que se leía “why are you gae(y)?”.

El plan de la NASA tiene como último objetivo llegar a Marte, pero para ello antes tiene que establecerse en la Luna. Según la Agencia Espacial, hay previstas tres misiones más. La siguiente, Artemis III, programada para 2027, tiene como objetivo poner a prueba uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, realizando pruebas de acoplamiento en órbita terrestre baja. Es decir, sin subir al espacio.

Con Artemis IV, prevista para 2028, será cuando la NASA realice el primer alunizaje humano en la Luna desde 1972. Tras alcanzar la órbita lunar, la tripulación se trasladará de la cápsula Orión a un módulo lunar comercial para su descenso a la superficie de la Luna. Artemis V finalizará el programa a finales de 2028. En ella se realizará un segundo alunizaje, y será el comienzo de la construcción de una infraestructura de base lunar permanente.

Pero, ¿qué otros intereses puede tener EEUU y las distintas multinacionales en llegar a la Luna? Para Gallegos, “está claro que la tecnología es un negocio”. “SpaceX ha empezado a desarrollar sus cohetes gracias a sus contratos con la NASA, y ahora se ha convertido en una empresa que ofrece lanzamientos de satélites comerciales”, comenta. 

Otro de los posibles intereses en la colonización del Polo Sur lunar es el de la búsqueda de las conocidas “tierras raras”. “Es muy probable que la Luna tenga la misma estructura que la Tierra. Si eso acaba por confirmarse, llegar allí daría a EEUU una gran ventaja a la hora de tener un mayor acceso a sus recursos, ya que sería más fácil de minar, teniendo en cuenta que estarían más cerca de la corteza lunar”, subraya el experto. 

Pese a la ilusión que viene despertando el programa, el pasado viernes, la Oficina de Administración y Presupuesto de EEUU (OMB) presentó su solicitud de presupuesto discrecional para el ejercicio fiscal 2027 en la que se incluye un recorte de 5.600 millones de dólares para la NASA. Isaacman respalda esta rebaja presupuestaria que cancelará más de 40 misiones de baja prioridad y otorgará una nueva inyección de 8.500 millones de dólares para el programa Artemis. Un presupuesto que mantendrá firme el pulso entre Musk y Bezos por establecerse en la Luna.

En 2021, la mayor empresa cárnica del mundo, la brasileña JBS, anunció un plan de cero emisiones para 2040, con un gran anuncio a toda página en The New York Times. La empresa, que contaminaba más que países como Italia y casi tanto como Francia, acabó en los tribunales por "marketing falso y engañoso" y sus directivos terminaron diciendo que ese eslógan era simplemente "una aspiración", pero nunca fue un compromiso legal.

Este es solo uno de los casos que recoge una investigación internacional sobre greenwashing, el nombre que recibe la práctica empresarial que consiste en hacer promesas ambientales sin fundamento o lanzar mensajes ecologistas para ganarse al público basándose en afirmaciones dudosas o falsas. El estudio, publicado este miércoles en la revista PLOS Climate, analiza 1.233 afirmaciones ambientales de compañías ganaderas y lácteas, y concluye que el 98% cumplen con las condiciones del greenwashing.

Se califican así porque se consideran promesas inverificables, que no están acompañadas de estudios científicos, que se basan en falsas soluciones o que son insignificantes en comparación con el volumen total de emisiones de las compañías. El 38% de esos reclamos (467) consisten en compromisos a futuro imposibles de corroborar, como "garantizar la recuperación de 600.000 millones de litros de agua en regiones con escasez hídrica para 2030", que era una de las promesas analizadas por los autores.

La lista está formada por todas las afirmaciones verdes realizadas por las 33 mayores empresas del mundo en lácteos y carne entre 2021 y 2024, y Danone y Nestlé están en el puesto uno y dos de las compañías que más afirmaciones han hecho con greenwashing. Aunque estas empresas son industriales –compran la leche y otros productos a los ganaderos–, las emisiones de los animales forman parte de su cadena de valor y son su responsabilidad. 

De la lista de empresas analizada, la francesa Danone es la que más compromisos ambientales ha adquirido en sus informes públicos y páginas web (106), pero prácticamente todos se catalogan como greenwashing, según este estudio. La siguiente es la suiza Nestlé, seguida de CP Group (Tailandia), Danish Crown (Dinamarca) y Hormel Foods (EEUU).

"Las empresas cárnicas y lácteas hacen muchas promesas y aportan muy pocas pruebas que las respalden. Al igual que la industria de los combustibles fósiles, que ha utilizado el greenwashing durante las últimas décadas para retrasar la adopción de medidas climáticas significativas, la industria cárnica y láctea podría estar engañando a los consumidores y a los inversores", escriben los autores, liderados por Maya Bach, del departamento de Ciencia y Política Ambiental de la Universidad de Miami.

La investigación se ha centrado en el sector de producción de alimentos porque representa el 16,5% de los gases de efecto invernadero, siendo uno de los más agresivos con el planeta, principalmente debido a las emisiones de metano de los rumiantes, de los gases de efecto invernadero provocados por el estiércol, por las emisiones de óxido nitroso derivadas de los fertilizantes y por la tala derivada de la producción de piensos.

Marina San Martín Calvo, profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Burgos, opina que estos resultados son importantes en países como España, donde la ganadería láctea y cárnica tiene un peso muy importante. "Estos datos evidencian una brecha significativa entre el discurso corporativo y la evidencia real. Sería recomendable exigir mayor transparencia y evidencia científica en las afirmaciones climáticas porque contribuirían a una transición más creíble y efectiva hacia sistemas alimentarios realmente sostenibles”, dice en un comentario publicado en la agencia Science Media Centre.

Una de las fórmulas de greenwashing más repetidas en este sector –a la que recurren 17 de las 33 empresas analizadas– es la promesa del net zero, las cero emisiones netas de CO2, generalmente para 2050. Este mensaje se encuadra dentro del llamado future-washing, basado en publicar compromisos para las próximas décadas de ayudar al planeta pero con ninguna intencionalidad real de cumplirlos.

Un informe de Foodrise, una ONG europea, se pregunta cómo Danone cumplirá su compromiso net zero en 2050 si en ningún plan de negocio recoge reducir la cabaña ganadera de la que se provee, la principal fuente de contaminación. Por ahora, la compañía francesa solo dice que para hacerlo introducirá prácticas de agricultura ecológica, soja libre de deforestación y estiércol gestionado de manera eficiente de aquí a 2030, medidas insuficientes para lograr su meta de 2050.

Tras analizar los 1.233 mensajes verdes de estas compañías, solo tres de ellos (de las empresas Fonterra, California Dairies y Perdue) estaban amparados en estudios científicos, y dos de ellos ligados a "revistas científicas estrechamente alineadas con la industria agrícolas". Solo el 29% (356 promesas) se apoyaba en algún tipo de evidencia, mientras que "más de dos tercios de las afirmaciones medioambientales carecían de pruebas, lo que dificultó evaluar su credibilidad", según los autores. 

Aunque más de 300 mensajes analizados estuvieran apoyados en información, no significa que fueran legítimos ya que la inmensa mayoría de ellos no superaron la prueba de greenwashing, basada en un test de Noémi Nemes, de la Universidad de Viena, y otros autores, creado en 2022. Solo 20 de los enunciados verdes analizados estaban libres de indicadores greenwashing, aunque el estudio aclara que no consistían en promesas, sino en argumentos genéricos, como que "en Estados Unidos, entre el 30% y el 40% de los alimentos que se producen nunca llegan a consumirse", uno de los mensajes que han superado el examen.

Los autores recogen en el estudio algunos de los eslóganes vacíos que se han encontrado, donde se publicitan acciones limpias que representan una parte ínfima de las emisiones de estas compañías. Como la británica ABP Group, que publicó que iba a iniciar un proyecto para "buscar maneras de implantar un modelo de producción sostenible" de carne en una granja de 100 hectáreas, sin aclarar qué medidas iba a implementar. O como el gigante francés Lactalis, que publicitó el cambio de una caldera de una de sus plantas.

"En lugar de buscar un cambio transformador, muchas empresas parecen dar prioridad a pequeñas mejoras en la eficiencia y promocionan ampliamente iniciativas a pequeña escala o piloto que apenas repercuten en la huella medioambiental global de la ganadería", se lee en el estudio.

Los investigadores también dan a entender que esta corriente de publicidad verde ha desatado en el último lustro una carrera empresarial por lanzar mensajes aparentemente ecologistas. En septiembre de 2020 solo cuatro de las 35 mayores cárnicas y lácteas del mundo tenían compromisos cero emisiones, y hoy son 17.

“¿Por qué implicarte en el trabajo cuando tu jefe te tiene tan poca consideración?”. Yacine fue contratado por Nike como vendedor en la región de Île-de-France con un contrato temporal en diciembre de 2024, y luego con un contrato indefinido, a tiempo parcial, en febrero de 2025. “Pero, en realidad, no firmé el contrato hasta cinco días después. Presionaba a los jefes todos los días para que se dieran prisa y me dejaran firmarlo”.

Las primeras semanas fueron muy cansadas. “Aunque no haya clientes, tenemos que estar de pie, en el mismo sitio. Las pausas se permiten a partir de seis horas de trabajo seguidas. Con mis turnos de cinco horas, no tenía derecho a ellas”. Entre su trabajo de recepcionista de hotel y sus 25 horas semanales en Nike, sufría y su médico acabó diagnosticándole una hernia discal. Su empleador, aunque estaba informado, no adaptaba su puesto.

Rápidamente, los dolores se intensificaron y Yacine empezó a faltar al trabajo. En marzo de 2025, la sorpresa: aunque solo había estado ausente dos días ese mes, solo recibió 145 euros de remuneración. “Ese dinero no es el salario, sino el pago atrasado de una prima de enero. De hecho, faltaban más de 1.000 euros en mi nómina”.

“Iba al curro cabreado”, cuenta Yacine. Y no era el único. “La dirección me dijo que se trataba de un error, pero que lo único que podían hacer por mí, en ese momento, era solicitar un anticipo de mi próximo salario. Finalmente, Recursos Humanos me comunicó que me acababan de hacer una transferencia urgente de 1.000 euros”.

Desde entonces, cada mes recibe nóminas que considera “incomprensibles”. “Hay errores a menudo, correcciones que aparecen meses después… Cada mes, a través de una delegada del personal, advertimos a la dirección”.

En julio de 2025, en una carta a la que hemos podido acceder, la dirección lo reconoce: “Ha habido dificultades operativas con las nóminas que le han causado molestias… Hemos identificado que el origen de este mal funcionamiento era un problema de integración entre los sistemas de Nike y los de nuestro gestor de nóminas.” Demasiado tarde. Yacine, hastiado, solicitó la extinción de su contrato.

Mismo periodo, mismo patrón. Malek (ficticio) fue contratado como dependiente en una tienda en París en enero de 2025 y, desde el primer mes, el pago del salario está mal. Recibe una cantidad de 80 euros, luego una “transferencia excepcional” de 1.000 euros. Según su testimonio escrito, los errores de pago siguieron hasta junio de ese año, lo que provocó “graves consecuencias en su situación personal: retrasos en el pago del alquiler, imposibilidad de pagar ciertas facturas y deterioro de la salud mental”.

A pesar de sus numerosas gestiones ante Recursos Humanos, “no le ofrecieron ninguna solución”. “La responsable local de Recursos Humanos tardaba con frecuencia entre dos y tres semanas en responder a mis solicitudes”, añade. Cuando en marzo de 2025, se enfadó por la situación, ella le respondió: “Puedo entender su enfado y la frustración por su situación, pero el tono que utiliza no es aceptable.” Y el empleado, contrariado, comenta: “El tono empleado tenía como único objetivo recordar las obligaciones legales del empleador.”

Para Caroline (ficticio), trabajadora con contrato temporal, la situación se volvió rápidamente insoportable: “Mis nóminas parecen ficticias, con importes incoherentes, incluso alucinantes, lo que hace imposible cualquier trámite administrativo o personal. Me resulta difícil justificar mis ingresos ante las autoridades fiscales… o encontrar una vivienda, ya que estas nóminas no son creíbles para las agencias o los propietarios.” Ella también alertó a Recursos Humanos en varias ocasiones pero no sirvió de nada. “Me siento desamparada y mi jefe, aunque está implicado y dispuesto a ayudarme, no tiene ningún interlocutor directo.”

Preguntada en detalle por los errores en las nóminas o en los pagos, Nike respondió que “en Francia, varios sistemas y herramientas de Nike han evolucionado en los últimos años, lo que ha requerido ajustes para garantizar el buen funcionamiento de los nuevos procesos”, reconociendo “que este tipo de transición puede resultar perturbadora” y disculpándose “por las molestias ocasionadas”. Y aseguró que la empresa ha puesto en marcha “medidas complementarias para reforzar sus sistemas, aclarar los modos de funcionamiento y consolidar la fiabilidad operativa”.

La ligereza con la que Nike gestiona las remuneraciones es uno de los temas que más se repiten en el orden del día del comité de empresa (CE) de la multinacional desde hace más de dos años. Según la dirección, de enero a septiembre de 2024, se registraron 27.604 reclamaciones de empleados, de las cuales “4.000 estaban relacionadas con problemas importantes, principalmente sobre la nómina”.

En el CE de mayo de 2024, la consultora EY presentó una auditoría sobre estos temas, tras detectar numerosos errores en las nóminas de los meses anteriores. Todo el equipo de People Solution, plataforma digital que sirve de interfaz entre los empleados y la dirección, fue enviado desde Ámsterdam por este motivo.

Y es que los directivos que gestionan los procedimientos franceses están en Países Bajos, sede europea de Nike. En Francia, el departamento de Recursos Humanos se ha ido reduciendo progresivamente hasta quedar en la mínima expresión. “Tratamos con gente que no conoce ni los procesos ni las leyes de Francia”, lamenta Enzo, secretario del CE. “Los plazos de respuesta son muy largos y no siempre adecuados”.

En esa reunión, y en las que la siguieron hasta finales de 2024, cada directivo aportó sus comentarios para explicar los numerosos errores en las nóminas: llegada de nuevas herramientas digitales, servicios mal sincronizados, gerentes insuficientemente formados, servicio de gestión de litigios desbordado… Pero al final, lo cierto es que los empleados son los que pagan las consecuencias.

En el CE de mayo de 2024, Klara Tornyaine, directora de nóminas de Nike en Europa, Oriente Medio y África, precisó que, en los cinco meses anteriores, en Francia, “uno de cada tres nuevos empleados no cobró a tiempo, porque los datos no se introdujeron antes de la fecha límite”. Es decir, que el 30% de los nuevos empleados sufrieron un retraso en el pago porque la información sobre ellos no se introdujo a tiempo en el sistema. Al ser preguntada sobre esta elevada cifra y sobre su política de “fecha límite”, Nike no respondió.

En Nike, los “atletas” y otros “entrenadores”, sobrenombres profesionales para referirse a vendedores o gerentes, deben registrarse ellos mismos en el sistema “WorkDay” para poder cobrar. Lo que lleva a Klara Tornyaine a afirmar: “El empleado que no facilite sus datos completos solo puede culparse a sí mismo por no haber cobrado, ya que no hemos podido realizar el pago por falta de información”.

Pero eso no es todo: los trabajadores temporales a los que se les prorrogó el contrato también sufrieron “una mala sincronización entre el departamento operativo y los servicios financieros”, ya que las prórrogas fueron “consideradas como fin de contrato por error”, indica la empresa. En este caso, una vez más, los empleados no recibieron a tiempo lo que se les debía y tuvieron que luchar por cobrarlo.

Incluso cuando dejan la empresa, los trabajadores tienen dificultades para hacer valer sus derechos. Enzo precisa que “algunos se marchan y reciben su finiquito cinco o seis meses después”. La directora de RRHH de Nike Francia confirmó ante los representantes del personal que “desde hace años hay problemas con los documentos de salida”. A modo de recordatorio, según el Estatuto de los Trabajadores, el documento de baja debe entregarse el último día de trabajo y es obligatorio para inscribirse en el paro.

También durante un CE en 2024, un representante del sindicato CFDT planteó otro problema “relativo a los certificados solicitados por la caja primaria del seguro médico, que el empleador no transmite correctamente”. “Eso provoca errores y retrasos en el pago a los empleados, ya que los certificados son erróneos o no se envían a tiempo”, lamentó.

La dirección reconoció la existencia de “problemas persistentes” y prometió que estaban “en proceso de solución”. Eso bastó para exaltar a los asistentes, empezando por el secretario del CE, quien aseguró que “estos problemas se vienen planteando desde hace más de un año y, a pesar de las promesas de trabajar en ello, poco parece haber cambiado sobre el terreno”. Desde entonces, el tema ha vuelto a figurar en numerosas ocasiones en el orden del día del CE.

Del mismo modo, algunos accidentes laborales se declaran a veces mucho después del plazo máximo de 48 horas previsto por la ley. En diciembre de 2024, la Caja Primaria de Seguro Médico (CPAM) escribió a una trabajadora que estaba de baja para indicarle que su empleador aún no había realizado los trámites necesarios, más de un mes y medio después de su accidente. A pesar de los numerosos recordatorios de la dependienta, el empleador no envió finalmente los documentos necesarios hasta febrero de 2025. Unos meses de demora que dejaron a la trabajadora en una situación de total precariedad.

Nike, al ser preguntado sobre este caso concreto, así como sobre los retrasos y errores en las declaraciones a la CPAM, tampoco respondió, pero indicó que la empresa está comprometida con “actuar de manera responsable y respetando las leyes y normativas locales”.

Pero para las personas perjudicadas no hay nada previsto. En octubre de 2024, la dirección se negó a cualquier compensación, pero prometió contratar a una consultora para trabajar en la gestión de las bajas por enfermedad. Al mes siguiente, la consultora enviada desde los Países Bajos realizó una presentación con cifras. “En los últimos seis meses, el 13% de los casos relacionados con la enfermedad se tramitaron en más de tres días, a menudo debido a problemas de corrección”.

En Ámsterdam, el equipo que gestiona todas las reclamaciones de los empleados, incluidas todas las consultas, está compuesto por ocho personas, de las cuales dos se dedican a Francia. “De julio a septiembre de 2024, debido a la rotación de personal, un solo analista tramitó alrededor de 750 tickets [reclamaciones, ndr] al mes, de los cuales 400 correspondían a bajas por enfermedad”.

La consultora detalló el proceso que falla con tanta frecuencia: el responsable en Francia recibe la baja por enfermedad y debe enviarla a través de una plataforma a un equipo en los Países Bajos. Ese equipo “comprueba su conformidad” y luego se pone en contacto con el responsable francés, quien debe, finalmente, introducir la ausencia en otro sistema.

“El sistema no gestiona bien las prórrogas de las bajas”. Todo un rompecabezas con numerosas complicaciones. Las bajas por enfermedad recibidas después de que finalice el mes no pueden integrarse y deben tramitarse manualmente, siempre desde Países Bajos.

En septiembre de 2025, el CE aprobó una resolución para que una consultora especializada llevara a cabo una investigación interna sobre la gestión y las condiciones de trabajo en la empresa. La dirección hizo todo lo posible para echar abajo el proyecto.

En primer lugar, demandó al CE ante los tribunales, alegando que no existía ningún riesgo grave que justificara el recurso a un consultor autorizado. El jueves 18 de diciembre de 2025, las infracciones de la legislación laboral cometidas por Nike se expusieron ante el tribunal de París. La abogada del CE señaló, en particular, los “numerosos problemas con las nóminas” y “la mala gestión de las bajas por enfermedad”. Por su parte, la abogada de Nike desestimó las acusaciones y, en cambio, criticó a Mediapart por haber revelado, unas semanas antes, los entresijos del gigante de equipamiento deportivo. Una defensa que, al parecer, no convenció al tribunal, ya que dio la razón al CE el 3 de febrero de 2026.

Posteriormente, Nike intentó desalentar la realización de ese peritaje durante la reunión del CE del 12 de febrero. La directora de RRHH cuestionó “la pertinencia de un peritaje de tal envergadura” y propuso “una alternativa: la creación de grupos de trabajo”. La mayoría de los representantes se opuso y se mostró sorprendida de que llegara esta propuesta tras años de diálogo social bloqueado.

A raíz de ello, la dirección de Nike volvió a llevar a su CE ante los tribunales, cuestionando esta vez el alcance del peritaje, al considerar que debía limitarse a estudiar únicamente la situación de las tiendas, y no lo que ocurre en la sede central. La empresa también solicitó que determinados documentos de la inspección y de medicina del trabajo no pudieran ser examinados en el marco del peritaje. El 9 de abril, el tribunal volvió a desestimar las peticiones de Nike.

Nike, al ser preguntada sobre esos varapalos judiciales, se ha limitado a indicar que su “prioridad sigue siendo el acompañamiento de sus colaboradores, la implantación de procesos de trabajo fiables y conformes, y el mantenimiento de un diálogo abierto y constructivo con los órganos representativos del personal”.

Traducción de Miguel López

La semana pasada, el secretario del Tesoro de Estados Unidos convocó de urgencia a los principales bancos del país y a la Reserva Federal a una reunión de crisis para hacer frente a la vía de agua en la seguridad corporativa que supuestamente supone Claude Mythos, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic que ha puesto en pie de guerra a reguladores, empresas de ciberseguridad y mercados financieros de medio mundo.

La alarma es generalizada en todo el mundo, porque el nuevo modelo, según la propia empresa que lo ha fabricado, es potencialmente capaz de violar la integridad de sistemas que hasta ahora se consideraban seguros y fuera del alcance de cualquier intervención no autorizada. Ese temor, sin embargo, parece no haber alcanzado a España.

“Al tratarse de un sistema de propósito general —como ocurre con otros como, por ejemplo, ChatGPT—, la competencia es de la Comisión Europea”, se limitó a responder la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) cuando infoLibre le preguntó qué medidas había adoptado o pensaba adoptar para hacer frente al riesgo que representa Mythos.

La primera reacción de la Aesia, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que dirige Óscar López, fue lavarse las manos ante el problema —un modelo capaz de encontrar vulnerabilidades de décadas de antigüedad en infraestructuras críticas— y dejar cualquier decisión en manos de Bruselas.

La agencia, sin embargo, matizó después que, en su condición de miembro del grupo director del GPAI —l grupo donde se aterrizan las obligaciones del reglamento de IA convirtiéndolo en líneas de actuación concretas para los proveedores de modelos de propósito general—, ha trasladado a la Comisión Europea su interés en conocer la información de que dispone Bruselas sobre Mythos. El GPAI no tiene capacidad legislativa, pero sí es el foro donde se coordinan posiciones entre potencias antes de que las normas se escriban.

¿Y qué dice la UE? “Actualmente estamos evaluando las posibles implicaciones a la luz de las políticas y la legislación de la UE”, dijo con cierta vaguedad el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, en un comunicado enviado por correo electrónico. “También estamos monitoreando las implicaciones de seguridad de esta tecnología en rápida evolución, tanto para aumentar nuestras defensas cibernéticas como para posibles usos indebidos”.

Las competencias de Bruselas no han impedido que, en Alemania, la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) se hiciese eco del problema, admitiendo que Mythos va a tener implicaciones significativas. “Estamos en contacto con el fabricante Anthropic con respecto a Claude Mythos”, anunció la presidenta del BSI, Claudia Plattner. 

Aunque su autoridad aún no había podido probar la nueva herramienta, explicó Plattner, sí había podido obtener información sobre la forma en que funciona hablando directamente con los desarrolladores del modelo. Plattner señaló que el BSI se está tomando muy en serio los anuncios de Anthropic porque cree que tendrán consecuencias “en el tratamiento de las vulnerabilidades de seguridad”. Lo que, “a su vez, plantea cuestiones de seguridad y soberanía nacionales y europeas”, precisó.

Mucho más concreta y práctica ha sido la reacción en el Reino Unido. Los reguladores financieros británicos están en conversaciones urgentes con bancos y funcionarios de ciberseguridad para examinar los riesgos. 

Según un informe del Financial Times, las autoridades financieras clave del Reino Unido, incluidos el Banco de Inglaterra, la Autoridad de Conducta Financiera y el Tesoro, están en conversaciones con el Centro Nacional de Seguridad Cibernética para verificar si el último modelo de IA de Anthropic podría representar alguna amenaza para los sistemas de tecnologías de la información utilizados en las finanzas. Los reguladores informarán a los bancos, aseguradoras y bolsas en las próximas dos semanas sobre los riesgos de ciberseguridad vinculados a Claude Mythos.

Lo primero que hay que entender sobre Claude Mythos —conocido internamente en Anthropic como Capybara— es que todavía no existe como producto comercial. Su potencial destructivo es tal que Anthropic ha decidido no lanzarlo al público. Es la primera vez que la compañía restringe así el acceso a uno de sus modelos, y la razón que da no deja lugar a dudas: el sistema es demasiado peligroso para soltarlo sin más.

Durante las pruebas internas, Mythos encontró miles de vulnerabilidades en los principales navegadores y sistemas operativos del mundo, incluyendo fallos que llevaban décadas sin ser detectados. Una brecha de 27 años en OpenBSD, un sistema diseñado específicamente para ser difícil de atacar. Otra de 17 años en FreeBSD que permitía tomar el control completo de una máquina sin contraseña. Una más de 16 años en FFmpeg, la librería que usan casi todas las aplicaciones de vídeo del planeta. El investigador de la compañía Nicholas Carlini lo sintetizó con una frase que ya circula por los foros de seguridad informática: “Ha encontrado más vulnerabilidades en dos semanas que yo en toda mi vida”.

El impacto en los mercados fue inmediato. El índice de software y servicios del S&P 500 cayó un 1,6% el viernes de la semana del anuncio y acumula un descenso del 26% en lo que va de año. CrowdStrike perdió un 4%. Palo Alto Networks, un 7%. Datadog, un 3%. Empresas de crédito privado con exposición al sector del software también sufrieron.

El Financial Times fue el primero en reportar que Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, había convocado a los consejeros delegados de Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley y Wells Fargo para hablar de los riesgos cibernéticos que plantea el modelo. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, también estuvo en la reunión. 

Ante la imposibilidad de publicar el modelo sin haber controlado antes sus consecuencias imprevisibles, Anthropic ha optado por una estrategia singular: usar a Mythos para cerrar las mismas vulnerabilidades que podría abrir. Ha puesto en marcha el llamado Proyecto Glasswing, una coalición cerrada de doce empresas —Apple, Microsoft, Google, Amazon Web Services, Nvidia, Cisco, CrowdStrike, Palo Alto Networks, JPMorgan Chase, Broadcom y la Linux Foundation— que tienen acceso controlado al modelo para usarlo en sus propios sistemas y parchear los fallos antes de que otros los descubran.

Lo ocurrido revela una carrera contra el tiempo difícil de ganar. Anthropic da por hecho que otros actores —sus competidores, Estados con capacidades ofensivas, grupos criminales— desarrollarán pronto modelos con capacidades similares. La pregunta no es si eso ocurrirá, sino si la infraestructura digital global estará parcheada cuando suceda.

Para facilitar el proceso, la compañía ha puesto sobre la mesa 100 millones de dólares en créditos de uso para sus socios y cuatro millones adicionales en donaciones a organizaciones de seguridad de código abierto.

El Proyecto Glasswing incluye también infraestructuras críticas más allá del software comercial: sistemas de agua, plantas de energía, redes de transporte. Vulnerabilidades que, de ser explotadas, tendrían consecuencias en el mundo físico.

Es verdad que hay voces que apuntan a que todo esto es, al menos en parte, una operación de relaciones públicas. El analista Gary Marcus, crítico habitual con los grandes anuncios en relación con a la IA, asegura que en las pruebas de explotación del navegador Firefox se desactivó el sandboxing, el mecanismo de aislamiento que en condiciones reales habría dificultado enormemente la tarea del modelo.

También sostiene que modelos de código abierto más pequeños y económicos ya son capaces de realizar análisis de vulnerabilidades similares. La referencia implícita al precedente de GPT-2 —que OpenAI retuvo en 2019 por ser “demasiado peligroso” y que luego resultó ser bastante menos apocalíptico de lo anunciado— flota en el ambiente. El propio Dario Amodei era entonces el responsable de investigación de OpenAI.

Pero hay una diferencia con aquel episodio que los propios escépticos reconocen: las vulnerabilidades de software actuales son verificables. Existen o no existen. Las empresas del Proyecto Glasswing, hasta ahora, no han desmentido nada de lo que Anthropic afirma.

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aprobado en 2024 y en proceso de aplicación progresiva, clasifica los modelos de IA de propósito general según su potencia de cómputo. Los que superen un determinado umbral en su entrenamiento se consideran de “riesgo sistémico” y están sujetos a obligaciones adicionales: evaluaciones de adversarios, notificación de incidentes graves, medidas de ciberseguridad. Mythos, si los datos de Anthropic son fieles, encajaría en esa categoría.

Es verdad que la supervisión de estos modelos corresponde a la Comisión Europea, no a las agencias nacionales. La AI Office —la oficina creada en Bruselas para gestionar precisamente estos casos— tiene competencia sobre los grandes modelos de propósito general. Las agencias nacionales como la Aesia son, en este esquema, auxiliares: pueden participar en investigaciones conjuntas, recibir información y colaborar. Pero la palanca regulatoria no está en Madrid.

En todo caso, la tranquilidad institucional española es muy llamativa, sobre todo en comparación con otros países. El reglamento de IA de la UE es, en muchos aspectos, más exigente que cualquier norma equivalente en Estados Unidos. Pero hay una brecha entre tener una regulación y activarla cuando algo pasa. Mythos es, en este sentido, el primer test real de si el sistema europeo de supervisión de la IA es capaz de responder a tiempo a una crisis concreta —o si funciona mejor como marco normativo de largo plazo que como mecanismo de respuesta inmediata—.

España tiene millones de dispositivos conectados a sistemas operativos o plataformas de software que, según Anthropic, contienen vulnerabilidades que Mythos ha identificado. Tiene infraestructura crítica —energía, agua, transporte, banca— tan expuesta como la de cualquier otro país desarrollado. Tiene empresas que compran servicios en la nube a Amazon, Google y Microsoft, tres de los doce socios de Glasswing.

Ni el ministerio ni la Aesia respondieron a otras preguntas de infoLibre. Así que no es posible saber si las infraestructuras críticas españolas están siendo contempladas dentro del paraguas preventivo del Proyecto Glasswing o si hay algún canal abierto para evaluar los riesgos específicos para el tejido digital español.

La empresa pública de vivienda, Casa 47, comienza a avanzar en la puesta en marcha de su primera oferta pública de adquisición de vivienda. Con una dotación de 100 millones de euros, fuentes de la entidad señalan que prevén adquirir entre 500 y 600 casas para incorporarlas al parque público. Casa 47 está abierta a ofertas tanto de particulares como de personas jurídicas y primará la adquisición de pisos en zonas tensionadas. Fuentes de la empresa señalan que ya han recibido algunos contactos, principalmente de particulares, y que se encuentran en conversaciones con fondos de inversión que buscan deshacerse de sus activos de vivienda.

El procedimiento de adquisición se llevará a cabo mediante concurso. Se priorizarán las ofertas localizadas en zonas de mercado residencial tensionado, es decir, aquellas áreas donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos a costear la vivienda. Además, fuentes conocedoras señalan que la etiqueta de mercado tensionado se podrá aplicar independientemente de que la comunidad autónoma aplique o no el reglamento de vivienda. También se priorizarán las ofertas de bloques completos o conjuntos de viviendas frente a las casas sueltas.

En cuanto a los precios de compra, la entidad pública utilizará como referencia los precios que establece el Portal Estadístico del Notariado. "Casa 47 comprará por el precio que se ofrezca en la propuesta, siempre y cuando se adecúe al valor de tasación de la vivienda y no exceda del precio medio de venta que marca el Portal Estadístico del Notariado en cada zona", señalan en una nota de prensa. La tasación, explican las mismas fuentes, la llevará a cabo una entidad externa acreditada por el Banco de España y se considerará la oferta de vendedor siempre que no exceda los parámetros del notariado.

El presupuesto de la convocatoria se destinará a cubrir el precio de adquisición de las viviendas, así como todos los gastos e impuestos que se deriven de su compraventa y, en su caso, el coste de las actuaciones necesarias para su adecuación, mejora o rehabilitación, siempre que el coste total no supere el 110% del valor de tasación.

En cuanto a los plazos que se manejan, Casa 47 prevé cerrar la fase de concurso el próximo 9 de julio y a partir de esa fecha se irán conociendo las adjudicaciones.

El mercado inmobiliario y el problema de la vivienda son dos conceptos muy diferentes. Dos caras de una misma moneda que atañe a algo tan básico y necesario como tener una casa, pero donde también prosperan negocios como el alquiler de oficinas, los centros de datos, las residencias..., que requieren de suelos, de obras y de grandes caseros. En el ámbito de la vivienda, mientras el ladrillo brilla al calor de la especulación, de la falta de oferta o de la necesidad de construir más casas, los precios de compra y alquiler cada vez se separan más de los presupuestos de los ciudadanos. Algo que ha creado una crisis que la coloca como el principal problema para la ciudadanía en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Los datos de las principales empresas del sector inmobiliario dan una pista del despegue del sector, que, sin embargo, no muestra síntomas de contención en los precios. En el caso de las promotoras y las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que se dedican a adquirir, promover o rehabilitar inmuebles para su arrendamiento, el despegue de sus cuentas es llamativo. Entre las seis principales (Colonial, Merlín Properties, Metrovacesa, Neinor, Realia y Renta Corporation) firman unos beneficios de más de 980 millones de euros y, en conjunto, el resultado neto agregado supera los 1.440 millones, casi duplicando los resultados obtenidos en 2024, de en torno a 733 millones. 

Por otro lado, en el conjunto del sector había, al cierre del año pasado, 159 socimis en España, tras haberse incorporado 21 durante el ejercicio, según un informe de la consultora ArmanexT.

Las cifras marean y se concretan en productos como la vivienda, las oficinas, los centros de datos, las residencias, los centros comerciales, etc. Todo unido muestra un sector en auge a nivel macro, que contrasta con los precios a los que se enfrentan los ciudadanos cuando intentan comprar o alquilar una casa. El primer trimestre de 2026 cerró con un incremento trimestral del precio de la vivienda del 4,7% y uno interanual del 21,1%, según el portal inmobiliario Fotocasa. Con los alquileres, la dinámica se replica y, si se observa la serie en el Instituto Nacional de Estadística, entre enero de 2019 y diciembre de 2025, los precios habrían aumentado más de un 30% para los arrendatarios.

"La iniciativa privada no puede producir viviendas asequibles. No va a producir vivienda a 300 o a 700 euros porque a lo más que llegan los Planes Vive de colaboración público-privada es a precios de 1.200 euros, inasumibles para dos tercios de los trabajadores", apunta el arquitecto y profesor de urbanismo Gerardo Roger. La única forma de contrarrestar la concepción de la vivienda como negocio y como mercado es, insiste, crear modelos de gestión íntegramente pública. "Las empresas no son ONG y no pueden permitirse construir y recuperar a largo plazo la inversión, pero la Administración sí, porque ademas el suelo le cuesta cero. Por eso lo ideal sería que se creasen más modelos como Casa 47 a nivel autonómico y municipal, para crear bolsas de vivienda y gestionarlas", señala. "Porque además es una inversión que tiene retorno", concluye.

Colonial es la que más beneficios firmó el año pasado, con 344 millones, un 12% más que en 2024. La multinacional, que se fusionó con la francesa SFL, habría vendido edificios por valor de 300 millones de euros y su principal negocio es el alquiler de oficinas. Por su parte, Merlin Properties obtuvo un resultado neto de 786 millones de euros, un 176% más que los 284 millones de 2024 y un beneficio de 327 millones. Su fuerte son los centros de datos y, al igual que Colonial, apenas se dedican a la vivienda residencial. 

La compañía madrileña Metrovacesa es una de las principales promotoras de España. Obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones de euros en 2025, una cifra que multiplica por más de tres las ganancias de 2024. Entregó 1.805 viviendas en 2025, con un precio medio de 374.000 euros, y poseía al cierre del año 3.917 en construcción. En sus propias cuentas detallan que adquirió suelos por valor de 60 millones de euros en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, cuatro de las plazas más caras de España en materia de vivienda.

Neinor es otro de los grandes nombres del sector que aportó en beneficios 122 millones de euros a los resultados del conjunto. Este importe aumentó en un 80% con respecto al año anterior gracias a la adquisición de uno de sus rivales, Aedas, lo que la convierte en la mayor promotora del país. Esta compañía de origen vasco cuenta con banco de suelo para construir 38.000 viviendas y el año pasado alcanzó preventas de más de 1.900 viviendas, con un precio medio de venta cercano a 340.000 euros por unidad, según sus propios datos.

Realia, la promotora inmobiliaria de FCC que también tiene una participación en Metrovacesa, ganó 129,4 millones de euros en 2025, un 74% más. Entre las circunstancias que la han ayudado a llegar a estas cifras está el incremento del precio de los alquileres, tanto de viviendas, como de oficinas. "La mejora de la actividad de patrimonio se explica por el alza del 3,8% en las rentas que cobra a sus inquilinos", señalaba un análisis de Europa Press.

Finalmente, Renta Corporation, con un beneficio en 2025 de 2,5 millones, es la única que ha visto menguar sus cifras en un 24,2% con respecto al ejercicio previo. Una merma que ellos achacan a un "mayor gasto impositivo". Aunque sus ingresos sí crecieron un 72%, hasta los 45,6 millones.

Si en algo suelen coincidir los expertos es en la necesidad de construir más vivienda. Las discrepancias suelen surgir al tratar de ponerle número a ese déficit o al trazar el papel que debe tener lo público en el control de los precios. Con todo, el ritmo de construcción ha crecido un 8% el año pasado si se observan los datos sobre visados de obra nueva que proporciona el Ministerio de Vivienda, pero nada se ha notado en los precios, que siguen al alza. También se puede apreciar en el gráfico la espectacular diferencia con los años previos a la burbuja, cuando los visados llegaron a superar los 800.000 anuales.

El despegue del sector no ha conseguido que la tensión en la demanda se alivie. Un reciente estudio de BBVA Research señala que la escasez de oferta "limitará las ventas y mantendrá la presión al alza sobre los precios", mientras que la demanda se mantendrá fuerte. "El precio de la vivienda crecerá con fuerza, con estimaciones de un repunte del 10,2% para 2026 y una posterior moderación hasta el 6,8% durante 2027", señalan los analistas de la entidad financiera.

En cuanto a su análisis sobre las empresas del sector, BBVA Research apuntaba que "la rentabilidad de las empresas españolas en 2024 continúa siendo inferior a la media europea". Esto se debe, explican, a que el tamaño medio de las empresas es más pequeño y hay un gran peso de las pymes en el sector. Estas son, en general, "más dependientes de la financiación y poseen menos recursos propios", lo que termina repercutiendo en la capacidad de ampliación del parque de viviendas.

Para Roger, la Administración pública debería ganar músculo con respecto a la iniciativa privada, de forma que al mercado llegue una oferta suficiente de casas públicas a precio asequible que pueda torcer las dinámicas del mercado. Para él, lo público y lo privado no son excluyentes, pero un mayor equilibrio sería la clave para calmar el comportamiento de los precios y el malestar social. "Si renunciamos a la promoción pública y nos movemos solo con musculatura privada, pues tendremos que terminar ayudando con subvenciones a los inquilinos. Y eso sí que es a fondo perdido", concluye el urbanista.

El presidente de Indra, Ángel Escribano ha dimitido como presidente de Indra, en el Consejo de Administración que se ha celebrado este miércoles pese a que había anunciado a su entorno que no tenía previsto renunciar al cargo y después semanas de especulaciones sobre su posible salida.

En sustitución, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha propuesto a Ángel Simón, un empresario de larga trayectoria y que ocupó el puesto de consejero delegado de Criteria Caixa.

En una carta que ha mandado a la CNMV este miércoles, Escribano se ha referido a los "acontecimientos de las últimas semanas", que le han generado un "desgaste personal" y una amenaza para los objetivos que considera "esenciales para el futuro de Indra y del sector".

"No puedo permitir que mi continuidad pueda interferir en la estabilidad de la compañía, en sus profesionales y en la confianza de sus inversores", ha apuntado el ya expresidente de Indra, que ha afirmado que, con esta renuncia, antepone el interés de la empresa al suyo propio.

El ya expresidente de Indra ha asegurado, en su carta, que siempre ha actuado desde la "lealtad", el "trabajo constante" y el "compromiso personal", plenamente convencido de la relevancia estratégica de Indra y de su papel esencial para situar al sector de la Defensa española en el lugar que le corresponde.

Además, ha agradecido "sinceramente" el apoyo que ha recibido del Consejo de Administración.

Indra ha puesto en marcha el proceso de sucesión en el cargo de presidente, según ha anunciado la tecnológica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Consejo de Administración ha dejado constancia de la valiosa contribución y liderazgo de Escribano durante su etapa como presidente ejecutivo.

La dimisión, se produce después de que los hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de EM&E, renunciaran a la operación que se estaba negociando entre esta empresa e Indra y después de que la sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) les reclamara subsanar el conflicto de interés que existía en el proceso.

Tras esta petición, el presidente de EM&E envió una carta a los consejeros de Indra anunciándoles que renunciaban a la operación con Indra y el Consejo de Administración de Indra dio por finalizado el análisis que se realizaba a la operación.

El posible relevo del presidente de la compañía sobrevolaba antes del consejo de administración que se celebró el pasado 25 de marzo, de carácter ordinario, tras el cual se mantuvo en el cargo.

El 25 de marzo se celebraron dos consejos de administración, uno extraordinario, convocado para cerrar los flecos de la operación con EM&E, tras la carta de renuncia a la operación con Indra enviada por Javier Escribano a los miembros del Consejo, y otro ordinario, en el que no figuraba en el orden del día la renuncia del presidente, pero en el que podía ser que se planteara el asunto.

Al finalizar los consejos, no trascendió información alguna salvo que habían sido tensos y que Escribano no había sido relevado. Indra no informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de asunto alguno.

Antes de comenzar el consejo, ya se conocía que SEPI no tenía previsto pedir su relevo.

Escribano tiene más de un 14% de Indra, mientras que la SEPI es el principal accionista con cerca del 30%. Como tercer accionista figura el fondo Amber, fundado por Joseph Oughourlian -presidente de Prisa-, y en cuarto por Sapa Placencia.

Hace poco más de diez días, Ángel Escribano dijo a su entorno que no tenía intención de abandonar el cargo que ocupa en la multinacional española, ya que consideraba que contaba con el respaldo en ese momento del consejo de administración de la compañía y de la junta, según informaron a EFE fuentes conocedoras de la situación.

Escribano opinaba además, según las fuentes, que su situación era distinta a la del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que fue relevado en el cargo en enero de 2025, después de que la SEPI le retirara el apoyo, ya que considera que él es el segundo accionista de referencia.

En el Consejo de Administración de Indra están sentados 15 consejeros, Ángel Escribano y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos; un representante de EM&E, Javier Escribano; otro de Amber, Pablo Jiménez de Parga; uno de la empresa de defensa vasca Sapa, Jokin Aperribay; y tres de SEPI, Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián.

A estos se suman siete independientes: Bernardo Villazán, Josep Oriol, Eva María Fernández, Aránzazu Díaz Lladó, Teresa Busto, Belén Amitrain y Virginia Arce.

La deserción de ministerios, medios y universidades de plataformas estigmatizadas ha dejado un vacío que hoy ocupan la desinformación y el extremismo. Frente a la dictadura del algoritmo y la lentitud del Estado, es hora de que la sociedad civil recupere el espacio digital. 

Imaginen una inmensa plaza donde cualquiera puede dirigirse a cientos de miles de personas sin filtros, sin que un algoritmo comercial decida en la sombra quién escucha qué. Una plaza donde es posible compartir conocimiento, organizar comunidades y llegar a audiencias que hace tiempo dieron la espalda a los medios tradicionales. Esa plaza existe. Se llama Telegram. 

Ahora imaginen que en esa misma plaza las instituciones que deberían vertebrar nuestra sociedad —ministerios, universidades, grandes editoriales científicas, medios de referencia— han decidido no aparecer. No porque carezcan de medios, sino porque tienen miedo. Temen que su logotipo quede asociado a un rincón de internet con fama de oscuro, donde ciertamente anidan la piratería, el extremismo y la desinformación. Al desertar para proteger su reputación, dejan el terreno libre para que otros lo colonicen. 

Esta deserción no es una hipótesis pesimista. Es una realidad que la ciencia ya está cuantificando. 

En un estudio reciente desde la Universidad de Granada analizamos la presencia de las principales editoriales académicas en Telegram. Los resultados son demoledores: el 78% de los canales que operan bajo el nombre de gigantes como Elsevier, Springer o Nature son fraudulentos. Suplantan logotipos para ganar credibilidad, ofrecen artículos pirateados y prometen publicaciones exprés a cambio de dinero. Lo más revelador: ninguna de las trece editoriales analizadas se había molestado en abrir un canal oficial verificado para proteger su identidad y a sus usuarios. El vacío institucional no es neutral; es una invitación.

Ese caso es solo el síntoma de una patología mayor. Una investigación en curso, que sistematiza centenares de estudios científicos publicados en la última década sobre esta plataforma, está trazando el mapa completo de lo que ocurre cuando el Estado y el rigor académico abandonan la red. Lo que emerge es lo que podríamos llamar el círculo vicioso del estigma: Telegram arrastra una justificada fama de refugio de lo ilícito; esa fama genera aversión en las organizaciones legítimas; su retirada produce un inmenso vacío; y ese vacío lo fagocitan desinformadores, estafadores y extremistas cuya actividad confirma, a su vez, el estigma inicial. Un bucle que se retroalimenta y que nadie parece dispuesto a romper. 

La pandemia nos dejó el ejemplo más nítido de ese fracaso. Mientras los ministerios de sanidad arrastraban los pies para abrir canales oficiales, los movimientos antivacunas ya habían tejido una red continental perfectamente engrasada para inocular el miedo. En el periodismo ocurre algo similar: mientras los grandes medios vuelcan sus titulares con desgana, verificadores independientes y reporteros en zonas de conflicto han comprendido que Telegram es la mejor infraestructura para llegar a unas audiencias exhaustas de la televisión convencional. 

¿Cuál es la respuesta? No puede venir exclusivamente del algoritmo ni del Estado. El algoritmo de plataformas como X o TikTok solo busca retener nuestra atención para maximizar beneficios, premiando la indignación y la ira. El Estado se mueve con la lentitud burocrática del siglo XX frente a crisis que cambian a velocidad digital. Entre un Estado que a menudo no escucha y un algoritmo que no duda, el ser humano pierde centralidad. 

Es desde esta convicción desde la que nace ANEMOS —"aliento" en griego—, un espacio de la sociedad civil que reúne a ciudadanos e instituciones que entienden la democracia no como un procedimiento automático sino como una experiencia viva. ANEMOS parte de una tesis clara: ni el algoritmo ni el Estado pueden sustituir al ser humano. La tecnología debe estar al servicio de la dignidad; las instituciones, al del bien común. Y la verdad —sometida hoy a una presión sin precedentes— es el oxígeno sin el que no hay pensamiento autónomo, ni deliberación, ni democracia posible. 

Ocupar los espacios digitales que hemos abandonado es, exactamente, uno de esos compromisos. No para imponer una verdad oficial ni para censurar, sino simplemente para estar. Para ofrecer un contrapeso. Para demostrar que, incluso en los callejones más ruidosos de la red, es posible sostener una conversación pública basada en los hechos, el respeto y la dignidad. 

Nuestra inacción institucional no es una postura neutral. Es un subsidio implícito, un regalo invaluable a quienes no dudan en ocupar el espacio vacío para sus propios fines. Las universidades deberían reclamar su nombre en plataformas donde otros venden pseudociencia a su costa. Las asociaciones ciudadanas deberían abrir canales para quienes buscan pensamiento autónomo en medio de la saturación informativa. La ciencia ha hecho ya su trabajo: ha diagnosticado la enfermedad y cuantificado el daño. 

Ahora toca dar el siguiente paso. Ocupemos la plaza antes de que nos cierren las puertas. 

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Carlos Castro es profesor del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad  de Granada y miembro de ANEMOS.

Cuando el Gobierno presentó el anteproyecto de ley orgánica de protección del honor, la intimidad y la propia imagen —el texto que pretende derogar y actualizar la norma de 1982 para adaptarla a la era de los deepfakes, las plataformas digitales y la inteligencia artificial—, el pasado mes de enero, el foco informativo se centró, con razón, en las personas físicas: cómo proteger a ciudadanos de la difusión de imágenes manipuladas, cómo limitar el uso comercial de voces sintéticas, cómo blindar a los menores frente a contenidos generados sin su consentimiento.

Pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo regulador creado originalmente para velar por el buen funcionamiento de los mercados españoles, ha aprovechado que está obligado a pronunciarse sobre el anteproyecto para colarse en el debate con una recomendación que abre un melón jurídico y político de considerable tamaño: que la futura ley incluya una referencia expresa a la protección del honor de las personas jurídicas de derecho privado, es decir, de las empresas y otras entidades privadas.

La propuesta no es disparatada. Al contrario, cuenta con un respaldo jurisprudencial sólido. Pero plantea una paradoja: si se aprueba, una eléctrica podrá defender su honor ante los tribunales con el paraguas de una ley orgánica. El Ministerio para la Transición Ecológica que la regula, no. Un hospital privado, sí. Uno público, no. Antena 3, sí. RTVE, no.

Lo primero que llama la atención tiene que ver con el uso de las palabras. Las empresas no hablan de honor. Hablan de reputación, de imagen corporativa, de marca, de brand equity. Los departamentos de comunicación de las grandes compañías tienen manuales de gestión de crisis reputacional. Ninguno lleva por título: Cómo defender nuestro honor.

Y sin embargo, el derecho —que a menudo camina a ritmo distinto que el lenguaje cotidiano— lleva décadas reconociendo que detrás de esa diferencia semántica hay, en realidad, una misma necesidad de protección jurídica. El honor, en su sentido técnico-jurídico, no es solo el sentimiento íntimo de dignidad propia: es también la consideración que los demás tienen de una persona o entidad, su reputación externa, el crédito del que goza en la comunidad.

Desde esa perspectiva, la CNMC argumenta que el buen nombre de una empresa —su reputación comercial, su credibilidad ante clientes, proveedores e inversores— cumple exactamente la misma función social que el honor de un individuo. Y que cuando alguien difunde afirmaciones falsas o que desprestigian a una sociedad mercantil, el daño causado es análogo, aunque el afectado no tenga sentimientos ni dignidad en sentido estricto.

Lo que dice la jurisprudencia

La CNMC no inventa esta doctrina. Se apoya en una línea jurisprudencial consolidada que arranca en España del Tribunal Constitucional y que hunde sus raíces, en el plano europeo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La sentencia clave en el ordenamiento español es la STC 139/1995. El Tribunal Constitucional estableció en ella que las personas jurídicas de derecho privado —sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones— pueden ser titulares del derecho fundamental al honor reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución. La razón es que, aunque el honor sea un valor vinculado a la dignidad humana, las entidades privadas pueden ver dañada su reputación de una manera funcionalmente equivalente a como les ocurre a las personas físicas, con consecuencias económicas y sociales igualmente reales.

El Tribunal Supremo ha seguido y desarrollado esa doctrina. Hay sentencias que reconocen el derecho al honor a sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos y, por supuesto, a todo tipo de sociedades mercantiles. La lógica es uniforme: lo que el ordenamiento protege no es una capacidad emocional —que las empresas no tienen— sino una posición social, un crédito, una consideración pública que puede ser atacada mediante afirmaciones falsas o vejatorias.

El informe de la CNMC detecta un problema concreto: el anteproyecto del Gobierno no menciona expresamente a las personas jurídicas entre los sujetos protegidos por la futura ley. Técnicamente, esa omisión no impide que los tribunales les apliquen la norma —la jurisprudencia ya lo avala—, pero genera inseguridad jurídica. La CNMC considera que, dado que el reconocimiento jurisprudencial existe, el texto legal debería recogerlo de forma explícita.

Pero la CNMC añade un argumento que es específicamente suyo, propio de un organismo regulador de la competencia: la protección del honor empresarial no es solo una cuestión de justicia privada. Tiene, dice, un efecto general positivo sobre la competencia. Si las empresas no pueden defenderse eficazmente de informaciones falsas o que afectan a su prestigio —especialmente en el entorno digital, donde un bulo puede viralizarse en horas—, el mercado funciona peor. Los consumidores toman decisiones sobre la base de información distorsionada. El prestigio, que es un activo económico real, puede ser destruido por un actor malicioso sin coste ni sanción adecuados. La transparencia y la sana competencia requieren, en suma, según el criterio del regulador, que la reputación empresarial esté jurídicamente blindada.

Es un argumento pragmático y coherente con el mandato de un organismo como la CNMC. Pero abre la puerta a algo que el propio informe no explicita: si se consagra legalmente que las empresas tienen honor, ¿cómo se pondera ese honor frente a la libertad de expresión, la crítica legítima, el periodismo de investigación o la denuncia de consumidores?

Aquí es donde la propuesta se complica. La tutela civil del honor implica que quien se siente agraviado puede acudir a los tribunales y exigir el cese de la difusión del contenido lesivo, la publicación de una rectificación y una indemnización por daño moral. Los criterios que introduce el anteproyecto para cuantificar esa indemnización son amplios: difusión del contenido, repercusión social, duración, reincidencia del infractor. Y la norma prohíbe expresamente las indemnizaciones meramente simbólicas.

Extender ese régimen a las grandes corporaciones genera una tensión evidente. Una empresa con recursos puede usar la amenaza de una demanda por vulneración del honor como herramienta de presión frente a periodistas, activistas, consumidores o competidores. El fenómeno se conoce internacionalmente como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation): demandas cuyo objetivo real no es ganar en los tribunales, sino disuadir a la parte contraria mediante el coste, el tiempo y el estrés del litigio.

La Unión Europea ha empezado a legislar contra las SLAPP —en una iniciativa que también se conoce como Ley Daphne, en memoria de la periodista maltesa Daphne Caruana, asesinada en 2017 y que fue víctima de este tipo de acciones judiciales— precisamente porque su efecto sobre la libertad de expresión y el periodismo de interés público es devastador. Pero España no lo ha hecho, a pesar de que el plazo límite acaba el próximo 7 de mayo.

El anteproyecto sobre el que se ha pronunciado la CNMC no aborda este riesgo de forma específica. Y su recomendación tampoco lo menciona. Que la ley acabe incluyendo a las empresas entre sus titulares protegidos sin introducir al mismo tiempo salvaguardas reforzadas para la crítica de interés público, el periodismo de investigación o la denuncia de prácticas empresariales irregulares es una posibilidad que amenaza de forma muy concreta el derecho a la información.

La propuesta de la CNMC tiene, además, otra consecuencia. Consagra legalmente una asimetría que ya existe en la jurisprudencia pero que, al positivizarse en una ley orgánica, adquiere una visibilidad y una rigidez nuevas.

La línea que traza el derecho español —con respaldo del Tribunal Constitucional y doctrina explícita del Tribunal Supremo— es la siguiente: las personas jurídicas de derecho privado pueden ser titulares del derecho fundamental al honor. Las personas jurídicas de derecho público —ministerios, organismos autónomos, agencias estatales, entes públicos— no.

La razón esgrimida por la jurisprudencia española tiene que ver con la propia arquitectura de los derechos fundamentales. El artículo 18.1 de la Constitución protege el honor como un derecho de los individuos —y, por extensión, de las entidades privadas—. Los derechos fundamentales nacen históricamente como instrumentos de defensa de los ciudadanos frente al poder público y resultaría contradictorio, de acuerdo con la interpretación del Constitucional y del Supremo, que el propio poder público pudiera invocar ese derecho como escudo frente a la crítica de los ciudadanos.

El Tribunal Supremo lo ha dicho con toda claridad: las personas jurídicas de derecho público no son titulares del derecho al honor del artículo 18.1 CE. Para ellas, lo procedente es hablar de prestigio institucional, autoridad moral o dignidad de la función, conceptos que pueden protegerse por otras vías —responsabilidad civil, tipos penales específicos— pero no a través de la invocación directa del derecho fundamental al honor.

Las consecuencias prácticas de esta distinción son llamativas. Telefónica, que fue empresa pública y hoy es una sociedad anónima cotizada, podría acogerse a la futura ley de protección del honor. Correos, que sigue siendo una sociedad anónima estatal con capital íntegramente público, también podría acogerse, porque su forma jurídica es la de una sociedad mercantil de derecho privado, aunque su capital pertenezca al Estado. RTVE, en cambio, es un ente público sometido al derecho público, y por tanto quedaría fuera. Un hospital concertado gestionado por una empresa privada, dentro. Un hospital universitario de gestión directa, fuera. Iberdrola, dentro. El Ministerio para la Transición Ecológica que toma decisiones sobre los precios que puede cobrar Iberdrola, fuera.

La paradoja tiene una lógica jurídica interna coherente, pero su efecto político es difícil de ignorar. En la práctica, quienes más poder tienen en la economía —las grandes corporaciones— adquirirían un nuevo instrumento jurídico para proteger su imagen pública. Quienes representan el interés general —las instituciones democráticas— seguirán excluidos de ese instrumento.

Es una ecuación complicada: cómo proteger el honor de las empresas sin crear un arma legal contra quienes las critican, investigan o denuncian; cómo consagrar ese derecho sin cerrar la brecha que lo separa de la reputación institucional del Estado; y cómo evitar que una ley pensada para proteger a las personas acabe siendo, sobre todo, útil para las corporaciones.

El melón está abierto. Ahora le toca al legislador decidir qué hace con él.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha anunciado que se retira de la operación que negocia con Indra, ya que "no se dan las circunstancias que permitan una potencial operación".

El Consejo de Administración de Indra, que se ha celebrado la tarde de este jueves con carácter extraordinario, ha tomado conocimiento del escrito que les ha enviado EM&E en este sentido, según se lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la tecnológica.

Indra da por concluido el análisis que estaba efectuando para una potencial operación entre ambas compañías.

El presidente de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), Javier Escribano, ha enviado este jueves una carta a los consejeros de Indra para comunicarles que renuncia a vender la empresa a la multinacional, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras.

Lo ha hecho un día después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiera que se resolviera el conflicto de interés que consideraba que existía antes de profundizar en el análisis de la potencial operación entre Indra y EM&E. Javier Escribano es consejero dominical de Indra en representación de EM&E y es hermano de Ángel Escribano, presidente de Indra. Ambos son propietarios del 100% de EM&E.

La sociedad pública considera que una eventual operación con EM&E "no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo".

Indra tiene previsto celebrar su consejo de administración el próximo 25 de marzo de carácter ordinario. Aunque el orden del día no se conoce públicamente, todo apuntaba a que estaba previsto que se hablara de la operación. Ahora da por cerrado el análisis que se estaba haciendo.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este jueves, en un desayuno organizado por RTVE y EFE, que el Gobierno desconocía que Indra explorara una operación con EM&E antes del nombramiento de Ángel Escribano como presidente de la multinacional y considera que "existe un conflicto de interés" que impide que la operación se pueda cerrar en estas condiciones. Sin embargo, Escribano desveló hace unos días en un encuentro con medios de comunicación que la operación entre ambas compañías era anterior a su nombramiento.

Fuentes conocedoras del asunto dijeron este miércoles a EFE que Escribano no pretendía renunciar a la presidencia, ya que consideraba que tenía el apoyo del Consejo de Administración y también de la Junta de Accionistas, dado que un año antes le había respaldado con más de un 98% de los votos.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, es el que tenía encomendado liderar las negociaciones para una posible operación entre ambas compañías.

El Consejo de Administración consideraba que "tiene encaje estratégico", pero aún no había decidido la fórmula concreta. El hecho de que Ángel Escribano sea el propietario de EM&E junto a su hermano Javier motivó que el Consejo de Indra acordase crear una comisión ad hoc, integrada por consejeros independientes, para supervisar la operación y gestionar el "conflicto de interés".

Entre los accionistas más relevantes, figura el fundador de grupo Ámber, Joseph Ourghoulian, que ha defendido la operación.

El fondo estadounidense Third Point LLC había expresado su apoyo a la operación.

La SEPI tiene más de un 28% de las acciones y EM&E es el primer accionista privado de Indra, con algo más del 14% de los títulos.

La posible compra de Warner Bros. Discovery (que nació en 1923 como estudio de cine y ahora es un gigante audiovisual propietario, entre otros, de la plataforma digital HBO Max) se ha convertido en uno de los mayores pulsos corporativos de la historia del entretenimiento audiovisual. Lo que parecía una integración entre Netflix y el histórico estudio cinematográfico ha derivado en una nueva fase de negociación encabezada por Paramount Skydance.

Más allá de cómo finalice el acuerdo, la operación muestra algo más profundo: el sector audiovisual ha entrado en una etapa de consolidación industrial. Los estudios tradicionales, plataformas digitales y empresas tecnológicas compiten por controlar el contenido, la distribución y los datos de los espectadores.

El 5 de diciembre de 2025 Netflix anunció que compraba Warner por casi 83.000 millones de dólares. La operación fue interpretada como un movimiento capaz de redefinir Hollywood, al concentrar gran parte de la producción cinematográfica bajo una sola empresa, y generó inquietud entre reguladores y parte de la industria creativa estadounidense.

La situación cambió apenas cuatro días después, cuando Paramount lanzó una ofensiva corporativa para la compra de Warner, aunque todo quedaba en stand-by a la espera de la junta de accionistas de Warner Bros. Discovery, que se celebraría el próximo 20 de marzo. Finalmente, la última semana de febrero Paramount mejoró su oferta, aumentando la presión financiera y legal sobre el acuerdo inicial, y Netflix optó por retirarse de la operación. El gigante del streaming afirmó que, en lugar de invertir en esta compra, dedicaría casi 20.000 millones de dólares a producir contenido para su propia plataforma.

El foco se desplaza ahora hacia los accionistas de Warner y los organismos reguladores estadounidenses, que deberán evaluar si una integración de este tamaño altera el equilibrio competitivo del sector audiovisual.

De momento, tanto las acciones de Paramount como las de Netflix se han disparado en bolsa.

Warner no es únicamente un estudio fundado hace más de un siglo. Su valor estratégico reside en combinar producción cinematográfica, franquicias globales, como Harry Potter, Juego de Tronos y The Last of Us, y una plataforma digital consolidada como HBO Max.

Además, Paramount, alineado con el entorno del mismo Donald Trump, se quedaría con el canal informativo CNN.

Así, en la economía del streaming, poseer contenido ya no es suficiente: también hay que controlar todo el ciclo de consumo. Las plataformas actuales funcionan como ecosistemas de datos. Cada reproducción, pausa o abandono alimenta sistemas algorítmicos basados en IA capaces de anticipar preferencias y maximizar el tiempo de visionado. Ese tiempo se traduce directamente en fidelización, y, cada vez más, en ingresos publicitarios.

Por ello, independientemente del comprador final, Warner representa un activo clave para cualquier compañía que aspire a liderar modelos híbridos basados en suscripción y publicidad.

Durante años, el streaming se presentó como la alternativa sin interrupciones (publicidad) frente a la televisión tradicional. Sin embargo, el modelo ha evolucionado rápidamente. Hoy, prácticamente todas las grandes plataformas, incluidas Netflix, Disney+ o Prime Video incorporan planes con anuncios.

El crecimiento de suscriptores se ha ralentizado y la publicidad permite ampliar ingresos sin aumentar excesivamente los precios.

Este cambio introduce una transformación en la experiencia cultural. Las decisiones sobre qué contenidos se producen, promocionan o destacan dejan de depender de criterios creativos y pasan a ser estrategias de retención algorítmica. Series, películas u otros formatos comienzan a diseñarse pensando en mantener la atención del espectador el mayor tiempo posible.

Como señalaba recientemente el actor y productor Matt Damon, las plataformas prefieren impactos narrativos tempranos, capaces de evitar que el espectador abandone el contenido en los primeros minutos. De esta manera, la narrativa audiovisual empieza a adaptarse a métricas más propias del entorno digital que del cine tradicional.

Otro de los grandes interrogantes afecta a la exhibición cinematográfica. Históricamente, las producciones de Warner seguían un modelo clásico, estreno en salas y posterior llegada a plataformas. Las negociaciones recientes han puesto sobre la mesa modelos híbridos con ventanas de exclusividad cada vez más cortas, en torno a 45 días, que permiten combinar ingresos en taquilla con explotación rápida en streaming. Sea cual sea el resultado final de la operación, esta tendencia parece irreversible.

Quien controle Warner decidirá cómo se producen, distribuyen y monetizan las grandes producciones audiovisuales de los próximos años, aumentando la presión sobre salas independientes y productoras externas.

La retirada de Netflix de la operación no supone el final de la historia, sino la confirmación de una tendencia más amplia. El entretenimiento audiovisual está entrando en una fase en la que contenido, distribución, datos y publicidad tienden a integrarse bajo grandes empresas globales.

La batalla corporativa por Warner Bros. Discovery ha mostrado que el futuro del sector ya no depende solo de quién produce las historias sino de quién controla los sistemas que las recomiendan, las financian y las monetizan.

Este tipo de fusiones obliga a preguntarnos como consumidores no solo qué servicios pagamos, sino qué tipo de relación queremos mantener con el entretenimiento audiovisual: ¿una centrada en experiencias culturales comunitarias y cinematográficas, u otra dominada por el consumo inmediato, las métricas algorítmicas y la publicidad personalizada?

Ese es, en última instancia, el verdadero desafío para quienes, al final del día, solo buscan disfrutar de una buena historia.

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José Antonio Cortés Quesada. Profesor contratado Doctor por ANECA y coordinador académico del grado en Marketing, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja. Beatriz Feijóo. Profesora Titular de Publicidad, Universidad Villanueva. Erika Fernández Gómez. Profesora titular en la Facultad de Comunicación, Universidade de Vigo. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Las relaciones diplomáticas entre Washington y Madrid no pasan por su mejor momento. A las tensiones habituales —por las presiones para que España aumente su gasto en defensa en la OTAN— se sumaba esta semana otro componente más. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negase a colaborar con Estados Unidos para que el ejército americano pudiese usar las bases de Rota y Morón en la operación para bombardear Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, enunció una de sus amenazas habituales: cortar “todas las relaciones comerciales con España”. Este jueves reiteró sus quejas con otras declaraciones públicas en las que señalaba que España no era "un jugador de equipo". "No vamos a serlo con ellos tampoco", concluía.

El órdago, que por el momento no se ha concretado en ninguna medida, tendría una difícil implementación teniendo en cuenta que las políticas de comercio exterior se negocian en bloque con la Unión Europea. Además, la interconexión de las cadenas comerciales entre países del mercado único haría que una hipotética sanción terminase por afectar a otros países europeos. De hecho, Bruselas señaló ayer que defendería a España en caso de que EEUU tomase represalias e insistía en que la política comercial era “común”, por lo que salvaguardarían “los intereses de la UE”, advirtió el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Pero hay una segunda posibilidad, y es que el entorno estadounidense se vuelva más hostil para las empresas españolas en lo relativo a realizar operaciones o acceder a contratos públicos. Constructoras como ACS, Sacyr o Ferrovial optan a un contrato público para construir una autopista en Carolina del Norte y el banco Santander también tiene en marcha una gran operación para adquirir una filial en EEUU. Además de eso, muchas cotizadas tienen allí un importante nicho de mercado.

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha insistido a lo largo de la semana en que es importante mantener la calma. "Hay enormes intereses cruzados, de empresas españolas en Estados Unidos, pero también al revés. Son lazos comerciales y de inversión que se han forjado a lo largo de décadas", declaraba este miércoles. "Hemos contactado a 1.600 empresas con intereses en EEUU para ayudarles", concluyó. Pero, ¿qué intereses hay en juego?

Josep Ragull, profesor de economía de OBS Business School, explica que para entender esta interconexión hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que vendemos a EEUU son semielaborados, es decir, piezas o productos que son parte de otros que se fabrican allí. "Si restringe o entorpece la entrada de empresas españolas, los fabricantes americanos tendrán que ir de nuevo al mercado, buscar otros proveedores y eso les va a salir más caro", explica. Además, puntualiza que muchas empresas españolas ya producen allí en grandes cantidades. "Es habitual que las empresas americanas, cuando ven que dependen mucho de socios externos, les pidan que tengan producción en Estados Unidos. Es el caso del sector farmacéutico y de empresas como Grifols", concluye.

A nivel global, España exportó en conjunto al país norteamericano por valor de 16.716 millones en 2025, un 8% menos que en el año anterior, y las importaciones alcanzaron los 30.174 millones, un 7% más. Es decir, compramos a EEUU más de lo que les vendemos. Así, el déficit comercial, como se denomina en la jerga técnica a la brecha entre importaciones y exportaciones, se situó en los 13.458,4 millones de euros. De hecho, la factura de la errática política arancelaria hizo que solo en la primera mitad de 2025 las exportaciones hacia Washington cayeran un 5,1%. "Estados Unidos no está entre nuestros mercados principales porque apenas representa el 4% del volumen de exportaciones. Aunque hay sectores, como el aceite o el farmacéutico, que pueden estar más expuestos", explica Ragull.

En un repaso por las grandes compañías que operan allí, hay desde grandes constructoras hasta bancos, compañías del sector alimentario y energéticas. Según una lista elaborada por la aseguradora pública Cesce en 2024, las empresas con mayor volumen de negocio en EEUU eran energéticas como Repsol, Endesa o Gas Natural. También, en el grupo de las textiles aparece Inditex (con una facturación de 15.000 millones) o El Corte Inglés. Más abajo hay otras conocidas como Airbus (supera los 3.600 millones), Santander Technology (1.700 millones), El Pozo Alimentación (con una cifra de negocio de 1.662 millones) o varias cooperativas de aceite de oliva como Dcoop (con sede en Málaga, que factura 1.236 millones) o Cosur (con sede en Jaén y 876 millones). 

En enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, visitaba la Casa Blanca y lograba un acuerdo para invertir en Venezuela después de que Trump atacase el país sudamericano y encarcelase a su presidente, Nicolás Maduro. Imaz explicó en aquel momento que la empresa estaba preparada para “invertir con fuerza en Venezuela” y triplicar su producción hasta los 135.000 barriles diarios. De hecho, en sus cuentas anuales, la compañía señala que el grupo está compuesto por 630 sociedades con presencia en 30 países, “principalmente en España y Estados Unidos”. 

Otra gran cotizada que tiene operaciones en marcha en EEUU es el Banco Santander. La presidenta de la entidad, con 4,3 millones de clientes allí y la compra del banco estadounidense Webster Financial Corp por 10.300 millones de euros en marcha, ha llamado a la calma esta semana. “Estoy segura de que las relaciones volverán a ser excelentes muy pronto”, señalaba la presidenta desde Nueva York. Con la compra de esta filial, Estados Unidos se convertiría en el tercer mayor mercado para el Santander después de España y Reino Unido. 

La constructora ACS también tiene allí un bastión para su negocio. Estados Unidos y Canadá son los mayores mercados de la firma, aportando un 63% a la facturación de 2025. La filial estadounidense de la compañía, Turner, aportó al resultado de la compañía un 25,3% más que el año previo, con un beneficio de 857 millones. La compañía que preside Florentino Pérez está además postulándose junto con Ferrovial, Acciona y Sacyr para construir una autopista en Carolina del Norte, con un presupuesto de 2.700 millones. 

Estos son solo algunos ejemplos, aunque la lista es larga. En el sector farmacéutico, la cotizada catalana Grifols también posee en EEUU un mercado muy relevante, con más de 300 centros de donación de plasma y dos grandes plantas de fabricación, así como contratos con los programas federales de Medicare. También en defensa hay cierta exposición por el contrato para actualizar los sistemas de combate de varias fragatas españolas.

La tensión en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán duplicó los costes del transporte entre el Golfo Pérsico y Marruecos, además de aumentar los tiempos de tránsito y encarecer los envíos procedentes de China, según fuentes del sector consultadas por EFE.

El presidente de la Asociación Freight Forwarders de Marruecos (AFFM), Rachid Tahri, indicó este miércoles que a causa del conflicto actual se ha definido un sobrecoste de guerra adicional sobre los transportistas que oscila entre 3.000 dólares (2.500 euros) para un contenedor de 20 pies y 4.000 dólares (3.400 euros) para un contenedor de 40 pies.

Un contenedor de 20 pies entre Dubái y Casablanca costará ahora 6.000 dólares (unos 5.500 euros), explicó a EFE Tahri, quien precisó que la mitad del importe corresponde a una suerte de sobreseguro por la situación bélica en la zona.

Otro impacto está relacionado con los retrasos en las entregas, debido al aumento de los tiempos de tránsito, ya que las navieras se verán obligadas a rodear el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica.

Esta ruta añadirá varios días al trayecto y elevará los costes, lo que terminará afectando la disponibilidad de contenedores y obligará a los transportistas a reorganizar sus operaciones. "Se trata de un efecto en cascada", advirtió Tahri, quien prevé un nuevo aumento de los costes del transporte -que ya han subido con 700 dólares- y del suministro de bienes desde China, a raíz del cierre del Estrecho de Ormuz.

El impacto de la guerra ha sacudido el transporte marítimo de mercancías en todo el mundo. La naviera danesa Maersk anunció este miércoles, con efecto inmediato, la suspensión temporal del servicio en siete países de Oriente Medio.

La decisión afecta a Emiratos Árabes Unidos, Omán (excepto el puerto de Salalah), Irak, Kuwait, Catar, Baréin y los puertos saudíes de Dammam y Jubail, señaló Maersk en un comunicado, en el que informó de que hará excepciones con medicinas, productos alimenticios críticos y otros productos esenciales.

Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores en el mundo, ya había anunciado el pasado domingo, un día después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, la suspensión temporal de la circulación de sus buques por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo mundial, por el aumento de las tensiones en la zona.

La compañía ha reconfigurado además sus rutas tradicionales a través del estrecho de Bab el Mandeb, que da entrada al mar Rojo, y por el Canal de Suez, desviándolas alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que implica circunnavegar todo el continente africano.

Las otras principales navieras dedicadas al transporte marítimo, como Mediterranean Shipping Company (MSC) y CMA CGM, han suspendido también en los últimos días la circulación por el estrecho de Ormuz.

El Tribunal Judicial de Burdeos juzga desde este jueves a tres empresas de esta región francesa y a seis dirigentes por haber supuestamente exportado ilegalmente residuos a España para ahorrarse las tasas que tendrían que haber abonado en Francia y enterrarlos en vertederos sin declarar su verdadera naturaleza, informa EFE.

Según la organización ecologista France Nature Environnement (FNE), que se constituyó en acusación particular, el volumen total de residuos enviados a vertederos de Zaragoza y Pamplona por esta trama podría estar cerca de 10.000 toneladas.

Junto a las empresas Greenrecup, Azura y 3VR, especializadas en la recuperación y el reciclaje de residuos, también se sientan en el banquillo seis directivos, que se encuentran bajo control judicial y que podrían ser condenados a penas de hasta siete años de cárcel y a multas de hasta 150.000 euros.

Están acusados de enviar residuos a España sin notificación previa a las autoridades del país y sin obtener el consentimiento, así como de gestionar residuos de forma irregular, de utilización de documentos falsos y de exportar en contrabando mercancías peligrosas para la salud.

Según explicó a EFE una responsable de la FNE, la empresa navarra Iruservi, que no está encausada en Francia, era la que se encargaba en España de gestionar buena parte de los cargamentos que entraban de forma irregular.

La red de fraude fue desmantelada en noviembre de 2022 con una operación de las fuerzas del orden francesas y españolas, bautizada Blanzar, por la contracción de los nombres de la localidad de Blanquefort (a las afueras de Burdeos), donde está el centro de selección de Greenrecup y de Zaragoza, el principal destino final.

Los investigadores franceses constataron que había un tránsito irregular de residuos en dirección a España que no abonaba el Impuesto General sobre las Actividades Contaminantes (TGAP), obligatorio en Francia.

Se ha calculado que se dejaron de pagar cerca de 300.000 euros de TGAP a la Administración francesa, pero a eso hay que añadir un ahorro en los costos que hubiera entrañado la gestión de los residuos en Francia.

Hay que tener en cuenta que esos costos pueden ser hasta más de cuatro veces inferiores en España y que, enviando los residuos al otro lado de la frontera, las empresas francesas podían disponer del espacio que no ocupaban en sus vertederos.

Una ventaja adicional, según la FNE, es que en España hay menos controles sobre la naturaleza de los residuos que se entierran.

En este país, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) lograron identificar en noviembre de 2022 a tres hombres vecinos de Pamplona, Madrid y Zaragoza, acusados de transportar hasta 6.000 toneladas de desechos procedentes de Francia para hacerlos desaparecer en un vertedero de Zaragoza sin autorización.

Una vez que la mercancía se encontraba en España, se falsificaba su documentación y se convertía en un residuo de eliminación.

El juicio en Burdeos termina el viernes, cuando se conocerán las penas solicitadas por la Fiscalía y quedará visto para sentencia para una fecha posterior.

Es un cuento sencillo aplicable a la ambición desmedida. No encontré en castellano una palabra que recogiera en su significado al variado mundo de personajes que nos rodea, así que inventé lo de Cleptotecnoplutócratas. Su significado aloja a ricos, políticos, poderosos, mangantes y profetas de inspiración peligrosa.

Cada uno de los antedichos acuñó aquello de “rostro humano” y lo aplicaron al capitalismo, comunismo y cristianismo, una máscara para disfrazar la indignidad. Escribió Michel de Montaigne que unos hacen creer al mundo que creen lo que no creen, mientras los otros, más numerosos, se autoengañan sin saber penetrar en lo que es creer.

Vuelvo al cuento. Todos llegamos al final de la vida con la bolsa de dignidad demediada o consumida, y sabemos que ego y dignidad tienen difícil encaje. El mundo de la gran empresa perdió aquello que proclamaba, la función social, el respeto a muchos de los derechos humanos. Otros personajes se imaginan empresarios, no poseen empresa propia y cambiaron su dignidad, si la tuvieron, por una carta de representación. 

No olvido que hay trabajadores que vendieron su primogenitura por un plato de miseria; estos son los que se autoengañan por alcanzar el poder, como aquellos que se creen generales por llevar la palabra director antepuesta, y no pasan de sargentos chusqueros.

La ciudadanía sufre también las luchas personalistas entre las facciones políticas, tanto de la izquierda como en la derecha, a sabiendas de que serán descabalgados por otro más ambicioso e indigno; hay evidencias. Llegar con la bolsa muy devaluada es lo normal, pues todos cometemos pecados de juventud, madurez o vejez. Señores cleptotecnoplutócratas, deberían recordar aquella frase evangélica: la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y no en la dominación. 

Solo hay dos cosas ciertas: la muerte y los impuestos, dijo Montoro —siquiera es suya la frase—, menudo truchimán. Al final del cuento, el final de la vida, es evidente, los cleptotecnoplutócratas llegan con la bolsa de la dignidad vacía; la han vendido o cambiado por poder o riqueza; y para los que se creen ricos ya sentenció un banquero: “Serlo de verdad, somos muy pocos”. 

Para que los fundamentos que contiene la bolsa: honradez, respetabilidad, nobleza, integridad, rectitud, decencia, seriedad, autoestima, orgullo, vergüenza, honorabilidad, etc.  No se pierdan en el camino, es recomendable inteligencia (DRAE acepción 2.2), “conjunto de ideas y valores de una comunidad”.

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Mariano De la Puente es socio de infoLibre.

La Fiscalía de Milán (norte de Italia) ordenó este miércoles la intervención judicial de la filial italiana de la empresa de reparto británica Deliveroo por la presunta explotación laboral de miles de riders, a quienes se les habrían aplicado condiciones salariales por debajo del umbral de la pobreza, informa EFE.

La medida, de carácter urgente, se produce tras una investigación liderada por el fiscal Paolo Storari, quien ya ordenó recientemente una intervención similar contra la filial de la española Glovo en Italia, Foodinho.

La investigación, recogida por los medios locales, apunta a que Deliveroo habría ofrecido salarios por debajo del umbral de la pobreza, aprovechándose del estado de necesidad de entre 300 y 20.000 trabajadores en Italia. La acusación sostiene que los repartidores percibían remuneraciones que, en ciertos casos, resultaban "inferiores hasta en un 90% respecto al umbral de pobreza y a la contratación colectiva".

Según el auto de 60 páginas del fiscal, la empresa adoptó una "política que reniega explícitamente de las exigencias de respeto a la legalidad", perpetrando este modelo de negocio desde hace años.

Algunos de los testimonios de repartidores recogidos en el documento describen jornadas de hasta once horas diarias, siete días a la semana e ingresos de entre 3 y 4 euros por entrega.

Asimismo, denuncian control constante a través de GPS y un sistema de algoritmos que penaliza las ausencias o la baja productividad.

El pasado 19 de febrero, el juez de instrucción de Milán, Roberto Crepaldi, validó la medida de Storari sobre Foodinho, empresa a la que se le acusa también de contratar mano de obra en condiciones de explotación aprovechando el estado de necesidad de los empleados.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha avalado que se pueda disfrutar con flexibilidad el permiso de cinco días para el cuidado de familiares por enfermedad, accidente u hospitalización, sin necesidad de que su inicio se vincule necesariamente al comienzo del evento del que depende, informa EFE.

El Supremo, en sentencia fechada el 4 de febrero, aboga por dejar margen a una distribución racional del permiso que permita "una asistencia planificada y más eficaz" de la persona necesitada de ella.

La sentencia rechaza el recurso de casación planteado por el grupo empresarial RACE, después de que la Audiencia Nacional diera la razón a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que plantearon un conflicto colectivo ante la nota interna emitida por la empresa, en la que avisaba de que el mencionado permiso se disfrutaría desde el primer día laborable a partir del suceso que lo ocasionara.

La Audiencia Nacional declaró dicha nota contraria a derecho y estableció que el comienzo del permiso no podía estar vinculado a la fecha del hecho causante.

El Supremo ha confirmado esta sentencia, argumentando que una interpretación en sentido contrario implicaría "a todas luces una devaluación de su potencial protector".

Añade que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio colectivo aplicable ni la directiva comunitaria contienen criterio alguno relativo al momento en que pueda hacerse efectivo el derecho al permiso.