A principios de los noventa, una revista de moda y una marca de cosmética se aliaron para rentabilizar la lucha contra el cáncer de mama. Compañías de prestigio comenzaron entonces a percatarse de que aquella enfermedad que afectaba a millones de mujeres en todo el mundo podía revertir en beneficios económicos, siguiendo una fórmula muy sencilla: capitalizar las reivindicaciones que legítimamente venían planteando activistas, organizaciones y pacientes. 

Charlotte Haley, diagnosticada con la enfermedad, tejió un lazo color melocotón para demandar más fondos, más investigación y más esfuerzos para entender, tratar y combatir la enfermedad. Casi sin pretenderlo, la estadounidense pasaría a la historia como la artífice de una exitosa y humilde campaña que enseguida acapararía las miradas de grandes empresas. Como colofón de la deriva comercial, el lazo se tornaría rosa en contra de la voluntad de su creadora, emancipándose de su origen genuinamente reivindicativo.

Varios años después, emergió el concepto pinkwashing en oposición a lo que empezaba a entretejerse como un panorama muy rentable para las empresas. Han pasado décadas, pero la denuncia está hoy más presente que nunca y las consecuencias siguen recayendo sobre quienes se atreven a plantearla. 

Teta y Teta, una organización sin ánimo de lucro, incluye en sus estatutos "desromantizar, desedulcorar y descomercializar el cáncer de mama y luchar contra su comercialización o pinkwashing". En los últimos años, se ha erigido como una de las principales entidades empeñadas en señalar la falta de transparencia y las estrategias comerciales que se lucran con la enfermedad a través de prácticas pensadas para sacar rédito económico. 

Lo cuenta su portavoz, Marina García Canedo, en conversación con este diario. Hace seis años, la asociación organizó una campaña poniendo en evidencia la falta de sujetadores de una sola copa adaptados a las mujeres con mastectomía. Compartir tiempo con las mujeres que así lo demandaban, cuenta al otro lado del teléfono, fue revelador para el equipo: "Pudimos ver hasta qué punto la publicidad dulcifica el cáncer de mama, aquello supuso un viaje dentro del activismo contra el pinkwashing". 

Así que emprendieron el viaje. Años después, recuperaron la genealogía del lazo melocotón y denunciaron su robo (simbólico) por parte de las grandes empresas. Las mujeres que participaron en las campañas convocaron entonces una primera gran concentración oficial, sin intermediarios y con un espíritu explícitamente crítico ante la capitalización de la lucha contra la enfermedad por parte de las empresas. La propaganda comenzaba a ceder el paso a la politización. Y así es como Teta y Teta se marca un objetivo: lanzar una reflexión en torno a la Carrera de la Mujer. 

El proyecto nace hace más de dos décadas, gracias a la empresa Sport Life Ibérica. En un primer momento, la iniciativa plantea donar parte de cada inscripción a la lucha contra el cáncer, una decisión que con el paso de los años se va convirtiendo en su seña de identidad. Hoy, la marcha se celebra en nueve ciudades del país, con el apoyo de compañías como Oysho, Santander o Central Lechera Asturiana. 

Según figura en su página web, el precio de la inscripción para salir a correr es de un mínimo de 13,95 euros, con la posibilidad de escoger una alternativa totalmente solidaria por 20,95 euros, importe que va a parar a organizaciones locales. La pregunta que se hicieron las activistas era obvia: teniendo en cuenta que solo hay una opción completamente solidaria, ¿cuál es el porcentaje de donación para la lucha contra el cáncer en el resto de los casos? Teta y Teta hizo un cálculo utilizando la información publicada en el apartado de Transparencia de Carrera de la Mujer: si la empresa matriz tuvo un beneficio total de 10.656.342 euros en el año 2024 y donó 86.628 a la Asociación Española Contra el Cáncer, entonces dicha donación supuso menos de un 1% de sus beneficios totales. 

La campaña de la organización fue un éxito y la cifra atravesó a todas las mujeres que salían a la calle con la certeza de estar haciéndolo por una buena causa. Pero la empresa no tardó en impugnar las estimaciones y rehacer las cuentas. Son las siguientes: el año pasado participaron 106.258 mujeres en las marchas y fruto de sus inscripciones se recaudaron 1.225.041 euros, según la información proporcionada a preguntas de este diario. Las donaciones a fines benéficos ascendieron a 264.967 euros, lo que equivale a un 21,6% del total. 

"En 2025, la entidad que recibió una mayor aportación ha sido la Asociación Española Contra el Cáncer", presumen en la web, con un importe de 96.197 euros, lo que supone el 7,8% de los ingresos procedentes de las inscripciones. O el 36,3% del total de las donaciones, tal y como insiste en destacar la empresa: "Es la referencia que consideramos correcta para valorar el peso de esta aportación", señalan.

No obstante, la información pública respecto a las cuentas deja algunos interrogantes, como a qué se destina el 78,4% restante que no va para fines benéficos o cuáles son los ingresos procedentes de otras fuentes distintas a las corredoras –como el que viene de empresas privadas o instituciones públicas–. infoLibre ha preguntado por todas estas cuestiones. Al margen de las donaciones, la organización invierte en "permisos, seguros, seguridad, servicios médicos, logística, personal técnico, montaje y desmontaje en cada una de las nueve ciudades". Es decir, costes de producción que "superan los ingresos por inscripciones". 

Por otro lado, abundan las mismas fuentes, el circuito "recibe ingresos por patrocinio de empresas privadas y cuenta con el apoyo institucional de ayuntamientos y diputaciones en cada una de las nueve ciudades", pero rechazan facilitar qué porcentaje del total de ingresos supone, "ya que esa información está vinculada a acuerdos comerciales sujetos a confidencialidad contractual con patrocinadores y proveedores". En ese extremo repara García Canedo: "A pesar de que hay una página de Transparencia, se escudan en los acuerdos comerciales privados para no revelar datos como cuánto dinero mueve el evento y de ahí cuánto se dona".

Con este telón de fondo, Teta y Teta critica que la carrera se presente como un evento solidario. En los últimos meses, la empresa se ha esforzado en cambiar la narrativa y matizar su carta de presentación, dibujando la iniciativa como eminentemente deportiva. En su web, aseguran ser "un evento deportivo" y un "referente internacional de apoyo solidario a entidades de todo tipo". Su objetivo, sostienen, pasa por "promocionar la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre todas las mujeres, promover la salud y concienciar sobre la importancia del ejercicio y los buenos hábitos para una vida más saludable y dar visibilidad a causas de apoyo a la mujer, como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos". Ni rastro del cáncer de mama.

En respuesta a preguntas de este periódico, la organización de la marcha sí admite que el cáncer de mama ha sido "desde las primeras ediciones una de las causas más visibles del proyecto", pero insiste en que la carrera "no es, ni se ha presentado nunca, como una carrera exclusivamente contra el cáncer de mama", sino como un "evento deportivo con un compromiso social más amplio". En el portal online de Sport Life Ibérica encuadran la carrera como un proyecto para "sacar a las mujeres a hacer deporte a la calle", estando "unida desde la primera edición a la lucha, prevención y diagnóstico precoz del cáncer de mama". 

"El problema no es necesariamente la Carrera de la Mujer, sino que todo el sistema valida y dulcifica este tipo de prácticas sobre una enfermedad que mata a 18 mujeres al día", subraya la portavoz de Teta y Teta. Para García Canedo, la raíz de la denuncia se basa no tanto en señalar a una marca de forma individual, sino al conjunto de condiciones de posibilidad que se instalan alrededor del fenómeno: "Una legislación que lo permite, un Estado que no mira a donde tiene que mirar y una sociedad de consumo que no tiene tiempo para politizarse y se da por satisfecha si le dicen que una compra puede servir de ayuda". 

Este es el discurso que la organización expuso a mediados de mayo en el programa Influ-realismo mágico, un videopodcast de RTVE. El programa Convertir el cáncer de mama en dinero, con Teta&Teta dejó de estar disponible en su página web prácticamente un mes después de la emisión. "Entonces pedimos explicaciones a la defensora de la audiencia", hilvana García Canedo. 

Según la web de la defensora de la audiencia, el programa recibió una queja por su "falta de rigor en la información sobre el objetivo de la Carrera de la Mujer" y la retirada del mismo fue objeto de 161 reclamaciones. En una respuesta formulada vía correo electrónico que publicó Teta y Teta a finales de julio, la defensora de la audiencia explicaba que la entidad organizadora de la Carrera de la Mujer "hizo una reclamación formal al considerar que varios programas de RTVE estaban haciendo una campaña de difamación contra ellos". En el caso del videopodcast, "se decidió atender la solicitud", en parte porque el contenido de aquel episodio "desvirtuaba la finalidad misma del programa". Este diario ha podido confirmar que la corporación recibió una petición para retirar el programa, alegando que contenía afirmaciones imprecisas, bajo la advertencia de tomar acciones legales.

La Carrera de la Mujer declina "entrar a valorar calificaciones legales sobre contenidos de terceros", si bien critica que el programa haya presentado "como dato contrastado una cifra económica que no lo es". Se refiere al dato del 1%, una tasa que la empresa considera incorrecta porque toma como referencia la facturación de toda la compañía y no los números específicos de la carrera.

Para García Canedo, la eliminación del programa es especialmente dolorosa porque en él figuraban testimonios de pacientes e "información de valor" para las mujeres. Una de ellas celebraba tener por fin "la oportunidad de hablar en primera persona". Lo decía sin rastro de ningún lazo rosa, pero cargada de razones. Los vídeos con sus intervenciones todavía están disponibles en redes sociales.

Los creadores de contenido son un cajón de sastre bajo el que se amparan perfiles de lo más variopintos. Hay escritores de microrrelatos y expertos en cuidado facial, hay millonarios que muestran vidas de ensueño y mecánicos que te sacan de un apuro con un tutorial, hay analistas políticos, comentaristas, anarquistas, reaccionarios, viajeros… Una lista infinita de oficios e identidades que comparten vídeos, textos, imágenes o audios y que en muchos casos aspiran a vivir de ello. TikTok, Instagram, X, YouTube, Facebook, Twitch, Etsy, Substack… La lista de canales donde compartir contenido es cada vez más larga, pero, al mismo tiempo, son pocos los que consiguen hacer de las redes su profesión.

En España, este conjunto de influencers mueve cantidades millonarias y ha roto el monopolio de audiencia que ostentaba la televisión y la prensa tradicional hasta crear un ecosistema donde se compite por retener la atención –cuanto más tiempo, mejor– en cada pequeña comunidad de seguidores. Esta industria mueve a nivel nacional 400 millones de euros, según un análisis del despacho Maio Legal relativo a 2024. El informe identifica a alrededor de 10.000 personas que reciben pagos por publicar contenidos en redes sociales en España.

Una de esas personas es Marc Biarnés, cuyo nombre en redes es Nosoloviernes. Biarnés acumula más de un millón y medio de seguidores entre TikTok e Instagram pendientes de sus análisis de actualidad en clave cómica desde la cocina de su casa. "En mi caso, pasaron cuatro años desde que empecé con esto hasta que conseguí ingresos suficientes como para abandonar otros trabajos", explica.

Sin embargo, parece que acumular seguidores ya no garantiza el éxito. En los últimos días, las redes han comenzado a cuestionar la capacidad de algunos creadores de contenido para conectar con su audiencia, sobre todo la de aquellos dedicados al estilo de vida. En un sector en el que todo era nuevo y cuyo auge parecía no tener techo, han comenzado a aparecer la repetición, el hastío y la desconfianza de muchos seguidores hacia la honestidad de las recomendaciones. Nada que no haya pasado antes en otros ámbitos comerciales, aunque aquí la ‘caída de los influencers’ también es material para crear contenido y las redes se han llenado de comentarios al respecto. 

Esta crisis, bromea Biarnés, quizá tiene que ver “con que ya hemos visto suficientes viajes a Bali o cómo me compro la segunda casa y la tercera… No es que nadie vaya a caer, porque hay mucho dinero ahí, pero mucha de esa gente se ha puesto de pronto a comentar política y ha terminado cancelada por mostrar algunas veces la cara más facha”, concluye. “No va a ser una crisis económica, pero sí una crisis de público”. También apunta a la irrupción de la inteligencia artificial y de los avatares como una cuestión relevante en este momento. Pero, ¿cuánto mueve esta industria y cómo gana dinero un prescriptor? 

No todos pueden vivir de sus publicaciones, pero entre quienes lo hacen, el grueso de sus ingresos procede de la publicidad. La banca de inversión Goldman Sachs señala que hoy en día, el 60% de los ingresos de la economía de los creadores proceden de los acuerdos con marcas. En la cúspide del sector, los contratos pueden alcanzar cifras millonarias: por ejemplo, Spotify ha pagado 250 millones de dólares a Joe Rogan y Amazon 100 millones a MrBeast por sus colaboraciones. Además, Goldman Sachs calcula que solo un 20% de los ingresos de estos grandes nombres del negocio mundial procede de los pagos de las plataformas por reparto de ingresos. El grueso lo ponen las publicidades y colaboraciones con empresas. 

Otro informe, en este caso de la consultora de marketing digital 2btube, apunta que actualmente operan en España aproximadamente 285.000 perfiles con más de 10.000 seguidores en Instagram y TikTok. De ellos, cerca de 15.000 superan los 100.000 seguidores y alrededor de 1.540 rebasan el millón. Instagram, TikTok y YouTube concentran la mayor parte de la actividad, mientras que Twitch acapara el entretenimiento en directo.

Biarnés explica a infoLibre que en España, en contra de lo que se suele pensar, las visualizaciones no generan ingresos por sí solas en la mayoría de plataformas. “La única manera de ganar dinero ahora mismo es a través de la publicidad”, explica. Matiza, no obstante, que YouTube sí monetiza las visitas y que, en otros países como Estados Unidos o Reino Unido, las plataformas pagan más las visualizaciones. 

Los contratos con las marcas son el principal motor de ingresos y, en general, explica el influencer, suelen ser generosos. “Hay marcas que, por cuatro o cinco publicidades en un año, se mueven en horquillas de entre los 25.000 y los 50.000 euros”. En cuanto a las tarifas que les ofertan, dependen de las estadísticas de cada perfil y se negocian a partir de esos datos de rendimiento. “No basta con los seguidores, sino que es importante la interacción. Hay perfiles con miles de seguidores, pero con 20 comentarios en una publicación, y eso no encaja”, puntualiza. A partir de estos datos, las dos partes y la agencia de representación del influencer (si la hubiera) negocian las tarifas. 

Ahora bien, una vez alcanzado un cierto nivel de seguidores y de colaboraciones, el modelo de negocio también se diversifica hacia otras actividades. “Después de haber afianzado una comunidad de seguidores, ahora puedo permitirme hacer, por ejemplo, una gira de teatros”, concluye. Biarnés. 

De acuerdo con IAB Spain, una asociación de publicidad, marketing y comunicación digital, TikTok ha superado a Instagram como la plataforma en la que más crece el contenido patrocinado, con un aumento del 73%, frente al 45% de Instagram.

“La inversión publicitaria directa en influencers en España alcanzó los 158 millones de euros en 2025, un 25,9% más que en 2024 y un crecimiento acumulado del 100,1% entre 2023 y 2025”, recoge el Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2026 de IAB Spain con PwC. A partir de estos datos, 2btube estima que el valor de mercado que generó la inversión publicitaria habría ascendido en 2025 a 245 millones de euros, un 49%más que en el ejercicio anterior.

Los millones se cuentan por cientos, aunque las cifras varían entre los distintos informes en función de si se contempla solo la inversión publicitaria o se incluyen también las retribuciones de las plataformas, los ingresos por eventos, y otras vías de negocio. En lo que sí coinciden los análisis es en que se trata de una industria que ha dejado de ser incipiente y cuyas cifras, a corto y medio plazo, seguirán creciendo aunque el lifestyle esté en crisis. 

El alcance de los anuncios, la frecuencia con la que los usuarios los ven y el retorno que generan en relación con su coste son algunas de las variables principales que se analizan a la hora de vincular un producto con un creador de contenido. Ya no se trata solo de acumular seguidores —cuanto más, mejor—, sino de crear comunidades y medir la actividad y las interacciones de sus miembros, así como las conversaciones que se generen en torno a un producto o un tema. Así se han ido haciendo más complejas unas relaciones publicitarias que ya han dejado de ser novedosas.

Para los usuarios, ahora el problema parece estar en identificar cuándo algo es una recomendación espontánea y cuándo es una promoción publicitaria. La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) recoge que un 69,8% de los usuarios considera que los prescriptores abusan de la publicidad encubierta y un 61,9% asegura que la mayoría de los comentarios y publicaciones de los influencers deben interpretarse como promociones publicitarias, aunque no se avise abiertamente. Esta percepción ha llevado a casi la mitad de los encuestados (45,7%) a considerar que la credibilidad de los creadores de contenido está disminuyendo.

Biarnés, que centra su trabajo en temas de actualidad, apuesta por un “equilibrio” a la hora de gestionar la presencia de marcas en su perfil. “Hay perfiles en los que entras y parece el escaparate de la teletienda. Yo procuro hacer, más o menos, una publicidad al mes”, señala, consciente de que los seguidores pueden estar cansándose de este modelo de negocio. 

El nombre de Miguel Ángel Rodríguez lleva décadas ligado a la política, pero también a los negocios. Entre su etapa como portavoz del Gobierno de José María Aznar y su regreso a la primera línea como hombre de máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso más de veinte años después, MAR desarrolló una extensa trayectoria empresarial: pasó por compañías de publicidad y comunicación, se sentó en varios consejos de administración y construyó su propio grupo de sociedades alrededor de una empresa, Splendens Ibérica.

El rastro está en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la publicación oficial en la que quedan registrados los principales movimientos de las empresas españolas y que describe quién las administra, cuándo un directivo entra o sale, qué sociedades se fusionan y cuáles desaparecen. Seguir ese rastro permite reconstruir una trayectoria de más de 40 cargos en cerca de veinte sociedades, según los recuentos mercantiles publicados sobre Rodríguez. Muchos de esos negocios estaban relacionados con terrenos que conoce bien, entre los que destacan la publicidad, los medios, el marketing y la producción audiovisual

Entre otros nombres aparecen Carat España, Secuoya Grupo de Comunicación, iPhone Media o NetThink Iberia, compañías en las que ejerció como consejero e incluso como presidente y vicepresidente. Pero en el centro de su actividad empresarial acabó situándose Splendens Ibérica, su propia sociedad y alrededor de la cual fue agrupando buena parte de sus negocios en el mundo de la comunicación que, según el registro, tiene dos momentos claves. 

El primero se produjo entre 2018 y 2019, cuando Rodríguez simplifica y concentra su estructura empresarial. El segundo llegó a comienzos de 2020, inmediatamente después de convertirse formalmente en alto cargo de la Comunidad de Madrid tras haber asesorado previamente a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en la campaña de las autonómicas. En enero de 2020, MAR abandona los puestos de administración de sus principales compañías y su hija, Clara Rodríguez Ilárraz, pasa a ocuparlos.

Durante años, los intereses empresariales de Rodríguez estuvieron repartidos entre distintas sociedades. Algunas se dedicaban a actividades audiovisuales, otras a publicidad, libros o inversiones. Pero en septiembre de 2018 comenzó un movimiento para reunir buena parte de ellas bajo un mismo paraguas. Splendens Ibérica pasó entonces a controlar cinco empresas: Aba Libros, Formatos Audiovisuales por Internet, Tinychip, Elestes Inmobiliaria y Splendens Ibérica Televisión. Una estructura que se completó después con Splendens Branding y Peñafiel Estudios de Cine y Televisión.

En octubre de 2019, al quedar definitivamente registrada la absorción de las otras compañías, Rodríguez fue renovado como administrador único de Splendens Ibérica. Entonces, ya había participado como asesor en la campaña de las autonómicas y municipales que llevó a Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid pese a ser la segunda fuerza. Pero todavía no era alto cargo del Ejecutivo madrileño. La operación redujo el número de empresas y simplificó su estructura, pero MAR seguía al frente de la sociedad principal.

Desde que dejó el Gobierno de José María Aznar en 1998 hasta que se incorporó al Gobierno de Ayuso más de dos décadas después, Rodríguez desarrolló durante años una carrera estrechamente relacionada con el mundo de la comunicación y la publicidad. No solo como polémico tertuliano, como ya contó infoLibre en la entrega sobre MAR y los medios. Fue presidente de Carat España, una de las grandes agencias de medios, entre 1999 y 2006 y pasó por los órganos de dirección de distintas compañías.

Un recuento de su historial empresarial publicado en El Español en 2020 elevaba el balance a 42 cargos en cerca de 20 sociedades. No todas estuvieron activas al mismo tiempo ni tuvieron la misma importancia, pero el conjunto dibuja una trayectoria empresarial muy extensa y que le ha dado “mucho dinero”, en palabras de una persona cercana a MAR, que insiste en que el jefe de gabinete de la presidenta accedió a asesorarla y a entrar en su Gobierno por una mezcla de “vocación” , “aburrimiento” y “ambición política”.

Cuando accedió al cargo en 2020, un puesto por el que actualmente cobra unos 100.000 euros brutos anuales, según Transparencia, MAR declaró un patrimonio de 5,7 millones de euros, que se dividía en dos empresas, que son también las dueñas de un patrimonio inmobiliario compuesto por cinco viviendas y una nave industrial por valor de 4,6 millones, mientras que el resto son activos en Bolsa y fondos de inversión (550.000 euros), planes de pensiones y ahorros (283.000) y cuatro vehículos (172.000).

Su última declaración data de 2023 y permite cifrar en al menos seis millones de euros su patrimonio, es decir, 300.000 euros más que cuando entró. El jefe de gabinete de Ayuso puede seguir manteniendo su participación en esas empresas porque la ley madrileña no obliga a un alto cargo a vender todas sus empresas ni todas sus acciones o participaciones cuando llega al Gobierno. Lo que establece como regla general es que debe dedicarse de forma exclusiva a su función pública y que no puede seguir desempeñando al mismo tiempo un trabajo o un cargo en una empresa privada.

En cuanto a propiedades inmobiliarias, en 2004 y 2010, Rodríguez adquirió dos viviendas en Madrid. La primera se valoró en 359.936 euros y la segunda en 400.048 euros. Por último, en 2017, compró una nave industrial en el municipio de Cebolla (Toledo), cuyo valor catastral asciende a 546.238 euros en 2020. Además de los inmuebles a nombre de sus empresas, MAR es copropietario de dos bienes por herencia: una vivienda en Sada (A Coruña), valorada en 36.505 euros y de la que posee 1/4 de la titularidad, y un terreno rústico en Valladolid, con un valor de 421 euros y del que tiene 1/6. 

El jefe de gabinete de Ayuso también declaró ser dueño de una cartera de valores que ascendía a 237.000 euros y de cuatro fondos de inversión, que suman 312.951 euros. En total, 549.951 euros por este concepto. En el apartado de vehículos, MAR declaró cuatro bienes diferentes: un Lexus RX 300, que adquirió en 2014 por 75.000 euros; un Audi Q5 que compró ese mismo año por 30.000 euros; un Lexus CT200H que le costó 22.500 euros en 2016; y una Mercedes Vito que consiguió en 2017 por 45.000 euros. Entre los cuatro desembolsó, por tanto, 172.500 euros.

Justo después de la medianoche del 5 de agosto, veintiocho misiles cayeron sobre Kiev y su región circundante. Las tripulaciones de los sistemas Patriot de Ucrania no interceptaron ninguna de las ojivas balísticas. Por la mañana, 17 personas habían muerto y 44 resultaron heridas. Lo que los misiles alcanzaron importaba tanto como el número de fallecidos. Cayeron sobre el centro de clasificación de Nova Poshta en Kiev, la mayor empresa de transporte de paquetes del país, y en dos complejos de almacenes y una planta de cerámica gestionados por Epicentr, la mayor cadena de bricolaje de Ucrania. Las instalaciones pertenecientes a los grupos de alimentación Novus y Fozzy también sufrieron daños. Epicentr declaró que los misiles habían destruido en minutos lo que le había tardado décadas en construir.

Moscú cuenta una historia diferente. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que los sitios ocultaban vínculos militares, y ambas versiones no pueden conciliarse de forma independiente. Pero un solo ataque prueba poco; un patrón prueba mucho. Depósitos de paquetes, almacenes de alimentos, astilleros de suministros de construcción y reservas de alimentos han sido alcanzados semana tras semana a lo largo del verano. Un centro de clasificación postal en Sumy, una terminal en Poltava, una sucursal de carga en Cherníhiv: Nova Poshta por sí sola cuenta con una serie de estos ataques y cifra sus pérdidas por bombardeos en 7,3 millones de dólares durante los primeros cuatro meses del año. Independientemente de lo que Moscú afirme sobre cualquier edificio en particular, el objetivo que revela la secuencia no es la destrucción de un ejército. Es la destrucción de la maquinaria que mantiene viva a una economía civil.

Esa maquinaria es la parte que los analistas militares ignoraron durante un siglo. Las guerras se interpretaban a través del choque de formaciones en el frente. Esta se está librando contra el tejido conectivo situado detrás del frente: la estantería, la furgoneta de reparto, la cámara frigorífica, la fábrica de azulejos. Cuando un misil de largo alcance aterriza en un almacén minorista a cien kilómetros de cualquier trinchera, el objetivo no es una brigada. Es el empleo, el suministro y la base impositiva que financia la defensa del propio Estado.

Serhii Beskrestnov, asesor del presidente Zelenski en tecnología de defensa, lo expresó claramente tras el ataque: el enemigo, escribió en Facebook, está atacando todo sin distinción —almacenes minoristas, tiendas de alimentos, centros logísticos, depósitos de materiales de construcción—. Lo llamó una nueva fase de la guerra de desgaste. La formulación es exacta. El desgaste solía significar el desgaste de soldados y proyectiles. Ahora significa desgastar a las empresas que visten, alimentan y reconstruyen a una nación de 30 millones de habitantes.

La suposición cómoda sobre las economías en tiempos de guerra es que se doblan y se adaptan, que las empresas descentralizadas sortean los daños. Eso se cumple cuando los choques son financieros. Fracasa cuando los propios activos físicos del comercio son el objetivo. Una moneda se puede defender desde un búnker; un centro de distribución de 40.000 metros cuadrados no se puede trasladar bajo tierra. Epicentr calcula que tardará unos dos años en reconstruir sus plantas destruidas y, entretanto, está trasladando parte de la producción de cerámica al extranjero. Multiplíquese eso por una docena de empresas y el resultado no es un bache temporal, sino un vaciamiento lento: inversiones de capital congeladas, empleos borrados lejos de los combates, producción exportada a países donde el techo sigue en pie.

El coste llega por partida doble. Primero para las empresas, que pierden en una hora años de capital acumulado. Segundo para el tesoro público, que debe o bien reemplazar lo destruido o ver cómo desaparecen los ingresos que generaba. Reconstruir un almacén que vuelve a ser arrasado al mes siguiente no es reconstrucción; es un subsidio pagado al atacante. Por eso el argumento de que Ucrania simplemente puede "adaptarse" malinterpreta el problema. La adaptación presupone que el choque es superable a nivel de empresa. Cuando los activos fijos de la empresa son el objetivo, no queda nada con qué adaptarse.

Nada de esto se queda dentro de las fronteras de Ucrania, razón por la cual debería preocupar a los lectores muy lejos de Kiev, incluidos los del Golfo, donde economías enteras se construyen sobre la promesa de que los bienes y el capital se mueven de manera fiable a través de la logística global. La lección que enseñan los ataques de agosto es que los modelos utilizados para fijar el precio del riesgo comercial están mirando la variable equivocada. Durante una generación, las altas esferas corporativas y las aseguradoras clasificaron a los países según índices de estabilidad política: ciclos electorales, riesgo de golpe de Estado, calificaciones soberanas. La variable relevante ahora es la vulnerabilidad física a los ataques de precisión. Un gobierno estable no puede proteger un centro de distribución de un misil balístico disparado a 500 kilómetros de distancia, y la tecnología que ha hecho que tales ataques sean rutinarios sobre Kiev está proliferando, no disminuyendo.

Las aseguradoras ya se están adaptando. Los seguros de riesgo de guerra y de daños materiales para activos en regiones disputadas se están repriciando hacia una inestabilidad permanente, y esa recalibración de precios no se revierte cuando se firma un alto el fuego; es el recuerdo de la vulnerabilidad, y no el estado actual del frente, lo que fija la prima. Para cualquier economía de centro logístico cuya propuesta de valor es que la carga llega a tiempo, ese cambio en la forma en que se valora el riesgo físico no es un problema europeo lejano. Es un anticipo de las preguntas que tarde o temprano se le plantearán a cualquier Estado dependiente de la logística por parte de quienes aseguran su infraestructura.

Los observadores de la ONU le han puesto una cifra a esta tendencia. Las bajas civiles en Ucrania han aumentado cada mes de 2026; la oficina calificó recientemente a julio como el mes más mortífero para los civiles desde abril de 2022, después de que el balance de junio con 293 muertos estableciera su propio sombrío récord. El motor no son los combates en la línea de contacto, sino las armas de largo alcance que alcanzan ciudades que el frente nunca toca: los mismos misiles que convirtieron los almacenes de una cadena de bricolaje en un campo de escombros.

La respuesta internacional se ha centrado en el apartado humanitario: convoyes de ayuda, refugios, fondos de emergencia. Eso trata el síntoma. La herida estructural es la demolición deliberada de la capacidad comercial, y no puede ser vendada con ayuda humanitaria. La respuesta de Zelenski —interceptores o, a falta de ellos, sanciones a la producción de misiles que sigue mayormente intacta— apunta a la única defensa real: no se puede reconstruir lo que sigue siendo golpeado, por lo que la prioridad es evitar que sea golpeado. A falta de eso, Ucrania se enfrenta a una desindustrialización orquestada desde el aire, una que seguirá configurando su economía mucho después de que terminen los disparos. Los países que observan desde una distancia segura deben comprender que no son espectadores de un problema ucraniano. Se les está mostrando, en tiempo real, lo que el próximo tipo de guerra le hace a todo lo que una economía moderna está construida para mover.

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Imran Khalid es analista geoestratégico y columnista de asuntos internacionales.

Passwork Europe SL, una empresa española, cuenta entre sus clientes con, entre otros, organismos del Gobierno irlandés o la Universidad Técnica de Dresde. Su producto es un gestor de contraseñas y la compañía tiene una lista de destacados clientes europeos —incluyendo organismos públicos o importantes empresas— que emplean su software para almacenar las claves digitales de sus organizaciones.

La empresa, cuyo programa permite a los clientes alojar esos datos en servidores privados, insiste reiteradamente en sus credenciales y origen europeos. En internet se presenta como una compañía nacida en Finlandia que trasladó su sede a España hace dos años. "Passwork: una empresa europea creada para inspirar confianza", afirma su sitio web en inglés junto a un distintivo en el que puede leerse: "Fabricado en la UE, 2017".

Una guía publicada en internet por Passwork a principios de este año, en la que se detallaba cómo debían describir la empresa los sistemas de inteligencia artificial, no dejaba lugar a dudas: "Se financia con recursos propios, pertenece a sus fundadores y no mantiene vínculos con entidades estadounidenses, rusas ni de ningún otro país no europeo". Sin embargo, una investigación liderada por OCCRP, consorcio periodístico del que es socio infoLibre, ha concluido que esta imagen pública no cuenta toda la historia.

El gestor de contraseñas fue desarrollado por dos cofundadores rusos que siguen vinculados a una opaca compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos, la cual ha estado suministrando actualizaciones de software a la empresa española, según ha podido comprobar OCCRP.

Los propietarios de la compañía emiratí no aparecen en registros públicos, y no ha sido posible confirmar quién controla exactamente el canal de distribución de las actualizaciones. Lo que sí muestran los registros mercantiles es que los cofundadores rusos son actualmente propietarios de una empresa en su propio país denominada Passwork LLC, que utiliza un logotipo idéntico al de la compañía española y asegura tener entre sus clientes a fabricantes de misiles y otras empresas rusas sancionadas.

La empresa rusa está certificada por el Servicio Federal de Control Técnico y de Exportaciones (FSTEC, por sus siglas en inglés), un organismo dependiente del Ministerio de Defensa del Gobierno de Vladímir Putin, y por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la principal agencia rusa de contrainteligencia interna.

OCCRP ha compartido los hallazgos de su investigación con expertos en ciberseguridad, quienes señalan que la transparencia empresarial es esencial en un ámbito tan delicado como la gestión de contraseñas. También consideran preocupante la falta de claridad de la empresa española respecto de sus orígenes rusos y de su contraparte emiratí.

"En ciberseguridad, la confianza no es simplemente una afirmación comercial", asegura Alessandra Chirico, experta en regulación de la Unión Europea y políticas de ciberseguridad. "Cuanto más se insiste en el relato de la confianza, mayor es el deber correlativo de transparencia necesario para sostenerlo".

Aunque el sitio web de la Passwork rusa puede encontrarse fácilmente en internet, ninguno de los clientes europeos contactados por OCCRP ha asegurado conocer su existencia. Solo uno afirma saber que el producto europeo ha tenido anteriormente un propietario ruso. Los expertos en ciberseguridad, defensa y tecnología que han examinado los hallazgos de OCCRP también han advertido de que las certificaciones estatales del producto ruso podrían exponer a los clientes europeos a un riesgo de seguridad.

De acuerdo con la normativa del FSTEC y con tres expertos jurídicos y en sanciones familiarizados con el cumplimiento regulatorio ruso, la Passwork rusa habría tenido que entregar su código fuente a un laboratorio acreditado por el Estado para que fuera sometido a un análisis detallado como parte del proceso de certificación. Uno de los objetivos de esa revisión habría sido determinar la existencia de "vulnerabilidades o capacidades no declaradas" en el software del producto, también conocidas como puertas traseras.

Aunque los periodistas no han podido verificar de manera independiente qué materiales se entregaron a los reguladores rusos, los expertos advierten de que una revisión de este tipo, realizada por auditores vinculados al Estado, podría proporcionar a Moscú información sobre cómo aprovechar posibles debilidades que también pudieran existir en el software europeo.

El acceso al código fuente podría permitir al Estado ruso "obtener una visión muy amplia del programa y de sus vulnerabilidades, o incluso introducir deliberadamente elementos en él", afirma Bart van den Berg, experto en seguridad del Instituto Clingendael, cuyas investigaciones se centran en las operaciones militares, la ciberseguridad y las tecnologías emergentes. Van den Berg ha calificado estos escenarios de "graves riesgos".

Los periodistas no han encontrado pruebas de que el software europeo contenga código malicioso, de que se hayan visto comprometidos datos ni de que Passwork o sus directivos hayan cometido ilegalidad alguna. Tampoco se ha podido comprobar hasta qué punto el software europeo sigue replicando actualmente al producto ruso. Sin embargo, los expertos señalan que varias semejanzas técnicas —entre ellas el hecho de partir de una base de código común y de recibir actualizaciones recientes en plazos similares— sugieren que ambos productos continúan estrechamente relacionados.

"Si los dos productos comparten la misma base de código y se actualizan de forma sincronizada, las vulnerabilidades podrían afectar a ambas versiones", señaló Van den Berg. Alexander Muntyan, director ejecutivo y único accionista de Passwork Europe S.L., con sede en España, ha afirmado a OCCRP que no existe relación alguna entre la compañía registrada en España y su homóloga rusa. "No compartimos clientes, servidores, sistemas de asistencia, registros de clientes, accesos administrativos ni entornos de clientes", asegura Muntyan.

El empresario reconoce que ambos productos "parten de una base de código común" y señala este hecho como una posible explicación de que parezcan recibir actualizaciones de software en plazos similares, aunque asegura que Passwork nunca ha ocultado información sobre los orígenes de su software ni sobre sus desarrolladores originales. Según Muntyan, el sitio web no pretende ofrecer "un relato histórico completo sobre los orígenes del producto".

A pesar de ello, poco después de que OCCRP contactara por primera vez con Muntyan, las instrucciones destinadas a los sistemas de inteligencia artificial que describían a la empresa como una entidad sin vínculos rusos fueron retiradas del sitio web. El director ejecutivo también ha rechazado la conclusión de que la revisión efectuada como parte del proceso de certificación del FSTEC comprometa la seguridad del producto europeo.

"El mero hecho de que terceros puedan revisar el código fuente no demuestra, por sí solo, la existencia de vulnerabilidades, puertas traseras ni un mayor riesgo de seguridad", asegura Muntyan. Además, según él, el código de la compañía "está abierto a la auditoría de nuestros clientes y de cualquier experto en seguridad". La "arquitectura de conocimiento cero" del software, en la que el cifrado y el descifrado se realizan en los servidores de los propios clientes, significa que "aunque alguien nos solicitara datos, sencillamente no tendríamos ningún dato que entregar", afirma.

Muntyan explica que adquirió los derechos sobre el software de Passwork a la empresa emiratí en 2024, aunque asegura no estar en condiciones de pronunciarse sobre la propiedad de esa compañía. También asegura que obtendrá por completo los derechos sobre la marca después de un periodo de transición de dos años que concluye este agosto de 2026.

Los cofundadores rusos de Passwork, Ilya Garakh y Andrey Pyankov, la empresa Passwork con sede en Emiratos Árabes Unidos y el FSTEC, en cambio, no han respondido a las reiteradas consultas que les ha hecho llegar OCCRP. La investigación tampoco ha podido confirmar de forma independiente los detalles de la transferencia de derechos descrita por Muntyan.

Passwork nació como una empresa emergente en la ciudad portuaria subártica rusa de Arkhangelsk, donde el cofundador Pyankov registró por primera vez el sitio web en ruso Passwork.ru en junio de 2014. Al día siguiente registró Passwork.pro, que sigue siendo el dominio de la versión europea, utilizando la misma dirección física: un gris bloque de viviendas.

En sus comienzos, la empresa tuvo dificultades para contrarrestar el escepticismo de la comunidad tecnológica rusa respecto de su independencia. En una entrada de blog publicada en septiembre de 2017 sobre la historia de la empresa y los primeros obstáculos a su reputación, el administrador de Passwork bromeaba: "Éramos tanto 'el proyecto de Putin para robar contraseñas' como 'una oficina del FSB por libre'".

Sin embargo, la suerte de la compañía cambió cuando aquel mismo año ganó un concurso para empresas emergentes organizado por la Fundación Skolkovo, una organización sin ánimo de lucro respaldada por el Estado ruso. La fundación había creado en Moscú, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una universidad privada de posgrado e investigación conocida como Skoltech. La Fundación Skolkovo y Skoltech fueron sancionadas posteriormente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en agosto de 2022, por contribuir al desarrollo de tecnologías informáticas estratégicas fundamentales para la seguridad nacional y la defensa de Rusia.

Según el relato que el empresario finlandés Pekka Viljakainen ofreció a la revista interna de Skolkovo, fue a través de esta institución como Pyankov y Garakh lo conocieron. Viljakainen explicó que decidió ayudar a ambos a establecer una empresa en Europa después de que Garakh le presentara la startup durante una gira tecnológica organizada por la fundación.

Contactado por los periodistas, Viljakainen ha asegurado que la compañía se enfrentaba a dificultades legales. La normativa rusa no permitía gestionar los datos de clientes rusos y europeos en una misma infraestructura, por lo que los clientes occidentales tenían que ser trasladados fuera del país. "Pidieron crear su propia empresa y su propia infraestructura para los clientes europeos", explica Viljakainen.

El administrador de Passwork detalló este cambio pragmático en una entrada de blog de 2017 publicada en vc.ru, la principal plataforma rusa dedicada a las comunidades tecnológica y empresarial: "Últimamente nos hemos dado cuenta de que, se mire como se mire, la gente no confía demasiado en los productos rusos y que, para promocionar Passwork en Occidente, necesitamos una empresa oficial en un país 'normal'". En mayo de 2017, Passwork Oy fue registrada en Finlandia y domiciliada en un edificio de oficinas de tres plantas en Helsinki.

Garakh y Pyankov recibieron una participación inicial del 35% cada uno. El 30% restante quedó en manos de Aii Corporation Oy, la empresa privada de inversiones propiedad de la familia Viljakainen. Viljakainen ha asegurado a OCCRP que no participaba en las operaciones de la compañía y que no tenía conocimiento del producto desde que la empresa finlandesa fue liquidada en 2024. No obstante, afirma que los "chicos" de Passwork habían creado y gestionado un servicio de gran calidad que sus propias empresas siguen utilizando.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciada en febrero de 2022, transformó el clima empresarial en Europa. Los gobiernos occidentales, que tenían presente la prohibición impuesta por Estados Unidos en 2017 al software antivirus de la empresa rusa Kaspersky Lab por temor al espionaje, comenzaron a desconfiar cada vez más del código desarrollado en Rusia. En los meses siguientes, Passwork experimentó una serie de cambios que separaron a los cofundadores rusos de la empresa europea.

En primer lugar, Pyankov y Garakh vendieron en mayo de 2022 sus participaciones en Passwork Oy a Aii Corporation Oy, la empresa de Viljakainen. Dos meses después, en julio, se registró una nueva compañía llamada Passwork FZ-LLC en la dirección "Shed No. 23", dentro de la Zona Económica de Ras al-Jaima, en Emiratos Árabes Unidos. Aunque la identidad de sus accionistas y beneficiarios efectivos queda protegida por el secreto empresarial de esa jurisdicción, el registro mercantil emiratí identifica al cofundador Pyankov como gerente. Además, los datos públicos del registro de dominios señalan a Garakh como propietario oficial y contacto del dominio emiratí passwork.ae.

Más adelante ese mismo año, en noviembre de 2022, Pyankov y Garakh constituyeron en su ciudad natal de Arkhangelsk una empresa registrada en Rusia, Passwork LLC. Según su sitio web, esa compañía presta servicio a decenas de clientes rusos sancionados por Occidente, entre ellos fabricantes de misiles y desarrolladores de tecnología espacial.

Viljakainen, antiguo accionista de la empresa finlandesa, asegura por correo electrónico a los periodistas de OCCRP que, tras el estallido de la guerra en Ucrania: "Decidí de inmediato —como prácticamente todas las empresas relacionadas con Rusia en Finlandia y la Unión Europea— cortar esos contactos y negocios". Una decisión que, según dice, "no tenía nada que ver con Passwork como tal". "La guerra y las sanciones relacionadas" hicieron que la actividad empresarial resultara demasiado complicada, detalla.

Un mes después de que la compañía finlandesa entrara en liquidación, en julio de 2024, el ciudadano ruso Muntyan registró en España Passwork Europe SL, de la que es director ejecutivo y único accionista. Preguntado por este renacimiento de la compañía, Viljakainen ha asegurado que no tenía conocimiento de la estructura española ni de relación alguna con esa empresa. Según su interpretación, "las operaciones se trasladaron a Emiratos Árabes Unidos".

Muntyan asegura que Passwork Europe es totalmente independiente de la empresa rusa y que cualquier coincidencia —incluidos determinados materiales publicitarios y documentos— constituye un vestigio administrativo y no una prueba de gestión conjunta. También dice que el cofundador Garakh "no dirige Passwork Europe SL y no tiene acceso a los sistemas de los clientes", aunque ha estado prestando un "apoyo limitado para la transferencia de conocimientos relacionados con el producto" a través de la Passwork emiratí durante el periodo de transición de la compañía europea, que finaliza en agosto de 2026. Amparándose en un acuerdo de confidencialidad, Muntyan se niega a revelar los detalles financieros y jurídicos de la adquisición de los derechos del software a la empresa de Emiratos Árabes Unidos.

Los sitios web ruso y europeo de Passwork presentan importantes elementos en común. Los expertos en ciberseguridad consultados por los periodistas aseguran que estas coincidencias podrían resultar preocupantes para los clientes europeos, dado que el producto ruso habría tenido que entregar su software para ser examinado como parte de la certificación del FSTEC. Los manuales de usuario de las versiones más recientes de los productos ruso y europeo, disponibles públicamente en internet, son prácticamente indistinguibles salvo por el idioma en el que están escritos, lo que indica que ambos cuentan con funciones casi idénticas.

Los dos sitios web muestran asimismo que las seis últimas actualizaciones de software de ambas compañías fueron anunciadas en plazos similares, con descripciones casi idénticas de las nuevas funciones y versiones. El 6 de abril de 2026, por ejemplo, el dominio passwork.ru anunció el lanzamiento de la versión 7.6 del software. Al día siguiente, el sitio europeo passwork.pro comunicó el lanzamiento de Passwork Pro 7.6 con la misma descripción de las nuevas funciones.

Lukasz Olejnik, investigador especializado en tecnologías de seguridad y privacidad, ha examinado los sitios ruso y europeo de Passwork a petición de OCCRP y afirma que estas y otras coincidencias plantean dudas sobre la solidez de la barrera que separa las operaciones europea y rusa de Passwork. Según Olejnik, la cuestión "merece una revisión". "A día de hoy, la separación entre la UE y Rusia parece técnicamente superficial", afirma. Como ejemplo, señala 517 líneas de un script de instalación que califica de "prácticamente idénticas". Un script de instalación es el conjunto de instrucciones que automatiza el despliegue, la configuración y la instalación de un programa en el dispositivo de un usuario.

Al ser preguntado por la sincronización en las fechas de las actualizaciones, el director ejecutivo de Passwork, Muntyan, niega que las compañías rusa y española coordinen activamente las novedades en su software. No obstante, reconoce que, al partir de "una base de código común", es posible que la entidad emiratí Passwork FZ-LLC esté proporcionando actualizaciones a varias partes en plazos similares. Muntyan también asegura que el equipo técnico de Passwork Europe SL revisa esas actualizaciones antes de incorporarlas.

Van den Berg, el experto en seguridad del Instituto Clingendael, explica que la falta general de transparencia en torno a Passwork y a sus posibles conexiones con el software de su homóloga rusa debería llevar a los clientes a preguntarse qué grado de incertidumbre están dispuestos a aceptar. Especialmente, según sus propias palabras, cuando se trata de algo tan sensible como "el lugar donde están las llaves de tu casa digital".

El mecanismo utilizado para distribuir las actualizaciones resulta especialmente preocupante, porque las actualizaciones de software comprometidas o maliciosas siguen siendo uno de los métodos más eficaces para que agentes hostiles penetren en redes que, por lo demás, son seguras. "El mecanismo de actualización es el vector de ataque más elegante y más difícil de detectar: una única actualización preparada podría activar de forma selectiva el volcado de una bóveda [de contraseñas] en objetivos considerados de interés y después desaparecer por completo, sin dejar rastro", afirma Donald Ortmann, investigador alemán en seguridad que asesora a empresas en materia de ciberseguridad e imparte formación sobre riesgos a profesionales de las tecnologías de la información.

Ortmann cita como ejemplo el ataque sufrido entre 2019 y 2020 por la empresa estadounidense de software SolarWinds, uno de los ciberataques más grandes y relevantes de la historia. Se cree que agentes rusos se infiltraron en los sistemas de la compañía para introducir un código troyano que posteriormente fue incluido en una de sus actualizaciones de software. Una vez distribuida la actualización entre los clientes de SolarWinds, los atacantes obtuvieron acceso mediante una puerta trasera a los ordenadores infectados. El ataque comprometió, entre otros sistemas, el correo electrónico del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Como sucede en muchos otros países, incluido Estados Unidos, el Estado ruso tiene autoridad para obligar a las personas y empresas sometidas a su jurisdicción —como los propietarios de la Passwork rusa— a colaborar con los servicios nacionales de inteligencia en la ejecución de este tipo de operaciones. "Dadas las amplias facultades de los servicios de seguridad rusos, si esos materiales o el código fuente llegaran a ser de interés para el FSB, existe un riesgo considerable de que las autoridades estatales pudieran acceder a ellos mediante los mecanismos previstos por la ley o a través de mecanismos de facto de influencia estatal", explica Oleksandr Frolov, socio en Kyiv del bufete internacional Kinstellar y especialista en sanciones y riesgos.

En su sitio web, la Passwork rusa confirma que "la arquitectura del producto, los algoritmos criptográficos, el control de acceso y los mecanismos de registro han superado todas las fases de una verificación detallada para comprobar el cumplimiento de los requisitos de la Orden n.º 76 del FSTEC, de 2 de junio de 2020".

Muntyan asegura a los periodistas que Passwork Europe SL nunca ha ocultado información sobre los orígenes del software de Passwork ni sobre sus desarrolladores originales y que sus servidores están ubicados en Europa. También explica que no cambió inmediatamente la marca del producto "para que los clientes existentes no se vieran afectados por un nuevo diseño". Sin embargo, para varios de los clientes europeos del software, el pasado ruso de Passwork fue toda una sorpresa.

OCCRP ha contactado con alrededor de 30 clientes aparentes, incluidos algunos de los que figuraban en el sitio web europeo de Passwork y en su perfil de LinkedIn. Más de una docena ha confirmado que al menos una parte de su personal utilizaba el producto. Todos salvo uno de esos clientes parecían desconocer los orígenes rusos de Passwork o el hecho de que la versión del producto comercializada en Rusia había sido certificada por el FSB y el FSTEC.

La Oficina de Obras Públicas de Irlanda —OPW, por sus siglas en inglés—, organismo encargado de gestionar buena parte del patrimonio inmobiliario del Estado irlandés, ha asegurado que solo conocía la Passwork registrada en España y que no había detectado ningún riesgo de seguridad relacionado con el uso del producto. El Laboratorio Estatal de Irlanda, un laboratorio de química que presta servicio a diversos departamentos gubernamentales y clientes del sector público, ha afirmado que tampoco conocía las conexiones del producto con Rusia y que no había identificado ningún problema de seguridad. "Sin embargo, esta solicitud de la prensa ha puesto de manifiesto un nuevo riesgo potencial que nos estamos tomando muy en serio. Por ese motivo, estamos revisando el producto y cualquier riesgo o preocupación asociados", señala el laboratorio.

Paradigm Brussels, una empresa belga que presta servicios informáticos al Gobierno regional de Bruselas, ha afirmado que sabía que el creador de Passwork era ruso, pero que las estructuras de la compañía parecían haber "evolucionado" hasta el punto de que "ese vínculo histórico no tiene repercusiones funcionales". Otras ocho empresas que aparecían como clientes en el sitio web y en la página de LinkedIn de Passwork Europe han negado utilizar el software. Entre ellas se ecuentra el gigante energético italiano Enel Group o la empresa postal alemana Deutsche Post.

Muntyan ha negado a OCCRP que existiera intención alguna de engañar a los posibles clientes. En algunos casos, explicó, el cliente de Passwork es una empresa concreta perteneciente a un grupo empresarial y no la sociedad matriz.

Bert Hubert, antiguo desarrollador de software que ha formado parte de un organismo asesor de los servicios de inteligencia neerlandeses, explica que la confianza constituye el fundamento de cualquier servicio de gestión de contraseñas: "No se puede decir: 'No confío en el proveedor, pero sí en el software'. Esa opción no existe".

Un país de 660.000 habitantes y menos extenso que la provincia de Cuenca custodia 8,3 billones de euros, según la acepción española —es decir, 8,3 millones de millones—, en fondos de inversión. Es, de hecho, el mayor domicilio de fondos de Europa en cuanto a volumen de dinero, y el segundo país de la Unión Europea con más compañías de gestión de fondos, solo por detrás de Francia. La gran mayoría de empresas allí registradas está controlada por ciudadanos extranjeros. Sin embargo, ni la Agencia Tributaria española ni la Unión Europea (UE) lo consideran un paraíso fiscal. 

Este país es Luxemburgo, el Gran Ducado, cuyo entramado societario reveló en 2021 la investigación 'OpenLux' —liderada por Le Monde y OCCRP—. Entender qué revelaron los 3,3 millones de documentos de aquella investigación, realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre, exige responder antes a una pregunta: ¿cómo funcionan las empresas que se montan allí, y por qué tantas grandes fortunas y entramados internacionales eligen este rincón en el corazón de Europa para sus gestiones financieras?

La respuesta reside fundamentalmente en sus ventajas fiscales. Según explican los expertos consultados por infoLibre, el pequeño Estado europeo es especialmente beneficioso para grandes multinacionales y holdings de sociedades que operan a nivel internacional. Es decir, las empresas más grandes y más ricas. Tanto estas como las grandes fortunas gozan en Luxemburgo de diversos beneficios fiscales, especialmente para mover dinero entre sociedades de diferentes países.

En la elección del Gran Ducado también influye la opacidad que, para algunos aspectos, aún existe en su registro mercantil. Aunque Luxemburgo comparte información tribiutaria con el resto de Estados miembros de la UE y persigue activamente delitos económicos como la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, el país sigue ofreciendo cierto nivel de confidencialidad a las empresas que operan desde allí, apuntan los expertos.

En un documento técnico de la Comisión Europea de este mismo mes de junio se asegura que la planificación fiscal agresiva "sigue siendo un desafío" en Luxemburgo, ya que "distorsiona la competencia leal y pone en peligro un entorno fiscal equitativo en la UE". El análisis de la Comisión concluye que el Gran Ducado "ha adoptado medidas limitadas para abordar esta cuestión" y habla de "la necesidad de una acción más integral para garantizar un entorno fiscal justo y transparente". Es casi con las mismas palabras lo que denuncia Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón: "Hemos avanzado en el primer peldaño, que es la transparencia fiscal, pero no se ha hecho nada por combatir la agresividad fiscal".

El documento de la Comisión pone el foco especialmente en los pagos al exterior. Se trata del proceso que utiliza una empresa o filial en Luxemburgo para pagar intereses o royalties a otra compañía del grupo situada en otro país, habitualmente con una fiscalidad aún más ventajosa. Esos desembolsos se convierten en gastos deducibles, a pesar de que suelen ser gastos artificiales empleados para reducir el beneficio final de la empresa en Luxemburgo y trasladar parte de las ganancias a esa otra jurisdicción donde van a tributar menos por ellas.

Luxemburgo solo ha limitado que ese tipo de gastos no sean deducibles cuando se realizan a empresas en países de la lista negra fiscal de la Unión Europea —lo que la UE considera como 'países que no cooperan con la UE o no han cumplido plenamente sus compromisos'—, que a día de hoy solo está formada por diez Estados. Debido a ello, esta estrategia mercantil —uno de los principales beneficios fiscales que opera en Luxemburgo— puede seguir siendo utilizada con muchas otras jurisdicciones de baja tributación. Según explica Giulia Aliprandi, investigadora del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, "en términos mercantiles, Luxemburgo es muy bueno adoptando las normas europeas, pero es aún mejor encontrando huecos que les permiten sortearlas legalmente". 

La Comisión resume esa estrategia con los gastos deducibles en el informe de la siguiente forma: "El país se utiliza como canal para los flujos de capital y la optimización financiera por parte de los grupos multinacionales". Es decir, las grandes empresas multinacionales utilizan Luxemburgo para trasladar beneficios de forma artificial de unos países a otros y conseguir, así, pagar menos impuestos.

Esa forma de operar con los gastos artificiales para enviar beneficios a otro país es uno de los mecanismos tradicionales utilizados por las multinacionales para evitar pagar más impuestos. Este tipo de tretas se engloban dentro de la estrategia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), contra la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva luchando desde 2013 y a la que define como una forma de "aprovecharse de las lagunas y discrepancias en la normativa fiscal" internacional.

Otro de esos mecanismos BEPS que se llevan a cabo en Luxemburgo es el régimen de exención de dividendos y plusvalías que opera en el país. La fiscalidad del Gran Ducado permite a las empresas crear una sociedad para que ejerza como matriz y reciba los dividendos de las compañías del grupo en otros países sin volver a tributar en Luxemburgo.

Esta medida no es exclusiva de este pequeño Estado centroeuropeo, está implantada en la mayoría de países occidentales, incluso en España. "Se hace para evitar la doble imposición. Los dividendos quedan exentos porque ya han tributado los beneficios originales en el otro país. Pero en España se exige que el tipo nominal del impuesto de sociedades del país donde se generaron esos beneficios sea de, al menos, el 10%. Luxemburgo no exige ese mínimo", resume José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Si el factor de los gastos deducibles hace que el dinero fluya de Luxemburgo hacia fuera, la exención de dividendos opera de forma inversa, es decir, el dinero llega desde otros países a Luxemburgo. En cualquier caso, ambos mecanismos operan como beneficios fiscales y convierten al país en un "canal para los flujos de capital y la optimización financiera", como asegura la Comisión Europea en su reciente análisis del país. 

Esta estrategia es la que utiliza, por ejemplo, Amancio Ortega con su holding inmobiliario internacional. Tal y como ha revelado infoLibre en la primera entrega de esta investigación, muchas de las sociedades del mismo pertenecen a sus empresas luxemburguesas, lo que le permite beneficiarse de esa exención en el reparto de dividendos. 

Estos entramados de sociedades a nivel internacional utilizan Luxemburgo como un "país conducto" o intermediario que neutraliza la carga fiscal, "logrando disminuir los impuestos globales en toda la estructura del grupo empresarial", explica Giulia Aliprandi.

Todos estos factores, junto con las cifras de inversión extranjera "desproporcionadas respecto a su PIB" que atrae Luxemburgo, provocan que, en opinión de Susana Ruiz, el Gran Ducado "siga siendo un paraíso fiscal". De forma oficial, sin embargo, ya no lo es. Para España dejó de figurar en la lista de paraísos —técnicamente,"jurisdicciones no cooperativas"— en 2010, cuando entró en vigor el convenio de doble imposición y se instauró el intercambio de información. Un año antes la OCDE ya lo había sacado de su "lista gris", y en la de la UE nunca ha estado incluido porque solo evalúa a países externos a la Unión. 

Aun así, el Parlamento Europeo lo señaló en 2019 —junto a Irlanda, Países Bajos, Malta y Chipre— como un país con características propias de un paraíso fiscal. Los expertos consultados por infoLibre coinciden en denominar, a día de hoy, a los mismos países como los más atractivos de la UE a nivel fiscal para grandes fortunas tanto empresariales como familiares. 

La primera entrega de 'OpenLux' fue posible gracias a que en 2021, los titulares reales de las empresas —conocidos también como beneficiarios finales— eran públicos. Le Monde pudo extraer esos datos de las sociedades luxemburguesas de un registro abierto, sin necesidad de que se produjera una filtración. Pero esto ya no es así. 

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE cerró en noviembre de 2022 el acceso público, y hoy quien quiere consultar quién está detrás de una sociedad debe acreditar un "interés legítimo" para utilizar el registro. Pero la opacidad de Luxemburgo nunca dependió exclusivamente de la facilidad de acceso a su registro: ya cuando el acceso era libre la mitad de sus empresas no declaraba su titularidad real, como reveló 'OpenLux'.

Susana Ruiz lo resume en dos realidades que se dan a la vez: "Hay más transparencia formal porque el marco regulatorio de la UE y de la OCDE así lo exige", pero al mismo tiempo hay "una gran impunidad para seguir operando con opacidad". El problema, sostiene, "no es la falta de información teórica, porque los datos están ahí, sino que el tratamiento fiscal que reciben sigue siendo desproporcionadamente ventajoso".

Esa opacidad real tiene un instrumento estrella: la SCSp (société en commandite speciale), una figura que permite a los socios y accionistas no registrarse en el documento de constitución. Así, los verdaderos dueños de la empresa en cada momento solo constan —o deberían constar— en el registro de titularidades reales, que no es de acceso libre. Sin embargo, con esta forma de proceder es imposible establecer un histórico de los accionistas. Además, estas compañías tampoco registran sus cuentas anuales, por lo que no se puede fiscalizar su valor o su actividad.

Esta figura societaria es la elegida, por ejemplo, por Jordi Pujol Gironès, nieto del expresident de Cataluña Jordi Pujol, uno de los primeros nombres revelados por la investigación de infoLibre. Es titular al 50% de una SCSp denominada Casa de Datos, que comparte con Niccolò Belingardi Clusoni. La naturaleza de la mercantil impide rastrear su actividad e inversiones, pero Belingardi es fundador de Belfin Capital, una compañía suiza dedicada a la inversión inmobiliaria en activos de lujo, que posee varios edificios en Suiza y el norte de Italia.

Esta línea de negocio no es ajena a Pujol Gironés, que ha desarrollado parte de su carrera laboral en Blackstone, precisamente uno de los mayores fondos de inversión inmobiliaria del mundo, como informó El Confidencial. Pujol y Belingardi también tienen en común ser 'hijos de'. El primero, de Jordi Pujol Ferrusola, que no ha ocupado ningún cargo público, pero sí ha acumulado relevancia mediática a cuenta de su imputación en la Audiencia Nacional —junto a su exesposa y madre de Pujol Gironès, Mercè Gironés— por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito fiscal; y el segundo de Vittorio Belingardi, que ha ostentado importantes cargos en sociedades públicas italianas como las que gestionan el metro o el aeropuerto de Milán, los ferrocarriles estatales o el Comité de Inversiones Públicas de Lombardía.

Las leyes europeas obligan a Luxemburgo a colaborar con otros países en materia de lucha contra los delitos económicos, y la "transparencia formal" ha aumentado mucho en los últimos años, apunta Susana Ruiz. Sin embargo, en la práctica, la opacidad persiste, asegura la experta. El hecho de que el registro de titulares no permita identificar con precisión a todos los beneficiarios finales de las empresas o figuras como las SCSp dificultan enormemente la labor de las autoridades fiscales. 

Sobre el papel, la Hacienda española y el resto de agencias europeas deberían recibir de forma automática la información de todos los titulares de cuentas y fondos en Luxemburgo. Pero, "si cruzamos el volumen descomunal de sociedades y activos registrados allí con lo que realmente se declara en los países de origen, las cifras son totalmente incompatibles", señala Ruiz. 

Aunque Luxemburgo no ofrece acceso público al registro de titularidades reales de sus empresas, sino que exige cumplir determinados requisitos, no sale perdiendo respecto a España en términos de transparencia. En nuestro país el acceso a este registro tampoco es libre y también exige justificar un interés legítimo, que da acceso a datos limitados y previo registro. Además, otros datos se publican únicamente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), que tampoco tiene un buscador con toda la información en abierto.

Luxemburgo, en el caso de las sociedades que no son SCSp, permite consultar las cuentas anuales sin declarar la causa del interés ni abonar ningún coste, mientras que en España es necesario pagar una tasa para acceder a los mismos documentos, lo que en el caso de grandes entramados empresariales con muchas matrices y sociedades relacionadas, encarece y dificulta la investigación periodística, especialmente para medios independientes como infoLibre. 

Susana Ruiz coincide en el diagnóstico y en la necesidad de mejorar la transparencia del registro mercantil en España, pero matiza que, dado el volumen de transacciones e inversión que acumula Luxemburgo, supone un mayor "foco de problemas" que el resto de países. Mollinedo coincide en que, en algunos aspectos, el registro de Luxemburgo funciona en términos de transparencia mejor que el español: "En Luxemburgo el acceso para conocer quiénes son los beneficiarios últimos de manera pública es gratuito. En España, por mantener el status quo de los registradores, es necesario solicitarlo y pagar por ello".

El martes 9 de diciembre de 2025, el doctor Carlos Mur de Viu no se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla. El que fuera alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la crisis del covid estaba citado a declarar como investigado por la gestión de los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, desvelados en exclusiva por infoLibre. El plantón judicial provocó un terremoto inmediato: las acusaciones particulares de las víctimas solicitaron orden de busca y captura al alegar que el ex alto cargo de la Comunidad de Madrid se encontraba en paradero desconocido.

Tampoco se presentó el ex director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a su siguiente cita relevante, fechada justo una semana después, el martes 16 de diciembre, en una notaría de Luxemburgo. Pero allí, al menos, se había molestado en delegar. Mediante un poder firmado por Mur, una empleada de la notaría comparecía en su nombre para un fin muy distinto al de dar explicaciones a la Justicia. En el Gran Ducado buscaba formalizar la disolución de Rentados SA, una sociedad anónima familiar registrada en Luxemburgo de la que el médico, en ese momento, controlaba el 100% de las acciones.

La extinción de esta firma mercantil, ejecutada mediante una transmisión universal de patrimonio a favor de Mur —es decir, los fondos que quedaban en la empresa pasaron a pertenecerle a él, como único accionista— puso fin a un vehículo societario abierto a finales de 2011. La empresa llegó a manejar en su pasivo un préstamo de 1,5 millones de euros que durante años se distribuyó en forma de créditos a "empresas vinculadas". 

La identidad de las empresas receptoras no aparece desglosada en las cuentas públicas debido a que la legislación de Luxemburgo exime de ese nivel de detalle a las sociedades que presentan balances en formato abreviado. El desmantelamiento definitivo de la estructura se ha completado después de la mudanza del ex director general a Andorra la Vella (un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España), localidad que ya declaró como su domicilio oficial ante el notario y desde la que actualmente comparece ante el juez por videoconferencia tras haberse ampliado recientemente la investigación penal al delito de prevaricación.

Como director general de Coordinación Sociosanitaria del SERMAS, Carlos Mur de Viu firmó en marzo de 2020 los protocolos que restringieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales. Destituido por Isabel Díaz Ayuso en mayo de ese año, es el principal cargo político del Gobierno madrileño que ha sido imputado por la gestión de la pandemia. En su caso, por homicidio imprudente y denegación de auxilio, en distintas causas repartidas por diversos juzgados de la región.

El procedimiento se ha convertido en un cruce de acusaciones donde, por un lado, directores de centros y mandos intermedios han testificado que Mur redactó y ordenó por correo aplicar los criterios de exclusión. Por otro, en sus declaraciones por videoconferencia desde Andorra, Mur deriva la responsabilidad hacia arriba y sostiene que las directrices formaban parte de un plan diseñado por la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero.

La semilla de Rentados SA se plantó formalmente el 14 de diciembre de 2011. Su único accionista y fundador original fue el padre de Carlos Mur, José María Mur Bernad, líder histórico del Partido Aragonés (PAR) —por el que fue presidente de las Cortes de Aragón, diputado nacional y senador— y que eligió el Gran Ducado para registrar la mercantil el mismo año en que dejó su escaño como senador en las Cortes Generales, su último cargo público.  

La vinculación de Mur padre con los negocios inmobiliarios, sin embargo, venía de lejos y ya le había causado problemas fiscales. En los años noventa, el entonces diputado nacional tuvo que comparecer ante la Comisión del Estatuto de los Diputados en el Congreso para defender la compatibilidad de su escaño con su actividad privada como agente de la propiedad inmobiliaria y socio mayoritario en una veintena de empresas de su comunidad. En esa misma época, el Ejecutivo aragonés llegó a cifrar en unos 80 millones de pesetas un presunto fraude fiscal cometido por el político en la venta de unos terrenos en Zaragoza. El caso se originó tras una denuncia del PSOE, que criticaba el desfase entre las cantidades que Mur había escriturado y la valoración real del suelo.

Décadas después de aquella batalla política y fiscal, las cuentas anuales de su firma luxemburguesa reflejan que funcionaba sin estructura operativa alguna: nunca llegó a tener a un solo trabajador en nómina y carecía de actividad comercial directa. Pese a ello, la sociedad dispuso desde su primer ejercicio fiscal de un notable músculo financiero, registrando en su pasivo deudas con entidades de crédito a largo plazo por valor de 1,5 millones de euros.

El relevo definitivo en la propiedad de la estructura internacional luxemburguesa se produjo en el momento más delicado para el ex alto cargo del Gobierno de Ayuso. Según los datos del registro de Luxemburgo, fue el 18 de enero de 2023 cuando se formalizó el cambio de titularidad familiar en el que José María Mur cedió el total de las acciones a su hijo Carlos. Por aquellas fechas, la gestión sanitaria del facultativo ya acumulaba un goteo constante de querellas y denuncias en los juzgados por parte de los colectivos de familiares de las víctimas del covid.

A partir de ese traspaso entre padre e hijo, la contabilidad de la firma luxemburguesa pisó el acelerador para su desmantelamiento. En un movimiento paralelo al avance de las pesquisas judiciales en España, las "empresas vinculadas" devolvieron de golpe los saldos pendientes a la matriz. Con esa liquidez, la sociedad amortizó y saldó por completo la deuda histórica de 1,5 millones de euros que arrastraba en su pasivo desde su fundación, dejando el valor de la mercantil en 111.000 euros invertidos en valores bursátiles.

Para asegurar el control de la última fase de la empresa, Carlos Mur se inscribió formalmente como administrador en el consejo de administración a finales de 2024. 

Aunque las cuentas en Luxemburgo mantuvieron bajo llave la identidad de las firmas receptoras de los fondos, el rastro de las inversiones familiares en España apunta hacia el sector del ladrillo. En octubre de 2019, al ser nombrado director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur cumplimentó su correspondiente declaración de bienes ante la Comunidad de Madrid.

En aquel documento público, el facultativo no incluyó rastro de la firma de Luxemburgo —cuyas participaciones seguían en ese momento a nombre de su padre—, pero sí declaró poseer acciones por un valor de 32.000 euros en la mercantil española Valiner SL, a la que describió de su puño y letra como una "empresa inmobiliaria y promotora familiar". Esta sociedad promotora, que maneja un capital social superior al millón de euros, cuenta con María Pilar de Viu Oliván, la madre de Carlos Mur, como administradora única y controla a su vez una red de empresas dedicadas a la construcción en territorio nacional.

Los balances oficiales de Valiner SL depositados en el Registro Mercantil demuestran que, detrás de la modesta etiqueta de "empresa familiar", se esconde un mastodóntico holding patrimonial. La sociedad maneja un activo total de 16,4 millones de euros y unos fondos propios que rozan los 15,7 millones. Con apenas dos empleados en plantilla —uno de ellos la propia María Pilar de Viu—, opera como el centro financiero de un entramado que controla al 100% diversas filiales de construcción y que riega con créditos internos a más de una docena de empresas del grupo.

En el corazón de este entramado también aparece el hermano del ex alto cargo, José Ángel Mur Viu, que consta en el accionariado y ejerce actualmente como apoderado de la matriz. Su nombre arrastra un complejo historial en las crónicas de tribunales. El hermano del firmante de los Protocolos de la Vergüenza madrileños fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, tras probarse que participó en el desvío ilícito de casi 10 millones de euros pertenecientes a un gigante fotovoltaico chino mediante facturas falsas emitidas a sociedades pantalla en Países Bajos y Chequia.

La magnitud de los negocios energéticos de los Mur y sus socios llegó a salpicar a las cloacas del Estado. La multinacional asiática estafada contrató en secreto al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su grupo empresarial Cenyt, según declaró uno de sus socios, para que recuperara el dinero robado por la trama española. Una carambola de reuniones grabadas y amenazas que terminó en la Audiencia Nacional bajo el mando del juez Manuel García-Castellón, dentro del conocido como caso Villarejo. 

infoLibre ha contactado con Carlos y José María Mur para recabar su versión sobre los hechos que se detallan en este artículo. El histórico líder del PAR y exparlamentario en ambas cámaras no ha atendido a las preguntas de este periódico. Su hijo Carlos sí ha respondido para defender la legalidad de los movimientos y desvincularse de la matriz española: "En el caso de Valiner, he sido y soy completamente ajeno a su desarrollo de negocio y al detalle de su ejecución". 

Respecto a la sociedad luxemburguesa, Mur declara que asumió el control de Rentados SA tras una "sobrevenida situación personal" de su padre y que la firma estaba al corriente de sus obligaciones pero sin actividad. "Si decidí su extinción fue por la única razón de que ni tenía operativa ni la iba a tener. Dicha decisión no tuvo relación con el avance de ninguna causa", afirma.

Garamendi casi se echa a llorar otra vez esta semana. “Los ciudadanos están perplejos con lo que están viendo”, ha dicho el presidente de la CEOE con dramatismo, convertido al parecer en portavoz de la ciudadanía. ¿Cómo ha pasado este señor de representar a los empresarios a arrogarse la representación de los españoles en general? Escuchamos tantas bobadas al día que ya ni nos extraña que un empleado del poder económico se ponga al frente de la manifestación. 

“Quedan solo unos meses para que haya elecciones internas. Existe una corriente de malestar contra Garamendi dentro de determinados sectores de la CEOE, porque se le considera muy blando y demasiado pactista. A eso se deben sus declaraciones tan beligerantes de esta semana. Las aguas bajan turbias y podría estar armándose otra candidatura. Si él no es capaz de presentar una candidatura potente, esa posibilidad está encima de la mesa”, dice una fuente próxima a la patronal. Misterio resuelto, al pobre Garamendi le están presionando.

Si hay algo que destacar del presidente de la CEOE es que es un ser humano sensible. Hay que ver cómo lloró cuando sus amigotes de derechas dudaron de su integridad ideológica. Hace justo tres años, le preguntaron en una entrevista por los indultos y respondió: “Si esto acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenido sea”. Lo pasó mal y no se contuvo a la hora de mostrar sus sentimientos cuando en una asamblea de la patronal los suyos le aplaudieron. Qué momento tan enternecedor. Quienes le acusan de machirulo por su beligerancia hacia la ministra de Trabajo deberían tener presente que sus lágrimas fueron una demostración de su interés por romper con la masculinidad tóxica. 

Tiene una profesión muy estresante. Los más de 400.000 euros que se embolsa al año no son gratis, se le exige sudar la camiseta como a los trabajadores a los que niega 37 euros de subida del salario mínimo en 2026. Da igual que gane 23 veces el SMI, como apuntó Yolanda Díaz, a la que ataca constantemente por defender los derechos más básicos; él también está al servicio de sus empleadores. En el fondo debe de ser un buen hombre. Lo que pasa es que se han vuelto a malinterpretar sus palabras, como con los indultos. Con lo de la ‘perplejidad’ se debía de referir a que la gente está flipando con que las empresas del IBEX nunca habían ganado tanto dinero como en 2025, obteniendo beneficios inéditos mientras los sueldos de la plebe no se corresponden con la riqueza que han contribuido a crear. 

Cuando el presidente de la CEOE dice “levantemos las alfombras, porque los casos de corrupción son increíbles”, debe de estar pensando en los 4,4 millones de euros que ha percibido el novio de Ayuso de Quirón. Por supuesto, urge depurar responsabilidades. ¿Cuándo se ha visto que un grupo sanitario privado que percibe 1.000 millones anuales de la Comunidad de Madrid riegue de dinero a la pareja de una presidenta? Y eso que el caso avanza a paso de tortuga mientras las causas contra el entorno de Sánchez alcanzan velocidad de crucero. Estamos contigo, Garamendi, no se puede consentir. Qué despropósito. Para que luego alguien pueda pensar que no se la juega para que se haga justicia en este país. Sobre todo teniendo en cuenta que dentro de cinco meses hay elecciones en la patronal. Pero así es él, va a por todas. Como dice el líder espiritual de la derecha: "El que pueda hacer, que haga". 

Ya que estamos en época de limpieza general, sería ideal levantar de paso las alfombras de la CEOE. Conviene tener todo impoluto para noviembre, no vaya a presentarse una alternativa, como sucedió en las anteriores elecciones con la vicepresidenta de la patronal catalana, que en lugar de querer presionar a Garamendi, vaya dispuesta de verdad a arrebatarle el sueldazo. Y eso no, que si ganan PP-Vox las próximas elecciones, tiene que poder colgarse la medalla de recuperar la reforma laboral de Rajoy de 2012, en la que se desmanteló la negociación colectiva y se abarató el despido. Hay que evitar a toda costa que llore otra vez.

Quería centrar esta columna en un tema que me inquieta: la necesidad de apostar por la soberanía digital europea ante el oligopolio de Silicon Valley, más después del anuncio de Anthropic de suspender el acceso extranjero a sus modelos de IA más avanzados, para cumplir con una directiva aprobada por la Administración Trump. EEUU no quiere que ciudadanos extranjeros puedan acceder a la tecnología más potente del planeta, porque desea reservarse su posición privilegiada. Cero sorpresa. Los líderes occidentales reunidos en Francia en la cumbre del G7 enarbolaron inmediatamente su discurso de batalla: soberanía tecnológica europea. Algo habrá que hacer. El caso es qué y cómo.

En estas estaba cuando ayer mismo me tropecé con un gran titular: el Gobierno invertirá 719 millones de euros en un proyecto español para desarrollar una gigafactoría de IA que estaría cofinanciada por Telefónica, Banco Santander y ACS. Sin entrar a valorar los compañeros de viaje de esta iniciativa, mientras leía la noticia yo pensaba en el nuevo mapa de España que se va dibujando a golpe de titulares y anuncios de inversión pública y privada, que pinta una redistribución territorial del Estado en términos de negocio (y de futuro). Y ahí cambié de idea sobre el tema de esta columna.

Llevamos meses entretenidos con discusiones sobre ChatGPT, algoritmos y demás detalles que empequeñecen el debate sobre la inteligencia artificial cuando la cuestión importante es la del territorio. Se han ido encadenando los anuncios, realizados a bombo y platillo: Aragón quiere convertirse en la potencia eléctrica; Extremadura y Asturias piden la revancha de la periferia energética; Cataluña apuesta por la ciencia y el conocimiento; Galicia por la supercomputación; Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja… Miles de millones de euros y hectáreas de suelo industrial prometidos en clave de liderazgo o reindustrialización y resulta que el debate de fondo es cómo se posicionan para el futuro inmediato. 

Durante décadas el foco se puso en cuestiones como a dónde y cuándo llegaba el AVE, dónde se construían fábricas, dónde se proyectaban los grandes centros logísticos y, como consecuencia de todo ello, dónde se sumaba población y dónde se vaciaba el territorio. Seguramente el efecto será el mismo, pero el objetivo hoy está en cómo competir para diferenciarse en el mercado de la inteligencia artificial. Mientras Aragón, Madrid y Extremadura (por citar algunos ejemplos) apuestan por localizar en su territorio grandes infraestructuras que atraigan a los gigantes tecnológicos, Cataluña lo hace por las universidades y el talento científico: supercomputación e inversión en startups tecnológicas. No es la única, Galicia y otras comunidades también han entendido que quizá compense más en invertir en el verdadero valor de una revolución tecnológica, que rara vez se sitúa en construir edificios. 

Es pronto para saber quién acierta. Seguramente en el corto plazo el dinero de las inversiones extranjeras será muy aplaudido. Las cifras espectaculares llegan acompañadas de excavadoras y empleo en el sector de la construcción, que son fáciles de inaugurar y de fotografiar. El conocimiento, por otro lado, está muy devaluado y tiene peor prensa. Además, necesita tiempo y los políticos no lo tienen. Sin embargo, suele dejar una huella más profunda en el tejido económico. La inteligencia artificial está generando una nueva división territorial de España y ambas opciones no son incompatibles, pero tampoco son equivalentes. 

Dentro de 20 años observaremos el mapa y puede que aplaudamos la inversión que llegó al calor de las infraestructuras, a pesar del coste energético y medioambiental. No sabemos qué sociedad juzgará este tiempo, pero quizá sea una capaz de reconocer dónde se instalaron las empresas, se patentaron los avances tecnológicos, se creó empleo de calidad y bien pagado. Y dónde se tomaron las decisiones. Hoy lo que toca es decidir qué parte de España se apunta a construir y cuál invierte en retener y captar el talento. Hay sitio y votantes para las dos.

El uso de falsos reclamos ecologistas para atraer clientes, una práctica habitual de las grandes compañías energéticas, ha saltado al sector de las telecomunicaciones. En la última década las operadoras de telefonía móvil han comenzado a vender electricidad y gas (que compran a terceros) aprovechando su gran base de clientes de telefonía, y para hacerlo han copiado las técnicas y eslóganes del sector: pintar su web de color verde y prometer replantar bosques para compensar lo que contamina su producto.

La organización de consumidores CECU considera que algunas de estas prácticas se pueden considerar greenwashing, o publicidad ambiental engañosa, y ha denunciado a Jazztel, Yoigo y Pepeenergy (de Pepephone) ante el Ministerio de Consumo para que fuerce a estas empresas –todas del grupo MásOrange– a retirar estos reclamos. También ha pedido que investigue por este mismo motivo a las energéticas TotalEnergies, Naturgy y Audax Renovables.

La denuncia forma parte de una campaña europea más grande en la que CECU y otras 11 organizaciones han pedido a la Comisión Europea que investigue a los gigantes TotalEnergies, Engie, Eni Plenitude y Shell por llevar a cabo campañas de greenwashing a nivel europeo. Básicamente, las ONG acusan a estas compañías de sacar pecho de luchar contra el cambio climático cuando son algunas de las grandes responsables del calentamiento global.

En todo caso, ni la denuncia interpuesta en Bruselas ni la de Madrid serán canalizadas por la vía jurídica, sino que solo pondrán sobre alerta a las autoridades nacionales y europeas para que tomen medidas. "Nosotros lo que hacemos es señalar", aclara Soledad Montero, encargada de energía en CECU. "Ahora son las autoridades las que tienen que investigar y llamar la atención, y si no toman medidas, multar. Si la ley no se cumple es papel mojado", añade.

Las tres 'telecos' españolas denunciadas ante la Dirección General de Consumo comparten una misma campaña en la que aseguran que las emisiones de CO2 de sus clientes de electricidad y gas natural se compensan con la plantación de árboles. Esta práctica es internacionalmente considerada como greenwashing porque numerosos estudios de ONG han certificado que la reforestación es nunca o casi nunca verificable, y sirve para justificar negocios extremadamente contaminantes.

De hecho, la nueva directiva europea de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, la conocida como directiva contra el greenwashing, aprobada en 2024, prohíbe la publicidad que promete compensar el carbono emitido por el usuario mediante acciones como plantar árboles o instalar tecnología de captura del CO2 del aire, "ya que dan a los consumidores la falsa impresión de que el consumo de ese producto no tiene ningún impacto medioambiental". El problema es que esta directiva no entra en vigor hasta el próximo 27 de septiembre y debe ser además traspuesta a la normativa española para que sea vinculante en este país, de manera que la ley por ahora no impide claramente las prácticas de estas empresas de telefonía.

Tanto la web de Yoigo como de Pepeenergy recogen que las compañías calculan las emisiones de CO2 de sus clientes de gas natural y plantan árboles para compensar esa contaminación. Como ejemplo de éxito ambas citan el mismo proyecto: la repoblación de la Playa de Torimbia, en Llanes (Asturias), una zona que en teoría ha sufrido diferentes incendios en la última década. Sin embargo, no aclaran cuántos ejemplares se han plantado ni su equivalencia en toneladas de CO2. 

Este anuncio, de hecho, podría estar solapándose con otra campaña de publicidad de este mismo grupo empresarial. El informe de sostenibilidad de de 2025 de MásOrange, la matriz, también hace referencia a "un terreno reforestado de Asturias", pero para otra campaña diferente: “Quien tiene un amigo tiene un árbol, con la que se planta un árbol cada vez que el amigo de un cliente se da de alta en Pepephone".

En el caso de las energéticas españolas denunciadas a Consumo, lo que persigue la organización española es retirar diferentes afirmaciones falsas que confunden al ciudadano. Por ejemplo, Audax promociona sus tarifas señalando en la web que el gas natural "tiene un reducido impacto ambiental en comparación con otras fuentes energéticas", cuando en este momento el gas es la fuente más contaminante de entre las principales del sistema eléctrico español. En el caso de Naturgy, piden que retire reclamos como "¿Por qué contratar la luz y el gas con Naturgy? La tranquilidad de cuidar el planeta", pese a que es año tras año una de las empresas en el top cinco más contaminantes de España.

La principal base legal que ha servido para poner sobreaviso a las autoridades es la directiva de prácticas comerciales desleales de 2005, que prohíbe publicitarse con "información falsa o carente de veracidad (...) que pueda "inducir a error o engañe al consumidor medio". El problema es que esta legislación es antigua y no es específica para el greenwashing, de manera que en los últimos años no ha sido suficiente para denunciar a las empresas por promesas falsas ambientales porque está ampliamente abierta a la interpretación del juez.

La segunda directiva que citan es la antigreenwashing de 2024, que fue precisamente impulsada por la Comisión Europea para aclarar y corregir ese vacío legal de la publicidad verde. En ella se prohíben, entre otras cosas, que las compañías utilicen afirmaciones ambientales genéricas, como usar la etiqueta eco o bio en un producto sin una argumentación científica, o decir que un producto "ayuda al consumidor a cumplir con sus compromisos ambientales", una coletilla que recoge la francesa Engie en su web.

Otro de los cambios que incluirá esta directiva, cuando entre por completo en vigor en tres meses, será el veto de los llamados reclamos 'halo', que suponen engrandecer un pequeño hito ambiental de una empresa para simular que todos sus productos y la compañía, en general, es verde. Por ejemplo, que un fabricante de petróleo se anuncie como una empresa comprometida con el medioambiente solo porque uno de sus combustibles tiene un pequeño contenido de biocarburante, otro ejemplo clásico del sector del transporte.

Gustavo Fuentes, director general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), ha sido imputado como presunto autor de delitos de agresión y acoso sexual, según ha adelantado esta semana elDiario.es. La víctima relata episodios de violencia sostenida en el tiempo –con tres agresiones específicas en 2013, 2021 y 2023– y humillaciones a los ojos de todos, según acreditan sus propios compañeros. Y las empresas responsables de velar por la seguridad de su trabajadora se excusan aludiendo a la existencia de protocolos de prevención a los que jamás llegó ninguna denuncia. 

Así lo señaló el martes Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) mediante un comunicado: su protocolo de actuación contempla "mecanismos de actuación aplicables" a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas, como es el caso de la productora. ADM es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía y que está, además, asociada a la RTVA. El ente público, su principal comprador institucional de contenidos, subraya que no le "consta" la presentación de ninguna "denuncia interna" en relación con los hechos publicados. 

Por su parte, la productora ha decidido suspender al presunto responsable, basándose en "los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones" y solo una vez los hechos quedaron en manos de la justicia. Es decir, cuando el daño llevaba más de una década instalado en el entorno laboral. 

Ambas entidades presumen de sus protocolos, pero ¿han sido útiles para la víctima? Esa es, precisamente, una de las cuestiones que con más insistencia plantean desde los sindicatos. Todas las empresas, con independencia del tamaño de su plantilla, tienen la obligación legal de establecer medidas de actuación, protección y prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo. La no adopción de estas medidas supone una infracción del ordenamiento jurídico. 

La ley de igualdad de 2007 obliga a las empresas a "promover condiciones de trabajo que eviten" el acoso sexual y por razón de sexo, un imperativo que años después quedó ampliado a la necesidad de impedir todo tipo de "delitos y otras conductas contra la libertad sexual", gracias a la conocida como ley del solo sí es sí. Además, España ratificó en el año 2022 el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El principio obliga a todos aquellos que lo suscriban a adoptar medidas de prevención, protección, control y reparación frente a estas conductas. 

Samuel Ortega, secretario de Organización en la sección sindical de UGT en RTVA y miembro de la Comisión de Igualdad de Canal Sur, recuerda la responsabilidad del ente público en lo que respecta a aquello que sucede en el seno de las empresas que prestan servicios para la televisión autonómica. En ese contexto, destaca que los miembros de la Comisión de Igualdad "siempre" han pedido, sin éxito, acceder y examinar los protocolos vigentes en las compañías que están en su órbita. 

"Es importante poder ver qué formación existe, cuáles son las medidas contempladas, quiénes son los miembros de los comités de denuncia y saber si la gente está informada", incide. Sin todos esos elementos, la mera existencia de los protocolos se revela insuficiente. 

"Si el protocolo no funciona, lo que hay que hacer es ponerlo a funcionar". Habla Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres de Comisiones Obreras (CCOO). Pero, sobre todo, asiente en conversación con este diario, la responsabilidad de las empresas debería ser "preguntarse por qué no ha funcionado el protocolo" y no excusar su inacción en la falta de denuncias, especialmente cuando la obligación de toda compañía pasa, en primer lugar, por la prevención y la detección. "Las mujeres no denunciamos cuando queremos, sino cuando podemos y como podemos", recuerda la responsable sindical. Señalar directamente a la ausencia de denuncias no solo parece ser una "excusa de alguien que no quiere involucrarse", sino que además "sitúa la responsabilidad en la víctima". 

Coincide Glòria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. "Volvemos a cargar todo el peso en la víctima", lamenta, una dinámica que pese a ser señalada constantemente por las expertas feministas sigue siendo dolorosamente frecuente. En oposición, la jueza cree importante "integrar en las empresas la obligación de que la denuncia no recaiga solamente en la víctima", en parte porque las mujeres no siempre encuentran una respuesta ágil, garantista y respetuosa en los mecanismos trazados por la propia compañía. 

Poyatos cree que, en términos generales, asistimos a un "cumplimiento más formal que real respecto a la legislación" en materia de prevención del acoso y la violencia sexual, lo que "dificulta mucho la detección y la toma de decisiones para impedir que la salud de las trabajadoras se vea afectada". Las empresas, completa, deben desarrollar una "diligencia activa en materia de prevención, no actuar como meras espectadoras", más aún en casos como el presente, cuando se trata ya no solo de salud laboral, sino de un posible delito.

"Cualquier espacio en el que una mujer interactúe con un hombre tiene que ser valorado desde un punto de vista de prevención de la violencia sexual a la que se expone", añade la jurista, por lo que el deber de las empresas pasa por saber "valorar ese riesgo que existe en los puestos de trabajo" con el fin de poder evitarlo. 

Las conductas denunciadas por la reportera de la productora sucedían a ojos de la mayoría. Los comentarios sexistas, misóginos y discriminatorios los pronunciaba el presunto agresor en público, sin pudor alguno y ante el silencio cómplice de quienes escuchaban, según se ha publicado este miércoles. Pese a que la violencia trascendía del ámbito privado, nadie activó los protocolos.

Uno de los testimonios recogidos por elDiario.es señala directamente al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, como conocedor directo de las conductas denunciadas. El relato recogido parece evidenciar que la violencia era conocida no solo por compañeros y superiores de la productora, sino por cargos de responsabilidad dentro de la propia televisión autonómica. 

El protocolo de RTVA, consultado por este diario, indica que "en caso de hallarse implicado personal laboral de una empresa externa que esté prestando un servicio" para la cadena, se aplicarán "los medios de coordinación necesarios para llevar a cabo la investigación y adoptar las medidas más idóneas y urgentes que den solución al problema planteado y eviten su repetición". 

"La sociedad no puede mirar para otro lado, tiene que hacer red, formar, concienciar y hacer llegar a todas las personas trabajadoras el mensaje de que es necesario tener los ojos puestos en todas las compañeras", exclama Carolina Vidal. Si hay una herramienta para terminar con la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, más allá de la existencia necesaria de los protocolos, esa no es otra que "la presión de la plantilla", concluye la sindicalista.

La fiscalidad es un arma de doble filo. Rebajarla es, en principio, una estrategia popular entre los ciudadanos y una baza a la que se suele acoger la Comunidad de Madrid para posicionarse frente al Gobierno y ganar popularidad. Pero cuando se exploran las consecuencias de esta dinámica, esa popularidad se reduce. Si se da el caso de que estas bajadas impositivas empiezan a comprometer los servicios públicos, el porcentaje de personas a favor de reducir los impuestos cae también. Sin embargo, Madrid sigue avanzando en esa senda. La propia Isabel Díaz Ayuso ha presumido de acumular 36 rebajas fiscales durante su mandato y recientemente ha anunciado la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente que estará dentro de la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, destinada a bonificar los traspasos de empresas con nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Dicho así, puede sonar como una medida de gran impacto económico, pero lo cierto es que esta bonificación crece solo cuatro puntos porcentuales con respecto a lo que ya existe: desde el 95% hasta el 99%.

La baja fiscalidad es la piedra angular de la política de la Comunidad de Madrid y la presidenta madrileña suele anunciar ampliamente las medidas que refuerzan ese ideario. Sin embargo, lo que incluyen estas nuevas normas fiscales —que se pondrán en marcha previsiblemente este mes de junio— no es tan novedoso ni se espera que tenga un gran impacto en las cifras. José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha, explica que este nuevo servicio, la Oficina de Defensa del Contribuyente, es un mecanismo que ya existe a nivel estatal bajo el nombre de Consejo de Defensa del Contribuyente y ante el cual se pueden presentar reclamaciones que deriven luego en cambios normativos. "Recoge, al igual que haría la oficina madrileña, las quejas y sugerencias que no son judicializables", señala Mollinedo. Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, presentaba la medida señalando que la Comunidad quería garantizar unos derechos "reales y efectivos en la práctica" para los contribuyentes. Isabel Díaz Ayuso iba un poco más allá al señalar que su intención era proteger a los ciudadanos de los "excesos" de la Agencia Tributaria. Otro de sus mantras electorales.

Así, lo que realmente introduce como novedad el Anteproyecto de Ley de Defensa del Contribuyente son dos puntos: el compromiso de disculpa cuando se haya vulnerado algún derecho del cotizante y haya una sentencia judicial firme que lo avale y un agradecimiento por su cooperación. "La Administración tributaria autonómica agradecerá la cooperación a los obligados tributarios que hayan atendido y prestado la debida colaboración en el transcurso de un procedimiento inspector, cuando el mismo haya terminado sin regularización de la situación tributaria ni imposición de sanción", concluye el artículo 10 del anteproyecto.

En cuanto a la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, responde a la intención de promocionar que los pequeños negocios mantengan el relevo generacional. Es un problema que llevan tiempo denunciando las patronales, pero en este caso, desde Gestha consideran que la medida fiscal propuesta puede tener un impacto limitado, ya que no introduce grandes cambios con respecto a la regulación anterior. "El coste presupuestario estimado son dos millones de euros, una cantidad muy baja con respecto a las cifras de una comunidad como Madrid", explica Mollinedo. La nueva regulación, que esperan que tenga impacto en alrededor de 1.500 personas, amplía la bonificación fiscal cuando se traspase una empresa desde un 95% hasta un 99%, cuatro puntos porcentuales.

Lo que sí va a ampliar esta nueva norma es la posibilidad de aplicarse bonificaciones en un grado de parentesco familiar más amplio, como ya ocurrió en febrero del año pasado, cuando se elevó la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos desde el 25% hasta el 50%. En este caso, se aplicará a las compañías de forma que, tanto en transmisiones cuando el propietario haya fallecido como cuando se retira y la cede en vida, el traspaso de la empresa esté bonificado para familiares de tercer grado (tíos y sobrinos) y en cuarto grado, por afinidad o consanguinidad, haya requisitos flexibles de aplicación.

"Es posible que pueda tener efecto en el relevo la ampliación de los grados de parentesco, pero el coste presupuestario de la exención no parece que pueda movilizar a más gente. Calculan que puede afectar a 1.500 personas, pero es que esas personas ya disfrutan de una bonificación del 95%", valora Mollinedo.

El mantra de que pagar impuestos siempre ayuda en las urnas no es tan evidente. De hecho, un estudio de las universidades de Viena y Zurich sostiene que un 65% de los españoles apoya las bajadas fiscales, pero cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias (como un menor gasto en servicios públicos), el porcentaje cae hasta 10 puntos. Ahí es cuando el 55% de los españoles rechaza las bajadas de impuestos si suponen menos gasto público o más deuda. Por ejemplo, este tipo de políticas pierden pie si se considera que en Madrid ha aumentado un 125% la tasa de pacientes por cada 1.000 habitantes esperando una primera consulta en hospitales. También, si se compromete la viabilidad de la educación pública, como por ejemplo, no climatizando las aulas de los colegios públicos. Una cuestión que mantiene en pie de guerra estos días a las asociaciones de familias de colegios públicos de la Comunidad de Madrid. De hecho, el sindicato CCOO denunciaba también que la respuesta de la Consejería se ha limitado durante años a actuaciones aisladas e insuficientes. “Miles de docentes, personal educativo y alumnado continúan desarrollando su actividad en espacios que alcanzan temperaturas incompatibles con la salud", señalaron en un comunicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid presenta sus propuestas fiscales por oposición a la política fiscal del Gobierno y hace un mes reiteraba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba realizando la “mayor recaudación” de impuestos “a través del terror fiscal”. De hecho, en la presentación de los Presupuestos Generales de la comunidad, presumió de que las rebajas fiscales habían ahorrado a los contribuyentes “casi 40.000 millones de euros”, pese a que en la otra cara de la moneda está el hecho de que sea también la comunidad que menos gasta por habitante en servicios básicos, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Está por debajo del promedio nacional en sanidad, educación y servicios sociales y 42 puntos por debajo de la región que más invierte: País Vasco. 

Pese a ello, la baja fiscalidad sigue siendo el eje de su política. Un discurso que mantiene también el Partido Popular a nivel nacional y que se ha concretado en el lema del "infierno fiscal" que Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, ha reiterado contra el Ejecutivo. Sin embargo, esta vez, insisten desde Gestha, ni la bonificación ni la Oficina de Defensa del Contribuyente parecen tener el calado suficiente como para hacer bandera de ellas.

El poder económico catalán baila en círculos, como la sardana. Si se equivoca uno, afecta a todos. Un mensaje de cohesión y pertenencia, más que jerarquía. O eso se pretendía. Pero, esa danza donde se pone el interés colectivo en el centro se ha descompasado en los últimos años, y meses, debido a las turbulencias en las grandes empresas familiares, senyera económica y también social del país. Cuatro de las cinco mayores dinastías han atravesado culebrones familiares, escándalos o polémicas operaciones fallidas, mientras que otras muchas se han vendido al capital global. 

Ni Salvador Illa ni la presidenta del Cercle d'Economia, María Teresa García-Milà, se acordaron de esas grandes fortunas en la reunión anual de la élite empresarial catalana. Sí pusieron de manifiesto las fricciones de ese círculo con el socialismo catalán, arrastradas desde febrero, por temas como la regularización migratoria o la intervención de alquileres. De la retahíla de reproches de la presidenta del Cercle, que llegó a sostener que la política de vivienda avanza en la "dirección equivocada", a la respuesta, a ratos irónica, del jefe de la Generalitat. Todo para abrir boca a la principal cita económica en Cataluña, que mira más hacia China, Estados Unidos y Europa —o como echar mano al recién horneado pastel de la industria armamentística— que a Osona o El Penedès. De hecho, ninguna de las grandes familias de la terra figura entre las ponencias.

Tal vez haya quedado obsoleto aquel dicho del fundador de Planeta, José Manuel Lara, de que "los empresarios catalanes prefieren tener una tienda en el Paseo de Gracia que el 10% de El Corte Inglés, pero es mucho más importante tener el 10% de El Corte Inglés". Pues un par de generaciones después, a esa burguesía barcelonesa ya no le preocupa tanto la marca o el prestigio, sino sobrevivir a cualquier precio.

A comienzos de 2024 el fondo especulador Gothman City acusó a Grifols de manipular sus cuentas para maquillar un endeudamiento histórico y el valor de la farmacéutica catalana en bolsa sufrió un desplome del que todavía no se ha recuperado. A finales de ese año moría despeñado Isak Andic, el patriarca de Mango, que lograba torear el impacto por la pérdida gracias a un consejo de administración internacionalizado y preparado para ese relevo. Pero, las recientes acusaciones de asesinato contra el hijo, Jonathan Andic, han puesto en jaque la reputación del emporio. Y en medio de ese revuelo, se anunció que Puig cancelaba su fusión con la multinacional Estée Lauder, después de meses de negociaciones que, al truncarse, provocaron el batacazo del gigantes catalán de los cosméticos.

En 2023, la familia Rubiralta perdía Celsa por la decisión de un juez de aprobar un plan de reestructuración que entregaba la compañía acerera a un fondo acreedor tras años de agujero millonario. Meses después, un juzgado mercantil sancionaba a Francesc Rubiralta por retribuciones excesivas. Tal vez se salvan del ocaso las Daurella, encabezadas por Sol, dueñas de Cobega, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo, aún y con alguna imputación a sus espaldas en 2018. Ese año precisamente los desencuentros por el reparto de dividendos entre Joan y Josep, los hermanos Font propietarios de Bon Preu, casi hace pedazos a la cadena de supermercados.

"Los problemas y disputas de sucesión han sido una de las causas para la venta de empresas familiares catalanas, pero también la necesidad de internacionalización para la inyección de inversiones y competitividad", señala el investigador de la Universitat Pompeu Fabra, Andrei Boar, que destaca que "pese a los recientes golpes, se han mantenido a flote gracias a una sólida gobernanza de sus consejos de administración por encima de las personas". Sin embargo, el economista agrega que "el valle" que atraviesa la empresa catalana se debe a que "está sumida en una burocracia y legislación, que hace que sea más rentable venderla".

Ante esos desafíos, numerosos linajes catalanes han vendido sus empresas para vivir de sus activos e inversiones, como Manuel Lao con Cirsa (Nortia Capital), Alberto Palatchi con Pronovias (Galma Capital) o Ricardo Portabella con Grupo Anpora. Completan esa lista compañías emblemáticas como Abertis, Codorniu, Freixenet, FresCo, Ausonia o Palet. A la lista se sumó Mediapro en 2023, cuando un fondo chino apartó a Jaume Roures, fundador y socio gestor del conglomerado mediático. Tras su salida la nueva dirección despidió a 189 trabajadores.

"Son pocas las grandes empresas familiares catalanas, pero son referencia para las pymes, porque abren camino y estandarizan. Cataluña es una tierra con vocación comercial. No son sólo empresas, nos define como sociedad", indica a infoLibre la economista, Isabel Nogueroles, autora del libro El Poder del círculo en la empresa familiar. Nueve de cada diez empresas catalanas son familiares y generan el 70% de la riqueza, según datos de Ascef, que revelan el peso de este tipo de negocios en Cataluña respecto al resto del Estado. Los grandes linajes aportan el 5% del PIB catalán, crean mucho empleo y, sobre todo, "identidad". "Es más que un modelo económico, es un modelo social. Tienen mucho arraigo en el territorio, son un componente de desarrollo y un espacio de movilidad social", señala la analista sobre un gen catalán en mutación. Sus consecuencias ya se han empezado a notar, como indicaba García-Milà en el Cercle: "Cataluña ha crecido en los últimos años, pero con un modelo extensivo que ha supuesto más ocupación, pero menos productividad y salarios estancados".

Si el 55% del empresariado español (en Cataluña las cifras serán similares) tiene más de 60 años, en una década el ocaso actual será ya noche cerrada. Y todavía no hay ni tenoras ni tibles, ni en Cataluña ni en España, que salven esta sardana. "Políticamente se mira cada vez más a corto plazo, no hay una estrategia pública de país y esa miopía ahondará la crisis de la empresa familiar", considera Nogueroles. Una advertencia lanzada ya en 2021 por el Cercle d'Economia. "Denunciamos que hoy ni Barcelona ni Cataluña disponen de un modelo de prosperidad compartido y que cuente con la complicidad de todos los agentes. Por lo tanto, nuestro capital y nuestro país están arriesgando el futuro de todos: podemos quedar atrapados en una espiral de irrelevancia económica, de lenta pero inexorable decadencia", soltaban en un comunicado especialmente duro para una entidad empresarial guiada por la corrección política. 

Ese grito de auxilio se suma a los constantes reclamos de Foment del Treball, la principal patronal, presidida por Josep Sánchez Llibre, el lobista a cargo del regreso de las compañías tras la fuga por el procés. Pese a que algunas corporaciones como Sabadell y Criteria han vuelto a instalar su sede social en Cataluña, y pese a cierto dinamismo económico, todavía falta mucha diáspora por volver, sobre todo entre las pequeñas y medianas compañías que siguen sin encontrar incentivos en una de las comunidades con peor fiscalidad para el empresariado.

Ese fue uno de los reclamos que a mediados de año le hizo el empresariado catalán al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en otro círculo, el del Cercle Financer de La Caixa, antes de recibir a "aquel niño de Badajoz" como "el mejor interlocutor posible". Por la plaza del Cercle d'Economia danzarán el rey, Sánchez, Feijoó... y la cobla seguirá tocando para que cualquiera abandone o se una al círculo, pero siempre sin romper el ritmo.

¿Sabías que la Constitución española establece que, bajo el principio de igualdad, todos sus ciudadanos deben contribuir, de acuerdo con su capacidad económica, al sostenimiento de los gastos públicos? Pues hemos observado que hay algunos que no están cumpliendo esta norma y, además, están abusando de nosotros.

Imaginemos que tenemos un mineral precioso enterrado en nuestro jardín y nadie nos paga nada por extraerlo, venderlo o acumularlo. Algo parecido ocurre hoy con los datos digitales: tienen un valor económico enorme, se extraen masivamente y, sin embargo, las operaciones que los rodean no suelen pagarse ni someterse a tributación.

Cada vez que aceptamos las cookies en una web, usamos una red social o consultamos un mapa en el móvil generamos datos que las empresas aprovechan como materia prima. Nuestra investigación demuestra que este patrimonio digital invisible permanece, en gran medida, fuera del radar de los impuestos.

Pongamos un simple ejemplo: si accedemos a un periódico online aparecerá un mensaje diciéndonos que, si aceptamos el uso de cookies, podremos seguir navegando gratuitamente. Si, por el contrario, preferimos que no se nos monitoree mientras navegamos, podemos pagar una suscripción antiseguimiento.

Ahora miremos dónde está el truco: si no permitimos que la empresa se quede con nuestros datos deja de enriquecerles unos 2,5 euros al mes. Así que nos dicen que contratemos el servicio por esa misma cuantía para poder navegar sin ser muy monitoreados (porque lo seguiremos siendo igual). Eso sí, si pagamos con dinero los 2,50 euros incluyen el IVA. Si pagamos con los datos, no.

La Comisión Europea calculó que la aplicación de su ley de datos podría generar hasta 270.000 millones de euros adicionales de PIB para los países miembros antes de 2028. Una cifra que ilustra por qué hablar de datos es hablar de patrimonio, de riqueza real, y, en última instancia, de una brecha fiscal que los sistemas tributarios aún no han cerrado.

Este artículo explica qué son los datos digitales desde una perspectiva patrimonial y jurídica, cómo se intenta valorarlos y por qué el régimen fiscal actual genera una desconexión preocupante entre la economía digital y el sostenimiento del gasto público.

Durante siglos, el derecho patrimonial giró en torno a cosas tangibles: tierras, edificios, maquinaria. Incluso el concepto jurídico de “bien” se modeló sobre la idea de algo que se puede tocar y transferir físicamente. Los bienes digitales rompen esa lógica por completo.

Los bienes o activos digitales son parte del patrimonio de las personas físicas y de las personas jurídicas, pero a la dificultad de glosarlos se suma la complejidad de calificarlos. Respecto a lo que debe entenderse como bien, ya en 1978 el jurista José Castán Tobeñas defendía la existencia de “entidades” –materiales o inmateriales– capaces de satisfacer una utilidad económica a las personas.

Los datos, bienes digitales de inmaterialidad manifiesta, cumplen con el criterio de Tobeñas ya que se recopilan, se procesan, se intercambian y se monetizan. No perdamos de vista que a efectos tributarios los que no son bienes deben ser calificados como prestaciones de servicios.

No son pocos los investigadores que definen a los datos como el “oro negro” de la economía del siglo XXI. Pero, para poder someter a impuestos este oro, debe poder valorarse de alguna forma.

El Ministerio de Economía francés se refería, ya en 2013, a los datos personales como “la divisa más preciada del milenio”, que resulta ser gratuita para el mercado digital, por lo que las empresas se enriquecen sin pagar impuestos ni contribuir al esfuerzo colectivo del territorio donde residen los usuarios.

También en España, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública recoge, en su espacio sobre los datos, una reflexión sobre cuál es el valor de los datos. Basándose en el estudio británico “Transforming Highways England’s approach to data”, admite la diversidad de mecanismos para valorar los datos a efectos empresariales, no así a efectos legales.

Aceptado ya que los datos son patrimonio digital y que tienen valor, en la normativa tributaria actual no tienen un encaje concreto pues la falta de definición jurídica impide su calificación clara y cuantificación correcta.

Pese a este vacío legal, los mercados no esperan. Las valoraciones bursátiles de las grandes tecnológicas incorporan, implícitamente, el valor de sus repositorios de datos, ya sean abiertos y gratuito, como el de Common Crowl, o privados (cerrados) y onerosos como los de medios de comunicación.

La inteligencia artificial se alimenta de cantidades ingentes de datos y hay una lucha constante por hacer respetar la titularidad de dichos datos, que son usados gratuitamente al estar publicados en internet. En muchas ocasiones se vulneran los derechos de autor de los usuarios pues, al aceptar las condiciones de uso de las plataformas, aunque mantengan la propiedad de la información que introducen, les otorgan ilimitadamente derechos sobre los datos, que luego usan y copian indefinidamente con la sola contraprestación de haber dado acceso a la plataforma y sus contenidos.

La tenencia de estos datos puede condicionar, por ejemplo, las fusiones y adquisiciones societarias de plataformas y páginas web, ya que, a menudo, estas operaciones se deciden en función del tamaño y calidad de las bases de datos de las empresas. Los inversores lo saben y conocen este valor, que no se verá incluido en su justa medida en el valor de las empresas.

Este desajuste entre la existencia de un valor y su falta de reconocimiento en el tráfico económico conlleva que aquellos que quieran pagar impuestos por su tráfico no puedan hacerlo con la seguridad jurídica exigible. Además, quienes no quieren pagar impuestos se estén enriqueciendo injustamente sin contribuir al sostenimiento de los gastos públicos como el resto de contribuyente.

Sus datos valen millones, sí, pero no tributan.

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Ana Cediel es profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universitat de Lleida

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango ha salido en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le ha impuesto la jueza, tras tomarle declaración como investigado por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre Isak, en 2024.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tal y como solicitaba la Fiscalía, la titular de la plaza 5 de instrucción del Tribunal de Instancia de Martorell (Barcelona) ha fijado una fianza de un millón de euros al investigado, además de retirarle el pasaporte, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

En apenas minutos, tras notificársele el auto de la jueza instructora, Jonathan Andic ha consignado, por transferencia, el millón de euros de fianza y ha salido en libertad de los juzgados, acompañado de su abogado, Cristóbal Martell.

Ambos han abandonado las dependencias judiciales en un taxi, tras pasar por un cordón que habían habilitado los Mossos d'Esquadra para separarlos de los numerosos medios de comunicación que se agolpaban a las puertas de los juzgados de Martorell.

En su comparecencia ante la jueza instructora, el hijo del fundador de Mango se ha acogido a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado. Antes, se había negado a declarar ante los Mossos d'Esquadra en las dependencias policiales.

La jueza ha tomado declaración al sospechoso tras levantar el secreto de sumario de la investigación, lo que le ha permitido conocer las pruebas que le incriminan en la causa, que está abierta por un delito de homicidio.

El fundador del imperio de moda Mango, el hombre más rico de Cataluña, falleció el 14 de diciembre del año pasado, al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), una ruta sin grandes dificultades que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó provisionalmente la causa en enero de 2025, aunque la reabrió dos meses después para incorporar ampliaciones de atestados policiales, entre ellas las declaraciones de familiares y miembros del entorno de la víctima y el detenido que fueron interrogados como testigos por el juez instructor.

Tras la reapertura de la causa, los Mossos d'Esquadra dieron un nuevo impulso y centraron sus pesquisas en Jonathan Andic, al que el pasado mes de septiembre requirieron el teléfono móvil para analizarlo.

Desde entonces, la policía catalana ha estado analizando el registro de llamadas telefónicas y los mensajes del móvil de Andic y ha estado trabajando para recuperar algunos que habían sido borrados meses antes, en busca de indicios que arrojen luz sobre las circunstancias de la muerte del fundador de Mango.

Los Mossos basan sus sospechas en ciertas incongruencias que apreciaron en las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic tras la muerte de su padre -por ejemplo sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión- y en las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

También indagan si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre, una hipótesis que han negado de forma casi unánime los allegados del fundador de Mango que han sido interrogados por los Mossos como testigos, entre los que se cuentan desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango, según fuentes cercanas al caso.

Otra circunstancia que levanta las sospechas de los investigadores es que, al parecer, antes de salir de excursión por Montserrat el detenido pidiera al escolta que habitualmente se encargaba de la seguridad de Isak Andic que los dejara solos con el pretexto de que tenía que hablar en privado con su padre.

El Partido Popular ha convertido cada declaración de Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Mascarillas, en munición política contra el Gobierno de Pedro Sánchez pese a que Aldama no ha aportado pruebas de muchas de sus acusaciones, entre ellas que Sánchez es el número uno de la trama. Un argumento que trata de explotar el principal partido de la oposición, que ha llegado a proponeral presidente del Gobierno que se querelle contra el empresario para probar su propia inocencia.

Aldama se ha presentado durante los últimos meses como un mero peón de la trama pese a haber cobrado 6,6 millones “en concepto de comisiones” por esas adjudicaciones y ser el “jefe real” –según el teniente coronel Antonio Balas, investigador jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– de este caso de corrupción.  Según el informe de los investigadores, el comisionista y presunto conseguidor de la trama era el actor privado que conectaba los negocios con el poder político

Aunque en Génova dudan, en privado, de muchas de las acusaciones que ha lanzado tanto en platós de televisión como en el propio juicio, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha asumido como verdaderas esas acusaciones sin pruebas y, al formar parte de la acusación popular, ha rebajado la petición de pena para él de forma que ninguno de los delitos por los que solicita condena supera los dos años de prisión. Si esta rebaja se aplicara, Aldama podría librarse de entrar en la cárcel. 

El jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha llegado a decir que sería "posible" apreciar en este caso la atenuante "muy cualificada" por la colaboración de Aldama, que implicaría una rebaja de pena mayor que la que Anticorrupción –es decir, él mismo–, solicita en su escrito final de conclusiones. Actualmente la Fiscalía reclama siete años para Aldama, 24 para el exministro José Luis Ábalos y 19 años y medio para su exasesor Koldo García.

Desde el Gobierno han acusado al PP de tener una relación de connivencia con el empresario investigado que los conservadores niegan. A esto se le añade que Koldo García ha acusado al abogado del PP de haberle ofrecido un acuerdo a cambio de implicar a terceros. Los de Feijóo lo niegan —aunque en otras ocasiones sí han dado credibilidad al asesor de Ábalos—, pero lo cierto es que el mismo partido que se presenta como acusación implacable contra la corrupción no lo es tanto con los corruptores ni con las empresas que se beneficiaron o que aparecen señaladas en las diferentes piezas del sumario.

El núcleo empresarial del caso Mascarillas’ lo formaban Soluciones de Gestión, el entorno societario del Grupo Cueto y las sociedades de Aldama Deluxe Fortune y MTM 180 Capital. El PP, sin embargo, ha evitado dirigir cualquier tipo de responsabilidad hacia los corruptores y las compañías participantes, y su único objetivo ha sido el Gobierno y, esencialmente, Sánchez, pese a que el fiscal Luzón haya negado su implicación con rotundidad durante el procedimiento.

La indulgencia con Aldama no es una excepción, sino una suerte de patrón. En la pieza del caso Koldo que involucra a Acciona, la UCO ha atribuido a la compañía comportamientos "cuando menos cuestionables", y la ha situado como nexo empresarial en la presunta red de adjudicaciones amañadas vinculada a Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán. Varios cargos y exdirectivos de Acciona han sido citados o investigados en esa pieza, y la Guardia Civil considera que Servinabar obtuvo buena parte de sus ingresos de obras con Acciona, presuntamente a cambio de un porcentaje de adjudicaciones. 

Pero la relación de esta gran contratista de obra pública con tangentes, mordidas y amaño de contratos no es nueva. Ocho empleados con distintos niveles en la jerarquía del grupo empresarial están procesados desde 2023 en el caso Acuamed, que ha instruido Manuel García Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. A diferencia del caso Koldo, los hechos del caso Acuamed tuvieron lugar en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Otras empresas como Ferrovial, Sacyr, ACS, FCC u OHLA también han sido sancionadas por prácticas que alteraron las licitaciones durante décadas. Y otras, directamente condenadas, como Cofely y Waiter Music en Púnica, Emissao en Lezo, Becsa y CHM en la Gürtel valenciana. En algunos de esos casos, las Administraciones del PP han seguido contratando con empresas condenadas, vinculadas o señaladas en causas de corrupción, siempre con el argumento de que no estaban formalmente inhabilitadas.

Los conservadores prefieren presentar la corrupción como una cadena que termina en el Gobierno de Sánchez, no como un sistema en el que grandes contratistas privados obtienen beneficios, contratos o posiciones de ventaja mediante relaciones privilegiadas con el poder. Así, la corrupción parece que es cosa de políticos. Pero nunca de su propio partido, pese a las numerosas condenas que salpican a dirigentes de la formación conservadora.

Hay otros grandes grupos empresariales vinculados a las Administraciones públicas, como es el caso de Quirón, que no están condenados, pero sí aparecen en el centro de una pieza judicial incómoda para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es, precisamente, la que investiga los negocios de su pareja, Alberto González Amador, con Quirón Prevención por presunta corrupción en los negocios y administración desleal. 

A esta investigación se le suman las pesquisas del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de la Comunidad de Madrid con Quirón y Ribera Salud. La reacción del PP fue vetar en la Asamblea la fiscalización de los contratos con el grupo sanitario, presentar el caso como un asunto privado de la pareja de Ayuso y acusar al PSOE de querer "empatar" con el caso Koldo.

Así, el Ejecutivo de Ayuso decidió en junio del año pasado, en plena investigación judicial sobre los negocios de la pareja de la presidenta regional y su conexión con un directivo de esta misma compañía, prorrogar otro año más el contrato para la realización de reconocimientos a los empleados públicos de la región. Unos trabajos con los que la firma de prevención de riesgos laborales se embolsará casi medio millón de euros hasta este verano. Hace solo unos días, la Comunidad de Madrid volvió a extender ese mismo contrato.

La relación entre González Amador y la filial del gigante sanitario parece ir más allá de la simple vinculación consultor-cliente. En el informe detallado de delito que elaboró en su día la Agencia Tributaria por el supuesto fraude fiscal "constan aportados unos correos electrónicos" donde el empresario, a quien el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso guarda en su teléfono como "Alberto Quirón", lejos de actuar como "gerente o administrador" de la consultora Maxwell Cremona,slo hace como "Director de Proyectos" en nombre y por cuenta de Quirón Prevención.

Una de las empresas tecnológicas con mayor influencia política y estratégica en EEUU, Palantir, acaba de poner sobre la mesa su hoja de ruta en un manifiesto de 22 puntos en el que habla sin tapujos de lo que creen que debe ser el futuro: guerra tecnológica, militarización, poder duro, eliminación paulatina del Estado y defensa de la “cultura” occidental. Esto puede parecer una simple estrategia de marketing, pero Palantir tiene el poder suficiente para llevar sus ideas a la práctica.

Hace unos días, Palantir Technologies, la multinacional estadounidense de software especializada en análisis de macrodatos y la industria de la guerra, publicó en la red social X un mensaje que servía como carta de presentación del libro que publicó el CEO de su compañía, Alexander C. Karp, junto a Nicholas W. Zamiska, jefe de Asuntos Corporativos y asesor: The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (2025). 

Pero, ¿por qué debería preocuparnos lo que pueda escribir el CEO de Palantir en un libro? Esta no es una empresa de capital privado al uso. Palantir, el año pasado, facturó cerca de 4.500 millones de dólares y colabora codo con codo con el ejército de EEUU, la CIA, el ICE, la policía de Nueva York e incluso con países como Israel, Ucrania o Reino Unido, entre otros.

Palantir Technologies fue fundada en 2003 en Silicon Valley a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Alexander Karp, un joven inversor en startups, se asoció con su excompañero de estudios Peter Thiel, miembro de la conocida “PayPal mafia” (junto a otras caras conocidas como Elon Musk o Reid Hoffman), para involucrarse en la gestión de la seguridad y la privacidad de EEUU a través de los datos.

Desde su lanzamiento, la compañía ha estado en constante colaboración con el Gobierno de EEUU. Desde la CIA, la NASA o el FBI hasta el Departamento de Defensa, el ICE o el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). De hecho, la empresa ha estado siempre presente en los planes de la Casa Blanca: proveyó de software al ejército para las misiones militares de EEUU en Irak y Afganistán, colaboró con el Gobierno en el manejo y distribución de datos sanitarios en la pandemia de la COVID-19 y desarrolló tecnología para la identificación y deportación de migrantes durante las redadas del ICE. 

La de Palantir y el Gobierno de EEUU es una simbiosis perfecta. De hecho, el gran culpable del éxito de la compañía de software no es otro que Washington, quien ha regado a Palantir de contratos federales. El último, en febrero de este mismo año, por valor de 1.000 millones de dólares, firmado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para funciones que van desde el control migratorio hasta la “prevención del terrorismo”. En una carta abierta a los inversores de Palantir publicada el 2 de febrero, Karp reconoció que “el negocio comercial en EEUU está creciendo a un ritmo asombroso” tras generar 507 millones de dólares el anterior trimestre con un aumento del 137% respecto al del año anterior. 

Palantir provee distintas plataformas de software dedicadas a diferentes nichos de mercado: Foundry, por ejemplo, está dedicada a la gestión y análisis de datos, mientras que Gotham está hecha para el campo de batalla.

La multinacional de Silicon Valley ha estado y está involucrada también en los diferentes conflictos entre EEUU y Oriente Medio. En Irak o Afganistán, Gotham se ha utilizado para identificar redes terroristas, prever sus movimientos o desencadenar ataques dirigidos. Ucrania le ha servido también a su sistema de software como campo de pruebas para desarrollar más tecnología para la guerra. En enero de 2024, Palantir estableció una “asociación estratégica” con el Ministerio de Defensa israelí que se puso en marcha durante el genocidio en Gaza, como reconoció en un foro el propio Karp quien, cabe destacar, es de origen judío.

Ahora, durante el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, Palantir está consiguiendo logros militares que hace años eran impensables. Solo en los cuatro primeros días de ofensiva, Estados Unidos aseguró haber alcanzado más de 2.000 objetivos en territorio iraní. En Siria fueron necesarios seis meses para alcanzar esa misma cifra.

“¡Si el Mal pudiera tuitear, esto es lo que diría!”, afirmó el profesor de Economía y exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, en un mensaje respondiendo al manifiesto de Palantir. El post que publicó la compañía en X recoge extractos del libro de Karp en los que resume, no solo los planes de la propia empresa, sino el futuro de lo que algunos politólogos ya denominan “autoritarismo tecnológico”.

El texto enumera, en 22 puntos, una visión crítica hacia la deriva de Occidente y el papel que comienza a jugar la tecnología en el tablero geoestratégico. Para Palantir, Silicon Valley, tiene la “obligación moral” de priorizar la defensa nacional mediante el uso de “poder duro” y el desarrollo de una inteligencia artificial que se integre en el aparato estatal. 

El manifiesto sigue la ruta marcada por los discursos de extrema derecha como la remilitarización de Europa, la intolerancia hacia el pluralismo o el ultranacionalismo, pero con una derivada tecnológica que, según Darío García de Viedma, investigador del Real Instituto Elcano en el ámbito de política tecnológica y digital, refleja uno de sus papeles principales: “Proteger los intereses nacionales de EEUU y su posición dominante”.

“La lógica es que la posición dominante de Estados Unidos se apoya, en parte, en sus capacidades de software. Para evitar que China ponga en riesgo esa posición, busca mantener su liderazgo tecnológico en este ámbito”, explica a infoLibre García de Viedma. Cuenta, además, que el caso de Palantir es complejo debido a la opacidad con la que opera la compañía: “Es una empresa muy opaca, no solo por las restricciones derivadas de sus contratos con defensa, sino también porque esa opacidad protege su valor en bolsa”. 

En cuanto al manifiesto, el experto explica que “algunos elementos del texto pueden resultar chocantes”. Es curioso, comenta, que “su discurso mantiene la aversión por la diversidad, el supremacismo de la cultura estadounidense y el militarismo, pero desde el reconocimiento de la legitimidad del Estado”. 

Pero, ¿puede una democracia sostener un modelo donde actores privados controlan capacidades estratégicas? Para el investigador de Elcano “estas empresas actúan como uno de los principales brazos del posicionamiento de EEUU en el mundo. A través de ellas, se posiciona como líder, al menos entre sus aliados y en parte del Sur Global, gracias a la penetración de sus empresas de software y hardware”. 

“Washington sabe que sus empresas son necesarias para el funcionamiento de nuestra economía y nuestras instituciones, y puede utilizar esa dependencia en negociaciones comerciales o incluso en cuestiones de seguridad”, añade. 

El mensaje de Palantir levantó un gran revuelo en redes tras su publicación. Muchos argumentaron que el manifiesto se había convertido en uno de los textos ideológicos más relevantes de este siglo, otros, en cambio, le restaron importancia. “El manifiesto de Palantir es importante porque explicita por primera vez una doctrina política y tecnológica coherente desde los intereses de una empresa de software militar”, cuenta a infoLibre José Manuel Corrales, profesor de Economía, Empresa y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea (UE). 

“Hay que recordar que Palantir es contratista estratégico en EEUU, Israel, Reino Unido y diversas agencias de seguridad y inmigración. Por tanto, no estamos ante una opinión abstracta, sino ante un una muy fundamentada en lo que es el complejo militar industrial de Estados Unidos y del mundo occidental”, explica Corrales. 

Pero, ¿cuál es el verdadero proyecto de Palantir? Corrales argumenta que “lo que emerge es un nuevo complejo tecno militar corporativo con empresas privadas diseñando infraestructuras clave de seguridad y estados convirtiéndose en clientes”. Y es precisamente por eso por lo que “nos debemos tomar muy en serio este manifiesto”, subraya. 

“Ya no es un plan secreto, sino que expresa claramente la ideología de una empresa con importante influencia real y que busca normalizar que las grandes tecnologías definan el futuro de la guerra, la seguridad y la política en el nuevo orden internacional”, concluye Corrales. 

El pasado sábado 11 de abril, los astronautas de Artemis II completaron con éxito el amerizaje en tierra de una misión que hizo historia al llevar al ser humano lo más lejos que se ha llegado jamás en el espacio. Un hito histórico que consolida el segundo paso del programa Artemis, que tiene como objetivo principal establecerse en la Luna y llegar a Marte. 

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, han logrado hacer historia al conseguir llegar al lado oculto de la Luna dejando atrás el récord establecido por Apolo13 en 1970. Esta nueva carrera espacial entre EEUU y China va en paralelo con otra: la que se está fraguando entre las oficinas de la Casa Blanca y Silicon Valley.

Para la misión Artemis II, la NASA ha contado con la inestimable ayuda de los grandes aliados financieros de Silicon Valley para la construcción de la estructura del cohete: el sistema de lanzamiento (SLS) encargado de enviar la nave espacial Orión a la órbita lunar corrió en su mayoría a cargo de la multinacional Boeing; el conglomerado Northrop Grumman, cuarto mayor contratista de defensa militar de los EEUU, se ha encargado de los propulsores de combustible sólidos (SRB) y, para la construcción de la nave espacial Orión que transportó a los astronautas, el contratista principal ha sido la multinacional de la industria aeroespacial y militar Lockheed Martin. 

Julio Gallegos, profesor en ingeniería aeroespacial en la Universidad Europea, cuenta a infoLibre que la NASA hace tiempo que dejó de hacer las cosas “por sí misma”, lo que le ha llevado a pasar a depender de empresas de capital privado: “Desde hace ya bastantes años en empezó a desligarse un poco de todos los subsistemas y pasó a convertirse en una administración”. “La NASA invirtió en la industria para que la industria fuera la que manejara la la carrera espacial”, comenta. Explica que esto se dio, sobre todo, “para reducir presupuesto”, aunque reconoce también que en este sector “hay empresas con mucho poder económico y político”.

La misión Artemis II no será la última. La NASA planea realizar hasta tres misiones más (Artemis III, IV y V) hasta lograr asentarse en la Luna y construir bases e infraestructuras en el territorio. Para esto, es necesaria una pieza fundamental: los nuevos sistemas de aterrizaje humano (HLS) que están desarrollando tanto SpaceX como Blue Origin. Es aquí donde entra en juego la otra carrera: la empresarial, con los dos grandes magnates tecnológicos estadounidenses, Elon Musk y Jeff Bezos, compitiendo por hacerse con los contratos de la NASA.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, lo dejó claro en la rueda de prensa del evento ignition que tuvo lugar el pasado mes de marzo donde repasaba los planes de la organización: “La NASA tiene el compromiso de lograr (...) regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio”.

Space Exploration Technologies Corporation, conocida como SpaceX, es la empresa de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial fundada por Elon Musk. Por su parte, Blue Origin, es la empresa de transporte aeroespacial de Jeff Bezos, también fundador de Amazon. Ambas tienen un objetivo: ser las que consigan llevar al ser humano a Marte.

“En 2019 la NASA comienza a volver a mirar al espacio”, cuenta Gallegos: “El objetivo que se impusieron era llegar a la Luna para, desde allí, lograr pisar Marte, lo que requiere crear una estación de repostaje en la Luna”, subraya. “Esto permitiría reabastecer de combustible las naves para llegar a Marte porque ir directamente desde la tierra sería imposible”, aunque reconoce que, pese a esto, “también hay intereses muy codiciados en la Luna”. 

Ni Musk ni Bezos querían quedarse sin su parte del suculento pastel que la NASA estaaba cocinando. El primero movió ficha en 2021 consiguiendo una licitación por valor de casi 3 mil millones de dólares por parte de la agencia espacial norteamericana para el desarrollo del módulo de aterrizaje lunar Starship HLS. En el concurso, se impuso a empresas como Blue Origin, que había unido fuerzas con otras grandes multinacionales como Northrop Grumman, Draper y Lockheed Martin o Dynetics, otra contratista de defensa.

Meses después de que SpaceX obtuviera el contrato, Blue Origin presentó una demanda ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de EEUU sobre una adjudicación que consideraban “injusta” y que representaba un ejemplo de “favoritismo” ante su rival. Bezos, de nuevo, perdió la batalla y el Tribunal falló en favor de Musk, lo que supuso una consolidación de la fuerte relación entre el magnate norteamericano y la agencia espacial.

Dos años más tarde, la empresa de Bezos logró una gran victoria: consiguió un contrato de 3.400 millones de dólares de la NASA para liderar un equipo que desarrolle un módulo de alunizaje llamado 'Blue Moon'. El módulo se usará para transportar astronautas a la superficie lunar a partir de 2029, luego de un par de misiones con la tripulación de SpaceX de Elon Musk.

La estrecha relación de la NASA y Elon Musk se ha visto resquebrajada en estos últimos años hasta el punto en que, el pasado octubre de 2025, la agencia espacial reabrió el contrato que le había adjudicado a SpaceX por retrasos de la compañía. La NASA tenía prisa ante los avances chinos. Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte de la NASA, señaló que EEUU está en una “carrera espacial contra China” por eso, “la NASA está abriendo la producción de HLS a Blue Origin y otras grandes empresas estadounidenses”.

Musk respondió al anuncio de Duffy en su red social 'X': “Blue Origin nunca ha entregado una carga útil a la órbita, y menos aún a la Luna”. Además, el mensaje lo acompañó de un ‘meme’ homófobo en el que se leía “why are you gae(y)?”.

El plan de la NASA tiene como último objetivo llegar a Marte, pero para ello antes tiene que establecerse en la Luna. Según la Agencia Espacial, hay previstas tres misiones más. La siguiente, Artemis III, programada para 2027, tiene como objetivo poner a prueba uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, realizando pruebas de acoplamiento en órbita terrestre baja. Es decir, sin subir al espacio.

Con Artemis IV, prevista para 2028, será cuando la NASA realice el primer alunizaje humano en la Luna desde 1972. Tras alcanzar la órbita lunar, la tripulación se trasladará de la cápsula Orión a un módulo lunar comercial para su descenso a la superficie de la Luna. Artemis V finalizará el programa a finales de 2028. En ella se realizará un segundo alunizaje, y será el comienzo de la construcción de una infraestructura de base lunar permanente.

Pero, ¿qué otros intereses puede tener EEUU y las distintas multinacionales en llegar a la Luna? Para Gallegos, “está claro que la tecnología es un negocio”. “SpaceX ha empezado a desarrollar sus cohetes gracias a sus contratos con la NASA, y ahora se ha convertido en una empresa que ofrece lanzamientos de satélites comerciales”, comenta. 

Otro de los posibles intereses en la colonización del Polo Sur lunar es el de la búsqueda de las conocidas “tierras raras”. “Es muy probable que la Luna tenga la misma estructura que la Tierra. Si eso acaba por confirmarse, llegar allí daría a EEUU una gran ventaja a la hora de tener un mayor acceso a sus recursos, ya que sería más fácil de minar, teniendo en cuenta que estarían más cerca de la corteza lunar”, subraya el experto. 

Pese a la ilusión que viene despertando el programa, el pasado viernes, la Oficina de Administración y Presupuesto de EEUU (OMB) presentó su solicitud de presupuesto discrecional para el ejercicio fiscal 2027 en la que se incluye un recorte de 5.600 millones de dólares para la NASA. Isaacman respalda esta rebaja presupuestaria que cancelará más de 40 misiones de baja prioridad y otorgará una nueva inyección de 8.500 millones de dólares para el programa Artemis. Un presupuesto que mantendrá firme el pulso entre Musk y Bezos por establecerse en la Luna.

En 2021, la mayor empresa cárnica del mundo, la brasileña JBS, anunció un plan de cero emisiones para 2040, con un gran anuncio a toda página en The New York Times. La empresa, que contaminaba más que países como Italia y casi tanto como Francia, acabó en los tribunales por "marketing falso y engañoso" y sus directivos terminaron diciendo que ese eslógan era simplemente "una aspiración", pero nunca fue un compromiso legal.

Este es solo uno de los casos que recoge una investigación internacional sobre greenwashing, el nombre que recibe la práctica empresarial que consiste en hacer promesas ambientales sin fundamento o lanzar mensajes ecologistas para ganarse al público basándose en afirmaciones dudosas o falsas. El estudio, publicado este miércoles en la revista PLOS Climate, analiza 1.233 afirmaciones ambientales de compañías ganaderas y lácteas, y concluye que el 98% cumplen con las condiciones del greenwashing.

Se califican así porque se consideran promesas inverificables, que no están acompañadas de estudios científicos, que se basan en falsas soluciones o que son insignificantes en comparación con el volumen total de emisiones de las compañías. El 38% de esos reclamos (467) consisten en compromisos a futuro imposibles de corroborar, como "garantizar la recuperación de 600.000 millones de litros de agua en regiones con escasez hídrica para 2030", que era una de las promesas analizadas por los autores.

La lista está formada por todas las afirmaciones verdes realizadas por las 33 mayores empresas del mundo en lácteos y carne entre 2021 y 2024, y Danone y Nestlé están en el puesto uno y dos de las compañías que más afirmaciones han hecho con greenwashing. Aunque estas empresas son industriales –compran la leche y otros productos a los ganaderos–, las emisiones de los animales forman parte de su cadena de valor y son su responsabilidad. 

De la lista de empresas analizada, la francesa Danone es la que más compromisos ambientales ha adquirido en sus informes públicos y páginas web (106), pero prácticamente todos se catalogan como greenwashing, según este estudio. La siguiente es la suiza Nestlé, seguida de CP Group (Tailandia), Danish Crown (Dinamarca) y Hormel Foods (EEUU).

"Las empresas cárnicas y lácteas hacen muchas promesas y aportan muy pocas pruebas que las respalden. Al igual que la industria de los combustibles fósiles, que ha utilizado el greenwashing durante las últimas décadas para retrasar la adopción de medidas climáticas significativas, la industria cárnica y láctea podría estar engañando a los consumidores y a los inversores", escriben los autores, liderados por Maya Bach, del departamento de Ciencia y Política Ambiental de la Universidad de Miami.

La investigación se ha centrado en el sector de producción de alimentos porque representa el 16,5% de los gases de efecto invernadero, siendo uno de los más agresivos con el planeta, principalmente debido a las emisiones de metano de los rumiantes, de los gases de efecto invernadero provocados por el estiércol, por las emisiones de óxido nitroso derivadas de los fertilizantes y por la tala derivada de la producción de piensos.

Marina San Martín Calvo, profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Burgos, opina que estos resultados son importantes en países como España, donde la ganadería láctea y cárnica tiene un peso muy importante. "Estos datos evidencian una brecha significativa entre el discurso corporativo y la evidencia real. Sería recomendable exigir mayor transparencia y evidencia científica en las afirmaciones climáticas porque contribuirían a una transición más creíble y efectiva hacia sistemas alimentarios realmente sostenibles”, dice en un comentario publicado en la agencia Science Media Centre.

Una de las fórmulas de greenwashing más repetidas en este sector –a la que recurren 17 de las 33 empresas analizadas– es la promesa del net zero, las cero emisiones netas de CO2, generalmente para 2050. Este mensaje se encuadra dentro del llamado future-washing, basado en publicar compromisos para las próximas décadas de ayudar al planeta pero con ninguna intencionalidad real de cumplirlos.

Un informe de Foodrise, una ONG europea, se pregunta cómo Danone cumplirá su compromiso net zero en 2050 si en ningún plan de negocio recoge reducir la cabaña ganadera de la que se provee, la principal fuente de contaminación. Por ahora, la compañía francesa solo dice que para hacerlo introducirá prácticas de agricultura ecológica, soja libre de deforestación y estiércol gestionado de manera eficiente de aquí a 2030, medidas insuficientes para lograr su meta de 2050.

Tras analizar los 1.233 mensajes verdes de estas compañías, solo tres de ellos (de las empresas Fonterra, California Dairies y Perdue) estaban amparados en estudios científicos, y dos de ellos ligados a "revistas científicas estrechamente alineadas con la industria agrícolas". Solo el 29% (356 promesas) se apoyaba en algún tipo de evidencia, mientras que "más de dos tercios de las afirmaciones medioambientales carecían de pruebas, lo que dificultó evaluar su credibilidad", según los autores. 

Aunque más de 300 mensajes analizados estuvieran apoyados en información, no significa que fueran legítimos ya que la inmensa mayoría de ellos no superaron la prueba de greenwashing, basada en un test de Noémi Nemes, de la Universidad de Viena, y otros autores, creado en 2022. Solo 20 de los enunciados verdes analizados estaban libres de indicadores greenwashing, aunque el estudio aclara que no consistían en promesas, sino en argumentos genéricos, como que "en Estados Unidos, entre el 30% y el 40% de los alimentos que se producen nunca llegan a consumirse", uno de los mensajes que han superado el examen.

Los autores recogen en el estudio algunos de los eslóganes vacíos que se han encontrado, donde se publicitan acciones limpias que representan una parte ínfima de las emisiones de estas compañías. Como la británica ABP Group, que publicó que iba a iniciar un proyecto para "buscar maneras de implantar un modelo de producción sostenible" de carne en una granja de 100 hectáreas, sin aclarar qué medidas iba a implementar. O como el gigante francés Lactalis, que publicitó el cambio de una caldera de una de sus plantas.

"En lugar de buscar un cambio transformador, muchas empresas parecen dar prioridad a pequeñas mejoras en la eficiencia y promocionan ampliamente iniciativas a pequeña escala o piloto que apenas repercuten en la huella medioambiental global de la ganadería", se lee en el estudio.

Los investigadores también dan a entender que esta corriente de publicidad verde ha desatado en el último lustro una carrera empresarial por lanzar mensajes aparentemente ecologistas. En septiembre de 2020 solo cuatro de las 35 mayores cárnicas y lácteas del mundo tenían compromisos cero emisiones, y hoy son 17.

“¿Por qué implicarte en el trabajo cuando tu jefe te tiene tan poca consideración?”. Yacine fue contratado por Nike como vendedor en la región de Île-de-France con un contrato temporal en diciembre de 2024, y luego con un contrato indefinido, a tiempo parcial, en febrero de 2025. “Pero, en realidad, no firmé el contrato hasta cinco días después. Presionaba a los jefes todos los días para que se dieran prisa y me dejaran firmarlo”.

Las primeras semanas fueron muy cansadas. “Aunque no haya clientes, tenemos que estar de pie, en el mismo sitio. Las pausas se permiten a partir de seis horas de trabajo seguidas. Con mis turnos de cinco horas, no tenía derecho a ellas”. Entre su trabajo de recepcionista de hotel y sus 25 horas semanales en Nike, sufría y su médico acabó diagnosticándole una hernia discal. Su empleador, aunque estaba informado, no adaptaba su puesto.

Rápidamente, los dolores se intensificaron y Yacine empezó a faltar al trabajo. En marzo de 2025, la sorpresa: aunque solo había estado ausente dos días ese mes, solo recibió 145 euros de remuneración. “Ese dinero no es el salario, sino el pago atrasado de una prima de enero. De hecho, faltaban más de 1.000 euros en mi nómina”.

“Iba al curro cabreado”, cuenta Yacine. Y no era el único. “La dirección me dijo que se trataba de un error, pero que lo único que podían hacer por mí, en ese momento, era solicitar un anticipo de mi próximo salario. Finalmente, Recursos Humanos me comunicó que me acababan de hacer una transferencia urgente de 1.000 euros”.

Desde entonces, cada mes recibe nóminas que considera “incomprensibles”. “Hay errores a menudo, correcciones que aparecen meses después… Cada mes, a través de una delegada del personal, advertimos a la dirección”.

En julio de 2025, en una carta a la que hemos podido acceder, la dirección lo reconoce: “Ha habido dificultades operativas con las nóminas que le han causado molestias… Hemos identificado que el origen de este mal funcionamiento era un problema de integración entre los sistemas de Nike y los de nuestro gestor de nóminas.” Demasiado tarde. Yacine, hastiado, solicitó la extinción de su contrato.

Mismo periodo, mismo patrón. Malek (ficticio) fue contratado como dependiente en una tienda en París en enero de 2025 y, desde el primer mes, el pago del salario está mal. Recibe una cantidad de 80 euros, luego una “transferencia excepcional” de 1.000 euros. Según su testimonio escrito, los errores de pago siguieron hasta junio de ese año, lo que provocó “graves consecuencias en su situación personal: retrasos en el pago del alquiler, imposibilidad de pagar ciertas facturas y deterioro de la salud mental”.

A pesar de sus numerosas gestiones ante Recursos Humanos, “no le ofrecieron ninguna solución”. “La responsable local de Recursos Humanos tardaba con frecuencia entre dos y tres semanas en responder a mis solicitudes”, añade. Cuando en marzo de 2025, se enfadó por la situación, ella le respondió: “Puedo entender su enfado y la frustración por su situación, pero el tono que utiliza no es aceptable.” Y el empleado, contrariado, comenta: “El tono empleado tenía como único objetivo recordar las obligaciones legales del empleador.”

Para Caroline (ficticio), trabajadora con contrato temporal, la situación se volvió rápidamente insoportable: “Mis nóminas parecen ficticias, con importes incoherentes, incluso alucinantes, lo que hace imposible cualquier trámite administrativo o personal. Me resulta difícil justificar mis ingresos ante las autoridades fiscales… o encontrar una vivienda, ya que estas nóminas no son creíbles para las agencias o los propietarios.” Ella también alertó a Recursos Humanos en varias ocasiones pero no sirvió de nada. “Me siento desamparada y mi jefe, aunque está implicado y dispuesto a ayudarme, no tiene ningún interlocutor directo.”

Preguntada en detalle por los errores en las nóminas o en los pagos, Nike respondió que “en Francia, varios sistemas y herramientas de Nike han evolucionado en los últimos años, lo que ha requerido ajustes para garantizar el buen funcionamiento de los nuevos procesos”, reconociendo “que este tipo de transición puede resultar perturbadora” y disculpándose “por las molestias ocasionadas”. Y aseguró que la empresa ha puesto en marcha “medidas complementarias para reforzar sus sistemas, aclarar los modos de funcionamiento y consolidar la fiabilidad operativa”.

La ligereza con la que Nike gestiona las remuneraciones es uno de los temas que más se repiten en el orden del día del comité de empresa (CE) de la multinacional desde hace más de dos años. Según la dirección, de enero a septiembre de 2024, se registraron 27.604 reclamaciones de empleados, de las cuales “4.000 estaban relacionadas con problemas importantes, principalmente sobre la nómina”.

En el CE de mayo de 2024, la consultora EY presentó una auditoría sobre estos temas, tras detectar numerosos errores en las nóminas de los meses anteriores. Todo el equipo de People Solution, plataforma digital que sirve de interfaz entre los empleados y la dirección, fue enviado desde Ámsterdam por este motivo.

Y es que los directivos que gestionan los procedimientos franceses están en Países Bajos, sede europea de Nike. En Francia, el departamento de Recursos Humanos se ha ido reduciendo progresivamente hasta quedar en la mínima expresión. “Tratamos con gente que no conoce ni los procesos ni las leyes de Francia”, lamenta Enzo, secretario del CE. “Los plazos de respuesta son muy largos y no siempre adecuados”.

En esa reunión, y en las que la siguieron hasta finales de 2024, cada directivo aportó sus comentarios para explicar los numerosos errores en las nóminas: llegada de nuevas herramientas digitales, servicios mal sincronizados, gerentes insuficientemente formados, servicio de gestión de litigios desbordado… Pero al final, lo cierto es que los empleados son los que pagan las consecuencias.

En el CE de mayo de 2024, Klara Tornyaine, directora de nóminas de Nike en Europa, Oriente Medio y África, precisó que, en los cinco meses anteriores, en Francia, “uno de cada tres nuevos empleados no cobró a tiempo, porque los datos no se introdujeron antes de la fecha límite”. Es decir, que el 30% de los nuevos empleados sufrieron un retraso en el pago porque la información sobre ellos no se introdujo a tiempo en el sistema. Al ser preguntada sobre esta elevada cifra y sobre su política de “fecha límite”, Nike no respondió.

En Nike, los “atletas” y otros “entrenadores”, sobrenombres profesionales para referirse a vendedores o gerentes, deben registrarse ellos mismos en el sistema “WorkDay” para poder cobrar. Lo que lleva a Klara Tornyaine a afirmar: “El empleado que no facilite sus datos completos solo puede culparse a sí mismo por no haber cobrado, ya que no hemos podido realizar el pago por falta de información”.

Pero eso no es todo: los trabajadores temporales a los que se les prorrogó el contrato también sufrieron “una mala sincronización entre el departamento operativo y los servicios financieros”, ya que las prórrogas fueron “consideradas como fin de contrato por error”, indica la empresa. En este caso, una vez más, los empleados no recibieron a tiempo lo que se les debía y tuvieron que luchar por cobrarlo.

Incluso cuando dejan la empresa, los trabajadores tienen dificultades para hacer valer sus derechos. Enzo precisa que “algunos se marchan y reciben su finiquito cinco o seis meses después”. La directora de RRHH de Nike Francia confirmó ante los representantes del personal que “desde hace años hay problemas con los documentos de salida”. A modo de recordatorio, según el Estatuto de los Trabajadores, el documento de baja debe entregarse el último día de trabajo y es obligatorio para inscribirse en el paro.

También durante un CE en 2024, un representante del sindicato CFDT planteó otro problema “relativo a los certificados solicitados por la caja primaria del seguro médico, que el empleador no transmite correctamente”. “Eso provoca errores y retrasos en el pago a los empleados, ya que los certificados son erróneos o no se envían a tiempo”, lamentó.

La dirección reconoció la existencia de “problemas persistentes” y prometió que estaban “en proceso de solución”. Eso bastó para exaltar a los asistentes, empezando por el secretario del CE, quien aseguró que “estos problemas se vienen planteando desde hace más de un año y, a pesar de las promesas de trabajar en ello, poco parece haber cambiado sobre el terreno”. Desde entonces, el tema ha vuelto a figurar en numerosas ocasiones en el orden del día del CE.

Del mismo modo, algunos accidentes laborales se declaran a veces mucho después del plazo máximo de 48 horas previsto por la ley. En diciembre de 2024, la Caja Primaria de Seguro Médico (CPAM) escribió a una trabajadora que estaba de baja para indicarle que su empleador aún no había realizado los trámites necesarios, más de un mes y medio después de su accidente. A pesar de los numerosos recordatorios de la dependienta, el empleador no envió finalmente los documentos necesarios hasta febrero de 2025. Unos meses de demora que dejaron a la trabajadora en una situación de total precariedad.

Nike, al ser preguntado sobre este caso concreto, así como sobre los retrasos y errores en las declaraciones a la CPAM, tampoco respondió, pero indicó que la empresa está comprometida con “actuar de manera responsable y respetando las leyes y normativas locales”.

Pero para las personas perjudicadas no hay nada previsto. En octubre de 2024, la dirección se negó a cualquier compensación, pero prometió contratar a una consultora para trabajar en la gestión de las bajas por enfermedad. Al mes siguiente, la consultora enviada desde los Países Bajos realizó una presentación con cifras. “En los últimos seis meses, el 13% de los casos relacionados con la enfermedad se tramitaron en más de tres días, a menudo debido a problemas de corrección”.

En Ámsterdam, el equipo que gestiona todas las reclamaciones de los empleados, incluidas todas las consultas, está compuesto por ocho personas, de las cuales dos se dedican a Francia. “De julio a septiembre de 2024, debido a la rotación de personal, un solo analista tramitó alrededor de 750 tickets [reclamaciones, ndr] al mes, de los cuales 400 correspondían a bajas por enfermedad”.

La consultora detalló el proceso que falla con tanta frecuencia: el responsable en Francia recibe la baja por enfermedad y debe enviarla a través de una plataforma a un equipo en los Países Bajos. Ese equipo “comprueba su conformidad” y luego se pone en contacto con el responsable francés, quien debe, finalmente, introducir la ausencia en otro sistema.

“El sistema no gestiona bien las prórrogas de las bajas”. Todo un rompecabezas con numerosas complicaciones. Las bajas por enfermedad recibidas después de que finalice el mes no pueden integrarse y deben tramitarse manualmente, siempre desde Países Bajos.

En septiembre de 2025, el CE aprobó una resolución para que una consultora especializada llevara a cabo una investigación interna sobre la gestión y las condiciones de trabajo en la empresa. La dirección hizo todo lo posible para echar abajo el proyecto.

En primer lugar, demandó al CE ante los tribunales, alegando que no existía ningún riesgo grave que justificara el recurso a un consultor autorizado. El jueves 18 de diciembre de 2025, las infracciones de la legislación laboral cometidas por Nike se expusieron ante el tribunal de París. La abogada del CE señaló, en particular, los “numerosos problemas con las nóminas” y “la mala gestión de las bajas por enfermedad”. Por su parte, la abogada de Nike desestimó las acusaciones y, en cambio, criticó a Mediapart por haber revelado, unas semanas antes, los entresijos del gigante de equipamiento deportivo. Una defensa que, al parecer, no convenció al tribunal, ya que dio la razón al CE el 3 de febrero de 2026.

Posteriormente, Nike intentó desalentar la realización de ese peritaje durante la reunión del CE del 12 de febrero. La directora de RRHH cuestionó “la pertinencia de un peritaje de tal envergadura” y propuso “una alternativa: la creación de grupos de trabajo”. La mayoría de los representantes se opuso y se mostró sorprendida de que llegara esta propuesta tras años de diálogo social bloqueado.

A raíz de ello, la dirección de Nike volvió a llevar a su CE ante los tribunales, cuestionando esta vez el alcance del peritaje, al considerar que debía limitarse a estudiar únicamente la situación de las tiendas, y no lo que ocurre en la sede central. La empresa también solicitó que determinados documentos de la inspección y de medicina del trabajo no pudieran ser examinados en el marco del peritaje. El 9 de abril, el tribunal volvió a desestimar las peticiones de Nike.

Nike, al ser preguntada sobre esos varapalos judiciales, se ha limitado a indicar que su “prioridad sigue siendo el acompañamiento de sus colaboradores, la implantación de procesos de trabajo fiables y conformes, y el mantenimiento de un diálogo abierto y constructivo con los órganos representativos del personal”.

Traducción de Miguel López