El transporte marítimo no es una industria como las demás. Pieza clave de la economía mundial, mueve alrededor del 90% de las mercancías del mundo, 11.000 millones de toneladas. Desde televisores OLED surcoreanos, plátanos ecuatorianos o iPads de China, hasta petróleo, grano, materias primas, productos químicos, incluso residuos de basura. Y mucho más. No sólo mercancías, sino también personas. Treinta millones de pasajeros se embarcan cada año en enormes ciudades flotantes engalanadas con cines, bares y piscinas, y ponen rumbo hacia otras tierras para disfrutar de su cultura, probar su comida y catar sus vinos.

Pero tanta relevancia tiene un coste. Esta industria multimillonaria produce una enorme cantidad de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, y de toxinas, que provocan miles de muertes cada año en las regiones costeras y en ciudades y pueblos portuarios.

La Organización Marítima Internacional (OMI), la agencia de la ONU que regula el transporte marítimo mundial, calcula que en los seis años previos a 2018 la producción de CO2 del sector superó los 1.000 millones de toneladas, el 3% de las que se emiten en el planeta.

Mientras el mundo lucha por responder a la crisis climática, con los Estados y las empresas multinacionales bajo presión para reducir las emisiones, el transporte marítimo se mantiene al margen de los principales esfuerzos medioambientales, como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.

Pero las navieras evitan mucho más que las regulaciones. El sector, una industria de 14 billones de dólares –11,5 billones de euros–, paga muy pocos impuestos, mantiene gran parte de sus activos y beneficios en el extranjero y aprovecha regímenes fiscales favorables.

Si el transporte marítimo fuera un país, sería el sexto más contaminante del mundo, por delante de Alemania. / ALEXIA BARAKOU

En los últimos años se han endurecido las actitudes públicas sobre la justicia fiscal y el medio ambiente. El cambio climático ha pasado a ser la crisis climática. 2020 fue uno de los tres años más calurosos de los que se tiene constancia, y esos tres se han sucedido en esta década. Hubo huracanes e incendios forestales récord, incluso en regiones tan frías como Siberia. El aumento del nivel del mar amenaza la existencia misma de algunos países. Los jóvenes de hoy, liderados por activistas como Greta Thunberg, rechazan las excusas de las generaciones anteriores por la lentitud de los avances y presionan a los responsables políticos. Así han conseguido que muchas autoridades hayan empezado a fijarse en el transporte marítimo.

Un equipo de periodistas de la red European Investigative Collaborations, de la que forma parte infoLibre, ha tardado un año en producir Black Trail, un proyecto documental que se publica este sábado en toda Europa. Dirigido por The Black Sea y el Expresso (Portugal), Reporters United (Grecia), RTS (Suiza) y VG (Noruega), y coproducido por SIC TV (Portugal), y con el apoyo en materia de investigación de Financed Uncovered (Reino Unido), Black Trail se adentra en los esfuerzos de la industria naviera por eludir el debate sobre el clima, las regulaciones y los impuestos.

La producción viajó a Portugal, Grecia, Italia, Suiza, Reino Unido, Francia y el Ártico para entrevistar a decenas de activistas climáticos, expertos, políticos, grupos de presión, armadores y profesionales de la salud. Queríamos conocer la respuesta a una pregunta. En la era de la crisis climática, ¿se toman en serio el sector naviero y la OMI sus propios esfuerzos por reducir las emisiones?

líder mundial en contaminación

No hay duda, incluso en la mente de sus más ardientes defensores, de que el transporte marítimo contamina a gran escala. La flota mundial de más de 50.000 buques –portacontenedores, cruceros, petroleros– produce más de una gigatonelada de gases de efecto invernadero al año. Y esas emisiones no dejan de crecer. Los críticos dicen que, si el transporte marítimo fuera un país, sería el sexto más contaminante del mundo, por delante de Alemania.

La alta contaminación del transporte marítimo se debe a su combustible. El búnker, o fuel pesado, es un residuo químico, el lodo que queda del refinado de la gasolina y el gasóleo. En los años 60, la industria petrolera le encontró un cliente: el transporte marítimo. Después del carbón, el búnker es el combustible más sucio y barato del planeta, y sólo lo utilizan los barcos o se emplea para pavimentar carreteras. No se le grava con impuestos y casi no está regulado.

La quema del búnker produce sobre todo emisiones de CO2. El resto es un cóctel de gases nocivos, como los óxidos de nitrógeno (NOx) y los óxidos de azufre (SOx), pero también partículas, como el carbono negro u hollín. La exposición a estas sustancias provoca enfermedades respiratorias, cáncer y otros problemas de salud.

“Utilizamos combustibles fósiles para alimentar todas esas actividades [de los barcos]. Y eso supone emisiones de partículas ultrafinas que son especialmente peligrosas porque son tan pequeñas que atraviesan inmediatamente nuestros pulmones”, explica el doctor Francisco Ferreira, de la ONG medioambiental Zero, con sede en Lisboa. La UE asegura que las emisiones de los barcos causan 50.000 muertes al año en Europa. Las muertes en todo el planeta oscilan entre 250.000 y 400.000. Según un estudio, “la mayoría de las muertes se producen cerca de las costas de Europa, Asia oriental y Asia meridional”.

En 2016, Naciones Unidas ratificó el Acuerdo de París, un tratado internacional vinculante que comprometía a los Estados nacionales y a las industrias a reducir las emisiones. El transporte marítimo quedó exento; como lo había estado del Protocolo de Kioto una década antes.

El fueloil pesado que propulsa los barcos es como mínimo 100 más tóxico que el gasóleo de los coches. / ALEXIA BARAKOU

En 2020, tras años de consultas con el sector, la Organización Marítima Internacional redujo el azufre que podía incluir el combustible del 3,5% a alrededor del 0,5%. Ese contenido, no obstante, es aún entre 100 y500 veces más tóxico que el del gasóleo utilizado en los coches.

Los barcos podrían cambiar a un nuevo combustible de búnker llamado fueloil de muy bajo contenido en azufre. O quemar el antiguo combustible e instalar depuradores, unos sistemas de limpieza de los gases de escape que filtran el azufre y lo vierten en el océano. Los grupos ecologistas y los expertos advierten de que los depuradores son una falsa solución que convierte la contaminación del aire en contaminación del agua.

Pero las medidas de la OMI son reseñables por lo que omitieron. El regulador del transporte marítimo ignoró la mayor parte de las emisiones del sector: el CO2, las partículas y las toxinas. Faig Abbasov es el director del programa de transporte marítimo de Transport & Environment, una ONG con sede en Bruselas que aboga por un transporte limpio. Está de acuerdo en que el SOx es un gran contaminante que requiere medidas urgentes. “Calculamos que unos pocos barcos pueden emitir más emisiones de azufre, de óxido de azufre, que millones de turismos en Europa en un año. Esos son los problemas que se han ignorado”, asegura desde las oficinas de T&E, a pocos metros del Parlamento Europeo.

Calmado y elocuente, Abbasov conoce los entresijos de la industria naviera y los riesgos que plantea. A su juicio, es como si la Unión Europea tuviera 28 en lugar de 27 Estados miembros. “El último Estado miembro es el transporte marítimo. El sector es tan grande, sus emisiones son tan masivas, que se le puede tratar como un país”, indicó a The Black Sea. “Esto es lo que está en juego. No se puede tener un continente con cero emisiones de carbono olvidando a un Estado miembro, porque los esfuerzos realizados en otros lugares quedarán en nada. Y eso es lo que nos tememos”.

Costas antiguas, enfermedades modernas

La ciudad portuaria italiana de Civitavecchia está a una hora al noroeste de Roma, a orillas del mar Tirreno, en el Mediterráneo. Su nombre significa ciudad antigua y su puerto se construyó hace casi dos mil años. A lo largo de los siglos, fue ocupada por los bizantinos, los Estados Pontificios y los franceses, reconociendo así su importancia estratégica. Hoy en día, Civitavecchia, una ciudad de 55.000 habitantes, da servicio cada año a 22 millones de pasajeros de cruceros, lo que la convierte en la segunda terminal más concurrida de Europa y la octava del mundo.

Antes del covid-19, a diario atracaban en el puerto enormes cruceros, pueblos flotantes que transportaban miles de pasajeros. Mientras los turistas se dirigían a los lugares de interés de Roma o Florencia, los barcos quedaban atracados en los muelles con los motores en marcha, a veces durante días, hasta que los pasajeros regresaban.

Durante la mayor parte de 2020 no hubo turistas. Pero las naves, varias de ellas pertenecientes a las mayores compañías de cruceros del mundo, la estadounidense Carnival y la italo-suiza Mediterranean Shipping Company (MSC), se quedaron.

Y también la contaminación. Para que los cruceros sigan funcionando, incluso sin pasajeros, los motores deben permanecer encendidos. Algunos puertos disponen de la infraestructura necesaria para suministrar electricidad a los barcos inactivos. Pero Civitavecchia, como la mayoría de los puertos de la UE, carece de ella. Así que, en el momento de escribir este artículo, docenas de naves queman combustible día y noche y arrojan gases tóxicos al aire de Civitavecchia.

Los cruceros atracados en los muelles mantienen sus motores en marcha las 24 horas del día y causan graves problemas de salud en las zonas cercanas a los puertos. / ALEXIA BARAKOU

Un estudio de 2019 sobre los niveles de contaminación de la ciudad, realizado por el Instituto de Ciencias Atmosféricas y del Clima de Roma, afirma que ni el límite de azufre de la OMI ni “los combustibles de bajo contenido en azufre evitan la liberación de contaminantes como las partículas ultrafinas y el carbono negro”. También explica que el aire sucio provocó un “aumento del 31% de la mortalidad por cáncer de pulmón y del 51% por enfermedades neurológicas en las personas que residen a menos de 500 metros de la zona portuaria”.

Riccardo Petraolo, activista del cambio climático de la ONG medioambiental No al Fosile, conoce los estudios y la literatura académica sobre Civitavecchia, pero para él y sus colegas la cuestión es más personal. “Detrás de estos números, detrás de estos datos, en una ciudad como Civitavecchia, están los rostros y los ojos y los recuerdos de tantos seres queridos que ya no están aquí”, dice a The Black Sea. “La presencia”, añade, “de tantos barcos que tienen los motores encendidos las 24 horas del día supone imponer un castigo a Civitavecchia que es constante”.

Los movimientos juveniles que luchan contra el cambio climático, como los Viernes por el Futuro de Greta Thunberg, aún no son fuertes en Civitavecchia, señala Riccardo. Pero los vecinos han empezado a contactar con los de otras ciudades.

Ciudades como Génova.

AUMENTA LA RESISTENCIA

Al norte de Civitavecchia, en la Riviera italiana, está Génova, la ciudad portuaria histórica más famosa del país. La industria naviera ocupa todo el litoral del centro de la ciudad. Al este hay una zona de reparación de barcos. En el centro, el puerto, con yates, restaurantes y la terminal de cruceros. Y más al oeste están los muelles, donde los mercantes desembarcan los cargamentos. Cruceros gigantescos y ferries hacen escala en el puerto día y noche. Al igual que en Civitavecchia, sus motores funcionan sin cesar.

El doctor Valerio Gennaro, epidemiólogo y oncólogo, se graduó en la Universidad de Génova como especialista en oncología, higiene y medicina preventiva. Completó un posdoctorado en Ciencias Ambientales en la prestigiosa Universidad Johns Hopkins de EEUU. Durante su carrera y desde que se jubiló, estudia el efecto de la contaminación en la salud humana. Delgado y de trato amable, nos cuenta que su objetivo no es sólo tratar las patologías, sino comprender sus causas y, en primer lugar, ayudar a la población a evitar que enferme. Ahora dedica mucho tiempo a ayudar a los movimientos juveniles locales. Proporciona pruebas científicas a los jóvenes genoveses, exponiendo los efectos locales de la contaminación. Uno de sus estudios destaca las zonas de Génova donde las tasas de mortalidad de la población superan la media. Son, dice, las cercanas a la zona portuaria, donde viven los más pobres. Nos cuenta que las autoridades locales han ignorado sus conclusiones. “No quieren ver”, asegura, “están demasiado vinculadas al negocio portuario”.

Dos brillantes y enérgicas activistas, Francesca Ghia e Irene Ghazzi, llegan al Grand Hotel Savoia, donde estamos entrevistando al doctor Gennaro. Le saludan cordialmente y nos detallan cómo les ayuda a presionar a las autoridades de Génova para que se tomen en serio las pruebas científicas sobre los niveles de contaminación. Francesca, de 26 años, inspirada por la huelga escolar de Greta Thunberg y el movimiento Viernes por el Futuro, organizó las primeras grandes protestas climáticas de Génova en 2019, que atrajeron a decenas de miles de personas.

La mayoría de los puertos de la UE carece de infraestructuras para suministrar electricidad a los cruceros que atracan en sus muelles. En la foto, el puerto de A Coruña. / AUTORIDAD PORTUARIA

Como todos los grupos de Viernes por el Futuro, los genoveses están preocupados por la crisis climática global, pero siguen siendo muy conscientes de los problemas locales, como los riesgos para la salud derivados de la dependencia de la ciudad del transporte marítimo. “Afrontamos muchos riesgos y daños por el puerto”, dice Francesca. “Se trata del aire que respiramos y de daños que probablemente descubriremos en el futuro”.

La compañera de Francesca, Irene, es una estudiante de 22 años de Arezzo (Toscana). En una ciudad dominada por la industria naviera, la suya no es una tarea sencilla. “Cada vez que intentamos avanzar juntos para cambiar o mejorar [los problemas], nos enfrentamos a la política”, apunta Irene. “Es como un muro. No es posible crear una comunicación [sobre el transporte marítimo], es como un asunto secreto”.

Tras su protesta en el verano de 2019, Viernes por el Futuro entregó una lista de demandas al Ayuntamiento de la ciudad, controlado desde 2017 por el independiente de derechas Marco Bucci –durante los 40 años anteriores Génova eligió a alcaldes de izquierdas–. El plan de siete puntos pedía a la ciudad que reconociera la crisis climática y se comprometiera a prohibir los plásticos de un solo uso. Después pedía la prohibición de los combustibles fósiles en el puerto y su electrificación, para que los barcos fueran obligados a “enchufarse” al atracar. Francesca recuerda que las autoridades aceptaron firmar la carta, pero sólo si se eliminaban las demandas relacionadas con el puerto. El grupo lo discutió y la ciudad se mantuvo inflexible. “Tuvimos que hacerlo”, señala Francesca. “Porque era la única manera de que firmaran el documento”.

NIEVE NEGRA

Las toxinas que causan problemas de salud en ciudades portuarias como Génova, Civitavecchia y otras miles en todo el mundo también provocan el calentamiento global. Las propias cifras de la OMI muestran que, para los seis años previos a 2012, los buques representaron el 3% de las emisiones de carbono del mundo, el 15% de las de NOx y el 13% de SOx. 

El transporte marítimo es un negocio global y su contribución al cambio climático también tiene efecto en todo el mundo. Varisa Phothisat, de 19 años, cree que esos efectos son evidentes en el Ártico, donde vive. Líder del grupo ecologista Natur og Ungdom (Naturaleza y Juventud) en Svalbard, un grupo de islas noruegas cercanas al Polo Norte, Varisa y sus amigos conciencian a la población local sobre las consecuencias de la crisis climática.

“Hace 13 años que vivo aquí. Y el primer cumpleaños que celebré en Svalbard fue el 19 de septiembre de 2007. Nevaba fuera, en la ventana... había mucha nieve”, recuerda en su casa familiar de Longyearbyen, la mayor ciudad de Svalbard, con unos 2.500 habitantes. “Y ahora en mi cumpleaños no hay nada de nieve. Las montañas están verdes”.

Para Varisa, los cambios son más que cosméticos. Los cambios climáticos acelerados en el Ártico provocan fenómenos meteorológicos sin precedentes. Cada vez son más frecuentes las avalanchas y corrimientos de tierra, y muchos esperan que su frecuencia aumente en los próximos años, ya que el Ártico se calienta más rápidamente que cualquier otro lugar de la Tierra.

La científica social Siri Veland, del Instituto de Investigación Nordland de Bodø (Noruega), ha investigado durante los últimos años los cambios en el clima del Ártico, el hielo marino y las sociedades locales. “Lo que estamos viendo en el Ártico es que los cambios ambientales se están produciendo aproximadamente el doble de rápido que en otras partes del mundo. Y ese es un proceso que hemos llamado amplificación del Ártico”, destaca. Veland explica cómo el carbono negro impacta en el Ártico de forma especial y drástica: “Al extender el hollín sobre la nieve, ésta se oscurece. Entonces absorbe la radiación del sol. Y cuando esa radiación es absorbida, se transforma en calor”.

Varisa Phothisat, de 19 años, líder del grupo ecologista Natur og Ungdom (Naturaleza y Juventud) en Svalbard, unas islas noruegas cerca del Polo Norte. / KRISTOFFER KUMAR / VG

El equipo de Bryan Comer, científico ambiental y director del programa marino del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), descubrió que las emisiones de carbono negro de los barcos aumentaron más de 10 veces entre 2015 y 2019. “Y crece exactamente en el lugar donde no se quiere más carbono negro adicional”, indica. “Porque”, continúa, “cuando los barcos navegan cerca del Ártico, el carbono negro que emiten termina en las capas más bajas de la atmósfera, lo que facilita su depósito en la nieve y el hielo del Ártico”.

El carbono negro tiene un efecto sobre el clima del Ártico 37 veces superior al del CO2 pero, a diferencia de éste, es lo que los científicos llaman un forzador climático de corta duración. “Si se puede evitar que se emita más”, explica Comer, “puede conseguirse una reducción inmediata del calentamiento que se está produciendo actualmente. Así que se puede ganar tiempo adicional y evitar que se produzcan puntos críticos en el clima”.

“llevamos miles de años en este negocio”

Los antiguos mitos cuentan que Zeus, el rey de los dioses, decidió que el centro del mundo estaba en Grecia. La industria naviera moderna ha llegado a la misma conclusión. En la actualidad, Grecia es la mayor nación propietaria de barcos del mundo por su tonelaje. Los griegos constituyen más de la mitad de la flota marítima europea y más del 20% de la flota mundial. En Grecia se encuentran algunos de los defensores más fervorosos e influyentes del sector. Aunque ninguno niega el cambio climático, se resisten a los esfuerzos para revertirlo. Apoyan el énfasis regulador de la OMI y desprecian que otros se inmiscuyan en lo que consideran asuntos demasiado complejos.

La Fundación Aikaterini Laskaridis es un centro cultural situado en el centro de Atenas. Allí entrevistamos a su fundador, Panos Laskaridis, uno de los dos hermanos detrás de Lavinia Corporation y Laskaridis Shipping. Es el patriarca de una familia cuya riqueza se desconoce. Gran parte de sus activos están fuera de Grecia. Los medios de comunicación locales calculan que Lavinia tiene un valor de unos 1.000 millones de dólares –825 millones de euros–.

Seguro de sí mismo, pragmático, antiguo vicepresidente de la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea, un poderoso grupo de presión, Laskaridis admite que existe un problema climático que preocupa a muchos jóvenes, pero también subraya que “el mundo no es perfecto”. Dice que los ecologistas son “fanáticos” y que Greta Thunberg “es un negocio... controlado por sus padres”. “Sabes, los griegos creemos firmemente, y la mayoría de las veces tenemos razón, que sabemos las cosas mejor que la mayoría de la gente. ¿Y sabes por qué pensamos eso?”, pregunta Laskaridis. “Porque llevamos miles de años en este negocio”.

La respuesta de Laskaridis a la crisis climática para el transporte marítimo es la “navegación lenta”: viajar a menor velocidad, quemando muchísimo menos combustible. “Reduciendo la velocidad, se consiguen enormes porcentajes [de reducción de emisiones] de forma inmediata y muy fácilmente sin ningún esfuerzo”, resalta.

George Prokopiu, destacado multimillonario del transporte marítimo y propietario de Dynacom Tankers, está de acuerdo en que la OMI debería apoyar la navegación lenta. “La medida inmediata es una reducción de la velocidad”, dice. “Disminuir la velocidad recorta a la mitad todas las emisiones, de CO2 y de partículas”.

Parece sencillo. Excepto por el hecho de que los barcos ya van más despacio para ahorrar dinero. “Después de la crisis financiera de 2008, se impuso la navegación lenta”, comenta Bryan Comer, del ICCT. “Según nuestras investigaciones, las reducciones de velocidad que hemos visto después de la crisis financiera siguen en vigor hoy. Así que no ha habido un gran repunte en las velocidades”.

El sector naviero griego es un pilar vital de la economía del país. Un estudio de Deloitte cifra en 11.000 millones de euros –un 6,6%–, la contribución de esta industria al PIB de Grecia en 2019. Laskaridis cree que Grecia obtiene más de la relación que la industria naviera. “No hay nada que un armador gane de Grecia. Ningún cargamento de Grecia, ningún contrato de Grecia. Nada en Grecia. Sólo sus oficinas, eso es todo”, recalca a The Black Sea. 

Por el contrario, el ministro griego de Transporte Marítimo, Ioannis Plakiotakis, discrepó cuando le planteamos los comentarios de Laskaridis. “El Gobierno griego ha creado un marco institucional estable para la industria naval griega”, replica. “En el milagro griego hubo, y sigue habiendo, una gran sinergia entre el Gobierno, los armadores y las tripulaciones”.

Visitamos el ministerio griego en el puerto de El Pireo para entrevistar a Plakiotakis. Unas semanas antes de la cita, el personal del departamento de comunicación exigió conocer con antelación las preguntas de la entrevista. Mientras las cámaras se instalaban, colocaron una pantalla grande con las respuestas preparadas y entregaron una copia impresa a Plakiotakis.

La entrevista comienza cordialmente. Plakiotakis se autodenomina “el ministro más importante del mundo, en lo que respecta al transporte marítimo”. Leyendo sus respuestas, Plakiotakis nos dice que Grecia y su ministerio están “totalmente comprometidos” con las políticas “verdes”. Insiste en que la OMI “está haciendo un trabajo excelente” y advierte contra cualquier regulación regional: “No se puede perjudicar la competitividad de las empresas navieras de tamaño medio”.

Sin embargo, a diferencia de los armadores griegos, no ofrece ninguna solución para reducir las emisiones del transporte marítimo más allá de respetar el papel de la OMI como único regulador del sector. Cuando las preguntas se dirigen hacia la urgencia de la crisis climática y su papel como ministro, busca respuestas entre sus comentarios preparados y luego declara: “No soy ecologista. Soy político. No hay que confundir”. Tras la entrevista, su equipo, enfadado, acusa a los periodistas de intentar poner en aprietos al ministro por salirse del guion.

No todos los griegos están en contra de una regulación más estricta del sector marítimo. La doctora Dimitra Vini, pediatra de El Pireo, se convirtió en activista tras comprobar durante años los efectos del puerto en la salud de la población. “Mi vida y mi amor por mi ciudad me empujaron a involucrarme”, confiesa. Nos muestra una escuela primaria a unos cientos de metros del puerto. “Los niños tienen problemas de salud. Respiran las emisiones. Los cruceros están tan cerca de nuestras escuelas que es un crimen”. El Gobierno no ayuda, protesta, y califica al ministro griego de Transporte Marítimo, Plakiotakis, como “una broma y un esclavo del dinero y los barcos”.

CERO IMPUESTOS

El estatus especial del transporte marítimo va más allá de las políticas sobre el cambio climático. La industria naviera recibe un trato fiscal muy favorable. El combustible para los barcos está exento de impuestos, los marinos no pagan IRPF –y tienen muy poca protección laboral– y el impuesto de sociedades es casi inexistente. Pero, ¿cuántos ingresos pierden los Estados?

Olaf Merk, del Foro Internacional del Transporte (ITF), perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quiso averiguarlo. Recopiló información financiera de un centenar de grandes empresas de transporte marítimo, con la esperanza de “poner una cifra” a la carga fiscal de la industria naviera. Lo que descubrió es digno de mención. “Por término medio, el tipo impositivo de estas empresas es de alrededor del 7% de sus beneficios, lo que está muy por debajo del tipo medio de la OCDE para el impuesto de sociedades, que es de alrededor del 24%”, detalla Merk. “Además, hay ciertos sectores en los que es especialmente bajo. Por ejemplo, en el de los cruceros, descubrimos que su tipo impositivo medio es del 0%, básicamente”.

El régimen fiscal sobre el tonelaje permite al crucero 'Preziosa' tributar a un tipo de sólo el 0,08%. / ALEXIA BARAKOU

Una de las razones por las que el sector naviero puede pagar menos a las arcas del Estado es el régimen del impuesto sobre el tonelaje. Diseñado por Grecia en los años 70, el impuesto sobre el tonelaje lo ofrecen muchos países de la UE y de todo el mundo, cada vez en mayor número y especialmente en los últimos años. ¿Cómo funciona? En lugar de tributar por sus beneficios, las compañías navieras pagan impuestos por el peso neto; es decir, que no es una medida de peso sino de volumen, el espacio del barco. Los gobiernos y las cifras de la industria dicen que este régimen especial simplifica la tributación. Además, puede crear tipos impositivos casi nulos para las empresas.

Gran parte de las operaciones del sector se esconden en jurisdicciones opacas, por lo que no siempre es posible obtener las cuentas financieras. Pero pudimos analizar los registros del Preziosa, un crucero de lujo de 333 metros de eslora propiedad de MSCMSC, la mayor empresa de cruceros de Europa. Preziosa Cruise Limited en la empresa británica a la que pertenece el barco.

En 2018 y 2019 –los registros disponibles–, Preziosa Cruise Limited generó 44 millones de euros de beneficios, unos 22 millones de euros cada año. Gracias al régimen fiscal británico sobre el tonelaje, Preziosa Cruise sólo pagó 36.000 euros en impuestos, 18.000 euros al año. Lo que equivale a un tipo del 0,08%. Una empresa británica de cualquier otro sector habría abonado alrededor de 10 millones de euros en el impuesto de sociedades, y una persona física más de 20 millones de euros. El vicepresidente ejecutivo de MSC, Bud Darr, declinó hacer comentarios sobre temas fiscales durante una entrevista filmada en Ginebra, donde la empresa tiene su sede.

A medida que aumenta el número de países que aplican el impuesto sobre el tonelaje, “el riesgo”, dice Merk, “es una carrera a la baja”. Su estudio revela que más de la mitad de las empresas navieras no paga impuestos, aunque añade que puede ser injusto culparlas sólo a ellas. “Simplemente están utilizando los sistemas que existen”, admite. Los gobiernos deben revertir estos sistemas que permiten que el transporte marítimo pague impuestos tan bajos, o utilizar estos “subsidios”, como él los llama, para compensar el daño ecológico que causa la industria.

¿Una solución europea?

Los entrevistados del sector coinciden en que “la OMI es el único regulador mundial del transporte marítimo”. Los que no pertenecen a ella –ecologistas, expertos, Estados nacionales– no son bienvenidos. Pero en los últimos años, la Unión Europea ha comenzado a hacer serios esfuerzos para abordar los problemas medioambientales del transporte marítimo.

Tras la elección de la nueva Comisión Europea en 2019, su presidenta, Ursula von Der Leyen, se comprometió a imponer un “New Deal Verde Europeo” para reducir radicalmente los gases de efecto invernadero y las emisiones. Según prometió, Europa se convertirá en un continente con cero emisiones de carbono en 2050.

Por primera vez, el esfuerzo ecológico incluía a los barcos. La primera propuesta legislativa fue incluir las emisiones del transporte marítimo en el sistema de créditos de carbono de la UE, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, el ETS. Las empresas deben comprar créditos de carbono para superar los límites de emisión, lo que les abarata la construcción de nuevos buques y el uso de combustibles de mayor calidad.

Jutta Paulus, eurodiputada alemana del Partido Verde, y ponente de la UE para el transporte marítimo, diseñó el proyecto de ley. El pasado mes de septiembre entrevistamos a Paulus mientras preparaba la votación en el Parlamento Europeo. Química de formación, Paulus no tenía experiencia en el sector marítimo antes de su nombramiento en julio de 2019. Cuando se anunció el encargo, dice que simplemente levantó la mano. El suyo era un reto importante: regular una industria a la que no le gusta que la toquen.

En una reunión de la Cámara Naviera Internacional celebrada en septiembre, Hugo De Stoop, director general del gigante belga de los petroleros Euronav, describió cómo es el ADN que el sector tiene profundamente grabado. “En el centro del problema está la forma en que construimos esta industria en el pasado... en las sombras, tratando de ser discretos y pasar inadvertidos, de hecho. Todo eso era porque nadie quería pagar impuestos, nadie quería estar sometido a una regulación estricta”.

Mientras Paulus y su equipo femenino se preparaban nerviosas para el debate y la votación, fuentes internas empezaron a sugerir que Francia y Grecia iban a ejercer una fuerte oposición o a aplicar tácticas dilatorias. Pero tras la primera ronda de votaciones quedó claro que el proyecto de ley contaba con el apoyo de todos los partidos. Los defensores habituales de la industria naviera votaron a favor de la nueva legislación, una señal del cambio de actitud ante la crisis climática.

Una empresa o un particular pagan a Hacienda por sus beneficios o rentas muchos más impuestos que una naviera. / ALEXIA BARAKOU

La eurodiputada danesa Pernille Weiss argumentó que el proyecto de ley necesitaba una evaluación de impacto más amplia antes de la votación. “No se incluye a todo un sector, a toda una industria en el sistema ETS sin una evaluación de impacto adecuada”, explicó a The Black Sea. “Es una mala legislación”.

Sin embargo, al final, Weiss, cuya campaña para las elecciones europeas recibió financiación del grupo de presión Danish Shipping, así como los eurodiputados de Francia y Grecia, votaron a favor de la normativa. La legislación fue aprobada. Cuando Paulus tuiteó el logro, un joven activista climático de Alemania le respondió: “No es suficiente”.

¿Un regulador "secuestrado"?

La OMI conoce bien el historial medioambiental de la industria naviera. Ha publicado cuatro estudios sobre el tema desde el año 2000; los más recientes, en 2014 y 2020. Los informes revelaron que, en lugar de reducirse, las emisiones de los buques habían crecido un 10% desde 2008, y seguirán haciéndolo si no hay reformas radicales

Los críticos sostienen que la OMI carece de voluntad para regular el sector y que la industria la ha capturado para servir a sus intereses. “Se puede decir que es el zorro a cargo del gallinero”, resalta Faig Abbasov, de T&E: “Este organismo de la ONU ha sido capturado, o más bien secuestrado”.

La OMI no tiene ninguna responsabilidad legal de transparencia. Gobierna por consenso, emitiendo a menudo decisiones no vinculantes. Sus delegados son Estados miembros apoyados por las partes interesadas. Aunque las ONG medioambientales asisten a las reuniones y aportan pruebas, el grueso de los asesores procede del sector naviero, o de abogados y grupos de presión que actúan en su nombre. La OMI ha expulsado a delegados que critican al sector, como ocurrió con Greenpeace en 2009.

El Comité de Protección del Medio Ambiente Marino (CPMM) de la OMI, reunido en noviembre de 2020, se propuso alinearse con los objetivos climáticos del Acuerdo de París: una reducción de CO2 en esta década y hasta en un 50% en total para 2050. Era una oportunidad para que la OMI demostrara que merecía su papel de regulador mundial del transporte marítimo. Y un paso serio para el cambio necesario que no precisaba de la aprobación de la UE. Pero fracasó. A pesar de los extremos climáticos y meteorológicos de 2020 y de las emisiones récord de CO2, la OMI acordó imponer sólo soluciones a corto plazo y no vinculantes.

Sus medidas no reducen las emisiones de CO2, sino que, de hecho, las aumentarán en los próximos 10 años. Lejos de recortar las emisiones, las resoluciones de la OMI restringen su ritmo de crecimiento. ¿Cuánto? Un punto porcentual respecto a las emisiones “normales”. Lo que significa que, si el sector naviero no aplica ninguna estrategia verde, su producción de gases de efecto invernadero aumentará un 15% de aquí a 2030. El plan de la OMI lo reduce a un aumento del 14%: ese punto porcentual menos que sin estrategias verdes.

Algunos delegados acusaron a la OMI de ponerse un “maquillaje verde”. Incluso algunos Estados miembros antes pro-industria naviera, como las Islas Marshall, que están al borde de la extinción debido a la subida del nivel del mar, expresaron su creciente alarma: “La ciencia es clara, y no ha hecho más que aclararse...”, aseguró su representante. “Debemos hacer más si queremos evitar los peores efectos de la catástrofe climática. Esta propuesta no es fiel a las promesas que hicimos hace dos años...”, lamentaron. Tales advertencias no ganaron mucho terreno entre los países de mayor peso en el transporte marítimo, como Rusia y China. Las resoluciones de la OMI fueron aprobadas.

“Excelentísimos señores, distinguidos delegados y observadores”, comenzó el secretario general de la OMI, Kitack Lim, sonriendo, al concluir la comisión de medio ambiente. “Todos ustedes”, continuó, “deben de estar agotados. Me hubiera gustado entregarles a todos una porción de pizza, para reconfortarlos por su extraordinario esfuerzo”. Tras la votación, el presidente de la Coalición para el Transporte Marítimo Limpio, John Maggs, nos dijo que se habían cumplido sus “peores expectativas. Han optado por no hacer nada en la práctica”.

Gran parte de las operaciones del sector naviero se esconden en jurisdicciones opacas. / ALEXIA BARAKOU

Tristan Smith, científico del Instituto de Energía del University College de Londres, afirma que las medidas de la OMI no cumplen ninguno de los objetivos del Acuerdo de París. “[Estos objetivos] no pueden alcanzarse”, razona, “porque las regulaciones que la OMI está implementando son demasiado débiles para asegurar que no tengamos aumentos de las emisiones [de gases de efecto invernadero] del transporte marítimo en la próxima década”.

Smith, que participó en los estudios de la OMI sobre el cambio climático, sostiene que sólo unos recortes drásticos pueden evitar un futuro sombrío: “En el contexto del covid, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se han reducido este año entre un 8% y un 9%”, explica. “Necesitaríamos hacer eso cada año, durante esta década, sólo para estar en línea con el objetivo de 1,5 grados [reducir la temperatura del planeta en esa cifra, tal y como estipula el Acuerdo de París]”. Por eso, cree que las medidas a corto plazo de la OMI se quedan cortas: “En la práctica, da igual que las emisiones [del transporte marítimo] se mantengan constantes o que crezcan un 250%. Ninguna de las dos cosas es compatible con una reducción del 50% para 2030 y un objetivo de cero emisiones para 2050”.

La ONU en su conjunto considera que la crisis climática es un asunto que precisa de un abordaje urgente. El secretario general de la ONU, António Guterres, apuntó al transporte marítimo en su discurso sobre el estado del planeta pronunciado en la Universidad de Columbia (EEUU) unas semanas antes de la reunión de la OMI: “Necesitamos medidas reglamentarias y fiscales aplicables para que el sector del transporte marítimo pueda cumplir sus compromisos. De lo contrario, el barco cero [de emisiones] habrá zarpado”.

Nos pusimos en contacto con la OMI en numerosas ocasiones para solicitar una entrevista oficial con su secretario general, Kitack Lim. Pero nos la negaron. La OMI quería que aclaráramos si “buscábamos un ángulo negativo”. Incluso prometiendo una entrevista imparcial, nuestras conversaciones con ellos no llegaron a puerto. Así que nos acercamos a la casa del secretario general, en Londres. “Todo el mundo es consciente [del cambio climático], pero hay diferentes puntos de vista sobre cómo tratarlo”, contestó un sorprendido Lim. Nos indicó que debíamos pedir la entrevista a través de su jefe de gabinete. Lo hicimos varias veces. Nunca recibimos respuesta.

Mientras tanto, se agranda la brecha entre la retórica de la industria y las preocupaciones de la siguiente generación.

Durante la producción, entrevistamos a John Platsidakis, antiguo jefe de Intercargo, un destacado grupo de presión europeo. Le preguntamos si el transporte marítimo necesita una mejor regulación para proteger el medio ambiente: “¿Están ustedes dispuestos a parar el comercio mundial?”.

Las interrupciones de las cadenas de suministro pueden ser graves. Cuando un solo buque portacontenedores, el Ever Given, quedó bloqueado en el Canal de Suez el pasado marzo, la revista marítima más influyente, Lloyd's List, calculó que estaba retrasando un volumen de transacciones de 9.600 millones de dólares diarios.

Para los jóvenes de todo el mundo, el cambio climático es un problema al menos igual de grave. En Svalbard, unas semanas antes de la reunión de noviembre de la OMI, preguntamos a Varisa qué diría a las organizaciones y empresas que quieren retrasar las políticas sobre el cambio climático en interés del comercio mundial.

“Es urgente. Siempre será urgente hasta que deje de serlo”, respondió. “Al final, no habrá nada que llevar y traer, no habrá países a los que enviar... No os quedará nada si seguís así”.

La Agencia Tributaria abrió en julio de 2015 unas “actuaciones de comprobación” sobre las “relaciones financieras” de la petrolera Petrologis Canarias SL con dos empresas esenciales del entramado empresarial internacional de la familia Domecq-Cañete, la holandesa Havorad BV y la costarricense Corporación Bilares SA.

Siempre según la última memoria anual de Petrologis, la comprobación iniciada en julio de 2015 se centra solo en el impuesto de sociedades y afecta al periodo 2010 y 2013. Es decir, a los dos últimos años en que el exministro del PP y hoy eurocomisario de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, presidió la compañía (2010 y 2011) y a los dos ejercicios posteriores.

Havorad BV figura como accionista mayoritario de Petrologis. Corporación Bilares fue a su vez accionista único de Havorad BV. Tanto la compañía holandesa como la costarricense aparecen directamente vinculadas en el Registro de los Países Bajos a otra mercantil del paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, Gold Lion Corp. NV. La conexión de Havorad -que igualmente es accionista de control de la otra petrolera familiar, Petrolífera Dúcar SL- con ese entramado offshore cuyas ramificaciones llegan también hasta Panamá fue desvelada por infoLibre en 2014.

Según el diario El País, en la declaración de actividades presentada tras las elecciones de noviembre de 2011, Cañete anotó que en esa fecha aún mantenía el cargo de presidente de Petrologis, del que dimitió de inmediato para incorporarse al Gobierno de Mariano Rajoy. El cese fue publicado el 1 de febrero de 2012 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

El préstamo que Hacienda no se cree

Tanto Havorad como Bilares jugaron un papel clave en un supuesto préstamo a otra empresa del grupo, esta creada en Panamá -Angelmo International Inc.- pero finalmente trasladada a España, y cuya concesión real no se cree Hacienda. Por un importe equivalente a 734.000 euros, ese préstamo fue otorgado en 1997. Entonces, Miguel Arias y su cuñado Miguel Domecq representaban oficialmente los intereses de la sucursal española de la panameña Angelmo. En el año 2000, la mercantil se disolvió en Panamá y se inscribió como española bajo una denominación muy parecida a la original: Angelmo Development SL.

Hasta tal punto no se cree la Agencia Tributaria la existencia del préstamo que en una década y en medio de un largo pleito le ha exigido a Angelmo casi un millón de euros por impuestos que considera impagados y que la compañía se habría ahorrado aplicando una fórmula que cabría resumir así: al contabilizar la devolución de ese préstamo en su capítulo de gastos, habría obtenido peores resultados anuales y eso necesariamente conduce a que se reduzca la cifra a pagar en concepto de impuestos. Las cuentas de Petrologis relativas a 2015 confirman que también la petrolera mantiene concedido a Angelmo otro préstamo. El saldo inicial ascendía a dos millones de euros.

Havorad, a la que Hacienda considera una simple “sociedad pantalla” y así figura en una de las sentencias de ese largo pleito, ha alcanzado máxima relevancia para la familia de Cañete. Un ejemplo: es a través de ella como la familia controla nada menos que un tercio de la subsidiaria panameña de Cepsa.

Las cuentas depositadas por Havorad BV en el registro holandés atestiguan que en 2013 participaba en 21 sociedades, la mayor parte de ellas españolas.

"Ni una sola acción"

En septiembre de 2014, poco antes de su nominación como miembro de la Comisión Europea, Cañete vendió las acciones que conservaba en Petrologis Canarias y en la segunda petrolera familiar, Petrolífera Dúcar SL: un 2,5% del total en cada caso.

Ni él mismo ni su mujer, Micaela Domecq, ni sus hijos tienen ya “una sola acción” en ninguna de esas dos sociedades, recalcó hace dos meses en declaraciones a este diario una portavoz de Cañete. Así lo afirmó cuando este diario le pidió su opinión sobre el hecho de que fuese Petrolífera Dúcar la encargada de llevar el fuel a la flotilla rusa que navegaba hacia Siria y tenía permiso para hacer escala en Ceuta. La escala fue finalmente suspendida tras las protestas de la OTAN.

Adelantada este lunes por El Confidencial, la actuación inspectora de Hacienda sobre Petrologis es presentada por la compañía como un episodio de escasa envergadura. Su memoria anual lo expone así: “El 23 de Julio de 2015 se ha iniciado (sic) unas actuaciones de comprobación con carácter parcial del impuesto sobre sociedades en relación a los ejercicios 2010 a 2013 y limitada a la comprobación de las relaciones financieras con Havorad BV y Corporación Bilares”.

A renglón seguido, el documento añade esto: “Las operaciones financieras con estas empresas han sido prácticamente nulas en el caso primero y nulas en el caso segundo, por lo que la compañía no estima la posibilidad de tener que realizar un ajuste como consecuencia de la comprobación que pueda ser significativo”.

La redacción de ese segundo párrafo obvia lo que esa misma memoria, relativa al ejercicio 2015, detalla en otro apartado: que Havorad BV sigue siendo, con el 48% de los títulos, el principal accionista de Petrologis Canarias SL. A día de hoy, no se sabe quién controla el 19% de la petrolera: la memoria se limita a anotar ese porcentaje junto al epígrafe “Otros”.

Los datos que ya en 2014, dos años antes de la publicación de los llamados Papeles de Panamá, aportaron las primeras pistas sobre el enrevesado ovillo mercantil de la saga jerezana constan en distintas sentencias de una larga serie, la del ya mencionado pleito con Hacienda. El nombre de Havorad aparece por primera vez en una resolución judicial de 2002.

La relación de los Domecq-Cañete con la estructura societaria creada en el Istmo con Havorad como protagonista último no consta en los Papeles de Panamá: porque los documentos difundidos bajo esa denominación por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) provienen al completo de una filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca. Y para crear la red empresarial panameña articulada en torno a Havorad BV -Angelmo, por ejemplo, pertenece a ella-, la familia recurrió a otro despacho de abogados.

De Fuenlabrada a Holanda y Costa Rica

La génesis de las múltiples reclamaciones de la Agencia Tributaria a Angelmo se remonta a julio de 1997. Fue en esa fecha cuando su sociedad precursora, la panameña Angelmo International Corp, constituyó la ya mencionada sucursal en España, a la que aportó una nave industrial de Fuenlabrada. La había comprado nueve años antes por 50 millones de pesetas (300.000 euros).

Al mismo tiempo, la sucursal española de Angelmo obtuvo un “préstamo” de 122,7 millones de pesetas (734.000 euros) para que, supuestamente, reformara la nave, algo que Hacienda sostiene que nunca ocurrió. Las últimas sentencias disponibles constatan que el acreedor de Angelmo terminó siendo la holandesa Havorad BV.

Pero, originariamente, en ese papel figuraba otra pieza del andamiaje fiduciario: la costarricense Corporación Bilares SA. En realidad, las fichas se han movido de posición pero sin abandonar nunca el tablero de los mismos accionistas: la familia Domecq-Cañete.

Porque resulta que Corporación Bilares SA, oficialmente ya disuelta en San José de Costa Rica, era la accionista única de Gold Lion Corp. NV, una compañía del paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Y Gold Lion Corp. NV ejerció entre mayo de 1989 y el 23 de diciembre de 2003 como accionista única de la holandesa Havorad BV.

Aunque todo apunta a que es la familia Domecq-Cañete la propietaria de Gold Lion Corp. NV, no hay forma de saberlo a ciencia cierta: el registro antillano, como de hecho ocurre en la mayoría de los paraísos fiscales, impide conocer quiénes son los beneficiarios reales de una sociedad.

En mayo de este año, infoLibre sí tuvo acceso en cambio a documentos oficiales que acreditan cómo en el registro costarricense quedó archivado el nombre de los dos principales directivos de Corporación Bilares, ambos empresarios mexicanos íntimamente ligados a la marca Domecq. Uno de ellos es hijo de de una de las dos figuras clave que catapultaron la marca Domecq en el país azteca en los años cincuenta del siglo pasado, Antonio Ariza Cabanillas. El otro es el dueño de una importante y controvertida constructora mexicana, Gutsa.

Nominado como comisario de Energía y Acción Climática para la futura Comisión Europea que presidirá Jean-Claude Juncker, el exministro Miguel Arias Cañete vio la semana pasada cómo las dudas de socialdemócratas y de los grupos a su izquierda (Izquierda Unitaria, al que pertenecen IU y Podemos, y Los Verdes, que cuenta con el apoyo de Equo) dejaban en suspenso su evaluación hasta que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se pronuncie sobre su segunda declaración de intereses, que incluye sus cobros del PP.

Un día antes de que los coordinadores de grupo aplazasen el dictamen sobre Cañete, el candidato se había sometido a un duro examen de tres horas ante las comisiones de Industria y Medio Ambiente. Fue allí donde Cañete negó tajante cualquier relación con operaciones localizadas en paraísos fiscales y varios interrogantes abiertos sobre el holding familiar que capitanea su cuñado Miguel Domecq. Por ejemplo, quién hay tras la empresa holandesa Havorad BV, cabecera del grupo –se lo preguntó la eurodiputada de IU Paloma López–, o a quién ha vendido el 2,5% que poseía en las dos petroleras españolas que controla Havorad, Petrologis Canarias SL y Petrolífera Dúcar SL. Los documentos mercantiles del holding y varias sentencias sobre una de las sociedades del grupo, heredera española de una compañía familiar panameña, aportan algunas respuestas.

01. ¿Ha tenido Cañete algún vínculo directo con empresas localizadas en paraísos fiscales?

Sí, con la empresa panameña Angelmo International Corp, que en abril de 2000 trasladó su domicilio social a España y quedó rebautizada como Angelmo Development SL. Entre julio de 1991 –cuando el Gobierno promulgó un real decreto sobre la materia, el 1080/1991–, y abril de 2013, Panamá permaneció en la lista española de paraísos fiscales.

El primer dato de la relación del futuro comisario con Angelmo International Corp. lleva fecha de 23 de julio de 1997. El día 1 de ese mes, quedó constituida en Madrid Angelmo International Corp. Sucursal en España, de la que no hay cuentas disponibles por cuanto, como su nombre indica, era solo una delegación de la compañía panameña.

El día 23 de julio de ese año, la sucursal española de Angelmo nombró dos “representantes permanentes” [ver el PDF]: el primero era una persona jurídica, la empresa Arias y Domecq SL; el segundo, una persona física: Miguel Domecq Solís, cuñado de Miguel Arias. Cinco meses antes, el 20 de febrero de 1997, Miguel Arias Cañete había sido nombrado administrador solidario de Arias y Domecq SL, junto con Miguel Domecq Solís. Dado que Miguel Domecq ya era representante de la compañía como persona física, el único efecto de otorgar ese rango también a Arias y Domecq SL fue este: que también así Cañete se incorporó a la gestión de la panameña Angelmo.

El 31 de marzo de 2000 –esa fue la fecha que en un debate parlamentario ofreció el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada–,dos semanas después de las elecciones generales que otorgaron mayoría absoluta a José María Aznar, Cañete cesó como administrador solidario de Arias y Domecq SL [consulta el PDF], aunque el cese no quedó inscrito en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) hasta el 26 de diciembre de ese año. El 27 de abril de 2000, Cañete fue nombrado ministro de Agricultura y Pesca.

Para entonces, y por decisión de una junta de accionistas celebrada en octubre de 1999 [aquí tienes el PDF] pero cuyos acuerdos no se materializaron en Panamá hasta enero de 2001 [lo puedes ver aquí en PDF], la panameña Angelmo International Corp ya había trasladado su domicilio social a Madrid y “adquirido la condición de entidad social española”, que fue el mandato de la junta de accionistas en Panamá.

Los documentos del registro panameño señalan que Miguel Domecq Solís constaba como presidente de Angelmo International Corp en octubre de 1999 y que fue él quien dirigió el proceso de disolución. Y que todas las acciones de Angelmo eran propiedad de Havorad BV. Domiciliada en Amsterdam, Havorad BV opera como cabecera del holding familiar. Por ejemplo, es el accionista de control de las compañías Petrologis Canarias SL y Petrolífera Dúcar SL, aquellas de cuyas participaciones (el 2,5% respectivamente) se ha desprendido ahora Miguel Arias.

Una vez decidida la disolución de la compañía panameña y su traslado a España, una nueva empresa nació en Madrid. Constituida el 5 de abril de 2000, la empresa quedó rebautizada como Angelmo Development SL. Es la heredera de la Angelmo panameña. Y, a día de hoy, está participada al 99% por la compañía holandesa Havorad BV [revisa el PDF]. a la que la Agencia Tributaria considera una “empresa pantalla”. Ni los documentos depositados en el Registro Mercantil de Holanda ni los presentados en el de Madrid permiten saber a quién pertenece el 1% restante. Ni, por supuesto, cuál es y ha sido a lo largo de los años la composición accionarial de Havorad BV.

02. ¿Quién está detrás de la empresa holandesa Havorad BV, cabeza del holding familiar?

A ciencia cierta no se sabe, y Arias Cañete tampoco lo ha aclarado, pero todos los datos apuntan  a que Havorad BV ha pertenecido al menos desde finales de los ochenta al entorno familiar de Cañete, con su cuñado Miguel Domecq en cabeza.

Constituida en 1962 y sin un solo empleado, Havorad BV declaró en las cuentas de 2013 activos por 32,9 millones de euros, todos ellos de carácter financiero. Al cierre de 2013, Havorad constaba como accionista mayoritario o de control de 12 sociedades españolas del grupo familiar. Entre ellas figuran las dos compañías petroleras españolas –Petrologis Canarias y Petrolífera Dúcar–, tres dedicadas a la agricultura y siete del ámbito inmobiliario, como Angelmo Development SL.

El historial registral de Havorad BV, expedido por el Registro holandés y facilitado en septiembre a infoLibre por fuentes políticas europeas, muestra una peculiaridad. Según el documento, el accionista único de la compañía entre el 5 de mayo de 1989 y el 22 de diciembre de 2003 fue una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, Gold Lion Corporation NV. El 22 de diciembre de 2003, Gold Lion fue sustituida como “accionista único” de Havorad BV por la costarricense Corporación Bilares SA. Y ese mismo día, Corporación Bilares SA dejó de ser la propietaria de Havorad BV.

La peculiaridad estriba en que tuvo como accionista único a Bilares por un solo día. Y en que a partir de su cese –diciembre de 2003–, el historial deja en blanco la identidad de los accionistas. A partir de 2007, las cuentas introducen una fórmula según la cual la compañía consideraba primero a Miguel Domecq, su esposa y sus hijos como propietarios, para finalmente señalar sólo al cuñado de Cañete y a sus nietos. En las cuentas de 2013, desaparece toda referencia nominal a los accionistas. Los títulos, dice la memoria de ese año, depositada el pasado 3 de julio, son “mayoritariamente propiedad de un individuo español”.

Pese al más que efímero paso –un solo día– de Corporación Bilares por Havorad [consúltalo aquí en PDF], esta aún la consideraba como “entidad relacionada” en 2009. El balance de ese año, como los anteriores hasta al menos el de 2006, titula la nota 8 de la memoria con el siguiente epígrafe: “Préstamos debidos a entidad relacionada”. Debajo, el texto dice lo siguiente: “Este artículo [es decir, esta nota de la memoria] representa dos acuerdos con Bilares Corporación SA de fecha 28 de diciembre de 1989 y 15 de septiembre de 1996. Además, este producto también representa un préstamo de Bilares Corporación en la cantidad de 1.783.900 euros concedido el 1 de enero de 2002”.

03. ¿Ha incurrido en malas prácticas tributarias alguna de esas empresas?

Pues, a tenor de lo que sostiene Hacienda y queda reflejado en varias sentencias de lo contencioso –es decir, no hay un procedimiento penal–, la última de ellas dictada por el Supremo en diciembre de 2013, la respuesta es sí. El pleito está relacionado con Angelmo Development SL, heredera de la panameña Angelmo International Corp. Y lo que Hacienda lleva sosteniendo desde hace una década es que esa compañía ejecutó una maniobra destinada a pagar menos impuestos desde el mismo momento de su instalación en España. ¿Cuál? Contabilizar como préstamo destinado a la reforma de una nave de Fuenlabrada 734.600 euros, una operación realizada en 1997, el año en que la panameña Angelmo abrió su sucursal en España. Según Hacienda, la empresa jamás demostró que la obra se hubiera ejecutado, por lo que ni siquiera considera que el préstamo exista.

Varias de esas sentencias expican el hilo societario de Angelmo. Una de ellas, emitida por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) el 9 de abril de 2013 [la puedes consultar aquí en PDF] y que estimó uno de los recursos de Angelmo por prescripción, incorpora el siguiente párrafo sobre aquel préstamo: “Este préstamo, inicialmente entre la prestamista Corporación Bilares de Costa Rica y Angelmo Internacional Corp, de Panamá, casa central de la sucursal española y de la hoy recurrente cuando en el año 2000 los activos y pasivos de la sucursal se integran en Anselmo Development S.L., y que según resulta del expediente y de la información facilitada por la Administración Tributaria de los Países Bajos, Havorad BV, propietaria al 100% de la recurrente, es propiedad [el texto dice "propietaria" por error, aunque en otras sentencias se transcribe de forma correcta] de Gold Lion Cop NV, de Antillas Holandesas, la cual, a su vez, es filial asimismo al 100% de Corporación Bilares S.A. de Costa Rica, siendo HAVORAD BV una sociedad unipersonal, sin empleados y sin otra actividad que la fiduciaria, siendo calificada por la AEAT [la Agencia Tributaria] como sociedad pantalla siendo el beneficiario de los pagos por intereses procedentes de España la sociedad matriz de Costa Rica Corporación Bilares SA”. En otras palabras, los impuestos que Angelmo Development se deducía en España por pagos del préstamo terminaban en Costa Rica.

04. ¿Controla su familia un tercio de Cepsa Panamá?

Sí. La compañía holandesa Havorad BV, que en España es accionista de control de Petrologis Canarias y de Petrolífera Dúcar, controla un tercio de la filial panameña de Cepsa, uno de los gigantes españoles del sector. Petrolífera Dúcar ya colaboraba en España con Cepsa, pero sólo en calidad de arrendadora de tanques para petróleo en Ceuta.

¿Qué documento acredita lo anterior? Las cuentas depositadas por Havorad BV en el Registro holandés. Al cierre de 2013, Havorad BV poseía el 57,58% de la compañía panameña Pacific Petroleum Services SA. A su vez, Pacific Petroleum Services SA posee el 33% de Cepsa Panamá, que suministra crudo en las dos orillas del Canal y a la que su matriz, Cepsa, presenta en su web corporativa como cabeza de puente para su expansión a través del Atlántico y el Pacífico. La versión española de la web no menciona la existencia de Pacific Petroleum Services. En cambio, la inglesa sí especifica el reparto accionarial entre Cepsa y Pacific Petroleum. Y aunque el texto menciona a la compañía como “Pacific Petroleum SA”, el Registro panameño confirma que se trata de la “Pacific Petroleum Services SA”.

La última semana de septiembre, los portavoces de Cepsa confirmaron que, tal como consta en el Registro Mercantil de Panamá, Cepsa Panamá SA se constituyó en noviembre de 1998 con un reparto de porcentajes idéntico al que se mantiene: 67% de Cepsa y 33% de Pacific Petroleum Services SA.

Los mismos portavoces dijeron carecer de información sobre a quién pertenece Pacific. Pero remarcaron que en 1998 –Pacific se había constituido nueve meses antes–, esa sociedad pertenecía a “panameños”. Fueron los dueños de Pacific, recalcó Cepsa, los que propusieron crear una sociedad conjunta que operase en el Canal, punto estratégico para el mercado de crudo.

Aunque la operadora española asegura desconocer la identidad de los accionistas de control de Pacific Petroleum Services SA, el Registro Mercantil panameño constata que Miguel Domecq Solís forma parte, como vocal, del órgano directivo de Cepsa Panamá SA desde 2007 [consulta el PDF]. A tenor de los documentos depositados en el Registro panameño, Miguel Domecq continúa actualmente como director de Cepsa Panamá [compruébalo aquí en PDF].

Las cuentas de Havorad BV sobre 2013 dicen que Pacific Petroleum Services SA es una compañía española, a diferencia de lo que sostenían los balances previos, que la localizan en el país correcto: Panamá.

Ante la posibilidad de que el grupo hubiera iniciado un proceso de traslado como hizo en el año 2000 con Angelmo, este diario consultó el Registro Mercantil español: no aparece inscrita ninguna compañía denominada Pacific Petroleum Services SA, que, en cambio, sigue constando en el Registro panameño.

Los empleados que atendieron las llamadas de infoLibre en el cuartel general del grupo en Madrid, ubicado en la calle de Claudio Coello, dijeron que no podían pasar la llamada a nadie para hablar de Havorad BV o Pacific Petroleum Services SA porque nadie sabía nada de ninguna de esas dos sociedades.

05. ¿ ¿A quién ha vendido Cañete sus acciones en las petroleras familiares?

No se sabe, dado que Cañete mantiene este dato oculto. Petrologis Canarias y Petrolífera Dúcar, que tienen en España relaciones con Cepsa –la segunda le mantiene alquilados tanques de almacenamiento en Ceuta– tuvieron a Cañete como presidente hasta su nombramiento como ministro en diciembre de 2011. El exministro, a cuyos portavoces en el PP preguntó infoLibre el pasado jueves quiénes han adquirido los 23.585 títulos que tenía en Petrologis Canarias SL y los 85.349 que poseía en Petrolífera Dúcar SL, no accedió a desvelar ese dato. La venta de acciones queda reflejada en la segunda declaración de intereses [consúltala en PDF] aportada al Parlamento europeo por Cañete.

Ahora bien, tanto Petrologis Canarias como Petrolífera Dúcar son sociedades limitadas. Y en ese tipo de compañías, los poseedores de títulos tienen derecho de adquisición preferente si uno de los accionistas decide vender su cuota. En el supuesto de que alguien ajeno a la sociedad pretenda entrar en el accionariado comprando las participaciones de un accionista saliente, este tiene que comunicar su identidad al resto en previsión de que alguno de los propietarios originales quiera ejercer el derecho de tanteo y retracto. No obstante, una sentencia de la Audiencia de Madrid fechada en abril de 2013 sostiene que, a efectos de venta de títulos, prima lo que establezcan los estatutos de la sociedad: en el supuesto de que permitan la libre transmisión de participaciones, la sentencia resuelve que bastará con que el órgano de administración autorice la entrada de un nuevo socio. 

En Petrologis Canarias, y según sus cuentas de 2012, la holandesa Havorad BV poseía el 48%; Miguel Domecq como persona física tenía el 11%; y Civisol, empresa en cuya administración participó Arias Cañete en 1999 a través de la sociedad Arias y Domecq SL, tenía asignado el 20%. En resumen, la familia controlaba al menos el 79% de Petrologis Canarias al cierre de 2012. Ese porcentaje no incluye el 2,5% que acaba de vender Arias Cañete y que, a tenor de los datos oficiales, debía estar englobado dentro del 21% de títulos que las cuentas señalan como propiedad de “otros” accionistas.

Por lo que respecta a Petrolífera Dúcar, y también según sus cuentas de 2012, Havorad ostentaba el 45,2%; Miguel Domecq, el 12,78%; Civisol, el 9,7% y Arias y Domecq SL, el 9,7%. El 26,75% restante correspondía a “otros” accionistas. Y dado que Cañete sólo ha declarado participar en Petrologis y Petrolífera Dúcar, su 2,5% debe necesariamente situarse en esa franja. Las cifras anteriores significan que, sin contar el 2,5% del exministro, la familia poseía al menos el 73,25% de Petrolífera Dúcar al cierre de 2012.

Miguel Arias Cañete puede pasar o no el examen de la Eurocámara, pero lo que el PSOE tiene claro es que votará en contra del exministro como futuro comisario de Acción por el Clima y Energía, aun si sus compañeros socialdemócratas decidieran dejarlo pasar. 

La nominación del exministro de Agricultura como miembro del Ejecutivo comunitario se ha ido complicando sobremanera. Ya le precedía la polémica por sus declaraciones machistas en plena campaña de las europeas contra la cabeza de cartel de los socialistas, Elena Valenciano, pero su situación se agravó por varias razones. Primero, porque el presidente electo de la Comisión, Jean-Claude Juncker, le asignó una doble cartera que entraba en colisión con sus intereses en empresas del sector petrolífero. Segundo, por la forma en la que intentó asegurarse su plaza de comisario. Hace un par de semanas, el Partido Popular Europeo (PPE) anunció que Cañete había vendido el 2,5% de acciones de las petroleras Ducar y Petrologis.

No fue, no obstante, hasta este martes, un día antes de tener que someterse a la audiencia pública ante las comisiones de Industria y Medio Ambiente de la Eurocámara, cuando rectificó su declaración de bienes. En esta no figuraba la supuesta venta de acciones, pero se desvelaba un dato también polémico: el sobresueldo (enmascarado como "gastos de representación") que el PP le había pagado entre 2008 y 2011 como presidente del Comité Electoral Nacional. Y el miércoles, horas antes de su hearing ante los grupos del Europarlamento, la institución hacía pública una tercera declaración en la que ya no figuraban las participaciones. Ante la confusión creada, el PP aclaró que este último documento veía la luz después de un "error técnico" de los servicios de la Cámara. 

El surrealista baile de las declaraciones de intereses de Cañete endureció una audiencia que de suyo ya se presentaba borrascosa para Cañete. A los ataques de Los Verdes (al que pertenecen ICV, ERC, Nova Esquerra Catalana y Compromís-Equo) e Izquierda Unitaria (al que se adscriben IU y Podemos), se añadió la beligerancia de los socialdemócratas. Pero los problemas para el exministro no se detuvieron en el interrogatorio ante las dos comisiones implicadas. Su calvario siguió este jueves. Los grupos del Parlamento Europeo decidieron aplazar hasta la semana que viene la votación sobre la idoneidad de Cañete. No les satisfizo su comparecencia. En ella el exministro de Mariano Rajoy negó conflictos de interés porque ni su mujer ni su hijo tienen acciones o cargos en las dos petroleras, pero no dio explicaciones sobre su cuñado, Miguel Domecq, pese a la presión de los eurodiputados. 

Los cuatro grandes grupos (PPE, socialistas, liberales y conservadores británicos) acordaron que sea la Comisión de Asuntos Jurídicos la que examine su declaración de intereses. Con el nuevo dictamen en la mano, los integrantes de las comisiones de Industria y Medio Ambiente podrían votar, presumiblemente el martes próximo, 7 de octubre. O sea, podrían considerarlo apto o no para la doble cartera o recomendar a Juncker que recorte sus competencias o le asigne otro portafolio. En esa votación, "todo indica" que la delegación socialista española dirá no a Cañete, según indicaron a este diario fuentes de la cúpula europea del PSOE, cuyo portavoz es Iratxe García. Otra cosa es lo que hagan sus colegas socialdemócratas (S&D). "Necesitan este tiempo para ver qué hacer y analizar qué dice la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero desde luego que el grupo no salió satisfecho de la audición de Cañete", indicaba una eurodiputada del PSOE, miembro de la cúpula de la delegación. "La mayoría no está de acuerdo con él", apuntalaba otra compañera. 

Posibilidad de que Juncker mueva ficha

Teniendo en cuenta la oposición de Verdes y GUE (Izquierda Unitaria Europea) y la incertidumbre de los socialdemócratas, no está muy claro que Cañete pase la evaluación de idoneidad. Si el dictamen es negativo, la conferencia de presidentes de los grupos de la Eurocámara, que se reúne el día 9, le trasladaría a Juncker que tiene que mover ficha, bien estrechando sus competencias, cambiándole de cartera... En última instancia, el presidente de la Comisión podría sentirse compelido a reclamar al Gobierno de Rajoy que le proponga otro nombre, para que el rechazo a Cañete no arrastre al resto de su Ejecutivo. 

Votar a un comisario en la comisión concernida no es una práctica habitual. Lo normal es que los grupos pacten la evaluación de los aspirantes. Pero en el caso del español, Izquierda Unitaria, Verdes y euroescépticos (EFDD) exigieron someter a votación su idoneidad. Por ahora, Juncker mantiene su confianza en el exministro tras su audiencia del miércoles. "Todos los candidatos han demostrado hasta ahora sobradamente su competencia y compromiso europeo, incluido el señor Cañete", aclaró en rueda de prensa su portavoz, Mina Andreeva. 

No es Cañete el único comisario con problemas. Tampoco han conseguido la luz verde directa para el cargo los candidatos a los portafolios de Servicios Financieros –el británico Jonathan Hill–, Educación –el húngaro Tibor Navracsics–, Justicia –la checa Vera Jourova– y Asuntos Económicos –el francés Pierre Moscovici–. El conservador Hill se someterá a un nuevo examen después de que varios grupos (incluidos S&D) reclamaran un hearing extra al no quedar convencidos de sus aptitudes. Los grupos de la izquierda de la Eurocámara reclamaron que la recomendación del conservador Navracsics y la liberal Jourova se vote la semana próxima. Las dudas sobre el socialista Moscovici, este jueves, las arrojaron los conservadores, como una vendetta por el rechazo a Cañete. De hecho, según fuentes del PSOE, no se descarta que los socialdemócratas acaben tragando al español para que este, en su caída, no se lleve por delante al francés. 

Lo cierto es que "el caso Cañete ha complicado la aprobación de la Comisión Junckercaso Cañete", según resumía una eurodiputada del PSOE. No obstante, si algún aspirante fuera tumbado, significaría la quiebra del pacto forjado entre populares, S&D y liberales. Pacto que funcionó para encumbrar al luxemburgués como jefe del Ejecutivo comunitario y al alemán Martin Schulz como presidente de la Eurocámara.

Cañete y el cambio climático: "Uf, qué calor hace"

Las incertidumbres que pesan sobre algunos comisarios –y aún quedan tres días de audiencias, pues tendrán que pasar su examen dos candidatos del PPE, uno socialista, uno liberal (ALDE) y uno de los conservadores y reformistas británicos (ECR)– pueden hacer que los plazos previstos se retrasen. Porque después de las comparecencias y de la conferencia de presidentes, se celebrará el pleno de la Eurocámara, previsto para la semana del 21 de octubre. En ese pleno los eurodiputados deberán pronunciarse sobre el conjunto del colegio de comisarios. La votación será en bloque, no comisario por comisario. Y es en esta votación donde los 14 parlamentarios del PSOE tienen previsto abstenerse, al margen de lo que hagan sus compañeros de S&D, como adelantó este jueves infoLibre. 

El no a Cañete, como la abstención a la Comisión Juncker, pretende ser un mensaje claro de separación con el pasado de Pedro Sánchez a sus votantes. Este miércoles lo volvió a decir en un desayuno informativo en Madrid, a primera hora de la mañana. El PSOE, dijo, no lo puede apoyar por su gestión en el Gobierno, el "desmantelamiento" de las renovables, su Ley de Costas, sus declaraciones machistas y, obviamente, por sus conflictos de interés. "Cañete, lo que piensa del cambio climático es 'uf, qué calor hace'", agregó con sarcasmo. El rechazo al exministro no deja resquicio a la duda.

La pregunta de a quién ha vendido Miguel Arias Cañete sus acciones en Petrologis Canarias y Petrolífera Dúcar, las compañías familiares que presidió hasta diciembre de 2011 y que permanecieron al menos hasta el otoño de 2013 controladas por una “empresa pantalla” holandesa, continúa sin respuesta. El exministro, a cuyos portavoces en el PP lanzó infoLibre este jueves la pregunta de quiénes han adquirido los 23.585 títulos que  tenía en Petrologis Canarias SL y los 85.349 que poseía en Petrolífera Dúcar SL, no accedió a desvelar ese dato.

Ayer jueves, los grupos del Europarlamento decidieron posponer el dictamen sobre su aptitud como comisario de Energía y Acción Climática en espera de que la comisión de Asuntos Jurídicos se pronuncie sobre los nuevos datos de su declaración de intereses.

Qué pasará cuando, previsiblemente el lunes, la comisión aborde el asunto es todavía una incógnita aunque caben dos opciones: que su evaluación termine sometida a votación nominal en sesión conjunta de las dos comisiones que deben informar su designación, la de Industria y la de Medio Ambiente y que el trámite le sea favorable; o que la izquierda presione para que se someta a un segundo examen. A día de hoy lo único indiscutible es que el futuro de Cañete continúa siendo incierto.

En esa segunda declaración de intereses cuyo contenido estudiará la Comisión de Asuntos Jurídicos y que corregía o, según el PP, “actualizaba” el contenido de la original presentada en junio, Cañete hace constar lo que cobraba del PP -entre 1.001 y 5.000 euros mensuales- en lo que él mismo definió este miércoles no como sueldo o sobresueldo sino como "gastos de representación" declarados al fisco. 

La nueva declaración refleja también la venta del 2,5% que poseía respectivamente en Petrologis y Petrolífera Dúcar. Cañete hizo constar, por voluntad propia, una “información adicional” en la que explica que ambas compañías “se dedican al almacenamiento de combustible propiedad de terceros en las instalaciones portuarias de Ceuta y Las Palmas de Gran Canaria”. No aportó en cambio ninguna pista siquiera sobre a quiénes ha vendido sus participaciones.

infoLibre preguntó a portavoces autorizados del PP a quién ha traspasado el exministro sus participaciones en Petrologis y Petrolífera Dúcar. Pero Cañete, quien en su comparecencia del miércoles ante las comisiones de Industria y Medio Ambiente prometió publicitar incluso con quién se reúne como eurocomisario, no planea dar explicaciones.

Al tratarse de dos sociedades limitadas, quienes ya poseen participaciones en ellas tienen derecho de compra preferente si un accionista sale de la compañía. El entorno de Cañete no ha confirmado si los títulos han ido a manos de su cuñado Miguel Domecq Solís, jefe del grupo empresarial, segundo gran protagonista en el interrogatorio parlamentario del miércoles a Cañete y presidente de ambas mercantiles desde 2012. O si han ido a cualquier otro miembro de la familia que ya participase en esas empresas. O a Havorad BV, la compañía holandesa que, según sus cuentas de 2013 depositadas en Amsterdam, figura como accionista de control de Petrologis y Dúcar.

En el examen del miércoles, socialdemócratas, eurodiputados de la Izquierda Unitaria (grupo que engloba a IU y Podemos) y de Los Verdes (con el soporte de la española Equo) cercaron a Cañete por el “conflicto de intereses” que su vínculo con las petroleras familiares. Pero nadie inquirió por el destino de las acciones de Petrologis y Petrolífera Dúcar.

Cañete remarcó que ni él ni su esposa ni su hijo tienen ya participaciones. Y negó tajante que en algún momento haya realizado operaciones vinculadas a paraísos fiscales.

Una de las filiales de Havorad BV, la panameña Angelmo International Corp, mantuvo entre 1997 y 2000 una sucursal en España. Durante ese periodo, la mayor parte del cual ocupó un escaño en el Parlamento Europeo, Miguel Arias administró la sucursal española de Angelmo a través de Arias y Domecq SL y de manera conjunta con su cuñado Miguel Domecq.

En 2000, la compañía panameña se disolvió, trasladó su domicilio social a España y quedó rebautizada como Angelmo Development SL, propiedad de Havorad BV al 99%, según las cuentas de 2013 presentadas por la compañía holandesa.

Son los pleitos que la Angelmo española mantiene con Hacienda, que en la última década le cuyas reclamaciones tributarias a esa compañía suman un millón de euros en la última década, los que han destapado en distintas sentencias el hilo societario que, pasando por Holanda y Panamá, conducía al paraíso fiscal de las Antillas Holandesas y a Costa Rica.

Havorad BV, que participa en otra decena de mercantiles españolas del grupo familiar y controla un tercio de Cepsa Panamá a través de la empresa local Pacific Petroleum Services SA, tuvo como accionista único al menos hasta el 22 de diciembre de 2003 a una compañía radicada en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, Gold Lion Corporation NV.

A su vez , Gold Lion era 100% propiedad de la costarricense Corporación Bilares SA. La holandesa Havorad cesó como consejero de Petrolífera Dúcar y Petrologis Canarias en octubre y noviembre, respectivamente, del año pasado.

Pero Havorad sí ha depositado en Amsterdam el balance de 2013. Aprobadas el pasado 3 de julio, este diario ha tenido ahora acceso a esas cuentas. Su contenido certifica que, a 31 de diciembre de 2013, Havorad BV seguía poseyendo el 48,39% de Petrologis Canarias y el 45,20% de Petrolífera Dúcar.

Las cuentas de Havorad BV de 2012 y 2013 señalan el primero de esos años esto: que “la compañía considera” que Miguel Domecq Solís y sus nietos son los accionistas.

En 2007, el texto especificaba que el 20 de agosto de 2007 se había producido un “traspaso de acciones”. “La compañía –se añade a renglón seguido- considera que los accionistas son Miguel Domecq, su esposa y sus hijos”. El documento no revela quién o quiénes se habían desprendido previamente de acciones en aquel traspaso, formalizado mediante "acta notarial".

Por último, las cuentas de 2013 eliminan la referencia nominal a los propietarios de Havorad BV y la redacción queda como sigue: “Las acciones de la compañía son mayoritariamente propiedad de un individuo español”.

Dominio familiar 

Pero la participación de Havorad BV en Petrologis Canarias y Petrolífera Dúcar no es la única que afianza el dominio de la familia de Miguel Arias y su esposa, Micaela Domecq, en ambas mercantiles.

En Petrologis Canarias, y según sus propias cuentas de 2012, Havorad poseía el 48%. Miguel Domecq como persona física, tenía el 11%; y Civisol, empresa en cuya administración participó Arias Cañete en 1999 a través de la sociedad Arias y Domecq SL, tenía asignado el 20%. En resumen, la familia controlaba al cierre de 2012 el 79% de la compañía. Ese porcentaje no incluye el 2,5% que acaba de vender Arias Cañete y que, a tenor de los datos oficiales, debía estar englobado dentro del 21% de títulos que las cuentas señalan como propiedad de “otros” accionistas.

Por lo que respecta a Petrolífera Dúcar, y también sus cuentas de 2012, Havorad ostentaba el 45,2%; Miguel Domecq, el 12,78%; Civisol, el 9,7% y Arias y Domecq SL, el 9,7%. El 26,75% restante correspondía a “otros” accionistas. Y dado que Cañete solo ha declarado participar en Petrologis y Petrolífera Dúcar, su 2,5% debe necesariamente situarse en esa franja. Las cifras anteriores significan que, sin contar el 2,5% del exministro, la familia poseía el 73,25% de Petrolífera Dúcar al cierre de 2012.

¿Intercambio de cromos o brecha definitiva en el pacto?

El malestar que las conexiones de Cañete con el mundo del petróleo han generado en la izquierda parlamentaria pero, también, en parte del grupo Liberal sería suficiente para augurar un varapalo al candidato español de no mediar otros factores. Básicamente, este: que los dos grandes grupos parlamentarios de la Cámara, populares y socialdemócratas, han entablado lo que parece una partida de ajedrez para ganar tiempo y con dos piezas fundamentales sobre el tablero: Arias Cañete, en el campo conservador; y el francés Pierre Moscovici, nominado por Juncker como comisario de Asuntos Económicos, en el socialdemócrata.

Horas después de que los coordinadores de grupo de las comisiones de Industria y Medio Ambiente aplazaran el dictamen sobre Cañete, cuya evaluación se votará nominalmente en sesión conjunta de ambas comisiones una vez se haya pronunciado la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre su segunda declaración de intereses, los conservadores devolvían el golpe colocando la designación de Moscovici, aunque anoche no estaba claro si se verá obligado a un segundo examen o solo a responder preguntas escritas.

¿Acabará todo en un mero intercambio de cromos? No está claro, sobre todo porque los socialistas españoles se muestran decididos a oponerse con uñas y dientes a Cañete y todo indica que intentarán convencer a sus correligionarios de otros países para que se sumen a su rechazo.

Cañete y Moscovici constituyen el paradigma de cómo el Parlamento Europeo ha puesto la carne en el asador para transmitir un mensaje: que sus escaños no son las sillas de una claque dispuesta a aplaudir cualquier nombramiento sin condiciones. Y la visualización de ese esfuerzo ya está arañando los planes trazados por Juncker previo pacto entre conservadores y socialdemócratas.

De hecho, no solo el candidato español y el francés se encuentran hoy en el alambre político: también han tropezado en el examen, informa Europa Press, el conservador británico Jonathan Hill, comisario designado de Servicios Financieros y lobbista acreditado; la liberal checa Vera Jourova, a quien Juncker planea dar la comisaría de Justicia; y el conservador húngaro Tibor Navracsics, a quien el presidente de la Comisión ha encargada la delicada cartera de Educación, Cultura y Ciudadanía pese a sus estrechísimos vínculos con el primer ministro magiar Viktor Orban, muy cuestionado por el escaso respeto a los derechos civiles que exhibe desde el Gobierno.

Es posible que, tras escenificar una especie de haka con pinturas de guerra frente al enemigo, conservadores y socialdemócratas terminen sellando la paz. Pero, como subrayaban este jueves observadores parlamentarios, a medida que se enturbie el proceso más difícil será que los planes originales de Juncker lleguen a término sin cambios. Y esos cambios -perder la cartera o asumir otra distinta a la ofrecida- podrían afectar a alguno o algunos de los comisariables, Cañete entre ellos. La partida de ajedrez acaba de comenzar.

Pedro Sánchez ya ha decidido el sentido del voto del PSOE a la Comisión Juncker. Y será abstención, según confirmaron este miércoles fuentes próximas al secretario general, como señal del rechazo a las "seguidistas" políticas de austeridad de la UE. 

Que los 14 eurodiputados socialistas españoles no iban a apoyar de ningún modo a los 27 miembros de la nueva Comisión Europea, capitaneada por el luxemburgués Jean-Claude Juncker, ya estaba claro desde la última reunión del Comité Federal, el pasado 13 de septiembre. Pero entonces todavía estaba en el aire si la delegación votaría no o abstenciónno . Finalmente, la dirección se ha inclinado por la última alternativa semanas antes de la votación del colegio de comisarios, prevista para la semana del 21 de octubre. Votación, por cierto, que se hace en bloque. Es decir, los eurodiputados no aprueban o rechazan de forma separada a cada comisario, sino que han de apoyar o suspender a todo el Ejecutivo comunitario. Ello hace que no se pueda infligir un castigo expreso, vía votación, a uno de los candidatos más cuestionados, el español Miguel Arias Cañete, que este miércoles por la tarde acudió a su examen en la Eurocámara. Juncker le postuló como responsable de Acción por el Clima y Energía. Su futuro como miembro del Gabinete de la UE, igual que el del británico Jonathan Hill (Servicios Financieros), corre peligro. 

Sánchez no quiso desvelar ayer en Al rojo vivo, en La Sexta, qué haría en concreto la delegación del PSOE en Europa, dirigida por Iratxe García, también miembro de la ejecutiva federal. Dijo que esperaría a que pasaran las comparecencias de los aspirantes, que se prolongarán hasta el 7 de octubre, porque es lo "lógico, responsable y serio". El PSOE quiere conocer, por ejemplo, en qué se van a concretar las medidas para luchar contra el paro y el paquete de inversiones destinado a infraestructuras, a los que se ha comprometido el presidente electo de la Comisión. El PSOE cree que el nuevo nuevo Ejecutivo comunitario es "seguidista de políticas anteriores" y abanderará una austeridad que no le va bien a España, en palabras del secretario de Organización, César Luena, ayer en RNE. En cualquier caso, como ratificó el secretario general, "no se va a votar a favor". Sin embargo, la opción de la abstención, aunque no se haga pública todavía, ya está decidida, salvo imprevisto de última hora, según confiaron a infoLibre fuentes muy próximas a Sánchez. 

La abstención se aplicará, pues, a todo el colegio de comisarios, aunque la reprobación total de los socialistas a Cañete es clara. El extitular de Agricultura, tanto "por sus acciones" como por "sus omisiones", "no merecía no sólo ser ministro, sino tampoco comisario en representación de España", señaló el líder. A su gestión pública y los comentarios machistas que dirigió en la campaña de las europeas contra la cabeza de lista del PSOE, Elena Valenciano, se suma el "auténtico escándalo" de sus sucesivas rectificaciones en sus declaraciones de intereses ante el Parlamento Europeo para incluir los sobresueldos que le pagaba el PP y que ya no tenía acciones en las petroleras Dúcar y Petrologis. 

Tensiones con la vieja guardia y los socios europeos

Sánchez intenta así marcar un perfil propio no sólo mirando a Europa, sino sobre todo mirando a España, consciente de que el PSOE sigue padeciendo una crisis de credibilidad y de que tiene que emplearse a fondo en trazar una línea de separación con el pasado más inmediato para recuperar a los antiguos votantes, parte de los cuales fluyeron a IU y a Podemos. Ya en la campaña por el liderazgo del partido, tanto él como sus dos rivales, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, advirtieron de que si resultaban ganadores de la pugna, ordenarían a los 14 eurodiputados socialistas no apoyar a Juncker como presidente de la Comisión. Sánchez fue elegido por la militancia secretario general el 13 de julio, y al día siguiente tomó su primera decisión, en coherencia con su propuesta como candidato: votar no al luxemburgués.

Aquello suscitó tensiones dentro de la delegación del PSOE –Ramón Jáuregui, número dos de la lista, las verbalizó– y en algunos sectores del partido, en la vieja guardia, y resquemores dentro del Grupo Socialdemócrata Europeo, que sí apoyó la elección de Juncker. Y el PP lo digirió mal, y acusó a Sánchez de deslealtad, de no "respetar los pactos" entre la derecha y la izquierda europeas. Esta misma semana, los conservadores pidieron a Sánchez que dejara de ser el "niño malo" del socialismo europeo. 

El secretario general, sin embargo, no tiene previsto apearse de su posición. Sánchez está obsesionado con trasladar la impresión ante los ciudadanos de que el PSOE ha cambiado, y quiere que se note. "Pretendo dar contenido real a la palabra cambio", insistía este miércoles en La Sexta. Y ello significa "actuar de forma distinta". Lo explicaba en relación con el caso Pujol: el PSC era partidario de posponer a la presentación de la denuncia contra el expresident de la Generalitat, aguardar al resultado de la comisión de investigación, pero el líder consideró que había que protagonizar un gesto sin demora, porque había suficientes "pruebas". De modo que llevó a la Fiscalía el escrito contra el patriarca de CiU. Y por esa misma razón está convencido de que el PSOE no puede apoyar al colegio de comisarios de Juncker. Hacerlo pondría en bandeja a sus detractores el argumento de que obra igual que el PP.

Un ansia de transmitir un nuevo PSOE que casa también con la "honradez intransigente" que siempre proclama. Sólo así se entiende su decisión de expulsar fulminantemente a todos los militantes implicados en el escándalo de las tarjetas de crédito de Caja Madrid, que investiga la Audiencia Nacional.

El formulario original cumplimentado por Cañete el pasado 10 de junio tras su toma de posesión como eurodiputado incluía su pertenencia no remunerada a la Fundación FAES pero obviaba que, en los tres años anteriores a la fecha de la declaración o en algún momento de ese periodo, había sumado un sueldo del partido al que percibía como diputado. Las mismas fuentes indican que los ingresos del PP se debían a su condición de presidente del Comité Electoral del partido, cargo para el que fue elegido en el XVI Congreso Nacional del PP celebrado en Valencia en 2008.

El enunciado bajo el que Arias Cañete acaba de consignar cobros del PP no permite acotar las fechas exactas en que se produjeron esos cobros. Su redacción es la siguiente: "De conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra a), del Código de Conducta, declaro la(s) siguiente(s) ocupación(es) durante los tres años anteriores a mi entrada en funciones en el Parlamento, y mi pertenencia durante ese tiempo a consejos directivos u otros órganos de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica".

Aunque el formulario no permite precisar fechas, Miguel Arias Cañete fue nombrado ministro de Agricultura el 22 de diciembre de 2011. Dado que la Ley de Incompatibilidades prohíbe a los miembros del Gobierno percibir cualquier ingreso ajeno al del sueldo oficial, las remuneraciones procedentes del PP ahora reflejadas por Cañete debieron limitarse necesariamente al periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2011 y el 22 de diciembre del mismo año. 

Que la rectificación de la declaración de intereses económicos se haya producido este martes, víspera de la comparecencia de Cañete ante las comisiones de Industria y Medio Ambiente de la Eurocámara, indica que el exministro busca cerrar cualquier brecha que pueda servir a la oposición española para boicotear su nombramiento como comisario. 

Tanto IU y Los Verdes -la formación española Equo es la responsable de su campaña sobre Cañete- como el PSOE y UPyD planean convertir el examen del miércoles en un tercer grado al exministro de Agricultura del PP. Los partidos citados consideran que, aunque haya vendido sus acciones en las dos petroleras controladas por su familia, Petrologis Canarias SL y Petrolífera Dúcar SL, Cañete está inmerso en un flagrante conflicto de intereses que le inhabilita como futuro comisario de Energía. Tanto Petrologis como Petrolífera Dúcar están bajo control accionarial de una empresa holandesa, Havorad BV, que tuvo como socio único a una compañía del paraíso fiscal de las Antillas Holandesas.

Las ayudas agrarias recibidas por su esposa, Micaela Domecq, también amenazan con convertirse en un ariete contra Cañete. 

Los grupos españoles de oposición con presencia en el Parlamento Europeo se preparan para convertir en un auténtico tercer grado el examen al que Miguel Arias Cañete debe someterse el próximo miércoles, 1 de octubre, ante las comisiones de Energía y Medio Ambiente y de cuyo resultado dependerá en buena medida su nombramiento como comisario de ambas áreas.

En el examen sólo están facultados para intervenir los miembros de una de las dos comisiones, convocadas en sesión conjunta. Y de los españoles presentes, Cañete sólo tiene garantizado el apoyo de sus compañeros de filas en el PP. Haber vendido el 2,5% que poseía en las petroleras familiares Petrologis Canarias y Petrolífera Dúcar en absoluto satisface a la oposición.

Convertido en eje de una campaña que en estos días incluye cartas a eurodiputados de todos los países, acciones en redes sociales y comunicados de prensa, Cañete no tendrá que superar el miércoles ninguna votación. Pero la sesión conjunta de las comisiones de Energía y Medio Ambiente puede acabar con un dictamen negativo que obligue al presidente de la Comisión, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, a prescindir de su figura o a ofrecerle otra comisaría. La votación del colegio de comisarios, al que cada eurodiputado debe dar su aprobación o rechazo en bloque, se producirá el 21 de octubre.

Los socialistas españoles, con una fisura abierta en el grupo socialdemócrata –el segundo de la Cámara por escaños– por su rechazo a Juncker, aseguran que en ningún caso darán el sí a un colegio de comisarios donde Cañete asuma el rol de capitán de la política energética y sobre cambio climático, tal y como anticipó Pedro Sánchez a sus compañeros. "O votaremos no o nos abstendremos"no , transmitieron finalmente ayer fuentes de la dirección socialista tras desmentir de forma tajante que el PSOE se esté planteando apoyar a Cañete. Lo que ocurra el miércoles servirá de termómetro.

Con mayor o menor énfasis, tanto el PSOE como UPyD y las formaciones de izquierda, desde IU a Podemos, y pasando por los catalanistas de ERC-Nova Esquerra Catalana y Compromís-Equo –adscritos a Los Verdes–, la oposición casi en bloque comparte una premisa: la de que las vinculaciones de Arias Cañete con el negocio del petróleo plantean un conflicto de intereses que le imposibilita dirigir la política europea de energía y medio ambiente “con independencia personal”, uno de los requisitos impuestos por el Código de Conducta de los eurocomisarios. 

El matiz que impide aún hablar de rechazo en bloque por parte de los eurodiputados españoles ajenos al PP y con presencia en las comisiones de energía y medio ambiente se localiza en Ciudadanos. El parlamentario Juan Carlos Girauta pertenece a la Comisión de Medio Ambiente. Pero, de momento, no ha precisado qué posición mantendrá ni si se asegurará un turno de preguntas –a razón de un minuto por cada cuestión– en el examen del miércoles.

Que Cañete haya vendido sus acciones en las dos compañías de las que poseía el 2,5% respectivamente –Petrologis Canarias y Petrolífera Dúcar– nada cambia, sostienen esos grupos. Y que la empresa que ostenta la mayoría accionarial en Petrologis y Dúcar, la holandesa Havorad BV, controle un tercio de la filial panameña de Cepsa empeora las cosas, sostienen IU y Los Verdes.

Cuatro españoles con turno de palabra

Las respectivas direcciones de PSOE, IU, Podemos y del Grupo europeo de Los Verdes confirmaron ayer que intervendrán en el debate las diputadas Iratxe García, jefa de la delegación española socialista –la segunda en escaños tras el PP–, su homóloga de IU Paloma López, Teresa Rodríguez-Rubio (Podemos) y el catalanista Ernest Maragall (Los Verdes/Alianza Libre Europea). Salvo en el caso de Los Verdes, que ya ha cerrado todos sus intervinientes, siguen no obstante abiertas las negociaciones dentro de cada grupo sobre el reparto de preguntas por países y formaciones.

El grupo socialdemócrata dispone de 10 preguntas –para el popular, mayoritario, hay 11– mientras que los de la Izquierda Unitaria y Los Verdes sólo podrán formular cuatro cada uno.

UPyD, que no cuenta con asientos ni en la comisión de Energía ni en la de Medio Ambiente da por seguro que los eurodiputados del Grupo Liberal que examinen a Cañete asumirán, sin un ápice de duda y sea cual sea su país de origen, la postura de la formación magenta. "Es UPyD la que está liderando y marcando posición dentro del grupo liberal respecto de Arias Cañete", aseguraron ayer fuentes parlamentarias.  En el Grupo Liberal también se enmarca el parlamentario de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, con quien infoLibre no logró contactar ayer.

En una nota oficial, el partido de Rosa Díez se pronuncia en los siguientes términos: “Arias Cañete no reúne los requisitos precisos para obtener un informe de evaluación positivo del Parlamento Europeo tanto por sus intereses económico-familiares en el sector energético (relacionados con las gasolineras flotantes, el llamado bunkering), como por haber participado en un Gobierno que realiza una de las más desastrosas políticas energéticas de la Unión Europea”.

Junto con la Izquierda Unitaria Europea, son los ecologistas de Los Verdes/ALE quienes mayor empeño y altavoces están poniendo al no a Cañete. "Se acumulan –sostiene en un comunicado Paloma López en referencia a la información sobre Cepsa Panamá– ejemplos evidentes del claro conflicto de intereses de Cañete que, a todas luces, le incapacitan para ser comisario e incluso desempeñar cualquier cargo público".

Los Verdes (grupo que cuenta con el respaldo de Equo, que ha diseñado y materializado la campaña sobre Cañete), que en las últimas semanas no han cesado de recabar datos sobre las conexiones empresariales de Cañete y su papel en la industria del crudo y de hacer campaña en el Parlamento –con cartas y con un boca a boca sostenido–, prometen que su movilización no cesará. Y La Izquierda Plural (IU-Anova), que pertenece junto con Podemos al capítulo español del Grupo Izquierda Unitaria Europea lanzó ayer en las redes sociales una campaña bajo el epígrafe #OyeCanete.

Así las cosas, el exministro de Agricultura sólo cuenta de antemano para el examen del miércoles con el apoyo férreo del PP. Los conservadores confían en que en el dominó político terminen cayendo otras fichas más débiles –por ejemplo, el candidato húngaro a la comisaría de Juventud, Educación y Ciudadanía, nominado por Juncker pese a sus vínculos con el homófobo primer ministro Viktor Orban– y el desplazamiento favorezca al exministro de Agricultura.

De la Ley de Costas al "machismo"

Pero no sólo el posible conflicto de intereses privados y públicos de Cañete juega en su contra. Podemos, Izquierda Plural, ERC-NeCat y UPyD consideran que Cañete estaría incapacitado para capitanear la política energética y medioambiental incluso si no mediara la sospecha de conflicto de intereses.

Su papel motriz en la reforma de la Ley de Costas implica para UPyD motivo suficiente de veto. Izquierda Plural añade otro elemento: su ya célebre alusión “machista” a la “superioridad intelectual” masculina tras el debate preelectoral con la socialista Elena Valenciano. Muy posiblemente, lo socialistas saquen en el debate del miércoles ese episodio, aunque los dirigentes del PSOE guardan silencio total sobre cómo se efectuará el reparto de preguntas entre los eurodiputados del grupo socialdemócrata.

Destacados dirigentes socialistas anticiparon ayer a infoLibre que sus 14 diputados “votarán no o se abstendrán” el día 21 en la votación del colegio de comisarios en bloque –el procedimiento no permite votar uno a uno a los candidatos– si el presidente, Jean-Claude Juncker, mantiene a Cañete en su lista. Al menos, si lo mantiene como comisario de Energía y Medio Ambiente.

Fuentes de la dirección del PSOE confirmaron ayer que la jefa de la delegación socialista española, Iratxe García, intervendrá en el examen, pero no desvelaron si será ella quien plantee las preguntas más complicadas. Es decir, las relacionadas con las empresas petroleras que dirige el cuñado de Cañete, Miguel Domecq, y cuyo hilo societario pasa o ha pasado por Holanda, Panamá, las Antillas Holandesas y Costa Rica. "Pero –deslizaron fuentes de la dirección– es más que posible que sea ella quien pregunte por las petroleras de la familia de Cañete".

Su interrogatorio, recalcaron las fuentes con énfasis en los dos adjetivos, será “exhaustivo y riguroso”. Los socialistas españoles son conscientes de que el no de Pedro Sánchez a Juncker les crea problemas dentro del grupo socialdemócrata. Y no sólo fuera de España, pese a que tras los reproches del verano al nuevo líder del partido por su oposición abierta al luxemburgués como presidente de la Comisión, las voces discrepantes han enmudecido.

El PSOE registrará hoy martes en el Congreso una solicitud de comparecencia de la jefa de la Abogacía General del Estado, Marta Silva Lapuerta, para que explique qué criterios rigieron la elaboración del informe que en agosto de 2013 permitió a Miguel Arias Cañete votar en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Evaluación Ambiental, que sanciona el bunkeringo trasvase de crudo en alta mar. La Abogacía permitió a Cañete participar en ese trámite pese a que, además de accionista minoritario, el entonces ministro de Agricultura y hoy eurodiputado había sido presidente de una compañía petrolera con intereses en el segmento del bunkering, Petrolífera Dúcar SL.

El informe, cuyo contenido desveló el viernes infoLibre tras haber permanecido en secreto durante un año, sostiene que votar un proyecto de ley en el Consejo de Ministros no implica tomar “decisión alguna sobre ningún asunto” [consulta el PDF aquí] porque son las Cortes las que aprueban las leyes.

“Con ese informe –dice el diputado socialista Gabriel Echávarri, que fue quien hace casi un año reclamó una copia al Congreso– la Abogacía deja sin contenido la Ley de Conflictos de Intereses".

“Si la Abogacía considera que debe ser como dice su informe, que proponga la modificación de la ley”, apostilla el parlamentario, convencido de que la relectura que el Servicio Jurídico del Estado –uno de los órganos directivos del Ministerio de Justicia– hace de la ley conduce al absurdo: de aplicarse la nueva tesis, los ministros “serían como el rey, no tendrían nunca ninguna responsabilidad porque todo tiene que ser refrendado luego por las Cortes”.

En contra de la posición de la Abogacía, Echávarri entiende que todo proyecto que aprueba el Gobierno tiene siempre una "incidencia notoria" en el resultado final. La tradición parlamentaria española se sustenta en una máxima para la que en 37 años de democracia no ha habido excepción: que las mayorías parlamentarias se guían por lo que previamente decide el Gobierno al que sustentan, y no al revés.

Cumplía los requisitos legales para abstenerse

Aprobada en 2006, la Ley de Conflictos de Intereses prohíbe taxativamente a ministros y altos cargos participar en “asuntos” que “interesen a empresas” en cuya dirección o asesoramiento hayan participado “en los dos años anteriores” a su toma de posesión.

Home de la web de Petrolífera Dúcar

Para abstenerse en la tramitación de la Ley de Evaluación Ambiental, que castiga el bunkering o suministro de crudo en alta mar, Arias Cañete reunía los requisitos que marca la ley: no sólo era y es accionista minoritario de Petrolífera Dúcar SL, cuya propia web sigue incorporando, en portada y en inglés, la siguiente leyenda: "Proveyendo almacenamiento y distribución para el bunkering". Además y sobre todo, fue presidente de la compañía hasta enero de 2012, es decir, sólo año y medio antes de que el anteproyecto llegase a la mesa del Consejo de Ministros.

El informe de la Abogacía, que consta de dos versiones –la primera obviaba que Cañete había presidido la petrolera– añadía un segundo argumento favorable al ministro: que Petrolífera Dúcar no hace bunkering en la Bahía de Algeciras porque “no factura el costo del combustible a los buques amarrados en el puerto de Ceuta”. Las operaciones de bunkering –agregaba la Abogacía– "son realizadas por los propietarios del combustible depositado” en las instalaciones de Petrolífera Dúcar.

La web de Petrolífera Dúcar, ahora fuera de servicio salvo en su página inicial, puede rescatarse mediante herramientas de búsqueda en internet. Y una de esas herramientas permite leer lo que figura en una de sus secciones bajo el epígrafe Nuestra principal actividad: “Desde el año 2000, Ducar, en cuanto al negocio de bunkering se refiere, ha centrado su actividad en la logística, prestando servicios de almacenamiento y suministros a barcos para productos de terceros”.

Un informe de la Abogacía del Estado que ha permanecido secreto durante un año introduce una nueva tesis que fulmina la letra y el espíritu de la Ley de Conflictos de Intereses, aquella que prohíbe a ministros y altos cargos intervenir en decisiones sobre “asuntos” que “interesen” a empresas de su esfera privada. El informe, al que ha tenido acceso infoLibre [consúltalo aquí en PDF] y que fue el que en agosto de 2013 permitió a Miguel Arias Cañete participar en el trámite de la Ley de Evaluación Ambiental pese a que es socio de dos compañías petroleras, sostiene que votar en el Consejo de Ministros la aprobación de un proyecto de ley no entraña “decisión alguna sobre ningún asunto” por cuanto es el Parlamento el que valida las leyes.

Tras un año de negativa constante a desvelar su contenido, el informe sale ahora a la luz gracias a la reclamación de documentos formulada por el diputado socialista Gabriel Echávarri. La entrega de la información requerida, que destapa la nueva y más benévola interpretación oficial sobre conflictos de intereses, se produjo el pasado día 9, en plena ofensiva gubernamental en pro de la “regeneración democrática”.

Los dictámenes de la Abogacía del Estado, uno de los tres órganos directivos del Ministerio de Justicia, no sientan doctrina en el sentido estricto del término. Pero representan la posición del Gobierno, la fijan a efectos jurídicos y crean precedente para futuras interpretaciones. El informe que reinterpreta la Ley de Conflictos de Intereses está firmado por Dolores Ocaña, la abogada del Estado destinada en el Ministerio de Agricultura, entonces dirigido por Miguel Arias. También miembro del Servicio Jurídico público, Ocaña fue consejera de la empresa pública de tecnologías agrarias, Tragsatec, hasta enero de 2014, y así consta en el Registro Mercantil.

El informe, que no precisa a solicitud de quién se elaboró, representa en la práctica una enmienda a la totalidad del artículo 4 de la Ley 5/2006, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración.

Ese precepto, piedra angular de la norma, dice lo siguiente: “A los efectos de esta ley, hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”.

Una pregunta en el aire

El articulo 7 del mismo texto legislativo prohíbe a quienes incurran en conflicto de intereses intervenir en “asuntos” que “interesen a empresas” en cuya dirección o asesoramiento haya participado el alto cargo, su cónyuge o similar o cualquier familiar dentro del segundo grado “en los dos años anteriores” a su toma de posesión.

Aunque la redacción de ambos preceptos parece inequívoca, el dictamen de la Abogacía del Estado evitó que Miguel Arias Cañete, entonces titular de Agricultura y hoy aspirante a comisario europeo, tuviera que ausentarse el 30 de agosto de 2013 de la votación del anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental en el Consejo de Ministros. Pese a ser accionista y exadministrador de dos empresas petroleras –Petrologis Canarias SL y Petrolífera Dúcar, que era la que estaba en cuestión por el potencial conflicto de intereses–, Cañete participó en la sesión con el visto bueno del Servicio Jurídico del Estado.

Llevada al extremo, la nueva perspectiva adoptada por la Abogacía del Estado en materia de conflictos de intereses plantea una pregunta: la de por qué exigir a un ministro que cese como administrador de una sociedad si, aun en el supuesto de que participase en la tramitación de alguna ley específica sobre el sector en que opera esa misma sociedad, no estaría decidiendo nada.

La pregunta cobra vigor a la luz de los siguientes argumentos: "Debemos reiterar –dice de hecho el informe– que en la aprobación de un proyecto de ley no hay asunto, no hay decisión". Y más: "El poder decisorio en la producción legislativa es el poder legislativo, de manera que la decisión sobre el asunto en que pudiere tener (hipotéticamente) interés personal el ministro le corresponde al Parlamento, puesto que el asunto no es otro que la aprobación de una norma con rango de ley".

Premisa falsa

Los entrecomillados del párrafo anterior pertenecen al "dictamen ampliatorio" [consúltalo aquí en PDF] que la Abogacía del Estado emitió sobre el posible conflicto de intereses en que podría incurrir Miguel Arias Cañete. Ni el dictamen original ni el "ampliatorio" dedican una sola mención al hecho de que, salvo excepciones que jamás se han dado en España, las mayorías parlamentarias que sostienen al Gobierno de turno votan las leyes siguiendo las indicaciones de sus líderes políticos. Y esos líderes son, de nuevo salvo excepciones, los que forman parte del Gobierno.

La emisión del llamado "dictamen ampliatorio" vino forzado porque el primero partió de una premisa falsa: que Arias Cañete era accionista de Petrolífera Dúcar, la empresa que suscitaba dudas sobre la existencia de un potencial conflicto de intereses, pero sin que jamás hubiese participado en su dirección o asesoramiento: “Según resulta de los antecedentes facilitados con motivo de la consulta, el señor ministro no ha tenido parte ninguna en la dirección ni en el asesoramiento ni en la administración de la sociedad en cuestión [Petrolífera Dúcar SL]”. En realidad, Arias Cañete fue presidente de Petrolífera Dúcar hasta enero de 2012.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 30 de agosto de 2013, Miguel Arias Cañete dijo que había participado en la sesión porque le respaldaba la Abogacía del Estado. Arias dijo esto: "He pedido un informe a la Abogacía del Estado, en el cual ha dicho que, no siendo consejero de la empresa y siendo un simple accionista minoritario, no tengo por qué inhibirme en la materia". En realidad, la legislación española sobre incompatibilidades jamás le habría permitido simultanear el cargo de ministro con el de consejero de una empresa privada.

El entonces titular de Agricultura obvió que un segundo informe de la Abogacía corregía el error inicial y admitía que sí había administrado la sociedad. Y obvió igualmente que el principal argumento de la Abogacía no era el de que su participación en Petrolífera Dúcar –2,5%– fuese minoritaria, sino el de que votar en el Consejo de Ministros equivale a nada a efectos prácticos.

Dos informes emitidos el mismo día

Que el hoy exministro no participó en la administración de la compañía es lo que dice el primer dictamen, fechado el 29 de agosto de 2013, víspera del Consejo de Ministros que dio vía libre a la tramitación de la Ley de Evaluación Ambiental, que prevé sanciones para las empresas que desarrollen actividades de bunkeringen zonas protegidas.

Es decir, empresas que suministren crudo a barcos en alta mar, una práctica muy rentable a efectos tributarios pero muy arriesgada para el medio ambiente. Según la Abogacía, Petrolífera Dúcar no hace bunkering en la Bahía de Algeciras porque [sic] “no factura el costo del combustible a los buques amarrados en el puerto de Ceuta”. bunkering “Las operaciones de bunkering –añade el informe– son realizadas por los propietarios del combustible depositado” en las instalaciones de Petrolífera Dúcar.

Como ese primer informe partía de una premisa falsa –que Cañete jamás había dirigido ni asesorado a Petrolífera Dúcar–, la Abogacía emitió una ampliación. Y lo hizo con tal celeridad que su fecha es la misma: 29 de agosto de 2013. En esa ampliación, la abogada del Estado avisa ya en la segunda página de que, si bien Arias Cañete sí participó en la dirección de Petrolífera Dúcar, eso “en nada modifica la conclusión de primer informe”.

Y para sostener esa conclusión –que nada impedía a Cañete votar el anteproyecto de una ley que castiga el bunkering–, la Abogacía usa el siguiente argumento: que una cosa es la “fase administrativa” y otra, la “fase parlamentaria”.

"No hay decisión alguna"

El informe establece esta distinción para, a renglón seguido, afirmar esto: “Es claro que el deber de inhibición no resulta aplicable en esta fase administrativa, puesto que tratándose de la elaboración de una norma legal, la 'decisión del asunto' no puede ser sino la fijación de la determinación definitiva del contenido de la norma legal y ello no corresponde a la Administración sino a los Cuerpos Colegisladores”. O sea, al Congreso y al Senado.

“Por ello –remata el dictamen– resulta indiferente a los efectos del deber de inhibición del artículo 7.1 [de la Ley de Conflictos de Intereses] que el ministro hubiera tomado parte en la administración de Petrolífera Dúcar SL dentro de los dos años anteriores a su toma de posesión, puesto que en la aprobación de un proyecto de ley no hay decisión alguna sobre ningún asunto, al ser las Cortes Generales las que fijarán el contenido definitivo de la norma”.

El PSOE no quiere que Miguel Arias Cañete se escape y se "esconda" en la recta final de la campaña. Exige al candidato del PP que dé explicaciones, antes de que el domingo los españoles acudan a las urnas, de sus negocios y, en concreto, de la información que este martes publicó infoLibre: que sociedades de las Antillas Holandesas –uno de los territorios marcados como paraíso fiscal– y de Costa Rica controlan las petrolíferas del exministro de Agricultura y de su familia. 

Óscar López, secretario de Organización y director de la campaña de los socialistas, compareció en Ferraz para pedir cuentas al candidato, y de manera urgente. "Antes de que los españoles puedan votar, sería conveniente que [Mariano] Rajoy y Cañete respondan a una pregunta, una que es esencial. ¿Va a combatir el PP los paraísos fiscales y el fraude fiscal o sencillamente no pueden hacerlo porque son usuarios de los paraísos fiscales? Es uno de los temas más importantes que se van a discutir en Europa en la próxima legislatura, y ahí la posición del PSOE es clara: es combatir los paraísos fiscales, es perseguir ese billón de euros de fraude fiscal que hay en Europa. Esto no se arregla escondiendo al señor Cañete". 

Este periódico informaba hoy de que las dos empresas en las que Cañete declara participar como socio, Petrolífera Ducar y Petrologis Canarias, ambas propiedad de su familia y de la de su esposa, Micaela Domecq, han mantenido desde hace años una enmarañada estructura societaria cuyo último eslabón se encuentra en las Antillas Holandesas y también en Costa Rica. La dos compañías tenían, al menos hasta el cierre de 2012, como accionista principal a una empresa radicada en Ámsterdam, Havorad BV. Una "sociedad pantalla", según la definió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia de abril de 2013 relativa a otra compañía de los Domecq, y de la que informó vozpópuli. Pero el hilo societario de Havorad no acaba en Holanda. 

Havorad tiene como socio único a Gold Lion Corp NV, ubicada en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Y Gold Lion Corp NV, a su vez, es propiedad de una sociedad costarricense, Corporación Bilares SA. En noviembre de 2013, esta última empresa se disolvió por decisión de sus socios. A partir de ahí se desconoce qué ha ocurrido con las acciones de Gold Lion. 

"La respuesta no puede ser 'Aguanta, Cañete'"

López recordó cómo, mientras Cañete era ministro, el PSOE intentó que compareciera en el Congreso para que explicara sus negocios. Sin éxito. Ahora ya no es titular de Agricultura y en breve, en cuanto ocupe el escaño en el Parlamento Europeo, dejará su acta en el Congreso. "Por tanto, lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, que responda a estas preguntas, que aclare esta información y otras muchas. La respuesta del PP no puede ser la clásica de Rajoy: 'Aguanta, Cañete, hacemos lo que podemos, sé fuerte, sólo quedan tres días' de campaña". El secretario de Organización enlazaba así con el caso Bárcenas, con los mensajes SMS que el presidente del Gobierno le mandaba a su extesorero cuando ya se conocía que tenía cuentas millonarias en Suiza. "No puede ser, los españoles merecen saber antes del domingo qué intereses tiene Cañete y qué posición tiene el PP respecto a los paraísos fiscales. Es un asunto muy relevante que no puede hurtar el PP a base de esconder a Cañete". 

López, como ya hiciera ayer Elena Valenciano a propósito de las declaraciones machistas del pasado viernes en Antena 3, deslizó que al candidato del PP se le podría frenar como comisario en su audición ante el Parlamento Europeo. "Intuyo que al señor Cañete se le complica cada vez más la comisaría. Primero por sus declaraciones verdaderamente machistas, soberbias y clasistas y también por posibles incompatibilidades en el futuro. Se le complica mucho al señor Cañete ser comisario". 

Fuentes del PSOE añadieron posteriormente que el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, será mucho más "contundente" esta tarde en un mitin en Santander. Todo apunta a que los socialistas van a intentar dificultar en lo posible que Cañete salga airoso del examen que le haga la Eurocámara para convertirse en comisarioexamen . En los últimos días, de hecho, el partido y su candidata, Elena Valenciano, no han hecho sino recordar cómo en 2004 el hombre propuesto por el entonces primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, Rocco Buttiglione, no pasó el hearing por sus declaraciones homófobas y al final nunca llegó a entrar en el Ejecutivo comunitario. 

Cancelación de varias entrevistas

López recalcó que hoy también se conoció la existencia de dos cuentas en Luxemburgo ligadas al PP. “Primero fueron cinco cuentas en Suiza, luego seis más y ahora dos en Luxemburgo, el país de [Jean-Claude] Juncker [el candidato conservador a la Presidencia de la Comisión], todas ellas vinculadas al PP, y sería bueno que dieran explicaciones Rajoy y Cañete.

¿Por qué el PSOE habla de que el PP “esconde” a Cañete? Porque, tras “hacerlo muy mal leyendo el jueves en televisión”, en el cara a cara en televisión, y haciéndolo “mucho peor” al día siguiente, al decir “lo que pensaba” sobre las mujeres y demostrando su “machismo, su clasismo y su soberbia”, el partido de Rajoy ha intentado protegerle, cancelándole varias entrevistas con varios medios –entre ellos, Efe, la cadena Ser, El País y eldiario.es–, para que no responda a preguntas. López recordó que Rajoy le definió el domingo como “el mejor candidato”, pero en cambio ahora “le esconde y le quita de la campaña”. “Le metió muy tarde en campaña y le ha sacado muy pronto”. Algo insólito en la última semana de cualquier campaña electoral, la más decisiva.

Dedicadas al almacenamiento y suministro de carburantes a gran escala, esas dos sociedades, Petrolífera Dúcar y Petrologis tenían al menos hasta el cierre de 2012 –año de las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil – como accionista mayoritario a una sociedad radicada en Amsterdam, Havorad BV.

Una sentencia relativa a otra empresa de los Domecq, dictada en abril de 2013 por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) y de la que informó el digital vozpópuli, confirmó que la Agencia Tributaria considera a Havorad una simple “sociedad pantalla”. Dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso y cuyo contenido es público, la sentencia destapó un dato que ha permanecido inédito hasta hoy: que Amsterdam, donde se localiza el domicilio oficial de Havorad BV, es solo una estación de paso. Y que el hilo societario de Petrolífera Dúcar y Petrologis Canarias empieza en Europa pero termina en el Caribe.

El TSJ de Madrid descubre el velo societario de Havorad gracias a la información facilitada por la Hacienda holandesa, tal y como hace constar expresamente en su resolución.

En Dúcar, y al cierre del ejercicio 2012, Havorad ostentaba el 45,20%, porcentaje que se elevaba al 48% en el caso de Petrologis ese mismo año. Civisol y Arias Domecq SL, otras dos compañías del grupo familiar jerezano en que confluyen los Arias y los Domecq, copan entre ambas el 25% de Petrolífera Dúcar mientras que Miguel Domecq Solís, uno de los principales administradores de las empresas de la familia, maneja el 12,78%.

En total, las dos familias controlan como mínimo el 83% de Dúcar y el 79% de Petrologis. Según el Registro Mercantil, Havorad BV cesó como consejero de Petrolífera Dúcar y de Petrologis Canarias en octubre y noviembre de 2013, respectivamente. Si ese cese significa que Havorad BV ha salido del accionariado es otro interrogante.

Estructura de muñeca rusa

A su vez, Havorad BV pertenece al 100% a otra compañía constituida en las Antillas Holandesas, Gold Lion Corp. NV. Pero la ruta no se detiene en el archipiélago caribeño. Al menos hasta abril de 2013, la antillana Gold Lion tenía también un solo accionista: la empresa costarricense Corporación Bilares SA. El 22 de noviembre de 2013, es decir, hace seis meses, Corporación Bilares SA se disolvió por decisión de sus socios. Qué ha ocurrido a partir de entonces con las acciones de la antillana Gold Lion es una incógnita.

Durante toda la tarde del lunes, infoLibre intentó sin éxito recabar la versión del candidato sobre sus negocios. No hubo respuesta. Este diario había transmitido tres preguntas a fuentes oficiales del PP para que se las hicieran llegar a Arias Cañete: quiénes y con qué porcentajes forman a día de hoy el accionariado de las sociedades instrumentales Havorad BV, Gold Lion Corp NV y Corporación Bilares SA; por qué las familias Domecq y Arias Cañete eligieron una estructura societaria que pasa por un territorio como las Antillas Holandesas; por qué la costarricense Bilares SA se disolvió en noviembre y quién consta hoy como propietario último de la antillana Gold Lion Corp, si es que permanece activa.

El exministro y candidato asegura poseer directamente solo un 2,5% de Petrolífera Dúcar, que en el verano de 2013 se colocó en el ojo del huracán tras conocerse que, presidida por él mismo hasta que fue nombrado ministro de Agricultura, había desarrollado operaciones de bunkering –trasvase de fuel en alta mar, muy ventajoso fiscalmente pero peligroso para el medio ambiente– en el Estrecho. Cañete desmintió de manera enérgica tal información, atribuyó la polémica a los intereses del Gobierno del Peñón y se reafirmó en que el Gobierno tipificaría como “infracción grave” el bunkering en esa área.

En septiembre de 2012 y tomando como fuente la respuesta escrita de un portavoz de la empresa, el diario El País ya había publicado que Dúcar realizó actividades de bunkering “hasta finales de 2011”, fecha en que Arias Cañete saltó al Gobierno de Mariano Rajoy.

Además de en Petrolífera Dúcar y en Petrologis Canarias, la holandesa Havorad BV figura en el Registro Mercantil como socio único de cinco sociedades españolas vinculadas a la familia Domecq. 

La diputada de Iniciativa per Catalunya Verds Laia Ortiz ha presentado este viernes una solicitud de datossolicitud de datos para que el Gobierno facilite a su grupo el informe de la Abogacía del Estado por el cual el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, argumentó que no estaba obligado a inhibirse en las decisiones que se tomasen en Consejo de Ministros sobre el bunkering, pese a que presidió una empresa (Petrolífera Ducar) con intereses en la materia hasta el mismo día que fue nombrado ministro. InfoLibre solicitó hace dos semanas dicho documento a Agricultura, pero un portavoz de Cañete respondió que no era público.

En su petición, Ortiz resalta el eventual "conflicto de intereses" en que ha podido incurrir Cañete, que el pasado 30 de agosto declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no se había inhibido en las decisiones que se tomaron sobre el bunkering en Gibraltarbunkering . El ministro aseguró que tomó esta decisión porque el informe que había solicitado a la Abogacía del Estado señalaba que "no siendo consejero de la empresa y siendo un simple accionista minoritario", no tenía por qué hacerlo.

La diputada ha asegurado en declaraciones a infoLibre que la opinión de su grupo es que "esta información debería ser pública", y ha hecho hincapié en la paradoja que para su partido supone que, tras la reciente aprobación de la Ley de Transparencia, estos documentos sean de carácter secreto. "La actitud del Gobierno ha sido toda la legislatura la de poner palos en las ruedas", ha asegurado Ortiz, que no obstante se ha mostrado confiada en que finalmente el Ejecutivo les facilitará el documento ya que, según ha dicho, "legalmente no se pueden negar". Asimismo, la representante ha afirmado que conocer el informe les ayudará a aclarar la implicación de Cañete en el tema del bunkering, un asunto que, asegura, les "genera dudas".

El número de acciones de la empresa es irrelevante

De expresarse el informe de la Abogacía en los términos que declaró el ministro, esto supondría una interpretación restrictiva de la Ley 5/2006 de Regulación de Conflictos de Intereses, que en su artículo 7 asegura que "quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos [...] en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público". 

Esta definición afectaría a Cañete, ya que según la leyel número de acciones que se posean en la empresa es irrelevante, y lo que se tiene en cuenta son los cargos que se hayan desempeñado en ella hasta dos años antes del nombramiento. Según la declaración de actividad del ministro –realizada cuando entró en el Gobierno–, abandonó la presidencia de Petrolífera Ducar el 22 de diciembre de 2011, el mismo día que tomó posesión de su cargo.

El ministro también argumentó para no abstenerse que la disposición aprobada no era un real decreto, que tiene efecto directo sobre terceros, sino de un proyecto de ley, que no lo tiene: "Son las Cortes las que son soberanas y las que elaboran la ley. El Gobierno pone en marcha un proyecto, pero a partir de ese momento no tiene un efecto normativo respecto a terceros; por lo tanto, no hay un acto que pueda perjudicar a un tercero en el que me deba inhibir", defendió Cañete.

Cañete sí se inhibió en 2012

No obstante, llama la atención que Cañete sí se inhibió el 30 de noviembre de 2012, cuando se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto 1620/2012, que declaraba como Zona de Especial Conservación (ZEC) las aguas limítrofes al Peñón y prohibía el bunkering en ellas. Ante una pregunta de la diputada del PSOE Meritxell Batet, el Ejecutivo aseguró el pasado junio que Cañete se había inhibido en la votación por una cuestión de conflicto de intereses, y la propuesta tuvo que ser elevada y defendida no por él, sino por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, no se inhibió el pasado 30 de agosto en el Consejo de Ministros en las decisiones sobre el bunkering en Gibraltar pese al posible conflicto de intereses en relación con una empresa de la que fue presidente hasta el mismo día en que fue nombrado ministro y de la que sigue siendo accionista. Para justificar su decisión, Cañete se amparó en un supuesto informe de la Abogacía del Estado. infoLibre se ha dirigido al Ministerio de Agricultura para solicitar dicho informe, pero la respuesta ha sido negativa: "Entendemos que no es necesario hacer público ese informe", indicó un portavoz de Cañete.

En la rueda de prensa del 30 de agosto, el ministro se refirió a una de las empresas de las que ha sido administrador, Petrolífera Ducar, y en la que mantiene un 2,5% de las acciones. Y sostuvo lo siguiente: "He pedido un informe a la Abogacía del Estado, en el cual ha dicho que, no siendo consejero de la empresa y siendo un simple accionista minoritario, no tengo por qué inhibirme en la materia".

Si el informe de la Abogacía del Estado se expresase en los términos explicados por Cañete, ello supondría una interpretación restrictiva de lo que establece el artículo 7 de la Ley 5/2006 de Regulación de Conflictos de Intereses: "Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos [...] en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público". Según indica su declaración de actividades, realizada cuando entró en el Gobierno, Cañete dejó de ser presidente de Petrolífera Ducar el 22 de diciembre de 2011. De acuerdo con la literalidad de la norma, el porcentaje de acciones que tenga el alto cargo es irrelevante a la hora de inhibirse, y lo que importa es que haya desempeñado labores de administración en los dos años anteriores a su toma de posesión. En el caso de Cañete y su empresa petrolífera, ocupó el cargo hasta el mismo día en que fue nombrado ministro.

El ministro sí se inhibió en 2012

Cañete mantiene que la relación de su empresa con el bunkering (el repostaje en el mar a través de gasolineras ambulantes) es "muy remota" porque Petrolífera Ducar se dedica a almacenar el petróleo en tierra. La oposición ha destacado, en cambio, que la empresa de Cañete "forma parte de la cadena" que practica el bunkering. La polémica por el posible conflicto de intereses se inició realmente el 30 de noviembre de 2012, cuando el ministro sí decidió abstenerse de participar en la decisión del Consejo de Ministros por la cual el Gobierno aprobó el Real Decreto 1620/2012, en el que declaraba como Zona de Especial Conservación (ZEC) las aguas limítrofes al Peñón y prohibía el bunkering en ellas. Ante una pregunta de la diputada del PSOE Meritxell Batet, el pasado junio el Ejecutivo aseguró que Cañete se había inhibido en la votación por una cuestión de conflicto de intereses, y la propuesta tuvo que ser elevada y defendida no por él, sino por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.

Sin embargo, el 30 de agosto se aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de ley de Evaluación Ambiental, que, como destacó el propio Cañete, tipifica "expresamente" el bunkering como una infracción –lo que provocará que lleve aparejada una "sanción de naturaleza administrativa", según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría–. En esta ocasión el ministro sí que participó en la votación con el argumento de que no se trataba de un real decreto, que tiene efecto directo sobre terceros, sino de un proyecto de ley, que no lo tiene: "Son las Cortes las que son soberanas y las que elaboran la ley. El Gobierno pone en marcha un proyecto, pero a partir de ese momento no tiene un efecto normativo respecto a terceros; por lo tanto, no hay un acto que pueda perjudicar a un tercero en el que me deba inhibir", defendió Cañete. Pero de acuerdo con al artículo 7 de la citada Ley 5/2006, el alto cargo tiene la obligación de "inhibirse del conocimiento de los asuntos" que afecten a las empresas en las que haya tenido intereses. Por tanto, ni establece diferencia entre normas, ni limita los asuntos en los que debe inhibirse el ministro. 

Los otros intereses de Cañete

Petrolífera Ducar no era la única empresa administrada por Cañete cuando entró en el Gobierno. infoLibre ha consultado el Registro de Actividades de Altos Cargos y, según su propia declaración, el ministro de Agricultura también renunció a su cargo de consejero en la inmobiliaria Bami Newco, así como a la presidencia de Petrologis Canarias –una escisión de la ya citada Ducar– y a su puesto de abogado en el Colegio de Jerez de la Frontera. En su faceta de letrado, Cañete se dedicaba a "asesorar a compañías mercantiles en materia de derecho administrativo y tributario" y a la realización "de arbitrajes". El objeto social de Petrolífera Ducar y Petrologis Canarias, según explica el ministro, es "el almacenamiento de productos petrolíferos y el suministro de combustible a buques en los puertos de Ceuta y Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente.

Al ser nombrado ministro, Cañete también cesó en otras actividades complementarias: como tertuliano de los programas La atalaya de César Lumbreras (de la Cadena COPE) y El Gato al Agua (emitido en Intereconomía), con la curiosidad de que en el primer caso cobraba y en el segundo emitía sus opiniones de forma gratuita; como presidente del Patronato de la Fundación del RACE para el estudio de la historia del automóvil; como vocal de la Federación Española de Automovilismo, y como miembro del Patronato de la Fundación de Estudios Financieros. Estas últimas actividades no eran retribuidas.

Gibraltar se convirtió en el asunto estrella de la rueda de prensa que siguió a la reunión de urgencia en Bruselas de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE por la explosiva situación en Egipto. "El Gobierno no va a renunciar en ningún caso a adoptar las medidas que considere necesarias para evitar los daños a la economía nacional, daños que vienen derivados del contrabando, de los tráficos ilícitos, del blanqueo de dinero, de ventajas fiscales que colocan en peor situación a las empresas españolas de la zona, y de las normas necesarias para proteger el medio ambiente. Estoy absolutamente convencido de que el Reino Unido no tendrá inconveniente en que España, como una frontera, como un territorio de la unión aduanera... aplique normas para combatir el contrabando, estará de acuerdo en combatir los paraísos fiscales y tendrá tanto interés como nosotros en proteger el medio ambiente. No veo dificultad alguna para eso", señaló el jefe de la diplomacia española. 

Margallo insistió en que España está "obligada" a tomar medidas para "combatir el contrabando", porque Gibraltar no forma parte del espacio Schengen, ni del territorio donde se aplica el IVA ni está en el espacio aduanero. "Es obvio que el Gobierno está teniendo que adoptar medidas adicionales, más intensas porque la relación de confianza con las autoridades de Gibraltar se ha roto. En el momento en que esa confianza se restablezca, es más que probable que podamos disminuir esos esfuerzos que son muy gravosos, si contamos con la colaboración del Gobierno de Gibraltar", apuntó, deslizando que para recuperar esa "confianza" será necesario que los llanitos retiren los bloques de hormigón lanzados al mar. Bloques que "hacen inviable cualquier conversación sobre la pesca. 

El vertido de cemento fue el primer punto del memorial de agravios que desgranó Margallo. Ya el lunes el ministro pedía en un artículo publicado el lunes en el diario estadounidense The Wall Street Journal que como primer gesto "necesario" las autoridades de la Roca levantasen los cubos. Segunda cuestión, el bunkering, el trasvase de combustible desde gasolineras flotantes, en una zona que el Reino Unido y España consideran de "especial conservación". Por el Estrecho, abundó, cruzan 110.000 buques al año. Sólo los puertos holandeses, con 13 millones de toneladas, superan el volumen de carburante. "Se hacen más de 8.000 trasvases en alta mar, y más de 5.000 en la bahía de Gibraltar. En total, 60.000 descargas de gasóleo de buque a buque, un peligro medioambiental realmente grave". Tercero, el juego online, que en España tributa al 20% y en el Peñón al 1%.

No se explayó, pero aún habría otro agravio para España: la arena. Ayer martes. el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó impedir el paso de camiones con arena para la construcción de un espigón en la cala este del Peñón, donde los llanitos quieren construir un complejo de lujo en un terreno ganado al mar, informa Europa Press. La medida [ver aquí vídeo] fue tomada en coordinación con Aduanas y con la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha incoado diligencias informativas tras la denuncia interpuesta por Verdemar-Ecologistas en Acción. El escrito de estos iba dirigido contra el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) y otros municipios por un delito de "hurto agravado" y por una presunta comisión de un delito de falsedad en documento público, todo ello por la venta a la colonia británica de arena procedente de la duna de Valdevaqueros de Tarifa, una zona protegida. Sin embargo, hoy mismo, Verdemar denunció que seguían pasando por la Verja camiones "con piedras y rocas", informa Europa Press. 

Fabian Picardo, en la diana

Así las cosas, España entiende que la "única fórmula y la forma obligatoria" para resolver el contencioso es el "diálogo". En ese sentido, recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy, nada más acceder a la Moncloa, mandó una primera carta al ministro de Exteriores británico, William Hague, en la que le advirtió de que tenía que variar el formato, porque Madrid no aceptaba el foro tripartito instaurado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Margallo propuso entonces el diálogo a dos o a cuatro (con Gibraltar y la Junta de Andalucía). Un formato que, insistió, Hague aceptó "al pie de la letra" el 14 de abril de 2012, aunque lo cierto es que no se han abierto las conversaciones. El ministro hizo así un llamamiento a su homólogo a retomar las negociaciones que él mismo asumió en esos "mismos términos". 

Margallo y Hague coincidieron en Bruselas en el Consejo de Exteriores convocado ex profeso para abordar la crítica situación de Egipto. Pero, según dijo el jefe de la diplomacia española, ambos no hablaron de Gibraltar. No tuvo "más posibilidad" que la de interesarse por el "bienestar" de sus familias este verano. A la entrada de la reunión, Hague repitió que para Londres los controles en la Verja son "desproporcionados" y responden a una "motivación política" y advirtió de que "no se debe subestimar nuestra determinación de estar junto a la gente de Gibraltar".

Durante la rueda de prensa, Margallo dijo que el Gobierno ya barruntaba que habría "conflictos" con Gibraltar porque el ministro principal, Fabian Picardo, "nada más tomar posesión" de su cargo, en diciembre de 2011, decidió "incumplir el acuerdo en materia de pesca" que estaba vigente desde 1999 y que respetó su antecesor, Peter Caruana. "Cuando esperábamos que esas conversaciones se reanuden nos encontramos con que nos echan unos bloques de hormigón que, en definitiva, hacen inviable cualquier conversación sobre la pesca: si no hay caladero no tenemos pesca de la que hablar", explicó. "De lo que se trata es de que recuperemos la confianza entre las dos partes". Margallo hizo ver una y otra vez que la hostilidad se centra en Picardo, y no con el Reino Unido, con quien España mantiene "buenas relaciones" y quiere seguir manteniéndolas. 

Respecto a la tasa de 50 euros que el Ejecutivo estudia, pocas novedades. El ministro recordó que la medida está "en estudio", y por eso se ha pedido un informe a la Abogacía del Estado y a la representación permanente española en Bruselas. Para disipar cualquier duda de un posible choque con Bruselas, reconoció que cobrar una tasa por cruzar la frontera es "ilegal", pero "España nunca la ha planteado" así, sino una tasa de congestión, que sirviese para reducir el tráfico en La Línea de la Concepción. El peaje, justificado por la "ocupación de un dominio público congestionado" en España y que serviría para controlar "el contrabando", tendría sustento legal, sería "perfectamente acorde con la legislación europea". "Está muy estudiada, no es una improvisación". "A diferencia" de Gibraltar, que aplica una "política de hechos consumados", España "tiene un exquisito respeto por la legalidad". Una vez que se compruebe que encaja con la normativa comunitaria, se estudiará el "criterio de oportunidad política", si conviene aplicarla. Y en ese caso, repitió que no recaería sobre los trabajadores residentes a ambos lados de la Verja y se emplearía para compensar a los pescadores afectados por los bloques de hormigón. 

Miguel Arias Cañete anunciaba el pasado 13 de agosto que el Gobierno sancionaría a las gasolineras flotantes que operan en las aguas que rodean a Gibraltar, en la declarada como Zona de Especial Conservación (ZEC), en la que de hecho ya está prohibido el bunkering, el trasvase de combustible de un barco a otro. El problema es que el propio Cañete era presidente, hasta que asumió la cartera de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en diciembre de 2011, de una petrolera, Ducar SL, ligada entonces al negocio del bunkering. Al frente de Ducar está hoy su cuñado, Miguel Domecq. 

Pues bien, este lunes, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, adelantó que su partido ya ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia de Cañete, para que explique sus lazos "con empresas dedicadas a la venta de combustible para buques en el Estrecho". Para que aclare sus intereses en Ducar, de la que es accionista y con la que guarda una "gran vinculación, ahora y también antes de ser ministro". 

Los socialistas consideran necesario que Cañete acuda a la Cámara para que cuente lo que pasó en el Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2012. En esa reunión, el Gobierno aprobó el real decreto 1620/2012, por el que declaraba como ZEC las aguas limítrofes al Peñón –23.641,82 hectáreas frente a la costa de Cádiz–, en disputa con el Reino Unido. Sin embargo, tal y como confesó el pasado junio el propio Ejecutivo en una respuesta a la diputada del PSOE Meritxell Batet, Cañete se inhibió en la votación por una cuestión de conflicto de intereses. La propuesta fue incluso elevada y defendida no por él, sino por su compañero de Exteriores, José Manuel García-Margallo. 

"El ministro Arias Cañete dijo a todos los españoles que la petrolera en la que tiene acciones e intereses económicos no trabaja en la bahía de Gibraltar. Eso se lo dijo a los españoles, pero, ¿qué dijo en el Consejo de Ministros? –se preguntó Rodríguez–. ¿Qué le dijo a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando le comunicó que, por conflicto de intereses, no podría ni elevar la propuesta para que no se puedan realizar en esa zona ciertas actividades con las que parece que sí tiene muchos intereses? Parece a todas luces que el ministro mintió y que la vicepresidenta nos ocultó un dato de relevancia política muy importante en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 30 de noviembre". 

Ducar y su relación con el 'bunkering'

El pasado sábado, el ministro de Agricultura desvinculó a Ducar de la práctica del bunkeringbunkering. Dijo que la petrolífera no trabaja en Gibraltar, sino en los puertos de Ceuta y de Gran Canaria y lo que hace es que almacena combustible en tierra, con los buques sólidamente anclados en el muelle. Eso no es lo mismo, afirmó, que las gasolineras flotantes de la bahía de Algeciras, que operan en la ZEC. Sin embargo, hoy la cadena Ser informaba de que parte del fuel acumulado en los tanques de la compañía "proviene o termina" en los barcos nodriza del Peñón. Así, a cambio de un canon anual, la firma arrienda la mitad de sus instalaciones a Vilma Oil, una empresa dedicada a la venta de carburante para buques que transitan por el Estrecho y que reconoce suministrar y avituallarse de fuel procedente de las gasolineras flotantes gibraltareñas. 

El PSOE también quiere que comparezca Sáenz de Santamaría en la Comisión Constitucional, para que explique "por qué no contó" que Cañete "se ausentó de la votación" de declaración de la ZEC "y por qué ni siquiera defendió la propuesta" y en su lugar lo hizo Margallo. Todas estas peticiones se incluirán en el próximo debate de la Diputación Permanente, el órgano que reemplaza al pleno en tiempo de vacaciones. Rodríguez deseó que el PP no se ampare en su mayoría absoluta para eludir contar qué pasó. 

"No es momento de bravuconadas"

Rodríguez fue preguntada durante su comparecencia por la situación actual del conflicto con Gibraltar. En concreto, por la advertencia de Bruselas a España de que la tasa de congestión que pretende imponer para cruzar la Verja es "ilegal", aviso desmentido después por el Ejecutivo. 

La portavoz parlamentaria volvió a hacer una llamada al "diálogo", a la negociación bilateral de Londres y Madrid. "No es el momento de bravuconadas", señaló. "Claro que hay que respetar la legalidad internacional", añadió, y eso afecta a ambas partes, porque "tirar hormigón al mar para evitar el legítimo derecho de los pescadores a faenar", como ha hecho el ministro principal de la Roca, Fabian Picardo, "también vulnera" la normativa europea.