La cesta de la compra básica se ha encarecido un 1,31% entre enero y febrero, lo que supone la primera subida de precios en lo que va de año a pesar de la rebaja del IVA aprobada en diciembre para alimentos básicos, pastas y aceites, según informa Europa Press.

En concreto, la cesta de alimentos registró un precio de 30 euros el 27 de febrero, frente a los 29,61 euros de finales de enero. Según un análisis de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), el aumento de 39 céntimos en la cesta de la compra rompe la tendencia a la baja continuada e implica la disolución del efecto de la bajada del IVA.

En lo que se refiere a las cadenas de supermercados, Mercadona (-0,13 euros) y Dia (-1,23 euros) han sido las que han rebajado sus precios a finales de febrero. Carrefour, por su parte, ha sido la cadena que más ha subido los precios en la comparación mensual, con 2,13 euros más. De su lado, El Corte Inglés (0,78 euros) y Alcampo (0,39 euros) han sido los otros dos supermercados que han encarecido la cesta de la compra básica.

Pese al repunte observado a finales de febrero, el análisis de Asufin apunta que desde el pasado 2 de enero, la media de la cesta básica de alimentos se ha rebajado un 10,9% en comparación con el 29 de diciembre, cuando el precio de la cesta se situaba en 33,67 euros. Es decir, en lo que va de año la cesta se ha abaratado en 3,67 euros de media.

Con todo ello, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha subrayado que a tenor de los datos las medidas "están demostrando, mes a mes, su ineficacia". "Se trata de medidas sin graduación, que benefician tanto al que más compra como el que menos", señala Suárez. Asimismo, ha indicado que vigilar los márgenes empresariales de las grandes superficies "es muy difícil", al igual que determinar que la bajada del IVA está abaratando la cesta de productos básicos.

Dejando claro Asufin que no está de acuerdo en topar precios, sí considera la asociación que los Gobiernos tienen medios para determinar quién necesita una ayuda directa para combatir los efectos "perniciosos" de la inflación.

Los precios online en las principales cadenas de supermercados han subido un 9,4% de media entre el 20 de marzo de 2021 y el 8 de marzo de 2022, según un estudio de precios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre 156 productos de alimentación, higiene y droguería en diez ciudades españolas, recogido por Europa Press.

En concreto, la organización de consumidores, que califica de "preocupante" este incremento de precios, ha explicado que responde a diferentes factores como la escalada de precios de la energía y de las materias primas, como los fertilizantes, el trigo o el aceite, que gravan la producción y la distribución de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como el impacto que está teniendo el impacto de la guerra de Ucrania.

El estudio muestra que no todas las cadenas de supermercados han aumentado de igual manera sus precios. Así, Carrefour acumula una subida del 12,1% los últimos 12 meses y Mercadona un 11,4%, mientras que en El Corte Inglés e Hipercor la subida ha sido del 7,7%. No obstante, tanto Mercadona como Carrefour siguen manteniéndose entre las cadenas nacionales más baratas, junto con Alcampo.

Las subidas de precios alcanzan al 84% de los productos analizados, especialmente los de alimentación. Así, entre los más afectados son los aceites, que se han disparado una media del 34%, los pescados (16%), los alimentos envasados (11%) y los lácteos (11%).

La OCU alerta de que las subidas se sienten especialmente en los productos de marca blanca, ya que parten de precios más bajos y las califica de "muy preocupantes", ya que, de mantenerse, supondrán un incremento de más de 500 euros al año en productos de la cesta de la compra de una familia media.

Ante esta difícil situación para los hogares españoles, la organización de consumidores ha solicitado a la Administración que se articulen medidas para proteger a los hogares económicamente más vulnerables.

El Corte Inglés ha decidido crear una nueva estructura de gestión, con la creación de una comisión ejecutiva delegada, según ha anunciado el grupo, que ha precisado además que su consejero delegado, Víctor del Pozo Gil, deja la compañía a petición propia y por razones personales, ha recogido Europa Press.

En concreto, Del Pozo ha permanecido como consejero delegado de El Corte Inglés durante los últimos cinco años.

El consejo de administración de El Corte Inglés, reunido este lunes en Madrid, ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión ejecutiva delegada que estará integrada por cinco miembros: la presidenta, dos consejeros y dos directores generales.

Así, esta nueva comisión, que será el máximo órgano ejecutivo de la empresa, estará presidida por Marta Álvarez Guil, presidenta del consejo de administración de El Corte Inglés.

Dicha comisión estará integrada, además, por el consejero secretario general y secretario del consejo de administración, José Ramón de Hoces Íñiguez, y por Javier Rodríguez-Arias Ambrosini, que ha sido nombrado nuevo consejero de El Corte Inglés por coptación; así como por dos nuevos directores generales: José María Folache González-Parrado, que se reincorpora al equipo directivo de El Corte Inglés, y Santiago Bau Arrechea.

Folache se encargará de dirigir los negocios de retail, y Bau asumirá los negocios corporativos existentes, así como los de nueva creación. Ambos reportarán directamente a la comisión ejecutiva delegada.

Viajes El Corte Inglés ha propuesto un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 620 personas del área corporativa y un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de un año de duración, con un máximo del 60% para empleados del área vacacional y turismo de negocios (MICE) y de hasta el 40% para servicios centrales. Los trabajadores del área tecnológica no tendrán ninguna aplicación de medida

Así lo ha comunicado el sindicato Fasga y el Sindicato Profesional de Viajes (SPV) en un comunicado emitido tras el comienzo de las negociaciones de la empresa a este respecto.

A partir de este momento, los sindicatos procederán a la lectura y el análisis de toda la documentación presentada, que asciende a 22 documentos. "Focalizaremos nuestra atención en conocer y valorar el plan de viabilidad de la empresa y minimizar el alcance de las medidas planteadas", ha garantizado la organización.

El orden del día de la reunión de este 8 de febrero ha sido la constitución de la Comisión Negociadora, el inicio del procedimiento de despido colectivo y de suspensión de contratos y/o reducción de jornada, entre otros puntos. Las reuniones ocurrirán durante los próximos 11, 15, 17 y 21 de febrero.

Las grandes fortunas han dejado la crisis del covid-19 muy, muy atrás. La recuperación de la economía española es renqueante, por las sucesivas olas de contagios y por la dependencia del turismo. Pero los más adinerados ya están no como antes de la pandemia, sino mucho mejor de como terminaron 2019. Al menos a tenor de lo que muestra la lista de la revista Forbes. Los 100 más ricos de España suman una riqueza de 153.575 millones de euros. Es un 17,7% más de lo que acumulaban en 2020, cuando el cerrojazo de la economía redujo su capital un 11,9%, e incluso un 3,6% superior a los 148.200 millones de euros con los que despidieron 2019. Puede parecer poco, pero son 5.375 millones más. Para hacerse una idea del volumen basta una comparación: en 2019, las fortunas de los 100 más ricos sólo habían conseguido crecer un 1% respecto al año anterior; en 2021 han más que triplicado ese aumento. Si se divide el aumento de riqueza entre los 100 integrantes de la clasificación, cada uno de ellos ha añadido de media 565.000 euros a sus cuentas al día.

Además, el patrimonio de los cinco más pudientes entre los superricos es cada vez mayor. Antes de la pandemia sumaba 78.800 millones de euros; después del coronavirus, su capital se eleva a 83.500 millones. Si en 2019 el dinero de los cinco megamillonarios españoles equivalía al 53,17% de la lista de los 100 de Forbes, este año ya suponen el 54,37%.

Un año más, la cabecera está dominada por Amancio Ortega, con una fortuna de 67.000 millones que, por sí sola, representa el 43,6% de toda la clasificación de Forbes. El dueño de Inditex sufrió una caída de 6.000 millones de euros en 2020, afectada la cotización de su grupo por el parón del consumo. Pero este año ya ha superado en 4.000 millones los 63.000 con que terminó valorando su capital la revista en 2019.

Para calcular el porcentaje de capital que los empresarios poseen en empresas cotizadas y sicavs, Forbes utiliza la información proporcionada por la CNMV y el Registro Mercantil. También recoge datos de activos inmobiliarios.

La segunda de la lista es la hija del fundador de Zara, Sandra Ortega, que igualmente se ha repuesto, con 6.300 millones de euros, del bache –5.600 millones – de 2020, porque en 2019 su fortuna alcanzaba los 6.000 millones.

2020 fue el año de Mercadona

Esa es la tónica entre los 20 primeros de la lista. Menos Juan Roig y su mujer, Hortensia Herrero, Juan Abelló, Manuel Lao y Tomás Olivo, el resto han mejorado sus cifras respecto a 2020. Pero hay que tener en cuenta que la riqueza de Roig y su esposa, los dueños de Mercadona, explotó el año del confinamiento. Este ejercicio, en cambio, ambos han caído en comparación con el anterior, pero aun así superan las cifras de 2019: 3.700 y 2.300 millones de euros, respectivamente. Los demás pertenecen a sectores especialmente dañados por el covid: Tomás Olivo –1.300 millones, un 38% menos que en 2019– es conocido como el rey de los centros comerciales y Manuel Lao –1.300 millones, un 18,75% menos– es el propietario de la empresa de juego Cirsa. El inversor Juan Abelló, el sexto más rico del país, suma un capital de 2.500 millones, 200 menos que el año pasado, pero 300 más de los que tenía antes de la pandemia.

Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, cuenta con una fortuna de 3.000 millones de euros, lo que le convierte en el tercer más rico de España tras los Ortega. También ha mejorado respecto a 2020, añade 600 millones a su capital, pero aún no ha recuperado los 4.100 millones de 2019. Sí lo han conseguido sus hermanos. María y Leopoldo, accionistas de la constructora. La primera, la novena más rica de España, posee una riqueza valorada en 2.200 millones de euros, casi un 30% superior a la de 2019. El segundo vuelve a tener los 1.600 millones de 2019 tras perder 200 durante la pandemia. Otro Del Pino, Joaquín, suma 850 millones de euros, sólo 50 millones por debajo de los que tenía hace dos años. Un poco más lejos en la lista –el número 79– se sitúa Fernando del Pino, ex accionista de la empresa familiar y ahora inversor. Tiene una fortuna de 350 millones, 80 más que en 2020, y no aparecía en la lista de 2019.

En total, la familia Del Pino acumula 7.950 millones de euros, por encima de la riqueza de Sandra Ortega.

Un rescate público y un juicio por delito fiscal

Entre los nuevos ricos de este año tras la pandemia destaca el nombre del banquero hispanovenezolano Juan Carlos Escotet, el presidente de Abanca, que resulta ser el quinto más adinerado del país. Posee una fortuna valorada en 2.700 millones de euros. En diciembre de 2013 Escotet compró Novagalicia Banco, fruto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, por sólo 1.003 millones de euros, cuando poco antes el Estado le había inyectado 9.050 millones. Un rescate del que sólo se han recuperado 783 millones de euros.

También se ha estrenado en la lista José María Aristrain, con 950 millones de euros. Accionista de ArcelorMittal, se le juzga estos días en la Audiencia Provincial de Madrid. La fiscalía pide para él una pena de 64 años de prisión y una multa de 1.190 millones de euros de multa por 15 delitos fiscales cometidos entre 2005 y 2009: la deuda con Hacienda asciende a 210,98 millones de euros.

José Elías es otro de los nuevos ricos españoles de Forbes. Es accionista de Audax, pero también de los supermercados de congelados La Sirena. Su fortuna alcanza los 900 millones de euros.

Juan Miguel Villar-Mir ya estaba en la lista en 2019, con una riqueza de 850 millones, desapareció de la de 2020 y vuelve este año con 900 millones de euros. El pasado mes de mayo dejó la presidencia de su constructora, OHL, en manos de su hijo.

Las siete mujeres

En el grupo de los 20 megarricos sólo hay siete mujeres. La primera es Sandra Ortega y la segunda, Alicia Koplowitz, ex accionista de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y ahora con un grupo de inversiones, Omega Capital. Posee 2.300 millones de euros, 300 más que antes de la pandemia y después de que ésta no le afectara a su patrimonio el año pasado. Es la séptima persona más adinerada de España.

Les siguen Hortensia Herrero y María del Pino, esposa y hermana de otros dos ricos de la lista, en los puestos octavo y noveno. La número 11 es Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola, que suma 1.900 millones de euros, 300 más que antes de la pandemia. Su prima Carmen Daurella también es accionista de Coca-Cola y, con 950 millones, se sitúa en el puesto 28º de Forbes. Helena Revoredo es la viuda del fundador de Prosegur. Su riqueza asciende a 1.300 millones de euros, casi los que tenía en 2019 tras crecer en 350 millones desde la pandemia.

Florentino y los hoteles, a la espera; Mango y Pronovias, subiendo

¿Quiénes están aún esperando a recuperar los niveles de riqueza prepandemia? Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid es uno de ellos. El duodécimo español más pudiente amasa una fortuna de 1.700 millones, 300 menos que en 2019, pero 200 más que en 2020. El mismo patrón siguen los hermanos Juan María y Francisco Riberas Meray, accionistas de Gestamp, que fabrica componentes para el sector del automóvil. Cada uno de ellos posee 1.300 millones de patrimonio, más que en 2020 pero aún 100 millones por debajo de los que tenían antes del coronavirus.

Afectados por la crisis del turismo, el fundador de los Hoteles Meliá, Gabriel Escarrer, y el presidente del grupo Iberostar, Miguel Fluxà, aún no han vuelto a cifras prepandemia. La fortuna de Fluxá, el número 22 de la lista, se ha quedado este año en 1.200 millones, cuando en 2019 más que la duplicaba, con 3.000 millones. Escarrer, el número 30, casi recupera los 1.000 millones de antes del covid, tras caer hasta 425 millones en 2020.

Por el contrario, la caída del consumo no parece haber tocado a Isak Andic, el propietario de la cadena de tiendas Mango, que con 1.600 millones de euros es el 14º más rico de España y cuyo patrimonio no ha dejado de aumentar desde los 1.200 millones de 2019. Lo mismo le ha ocurrido a otro empresario de la moda, Alberto Palatchi, el fundador de Pronovias. El vigésimo más pudiente del país, suma 1.300 millones de euros, cuando antes de la pandemia estaba en 950 millones.

Mención aparte merecen los casos de Julio Iglesias, que figura en el puesto 38º de Forbes, con una fortuna de 750 millones de euros, sólo 50 millones menos de los que poseía en 2019 y 2020, o las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil. Presidenta y accionista de El Corte Inglés, respectivamente, figuran en el puesto 52º de la lista. Cada una de ellas tiene 550 millones de euros de capital, por debajo de los 650 que poseían en 2020 pero por encima de los 450 con que aparecían antes del covid.

Finalmente, Carmen Thyssen es más rica que las dueñas de El Corte Inglés, pero un poco menos que el cantante de La vida sigue igual: aparece en el puesto 39º con una fortuna de 750 millones de euros. La pandemia no le hizo perder ni un euro, puesto que en 2020 mantenía los 600 millones del año anterior. Ahora ya es 150 millones más pudiente.

El Corte Inglés registró unas pérdidas de 2.945 millones de euros durante su ejercicio fiscal 2020-2021 (entre marzo de 2020 y febrero de este año), marcado por la crisis sanitaria del covid-19, si bien alcanzó un resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo de 142 millones de euros, según ha informado el grupo de distribución y ha recogido Europa Press.

En concreto, la compañía registró unas pérdidas netas antes de provisiones de 445 millones en un escenario marcado por el cese de gran parte de su actividad durante el confinamiento y los posteriores cierres sucedidos en las comunidades autónomas, así como por la ausencia total de turismo, tanto nacional como internacional.

De acuerdo con las medidas de prudencia contables, este año se han registrado provisiones por valor de 2.500 millones de euros que se han destinado a cubrir deterioros de inmovilizado, existencias y créditos fiscales.

La mayor parte de estas provisiones, según ha explicado la compañía, derivan de una actualización de activos como consecuencia de la transformación hacia un modelo de negocio más digital. Tras estas provisiones, el resultado neto ha sido negativo en 2.945 millones de euros.

Pese a ello, el grupo supera el año de la pandemia con un Ebitda positivo de 142 millones de euros, tras haber mostrado "flexibilidad y capacidad de reacción" para renovar sus tiendas, impulsar la digitalización y la omnicanalidad, y desarrollar nuevos negocios. "Esta capacidad de adaptación ratifica la confianza en su estrategia de futuro", ha señalado la compañía, que alcanzó una cifra de negocios consolidada de 10.432 millones de euros, un 31% menos.

Desde el grupo han resaltado además la recuperación registrada durante el primer trimestre del actual ejercicio fiscal 2021-2022 (desde marzo a mayo), en el que ha logrado ya un resultado positivo, similar al obtenido un año antes.

Los primeros meses de 2021 están siendo cada día más generosos en el anuncio de despidos colectivos. Como se temía, según iba alargándose la pandemia, los ERTE del confinamiento están dando paso a los ERE de una desescalada lenta y titubeante. Además, los protagonistas son grandes compañías con abultadas plantillas que van a destruir cientos o miles de puestos de trabajo. H&M negocia el despido de 1.100 empleados y el cierre de 30 tiendas, la cadena hotelera NH ya ha despedido a 187, el Hotel Palace de Madrid quiere deshacerse de 152 –el 43% de su plantilla–, las perfumerías Douglas ya han echado a 492 trabajadores y cierra 82 tiendas, El Corte Inglés tiene previsto recortar 3.500 empleos, la aerolínea Norwegian ha anunciado 1.190 despidos –el 85% del personal–. Nombres destacados de la hostelería y el comercio, los sectores más castigados por la pandemia. Pero no sólo: el grupo industrial vasco Tubacex ya ha prescindido de 128 empleados y la multinacional Ford se ha deshecho de 630 de los suyos.

Todas estas empresas se acogieron el año pasado a la protección pública que conceden los ERTE. Si tienen su justificación en los perjuicios ocasionados por la pandemia, las compañías disfrutan de cuantiosas exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, mientras que los trabajadores perciben la prestación por desempleo en lugar de su salario si tienen el contrato suspendido o recortan su sueldo en la misma proporción en que se les reduce la jornada. Es decir, suponen un poderoso ahorro en costes de personal para las empresas mientras dura la inactividad forzada. A cambio de esa generosa ayuda, las sucesivas prórrogas negociadas por el Gobierno con patronales y sindicatos incluyen un compromiso de mantenimiento del empleo: las empresas deberán pagar las cuotas ahorradas si despiden a trabajadores antes de que transcurran seis meses desde que reanudan la actividad.

Ese requisito ha sido materia de enconada discusión cada vez que los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo se han sentado para negociar la continuidad de los ERTE. La CEOE quiere eliminar esa prohibición de despedir o al menos restringirla. Pero hasta el momento no lo ha conseguido. Tanto los sindicatos como el Gobierno se oponen tajantemente. “Nadie duda ni por un segundo que el apoyo público para financiar los ERTE no puede servir para procesos de despidos más adelante”, zanjó en su día la ministra de Economía, Nadia Calviño. “No tendría sentido”, detalló también la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que se pueda despedir después de haber utilizado 14.000 millones de euros para mantener 550.000 empresas y 3,4 millones de trabajadores en el momento más grave de la crisis económica”.

Por el contrario, las patronales advierten de que muchas empresas están abocadas al cierre si tienen que mantener las plantillas en un regreso a la actividad mucho más lento de lo esperado. Quieren limitar el pago de cuotas a los trabajadores que sean despedidos, en lugar de tener que ingresar las de toda la plantilla, o restringirlo a los empleados de un centro de trabajo en lugar de a los de toda la empresa. La próxima prórroga de los ERTE, hasta el 30 de septiembre empezó a negociarse el pasado día 6.

El caso es que no existe un “procedimiento reglado” para “devolver” las exenciones de cuotas, según indican los despachos de abogados consultados que, no obstante, aseguran que “la Administración es consciente de ello y está intentando solucionarlo”. Algunas empresas lo intentaron para poder despedir antes de los seis meses en que se lo impide la cláusula de salvaguarda del empleo incluida en la normativa de los ERTE, según ha podido saber infoLibre, pero se les respondió que no podían. “El reintegro no está contemplado expresamente en los sucesivos reales decretos leyes [que han prorrogado los ERTE]”, explican fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En el supuesto de incumplimiento del compromiso de empleo, la Inspección de Trabajo emite un acta de liquidación donde se determina la cantidad que la empresa debe ingresar. “No se puede pedir a la Tesorería de la Seguridad Social la devolución”, señalan.

“En septiembre ya lo avisaron”

En cualquier caso, la mayor parte de las empresas antes citadas no van a tener que devolver los beneficios obtenidos en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Los disfrutaron durante los primeros meses de confinamiento, pero dejaron de acogerse a las exoneraciones permitidas en septiembre del año pasado, según ha recopilado este periódico preguntando a los respectivos comités de empresa. Y lo hicieron con la vista puesta en ejecutar despedidos seis meses después. Así se lo reconoció expresamente la vasca Tubacex a los representantes sindicales, revela el presidente del comité, Eduardo Ibernia, de ELA-STV: “En septiembre ya lo avisaron: iban a pagar las cuotas porque estaban pensando en despedir”. La empresa pasó por tres ERTE sucesivos durante la pandemia, el último de los cuales afecta aún al 80% de la plantilla. En 2019 las cuentas fueron positivas, pero en 2020 se tiñeron de rojo por culpa del coronavirus. En la memoria del ERE, apunta Ibernia, se planifica un futuro ahorro de costes mediante la subcontratación.

A su juicio, la pandemia ha sido la “excusa perfecta” para deshacerse de 128 trabajadores, de los que 34 se han ido de forma voluntaria con 33 días por año trabajado de indemnización y 94 han sido despidos forzosos con sólo 24 días. De forma que el comité ha impugnado el ERE en los tribunales acusando a la empresa de ejecutar medidas estructurales para solucionar un problema coyuntural, el covid-19. Al tiempo, las factorías de Tubacex se encuentran paralizadas desde hace 91 días, resultado de la huelga indefinida que mantienen sus trabajadores –en ERTE hasta el 10 de septiembre– en protesta por los despidos. La empresa dice que por el cierre ha perdido más de 16 millones de euros.

La cadena textil H&M, los hoteles NH o las perfumerías Douglas también prefirieron empezar a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social desde el 30 de septiembre pasado. Así que no tendrán nada que devolver pese a haber presentado ERE en abril, febrero y enero, respectivamente. H&M, además, no ha sufrido pérdidas en 2020, pese al desplome del consumo, asegura Manuel Sánchez Montero, responsable de Políticas Sindicales de la Federación de Servicios de CCOO. H&M ha presentado un ERE por causas organizativas y de producción, no por causas económicas. Planea cerrar 30 tiendas, pese a que un tercio de ellas no pierden dinero; su problema, explica Sánchez Montero, es que los alquileres de los locales son muy altos. La cadena sueca quiere, además, rebajar las horas de contrato de quienes mantengan sus empleos, lo que se traducirá en recortes de un 40% sobre salarios que no superan los 1.200 euros al mes. “Despedir después de haberse ahorrado el 70% de los costes salariales gracias al dinero público debería tener un coste económico, social y reputacional”, sentencia el responsable de CCOO. De momento, a H&M le va a costar cuatro horas de paros este viernes y dos días de huelga la semana próxima.

“En NH el ERE fue preparado a conciencia desde septiembre”, asegura también  Manuel Sánchez, “de hecho, fue de las primeras cosas que nos dijeron cuando nos sentamos a negociar los despidos: que no se habían acogido a las exoneraciones del ERTE”. A diferencia de H&M, la cadena hotelera propiedad del grupo tailandés Minor terminó con pérdidas en 2020 y en el primer trimestre de 2021 ha duplicado los números rojos de hace un año, alcanzando los 121,4 millones de euros. La plantilla que trabaja en los hoteles continúa con los contratos suspendidos a la espera de que vuelvan los turistas, mientras que los empleados de los servicios centrales, que también estuvieron en ERTE, pero por causas objetivas y, por tanto, no tienen derecho a exoneraciones de cuotas, han sido ahora el objeto de los despidos: 187. La situación es similar en el Hotel Palace, epítome del lujo en Madrid y en manos del fondo de inversión Archer, que mantiene a sus 346 empleados en ERTE mientras pretende despedir a 152 de ellos, el 43%, sustituirlos por trabajadores subcontratados –“más baratos”, dice Manuel Sánchez– y rebajar los salarios al resto. CCOO ha convocado cuatro días de huelga en el hotel los días 15, 16, 20 y 21 de este mes.

Un ahorro de 10,5 millones de  euros en cuotas

Golpeada de lleno por el coronavirus también ha sido la aerolínea Norwegian. Con toda la plantilla en ERTE desde marzo de 2020, el sindicato USO ha hecho un cálculo del dinero que se ha ahorrado la compañía noruega en 14 meses; casi 30,5 millones de euros, de los que 10,5 corresponden a las cotizaciones que han dejado de pagar a la Seguridad Social sólo por el personal de vuelo, unos 1.300 pilotos y tripulantes. El resto corresponde a las prestaciones por desempleo de los trabajadores.

El pasado día 3 Norwegian anunció un ERE para 1.191 personas, nada menos que el 85% de la plantilla. Sólo quedarán unos 215 trabajadores, entre tripulantes de cabina y pilotos, que seguirán en ERTE y verán recortadas sus horas de trabajo, y sus sueldos. A pesar de que no registra pérdidas –de hecho, justifica los despidos en causas organizativas y de producción, no económicas–, la filial española, Norwegian Air Resources Spain, se encuentra en preconcurso de acreedores, una situación que le permite no tener que devolver los beneficios obtenidos en sus pagos a la Seguridad Social.

En todo caso, los despidos en la aerolínea pueden terminar dependiendo de lo que dictamine la Audiencia Nacional, que el 8 de junio verá el juicio por la demanda que USO ha interpuesto por cesión ilegal de trabajadores. El sindicato mantiene que los españoles son trabajadores de la matriz noruega y no de la filial española, una sociedad constituida con el capital mínimo legal, 3.000 euros, y cuyos únicos acreedores son sus trabajadores, explica Ernesto Iglesias, delegado de USO en la empresa. La misma estructura mantiene Norwegian en otros países como Francia, Italia, Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido. Y en todos ellos el comportamiento de la compañía noruega ha sido idéntico. “Les han cortado el contrato de provisión, que es como lo llaman ellos, y los trabajadores de esas filiales se han visto en la calle mientras la matriz dice que no tiene ninguna responsabilidad con ellos”, critica Iglesias. De hecho, los españoles han pedido que se les recoloque en el extranjero y la empresa se ha negado.

Ikea aún no ha devuelto el dinero

La sueca Ikea pasó igualmente por el ERTE durante los meses del confinamiento total. El 90% de la plantilla tuvo el contrato suspendido y la empresa se benefició de las exenciones de cuotas a la Seguridad Social. Gradualmente fue sacando a sus trabajadores del esquema público de protección y tiene previsto abrir este mismo año dos nuevas tiendas en Madrid, en Las Rozas y en Torrejón de Ardoz. “Con la reapertura de las tiendas en la desescalada, las ventas se dispararon, también las del canal online”, apunta Ricardo Navarro Gil, secretario de la sección sindical de CCOO en Ikea.

Así que Tolga Oncu, director de Operaciones Minoristas de Ingka Group, el holding propietario de la mayor parte de las tiendas de Ikea, anunció en una entrevista concedida a Financial Times en junio del año pasado que la compañía sueca iba a devolver el dinero público recibido en nueve de los países donde se asienta. Según explicó, Ikea ya había abierto un “diálogo” con las autoridades de Bélgica, Croacia, Chequia, Irlanda, Portugal, Rumanía, Serbia, España y Estados Unidos para reembolsar las ayudas obtenidas gracias a los ERTE y otros mecanismos similares en esos países. “Ahora que sabemos más de lo que sabíamos en febrero y marzo, lo correcto es volver atrás para decir: ‘Hey, chicos, muchas gracias, nos ayudasteis durante este periodo difícil y ahora podemos encargarnos de devolverlo [el dinero] o invertirlo más adelante”, prometió.

Navarro Gil cuenta que ha preguntado dos veces en las reuniones formales que mantiene con la empresa si en España se han pagado las cuotas exoneradas, pero su respuesta ha sido “ambigua”. “Sólo dicen que están ‘a disposición del Gobierno’ para lo que haga falta”, lamenta, sin precisar nada más. infoLibre también ha preguntado a Ikea, que se ha limitado a responder que no hay ninguna “novedad” a este respecto en España. “Seguimos comprometidos a destinar recursos a la sociedad y a poner en marcha planes que contribuyan a la mejora social y económica, especialmente en colectivos y familias vulnerables, tras los fuertes efectos que está dejando la pandemia”, indica la empresa sueca, “seguimos explorando la mejor vía para responder a las necesidades de la sociedad española y contribuir a la recuperación económica del país”. El ministerio de Seguridad Social, por su parte, dice que no puede dar información sobre empresas concretas.

El Corte Inglés es otro de los grandes del comercio que ha pasado del ERTE al ERE nada más comenzar el año, tras renunciar a los beneficios ofrecidos en las cotizaciones sociales. “Hace uno o dos años nos habían presentado ya informes que revelaban duplicidades, plazas amortizables y exceso de personal en servicios centrales”, indican fuentes sindicales, por lo que no les cabe duda de que los despidos ya estaban “previstos”.

Tras suspender contratos al 29% de su plantilla, 25.900 trabajadores, desde la irrupción del virus hasta hace un mes, El Corte Inglés puso en marcha el 26 de febrero un ERE que debe terminar con un recorte de 3.500 empleos a final de año. Ya se han apuntado 4.200 voluntarios, detallan las mismas fuentes, a los que la empresa aceptará o rechazará antes del 23 de este mes. Se irán con una indemnización de 33 días más una prima de salida. En 2020, la compañía que preside Marta Álvarez terminó en números rojos, pese a que hasta agosto informó de unos beneficios brutos de 811 millones de euros.

Cuatro ERE en cuatro años

También era un ERE anunciado el que presentó en enero la cadena de perfumerías Douglas, que lleva un cuatrienio sufriendo uno por año, destaca Mario Useros, delegado de CCOO en la compañía. Así que, como las otras empresas citadas, Douglas volvió a pagar en septiembre de 2020 las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores en ERTE. “Pertenecemos a una multinacional alemana, estas decisiones son muy medidas”, sostiene Useros para descartar cualquier posibilidad de improvisación en la medida. Ahora ha despedido a 492 personas y cerrado 82 tiendas. Recibirán indemnizaciones de 31 días por año trabajado por un máximo de 20 meses. “Eso nos ha costado dos días de huelga”, añade el delegado de CCOO.

Useros culpa a la mala gestión de los equipos directivos que se han sucedido en los últimos cuatro años de los decepcionantes números de Douglas, una empresa “sobredimensionada” tras la adquisición de otras dos cadenas, Juteco y Bodybell, y endeudada con sus propios accionistas. La pandemia, dice, les ha servido para justificar los despidos.

Eurest, la firma de restauración que sirvió las comidas en el hospital de campaña de Ifema durante la pandemia, es otra de las empresas que dejó de beneficiarse de las exoneraciones de cuotas en septiembre el año pasado, según explica Omar Fernández, responsable de Hostelería y Turismo de UGT. En enero puso en marcha un despido colectivo que en principio estaba destinado para 832 trabajadores y ha terminado por afectar a 430. Eurest tiene pérdidas, pero Omar Fernández opone que los análisis del sindicato sobre las cuentas de la empresa concluyen que posee “capacidad para mantenerse”. El sindicato, de hecho, ha impugnado el ERE en la Audiencia Nacional, repitiendo el argumento de otras demandas sindicales: la caída de negocio provocada por el coronavirus es coyuntural, puede solucionarse, por tanto, con una medida también coyuntural, prorrogando el ERTE, y no debe afrontarse con una estructural, los despidos.

El negro futuro de Ford

El futuro de Ford, en cambio, se antoja más sombrío. Al menos desde la perspectiva de Javier Galarza, secretario general de la Federación de Industria de CCOO en el País Valenciano. “Tiene muy mala pinta”, resume. La factoría de Almussafes lleva sufriendo ERTE sucesivos casi tres años, mucho antes de que apareciera el covid-19. Los últimos, además, han sido por causas objetivas, por lo que la multinacional no tiene derecho a beneficiarse de la exención de cuotas a la Seguridad Social. Y ya negocia otro hasta julio por los problemas de suministro de semiconductores en todas las factorías de la multinacional. El ERE que se cerró el pasado 26 de abril se ha llevado por delante 630 puestos de trabajo; eso sí, con indemnizaciones de las de antes, 45 y 33 días por año trabajado. En mayo de 2020 ya hubo otro ERE con 350 despidos. Es decir, un recorte de 980 trabajadores en un año para una plantilla de 7.400 personas.

A Galarza, más que las exoneraciones de cuotas le duelen los 125 millones de euros que la Generalitat Valenciana le ha concedido a Ford como ayudas públicas en los últimos cinco años. Y que, según teme, no van a impedir el lento declive de la factoría. El plan para Europa de la compañía estadounidense no parece halagüeño para Almussafes. “El vehículo eléctrico se lo adjudican a Turquía por sus bajos costes, en Polonia empiezan a fabricar baterías y a Valencia nos dejan con los motores que antes manufacturaban en Alemania, donde han cerrado, y que son motores muy potentes y fuera del mercado”, describe el dirigente de CCOO. “Nos hemos convertido en un depósito de cadáveres”, protesta.

El Corte Inglés ha adelantado a los sindicatos que el proceso de reorganización de la empresa con un plan voluntario de bajas que afectará a 3.000 trabajadores, más de un 4% de la plantilla, se realizará "con el máximo diálogo y buscando medidas "positivas" como las "buenas condiciones económicas".

La compañía ha indicado que "su plan de reorganización futuro debe buscar la viabilidad de la compañía, su posicionamiento en un mercado cambiante, la reordenación del mundo del retail y su nueva dimensión tras el impacto de la venta online", según ha informado la comisión sindical en un comunicado tras reunirse con la empresa y recoge Europa Press.

La próxima semana se constituirá en acto formal la comisión negociadora y posteriormente esta comisión iniciará las negociaciones con la empresa para acompasar las medidas, haciéndolas "lo más atractivas posibles a la plantilla". Este momento de reorganización y ajuste de la plantilla viene tras el cierre de Linares y la reorganización de Guadalajara, así como de las noticias de más centros afectados por cierre, que ha provocado una "avalancha de inquietud" en la plantilla, según han asegurado los sindicatos.

Ante esto, CCOO, Fasga, Fetico y UGT han asegurado que su posición frente a la empresa va a ser "clara y contundente" buscando unas condiciones de salida de plantilla por encima de limites legales y con posibilidades de adscripción voluntaria desde cualquier punto de España, de tal forma que ese ajuste de plantilla no se realice "de forma traumática sino armonizada con los intereses de las personas".

El plan voluntario de bajas diseñado por El Corte Inglés afectará a un máximo de 3.000 empleados, de los cuales 2.500 serán trabajadores de los centros comerciales y 500 pertenecientes a los servicios corporativos, lo que supone más de un 4% de la plantilla, integrada por unos 63.000 trabajadores.

La compañía ya se acogió en marzo de 2020 a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para un total de 25.900 empleados, tras decretar el Gobierno el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus.

Este ERTE afectó por tanto a casi el 29% de la plantilla total del grupo, que asciende algo más de 90.000 empleados. Así, se vieron afectados 22.000 trabajadores de los grandes almacenes de El Corte Inglés, 2.000 empleados de la cadena de moda Sfera y 1.900 empleados de Viajes El Corte Inglés.

Tras decretarse el estado de alarma en España para frenar la expansión del coronavirus, el grupo El Corte Inglés se ha vió obligado a cerrar todos sus centros en España, dejando únicamente operativas sus áreas de alimentación y productos de primera necesidad.

El Corte Inglés regresó al resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal (entre el 1 de junio y el 31 de agosto), hasta situarse en 64 millones de euros gracias a la reapertura de tiendas y a la venta online, que registró un alza del 124% en este trimestre. La cifra de negocio consolidada durante este periodo se situó en 2.817 millones, con un beneficio bruto de 811 millones de euros.

El Corte Inglés propondrá a los sindicatos un plan voluntario de bajas para un máximo de 3.000 empleados, de los cuales 2.500 serán trabajadores de los centros comerciales y 500 pertenecientes a los servicios corporativos, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de esta decisión.

En concreto, el gigante presidido por Marta Álvarez abordará mañana con los sindicatos dicho plan de reordenación, que afectará a más de un 4% de la plantilla, integrada por unos 63.000 trabajadores.

Las mismas fuentes han explicado que el objetivo de dicho plan, dirigido a todos los trabajadores fijos de la empresa, es adaptarse a las nuevas circunstancias y adecuar los recursos de la empresa a las necesidades actuales en un contexto marcado por el covid-19.

Tras la comunicación a los sindicatos, se creará la comisión negociadora que será la que establezca las condiciones del plan, entre las que podrían figurar bajas incentivadas.

La asociación de abogados progresistas Adade y el PSOE, que ejercen la acusación popular en Púnica, acaban de pedir al juez Manuel García Castellón que se aparte de la pieza del caso donde se investiga el urbanismo en Valdemoro, donde está recién imputado un exdirectivo El Corte Inglés por una recalificación bajo sospecha. 

Adade y los socialistas reclaman al magistrado que se abstenga porque "es un hecho notorio que su señoría viene prestando servicios de tutoría online en el Centro Universitario Ramón Areces, perteneciente y dependiente del Corte Inglés". infoLibre comprobó a última hora de este miércoles que la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja que el magistrado, titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, tiene concedida la compatibilidad como tutor online del Ramón Areces desde septiembre de 2017. La web no ofrece información sobre las remuneraciones que la docencia reporta a los jueces que la ejercen bajo autorización del órgano de gobierno.

El exdirectivo de El Corte Inglés Faustino José Soriano, que rompió amarras con la cadena hace ya años, la representó en los convenios y contratos que entre 2001 y 2006, con 2004 como punto álgido, sirvieron para cerrar en Valdemoro (Madrid) una operación urbanística de la que se benefició la trama investigada. Soriano está citado a declarar para este viernes 24 de julio. Este periódico no ha logrado conocer a través de su entorno qué decisión adoptará García Castellón tras el escrito presentado por Adade y el PSOE. El plazo de instrucción de la causa expira en principio el 27 de agosto. No se sabe aún si alguna de las partes pedirá una nueva prórroga en cumplimiento de la recién aprobada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que así lo autoriza.

El escrito de las acusaciones argumenta así la petición para que el juez se abstenga en la denominada Pieza Separada 4 de Púnica. "En el caso que nos ocupa, y sin sembrar la más mínima duda sobre la profesionalidad de su señoría, pero dado que las clases que imparte le hacen dependiente de una de las partes beneficiarias del proceso de cambio del PGOU de Valdemoro de 2004 consideramos que sería conveniente que ante las dudas sobre la imparcialidad que esto provoca su Señoría plantease su abstención en todo lo que afecte o pudiera afectar al Corte Inglés, a sus directivos y empleados. Hasta donde sabemos, todo ello afecta a la PS 4 de las DP 85/14 conocidas como causa Púnica, cuya instrucción asumió su señoría desde su regreso a España, al tiempo que solicitaba autorización para hacerlo compatible con dar clases en el centro universitario dependiente de El Corte Inglés"

Faustino José Soriano es el antiguo jefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés. Comparecerá este viernes, 24 de julio, como investigado por una operación urbanística bajo sospecha e investigada en la causa. Solicitada por las acusaciones populares –Adade y PSOE– y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, su imputación aparece relacionada con la recalificación de unos terrenos rústicos que la cadena de distribución poseía en el municipio madrileño de Valdemoro. Iniciada en 2001 durante el mandato como alcalde de Valdemoro de Francisco Granados, aquella operación benefició sobre todo a uno de los socios ocultos de quien pronto se convertiría en el número dos del PP madrileño: el constructor Ramiro Cid, a quien los investigadores atribuyen uno de los grandes pagos en especie de PúnicaPúnica, la construcción de una mansión que nunca llegó a estar escriturada a nombre de Granados y cuya existencia destapó en 2009 el diario Público. 

Una negativa a la imputación que fue revocada

El juez había denegado la imputación de Soriano, con quien no ha logrado contactar este periódico pero que a comienzos de junio y en declaraciones a El Paísnegó toda ilegalidad al tiempo que minimizaba su participación en aquellos hechos. Pero la Sala Penal de la Audiencia Nacional terminó dándole la razón a la Fiscalía y a las acusaciones populares, lo que obligaba al juez Manuel García Castellón a citar al exdirectivo como imputado. El instructor de Púnica sostenía que "la afirmación sobre la existencia de información privilegiada por parte de personas relacionadas con la mercantil El Corte Inglés" se basa "en el más absoluto vacío indiciario". 

Junto con otro directivo ya fallecido, Soriano participó en convenios públicos y privados –estos últimos, con Obras y Vías, de Cid Sicluna– que en 2004 condujeron a la recalificación de los terrenos que El Corte Inglés poseía en la zona de Valdemoro conocida como El Majuelo Norte. Dos años después de que el suelo fuese recalificado para uso residencial, el Ayuntamiento adjudicó parte de él de forma directa al empresario Ramiro Cid Sicluna. A través de su empresa Obras y Vías, Cid Sicluna se había comprometido con El Corte Inglés en 2001 a convertir aquel suelo en urbanizable. Y todo indica que lo consiguió. 

La operación incluía también la permuta de parcelas propiedad de la cadena por otras del Ayuntamiento en un área industrial donde El Corte Inglés preveía levantar una plataforma logística que no llegó a existir. Al igual que en ocasiones anteriores, la cadena negó este martes cualquier irregularidad en ningún eslabón de la cadena. Sus portavoces aseguran que lejos de obtener un trato privilegiado salió perdiendo en Valdemoro. Las fuentes recalcaron de nuevo hace una semana que la vinculación profesional con Soriano dejó de existir hace años. 

Sobre el papel de Soriano, la Fiscalía había destacado en su escrito que colaboró "en un plan que desviaría de las arcas públicas más de siete millones de euros y sustraería al Ayuntamiento unas plusvalías que pudieron superar los 60  millones de euros". 

En el auto por el que le cita a declarar el juez considera clave "esclarecer" si realmente hubo una actuación concertada a tres bandas: el Ayuntamiento de Valdemoro, los socios ocultos de Granados –Ramiro Cid y el arrepentido David Marjaliza– y El Corte Inglés. Ni del escrito de la Fiscalía, escribe García Castellón, ni de la documentación que lo acompaña se desprende "en este momento la existencia de indicios que permitan sostener la actuación concertada de la mercantil El Corte Inglés" para que Ramiro Cid se hiciera con toda la finca registral que centró la operación.

Antonio Garamendi adelantó que cada uno de los más de 100 empresarios invitados a la megacumbre que la CEOE celebra estos días iba a expresar “su opinión” sobre el futuro inmediato de España tras la pandemia. “Van a plantear qué habría que hacer y cómo habría que trabajar para poner en marcha el país”, precisó. Pero han hecho mucho más. A lo largo de cinco días –y aún faltan cuatro jornadas– un reparto de lujo integrado por los más significados líderes corporativos del país ha exhibido su catálogo de vetos al mismo tiempo que reclamaba su trozo del pastel de las milmillonarias ayudas que se espera lluevan desde Europa. Garamendi también avanzó que, al término de la cumbre, trasladará al Gobierno el mensaje. Como parte de su “trabajo” habitual con el Ejecutivo, con el que mantiene –y lo repitió– una relación “muy buena”.

Opiniones las están dando los grandes empresarios, y también van sumando presión. “Son los que generan efecto tractor en el resto de las empresas”, explicó el responsable de la patronal cuando presentó el elenco de la cumbre. Pablo Isla, el presidente de Inditex, uno de los mayores grupos textiles del mundo, abrió las intervenciones y cerrará el acontecimiento el próximo jueves junto con el propio Garamendi. Ana Patricia Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Juan Roig (Mercadona), Rafael del Pino (Ferrovial), José María Entrecanales (Acciona), Antonio Brufau (Repsol), Antonio Sánchez Galán (Iberdrola), Jordi Gual e Isidro Fainé (Caixabank) ya han hecho sus aportaciones. La semana que viene es el turno de Víctor del Pozo, (El Corte Inglés), José María Álvarez Pallete (Telefónica), Fernando Abril-Martorell (Indra) y de los presidentes en España de las cuatro grandes (Big Four) auditoras mundiales Ernst & Young, PwC, Accenture y Deloitte. También intervendrán las responsables nacionales de Netflix y Facebook. Todo un cartel aderezado con un puñado de exministros: Josep Piqué, Javier Solana, Fátima Báñez, Cristina Garmendia, Eduardo Serra o Beatriz Corredor.

Aunque el tono ha sido, en general, bastante conciliador, muchos de ellos han aprovechado para dejar claro dónde marcan los límites. Ni subidas de impuestos, ni nuevos tributos; en todo caso, rebajas en el IVA –superreducido para todas las actividades turísticas, reclamó el presidente del grupo Barceló, y para los productos pesqueros, exigió el secretario general de los armadores, Javier Garat– y exenciones fiscales –a las socimis, las pidió el consejero delegado de Merlin Properties, la mayor socimi de España–. Goirigolzarri advirtió de que aplicar nuevos impuestos a la banca es “contraproducente” por la baja rentabilidad de las entidades debido a los tipos de interés en mínimos históricos.

También se repitieron las apelaciones a una mayor seguridad jurídica y a la reducción de la burocracia, al tiempo que se subrayó el rechazo a la derogación de la reforma laboral. Aunque casi no se la mencionó por su nombre, sí se recurrió al eufemismo sobre los perjuicios de “revertir las reformas eficaces” y “desmontar lo que está funcionando”. “No hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo”, apremió el presidente de Inditex. Porque todos se reivindicaron como creadores de puestos de trabajo, pero sólo uno, Antonio Catalán, el dueño de AC Hoteles, abogó por un turismo pospandemia con “salarios justos”. Cierto que Goirigolzarri destacó la importancia del “capital humano” y de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación profesionales– para mejorar la empleabilidad e incluso “reducir las desigualdades sociales”.

Por el contrario, el presidente de Acerinox, Bernardo Velázquez Herreros, planteó una disyuntiva poco halagüeña: “O contamos con un precio competitivo de la energía o tendremos que compensarlo con mano de obra más barata y, como España ya no es un país de salarios bajos, al menos en la industria, afrontamos el riesgo de que las inversiones busquen otros entornos regulatoriamente más favorables”. No mencionó a Alcoa, la factoría de aluminio del norte de Lugo que ha presentado un ERE para 534 de sus trabajadores, pero no hizo falta.

Fue más unánime incluso la solicitud de ayudas al Gobierno. El sector turístico reclamó la prórroga de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social que les garantizan los ERTE, mientras que el presidente de Iberia, Luis Gallego, pidió un Plan Renove que bonifique la sustitución de aviones viejos por otros nuevos y ecológicos. Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y de Air Europa, fue más melodramático: “Estamos secos. No tenemos dinero. No sé cómo vamos a aguantar. Si no nos dan ayudas, vamos a durar menos que un telediario”, lamentó, “ahora creo que es imposible quitarnos esta losa que nos está aplastando”. Tomás Pascual, que preside el grupo alimentario que lleva su apellido, pidió moratoria de pagos, hipotecas y arrendamientos; Ignacio Osborne, una campaña de imagen en el exterior.

Inversiones millonarias para negocios sostenibles

Otro término recurrente fue la colaboración público-privada. El maná millonario que se está negociando en Bruselas es un poderoso incentivo para las empresas. Así que muchos de ellos fueron a la cumbre para hablar de lo suyo. Manuel Manrique (Sacyr), Rafael del Pino (Ferrovial) y José Manuel Entrecanales (Acciona) defendieron la inversión en infraestructuras, desde carreteras hasta instalaciones de tratamiento de agua y residuos, o centros sanitarios y educativos. Mientras que las energéticas instaron al Gobierno a adelantar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyos objetivos están fijados en principio para 2030. Ignacio Sánchez Galán quiere que se “acelere” a 2025, puesto que las inversiones previstas en ese programa tendrían “un efecto inmediato en la economía”: aumentarían la competitividad, reducirían la dependencia energética exterior, mejorarían la balanza de pagos, recortarían emisiones, explicó. Todo ellos sin presionar las cuentas públicas. José Bogas, consejero delegado de Endesa, tiene más prisa y reclamó que se adelante un 30% del plan a 2021 y 2022. Y Beatriz Corredor, flamante presidenta de Red Eléctrica (REE), se apresuró a asegurar que su empresa tiene capacidad financiera para afrontar las inversiones necesarias y funcionar como “tractor” para otras.

Sánchez Galán llegó cargado de cifras para apoyar los beneficios múltiples de aprovechar esas inversiones: 32.000 millones de euros, que generarán, aseguró, 90.000 empleos. Además, la electrificación creará 12 puestos de trabajo en otros sectores, desde la construcción hasta los servicios de ingeniería, por cada empleo interno. Si, además, se eliminara el límite máximo de inversión del 0,13% en redes de distribución eléctrica, fijado por ley, se generarían 40.000 puestos de trabajo más. Otros 5.000 millones de euros dedicados al bombeo hidráulico o las baterías para almacenar energía crearán 14.000 empleos en la España vaciada. Los 40.000 millones necesarios para climatización y bombas de calor son 110.000 puestos de trabajo más, según las cuentas del presidente de Iberdrola. Para descarbonizar hidrógeno industrial harían falta 4.000 millones de euros, que se convertirían en 11.000 nuevos empleos.

José María Entrecanales, José Bogas, Antonio Brufau (Repsol), Francisco Reynés (Naturgy) y Antonio Llardén (Enagás) se encomendaron a los negocios sostenibles como el “vector de crecimiento más importante de la economía”: rehabilitación energética de edificios, transporte limpio, infraestructuras respetuosas con el medio ambiente. Descarbonización y transición ecológica son ahora los motores que pueden sacar al país de la crisis, subrayaron. Ángel Simón (Agbar) destacó la necesidad de construir “infraestructuras resilientes” que hagan frente a sequías e inundaciones.

Y es que las millonarias ayudas que se negocian en Bruselas estarán condicionadas a que las inversiones que se acometan vayan dirigidas a la transición ecológica –y digital–. Además, son objetivos estratégicos anteriores a la pandemia. El Green Deal que Ursula von der Leyen presentó en diciembre del año pasado pretende transformar la economía comunitaria convirtiendo a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050. Para echar mano a esas cantidades, pues, los proyectos en España tendrán que llevar la etiqueta verde. Así que Brufau pidió un plan para reactivar el automóvil, aunque no sólo el eléctrico; Reynés, un Plan Renove energético para el turismo; Llardés habló de gases renovables “verdes” como el hidrógeno o el biometano, verdaderos “vectores de la recuperación”. Luis Gallego también enfocó la renovación de la flota de Iberia hacia la compra de “aviones menos contaminantes”.

Invitaciones a la concordia y reproches al dogmatismo del Gobierno

Como queda dicho, el tono general de las intervenciones fue conciliador y las llamadas al consenso, la concordia y la unidad de las fuerzas políticas y sociales, continuas. Las hizo el presidente del BBVA, Carlos Torres, y la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, que pidió “políticas de Estado”, o el de Caixabank, Jordi Gual, a favor de un “gran acuerdo” para conseguir una “España más productiva y con una economía sostenible”. Juan Roig, el dueño de Mercadona, invitó a “trabajar todos juntos por la recuperación económica”. “Concordia social e institucional” fue la petición de Francisco Reynés.

Pero también se oyeron reproches a los “intereses ideológicos” que algunos empresarios advierten en los políticos. Los más duros, los expresados por el presidente de la organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien dijo que la pandemia había revelado la “visión más ideologizada y dogmática nunca vista sobre los empresarios de algunos responsables políticos”, que han hecho declaraciones propias de personas “que, con algunas excepciones, no han visto una empresa en su vida ni la entienden”. “La realidad”, les reprendió, “les demostrará que el dogmatismo no crea empleo ni lo mantiene”.

Sólo un par de días antes el secretario general de los armadores de pesca, Javier Garat, había pedido al Gobierno que “aparque la ideología y la propaganda, y actúe con humildad”.

Otros tres empresarios atacaron además el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda que acaba de aprobar el Ejecutivo para personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Para el presidente del grupo alimentario Ebro, Antonio Hernández Callejas, ese tipo de medidas, si son permanentes, “hacen clientelismo, adoctrinan a gente para que se acostumbre a la ociosidad y no a la generación”. “Creo que eso debe estar muy meditado, la dignidad de las personas necesita un trabajo, y no un subsidio o un cheque, que crean dependencia y falta de libertad”, sostiene. A continuación, abogó por una reforma fiscal “justa”, pero no “confiscatoria”. En parecidos términos se expresó la presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, quien aseguró que este tipo de medidas “no propician el interés por un trabajo formal”. “Sería fundamental”, recomendó, “hacer compatibles las ayudas a los más desfavorecidos con el estímulo para encontrar un puesto de trabajo”.

Javier Tebas, el presidente de La Liga, abundó en esa línea: “No es mejor la famosa renta vital que un puesto de trabajo”. Después se quejó del trato fiscal que, según dijo, se les da en España a los futbolistas de élite y que provoca la huida de ese “talento” a otros países. “Con sólo dos puntos más de IRPF a estos jugadores, perdemos un talento muy importante”, advirtió. Tebas también fue de los que insistió en que no se derogue la reforma laboral, no sin antes presumir de que el fútbol es el principal sector exportador neto del país, puesto que repatría 1.350 millones de euros vendiendo fuera “un producto fabricado íntegramente aquí”. “Los 42 empresas/clubes producen el 1,4% del PIB y generan 180.000 empleos directos e indirectos”, resaltó.

De ricos y pobres

De ricos y pobres se ocupó igualmente el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. La globalización, admitió, está ensanchando las brechas sociales. Y recordó que, según la definición al uso de pobreza severa, en España quien ingresa menos del 30% de la renta mediana anual está incluido en esa categoría. Pero a continuación apuntó que si se aplica ese porcentaje incluso a países como Suiza, “con ese cálculo siempre habrá pobres”. Quien fue presidente de Caixabank hasta 2016 protestó por la petición que ha hecho el BCE a la banca para que no reparta dividendos por la pandemia. Aunque él se refirió a la directriz como “esa política que ahora está de moda”. “Ahora nos hacen cotizar en Bolsa y nos quitan los dividendos; protesto, como os podéis imaginar”, recalcó, porque esos beneficios “los necesita la gente para complementar su pensión”, y los bancos “para hacer obra social”.

El viernes abrió las intervenciones la exministra de Empleo Fátima Báñez, que fue fichada por Garamendi el pasado abril para coordinar el proyecto Empresas que ayudan de la Fundación CEOE. La responsable del ministerio que elaboró la reforma laboral no la mencionó en su discurso, pese a haber sido reivindicada por los empresarios durante tantos días. Báñez se limitó a repetir el argumentario del PP a lo largo de la crisis: “La mejor política social es el empleo”. Y Garamendi la secundó después: “La que no crea empleo es la Seguridad Social, por muchas fórmulas mágicas que tenga, lo generan las empresas, especialmente las privadas”.

El Corte Inglés ha presentado este miércoles ante el Ministerio de Trabajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para 25.900 empleados del grupo, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, la firma presidida por Marta Álvarez se ha acogido a las medidas habilitadas por el Gobierno y recogidas en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.Covid-19.

El Corte Inglés ha precisado que su objetivo es "mantener el empleo" y que se trata de una "medida temporal" que tendrá una duración de 14 días contados desde la fecha de publicación del Real Decreto, y su ampliación vendrá determinada por el tiempo que dure el actual estado de alarma implantado en España.

En concreto, se verán afectados 22.000 trabajadores de El Corte Inglés, 2.000 de la enseña de moda Sfera y 1.900 de la filial Viajes El Corte Inglés.

La Audiencia Nacional acaba de tumbar el auto con que el juez instructor de Púnica dio en enero un paso que en la práctica enterraba la investigación sobre pelotazos urbanísticos en el municipio de Valdemoro, durante años feudo de Francisco Granados, que fue primero su alcalde y luego consejero de Presidencia y Justicia y número 2 del PP de Madrid. En ese auto, el juez Manuel García Castellón denegó una batería de diligencias pedidas por Anticorrupción que afectaban a actuaciones anteriores a 2004. Lo hizo bajo el argumento de que, al haber transcurrido más de 15, años, todo aquello estaba ya prescrito. Ahora, las diligencias deberán ser practicadas. Queda poco tiempo para ello: la reforma legal aprobada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy obliga a que la instrucción finalice, esté como esté, el 6 de junio.

Entre las operaciones de las que pedían nueva documentación las fiscales del caso –y así lo remarcaron luego en un demoledor recurso que este miércoles ha aceptado la Sala de lo Penal de la Audiencia– figura una que afectó a una bolsa de suelo propiedad de El Corte Inglés: de rústicos, los terrenos pasaron a urbanizables de uso residencial y fueron adquiridos por uno de los conocidos como socios ocultos de Granados, el empresario Ramiro Cid, el promotor que levantó a gusto del político una mansión que la Fiscalía considera un soborno en especie. La semana pasada, el juez denegó otra solicitud: esta, formulada por las acusaciones populares que ejercen el PSOE y la asociación de abogados Adade para que declare como imputado quien ejerció en aquella operación como representante legal de la cadena de distribución. El magistrado rechazó la solicitud sin esperar a que se pronunciase la Fiscalía. 

Tras la resolución de la Sala de lo Penal, instancia superior que dirime los recursos sobre los pasos dados por cada uno de los seis jueces centrales de la Audiencia, todas las diligencias deberán practicarse. Porque –concluyen los magistrados de la Sección Cuarta– no ha prescrito ninguno de los hechos sobre los que el ministerio público ha puesto el foco. Las actuaciones urbanísticas en las que la Fiscalía pretende profundizar –dice el auto de la Sala– tuvieron efectivamente lugar antes de 2004. Pero "por supuesto –añade el texto– no pueden considerarse prescritas habida cuenta de ser solo una fase de esa misma actividad criminal prolongada en el tiempo en el seno de una organización dedicada a la comisión de hechos delictivos para su enriquecimiento personal". En otras palabras, lo sucedido entre 1999 y 2004 se inscribe en una etapa preparatoria de lo que el PGOU de 2004 terminó consagrando. Y, por tanto, todo ello forma parte de una  "presunta actividad delictiva que se inicia y concreta en los años 1999 y 2000".

El auto de García Castellón lleva fecha del 14 de enero. Seis días más tarde, el juez suspendió sobre la marcha y a petición del abogado de Granados la comparecencia de una testigo largamente esperada por las acusaciones por cuanto iba a explicar, como experta, la ruta de muchas decisiones urbanísticas plasmadas en el PGOU de mayo de 2004. Ese día, 20 de enero, la Fiscalía aún no había recibido la resolución del magistrado. Y –según su recurso– no le fue notificado por fax hasta el viernes 24 de ese mismo mes.

A los tres días, el 27 de enero –esa es la fecha del sello de registro– Anticorrupción cursó su recurso al juzgado de García Castellón para que lo remitiese a la Sala de lo Penal. Ahora, el auto por el que esa Sala da la razón a la Fiscalía precisa que el recurso llegó a la Sección Cuarta el pasado día 9. Escrito en mayúsculas, el encabezamiento del escrito de la Fiscalía era este: "Causa urgente. Plazo máximo de instrucción". Era un aviso de que todo lo que no se haga antes del 6 de junio quedará literalmente fuera de la escena jurídica.

El juez Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, acaba de rechazar la petición del PSOE para que declare como imputado el ya exdirectivo que entre 2001 y 2004 actuó como representante legal de El Corte Inglés en una operación urbanística que recalificó en Valdemoro (Madrid) una gran bolsa de suelo rústico propiedad de la cadena tras el convenio que suscribió en 2001 con uno de los considerados socios ocultos de Francisco Granados, el constructor Ramiro Cid. Fechado el pasado día 3, el titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional ha emitido el auto por el que deniega esa solicitud sin esperar al pronunciamiento de Anticorrupción. Y ello pese a que un día después de que los socialistas y la asociación de abogados Adade involucrasen al gigante de la distribución en los manejos urbanísticos atribuidos al antiguo número 2 del PP madrileño y sus aliados, el juzgado central 6 de la Audiencia Nacional trasladó el escrito a la Fiscalía "a fin de que emita informe".

Fuentes jurídicas confirmaron este lunes a infoLibre que las fiscales del caso aún no han elevado tal informe, para el que no existe un plazo cerrado de presentación. No se sabe por tanto si Anticorrupción tenía o tiene previsto apoyar la imputación que reclama el PSOE, que impugnará ante la Sala de lo Penal la negativa de García Castellón. El juez sostiene que los socialistas, que ejercen una de las acusaciones populares, piden llamar como investigado a aquel representante legal sin ningún motivo.

El auto expone así la postura del juez: "La afirmación sobre la existencia de información privilegiada por parte de personas relacionadas con la mercantil El Corte Inglés, en relación a la calificación de los terrenos del PGOU de Valdemoro, se basa en el más absoluto vacío indiciario, en una mera sospecha sin principio de prueba alguna que justifique la existencia de indicios racionales que justifiquen el llamamiento al proceso como investigado" de aquel directivo. Dado que no ha sido imputado, este periódico omite su nombre, cuyas iniciales son F.J.S., y que ya hace años que no mantiene relación profesional con El Corte Inglés.

La existencia de este nuevo auto da alas a otro dictado por el mismo García Castellón en enero y que al denegar diligencias requeridas por la Fiscalía abre la puerta a archivar una parte esencial de Púnica: justamente la que concierne al urbanismo de Valdemoro, feudo inicial político de Granados y donde sus hombres fuertes en el terreno empresarial –Ramiro Cid y David Marjaliza, el gran arrepentido del caso– llenaron sus cuentas gracias a pelotazos urbanísticos hoy marcados por un alud de indicios incriminatorios. 

En aquella resolución de enero, lo que García Castellón venía a sostener es que ya no cabe investigar nada de lo sucedido antes de 2004 porque el plazo máximo de prescripción era de 15 años. Anticorrupción formuló de inmediato un recurso demoledor ante la Sala de lo Penal donde  tacha de "incongruente" el auto de enero  porque "incurre en un error manifiesto" al considerar prescritos hechos anteriores a la aprobación del PGOU de 2004 como si la investigación judicial hubiese comenzado ahora y no el 18 de junio de 2014.

El recurso delata la profunda brecha que separa al magistrado y a la Fiscalía a menos de tres meses de que la instrucción de Púnica llegue a su fin el 6 de junio falte lo que falte por averiguar.  En sus páginas, Anticorrupción detalla dos de las operaciones urbanísticas sobre las que había reclamado la práctica de pruebas. Y una de esas operaciones es la que atañe a El Corte Inglés y la bolsa de terreno rústico que terminó convertido en suelo residencial en el área de Valdemoro conocida como El Majuelo Norte.

El Tribunal Supremo ha declarado firme una sentencia contra Financiera El Corte Inglés, que incluyó y mantuvo durante más de dos años de forma indebida a un afectado en los ficheros de morosos Asnef y Badexcug por una deuda de 212,68 euros, además de condenarla a indeminzar al demandante con 3.600 euros, según informa Europa Press.

En concreto, el alto tribunal ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Financiera El Corte Inglés, entidad participada por Banco Santander en un 51% y El Corte Inglés en un 49%, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo el 15 de mayo de 2019, que fue recurrida por la compañía.

El demandante interpuso esta demanda para proteger su derecho al honor por considerar que fue incluido de forma indebida en el fichero de personas morosas previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, según consta en el fallo al que ha tenido acceso Europa Press.

De esta forma, permaneció inscrito en los registros de morosos de forma ininterrumpida más de dos años por una deuda cuyo origen provenía de una tarjeta de compra suscrita el 1 de octubre de 1984. A pesar de la estimación de la demanda en primera instancia, la entidad presentó recurso de apelación que fue elevado a la Audiencia Provincial 4 de Oviedo.

La Audiencia asturiana en su sentencia exigió la observancia de lo que llama "principio de calidad de datos", es decir, en lo relativo al tratamiento de los datos personales y a su libre circulación se exige que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades para los que se hayan obtenido, además de que han de ser exactos y puestos al día.

La sentencia de segunda instancia hace también referencia al artículo 29.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde se prevé que solo podrán cederse a terceros datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que cuando sean adversos no tengan una antigüedad superior a seis años debiendo responder con veracidad a la situación económica del momento, según señala Asufin.

Por otra parte, se examinan las exigencias mínimas que debe cumplir el requerimiento previo de pago, uno de los requisitos para que la inclusión en estos ficheros sea posible, debiendo acreditarse que no solo se ha efectuado, sino también la forma en que este se hizo.

Vulneración del derecho del honor

Asufin señala que haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo se estima que estos casos son indemnizables, debido a que esta inclusión "indebida" vulnera el derecho al honor de la persona afectada por la valoración social negativa y porque la imputación como 'moroso' lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenta a su primera valoración, aspecto que debe valorarse a través de la divulgación que ha tenido tal dato.

Por todo esto, la Audiencia Provincial 4 de Oviedo desestimó el recurso de apelación interpuesto por Financiera El Corte Inglés, confirmando la sentencia de primera instancia y condenando a la demanda a indemnizar al afectado por el daño moral causado en la suma de 3.600 euros, más los intereses devengados desde la fecha de la resolución hasta el completo pago

La guerra de poder en El Corte Inglés, que en junio de 2018 condujo al cese de Dimas Gimeno como presidente y un año después a la designación de su prima Marta Álvarez, ha llegado al Tribunal Constitucional (TC). El salto en esta batalla, que hace más de dos años comenzó a dirimirse en varios juzgados, lo ha dado María Antonia Álvarez, madre de Dimas Gimeno y hermana de Isidoro Álvarez, el hombre que catapultó hasta la cima al grupo de distribución y lo convirtió en un auténtico emporio.

La madre de Gimeno ha recurrido en amparo ante el TC después de que la Audiencia de Madrid confirmase en abril el archivo de su denuncia contra dos de los consejeros con mayor anclaje en la empresa, a los que señalaba como autores de una confesión de "presuntos delitos" relacionados con la herencia de Isidoro Álvarez, fallecido en 2014.  La presentación del recurso no garantiza que el TC lo admita a trámite. A día de hoy, el tribunal no ha comunicado aún en qué punto se encuentra la tramitación del asunto.

¿En virtud de qué acude la hermana de Isidoro Álvarez al Constitucional? Con el argumento de que considera vulnerado su derecho constitucional a la tutela judicial activa "por indefensión". La clave que esgrime es que el archivo de la denuncia se produjo sin que se hubiera efectuado ninguna diligencia de prueba. Ni siquiera la que el mismo juez instructor que cerró el caso había ordenado previamente: la toma de declaración de la denunciante. El día fijado para su comparecencia, María Antonia Álvarez, entonces con 82 años, no acudió al juzgado. Remitió un justificante médico por enfermedad y esperó una nueva cita. No le llegó.

La madre de Dimas Gimeno había presentado su denuncia el 20 de julio de 2018, un mes después de que su hijo fuera destituido por ocho votos de los 10 del consejo de administración. Al texto, muy escueto y sin un relato de hechos definido, María Antonia Álvarez adjuntó dos audios en sendos pendrives que declaró haber recibido en su domicilio en sobre anónimo y en los que, según narraba la denuncia, se oye a los consejeros Florencio Lasaga y Carlos Anselmo Martínez Echavarría "confesando presuntos delitos y actuaciones ilegales sobre diferentes hechos pertenecientes a la herencia de D. Isidoro Álvarez Álvarez". infoLibre no ha podido acceder a esos audios.

Portavoces de El Corte Inglés declinaron este lunes pronunciarse sobre el nuevo eslabón en lo que ya constituye una larga cadena de acciones judiciales en el campo de la jurisdicción civil y mercantil que, según fuentes jurídicas, continúa pendiente de resolución final. Otras fuentes, en cambio, sostienen que Dimas Gimeno y su madre han perdido todos los casos. Al menos una de las demandas civiles seguía viva el 10 de octubre, fecha en que la Audiencia de Madrid dejó constancia de la presentación de un recurso.

Una herencia multimillonaria

Una vez presentada la denuncia y desvelada la identidad de los dos consejeros señalados por la hermana de Isidoro Álvarez, eldiario.es publicó en agosto de 2018 que ambos negaban la acusación y anunciaban acciones legales. Por lo que este periódico ha podido conocer ahora a través de fuentes de muy distinto tenor, ninguno de los dos acudió a los tribunales.

Ni la denuncia ni el recurso de amparo incorporan detalles sobre el contenido de los audios que María Antonia Álvarez conceptuaba como cruciales para sustentar su acusación: la de que en la herencia dejada por su hermano había asuntos delictivos por medio. Uno de los dos señalados por su denuncia, Carlos Martínez Echavarría, había sido el albacea del testamento de Isidoro Álvarez. Tras su muerte, elconfidencial.com publicó que solo las acciones de El Corte Inglés legadas a sus herederos ascendían a 1.500 millones.

El juez al que había correspondido el caso, el 41 de instrucción de Madrid, dictó el sobreseimiento provisional el 19 de diciembre de 2018. "De lo actuado –se lee en el único folio a una cara que conforma la resolución dictada por el magistrado Juan Carlos Peinado– no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa". El recurso de amparo coloca en primerísimo plano esa frase: "No puede entrar a valorar el Juez instructor “que de lo actuado” [no se justifica la perpetración del delito], cuando no se ha realizado ninguna actuación".

La denunciante impugnó el auto de arhivo, primero ante el propio juez de instrucción y luego ante la Audiencia Provincial. La Fiscalía se había declarado favorable a la reapertura y aunque un tanto farragoso, el escrito del ministerio público dejó claro el porqué de su posición: "Por entender que procede citar en calidad de testigo a la recurrente requiriéndola para que detalle los extremos de su denuncia inicial y aporte la documental relativa a las imputaciones realizadas".

Pero el 26 de abril de este año, la Audiencia de Madrid confirmó el cierre. En lo que quien ahora acude al TC en amparo considera un acto sorprendente, la Audiencia entró en el fondo del asunto. El tribunal madrileño dedicó el grueso de sus fundamentos jurídicos a subrayar que la grabación y difusión de una conversación de terceros es ilegal. La Audiencia no reservó ningún espacio a lo que la recurrente esgrime: que el juez no llegó a escucharla.

La presentación del recurso se inscribe en una compleja y se diría que cruenta guerra de familia dentro de una de las más poderosas empresas del país. La adopción de las hermanas Marta y Cristina por Isidoro Álvarez –adopción cuando eran mayores de edad y a las que se opone la madre de Dimas Gimeno– así como el referido y primordial reparto de la herencia tras su fallecimiento ya habían originado varias demandas de María Antonia Álvarez. 

Pero la discordia no giró nunca en torno a esos dos únicos puntos. En mayo de 2018, el consejo de administración ya dio el primer paso hacia la destitución de Dimas Gimeno como presidente, cargo que había asumido tras la muerte de su tío Isidoro. En la primavera de ese año y apoyadas en ejecutivos históricos de la compañía, las hijas de Isidoro Álvarez acusaban a su primo de hacer una mala gestión y de "deslealtad". 

La desconfianza hacia Gimeno venía de más lejos. En octubre de 2017 y en una decisión inédita el consejo retiró los poderes ejecutivos a Gimeno y nombró a dos históricos de la casa, Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo consejeros delegados, el primero al cargo del área corporativa y el segundo, de los grandes almacenes. "Fue toda una declaración de guerra", esgrimieron en declaraciones a infoLibre fuentes próximas a Gimeno, que consideran la medida un ataque a la "voluntad de Isidoro Álvarez": "Él –dijeron los próximos a quien ya había iniciado un declive imparable– quiso que Dimas Gimeno fuera el presidente de El Corte Inglés".

Para las hermanas Marta y Cristina Álvarez, así como para quienes en aquel momento ya eran sus claros apoyos dentro de los grandes almacenes españoles por antonomasia, quien había sido "desleal" con Isidoro Álvarez era el sobrino Dimas Gimeno. Isidoro Álvarez –sostenían en aquel momento– "dejó claro en el testamento que quería que las acciones de IASA [Isidoro Álvarez SA] se mantuvieran unidas”, destacan. Por el contrario, Dimas Gimeno quiere disolver la sociedad patrimonial, dueña del 22,18% del capital de El Corte Inglés y segundo mayor accionista tras la Fundación El Corte Inglés, que posee el 37,39% y preside Florencio Lasaga. IASA se reparte, tal y como dejó escrito Isidoro Álvarez en su testamento, entre un 69% para ambas hermanas y un 31% para Dimas Gimeno, su madre, María Antonia Álvarez, y su tío César Álvarez. El objetivo de segregar las participaciones sería controlar de forma directa lo que ahora es un control indirecto de las acciones de El Corte Inglés. En total, Gimeno y su familia poseen el 7,2% del capital. Las hermanas, a través de IASA, el 15%.

El Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR) del Banco de España recibió el año pasado un total de 19.695 reclamaciones, un 51% menos que en 2017, cuando las quejas por el pago de los gastos de formalización de las hipotecas dispararon hasta cifras de récord las demandas contra las entidades financieras, el máximo en 31 años.

La mayoría, el 54% de las reclamaciones, se refieren a préstamos hipotecarios y el 14,5% a cuentas y depósitos. Pero las quejas sobre préstamos personales han crecido nada menos que un 86,3% en el último año y un 51,8% las que tienen que ver con avales. Según explica la Memoria de Reclamaciones que publicó este miércoles el Banco de España, el auge de las quejas sobre préstamos personales tiene su origen en el cúmulo de las demandas presentadas por los clientes de clínicas dentales, que solicitan la cancelación de los contratos de crédito que firmaban a cambio de servicios que no se les prestaron.

De las 19.695 reclamaciones presentadas, 9.613 no fueron admitidas a trámite, el 48,8%. Además, otras 3.306 fueron objeto de un informe por inadmisión sobrevenida –tras ser admitida la queja, el servicio encuentra una causa de inadmisión que se había pasado antes por alto–. Esos porcentajes llevan a la asociación Adicae a criticar que el Banco de España sólo atiende realmente el 16,8% de las reclamaciones de los usuarios de la banca. Por ese motivo pide la creación “urgente” de una Agencia de Protección al Consumidor Financiero.

Según las cifras del supervisor, el 39,6% de las reclamaciones que sí son admitidas son resueltas a favor del cliente. En otro 30,6% de los casos, las entidades financieras se allanan; es decir, rectifican antes de que el Banco de España emita su informe. Ambos porcentajes son los más bajos de los últimos años, resalta la memoria. El organismo, no obstante, interpreta el dato en el sentido de que revela una mejora en el comportamiento de los servicios de atención al cliente de los bancos –a los que es obligatorio acudir antes de reclamar ante el Banco de España–: “Asumen en mayor medida los criterios del DCMR al recibir la reclamación del cliente y rectifican su actuación en mayor medida”.

En cualquier caso, lo cierto es que al supervisor sólo llega el 3,1% de las reclamaciones planteadas previamente ante los servicios de atención al cliente de las entidades. Además, la respuesta que los bancos dan a sus propios usuarios es muy diferente a la que consiguen del Banco de España: de las 445.874 quejas que los clientes presentaron antes los departamentos de atención al cliente en 2018, el 70,4% fueron rechazadas.

Las entidades con peor conducta

La Memoria del Banco de España también señala a las entidades que peor comportamiento tienen con sus clientes cuando éstos reclaman. Tras dividirlas en cuatro grupos atendiendo a su cuota de mercado, el tipo de entidad y si prestan o no servicios bancarios a personas físicas, el documento se centra en la conducta de las que aglutinan el 91,4% de las quejas. El primer grupo integra a 12 entidades, entre ellas los grandes bancos –Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell, Popular–, junto con Cajamar, ING y las financieras de Carrefour, El Corte Inglés, Caixabank y Santander. Las que tienen peores indicadores son dos financieras, las de El Corte Inglés y Santander Consumer EFCEl Corte Inglés: ambas suman un porcentaje de informes favorables al cliente superior a la media pero luego rectifican menos que la media. Estas resoluciones del Banco de España no son vinculantes, las entidades no están obligadas a cumplirlas.

Santander Consumer EFC es, de hecho, la que acumula un mayor porcentaje de informes en su contra, un 60%. Tras recibirlos, sólo rectifica en un 33,3% de las ocasiones en que el Banco de España ha resuelto que no tiene razón. La financiera de El Corte Inglés contó en 2018 con un 44,4% de informes favorables al reclamante, pero rectificó sólo en un 40% de los casos. La que más cambió su conducta fue la financiera de Caixabank, en el 87,5% de los informes, seguida del BBVA, con un 83,9%. También fue el banco presidido por Carlos Torres el que mayor porcentaje de informes favorables recibió el año pasado del Banco de España, un 47,5%. Caixabank, su financiera y Bankia acumulan más informes en contra que la media, pero también rectifican más.

El segundo grupo lo forman 26 entidades de mediano tamaño, desde Ibercaja y Wizink hasta Openbank y Deutsche Bank o Cofidis y Banca March. En esa lista las que más informes en contra tienen pero menos rectifican tras ser señaladas por el Banco de España son Kutxabank y Bankinter. El banco vasco acumula un 70% de informes a favor de los clientes pero cambia su proceder sólo en el 31,8% de las ocasiones. La entidad que preside María Dolores Dancausa recibió en 2018 un 58,9% de informes en contra y rectificó sólo en el 37,5% de los casos. No obstante, Banca March es la entidad con la mayor ratio de resoluciones a favor de sus clientes, un 84,6%. Y la que menos rectifica, Cofidis, sólo un 25% de las veces.

Evo, Ibercaja y Cajamar, con más quejas sobre depósitos

El Banco de España destaca que BBVA, Caixabank, Bankia, Santander y Sabadell concentran el 54,8% de las resoluciones –tanto a favor como en contra o con allanamiento–. También son las entidades con mayor número de clientes y mayor cuota de mercado. Sin embargo, la memoria destaca que el Banco Santander “se desmarca ligeramente” de los otros cuatro bancos, ya que su porcentaje de informes en contra es superior al resto de sus competidores y el de rectificación, inferior.

Dependiendo del tipo de producto financiero, en préstamos hipotecarios Caja Rural del Sur y Banco Caixa Geral son las entidades con mayor número de informes favorables a los clientes, seguidas de Caja Rural de Granada y Kutxabank. En depósitos, Evo Banco, Ibercaja y Cajamar acumulan las peores ratios según su cuota de mercado. En servicios de pago –tarjetas, transferencias y adeudos domiciliados– Evofinance, con un 2,5% de informes en contra para una cuota de mercado de sólo el 0,1%, Wizink y Evo Banco presentan los indicadores más negativos.

De acuerdo con la memoria, las entidades financieras devolvieron en 2018 a sus clientes un total de 2,63 millones de euros tras conseguir una rectificación solicitada por el Banco de España. La cantidad representa un 5,8% menos respecto a 2017, pero el importe medio por informe o allanamiento se ha disparado un 46,5% en un año, debido a la caída del número de resoluciones a favor del cliente.

El expresidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, ha lanzado su propia web para ofrecer sus servicios profesionales como asesor y conferenciante, informa Europa Press.

En concreto, Gimeno, que fue el presidente más joven de la historia del grupo de distribución español cuando accedió al cargo en 2014, ofrece su experiencia en el sector del 'retail', transformación digital, turismo de compras y ominicanalidad para dar conferencias.

El expresidente de El Corte Inglés ya creó en septiembre del año pasado Dnext Retail, una empresa de comercio con un capital de 100.000 euros, poco después de salir del grupo de distribución, con su renuncia como consejero el último fin de semana de agosto, coincidiendo con la junta de accionistas de la compañía.

Dnext Retail tiene por objeto social la realización de las actividades propias del comercio, abarcando la comercialización, al por mayor o al por menor, de toda clase de productos en su más amplia variedad: mobiliario, artículos de regalo y decoración, objetos, confección, alimentación, droguería, perfumería, joyería y educación, entre otros.

En esta web, cuyo domicilio social se encuentra en la calle Alcalá, Gimeno realiza un repaso de su carrera profesional, además de compartir sus experiencias y reflexiones sobre el 'retail' y ofrecerse para dar conferencias sobre el sector.

infoLibre publica un extracto de La historia oculta de El Corte Inglés, de Carlos Díaz Güell, editado por Dlibros. El trabajo del periodista económico recorre la historia de los grandes almacenes desde la marcha del fundador, César Rodríguez, a Cuba, hasta la destitución de Dimas Gimeno como presidente de la sociedad. Con el subtítulo de Entre la avaricia, el rencor y la traición, quien fuera miembro del equipo fundacional de El País se fija tanto en las decisiones meramente empresariales como en los tejemanejes familiares que dictaron el desarrollo de una de las marcas más reconocibles de España. Díaz Güell pone especial énfasis en la línea sucesoria formada por Rodríguez, Ramón Areces, Isidoro Álvarez y Dimas Gimeno. 

De manera elocuente, el título está dedicado "a las muchas y distintas editoriales que se negaron amablemente a publicar este libro bajo las excusas más variopintas". La más "sincera y numerosa" fue, según el autor, "la del temor a perder el porcentaje de su facturación que procedía de El Corte Inglés". 

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  A modo de introducción

El 25 de agosto de 2018, Dimas Gimeno presentaba su «dimisión» como miembro del Consejo de Administración de El Corte Inglés tras alcanzar un acuerdo con la compañía por el que se extinguía toda relación jurídica de este con la sociedad.

El pacto consistió en una indemnización equivalente a dos años de sueldo (8,7 millones de euros) a cambio del cual Gimeno retiraba la demanda que había interpuesto contra su destitución como presidente del grupo en el pasado mes de junio.

Quien había sido el sucesor de Isidoro Álvarez por decisión directa de este último persistía en la intención de mantener el pleito sobre la sociedad patrimonial Isidoro Álvarez, S. A. (IASA), segundo mayor accionista de El Corte Inglés, tras la Fundación Ramón Areces, con un 22,18 % del capital, en donde la familia Álvarez posee el 31 % del capital.

Del mismo modo, Gimeno mantenía la querella contra el exresponsable de seguridad del grupo, Juan Carlos Fernández, por presuntos delitos societarios y de corrupción entre particulares.

Dos meses y once días antes, el 14 de junio, cuando este libro estaba a punto de entrar en máquinas para ser impreso, el Consejo de Administración de El Corte Inglés cesaba a Dimas Gimeno, sobrino y sucesor de Isidoro Álvarez, anterior presidente de la gran empresa de distribución española, como máximo responsable de los grandes almacenes.

La destitución de Gimeno estuvo acompañada por el nombramiento como presidente de Jesús Nuño de la Rosa, uno de los dos consejeros delegados de la sociedad y antiguo novio de Marta, la hija mayor del primer matrimonio de María José Guil con Alfonso del Rey, también conocido como Camorra, propietario de El Riscal. Tras enviudar de este, matrimonió con Isidoro Álvarez, «dueño de El Corte Inglés» y poseedor de una considerable fortuna, acumulada y heredada gracias al trabajo de los dos primeros miembros de la saga familiar asturiana, César Rodríguez y Ramón Areces.

Isidoro Álvarez adoptó en 2004 a las dos hijas de María José Guil, Marta y Cristina, cuando ambas eran cuarentonas y sin que hubiese existido convivencia con ellas antes de haber cumplido los 14 años, requisito exigido por el Código Civil para la adopción de mayores de edad.

Con la destitución de Dimas Gimeno no solo se pone punto final a los fundamentos básicos de la que ha sido la mayor empresa familiar española, sino que culmina, por el momento, una historia en la que se mezclan ambiciones, traiciones, odios y rencores acumulados durante décadas.

Tras setenta y ocho años de existencia, desaparece de El Corte Inglés la saga Álvarez, ligada al fundador de la estructura empresarial de los grandes almacenes que han sido santo y seña de la economía española.

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Para cualquier curioso que decida simplemente acercarse al momento actual que atraviesa El Corte Inglés, icono empresarial de la economía española desde que el Gobierno de Franco, compuesto por tecnócratas y opusdeístas, pusiera en marcha su Plan de Estabilización, puede ser suficiente conocer la epidermis de la situación; una situación que nos habla de un cierto declive de estos grandes almacenes, de su fuerte endeudamiento y de una disputa familiar, muy común, por otro lado, en las empresas de este tipo a partir de su segunda generación. Común, sí, pero probablemente no tan encarnizada.

La superficialidad del conflicto de la compañía, que inauguraba hace pocos años su cuarto ciclo generacional, nos pone al corriente de enfrentamientos entre dos ramas «familiares» que se libran, bien en el Consejo de Administración de la empresa, bien en la Fundación Ramón Areces, creada en 1976 por el sobrino del fundador, quien le dio nombre y fue el segundo presidente de la sociedad. Sucedió a su tío César Rodríguez, quien dio forma al negocio desde La Habana, donde permaneció décadas acumulando una considerable fortuna.

La Fundación Ramón Areces, como ocurre con otras fundaciones empresariales parecidas, tiene como fin último el control y la permanencia de la empresa, y su presidencia la ha ostentado siempre el presidente de El Corte Inglés, primero Areces y luego Álvarez. Hoy, esa dinámica histórica se ha roto y tan relevante puesto lo ha pasado a ocupar Florencio Lasaga, histórico y notable directivo de los grandes almacenes. Se trata de uno de los más íntimos colaboradores del último presidente, Isidoro Álvarez, y también de Ramón Areces, aunque ajeno a la familia, lo que tiene su importancia —trascendental en este caso—, al ser la fundación propietaria de más del 37 % del capital de la compañía, lo que la convierte en determinante y decisiva en el futuro de la gestión del grupo empresarial.

La historia epidérmica nos habla de que los principales accionistas de El Corte Inglés libran y han librado fortísimas disputas en torno a la Fundación Ramón Areces desde el fallecimiento de Isidoro Álvarez y que estas batallas se han proyectado sobre el Consejo de Administración, la Junta de Accionistas y, cómo no puede ser de otra manera, sobre el día a día del grupo empresarial.

De acuerdo con lo que marca la historia y la tradición, al presidente de El Corte Inglés lo había designado, hasta el momento, el antecesor en el puesto, recayendo este, hasta hoy, en el sobrino, al fallecer los presidentes sin descendencia directa alguna. Así ocurrió con el fundador y primer presidente de la empresa, César Rodríguez, al nombrar como su sucesor a su sobrino Ramón Areces. La operación se repitió cuando Areces dejó designado a su sobrino, Isidoro Álvarez, como presidente de la compañía, y se volvió a repetir cuando este último eligió a su sobrino, Dimas Gimeno, para ocupar la presidencia del grupo de grandes almacenes.

La tradición es la tradición y aunque parezca esta una afirmación de Perogrullo, todos y cada uno de los presidentes y «dueños» de El Corte Inglés dejaron constancia de su voluntad sobre quién debía sucederlos, la persona elegida para regir los destinos de la prestigiosa marca del triángulo verde y negro.

Así ha sido hasta ahora, hasta que irrumpieron en escena las hijas adoptivas del último presidente, Isidoro Álvarez, dispuestas no solo a acabar con la tradición y la voluntad de su padre legal, sino a jugarse el todo por el todo, incluso el futuro de un proyecto empresarial, para conseguir un poder que su progenitor, pese a nombrarlas herederas universales, no quiso que pilotaran. Y por eso, ni las formó —aunque les dio la carrera de Derecho—, ni las adiestró, ni las nombró para dirigir los destinos de El Corte Inglés.

Llegados a este extremo es el momento de recurrir al refranero hispano y recordar aquello de que «el muerto al hoyo y el vivo al bollo». Sin esperar siquiera a que se enfriara el cuerpo del finado, empezaron a funcionar las estrategias y el tacticismo para ocupar la presidencia de la fundación, en detrimento del recién nombrado presidente de la sociedad, Dimas Gimeno, y de la propia historia, ya que, en los casos anteriores, era el presidente de El Corte Inglés el que ocupaba la presidencia del Patronato de la Fundación. No podía ser de otra manera, ya que lo contrario hubiera sido como designar a un presidente para gestionar los grandes almacenes y no proporcionarle las herramientas de gestión necesarias para conseguir los objetivos marcados. Un «fraude» urdido a espaldas de quien ya había fallecido y no podía levantar su voz para recordar, a unos y otros, cuál era su voluntad y su propósito, y que tanto una como otro fueron aceptados por todos los protagonistas de la historia, de forma sumisa, mientras él vivió.

Mientras unos y otros se centran en esta nueva versión de los juegos de guerra, El Corte Inglés mantiene abierta su herida, por la que se desangra, pese a los intentos de taponarla emprendidos por el elegido sucesor de Isidoro Álvarez y hasta ahora presidente del grupo empresarial, quien se ha centrado en recuperar la solidez en la gestión de los grandes almacenes, poner fin a corruptelas y prepararlo para su salida a bolsa, aunque sus actuaciones al frente de El Corte Inglés han estado mediatizadas o boicoteadas sistemáticamente desde el Patronato de la Fundación.

Parece como si no se fuera consciente de que El Corte Inglés estaba al borde de la quiebra cuando murió Isidoro Álvarez; que no tenía liquidez siquiera para hacer frente a los pagos más inmediatos y que de esa situación no se ha terminado de salir, pese a las tímidas medidas adoptadas por Dimas Gimeno. Sobresalen entre ellas, a decir de sus valedores, un programa de amortización de una deuda insoportable mediante la venta de activos; la renegociación de su enorme deuda bancaria, mejorando las condiciones de financiación; la culminación de un acuerdo con el jeque de Qatar para que este «comprara» el 10 % de la sociedad por mil millones de euros, y la puesta en marcha de una programa de transparencia con miras a sacar a El Corte Inglés a bolsa, creando la comisión de auditoría que preside Pizarro, a la vez que se ponía en marcha una política de buenas prácticas.

¡Demasiado para una vieja guardia con demasiados intereses acumulados durante décadas!

Hasta aquí la historia epidérmica, aunque la historia real es mucho más compleja, más suculenta, y nos habla de ambiciones mal controladas, de traiciones insospechadas, de reparto de poderes y de riquezas, de guerras intestinas y de rechazo a todo lo que oliera a cambio, todos ellos elementos más propios de un culebrón televisivo latinoamericano que de una historia real en la que están en juego cerca de cien mil puestos de trabajo.

Ambiciones no es solo una serie de televisión basada en una novela de Corín Tellado, ni tampoco es solo el nombre de la finca que el torero Jesulín de Ubrique posee o poseía en el término municipal de Prado del Rey, provincia de Cádiz. También es, según el Diccionario de la Real Academia Española y en su acepción singular, el deseo ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama. De esto ha andado y anda sobrado El Corte Inglés. Su historia nada tiene que envidiar a un falconcrest hispano, que tantas veces suele repetirse en un indeterminado número de empresas familiares. Muchas terminan desapareciendo de la escena cuando las intrigas y los enfrentamientos pasan a convertirse en odios africanos entre los miembros de una misma familia, aunque una rama sea postiza.

Esta es la truculenta historia que se vive y se ha vivido en una de las empresas más emblemáticas que tiene España, de la que se ha llegado a decir que es, junto con la Liga de fútbol, una de las pocas cosas que todavía vertebra a esta vieja nación.

Estanislao Rodríguez Ponga fue el primero de los condenados por las tarjetas black de Caja Madridblack que ingresó en prisión. El ex secretario de Estado de Hacienda en el segundo Gobierno de José María Aznar fue sentenciado a tres años y dos meses de cárcel por gastarse 255.000 euros con la tarjeta opaca al fisco que le proporcionó la entidad entonces presidida por Miguel Blesa. Desde el pasado 17 de octubre se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid), la misma donde cumplen condena el exvicepresidente Rodrigo Rato, el extesorero del PP Luis Bárcenas y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. En ese momento también rescindió su contrato laboral con El Corte Inglés, en cuya área financiera e inmobiliaria trabajaba, según ha podido saber infoLibre.

Según fuentes oficiales del gigante comercial, Rodríguez Ponga puso fin a su relación laboral “por voluntad propia”. “Se llegó a un acuerdo”, explican, aunque sin precisar si se le pagó una indemnización. Desde 2009 el ex secretario de Estado había sido consejero delegado de Móstoles Industrial, una de las firmas del grupo entonces presidido por Isidoro Álvarez que se dedicaba a la fabricación de muebles de cocina y ha sufrido un progresivo desmantelamiento en los últimos años, tras ejecutar cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y reducir su plantilla a una décima parte de la que tenía en 2007.

Cuando fue procesado por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, Rodríguez Ponga “renunció” a ese puesto. A partir de entonces, continuó en El Corte Inglés pero fuera del área tributaria, recalcan las fuentes del grupo. “Él no quiso estar al cargo de temas de ese tipo por su actividad anterior”, explican. Rodríguez Ponga es inspector de Hacienda y ejerció como asesor fiscal de grandes empresas como el BBV, Repsol y la propia Caja Madrid en los años 90.

No devolvió los 255.000 euros

Quien fue número dos de Cristóbal Montoro entre 2001 y 2004, accedió al consejo de administración de Caja Madrid en 2006 y después resultó elegido vicepresidente no ejecutivo y miembro de la Comisión de Control de Cajamadrid. Fue imputado en 2012 y condenado por apropiación indebida de una cantidad que no ha devuelto. Hasta dentro de nueve meses y medio no podrá permisos para salir de Soto del Real.

Antes de su procesamiento por las tarjetas black, también había sido imputado por un supuesto delito fiscal de 21 millones de euros cometido por el BBV en 1995 cuando compró el banco mexicano Probursa. La Audiencia Nacional terminó sobreseyendo el caso. Rodríguez Ponga sustituyó al frente de la Secretaría de Estado de Hacienda a Enrique Giménez Reyna, quien tuvo que dimitir por su implicación en el caso Gescartera.