El PSOE niega que el secretario adjunto de Organización y responsable de Transparencia y Acción Democrática, Borja Cabezón, tenga algún tipo de acción o participación "directa o indirecta en sociedad mercantil extranjera": "Su ámbito siempre ha sido España".

"Sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados", señalan fuentes de Ferraz después de que El Confidencial haya publicado que Cabezón controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de la Agencia Tributaria.

Según esta información, Cabezón habría utilizado durante años una estructura societaria administrada por testaferros diseñada para evadir impuestos con ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica que ocultaban su identidad.

Desde el PSOE niegan que tenga algún tipo de acción o participación en una sociedad mercantil extranjera. Cabezón es ahora mismo uno de los dirigentes más fuertes del partido desde que Pedro Sánchez lo integró en un puesto clave en la Comisión Ejecutiva Federal en la remodelación que hizo en julio del año pasado para reestructurar el equipo de Ferraz tras el caso Cerdán.

Cabezón es una de las manos derechas de la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró. Antes de ocupar este puesto en la dirección, el socialista madrileño ha sido consejero delegado de ENISA, embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la COVID-19 y la Salud Global del Gobierno de España, director general de Asuntos Nacionales del Gabinete del Presidente del Gobierno de España y diputado en la Asamblea de Madrid.

Un informe de Hacienda cifra en casi un millón de euros la cantidad que Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro, cobró entre 2011 y 2020 de empresas gasísticas, camuflados en parte como "prima de éxito", coincidiendo con avances en las reformas legislativas que las beneficiaban.

Así consta en un informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso EFE, que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de Tarragona que investiga si Montoro -ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasísticas a cambio de pagos a su despacho Equipo Económico, del que fue socio fundador y presidente.

Hacienda pide en su informe al juez que requiera más informaciones sobre cuentas vinculadas a Montoro, los socios de su despacho y sus cónyuges, pero, con la información que ya tiene en su poder, sostiene que los pagos a Equipo Económico vinculados a las reformas legislativas que beneficiaban a las gasísticas ascenderían a 991.613 euros.

Esos pagos de las gasísticas, según Hacienda, "se producirían coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa", a medida que "se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales".

El informe advierte también de que no pueden descartarse otras "transferencias adicionales a las localizadas", que puedan estar "veladas" tras cheques y facturas que no han podido ser analizados.

Según el informe, de más de 250 páginas, los pagos de las empresas estarían "fragmentados", no solo respecto a su pagador e importe, sino también en distintas cuentas bancarias y sociedades "por las que trasiegan dichos fondos para desembocar, entre otros, en consumos o utilidades" de socios del despacho, personas y cuentas bancarias o activos de los que no se ha podido hallar información.

Esa fragmentación de pagos, mantiene Hacienda, "sería indiciariamente instada por el despacho investigado" y presuntamente se diferían "bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar a los mismos de su origen temporal".

A raíz del análisis de los correos y las actas del despacho intervenidas en la causa, las gasísticas investigadas eran "conscientes, pagaban y se vanagloriaban muchos antes" de obtener lo pactado.

El informe detalla también pagos fragmentados, "al albur de facturas que formal e indiciariamente permitirían frente a terceros justificar y desligar dichos fondos contaminados de su verdadera causa".

De hecho, el informe señala casos en los que en las cuentas bancarias controladas por los socios del despacho, exsocios, cónyuges y sus sociedades, los fondos se destinarían a "mínimos consumos" para ser después agrupados y transferidos a "otras cuentas desconocidas, bajo conceptos bancarios genéricos o que impiden la identificación de los destinatarios".

Por ese motivo, la Agencia Tributaria plantea al juez que emita un nuevo mandamiento o requerimiento a las entidades bancarias para solicitar esos datos "de forma ampliada, con el máximo detalle del que se disponga sobre el origen y destino de los fondos". 

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro que prorrogue seis meses la causa ante la necesidad de practicar nuevas diligencias, informa EFE.

Así lo solicita la fiscala Carmen García Cerdá al juez de Tarragona que investiga al exministro del PP y a una treintena de personas más acusadas de beneficiar a empresas gasísticas, propiciando reformas legislativas a cambio de pagos. Una causa que se ha prolongado durante siete años bajo secreto de sumario.

La fiscala, según el escrito al que ha tenido acceso EFE, interesa la prórroga de las diligencias por un periodo de 6 meses, "ya que la necesidad de la práctica de diligencias que requiere llevar a buen fin la investigación impide que pueda finalizar la instrucción antes del día 29 de enero de 2026", recalca.

Recuerda que en junio de 2025 se levantó el secreto de las actuaciones y se acordó dirigir el procedimiento contra Montoro y el resto de personas en calidad de investigados, que deben declarar sobre los hechos investigados.

Según la fiscala, la propia investigación demanda nuevas diligencias, entre estas las que se deriven de la propia personación de los investigados, la declaración de testigos u otras diligencias recomendadas por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Tributaria, que analiza las cuentas bancarias de los investigados.

La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la "escrupulosa" investigación del caso de Montoro, que en su opinión se ha llevado cabo sin "injerencias" y ha destapado "actuaciones graves de corrupción, que no entienden de ideología política alguna". En un escrito avanzado por La Vanguardia y eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE, la fiscal Carmen García se opone a los recursos que han presentado las defensas para pedir la nulidad de la causa, entre otros motivos porque consideran que tienen un "notorio cariz político".

En la causa, que se ha prolongado durante siete años bajo secreto de sumario, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona investiga al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a una treintena de personas más acusadas de beneficiar a empresas gasísticas, propiciando reformas legislativas a cambio de pagos.

Para la fiscal, la causa "ha seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento" para respetar tanto las normas procesales como los derechos de los investigados, "evitando injerencias y daños colaterales". El escrito insiste en "dejar claro y sentado desde este momento" que algunos correos intervenidos en el marco de la causa "lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna".

Según Anticorrupción, los informes de los Mossos y la Agencia Tributaria aportados a la causa "constatan la indiciaria existencia de una organización" y pagos efectuados por las empresas gasísticas al despacho Equipo Económico que dirigía Montoro, antes de resoluciones administrativas favorables.

También apuntan esos informes, según el Ministerio Público, a que el reglamento de la ley de impuestos especiales que afectaba a las empresas gasísticas se elaboró "a la carta de aquellas mercantiles", eliminando la exigencia de acreditar el cumplimiento de determinados requisitos para obtener beneficios fiscales.

La Fiscalía reprocha asimismo a las defensas que mediante la batería de recursos presentados no busquen "la averiguación de la verdad" o solicitar pruebas de descargo, sino "conseguir la nulidad de las actuaciones practicadas con total profesionalidad y respeto a los principios procesales y constitucionales".

También defiende el Ministerio Público la competencia de los Mossos d'Esquadra para investigar los hechos, lo que cuestionaban las defensas, ya que a su parecer la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Estatuto de Autonomía de Cataluña "legitiman" su intervención como policía judicial.

De hecho, en su escrito, la fiscal confiesa que le "llama la atención" que los recursos impugnen "la actuación de uno de los cuerpos policiales designados como policía judicial, en detrimento de otro".

Respecto al cuestionado secreto de sumario, que el juez prorrogó durante siete años, la fiscal recuerda que era necesario por la "importancia que el análisis de la documentación y correos" que constan en la causa ha tenido para "avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus partícipes".

El impuesto a las grandes fortunas, la tasa Zucman, la escasa factura fiscal de las grandes tecnológicas… El debate sobre la contribución a las arcas comunes de quienes más tienen está revestido de números, pero también de un diálogo político y social que tiene mucho que ver con la desigualdad. Ya sea como horizonte deseado, como gancho político, como utopía o como amenaza, la fiscalidad es un tema recurrente a izquierda y derecha del arco político. A nivel nacional, según las estimaciones de Fedea, el 1% más rico soporta una presión tributaria total del 24,1%, inferior a la que paga el 10% con menos ingresos (un 27,5%) y muy por debajo de los grupos intermedios, que abonan un 39%.

En España, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF) se planteó para corregir parte de este desfase, aunque los datos aún indican desigualdad en las contribuciones. “El impuesto a las grandes fortunas cumple un papel importante, aunque es relativamente modesto, porque no tiene un tipo elevado y lo que se ha buscado es, sobre todo, corregir las bonificaciones de las comunidades autónomas”, explica Juan A. Gimeno, catedrático emérito de Economía y coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Para él, cuando se dice que este tipo de medidas no tendrán un efecto recaudatorio fuerte, se está cometiendo un error: "Primero, porque las rentas altas son las que más pueden aportar; y segundo, porque es una cuestión de justicia social que así sea", independientemente del monto recaudatorio.

“Las tasas medias efectivas de todas las prestaciones (pensiones, prestaciones por desempleo, asistencia social, etc.) disminuyen a medida que aumenta la renta, lo que quiere decir que benefician proporcionalmente más a los hogares con menos renta. Este resultado está indicando que las prestaciones son, individualmente y en conjunto, progresivas”, señala un estudio del think tank económico Funcas. Aunque hay una salvedad que sigue rompiendo con la progresividad: “Llamativamente, los hogares pertenecientes al 1% más rico soportan la carga tributaria relativa más reducida de toda la escala de renta”, recoge en un artículo publicado por Julio López Laborda, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Además, señala, “las rentas del capital tienen un trato de favor frente a las del trabajo”.

En el análisis reconocen la importancia de la fiscalidad en el reparto de la riqueza, de forma que, según Funcas, los impuestos reducen en un tercio la desigualdad de renta en España “aunque el saldo neto de la intervención pública en España deja de ser progresivo en la parte superior de la escala de rentas brutas”. ¿Por qué ocurre esto?

En los hogares más ricos, las rentas del capital, es decir, las que proceden de activos invertidos, tienen gran peso en la composición de su riqueza, y la fiscalidad reducida que disfrutan estas inversiones es lo que produce esa variación en el tramo más alto de la tabla. 

En la tabla que se muestra abajo, se ve la procedencia de los ingresos de distintos grupos de población según su nivel renta. El primer quintil (Q1) agrupa al 20% con menos renta y el último quintil (Q5) se descompone en tres partes más pequeñas (decil 9, centil 91-99 y centil 100) para ver cómo es la fiscalidad de los que más tienen.

Si se observa la composición porcentual en cada grupo, vemos que en el escalón más bajo (Q1) las prestaciones sociales y las rentas del trabajo son los elementos que más peso tienen. En cambio, en el centil con más dinero, son las rentas del capital las que más aportan a sus carteras (un 62%). “Si tú tienes una vivienda y no declaras alquiler, se te imputa un 2% en renta, pero si tienes una gran fortuna en finanzas no pagas nada”, señala Gimeno.

En España se han dado algunos pasos para corregir este efecto. El Gobierno de coalición aprobó a finales de 2022 el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF), aunque de acuerdo con el Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha), no ha tenido un efecto corrector suficiente. Y esto es así porque de los más de 934.000 millones de euros declarados como patrimonio por los 228.000 ciudadanos más ricos, casi la mitad (un 44,3%), no se tiene en cuenta para el cálculo del impuesto de patrimonio. La razón es que muchas participaciones empresariales de las grandes fortunas están exentas, como también ocurre con las acciones.

“Las rentas del capital tienen un trato privilegiado en el impuesto sobre la renta porque gozan de un tipo máximo del 28%, mientras que las del trabajo pueden llegar al 48%. Ahí lo lógico sería que las rentas del capital tuvieran el mismo trato que las rentas del trabajo. El objetivo es solo que los ricos paguen como si trabajaran”, explica el economista.

En Francia se ha abierto un debate sobre si es posible un impuesto efectivo sobre los grandes patrimonios. Algo que vaya más allá de los horizontes o de los discursos políticos. “Estamos asustando a una parte del país con impuestos que nunca se implementarán”, señaló hace unas semanas el primer ministro francés Sébastien Lecornu en un foro empresarial.

Gimeno remarca que sí hay formas realistas de hacer más justo el sistema. “Una de las cuestiones fundamentales es revisar todas las bonificaciones y beneficios fiscales que existen en los impuestos: en renta, pero sobre todo en sociedades”, explica. Sobre todo, remarca, si esas bonificaciones van destinadas a rentas altas, como por ejemplo la que atañe en Madrid a la compra de uniformes escolares “más habituales en colegios concertados y privados” o a la compra de bicicletas eléctricas “que por su precio, no están al alcance de las rentas bajas”, concluye.

Otro punto, explica el experto, sería intervenir fiscalmente en las grandes herencias a través del impuesto de sucesiones, ya que también se ha dado una competencia la baja entre comunidades autónomas. “Las grandes herencias, que son las que explican el 70% de la desigualdad en España, deben tener un impuesto, como vía para avanzar un poco más hacia la igualdad de oportunidades”, explica. Y propone un mecanismo que compense la baja fiscalidad que se da en algunas de ellas.

Sobre la dificultad de poner sobre la mesa medidas efectivas, el coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal señala que las presiones desde “lobbies potentísimos” o la retórica de que la fiscalidad atenta contra la capacidad de crecimiento del país, son algunas de las cuestiones que enturbian el debate.

“La cifra de personas con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares ha crecido a un ritmo anual del 10% en las últimas décadas, pasando de 140 personas en los años 80 del siglo XX a 2.781 milmillonarios en la actualidad”. Con ese aviso a navegantes comienza el análisis sobre riqueza, desigualdad y recaudación que firman Kane Borders, Panayiotis Nicolaides y el economista francés Gabriel Zucman. Este último es, además, quien da nombre a la polémica tasa Zucman, una propuesta económica que plantea un impuesto mínimo del 2% a los patrimonios más altos y que ha generado una gran polémica en Francia al proponer una tasa que afectaría a los capitales de más de 100 millones. Su nombre está por todas partes y la razón es que pide más presión fiscal para los más ricos.

Las conclusiones de Zucman son rotundas: “A los milmillonarios se les aplican tipos impositivos efectivos inferiores a los de la población general, de modo que el aumento de la disparidad patrimonial exacerba las desigualdades a nivel mundial”. Así concluye uno de sus estudios, publicado por el Instituto Elcano y titulado El impuesto a los milmillonarios: dinámica de la riqueza y recaudación de un impuesto mínimo global.

Las voces en contra de estas tasas —entre las que se levanta la del empresario francés Bernard Arnault, con un patrimonio de 188.600 millones, según Forbes— dicen que subir impuestos provocará fugas de capital y que las rebajas fiscales pueden compensarse por su capacidad para atraer o retener capital inversor. En el otro extremo, otras voces responden que bajar impuestos daña gravemente la capacidad de invertir en lo que es de todos y exacerba la desigualdad al premiar a quienes más tienen.

Entre estos márgenes del debate se reparten partidarios y detractores de una medida hacia la que la Unión Europea (UE) ha dado algunos pasos. Y Zucman mete el dedo en la llaga: "Se calcula que los 499 milmillonarios europeos tienen un patrimonio de 2.418 mil millones de dólares [2,4 billones de dólares, ndr]. Un impuesto sobre el patrimonio del 2% generaría 48.400 millones en ingresos para los Estados", señala en un estudio del Observatorio Fiscal de la Unión Europea.

Para José María Mollinedo, economista del Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha), una reforma fiscal que desborde los márgenes de una región o abarque el ámbito europeo ayudaría "indudablemente" a reducir los movimientos de evasión y las fugas de capital. Para Gestha no son tan habituales como se quiere hacer creer, pero las diferencias en cuanto a fiscalidad también exacerban las desigualdades entre regiones. "Una regulación así, acabaría incluso con los movimientos de capital entre comunidades, en el caso de España", concluye.

Dos ejemplos a nivel nacional de esta problemática macroeconómica son Madrid y Andalucía. "En el caso de Madrid —que es además donde están el 60% de las fortunas de más de 10 millones de euros— existía una bonificación de este impuesto de patrimonio al 100%. Después, otras comunidades comenzaron a anunciar medidas similares, como es el caso de Andalucía", explica el economista de Gestha. Esta forma de dejar inoperativo el gravamen es lo que llevó al Gobierno a crear el conocido como impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF). Además, es esta dinámica la que anima propuestas como la de Zucman, que, en uno de sus análisis, constata "que la mayor parte de la población de un país paga entre un 25% y un 50% de sus ingresos en impuestos a lo largo de toda la distribución de la renta, mientras que los milmillonarios y cienmillonarios pagan entre el 20% y el 25%".

Así, en Europa el debate en torno a la forma en que cotizan las grandes fortunas ha ido ganando espacio. En el caso de Francia, se ha propuesto desde la izquierda y los verdes como respuesta a su elevado déficit fiscal, pero ha desatado la ira de algunas fortunas, como es el caso del multimillonario Bernard Arnault.  El nuevo impuesto que plantea la izquierda gala propone una tasa mínima del 2% o el 3% que se aplicaría a todas las fortunas superiores a 100 millones.

Sin embargo, la propuesta lleva tiempo resonando. El pasado mes de marzo el Parlamento Europeo volvía a poner sobre la mesa la posibilidad de aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas. Una idea que había prendido a raíz de una propuesta ciudadana liderada por el antiguo presidente de la región belga de Valonia, Paul Magnette y en la que también participaba el economista Thomas Piketty, de cuya escuela es discípulo Zucman.

"La propuesta europea funcionaría como un tipo mínimo común del 2%, aplicable a nivel de la UE", explica el Rubén Gimeno desde el Consejo General de Economistas. "En el caso de países que ya gravan el patrimonio (como España), podría existir compatibilidad entre la tasa europea y el impuesto nacional, de modo que lo ya pagado en el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas se tendría en cuenta para alcanzar ese mínimo", concluye.

A nivel nacional, el debate sobre la fiscalidad de las grandes fortunas tiene un recorrido reciente. En 2022 el Gobierno de coalición aprobó el ITSGF para evitar que las bonificaciones y exenciones de las comunidades lo dejasen a cero. En el caso español, los tipos impositivos son de un 1,7% para patrimonios entre 3 y 5,3 millones; de un 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones y de un 3,5% para patrimonios superiores a los 10,6 millones. "Por tanto, un contribuyente con un patrimonio superior a 100 millones de euros en España tributaría al tipo marginal del 3,5%, muy por encima del 2% que plantea la tasa Zucman", remarca Gimeno.

Sin embargo, el sistema español no es tan duro como pueda parecer. Si se toman las exenciones, las bonificaciones y las reducciones de cuota que se pueden dar a nivel autonómico y nacional, el impuesto efectivo vigente en España está por debajo de los tipos que marca el gravamen de solidaridad. En concreto, Gestha lo cifra en un 0,2%. Y esto es así porque de los más de 934.000 millones de euros declarados como patrimonio por los 228.000 ciudadanos más ricos, casi la mitad (un 44,3%) no se tiene en cuenta para el cálculo del impuesto. ¿La razón? Muchas participaciones empresariales de las grandes fortunas están exentas, como también ocurre con las acciones. A esto se sumaría, explica Mollinedo, el hecho de que algunas comunidades autónomas amplíen las bonificaciones. "Solo en Madrid dejan de ingresarse 787 millones de euros por la regulación que la Comunidad hace del impuesto", concluye el fiscalista de Gestha. Así, una posible aplicación de la tasa Zucman sería más efectiva si salvase todas estas bonificaciones, concluye.

Los cálculos de Gestha en torno a la baja presión fiscal real que existe sobre las grandes fortunas encajan en los cálculos del economista galo: "Los milmillonarios del mundo tienen unos tipos impositivos efectivos muy bajos, de entre el 0% y el 0,5% de su patrimonio", señala en un estudio publicado en el Observatorio Europeo de Fiscalidad.

El ITSGF recaudó en 2023 (último dato definitivo) un 58% más que en 2022, de acuerdo con los datos de Gestha. En total, la contribución a las arcas públicas alcanzó los 1.970 millones de euros en 2023, frente a los 1.250 millones del año previo, cuando la recaudación se vio afectada "las bonificaciones adoptadas por algunos gobiernos regionales surgidos tras las elecciones autonómicas, siguiendo la estela que marcó la Comunidad de Madrid", concluyen los Técnicos de Hacienda.

Con la inesperada fama de Zucman, el debate se traslada ahora a Europa, aunque su vocación sea mucho más amplia y trate de abordar, sobre todo, el problema de la desigualdad y de la progresividad de los sistemas fiscales.

La querella por cinco delitos fiscales presentada por un grupo de juristas, catedráticos y periodistas el pasado noviembre contra Juan Carlos I por la supuesta comisión de cinco delitos contra la Hacienda Pública sigue viva. Sus promotores, entre los que se encuentra el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo o los periodistas Josep Ramoneda y Pilar del Río, han presentado ante la Sala de lo Penal del alto tribunal –la misma que archivó el caso el pasado mayo– un incidente de nulidad de actuaciones. Se trata del último trámite antes de la elaboración de un recurso de amparo para presentarlo ante el Tribunal Constitucional.

Los hechos denunciados se ciñen a las actividades que realizó presuntamente el rey emérito mediante dos fundaciones, Zagatka, con sede en Liechtenstein y Lucum, en Suiza, con el objetivo de ocultar sus ingresos y así evitar pagar impuestos en España. Según expone la querella, con estas fundaciones, Juan Carlos I habría financiado gastos personales, como por ejemplo viajes de lujo, vuelos e incluso la compra de armas. La cuantía total de esos delitos sería de más de tres millones y medio de euros, divididos entre cinco ejercicios fiscales y significarían unas penas de cárcel que irían de los 2 a los 6 años por cada uno de los delitos además de tener que pagar en concepto de multa seis veces el importe defraudado.

El escrito encuadra la actividad ilegal del rey emérito entre los años 2014 y 2018, es decir, con posterioridad a su abdicación, la cual se produjo el 19 de junio de 2014. De esta forma, los hechos que exponen no se encontrarían amparados por la inviolabilidad que llevaba aparejada su condición de Jefe de Estado y que ha hecho en el pasado descarrilar otros procedimientos en su contra. Aún así, y pese a su abdicación, Juan Carlos I sigue disfrutando de condición de aforado por su título de rey emérito, lo que hace que solo le podría juzgar el Tribunal Supremo. En este sentido, en el caso de ser admitida la denuncia, los querellantes solicitan la declaración de Juan Carlos I, la cual podría llevarse a cabo mediante videoconferencia desde su residencia en Abu Dhabi.

Tras recibir la querella, la Sala pidió informe a la Fiscalía que, el pasado marzo reclamó la inadmisión de la querella y su archivo al considerar que no aportaba "ni hechos ni fuentes de prueba distintos" de los que ya tuvo en cuenta el Ministerio Público en 2022 para archivar las diligencias que había abierto contra el padre de Felipe VI. Dos meses después, el tribunal archivó el caso al considerar que los hechos "no constituyen ilícito penal, se encuentran prescritos o fueron objeto de regularización tributaria". Los magistrados acusaron a los querellantes de hacer una "selección fragmentada e interesada" de las diligencias que en su día elaboró y archivó la Fiscalía. "Nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal", mantuvieron.

El incidente de nulidad presentado ahora por los querellantes acusa a la Sala de haber incurrido en "incongruencia omisiva", un vicio procesal consistente en dejar de responder las pretensiones de las partes. Ese vicio, según el escrito habría conculcado el derecho a la tutela judicial efectiva de los juristas y escritores autores de la iniciativa. Los magistrados, según el documento, habrían vulnerado ese mismo derecho fundamental al denegar las pruebas que se solicitaron: las diligencias de investigación de la Fiscalía archivadas en 2022, las notificaciones enviadas a la representación del emérito avisándole de la existencia de esas diligencias, un informe de Hacienda sobre la fecha en la que se detectó la existencia de posibles delitos cometidos por el monarca y otro sobre las medidas adoptadas por la Agencia Tributaria para depurar responsabilidades administrativas o penales.

El previsible rechazo a este último recurso dará fin la vía penal ante los tribunales ordinarios y abrirá la posibilidad de actuar ante el Tribunal Constitucional mediante la interposición de un recurso de amparo. El objetivo es que el órgano de garantías aprecie la vulneración de la tutela judicial efectiva que denuncian los querellantes y obligue al Supremo a admitir e instruir la querella.

La jefa de la inspección tributaria en Madrid, Mercedes Urbano, que inició en mayo de 2022 la investigación sobre el empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, detalló el pasado marzo en un juzgado los indicios que le llevaron a denunciar el caso a la Fiscalía por fraude fiscal: "Se utilizan facturas falsas". Además, añadió que González Amador "hace la regularización cuando ya le han pillado". El País, la Cadena Ser y elDiario.es publican este jueves la declaración de dos horas y media de la inspectora que explicó ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, con argumentos técnicos, el caso por defraudar, presuntamente, 350.951 euros.

La jefa de la inspección tributaria detalló ante la jueza el trabajo que realizó entre mayo de 2022 y enero de 2024, antes de que se conociera el caso. Durante ese año y medio examinó las declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021 de las dos consultoras sanitarias de González Amador. Al comprobar que los hechos cumplían con los dos requisitos del delito de fraude fiscal —superaba los 120.000 euros defraudados por año y existía intención de delinquir— remitió a la Fiscalía el expediente de 187 páginas que incluía las 15 facturas que consideró falsas.

"Aquí tenemos dos delitos en contra de la Hacienda Pública. Un primer delito del ejercicio 2020 por el que se acusa a la sociedad Maxwell Cremona de haber defraudado una cuota de 155.000 euros. Y un segundo delito en contra de la Hacienda Pública, igual por el Impuesto sobre Sociedades de 2021, al mismo obligado tributario, por un importe de 195.591 euros. Entendemos que hay dos delitos en contra de la Hacienda Pública, aunque los dos ejercicios están muy relacionados porque se están utilizando facturas falsas para reducir la cuota tributaria", explicó la inspectora según se recogen en los audios publicados.

La jefa de la inspección tributaria también detalló los motivos por los que saltaron las alarmas en la Agencia Tributaria: los números de Maxwell Cremona no cuadraban. "Lo que detectamos es que había un incremento muy considerable de los ingresos en 2020 respecto de 2019. En concreto, tiene unos ingresos de 2,3 millones de euros, aproximadamente", explica la inspectora a la jueza al tiempo que detalla que "el hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo": "Lo que es llamativo es que baja la tributación, lo que no nos resulta lógico. Si tengo 375.000 euros de ingresos en 2019 y paso a 2,3 millones en 2020, pues tendré que incrementar la cuota tributaria. Y, por el contrario, nosotros verificamos que no".

En concreto, se trata de la justificación de varios trabajos con abultados ingresos: uno en México y otro en Costa de Marfil. En el país americano no encuentran el trabajo por el que la sociedad de González Amador había facturado supuestamente 620.000 euros en 2020. Y lo mismo sucede con el otro que era un encargo de una empresa por 900.000 euros.

"Cuando hemos detectado esta irregularidad, es el momento en que el contribuyente reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura. Una factura que ya estaba recogida en su contabilidad, que ya se la había deducido fiscalmente dentro de sus declaraciones. Entonces, vamos a decir, esta regularización, la hace cuando ya me ha pillado la Agencia Tributaria, cuando ya he necesitado procedimiento inspector [...]. Es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación", explica la jefa de la inspección tributaria.

Uno de los abogados de González Amador aprovechó su interrogatorio para preguntarle a la inspectora sobre cuándo tiene conocimiento de que es la pareja de Ayuso. "Esto es un tema personal que yo no tengo por qué responder", responde la inspectora que repite esta idea ante las repreguntas del letrado.

El mismo día que declaró esta inspectora de Hacienda, también declaró durante cuatro minutos otra inspectora que fue la encargada de redactar el informe jurídico tras las averiguaciones de la primera.

El pasado 29 de mayo, la jueza dictó auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, en el marco de la pieza principal. González Amador recurrió en reforma ante la jueza pero esta rechazó su recurso al sostener que los indicios contra él se basan en informes de la Agencia Tributaria y en una serie de documentos que "ponen de manifiesto la extensa y pormenorizada investigación llevada a cabo por peritos imparciales".

A la vez, continúa investigado en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios con Quirón Prevención, en la que las acusaciones que ejercen Más Madrid y el PSOE sospechan que pagó a la mujer de un directivo de esta empresa una comisión encubierta de 499.836 euros.

La economía de Juan Carlos de Borbón parece ir viento en popa en la Perla del Desierto. Y la liquidación de la abultada deuda que mantenía con su círculo más cercano da buena cuenta de ello. Un lustro después de su aterrizaje en Abu Dabi, donde huyó en plena investigación sobre su fortuna, el rey emérito ya ha devuelto todo lo que le prestó su círculo cercano para saldar las deudas con Hacienda. Millones generados, según dicen en su entorno, con la venta de algunos derechos y algunas operaciones comerciales en las que participa el emérito a miles de kilómetros de distancia del fisco al que defraudó.

El monarca abandonó España en el verano de la pandemia. Lo hizo, según dejó escrito en una carta, para facilitar la labor a su hijo, Felipe VI, ante "la repercusión pública" que estaban generando "acontecimientos pasados de mi vida privada" –eufemismo para referirse a la aparición de la fortuna que ocultó al fisco–. Lo cierto es que por entonces la situación en Zarzuela se había convertido en insostenible, con un goteo continuo de informaciones sobre negocios oscuros y cuentas en paraísos fiscales. Tan a podrido olía todo que Felipe VI anunció su renuncia a la parte que le correspondiera de la herencia y a retirar la asignación económica anual a su padre.

Para comenzar su nueva vida, el emérito eligió la península arábiga. Justo, el epicentro de su fortuna oculta. En 2008, la autocracia saudí le transfirió 65 millones de euros a una cuenta opaca en Suiza. Y dos años después, el sultán de Baréin le regaló otros 1,4 millones. Pero el exjefe de Estado no eligió ninguno de estos dos Estados. Prefirió instalarse en Emiratos Árabes Unidos, donde también tiene un buen círculo de amistades plagado de jeques y príncipes. Y es desde ese pequeño país del golfo pérsico desde donde ha seguido el desarrollo y la culminación de las investigaciones que le han perseguido.

Pese a todo, el monarca ha esquivado el mazo de la justicia. Y una investigación penal contra él por fraude fiscal ya se torna imposible, a la luz del cerrojazo impuesto hace unos meses por el Tribunal Supremo. Lo cual no quiere decir, sin embargo, que no se haya encontrado reproche alguno en sus acciones. Si el emérito se ha librado ha sido, más bien, por una combinación de prescripción, inviolabilidad y regularización fiscal. Porque la investigación realizada en su día por la Fiscalía del Alto Tribunal puso de manifiesto que Juan Carlos de Borbón ocultó durante años parte de su fortuna al fisco.

Así, el decreto de archivo del Ministerio Público puso de relieve que el emérito "no incluyó" en sus autoliquidaciones de IRPF "rentas y rendimientos obtenidos en las cuentas abiertas" en un banco suizo por la fundación Lucum, cuyo titular real era el exjefe de Estado. Y llegó a cifrar en hasta 56 millones de euros lo que defraudó entre 2008 y 2012. Pese a estos hechos contrastados, la Fiscalía no presentó querella porque "los posibles delitos fiscales" cometidos hasta 2011 "estarían prescritos" y el de 2012 "no sería susceptible de reproche penal" porque "estaba protegido por la inviolabilidad" –su abdicación no se produjo hasta 2014–.

Más allá de su etapa como jefe de Estado y de Lucum, la investigación también abordó el uso de fondos de un empresario mexicano amigo suyo para "gastos particulares" del monarca o los "cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamientos" originados por Juan Carlos I y abonados por la Fundación Zagatka, constituida en Liechtenstein por su primo. En ambos casos, al verse ya acorralado, el monarca decidió regularizar su situación con el fisco, lo que implica reconocer la deuda con Hacienda, para librarse del delito. En el primero, pagó 678.393,72 euros. En el segundo, 4,41 millones de euros.

Esta última cantidad, según se recoge en el decreto de archivo del Ministerio Público, procedía de los préstamos que le hicieron una docena de personas físicas y jurídicas. Un dinero que, según ha adelantado este miércoles el diario El Mundo, ya ha sido devuelto por el monarca. Esto supone que el emérito ha conseguido a lo largo de estos cinco años desde Abu Dabi recaudar más de cuatro millones para liquidar la deuda que tenía con el círculo de empresarios y aristócratas de confianza que le hicieron los préstamos para regularizar su situación fiscal.

Parte de esos ingresos proviene de la venta de sus derechos de imagen para la elaboración de un documental. Pero no solo eso. También, siempre según el citado medio, de su intermediación en operaciones comerciales. El papel del monarca como comisionista siempre ha sido un secreto a voces. Desde los últimos compases del franquismo, cuando en plena crisis del petróleo el dictador pidió ayuda al príncipe para que intercediese ante sus hermanos árabes. "A cambio de estos servicios, cobró una comisión y a todo el mundo le pareció muy normal", relata la periodista Rebeca Quintans en Juan Carlos I, la biografía sin silencios (Akal, 2015).

Unos negocios, sin embargo, realizados desde la más absoluta opacidad. En 2023, el emérito dejó de ser residente fiscal en España, si bien sus visitas al país son cada vez más frecuentes. Y esto le permite seguir engordando su fortuna lejos de la lupa del fisco español al que un día defraudó. O no dar explicaciones sobre quién financia los aviones en los que viaja o quién costea su vida en Abu Dabi. En este sentido, no obstante, la normativa de regalos de la Casa Real deja claro que los miembros de la Familia Real, a la que pertenece el emérito, "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones".

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) asumirá a partir de 2028 algunas funciones en la gestión del IRPF y su identidad visual comenzará a utilizarse en comunicaciones con los contribuyentes, según consta en el plan director del organismo hecho público este jueves por el Govern catalán y recoge EFE. La intención inicial, según el pacto entre el PSC y ERC que dio a Salvador Illa la presidencia de la Generalitat, era de que “a lo largo de 2026″, Cataluña asumiera parte de esas competencias.

La Generalitat de Cataluña encargó a principios de este año a la consultora Minsait, del grupo tecnológico Indra, la redacción de una hoja de ruta para la primera fase del despliegue de la hacienda catalana, con el objetivo de que la ATC "en el futuro acabe asumiendo la recaudación de todos los tributos, empezando por el IRPF", ha señalado en un comunicado el departamento de Economía.

El plan prevé que en 2027 la agencia esté en condiciones de asumir por completo la asistencia en la campaña de la renta -ahora la ATC colabora en esa atención con la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria)- y contempla que el organismo necesitará contratar más personal y abrir más oficinas.

Con relación a este anuncio, la consellera de Economía, Alícia Romero, defiende que la Agència Tributària de Catalunya debe avanzar "poco a poco" en la gestión del IRPF, pero hacerlo de forma "sólida" y "segura", para evitar "fugas de fraude fiscal" en esta transición en las tareas que ahora lleva a cabo la AEAT.

En declaraciones a EFE, Romero ha recordado que el IRPF supone un gran reto para la ATC porque se trata de un impuesto masivo y esta agencia apenas tiene unos 850 trabajadores, frente a los 4.400 de la AEAT en Cataluña.

La consellera ha asegurado que, de entrada, el Govern necesita que se aprueben "los cambios legales" pertinentes en el Congreso para poder gestionar al completo este impuesto.

En particular, el plan admite que la ATC debe ser capaz de desarrollar una plataforma tecnológica propia "a medio plazo" y que para gestionar el IRPF se deberán aprobar primero cambios en varias leyes estatales, entre ellas la ley orgánica de financiación de las comunidades.

El plan hecho público este jueves no facilita un calendario estimativo sobre cuándo podría llegar la ATC a asumir al 100% la gestión del IRPF, pero sí expone una hoja de ruta para la primera fase de despliegue de la Hacienda catalana.

El pacto entre PSC y ERC preveía arrancar la gestión de impuestos estatales con el IRPF, y en este punto la primera fase de transformación de la ATC prevé tres hitos.

El primero, que la ATC "prestará información y asistencia en la campaña de la renta de 2025, la que se hará en 2026, a los solicitantes de cita previa".

Sin embargo, el propósito de la Generalitat es que la ATC pueda acabar "asumiendo la totalidad de la asistencia de la campaña del IRPF en el año 2027", es decir, durante la campaña de la renta del ejercicio fiscal de 2026.

Para conseguirlo, el plan director prevé que el año 2026 se incorporen más de 400 agentes de refuerzo -en la campaña de la renta de 2024, la que se acaba de terminar, se han incorporado 102-.

Y de cara a asumir toda la asistencia de la campaña de la renta, en 2027 haría falta contratar temporalmente "más de 700 agentes, con la previsión de llegar a 360.000 contribuyentes", y para entonces se necesitarían también nuevas oficinas temporales y tener lista la adaptación técnica y de contenidos para facilitar dicha asistencia.

El segundo hito en esta fase inicial de despliegue de la ATC es que en la campaña de la renta de 2025, es decir, en el año 2026, la ATC debería "estar presente en la documentación que se facilita a los ciudadanos".

Finalmente, el tercer hito de esta fase inicial es que la ATC -a través del trabajo en red-, "colaborará en la aplicación de tributos y en la revisión de las actas y que tendrá presencia de identidad visual en las comunicaciones y actos administrativos dirigidos a los consumidores", precisa el comunicado del departamento de Economía. El objetivo es lograrlo en la campaña de la renta de 2027, es decir, en 2028.

El exministro del PP Rodrigo Rato ha pedido al juez de Tarragona que revoque su decisión inicial y le permita personarse como acusación en la causa a Cristóbal Montoro, al concluir que el acceso por parte del exministro de Hacienda a datos fiscales que le afectaban es "palmariamente delictiva", según informa EFE.

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, que investiga una supuesta trama corrupta en Hacienda en la etapa de Montoro, acusada de modificar leyes para beneficiar a empresas a cambio de dinero, ha rechazado la personación de Rato y del exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, entre otros, al no ver delito en que el exministro recibiese correos de su equipo con datos fiscales de otros políticos.

En un recurso, al que ha tenido acceso EFE, Rato discrepa del juez -que sostiene que Montoro, debido a su cargo y funciones, estaba "plenamente autorizado" y "legitimado" para recibir este tipo de datos-, y advierte de que la transmisión de información fiscal reservada al entonces ministro de Hacienda "es palmariamente delictiva". "El acceso a dicha información está funcionalmente restringido a quienes participan en el concreto procedimiento tributario", apunta el recurso, firmado por la abogada de Rato, María Saló, del despacho Martell.

Por este motivo, Rato pide que el juez revoque su decisión inicial y le permita personarse en la causa como acusación particular, como "perjudicado" por unos hechos que considera son constitutivos de un delito de revelación de secretos.

"Por supuesto que un ministro de Hacienda tiene la responsabilidad política para orientar la actuación de la Agencia Tributaria y fijar las finalidades hasta en los Planes de Inspección y sus prioridades sectoriales y hasta de riesgo fiscal", admite el recurso de Rato. Pero por el contrario, puntualiza, el ministro "no tiene facultad ni derecho a conocer en el ejercicio de sus competencias la identidad concreta del contribuyente, ni los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria sobre su perfil fiscal".

Según Rato, el cargo de Hacienda reveló "ilegítimamente" estos datos reservados "a quien no podía conocerlos por razón de su función", ya que no estaba llamado a intervenir en el expediente tributario, por lo que el ministro accedió "ilegítimamente" al "secreto".

"Ni el ministro de Hacienda, ni su jefe de Gabinete, tienen cobertura normativa habilitante para acceder al dato reservado, pues no están llamados a intervenir en el expediente tributario de un ciudadano singular, ni en fase de inspección, gestión o sanción y, en cuanto no llamados a intervenir, tienen vedado normativamente su posibilidad de acceso", apunta.

Según el recurso, la "existencia y circulación" de este tipo de información, "fuera de los estrictos cauces legalmente previstos", supone una "vulneración de sigilo funcional y del principio de confidencialidad tributaria -secreto-" establecido en la ley tributaria y el reglamento de inspección.

En este sentido, insiste que el ministro de Hacienda "no tiene competencia en materia de comprobación, inspección, gestión o sanción tributaria" y sostiene que cualquier uso de los datos fiscales fuera del procedimiento "legalmente previsto" comporta una "intromisión ilegítima en la intimidad personal" y una "infracción del principio de legalidad".

"El ministro de Hacienda es el máximo responsable político del ministerio y desarrolla la acción de gobierno y la potestad reglamentaria de su departamento, pero no forma parte de ningún órgano técnico encargado de ningún procedimiento tributario concreto, como sí lo son los funcionarios competentes de la Agencia Tributaria (AEAT), custodios (garantes) del secreto", remarca el recurso.

En este sentido, subraya que los funcionarios que custodian estos datos fiscales no deben comunicarlos ni cederlos a nadie que no esté "específicamente habilitado por ley": "Y el ministro no lo está".

"Este estricto marco de confidencialidad y sigilo es el lógico correlato de las exorbitantes competencias que ostenta la Administración Tributaria para investigar la conducta fiscal de los ciudadanos", expone.

Según Rato, cuando Montoro recibió el correo, accedió a los datos, sin que conste que lo rechazara ni instara a perseguir penalmente a quien le hizo una "cesión ilegítima" de información reservada, por lo que podría ser, a su juicio, cooperador necesario por omisión por no haber ejercido los "deberes legales que le concernían" para evitar que se le suministrara "una información cuando era evidente que no podía recibirla legalmente".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que el Ejecutivo hará un análisis exhaustivo de las leyes con las que supuestamente el exministro Cristóbal Montoro benefició a empresas para revertir los efectos y los privilegios que hubieran podido obtener. El líder del Ejecutivo se ha referido a la situación de Montoro, imputado entre otros delitos por cohecho, fraude, prevaricación y tráfico de influencias, en una conversación informal con los periodistas que han seguido su gira por el Cono Sur y que ha concluido en Paraguay, según informa EFE.

Tal y como hizo el día anterior en rueda de prensa en Uruguay, el jefe del Ejecutivo remite a la justicia en este caso, pero incide en que evidencia una forma de gobernar de las administraciones del PP, ya que Montoro fue ministro tanto con José María Aznar como con Mariano Rajoy.

Lo que el Gobierno prevé hacer, tal y como se había apuntado desde Hacienda y ha garantizado Sánchez, es un análisis detallado, exhaustivo, de las leyes que impulsó Montoro con la intención de favorecer a determinadas empresas. Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, el objetivo es revertir los efectos y los privilegios que hayan podido obtener esas empresas como consecuencia de esas decisiones.

El juez que ha imputado al exministro Montoro investiga si los socios del bufete que fundó, Equipo Económico, crearon un "entramado societario" para desviar fondos obtenidos con su presunta actividad delictiva, que la Guardia Civil y los Mossos sospechan fue más allá de favorecer a empresas gasistas.

En un auto de mayo de 2024, que consta en el sumario, el juez apunta, en base a los informes policiales, que la "operativa mostrada con el sector de las gasistas", consistente en contratar supuestamente a Equipo Económico para la "buena consecución" de reformas legislativas a su favor, "podría haberse dado con otras empresas de diferentes sectores, como pudieran ser Madrid Network, Ferrovial o Abengoa".

Sánchez ha insistido en que los gobiernos de Aznar y Rajoy hicieron una utilización espuria de las instituciones, en este caso de la Agencia Tributaria, para beneficiar a una élite. Ha recordado asimismo que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó en el último congreso de su partido la labor de los dos expresidentes, cuando se ha conocido poco después el caso en el que está imputado Montoro.

Ante el hecho de que vuelva a hablarse ahora de corrupción en el PP después del caso Cerdán en el PSOE, recalca que no es una cuestión de empatar en esta materia, porque en ella aseguró que el Partido Popular gana por goleada

En esta misma conversación informal, Sánchez ha asegurado estar fuerte y "con las pilas cargadas" para seguir afrontando el resto de la legislatura tras la crisis provocada por el caso Cerdán, que lamenta que pueda opacar los logros del Ejecutivo en medio de una situación internacional difícil y en minoría parlamentaria. El presidente del Gobierno traspasa el ecuador de la legislatura, al que se ha llegado este miércoles, determinado a seguir y "sudando la camiseta".

Respecto a la situación de Cerdán, ha reiterado que es el momento de la justicia y hay que dejar que trabajen los jueces, pero sí ha hecho hincapié en que él ha actuado rápido y ha tomado decisiones contundentes. Ante la incertidumbre de que pueda haber más sobresaltos en el PSOE por casos de corrupción, ha insistido en manifestar su absoluta tranquilidad por el hecho de haber respondido con esa contundencia y determinación.

Después de que asegurara tras estallar el caso Cerdán que pensó todas la opciones, incluido dimitir, ha afirmado que él esta bien, fuerte, "con las pilas cargadas", y ha tenido tiempo de poner en valor las cosas y hacer un balance de todo lo logrado. Sí ha llegado a confesar que le da rabia que este tipo de casos puedan provocar desconfianza y opaquen la labor que está haciendo el Gobierno. En concreto, ha puesto en valor los buenos datos económicos y los avances sociales en un difícil contexto internacional y con países como Francia anunciando recortes.

También ha admitido que no está siendo fácil sacar adelante las iniciativas legislativas al estar en minoría y sufrir derrotas como la de este martes al no prosperar en el Congreso el real decreto ley antiapagón. Pero ha asegurado que el 45% de los objetivos previstos para los cuatro años de mandato ya se han materializado y que se ha conseguido ganar el 86% de las votaciones en la Cámara baja. Un porcentaje que ha recordado que no está lejos del 90 % de la legislatura en la que triunfó en 2018 su moción de censura, ni del 89% de la legislatura posterior.

Entre las iniciativas que han visto la luz en la presente, no hay ningún nuevo presupuesto del Estado, pero el jefe del Gobierno recalca que hay cuentas prorrogadas y, además, unos fondos europeos que están permitiendo cumplir con su hoja de ruta en materia de política social. Perder alguna votación lo enmarca en la normalidad de un Gobierno en minoría que tiene que pelear cada iniciativa en un Congreso que ha recalcado que no tiene mayoría de izquierdas ni de derechas pero en el que sólo existe un grupo, el socialista, capaz de articular en positivo políticas para el país.

Frente a los logros del Gobierno, Sánchez ve un PP de disco rayado, de oposición destructiva y anuncios apocalípticos continuos, y ha lamentado los ataques personales que afirma que está sufriendo por parte de Feijóo. Unos ataques que cree que lo que demuestran es que cuando se cae en esa crítica y no en la de carácter político, se carece de argumentos y evidencia su frustración y la impotencia de construir una alternativa. Además, ha augurado que si esa es la estrategia que va a mantener el Partido Popular, perderá las próximas elecciones.

Que el PP se oponga a iniciativas como el real decreto ley antiapagón cree que hace palpable que su objetivo es destruir, pero castigando no solo al Gobierno, sino también a las empresas y los ciudadanos. Sobre ese decreto, ha vuelto a mostrarse convencido de que se aprobará en el Congreso cuando se presente de nuevo, aunque no ha concretado si se hará en septiembre o más adelante.

Ante la posibilidad de que acometa una crisis de Gobierno a la vuelta del verano, se ha limitado a afirmar que está muy contento con la composición de su Ejecutivo, y lo que ha explicado que va a ocurrir en septiembre es que va a seguir habiendo un país que avanza, con medidas que sigue logrando sacar adelante el Gobierno y, enfrente, un Partido Popular que patalea.

El presidente del Gobierno ha restado importancia a las encuestas que muestran un desgaste del Ejecutivo, y ha emplazado al momento en el que haya que ir a las urnas y cuando los ciudadanos se respondan a las preguntas que tengan que hacerse entonces.

Raquel Catalá, hermana del exministro de Justicia y exmiembro del consejo de administración de Codere, Rafael Catalá, aparece en el sumario del caso Montoro por su papel como delegada de la Agencia Tributaria (AEAT) en el ‘sablazo’ de Hacienda a las operadoras de juego extranjeras.  

La hermana del exdirigente del PP, según la propia Agencia Tributaria, también le facilitó a uno de los imputados de la trama, entonces director de la AEAT, datos fiscales sobre los también imputados socios de Equipo Económico, el despacho de Cristóbal Montoro en el centro de la trama. 

A petición del juzgado de Tarragona que instruye la causa, la AEAT entregó en junio de 2023 un informe sobre la participación de algunos de sus funcionarios en la “red de influencias” que presuntamente tramitó reformas legislativas para favorecer a clientes del despacho de Montoro. 

Según este informe, en noviembre de 2017, Raquel Catalá, entonces delegada especial de la AEAT en Madrid, envió a Santiago Menéndez Menéndez, en aquel momento director de la AEAT, e imputado en la causa, un correo con cuatro documentos adjuntos con datos fiscales de los cuatro principales socios de Equipo Económico: Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez, Salvador Ruiz Gallud y Francisco Piedras Camacho, todos ellos imputados en la causa. 

La persona destinataria de ese email, Santiago Menéndez, según un informe de los Mossos d’Esquadra contenido en la causa, al que ha tenido acceso infoLibre, recibió entre 2010 y 2011, 4.700 euros del entorno de Equipo Económico. 2.200 euros procedían directamente del despacho y otros 1.500 de la empresa Econodos, propiedad de Martínez Rico a través de Falumar Inversiones SL. Martínez Rico es el actual presidente de Equipo Económico y fue secretario de Estado con Montoro. El informe no detalla el motivo de los pagos. 

El contenido de los archivos adjuntos enviados por Raquel Catalá a Santiago Menéndez no es accesible, según declara la AEAT en su informe, pero el texto del correo hace referencia a “datos con fechas liquidadas y datos de recaudación y de tribunales". La AEAT asume que los documentos son “relativos a procedimientos dirigidos frente a los principales socios de Equipo Económico” y sugiere al juzgado “indagar sobre su trazabilidad, contenido y finalidad, considerando la coincidencia temporal con los procedimientos de inspección” a los socios del despacho. 

Como delegada especial, Catalá tenía acceso a toda la base de datos fiscales de contribuyentes, aunque estaba "sujeta al mismo sistema de control que todos los funcionarios de la agencia, y podía ser auditada y tener que justificar los accesos", según aclaran fuentes de la AEAT. Este medio se ha puesto en contacto con Raquel Catalá para consultar sobre el contenido de los adjuntos que envió, pero a fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta. 

En la causa también se cita a Raquel Catalá por su participación en la maniobra de Hacienda mediante la cual se gravó a las operadoras de juego extranjeras, que fue ejecutada por la delegación especial de Madrid, de la que Catalá fue jefa de 2012 a 2018. La causa recoge un correo electrónico enviado por Catalá a Santiago Menéndez con las previsiones de cifras a liquidar por parte de las empresas extranjeras. 

La decisión de Hacienda de gravar a las operadoras radicadas fuera de España con más de 150 millones de euros fue recogida por la agencia estadounidense Bloomberg, que hizo notar que Codere, cliente de Equipo Económico y de cuyo consejo de administración formó parte Rafael Catalá, era la “principal potencial beneficiada”. El artículo desencadenó el rechazo del Ministerio de Hacienda, que solicitó a Bloomberg una rectificación, según consta en la causa. El medio estadounidense, lejos de corregir su información, la respaldó en un burofax enviado al ministerio, en el que volvió a hacer hincapié en el beneficio que la medida suponía para Codere.

Otro informe de los Mossos d’Esquadra recogido en la causa recoge un correo de Raquel Catalá enviado en abril de 2017 en el que propone a una trabajadora del ministerio para el puesto de jefa regional de aduanas. Según el informe, en mayo de 2019, cuando cambió de destino, la trabajadora ocupaba el cargo para el que Catalá la había propuesto.

Los Mossos citan este correo junto a otros cinco ejemplos bajo el epígrafe “Contratación de personas afines en puestos de relevancia dentro de la Administración”, de lo que se desprende que consideran a Raquel Catalá parte de la trama investigada. En ese email en concreto llama la atención la respuesta de Santiago Menéndez, que pide que “no le envíen ese tipo de correos”. 

Conversaciones de 2019 entre Juan Vicente Bonilla, el exagente de la UCO fichado por Ayuso para dirigir la seguridad corporativa del Servicio de Salud, y su confidente e investigado en la trama de los hidrocarburos, José Luis Caramés, hacen referencia a una posible interacción de los hermanos Catalá con las empresas investigadas en dicha trama. Según una información publicada por Canal Red y amplificada en X por José Luis Ábalos, Catalá ofreció a empresas de la trama hablar con su hermana Raquel, supuestamente para lograr un trato de favor de la AEAT. 

Sin embargo, tanto el artículo de Canal Red como el post de Ábalos presentan a Raquel Catalá como delegada especial de la AEAT de Madrid en 2019, cuando tuvo lugar la conversación que publica el medio. Pero en esa fecha y desde 2018, ese puesto lo ocupaba Soledad Fernández Doctor y no Raquel Catalá, que había sido cesada.  

Hubo un tiempo en el que Fernando Peña Álvarez lo fue todo. O casi todo. Con un brillante currículo, tan solo le quedó ocupar un despacho ministerial. Llegó a ejercer funciones de asesor dentro del Gobierno. Y con el paso de los años se convirtió en uno de los asesores fiscales más cotizados por la jet set. Pero aquellos días de vino y rosas ya no son más que un recuerdo del pasado. El mazo de la justicia acaba de bajarlo directo a los infiernos. Quien fuera en su día todo un referente en materia tributaria, hoy no es más que el protagonista de una de las mayores condenas impuestas a un fiscalista. Ochenta años de cárcel. Una pena que, en su mayor parte, se deriva de los acuerdos alcanzados por sus clientes con Fiscalía.

Peña mostró interés por los impuestos desde su juventud. De ahí que se convirtiese en inspector financiero y tributario del Estado, siendo el primero de su promoción. De su enorme proyección de futuro da buena cuenta su papel como jefe del Servicio de Asesoramiento Técnico en el gabinete del Ministerio de Hacienda. O como asesor de asuntos financieros en Presidencia del Gobierno. Pero a finales de los ochenta decidió dar el salto al sector privado. No parecía contento con el sueldo de los empleados públicos. "La Administración debería cuidar el posible mantenimiento de los funcionarios, dándoles una buena carrera administrativa y unas mejores retribuciones", decía a comienzos de los noventa en televisión.

Fue a mediados de aquella década cuando echó a andar Nummaria, el despacho de asesoría fiscal y contable que ha sido su perdición. Ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital, llegó a contar con varios centenares de clientes. Algunos de ellos, vip. Pero todo se torció en la primavera de 2016, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron el bufete en el marco de unas pesquisas por un supuesto fraude fiscal. Nacía así el caso Nummaria, en el que se han visto implicadas más de una treintena de personas y que ha culminado esta semana con el duro golpe de la Audiencia Nacional.

La sentencia considera probado que el exinspector de Hacienda "realizaba" actividades "ilícitas" bajo la "cobertura de la asesoría fiscal". Y que para evitar ser detectado "creó un entramado" de sociedades en España y fuera de nuestras fronteras. Una compleja maraña de estructuras jurídico-económicas "diseñadas, implementadas y gestionadas" por el despacho cuya dirección "ejercía" Peña. Estas estructuras fueron utilizadas "para facilitar la opacidad de las operaciones", tanto de dicho bufete como de sus clientes, "bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas" que ostentaban algún derecho de crédito contra aquellos.

El mecanismo utilizado para evitar la tributación del Impuesto de Sociedades, el IVA o el IRPF consistía, normalmente, en el siguiente esquema. Las rentas de las personas físicas o de las sociedades operativas se desplazaban hacia un primer grupo de entidades –UTE o comunidades de bienes– que "tributan en régimen de transparencia", las cuales son titularidad (con un alto porcentaje de participación) de Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE). Estas últimas, a su vez, están participadas en su mayor parte por sociedades residentes en Reino Unido –las limited–. Y un gran número de estas, al mismo tiempo, por un puñado de sociedades costarricenses.

Una cadena, en definitiva, para el "transporte" de "rentas" desde "donde habrían debido tributar" hacia "donde no tributan". La sentencia vincula al fiscalista con un grupo de 22 sociedades, 6 comunidades de bienes, una sicav –sociedad de inversión de capital variable– y una fundación, todas ellas domiciliadas en Madrid y utilizadas tanto para esconder el patrimonio de Peña u ocultar las "cuotas tributarias de la actividad de asesoría fiscal y contable" como para utilizar de "instrumento polivalente" en las "estructuras de fraude" que el bufete diseñaba y comercializaba a sus clientes. Y con otras tres AEAI y una UTE.

En el extranjero, el fiscalista, que ha estado representado por el abogado y ex ministro del Interior Antonio Camacho –el mismo letrado que lleva la defensa de la mujer del presidente del Gobierno–, utilizaba para "ocultar parte de su patrimonio y de las rentas generadas por su actividad" sociedades, todas ellas "bajo su control", ubicadas en Suiza –Newbury Services SA y Dacsa International SA–, Panamá –Kingman Group SA, Bernina Overseas SA o Dollhouse SA– Costa Rica –Faverty Trading SA– o Portugal –Esferaguda Lda e Indicecardinal Lda–. La sentencia, del mismo modo, también vincula a Peña con otras en Canadá, Luxemburgo o Uruguay.

Algunas sociedades fueron empleadas en adquisiciones inmobiliarias. La costarricense Faverty Trading, por ejemplo, para la compra de "varios inmuebles" en Uruguay. Y las portuguesas Esferaguda o Indicecardinal para la adquisición de dos apartamentos en el país vecino. Y para "ocultar" que "poseía el control y la verdadera titularidad" de estas últimas, el capital social de las mismas era detentado por otras dos inglesas –Tanswell Trading Limited y Coralmead Trading Limited–, que a su vez pertenecían a las sociedades costarricenses Hillside Finance SA y Dudley International SA –en el caso de la primera– y a las uruguayas Parknaor SA y Keynes SA –en el caso de la segunda–.

Peña presentaba anualmente sus declaraciones por el IRPF y el IVA. El problema es que los importes declarados en las mismas resultaban "incongruentes con la verdadera dimensión" de la actividad profesional de asesor fiscal que realizaba en el despacho. "Incongruentes, asimismo, con los ingresos anuales que él mismo declara obtener de su actividad ante la entidad suiza UBS de 1.250.000 euros anuales y, también, con el elevado patrimonio que titulariza a través de sociedades, tanto en España como en el extranjero", recoge el fallo de la Audiencia Nacional, que llega a hablar de "más de cincuenta inmuebles".

Los magistrados cifran en cerca de 16 millones de euros lo defraudado por el fiscalista entre 2010 y 2015, ambos ejercicios incluidos –9,86 millones por el IRPF y 5,84 millones por el IVA–. Y es ahí, precisamente, donde radica casi la mitad de su condena: 32 años de cárcel por una docena de delitos contra la Hacienda Pública. "No nos encontramos con que el acusado tratara de buscar dentro de la legalidad la forma más favorable de tributar, lo que resulta legítimo en el ámbito de una economía de opción, sino de sortear esa legalidad acudiendo a un sistema que distorsionaba la realidad del hecho imponible hasta hacerla irreconocible", concluye el tribunal.

Los otros 48 años restantes, sin embargo, le han caído como cooperador necesario por los delitos cometidos por los clientes condenados en el mismo procedimiento. Precisamente, aquellos que evitaron dar la batalla judicial y reconocieron los hechos a cambio de penas más suaves. Cada conformidad alcanzada con la Fiscalía y cada condena derivada de la misma ha engordado más y más la pena contra el fiscalista, que, no obstante, no cumpliría más de nueve años de cárcel en caso de ratificarse la sentencia, contra la que aún cabe recurso. El Código Penal fija que "el máximo de cumplimiento efectivo" de la condena "no podrá exceder del triple del tiempo" por la pena más grave –tres años en este caso–.

El de Imanol Arias es uno de esos casos que ha arrastrado aún más hacia el fondo al asesor. El Ministerio Público pedía 27 años de cárcel para él. Y el actor decidió no arriesgar. De la mano del abogado José Antonio Choclán, especialista en conformidades, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Arias reconoció haber defraudado dos millones de euros a cambio de una pena de dos años y dos meses de prisión –si bien no ingresará en la cárcel–. Cinco delitos fiscales confesados por el actor que, al mismo tiempo, engordan en ocho años la condena impuesta al asesor en concepto de cooperador necesario.

La sentencia considera probada la participación del despacho Nummaria "en el diseño y funcionamiento" de la estructura empleada por Arias "para eludir el pago de impuestos por las rentas": "Peña no se ha limitado al mero asesoramiento jurídico mediante actos neutros ajenos a la dinámica de la comisión de los delitos tributarios; sino que sus actividades han sido decisivas en relación con la ideación y ejecución de esos delitos". Una "maniobra fraudulenta" que en el caso del actor consistía en la utilización de un "entramado societario" y el "uso fraudulento de la figura de la renta vitalicia" con el objetivo de aplicar una reducción en la tributación.

Ana Duato también recurrió a una estructura creada por Peña para transformar parte de las rentas de su trabajo como actriz en renta vitalicia, obteniendo una reducción de su tributación. Pero a diferencia de Arias, ella no pactó. Se enfrentaba a una petición de 32 años. Y ha salido absuelta. "No concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto en el ordenamiento tributario", recoge el fallo.

El mazazo judicial contra el asesor fiscal podía haber sido mucho mayor. La Audiencia Nacional ha librado a Peña del delito de organización criminal, por el que le pedía seis años de prisión –y que podría haber situado mucho más arriba la barrera de la pena máxima a cumplir–. Los magistrados no consideran probado que el despacho se pusiera en marcha para la comisión de delitos o que su funcionamiento evolucionase "hacia una actividad consistente principalmente" en ello. El único respiro para quien un día se codeó con las élites y hoy se ve en la cuerda floja. Un ingreso en prisión que, sin embargo, no será una realidad mientras no adquiera firmeza la condena impuesta.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha devuelto ya 9.100 millones de euros a 12.577.000 contribuyentes al término de la campaña de la declaración del IRPF correspondiente a 2024, lo que supone un crecimiento del 5,8% respecto al importe devuelto al cierre de la campaña de hace un año, según ha informado EFE.

Estas cifras suponen que ya se han abonado el 78,9 % de las devoluciones solicitadas en número y el 66,5% de los importes reclamados, según explica la AEAT este miércoles en un comunicado.

A la conclusión de la campaña se han presentado 24.570.000 declaraciones, un 2,3% más que el año pasado, de las cuales 15.932.000 son con resultado a devolver y 6.934.000, a ingresar.

El plan "Le Llamamos" de asistencia telefónica personalizada ha sumado 1.188.000 declaraciones presentadas, un 5,3% más que el año anterior, y un año más ha sido el principal sistema de presentación.

La asistencia en oficinas ha crecido a un ritmo similar, con 873.000 declaraciones presentadas, un 5,1% más que el año pasado.

A través del servicio web "Renta directa", más ágil para rentas simples que no requieren modificación del borrador, se han presentado 1.019.000 declaraciones, mientras que a través de la aplicación móvil se han registrado 696.000 declaraciones, un 7,6% más.

Hasta el momento, se han presentado 44.900 declaraciones complementarias de contribuyentes que han rectificado su declaración a partir de la carta remitida por la Agencia, evitando de esa forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones.

Este año se ha mantenido la campaña de envío de cartas -además de los avisos en la web y en la aplicación- a los contribuyentes que presentaron su declaración modificando información aportada por la AEAT, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información.

En paralelo a la campaña de renta se ha desarrollado también la correspondiente al impuesto sobre el patrimonio, a cuyo término se han contabilizado más de 226.000 declaraciones. El importe a ingresar ha alcanzado los 2.133 millones de euros.

La declaración la tienen que hacer los contribuyentes con cuota a ingresar, tras deducciones y bonificaciones, así como aquellos sin cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros.

El plazo para presentar la declaración de la renta de 2024 termina este lunes para todos los contribuyentes y todos los canales -internet, teléfono y presencial en oficinas-, según el calendario disponible en la página web de la Agencia Tributaria.

La campaña de la renta comenzó el pasado 2 de abril para la presentación de declaraciones por internet, un canal al que se añadió la posibilidad de presentar la liquidación por teléfono a partir del 6 de mayo y, desde el 2 de junio, de manera presencial en oficinas.

Todas estas opciones continúan abiertas hasta este lunes -siempre que se cuente con cita previa en el caso de la atención telefónica y la presencial-, así como la posibilidad de rectificar una declaración ya presentada si se ha detectado algún error.

La Agencia Tributaria espera recibir 24,57 millones de declaraciones en esta campaña, un 3,1% más que el año pasado, de las que siete de cada diez saldrán a devolver.

En los dos primeros meses de campaña la Agencia Tributaria había devuelto 5.516 millones de euros a 7.965.000 contribuyentes, lo que supone el 73,5% de las solicitudes de devolución realizadas y el 60% de los importes a devolver que se han solicitado.

Las sanciones por no presentar la declaración de la renta a tiempo pueden ser de entre el 50% y el 150% del total de la deuda para las declaraciones que salgan a pagar, porcentaje que puede aumentar si Hacienda considera que ha sufrido un perjuicio económico o si esto ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Los asesores fiscales de TaxDown también recuerdan que si la declaración sale a devolver y no se presenta, el contribuyente podría afrontar una sanción de 100 euros si Hacienda no le notifica y de hasta 200 euros si recibe el requerimiento de la Agencia Tributaria.

El juez que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopolodo Puente, ha pedido al Ministerio de Transportes que aporte la información de que disponga sobre el pago de más de 500.000 euros al exministro José Luis Ábalos bajo la denominación de "Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen".

El magistrado adopta esta decisión en un auto a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en un informe del 28 de abril recomendaba que se valorase la procedencia de requerir a Transportes un informe detallado de todas las cantidades abonadas a Ábalos, "con especial atención a las satisfechas por la caja pagadora central".

De este modo, el juez ha acordado pedir al ministerio que ahora dirige Óscar Puente que certifique, en un plazo máximo de 15 días, el concreto concepto, la fecha y la cuenta a la que fueron enviados los pagos efectuados al investigado, correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, por importes, respectivamente, de 156.440,29 y 351.992,72 euros, bajo la denominación 'Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen'.

Tras conocer la decisión del instructor, fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por EFE no han querido hacer comentarios al respecto y se han limitado a señalar que lo que hubiera ya se lo comunicarán al juez. Han recordado además que se trata de hechos ocurridos en otra etapa del ministerio.

La UCO le ha hecho esta petición de información al magistrado para poder completar el informe que le ha encargado acerca de la situación patrimonial de Ábalos, una vez analizada la información que en su momento remitió la Agencia Tributaria.

En esa información tributaria, dice el auto, se observa que en la época en que Ábalos dirigía el ministerio le fueron consignadas las citadas cantidades, que, sin embargo, según la UCO, no habrían tenido reflejo identificable en ninguna de las cuentas bancarias hasta ahora investigadas "lo que impide comprobar la trazabilidad de aquellos ingresos".

Por este motivo, y para poder completar el informe económico requerido, el juez pide a Transportes que le detalle la fecha en que se produjeron esos pagos, así como que le concrete el concepto y la cuenta bancaria a la que fueron enviados.

El pasado 20 de marzo, el instructor pidió informes a la Agencia Tributaria y a una entidad bancaria para ampliar la investigación patrimonial del exministro y de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), vinculada a él, para saber si se ha producido "alguna clase de ingresos irregulares".

Ábalos recurrió días después esta decisión por considerar que se trataba de una investigación "prospectiva" y aprovechó para cargar contra el último informe de la UCO, que desgranaba sus cuentas y propiedades, dos de ellas en el extranjero, y hablaba de la adquisición de una propiedad en Colombia en 2003 que, por error, se valoró en 2,1 millones de euros, cuando en realidad costó 751,23 euros.

La campaña de la renta de 2024 arranca este miércoles 2 de abril para la presentación de declaraciones por internet y cuenta entre sus novedades la posibilidad de pagar mediante la aplicación móvil de pagos instantáneos Bizum, según informa EFE.

De acuerdo al calendario de la Agencia Tributaria, el plazo para presentar la declaración de IRPF comienza este miércoles tanto si se hace por internet, a través del programa Renta Web o con la aplicación móvil de la Agencia.

Los contribuyentes que requieran de asistencia personalizada podrán presentar su declaración por teléfono, con el programa Le Llamamos, a partir del 6 de mayo, o de manera presencial en oficinas, a partir del 2 de junio, en ambos casos con cita previa.

La campaña termina para todas las vías el 30 de junio, salvo para declaraciones con resultado a ingresar que quieran domiciliarse, que tendrán que estar presentadas el 25 de junio.

En esta campaña de la renta estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes con rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros (el salario mínimo de 2024) con más de un pagador.

Además, también tendrán que presentar su liquidación los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) y quienes hayan estado de alta como autónomos en el RETA, entre otros supuestos.

Finalmente no tendrán que presentarla quienes hayan cobrado la prestación por desempleo en 2024, después de que el Gobierno haya decidido aplazar hasta el próximo año la entrada en vigor de esta obligación.

Entre las novedades de esta campaña está la posibilidad de pagar el resultado de la declaración, si esta es a ingresar, a través de la aplicación Bizum, una opción que según explicó la directora general de la Agencia, Soledad Fernández, pretende "hacer las cosas más fáciles al contribuyente".

Otra de las grandes novedades está relacionada con los jubilados que aportaron a las antiguas mutualidades profesionales y que ahora podrán solicitar las devoluciones pendientes de forma íntegra a través del correspondiente formulario.

Tras establecer el Tribunal Supremo que los antiguos mutualistas habían tributado de más, la Agencia Tributaria devolvió en la renta de 2023 el primer año no prescrito y habilitó un formulario para pedir el resto, para después dejar en suspenso todas las solicitudes con la intención de pagar a plazos hasta 2028.

Hacienda ha vuelto a cambiar de criterio y el pasado jueves anunció que abonará íntegramente el importe debido en este ejercicio 2025.

Para esta liquidación se aumenta la reducción por rendimientos del trabajo para ingresos inferiores a 19.747,5 euros, que alcanza los 7.302 euros para quienes perciban el ingreso mínimo de 2024 o menos (14.852 euros) y se va reduciendo progresivamente.

Además, se incorporan dos casillas adicionales para las autoliquidaciones rectificativas, es decir, para corregir una declaración ya presentada si se detecta algún error u omisión -la pasada campaña, la Agencia Tributaria envió cartas a los contribuyentes que creía que se habían equivocado al modificar el borrador-.

Asimismo, en esta campaña siguen vigentes las deducciones por inversión en compra de vivienda habitual si se adquirió antes de 2013, por obras de eficiencia energética en edificios o por compra de vehículos eléctricos.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles a Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. Una década después de haber cometido los supuestos delitos fiscales, el entrenador del Real Madrid se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 3,18 millones de euros: el fiscal le acusa de no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia proporcionará otra ocasión –y ya habido una veintena de ellas– para ver de qué lado se inclina la balanza de la justicia en la ya larga pugna entre Hacienda y el millonario negocio que rodea al fútbol y los futbolistas. Porque las más recientes decisiones judiciales han dado la razón a los deportistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades en un “negocio simulado” que, según la Agencia Tributaria, forma parte de una estrategia para defraudar al fisco.

Son los casos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Dani Alves. En el de Carles Puyol, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2024 sanciones por importe de 2,5 millones de euros, pero validó el argumento de Hacienda de que el contrato que Puyol firmó con su representante era “simulado”, una forma de que el Barça pagara el salario del futbolista de manera encubierta sin abonar el IRPF. Antes, Gerard Piqué y Juanfran Torres fueron absueltos también.

Por el contrario, Marcelo, Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, Ángel Di María, Diego Costa y Samuel Eto’o llegaron a acuerdos con la Fiscalía, tras pagar cantidades millonarias a Hacienda, para librarse de la cárcel. Todos ellos reconocieron el delito fiscal que se les imputaba en una sucesión de juicios que comenzaron en 2017 tras la publicación de los Football Leaks. Esa filtración sentó también en el banquillo a Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Leo Messi, que reconocieron sus delitos, pagaron sustanciosas multas y no fueron a prisión.

La operativa es siempre la misma y en ella aparecen sociedades pantalla creadas en Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Hungría, Madeira, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Como ocurrió con los jugadores mencionados, el “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas que Carlo Ancelotti creó para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen, por utilizar la descripción de la Fiscalía, fue igualmente desvelado en detalle por Football Leaks, una filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. Igualmente pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo había hecho con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, necesitó casi cuatro años para presentar el escrito de acusación. La instrucción de la causa estuvo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión. “Si me dicen que he defraudado, me molesta”, declaró este viernes el italiano cuando los periodistas le preguntaron por el inminente juicio, antes de manifestar su confianza “ciega en la ley y la justicia”.

Pero la gestión supuestamente fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó en diciembre de 2023 hasta 2026.

En su escrito de acusación la Fiscalía describe con detalle el esquema que el entrenador utilizó para “simular” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Para empezar, Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano había firmado aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es relevante: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera el italiano hubiera pagado el IRPF como residente.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizar al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, cuando desveló este esquema fiscal, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como sociedad “durmiente”. No tuvo actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, según denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explicó un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pedía que acudiera a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que había sido contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del club del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le habían supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

El ecosistema de impuestos nacionales está de actualidad a raíz de la tributación del salario mínimo en España, que pasará de estar exento a pagar IRPF en 2025. En la sesión de control al Gobierno de este martes, el Partido Popular atacaba al Ejecutivo por su negativa a dejar exentos los sueldos mínimos del IRPF y, pese a estar en contra de que aumentasen estas retribuciones a los trabajadores, acusaba al Gobierno de pretender “que los mileuristas también paguen”. La oposición habla de “infierno fiscal” y de “97 subidas de impuestos” en la legislatura. La parte socialista del Gobierno respondía señalando que los salarios equivalentes al nuevo salario mínimo (de 1.184 euros mensuales) ya pagaban impuestos, por lo que dejarlos ahora exentos sería hacer una rebaja fiscal. Además, al hilo de la polémica, el PP publicó en sus redes una lista de 31 impuestos que recogían supuestas subidas realizadas por el Gobierno y que Hacienda desmentía, calificándola de “falaz”, en una respuesta en la red social X.

“Algunas cosas son correctas, otras son engañosas y otras directamente no son ciertas”, apunta el portavoz de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. “El IBI, la plusvalía son municipales. Las transmisiones patronales, actos jurídicos documentados, donaciones y patrimonio corresponden a las comunidades autónomas, no al Gobierno”, explica el experto. Por otro lado, apunta, cuando se habla de la actualización de los impuestos patrimoniales, se hace referencia a actualizaciones de los valores catastrales, que no son, como tal, subidas de impuestos y que cada municipio puede graduar.

Otras imprecisiones corresponden al IVA de la luz y los alimentos. Se colocan en la lista como subidas de impuestos, cuando en realidad se habían planteado como una rebaja temporal para aplacar los efectos de la inflación en un periodo de tiempo determinado. Se aprobaron en enero de 2023 y se retiraron una vez se hubo establecido una tendencia a la baja en la inflación y cumpliendo también con las recomendaciones de la Comisión Europea de retirar estímulos a las economías una vez superado el punto álgido de la crisis. Tampoco el cánon digital es nuevo, explica el experto de Gestha, y tampoco se considera un impuesto como tal, ya que su finalidad es equilibrar los derechos de los creadores y el acceso a la copia privada.

Más allá del número de actuaciones fiscales, el cómo se han hecho, a qué rentas y en qué entorno económico, son cuestiones relevantes para poner en contexto esta afirmación. Por ejemplo, en los presupuestos de 2021 se subió el IRPF a las rentas superiores a 300.000 euros, algo que en opinión del experto tampoco ha tenido impacto en las rentas medias y bajas. Por otra parte, los impuestos que se aplican sobre productos específicos suelen tener un componente disuasorio más que recaudatorio. “Lo que se intenta, por ejemplo, con el impuesto a los plásticos es modificar los hábitos de consumo en favor de otros materiales más sostenibles como el papel”, explica Mollinedo. Aquí entrarían también las tasas a los cigarrillos eléctricos o a las bebidas azucaradas.

En la lista de impuestos del PP también aparecen aquellos que se aplican a grandes corporaciones y no afectan directamente a los ciudadanos. La tasa Google, que grava a grandes tecnológicas con un 3% sobre los ingresos derivados de publicidad; la tasa Tobin, que se aplica a la compra de acciones, o impuestos a las grandes fortunas, a la banca o a las energéticas están en este cómputo. “Estos impuestos, aunque han hecho mucho ruido, no han aportado mucho en términos de recaudación”, explica Mollinedo. También, el aumento de tributación de las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliarias), que pagaban un 0% en el impuesto de sociedades y pasan a un 1%. 

El gravamen que más recauda en España es el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que grava las rentas anuales de una persona y representó el 44,2% del total recaudado hasta noviembre de 2024. Le sigue el impuesto sobre el valor añadido (IVA), con un peso del 31,5% y el impuesto de sociedades, que representó el 12,4% de la recaudación. Luego entran otra serie de tasas especiales que completan la serie. Así, según los últimos datos de Hacienda, hasta noviembre de 2024 los ingresos totales fueron 273.993 millones de euros, con un incremento del 8,3% respecto al mismo periodo de 2023. El crecimiento en la recaudación no viene marcado solo por el número de impuestos, sino que influye el número de cotizaciones sociales y, por tanto, el comportamiento del empleo, la inflación —que actúa como un impuesto silencioso, ya que si suben los precios, los productos son más caros y con el mismo porcentaje gravado se recauda más— y las subidas de los salarios, que si se elevan para compensar la inflación también cotizan más. 

Por otro lado, en la evolución del programa fiscal también se deben considerar los compromisos con Europa. En octubre, el Gobierno mandó a Bruselas un plan fiscal con ajustes destinados a bajar la deuda pública, después de que el Parlamento Europeo reactivase a principios de 2024 los límites de déficit a los Estados, una vez superado el periodo de la pandemia y la crisis de suministros. Además, la brecha fiscal con la eurozona también condiciona la política de impuestos. La presión fiscal hace referencia a la recaudación de un Estado en proporción a su riqueza, y esta, es en España tres puntos más baja que en la Eurozona: a nivel nacional se situó en el 37,3% en 2023, mientras que en la media de la Unión Europea se situó en el 40,6%. 

Finalmente, para hacer un examen del panorama fiscal, Mollinedo señala que se deben considerar tanto las subidas como las exenciones. “No se explican las reducciones que se han hecho en el impuesto de la renta, como las de eficiencia energética de las viviendas, ni las de adquisición de vehículos eléctricos, ni los aumentos de las deducciones de los donativos a favor de las entidades sin ánimo de lucro”, concluye.